CSJ - SL2299-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2299-2023 Radicación n.°94822 Acta 35 Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por EDUAR MILTON NOGALES ZEA contra la sentencia proferida el 7 de febrero de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO ESP.

Se reconoce personería adjetiva para actuar dentro del proceso de la referencia, al abogado Jaime Alexander Peña Bohórquez identificado con la cédula de ciudadanía número 80.229.557 y tarjeta profesional 155.125 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP, en los términos y para los fines del poder que le fue conferido.

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I. ANTECEDENTES Eduar Milton Nogales Zea convocó a juicio a la referida entidad, con el fin que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo desde el 8 de noviembre 2013 hasta el mismo día y mes de 2016, el cual terminó de forma unilateral por parte de la demandada «sin legal y justa causa» comprobada.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que la accionada fuera condenada a pagar, de conformidad con la

ley y «las convenciones colectivas de las que es parte la demandada», por el tiempo laborado, los siguientes conceptos: el salario mínimo pactado convencionalmente; el auxilio de cesantía y sus intereses doblados por su no pago oportuno; las vacaciones remuneradas; la compensación de vacaciones no disfrutadas; las primas semestral, de navidad y de vacaciones convencionales, por 37, 46 y 46 días de salario, respectivamente; recargos por horas extras, nocturnos y festivos en los términos de los instrumentos extralegales; cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral; recargos por trabajo suplementario, en días de descanso obligatorio y dominicales, y por trabajo nocturno. Así mismo, deprecó el pago de la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la no consignación oportuna de las cesantías; la moratoria de que trata el artículo 1 del Decreto 797 de 1949 por la no cancelación de salarios y prestaciones sociales; la indemnización por despido conforme a las cláusulas de estabilidad previstas en

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Radicación n.° 94822 los artículos 4 de la CCT 2001-2003; 26 y 27 de la CCT 2016; los aportes pensionales junto con sus intereses moratorios; «todo beneficio legal, de orden laboral» que le corresponda; lo que resulte probado ultra o extra petita; y las costas del proceso. De manera subsidiaria a la indemnización moratoria, pidió la indexación de los valores reconocidos. En apoyo de sus pretensiones, manifestó que la demandada es una empresa prestadora de servicios públicos

domiciliarios de acueducto y alcantarillado, de carácter oficial, del orden municipal, creada por el Acuerdo 32 del 21 de mayo de 1995, cuyos servidores por regla general son trabajadores oficiales, porque quienes cumplen las funciones que asigna la junta directiva según el artículo 25 del Decreto 219 de 2004 se consideran empleados públicos. Afirmó que en calidad de trabajador oficial prestó servicios de forma continua para la accionada desde el 8 de noviembre de 2013 hasta el mismo día y mes del año 2016, en el Municipio de Villavicencio (Meta); que durante la vigencia de la relación laboral se suscribieron varias convenciones colectivas de trabajo, de las cuales era beneficiario; que en las mismas se pactó, entre otros: i) contratar a los trabajadores a término indefinido (artículos 7 CCT 2004-2005 y 24 CCT 2016); ii) garantizar la estabilidad de los subordinados y mantener vigentes los nexos laborales mientras subsistan las causas que le dieron origen, así como el reconocimiento de una indemnización en caso de

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Radicación n.° 94822 terminación unilateral (artículos 4 CCT 2001-2003, 26 y 27 CCT 2016); iii) un salario mínimo convencional equivalente a 2.5 veces el SMLMV (artículos 10 CCT 2004-2005 y 38 CCT 2016); y iv) el estricto cumplimiento de las disposiciones extralegales que se mantengan vigentes (artículos 2 y 3 CCT 2004-2005 y 23, 79, 80 CCT 2016).

