CSJ - SL2305-2024

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL2305-2024 Radicación n.° 99626 Acta 26 Bogotá, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LINA MARCELA TABARES RAMÍREZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el veintiséis (26) de abril de dos mil veintitrés (2023) en el proceso que le instauró a la

ASOCIACIÓN UNIDOS POR LA INFANCIA ASUINFANCIA.

I. ANTECEDENTES Lina Marcela Tabares Ramírez llamó a la Asociación Unidos por la Infancia Asuinfancia para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido que inició el «3 de julio de 2019 y se encuentra vigente a la fecha»; que el salario devengado fue de $3.174.840 y que su cargo correspondió al de agente educativo nutricionista dietista.

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Radicación n.° 99626 En consecuencia, se condenara al pago de las cesantías, sus intereses, prima de servicios, descanso remunerado de vacaciones, «sanción moratoria» del artículo 65 del CST, indemnización del precepto 99 de la Ley 50 de 1990, aportes a seguridad social, la reparación plena y ordinaria de perjuicios, la indexación, lo probado ultra y extra petita, más las costas. Fundamentó sus pretensiones en que el 3 de julio de 2019 celebró nexo de prestación de servicios con la

demandada, que «a la fecha se [encontraba] vigente», el cual se ejecutó en Medellín; que desempeña la ocupación de agente educativo nutricionista dietista, cuyas funciones eran:

1. Realizar el proceso de vigilancia alimentaria y nutricional, que incluya la valoración antropométrica de los niños, las niñas, mujeres gestantes y lactantes, devolución de los resultados a las familias, así como las gestiones necesarias para la atención y seguimiento de malnutrición (por exceso o déficit).

2. Proyectar, implementar y documentar experiencias de educación alimentaria y nutricional para los niños, las niñas, mujeres gestantes y lactantes.

3. Orientar a los otros profesionales del equipo interdisciplinario en el abordaje de temáticas relacionadas con el componente salud y nutrición.

4. Realizar y participar en encuentros de cualificación sobre la promoción de estilos de vida saludables con el equipo interdisciplinario.

5. Acompañar a las familias y otras personas significativas mediante encuentros educativos en el hogar, de acuerdo con las necesidades identificadas, las demandas y las remisiones del equipo interdisciplinario.

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6. Socializar a las familias y otras personas significativas, el informe de seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas.

7. Planear e implementar estrategias de promoción de las prácticas clave de la estrategia de atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI, en su componente comunitario y de acuerdo con su cualificación profesional.

8. Verificar que las mujeres gestantes que participan en la modalidad asisten a los controles prenatales. En los casos en los que no hay inscripción o asistencia, ofrecer orientación para su vinculación o asistencia a este programa.

Informó que su remuneración es de $3.174.840; que se pactó una jornada de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y los sábados de 7:00 am a 1:00 pm; que ejecuta las tareas de manera personal; que realizaba visitas de acuerdo con las fechas y horarios que fijaba la accionada, al igual que las metas; que le efectuaban cambios intempestivos al cronograma; que debía asistir a capacitaciones; que se le practicó examen ocupacional de ingreso y recibió dotación con los logos de la convocada a juicio. Narró que el 5 de septiembre de 2019, a la 1:30 pm sufrió un accidente de tránsito cuando se desplazaba hacía su lugar de trabajo para entregar un equipo antropométrico para que fuera calibrado; que iba para el lugar aludido siguiendo instrucciones de su jefe inmediata; que presentó fractura de la epífisis superior de la tibia y contusión de la rodilla; que estuvo «incapacitada» desde el 5 de septiembre de 2019, a cargo de la ARL Positiva S. A.; que debió asumir gastos de desplazamiento al hospital para asistir a citas médica, juzgados, ARL y solventar el cuidado de su hija menor.

