CSJ - SL2309-2020

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2309-2020 Radicación n° 81231 Acta 24 Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual Bogotá, D. C., siete (07) de julio de dos mil veinte (2020). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por EDGAR NICOLÁS CAÑAS CASTRILLÓN, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 14 de marzo de 2018, en el proceso ordinario laboral que instauró en contra de la CAJA

DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA

COMFAMA.

Se reconoce personería adjetiva al doctor Carlos Ernesto Molina Monsalve, con TP 17.520 del CSJ, como apoderado de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder que obra a folio 18 del cuaderno de la Corte.

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I. ANTECEDENTES Edgar Nicolás Cañas Castrillón instauró demanda ordinaria laboral en contra de Comfama, con el fin de que se declare que fue despedido de forma unilateral, injusta e ilegal, sin la autorización del Ministerio del Trabajo, el día 12 de abril de 2013. Como consecuencia de lo anterior, se ordene el reintegro al mismo cargo que tenía al momento del despido o a otro igual o de superior categoría; el pago de todos los salarios y prestaciones sociales legales y extralegales dejados de percibir y la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Como pretensiones subsidiarias, solicitó el

reconocimiento y pago de la indemnización legal o convencional por despido injusto, según resulte más favorable, la indemnización establecida en la norma previamente referida, debidamente actualizadas. Fundamentó sus peticiones en que laboró al servicio de Comfama a través de un contrato a término indefinido, desde el 19 de enero de 1999 hasta el 12 de abril de 2013, día en que fue despedido. Alega que su desvinculación se produjo cuando se encontraba en delicado estado de salud y sin autorización del Ministerio de Trabajo. Señaló que en su historia clínica aparece que sufre de cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria con antecedente de infarto agudo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, hiperplasia prostática, retinopatía diabética e hipertensiva. Precisó que, antes de iniciar su vida laboral, en la empresa gozaba de buena salud y que las enfermedades que padece fueron desarrolladas en vigencia del vínculo laboral.

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Radicación n.° 81231 Manifestó que laboró como aseador, con funciones de servicios generales, en turnos de ocho horas y con un salario promedio de $1.100.000. Informó que se encuentra desamparado por el despido sin seguridad social para atender sus enfermedades y sin los medios para subsistir. Finalmente, indicó que estaba afiliado a la organización sindical Asotracomfama y que formuló acción de tutela, dentro de la cual se consideró que era el juez laboral quien debía resolver el asunto (f.° 1 a 10 y 211 y 212).

Al dar respuesta a la demanda, Comfama se opuso a las pretensiones del actor. Frente a los hechos, aceptó la prestación de servicios en el lapso señalado, el cargo, las funciones, la jornada, el salario, el trámite de tutela y su afiliación a la organización sindical. Respecto de los demás, dijo no ser ciertos. En su defensa adujo que el actor no tenía una pérdida sustancial de la capacidad laboral, no se aportó prueba que diera cuenta de que estuviera en situación de discapacidad ni en trámite de calificación, menos aún tenía conocimiento de algún tratamiento o cirugía pendiente. Agregó que no existió una relación de causalidad entre el despido y la supuesta enfermedad, ya que la terminación del nexo estuvo originada en su incumplimiento de los protocolos o procedimientos establecidos en Comfama, para que los empleados que realizan actividades de oficios generales pudieran ingresar a los baños de mujeres.

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Radicación n.° 81231 Refirió que el demandante no solo desconoció la orden de verificar previamente si los baños estaban desocupados, sino la instrucción de poner una señal u obstáculo de acceso cuando se fuera a realizar el aseo. Además, pese a que adujo que solo permaneció en el baño de mujeres durante dos minutos, la cámara de seguridad dio cuenta que duró más de diez minutos, con el agravante de la «observación por debajo de la puerta del baño que ocupaba una estudiante menor de edad que se percató de la presencia del actor». Formuló las excepciones de inexistencia de estabilidad

laboral reforzada por salud y despido por justa causa con fundamento constitucional, legal y reglamentario (f.° 227 a 253 y, 418 a 422).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 15 de febrero de 2017 (f.° 440 a 442)

resolvió:

1. DECLARAR PROBADAS las excepciones de INEXISTENCIA DE

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR SALUD y DESPIDO POR JUSTA CAUSA CON FUNDAMENTO LEGAL Y REGLAMENTARIO, propuestas por la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA, en consecuencia, se absuelve a dicha entidad de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra, por parte del señor

EDGAR NICOLÁS CAÑAS CASTRILLÓN […]

2. Se CONDENA en costas al demandante EDGAR NICOLÁS CAÑAS CASTRILLÓN, por resultar vencido en juicio. Se tasan agencias en derecho en suma igual a $737.717 a favor de la entidad demandada.