Adujo que durante la vigencia del nexo de trabajo le fue pagado un salario inferior al mínimo pactado convencionalmente, así: Año Salario convencional Salario pagado Diferencia 2013 $ 1.473.750 $ 892.605 $ 581.145 2014 $ 1.540.000 $ 989.663 $ 550.337 2015 $ 1.610.875 $ 989.663 $ 621.212 2016 $ 1.723.638 $ 1.081.405 $ 642.233 Destacó que debido al pago insuficiente del salario igualmente le fueron sufragados de forma deficiente el auxilio de cesantía; las vacaciones; la compensación de vacaciones no disfrutadas; las primas convencionales, semestral, de navidad y de vacaciones; los intereses a las cesantías; los recargos por horas extras, nocturnos y festivos; y las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral. Expuso que la entidad accionada finalizó el contrato de forma unilateral «sin justa causa comprobada, sin legal y justa causa»; que no le fue pagada la indemnización por el despido; que estuvo afiliado al sindicato Sintraemsdes desde el 19 de noviembre de 2013 hasta el finiquito del vínculo; que

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Radicación n.° 94822 el 15 de noviembre de 2017 formuló por escrito reclamación administrativa ante la demandada, pero obtuvo respuesta negativa en comunicación del 27 de igual mes y año. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio al dar contestación a la demanda se opuso a las pretensiones incoadas en su contra. En cuanto a los hechos,

aceptó la naturaleza jurídica de la entidad, la celebración del contrato de trabajo con el actor y sus extremos temporales, el lugar en donde fue prestado el servicio, su calidad de trabajador oficial, el no pago de la indemnización por despido aclarando que no tiene derecho a ella, la reclamación administrativa y su respuesta negativa. Respecto a los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa, argumentó que el ejercicio del plazo presuntivo y la consecuente finalización del vínculo laboral por razón a su vencimiento no constituye una terminación unilateral del contrato de trabajo, con o sin justa causa, ni un despido, sino una modalidad prevista en la ley para finiquitarlo. Figura a la cual, la demandada «no renunció ni individual ni colectivamente a la aplicación del plazo presuntivo». Expuso que lo que prevé la cláusula convencional es la limitación de realizar despidos sin justa causa, hecho que no ocurrió, pues, reitera, la finalización tuvo origen en el vencimiento del plazo presuntivo. Aclaró que sí se le canceló el salario pactado con el trabajador, además, resaltó que el

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Radicación n.° 94822 salario mínimo convencional no corresponde a 2.5 veces el SMLMV, pues al existir una diferencia entre los números y las letras, en relación con dicho aspecto, las partes que suscribieron el acuerdo extralegal esclarecieron que «el salario mínimo convencional correspondía a 1.5 salarios mínimos mensuales vigentes». Formuló las excepciones de prescripción, inexistencia de despido, terminación del contrato de trabajo por causa

legal, debida aplicación del plazo presuntivo, pago y cobro de lo no debido. La parte actora, dentro de la oportunidad legal, reformó la demanda inicial en la cual señaló que mientras estuvo al servicio de la pasiva estaban rigiendo la CCT 1995-1996, celebrada entre el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas de Villavicencio y la demandada; la CCT 2001-2003 y del 2004-2005, suscritas entre el Sindicato Mixto de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de las Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP EAAV y la demandada, y la CCT 2016, firmada entre el Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Corporaciones Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia subdirectiva Villavicencio — SINTRAEMSDE y la accionada. La entidad convocada al proceso al dar respuesta a la reforma del escrito inicial indicó que no le constaba ninguno de los hechos referidos.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Villavicencio, al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 23 de agosto del 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR de OFICIO probada la excepción FALTA DE PRUEBA IDONEA del laudo Arbitral del año 2004; del que se derivan los derechos a la reliquidación salarios y prestacional y

la de DEBIDA APLICACIÓN DEL PLAZO PRESUNTIVO, propuesta

por la demandada.

SEGUNDO: ABSOLVER de todas las pretensiones a la demandada y declarar no probada la tacha de la testigo Yeimy

Marcela Villa.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante y a favor del demandado. Fíjese la suma de $800.000 como agencias y trabajo en derecho.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, al conocer el recurso de apelación presentado por el demandante, con sentencia proferida el 7 de febrero de 2022, decidió: PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de agosto de 2019 por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO

DE VILLAVICENCIO.