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Radicación n.° 99626 Esgrimió que Asuinfancia el 30 de octubre de 2019 culminó la relación, pese a su «estado de incapacidad», razón por la cual presentó una acción de tutela que conoció el Juzgado Primero Municipal de Bello, que el 29 de noviembre siguiente, ordenó el amparo y que la ARL aludida cancelara las «incapacidades» del «30 de octubre hasta la fecha en la que estuvo vinculada con [ella]», lo cual confirmó el Juzgado Tercero Penal del mismo Circuito el 26 de febrero de 2020, pero: […] con la adición de ordenar a la ARL Positiva cancelar las incapacidades generadas por el tiempo que ha permanecido inactiva laboralmente, así mismo concedió el amparo de los derechos fundamentales de mi representada como mecanismo transitorio y que regirá hasta que la jurisdicción Ordinaria resuelva la acción antes formulada. Finalmente, el Juzgado de segunda instancia ordenó a Asuinfancia reintegrar a mi representada al cargo que venía ocupando o a uno semejante Recabó que la «incapacidad» fue prorrogada del 21 de julio de 2020 al 25 de agosto siguiente; que el SOAT, «a través del Hospital con Alma Pablo Tobón Uribe», otorgó otra hasta el 25 de octubre del mismo año; que por Dictamen del 4 de septiembre de 2020 la perito Ana María Calderón Pérez diagnosticó «trastorno adaptativo con una sintomatología mixta de ansiedad y estado de ánimo depresivo»; que por otro del 18 de septiembre del mismo año, emitido por la

profesional María Luisa Tenorio Paris, se le determinó una PCL del 47.79 % con fecha de estructuración del 4 de septiembre referido (f.° 4 a 38 demanda y 471 a 474 subsanación del cuaderno digital 1° del juzgado).

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Radicación n.° 99626 La Asociación Unidos por la Infancia se opuso a las pretensiones. Frente a los hechos, admitió el lazo de prestación de servicios, el extremo de inicio, la «incapacidad» del 5 de septiembre de 2019, que ello perduró hasta el 25 de octubre de 2020 y los fallos de tutela. De los demás afirmó que no eran verídicos o no le constaban. Propuso como medios de defensa de fondo los de «falta de requisitos esenciales de la relación laboral», «inexistencia de contrato laboral», «desvinculación de la presunción legal del contrato de trabajo», ausencia de culpa patronal, «inexistencia del daño imputable», prescripción, (f.° 486 a 496 del cuaderno digital 1° del juzgado y 1 a 18 del cuaderno digital 2° del juzgado). La demandante reformó la demanda para deprecar que en caso de que el contrato finalizara durante el proceso judicial, se condenara a las indemnizaciones del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, así como a la de despido sin justa causa del canon 64 del CST. En subsidio, solicitó el reintegro, la cancelación de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, así como el pago a seguridad social, desde el 3 de julio de 2019 hasta la

fecha de reinstalación (f.° 49 a 50 del cuaderno digital 2° del juzgado). La convocada a juicio se opuso a ello y formuló como excepción de mérito la de legalidad de la terminación del

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Radicación n.° 99626 vínculo contractual de prestación de servicios (f.° 65 a 67, ibidem). II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado 13 Laboral del Circuito de Medellín, el 2 de marzo de 2022 (f.° 401 a 404 acta y audio, ibidem), resolvió: PRIMERO: DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo entre la señora Lina Marcela Tabares Ramírez y la Asociación Unidos por la Infancia Asuinfancia a término fijo que se ha venido prorrogando, con extremo inicial el 3 de julio de 2019 y vigente en la actualidad.

SEGUNDO: CONVALIDAR la orden de reintegro proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bello y condenar a la Asociación Unidos por la Infancia Asuinfancia a reintegrar en forma definitiva a la señora Lina Marcela Tabares Ramírez al cargo desempeñado al 30 de octubre de 2019, o a uno igual o superior.

TERCERO: CONDENAR a la Asociación Unidos por la Infancia a pagar en favor de la señora Lina Marcela Tabares Ramírez los siguientes conceptos:  Cesantías: $7.910.643 la cuales deberán ser consignadas en el fondo de cesantía al cual se encuentre afiliada la

demandante, o de no estarlo en la de su elección.  Intereses a las cesantías. $854.058  Primas legales de servicios: $7.910.643  Vacaciones: $3.955.322 Reembolso de aportes al sistema de seguridad social: $1.907.850  Indexación de las condenas según la fórmula y directrices expuestas en la motivación. A partir del 1° de enero de 2022 Asuinfancia continuar· cancelando a la demandante las prestaciones sociales y vacaciones que se causen durante la vigencia de la relación laboral, conminando a consignar las cesantías en un fondo, conforme lo previsto en la Ley.

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CUARTO: CONDENAR a la Asociación Unidos por la Infancia a pagar en favor de la señora Lina Marcela Tabares Ramírez la sanción por falta de consignación de las cesantías en un fondo conforme el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 de la siguiente manera:  Año 2020: $33.385.820  Año 2021: $33.385.820  Año 2022: Se causa esta sanción en razón a $105.828 diarios desde el 15 de febrero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, o hasta la fecha en que se consignen las cesantías de 2021 en el fondo en favor de la demandante, si esto llegase a ocurrir antes del 31 de diciembre de 2022.

QUINTO: CONDENAR a la Asociación Unidos por la Infancia

Asuinfancia a pagar con destino a la administradora de fondos de pensiones, administradora de riesgos laborales y empresa promotora de salud donde se encuentre afiliada la señora Lina Marcela Tabares Ramírez, o de no estar afiliada en la de su elección, el cálculo actuarial tendiente a validar los reajustes a los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, riesgos laborales y salud desde el 3 de julio de 2019 y hasta febrero de 2022 inclusive, tomando como IBC mensual la suma de $3.174.840. A partir del 1° de marzo de 2022 y mientras se encuentre vigente Esta relación laboral, Asuinfancia deber pagar los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, riesgos laborales y salud en favor de la señora Lina Marcela Tabares Ramírez tomando como IBC el salario de $3.174.840, o el salario incrementado en caso de que se reconozca algún incremento salarial. Para la materialización de la sentencia, se ordena a la Asociación Unidos por la Infancia Asuinfancia a radicar dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, ante la administradora de fondos de pensiones, administradora de riesgos laborales y empresa promotora de salud donde se encuentre afiliada la señora Lina Marcela Tabares Ramírez, o de no estar afiliada en la de su elección, solicitud de liquidación de cálculo actuarial, y proceder con su pago dentro del término que la entidad de seguridad social le fije.

SEXTO: DECLARAR la culpa de la Asociación Unidos Por La Infancia Asuinfancia en la ocurrencia del accidente de trabajo

padecido por la señora Lina Marcela Tabares Ramírez el 5 de septiembre de 2019.

SÉPTIMO: CONDENAR a la Asociación Unidos por la Infancia a pagar en favor de la señora Lina Marcela Tabares Ramírez los siguientes conceptos:  Indemnización de perjuicios morales: $50.000.000

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Radicación n.° 99626  Indemnización de perjuicios a la vida en relación: $50.000.000  Indexación según la fórmula y directrices expuestas en la motivación.

OCTAVO: DECLARAR IMPROBADAS las excepciones de mérito propuestas por la pasiva.

NOVENO: ABSOLVER a la Asociación Unidos por la Infancia de las demás pretensiones incoadas en su contra por la señora

Lina Marcela Tabares Ramírez.

DÉCIMO: COSTAS en esta instancia a cargo de la Asociación Unidos Por La Infancia y en favor de la parte demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al conocer la alzada que radicó la demandada, el 26 de abril de 2023 (f.° 28 a 75 del cuaderno digital del colegiado), revocó la decisión inicial, absolvió a la convocada a juicio y dispuso costas en ambas instancias cargo de la actora.

En lo que interesa al recurso extraordinario, estableció como problemas jurídicos determinar si entre las partes existió un contrato de prestación de servicios, «enmarcado en el despliegue de actividades profesionales de carácter

liberal» y, en caso de que se encontrara que era de naturaleza laboral, resolvería si existió culpa patronal y la estabilidad ocupacional reforzada. En esa medida, recordó los incisos 1° y 2° del artículo 23 del CST, así como el 24 de la misma codificación. Citó las sentencias CSJ SL543-2013, CSJ SL13020-2017, CSJ

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Radicación n.° 99626 SL1021-2018 y CSJ SL2171-2019 frente a la presunción del último mandato, así como la inversión de la carga de la prueba cuando se acredita ella.