SEGUNDO. - CONDENAR al demandante EDUAR MILTON NOGALES ZEA, al pago de las costas de esta instancia en favor de la demandada EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO S.A. E.S.P., las que se liquidarán de manera concentrada por el Juzgado de primera instancia (artículo 366 del CGP). Se fija como valor de agencias en derecho en esta instancia, la suma de un millón de pesos ($1.000.000) m/cte.

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Radicación n.° 94822 TERCERO. - Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al juzgado de origen, previas las anotaciones de rigor. En lo que interesa al recurso extraordinario de casación, el ad quem determinó que los problemas jurídicos a resolver eran los siguientes: i) si la demandada canceló el

valor de los salarios, prestaciones sociales, aportes pensionales e indemnizaciones a los que tendría derecho el actor conforme a lo estipulado convencionalmente, de lo contrario, se ordenaría el pago del monto diferencial por estas acreencias; y ii) constatar la procedencia de la indemnización por despido contemplada en la convención colectiva vigente. Adujo que estaba por fuera de debate la calidad de trabajador oficial del demandante y la existencia del contrato de trabajo a término indefinido entre las partes con vigencia del 8 de noviembre de 2013 al mismo día y mes del año 2016. Para resolver el primer cuestionamiento, relativo a la interpretación del valor del salario mínimo convencional, acotó que se encontraba demostrado que la CCT 2004-2005, fue debidamente depositada ante el Ministerio del Trabajo y que en ella se estableció como periodo de vigencia el 1 de enero de 1994 al 31 de diciembre de 2005. Añadió que en este punto la discusión recaía sobre la interpretación que se le debía dar al artículo 10 del laudo arbitral vigente para los años 2004-2005, donde se escribió en letras que el salario mínimo mensual convencional pactado sería de dos y medio SMLMV, y en números «se cifró en uno y medio (1.5), valor último sobre el cual durante la vigencia la relación laboral, la demandada realizó el pago de salarios y acreencias

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Radicación n.° 94822 laborales». Especificó que en el artículo 2 del mencionado laudo se estipuló que las normas de dicha convención se aplicarían a

todos los servidores públicos vinculados a la empresa o a los que lo hicieran en el futuro, en tanto que en el artículo 10 se indicó que «El salario mínimo convencional de ingresos para los trabajadores de la Empresa será el correspondiente a dos salarios y medio (1.5) mínimos legales mensuales decretados por el gobierno nacional». Señaló que, por su parte, la CCT vigente para el año 2016 consignó en su artículo 38, tanto en números como letras que el valor del salario mínimo convencional equivalía a 2.5 SMLMV, texto extralegal que «tuvo como finalidad, compilar la normatividad convencional vigente, disponiéndose que, en caso de presentarse una alteración entre el estatuto compilado y los textos originales, debía prevalecer lo enmarcado en las anteriores convenciones». De lo anterior coligió que «lo deseado entre el sindicato y la empresa de acueducto, era mantener lo consignado ya respecto al valor del salario mínimo convencional». Refirió que como las partes interpretaron que el texto convencional con vigencia 2004-2005 debía mantenerse en su plena literalidad; tenía que resaltarse que existía una diferencia entre lo consignado en letras y lo escrito en números; que, no obstante, el testigo Fabio Israel Salas Avella, encargado de realizar el proceso de nómina de los trabajadores de la demandada para su posterior cancelación,

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Radicación n.° 94822 aseguró que las liquidaciones siempre las realizó con base en el valor de 1.5 SMLMV y que nunca se había presentado por parte de los trabajadores, el sindicato o la empresa una

discusión sobre dicho pago. Narró que el declarante también afirmó que nunca alguien había denunciado o sometido a revisión la convención colectiva respecto a la diferencia salarial, más cuando existía un acta de reunión del comité de relaciones laborales, conformado por los representantes del sindicato y personal administrativo de la empresa, oportunidad en la que se había hecho claridad que el valor del salario mínimo convencional que regía para los trabajadores de la empresa, era el equivalente a 1.5 SMLMV. Aseveró que el testimonio de la señora Yeimy Marcela Villa, que fue tachado de sospechoso, nada aportaba para esclarecer los hechos materia de litigio. Añadió que el demandante allegó certificados laborales emitidos por la gerencia administrativa de la empresa accionada, que acreditaban que las sumas que le fueron sufragadas se consolidaron con base en 1.5 del salario mínimo mensual vigente. Arguyó que del análisis conjunto del haz probatorio se podía concluir que la intención del sindicato y la empresa fue llevar a cabo el pago del salario convencional por el valor correspondiente a 1.5 veces el SMLMV. Explicó, que tampoco aparecía dentro del proceso acción alguna realizada por el sindicato, tendiente a querer modificar la diferencia entre el

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Radicación n.° 94822 valor expresado en números y letras y, por el contrario, según el contenido del acta de reunión celebrada por el comité de relaciones laborales en el año 2018, a la que hizo relación el testigo Fabio Salas, su intención fue aclarar que el valor del

salario mínimo convencional correspondía a 1.5 veces el SMLMV. Estimó que la pretensión del demandante, respecto al reconocimiento de las diferencias de la remuneración salarial, no estaban llamadas a prosperar y se confirmaría en tal aspecto la sentencia recurrida. Puntualizó, en lo que tiene que ver con la aplicación del plazo presuntivo como forma de terminación del contrato, que el marco jurídico aplicable a los trabajadores oficiales lo era, entre otros, la Ley 6 de 1945, los Decretos 2127 y 1083 de 1945 y 2015, respectivamente; así como las estipulaciones contenidas en las convenciones colectivas que cobijaron el vínculo laboral existente entre las partes. Recordó que, tratándose de la duración de los contratos laborales de los trabajadores oficiales, el Decreto 2127 de 1945, modificado por el Decreto 1083 de 2015, disponía en su artículo 37 que podían celebrarse a término indefinido; en tanto que su artículo 40 preveía que esa clase de vínculos contractuales se entenderían pactados por seis meses; y en el literal a) del artículo 47 ibidem, modificado por el numeral 1 del artículo 2.2.30.6.11 del Decreto 1083 de 2015, expresaba que el plazo presuntivo «es un modo de dar por terminado el contrato de trabajo, disposición de la que, junto

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Radicación n.° 94822 con los artículos 37, 40 ibídem, se infiere que en los contratos de trabajo en los que no se pactó plazo de terminación, existe

una presunción legal de finalización, fijada por un lapso de 6 meses». Memoró que en sentencias CSJ SL3035-2019 y CSJ SL775-2020 se enseñó que el plazo presuntivo es una presunción legal, pero que las partes, tanto en la contratación individual como en la colectiva, podían acordar apartarse de dicha regulación, siempre que tal estipulación se realice de forma clara y expresa en la cláusula contractual o convencional, por cuanto de no ser así, la relación podrá legítimamente darse por terminada sin el pago de indemnización alguna. Dijo que en pronunciamiento CSJ SL1380-2021, se indicó que la finalización del contrato de trabajo en aplicación del plazo presuntivo no constituye una decisión unilateral y sin justa causa de ruptura, «sino un modo legal de la terminación del nexo laboral». Enfatizó que el recurso de apelación se interpuso en contra de la decisión que resolvió declarar que la culminación del contrato suscrito el día 8 de noviembre de 2013, que fue celebrado a término indefinido, se finiquitó en aplicación del plazo presuntivo el día 8 de noviembre del año 2016, sin haberse reconocido indemnización alguna, pues para el demandante las CCT vigentes al momento de la finalización del vínculo establecen el compromiso de no terminarlo unilateralmente, salvo que desaparezcan las causas que le dan origen y por causas legales o justas, por cuanto, de no ser así, habría lugar a sufragar una indemnización.