Esgrimió que no se discutía que: i) Lina Marcela Tabares prestó sus servicios personales a la demandada, desde el 3 de julio de 2019, mediante contrato de prestación de servicios que reposaba en el plenario a folio 108 del cuaderno digital del juzgado, por lo que activó lo dispuesto en el precepto 24 aludido, correspondiéndole a la sociedad desvirtuarla. ii) Aunque aquél se terminó el 30 de octubre del mismo año, fue extendido por la sentencia de tutela del 29 de noviembre de 2019 del Juzgado Primero Penal Municipal de Bello, que concedió la estabilidad laboral reforzada por el accidente de tránsito sufrido el 5 de septiembre de igual anualidad, confirmada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bello del 26 de febrero de 2020 (f.° 64 a 85, ibidem).

Analizó el recaudo probatorio, para lo que transcribió

en extenso lo dicho por la actora en su interrogatorio de parte, así como por el representante legal de Asuinfancia, los testimonios de Carolina Toreo Henao, Samuel Alonso Zapata Sánchez, Catalina López Ortiz y adujo que tales declaraciones coincidían en que:

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Radicación n.° 99626 i) La ejecución del nexo de prestación de servicios por el cual se vinculó la petente, se desarrolló en favor del programa de la Alcaldía de Medellín denominado Buen Comienzo. ii) La accionante en ejecución de ello realizaba unas tareas como profesional de nutrición, visitaba familias que eran asignadas por el programa y tenía la posibilidad de atender otros núcleos distintos a los relacionados en la base de datos que suministraba la coordinadora de Asuinfancia. iii) La accionante contaba con disponibilidad en su horario, ya que podía cancelar o reprogramar citas. Ella escogía las horas para atender los beneficiarios del programa, lo que apoyó en que «la testigo de la parte demandante» se refirió en concreto a la «autonomía que tenía la actora». iv) La petente asistió a un curso básico de AIEPI comunitario el 14 de agosto de 2019, de acuerdo con la certificación emitida por la Universidad de Antioquia (f.° 99 del cuaderno digital 1° del juzgado) y al taller «el perdón» de fecha 18 de junio de 2020, emitido por MAKE IT STREAM (f.° 100, ibidem). v) En cumplimiento de las funciones encomendadas, la convocante al litigio diligenciaba registro de planillas,

documento que contaba con logotipo institucional, no solamente por Asuinfancia, sino también por el programa

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Radicación n.° 99626 de Buen Comienzo y de la Alcaldía de Medellín (f.° 130, ibidem). vi) De acuerdo con las declaraciones rendidas por los testigos de ambas partes, había compañeros que tenían otros contratos de manera concomitante con el de Asuinfancia. vii) Dentro de los implementos utilizados por la actora tenía varias prendas distintivas, que contaban con el logotipo de la Alcaldía de Medellín y el programa Buen Comienzo. viii) En el desarrollo de la relación se impartieron «directrices, generación de instrucciones, coordinación y solicitud de informes» (f.° 248-249-253, ibidem). En lo que respecta a las órdenes que la parte activa sostuvo recibió de la coordinadora, halló que eran «instrucciones y coordinación propias de un contrato de prestación de servicio», que estaban estipuladas en el mismo contrato así: Esgrimió que las tareas realizadas por Lina Marcela Tabares Ramírez no eran constitutivas del elemento de