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El juez plural argumentó que conforme al material probatorio recaudado, específicamente lo contenido en las convenciones colectivas de los años 1994 a 1995, 2001 a 2003, el laudo arbitral 2004 a 2005 y la convención del año 2016, así como el contrato de trabajo suscrito a término indefinido, no se evidenciaba que las partes hubieran estipulado de forma clara e inequívoca, «la exclusión del mandato legal de legitimidad de la terminación del contrato por vencimiento del plazo presuntivo», es decir, no existía una cláusula contractual o convencional que eliminara rotundamente la potestad del empleador de finiquitar el nexo haciendo uso de la citada figura jurídica. Explicó que, con el propósito de mejorar las condiciones laborales existentes, el sindicato de trabajadores y la empresa demandada firmaron diferentes CCT en las que se introdujeron estipulaciones de garantía de estabilidad en el empleo y la obligación de no dar por terminado el contrato de trabajo «sin mediar una justa causa comprobada», pero lo cierto era que la utilización del plazo presuntivo no debía entenderse como la configuración de una justa causa, sino como una forma legal de finalización del vínculo, ajena a esa calificación de justa o injusta, ya que el vencimiento del término no comporta el incumplimiento de lo pactado, sino que es el efecto dispuesto en la ley. Concluyó que confirmaría la sentencia absolutoria apelada, siendo innecesario el estudio de la indemnización contemplada convencionalmente.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case la sentencia de segundo grado, para que, en sede de instancia revoque la decisión del a quo y, en su lugar: […] profiera fallo mediante el cual declare infundadas, no probadas, y niegue las excepciones propuestas por la demandada, y sea declarada la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre la demandada y el demandante con inicio el 8 de noviembre de 2013 y terminación el 8 de noviembre de 2016 por decisión unilateral sin una justa causa legal por la demandada, declarando igualmente como pactado convencionalmente un salario mínimo equivalente a 2.5 veces el salario mínimo legal mensual vigente.

Como consecuencia de ello, se condene a la demandada a pagarle al demandante la indemnización convencional por terminación unilateral del contrato de trabajo de conformidad con los artículos 24, 26 y 27 de la convención colectiva de trabajo vigente entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016; el salario convencionalmente pactado, las prestaciones sociales de origen legal y convencional, así como los aportes al sistema de seguridad social integral, todo ello tomando como ingreso base de liquidación y cotización, respectivamente, el equivalente al salario convencionalmente pactado en 2.5 veces el salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad, según los artículos 10 de la CCT 2004-2005 y 38 de la CCT 2016, y las demás pretensiones de la demanda, sin omitir las

indemnizaciones moratorias producto de la ausencia de pago oportuno y suficiente de las prestaciones sociales, salario e indemnizaciones respectivas. Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula un cargo que obtiene réplica, el cual se pasa a estudiar.

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VI. CARGO ÚNICO Por la vía indirecta, denuncia la aplicación indebida de los artículos 1, 3, 4, 19, 414, 467, 468, 469, 476 y 478 del CST; la interpretación errónea de los artículos 2.2.30.1.1., 2.2.30.2.1., 2.2.30.2.10., 2.2.30.3.4., 2.2.30.3.5., 2.2.30.4.1.

(ord. 3, 6, 13), 2.2.30.4.2. (ord. 11), 2.2.30.6.1., 2.2.30.6.4., 2.2.30.6.7., 2.2.30.6.11. (ord. 7), 2.2.30.6.12., 2.2.30.6.13., 2.2.30.6.15., 2.2.30.6.16. del Decreto 1083 de 2015; 623 del CCo.; y la indebida aplicación de los artículos 39, 53 y 55 de la CP. Indica que la anterior infracción se cometió por la equivocada apreciación de las convenciones colectivas de trabajo con vigencia 1994-1996 artículo 5; 2001-2003

cláusula 4; 2004-2005 estipulaciones 3 y 7; y la de 2016 artículos 24, 26 y 27. Sostiene que el ad quem basa su fallo en una interpretación completamente ajena a los valores y principios constitucionales, pues indicó que seguía rigiendo entre las partes el plazo presuntivo de los artículos 2.2.30.6.4. y 2.2.30.6.7. del Decreto 1083 de 2015; no obstante que convencionalmente se estipuló, gradualmente, en cada una de las CCT, una mayor estabilidad; que en la vigencia 20042005 se acordó que los contratos de trabajo serían a término indefinido, incluso los que ya venían existiendo, «lo que claramente indica la voluntad de las partes en la negociación colectiva de transitar definitivamente al contrato de trabajo a término indefinido, estable y sin plazo presuntivo».

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Radicación n.° 94822 Señala que el sistema de indemnizaciones que estableció la empresa en el artículo 4 de la CCT 2001-2003, operaba cuando los contratos de trabajo terminaban por circunstancias diferentes a la desaparición de la razón u objeto que dio origen a su vinculación o cuando no mediara una justa y legal causa, lo cual excluyó el plazo presuntivo, y no podía aplicarse en este asunto, toda vez que, acogiendo la cláusula 7 de la CCT 20042005 se hizo el tránsito de los contratos a término fijo a indefinido, de conformidad con el

Decreto 1083 de 2015. Pone de presente que de la lectura de los artículos 24, 26 y 27 de la CCT 2016, se deriva que no hay cabida para que se pacte o que se considere vigente el plazo presuntivo, además porque desde el mismo Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.30.6.7. quedó prevista la posibilidad de que las partes pudiesen estipular su inaplicación. Resalta que el Tribunal desconoció el principio de favorabilidad, al valorar el texto convencional, en la medida que optó por un entendimiento desfavorable a los trabajadores. A renglón seguido, arguye: […] la empresa demandada y los sindicatos expresamente pactaron la obligación convencional de indemnizar al trabajador cuyo contrato de trabajo fuese terminado por razones diferentes a una justa y legal causa, y el plazo presuntivo no está previsto normativamente como una de tales justas y legales causas, simplemente es un modo previsto legalmente de terminación del contrato de trabajo oficial, el cual, por así́ haberlo previsto el mismo decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.30.6.7, puede ser sustituido por el acuerdo entre las partes y no tener vigencia en un determinado contexto convencional o contractual, de modo

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Radicación n.° 94822 que para el caso que nos ocupa, en efecto, convencionalmente se dispuso que no habría lugar a la terminación de los contratos de trabajo de la demandada con sus trabajadores invocando el plazo presuntivo, y la consecuencia de hacerlo es precisamente la de

reconocer y pagar la indemnización convencional por terminación unilateral del contrato de trabajo por una causa que no es legal y justa. Asevera que la interpretación del juez de segunda instancia omite considerar que los artículos 26 y 27 de la CCT 201, que tuvieron remotos orígenes frente al acuerdo vigente para los años 2001-2003 y el laudo arbitral de 2004, «claramente» hacen referencia a que la empresa y el sindicato pactaron que aquella, como empleadora, limitaba la terminación unilateral del nexos de trabajo a dos situaciones: «la primera, la existencia de una justa y legal causa y, la segunda, a la desaparición de las causas que dieron origen al contrato de trabajo», y en ausencia de alguna de esas dos circunstancias debía reconocerse la indemnización convencionalmente pactada en el artículo 27 de la CCT2016. Expresa que el juez plural violó el artículo 19 del CST al no aplicar el artículo 623 del CCo, ante el vacío que había en las normas del trabajo, que nada indican en cuanto a cómo resolver las diferencias que se presenten en documentos con alcance o contenido laboral, como lo sería para este caso particular la CCT 2004-2005 en su artículo 10, en el que por un evidente lapsus calami de digitación o escritura se indicó la cifra en números 1.5, pero en palabras escritas se expresó dos salarios y medio mínimos legales mensuales vigentes. Indica que el Tribunal no podía dirimir tal embate a