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Radicación n.° 99626 subordinación, porque no podía olvidarse que realizó actividades como profesional nutricionista, por lo que debía efectuar «gestiones, tareas y proyectos para Asuinfancia, cuyo contrato estaba atado a un contrato estatal con el municipio de Medellín, para el desarrollo y ejecución del programa Buen Comienzo, que incluye el cumplimiento de metas y protocolos y singularmente el diligenciamiento de

planillas». Reprodujo la sentencia CSJ SL3136-2021, de la que destacó que «la Corte también ha señalado que en este tipo de contratación no están prohibidas las instrucciones o directrices en la ejecución del servicio, pues naturalmente al beneficiario de éstos le asiste el derecho de exigir el cumplimiento cabal de la obligación a cargo del prestador». Recabó que las capacitaciones, los correos electrónicos en los que se notificó el cumplimiento de metas y los documentos en donde se le asignaban horarios, si bien en otro contexto podría ser un signo de subordinación laboral, en el sub lite no eran demostrativos de dependencia, ya que «se enmarca[ba]n dentro de los parámetros básicos y generales que suponen la realización del particular contrato por el cual se vinculan las partes» y se explican en la medida en que estos se realizan a través de «una coordinadora que debe velar por la debida ejecución del contrato, por lo que se justifica que la entidad accionada realizara un control sobre el objeto contratado», el cual por demás está «atado a un contrato estatal con la Alcaldía de Medellín para el programa de Buen Comienzo».

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Radicación n.° 99626 Dispuso que conforme a lo dicho por la representante legal de la demandada y la testigo Catalina López Ortiz, las «capacitaciones se daban con el fin de fortalecer el conocimiento de los profesionales y para empoderar a las familias que hacían parte del programa»; que la utilización de las prendas distintivas «se justificaba comoquiera que si bien lo denotan los testigos, su uso se daba por seguridad

para los contratistas, debido a que para la ejecución del contrato debían dirigirse a barrios populares de Medellín». En cuanto al cumplimiento de horario, advirtió que era diáfano lo confesado por la demandante, pues aseguró «al igual que los declarantes», que no cumplía ello y, por el contrario, tenía completa disponibilidad y autonomía en la programación de su labor. Reflexionó que la ejecución de una tarea pactada no era exclusiva del contrato de trabajo, pues era connatural a todo convenio en el que se acordara una obligación de hacer, cualquiera que sea el área del derecho que gobierne la materia del lazo celebrado. Ultimó que la prueba valorada no demostraba la existencia del nexo laboral y se acreditó que la actividad estuvo enmarcada en lo acordado en aquel de prestación de servicios como nutricionista, de forma autónoma, independiente y técnica.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Lina Marcela Tabares Ramírez, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se «case totalmente» la decisión del juez de alzada, para que, en sede de instancia «confirme en su integridad la de primer grado», condenando a la accionada

(f.° 6 de la demanda de casación del cuaderno digital de la Corte). Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, el cual fue replicado y se estudia a

continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la providencia de violentar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida los artículos 23, 24, 46, 186, 216, 249, 306 del CST, 1° de la Ley 52 de 1975 y 99 de la Ley 50 de 1990.

Formula como errores de hecho los siguientes:

1. No dar por probado, estándolo, que en desarrollo del contrato de prestación de servicios celebrado entre la Asociación Unidos por la Infancia – Asuinfancia y Lina Marcela Tabares Ramírez, surgió una verdadera relación laboral bajo la figura de contrato realidad.

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2. No dar por probado, estándolo, que en desarrollo del contrato de prestación de servicios suscrito con la Asociación Unidos por la Infancia – Asuinfancia, la señora Lina Marcela Tabares Ramírez al prestar personalmente el servicio, no gozaba de autonomía e independencia, al encontrarse subordinada por la sociedad demandada, recibiendo órdenes, cumpliendo un horario de trabajo, recibiendo llamados de atención, capacitaciones, herramientas de trabajo al igual que dotación y, en general estando sujeta a control o supervisión sistemática.

3. No dar por demostrado, aunque lo está, que en virtud del contrato de prestación de servicios, la Asociación Unidos por la Infancia – Asuinfancia desbordó las actividades propias de la coordinación y las materializó en una subordinación laboral a través la imposición de órdenes, solicitud de informes con fechas de entrega fijas, cumplimiento de metas, instrucciones

para el diligenciamiento de planillas de visitas de familias, estableciendo medidas de supervisión o vigilancia sobre las obligaciones.

4. Dar por probado sin estarlo, que la señora Lina Marcela Tabares Ramírez tenía disponibilidad en su horario cancelando, reprogramando o modificando la visita a las familias en el marco del contrato de prestación de servicios celebrado de acuerdo con las directrices dadas por la Asociación Unidos por la Infancia – Asuinfancia.