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Radicación n.° 94822 partir de lo dicho por un tercero o testigo:

[…] el señor Fabio Israel Salas, quien además por ser precisamente la persona encargada de liquidar, calcular y pagar prestaciones con alcance económico por parte de la empresa no puede considerarse precisamente como un declarante imparcial o ajeno al conflicto y por tal razón su declaración no puede ni debe tener el alcance y la solidez que el Tribunal le dio. Además porque esa solución, es evidentemente desacertada e impertinente, porque como se evidencia a continuación, no se trataba de un aspecto de índole fáctico, sino del alcance, contenido e interpretación de una norma convencional, que no puede ser definido por lo que afirme un tercero declarante, medio probatorio que es completamente ajeno a la labor de exégesis de la convención colectiva en cuanto norma, porque se tratabaevidentementede establecer cómo entender, aplicar e interpretar la convención colectiva en un pasaje que ofrecía una diferencia en la expresión de un valor numérico con alcance económico o patrimonial, aspecto que en las normas laborales no está regulado expresamente, pero sí en el código de comercio, mediante el mecanismo de la integración normativa que no ha sido ajeno a la jurisprudencia de esta sala laboral. Explica que, además, es desacertado sustituir la aplicación analógica o integradora del artículo 623 del CCo, con la ausencia de reclamación o de demanda por parte de los sindicatos o de los trabajadores, pues en el ordenamiento jurídico no existe ninguna norma que convalide o sanee la discordancia numérica y escrita aludida, siendo precisamente la demanda incoada un mecanismo

institucional válido para que la jurisdicción ordinaria laboral resuelva estos asuntos. Insiste en que el ad quem desconoció el principio de favorabilidad, pues debía considerar el entendimiento que más beneficiara al trabajador; y que para interpretar el artículo 10 de la CCT 2004-2005 era necesario tener en cuenta las reglas de la sana crítica, dado que:

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Radicación n.° 94822 […] sería incoherente entender que habiéndose redactado de manera plural la cifra en letras o palabras, y entendiéndose que es mucho más fácil errar en la digitación de un número que en la digitación de varios caracteres o letras, se le haya dado validez y alcance a la cifra que evidenciaba muchísimas más probabilidades de error en su digitación mecanográfica. Finaliza diciendo que las partes pactaron a través de la referida convención 2004 - 2005 cuál sería el valor del salario mínimo para los trabajadores de la empresa, «no ponerse de acuerdo en pactar una cláusula confusa o ambigua y deliberadamente dejar una cifra expresada numéricamente diferente de la expresada con letras o palabras».

VII. LA RÉPLICA La demandada opositora aduce que el Tribunal no se equivocó al no acceder a las diferencias salariales y prestacionales que se reclaman, pues como se puede evidenciar en el laudo arbitral del 22 de octubre de 2004 en el artículo 10, la solicitud que hizo el sindicato en el artículo 7 del pliego de peticiones fue un salario mínimo convencional de 1.5 SMLMV, pese al error de digitación cometido por el

Tribunal de Arbitramento al momento de consignar en letras la suma de 2.5 como salario, ya que en números quedó lo que el sindicato había pedido. Afirma que esto fue ratificado posteriormente por el presidente de Sintraemsdes Omar Chávez y dos representantes más de esa organización Yeimy Marcela Villa Almeida y Jhon Jairo Sánchez Valencia mediante acta de reunión del comité de relaciones laborales de fecha 11 de

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Radicación n.° 94822 septiembre de 2018, donde en el punto ocho del orden del día denominado: «ACLARACIÓN SALARIO MINIMO CONVENCIONAL ARTÍCULO 10 LAUDO ARBITRAL 2004» se aclaró y estipuló lo siguiente: El secretario del comité informa que se requiere dejar soportado en documento oficial, la claridad re