5. No dar demostrado, estándolo, que, en virtud del contrato de prestación de servicios, la demandante recibió pagos por conceptos propios de una relación laboral, tales como auxilio de movilidad e internet.

6. No dar por demostrado, estándolo, que la señora Lina Marcela Tabares Ramírez no podía ejecutar actividades propias de un contrato de prestación de servicios como la cesión contractual y la posibilidad de celebrar otros vínculos contractuales en materia civil o comercial con terceros.

7. No dar por probado, aunque lo está, que, en virtud del contrato de prestación de servicios, la señora Lina Marcela Tabares Ramírez debía solicitar permisos.

8. No dar por demostrado, estándolo, la existencia y culpa suficientemente comprobada de la demandada en la ocurrencia del accidente de trabajo del 5 de septiembre de 2019.

Lo anterior, por apreciar equivocadamente: i) la confesión del interrogatorio de parte y, ii) los Correos

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Radicación n.° 99626 Electrónicos del 15 de julio (f.° 246 y 247 del cuaderno digital del juzgado), del 14 de agosto (f.° 248 y 249, ibidem)

y del 3 de septiembre (f.° 252 y 253, ibidem), todos del 2019.

También por no valorar: i) la admisión hecha en el interrogatorio de parte de la accionada; ii) los soportes al Email del 9 de julio de 2019 (f.° 250, ibidem), así como indicaciones y requerimientos de la misma fecha (f.° 269 a 290, ibidem); iii) conversaciones de WhatsApp visibles a folios 254 a 262 ibidem y, iv) «pruebas respecto de la culpa patronal artículo 216 del CST».

Fundamenta que es errada la conclusión del Tribunal sobre que los actos de instrucción, direccionamiento, coordinación y solicitud de informes que recibió eran propios de un contrato de prestación de servicios, en tanto que evidencia una valoración equivocada de las pruebas, así:

1. En su interrogatorio de parte aceptó que podía elegir qué familias visitar en la ejecución de sus labores, como lo extrajo el ad quem, pero ello no está en contra de sus intereses, pues podía realizar cambios siempre que tuviera un diagnóstico de mala nutrición, orientada por la accionada, por lo que debía priorizar aquellas personas.

Señala que así lo dejó plasmado en dicha diligencia:

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Radicación n.° 99626 […] cuando se indicó (…): “Había que priorizar de acuerdo con el diagnóstico y de acuerdo a la lista que nos enviaba la coordinadora” y ante la pregunta de que si ella podía visitar familias que no estaban en el listado, ella respondió: “Sí, sí estaban con diagnóstico de mal nutrición. El cuarteto no podía

repetir en ese mismo mes las visitas”. Arguye que la supuesta confesión fue desacertada, porque no se tuvo en cuenta el contexto al que se hizo referencia, el cual refleja que las inspecciones estaban limitadas a los horarios de capacitación y previa aprobación de la demandada. Inclusive, ella expuso que «para efectos de la programación […] no era posible escoger los lunes, pues ese día se encontraba destinado para atender las reuniones del centro zonal por disposición de la Asociación Unidos por la Infancia – Asuinfancia». Sostiene que el hecho de que pudiera elegir el horario de las consultas a los hogares no significaba que tuviese la potestad de desconocer las instrucciones de Asuinfancia sobre qué días de la semana no podía ejecutarlas, lo que demuestra la falta de independencia y autonomía.

2. De la declaración en juicio del representante legal de la accionada, argumenta que el juez de alzada no tuvo en cuenta que se reconocieron varios hechos con incidencia en la decisión, que son: 1.Imposibilidad de la demandante de ceder el contrato de prestación de servicios.

2. Que los agentes educativos (demandante) asistían a encuentros profesionales con el programa Buen Comienzo

(capacitaciones).

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3. Que los agentes educativos (demandante) contaban con un auxilio de movilidad e internet.

4. Que la Asociación Unidos por la Infancia – Asuinfancia, no contaba con el programa estratégico de seguridad vial dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Menciona que de ellos se deriva que existió una

relación laboral, pues se ejerció direccionamiento y control de sus tareas, aunque se adujo que las capacitaciones se daban por terceros.

3. Frente a los Correos Electrónicos del 15 de julio, 14 de agosto y 3 de septiembre de 2019 (f.° 246 a 249, 252 y 253 del cuaderno digital 1° del juzgado), refiere que la coordinadora Carolina María Zuluaga Valencia, como superior, le envió las metas de dichos meses, con fechas de entregables y se impartieron instrucciones sobre cómo debían diligenciar las plantillas de asistencia a los encuentros grupales.

Apunta que un análisis en conjunto de ellos denota la imposición y direccionamiento continuo; que, además, en la prueba visible a folios 252 y 253 ibidem se observa un llamado de atención por el no cumplimiento de los logros en septiembre de 2013, amenazando de no recibir la remuneración.

4. Respecto del soporte del Email del 9 de julio de 2019 y el Comunicado de tal fecha (f.° 250, 269 al 290 ibidem), manifiesta que no fueron valorados y en ellos se informó a la actora las capacitaciones a las que debía asistir

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Radicación n.° 99626 con instrucciones de grupos de trabajo, lugar, fecha, tutores, lo cual son directrices, aunque se hiciera mediante terceros. Recalca que lo previo quiere decir que la subordinación no solo fue con la imposición de metas y productos, sino con la capacitación.

5. Los documentos de folios 254 a 262 ibidem,

relativos a las conversaciones de WhatsApp, que no fueron tachadas de falsas, pero si soslayadas por el ad quem, dejan entrever el elemento de sumisión, alejándose de la autonomía propia e independiente de un contratista de prestación de servicios, en donde se evidencia la operatividad de las tareas a desarrollar y en las que el jefe inmediato contesta y responde sus preguntas e inquietudes, como si se tratara de una «coordinación de actividades estas mismas serían esporádicas y temporales, más no permanente y continuas». Es más, describen la puntualidad en la entrega de productos y cuentas, cumplimiento de horario, directrices, seguimientos.

6. En cuanto a la culpa patronal, a la luz del precepto 216 del CST, refiere que el empleador debe responder por los perjuicios causados, en tanto que «se comprobó de manera suficiente su culpa, ya que […] allegó las pruebas que acreditan lo mencionado».

Asegura que: i) se demostró la negligencia patronal en el incumplimiento del mandato 56 del CST y el alcance de las obligaciones de seguridad y, ii) se evidenció la ausencia

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Radicación n.° 99626 de actuar de la accionada sobre la vigilancia y cuidado, debido a que: […] el transporte de la máquina antropométrica obedeció a una orden dada por la coordinadora, sin que se hubieran tomado las medidas atinentes a proteger la integridad de la demandante, pues nótese que ni siquiera hubo entrega de elementos de protección personal tales como casco, guantes, gafas de visión,

botas especiales y rodilleras, además que no existió capacitación alguna.

Recalca que: i) existe prueba documental que confirma el insuceso, ya que «al haberse enviado el reporte a la señora Carolina Zuluaga, se tuvo conocimiento de [su] acaecimiento» y, ii) no «fue diligenciado en debida forma el documento denominado “furat”, lo cual indica la falta de interés de la demandada respecto del accidente de trabajo», que se dio por orden de la coordinadora, lo cual reitera que concurrió el elemento de la subordinación.

Dice que su cargo fue de nutricionista dietista y no «transportadora o mensajera», cuando fue el «transporte de la máquina antropométrica mediante motocicleta» la causa del evento, frente a lo cual el empleador no implementó estrategias para garantizar su integridad. Expresa que la empresa no probó medidas de diligencia y cuidado, además que la concurrencia de culpas no exonera de responsabilidad.

7. De las declaraciones en juicio de Carolina Toro

Henao, Samuel Alonso Zapata Sánchez y Catalina López

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Radicación n.° 99626 Ortiz, avizora una apreciación incorrecta, pues no acreditan un contrato de prestación de servicios. En detalle