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3. Si esta decisión no es impugnada se ordenará su envío al Tribunal Superior Medellín Sala de Decisión Laboral para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al conocer del proceso en grado jurisdiccional de consulta, mediante fallo del 14 de marzo de

2018 confirmó la decisión de primer grado (f.° 447 y 448). En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró necesario distinguir entre los conceptos de «discapacidad» e incapacidad: ésta, dijo, es estar impedido transitoriamente para desarrollar las actividades normales, mientras que aquella es un estado temporal mas o menos prolongado o permanente de una persona, en el que, por enfermedad o accidente queda mermada su capacidad laboral. Aludió al contenido del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y dijo que el criterio de la Corte Constitucional desde la sentencia T-077 de 2014 ha sido morigerado en cuanto al concepto de debilidad manifiesta porque se ha establecido una relación de causalidad más estricta, en virtud de la cual para la protección se deben cumplir cuatro requisitos: (i) que el contrato de trabajo sea terminado mientras sufre una desmejora en su salud; (ii) que el empleador tenga conocimiento de ello; (iii) que exista un nexo de causalidad entre la terminación y las condiciones de salud y, (iv) que no medie autorización del inspector de trabajo.

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Radicación n.° 81231 Precisó que, según el criterio de la Corte Suprema de Justicia, no hay presunción de que el despido obedezca al estado de salud, razón por la cual, el trabajador debe demostrar que la terminación del contrato de trabajo estuvo ocasionada en la debilidad manifiesta y memoró la sentencia CSJ SL, 16 mar. 2010, rad. 36155. Refirió que se aportó la historia clínica que daba cuenta de que el actor padecía cardiopatía y diabetes mellitus,

retinopatía e hipertensión arterial. Sin embargo, tales patologías han sido tratadas desde años atrás, lo que no le ha impedido trabajar. En tal sentido, precisó que era claro que los padecimientos surgieron muchos años antes del despido. A efecto de constatar si el despido se había producido por su estado de salud, encontró que los testimonios de Patricia Mira Avendaño, jefe de departamento de procesos jurídicos, Adriana Montoya, supervisora del actor y Beatriz Hoyos Gómez, profesional del área de relaciones laborales, eran unánimes en indicar que ello aconteció en marzo de 2013, época en que el promotor realizaba oficios varios, entre ellos, el aseo del baño. Para esta labor existía un protocolo preestablecido y explicado a quienes hacían esas labores, consistente en que antes de asearlo, se debía verificar que estuviera desocupado, ponerle una barrera y cerrarlo para que nadie ingrese, ello con el fin de evitar que las personas se vieran afectadas por los químicos que se usaban, eventuales caídas y para asegurar la intimidad de las personas.

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Radicación n.° 81231 El colegiado encontró que el actor incumplió el protocolo porque hizo aseo en un baño sin verificar que estuviera desocupado, sin informarle al público de su cierre; que, además, una alumna había interpuesto una queja porque cuando estaba en el sanitario sorprendió al demandante agachado, observándola dentro del baño. Esos hechos fueron constatados por el área de vigilancia ante quien fue presentada la queja, para ello se revisaron los videos, y se corroboró que el actor no hizo el cierre ni cumplió

el protocolo, permaneciendo en dicho lugar por más de 10 minutos, lo que coincidía con la manifestación de la quejosa, además, el actor no avisó por radio el cierre del baño, no puso los cerramientos y tampoco dejó aviso del piso húmedo. «Lo anterior se puede confirmar porque se puede ver el video, que no lo hizo». El Tribunal dejó constancia de que el actor rindió descargos, con el acompañamiento del sindicato; que se le pusieron de presente las pruebas, esto es, la declaración de la quejosa, otra alumna y la profesora a la que se le avisó lo ocurrido, así como el video de seguridad y, que la empresa decidió terminar el contrato por incumplimiento de las normas del reglamento interno de trabajo. Además, mencionó que si bien al actor le practicaron una cirugía cardiovascular, eso había acontecido hacía más de siete años, no se tenía orden de reubicación y prestó servicios por más de 10 años sin inconvenientes por su estado de salud. En ese orden, precisó que el despido estuvo directamente relacionado en los hechos atrás referidos y

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Radicación n.° 81231 «nada tuvo que ver entonces el tema de su salud». Además, reiteró que el accionante «no tenía ninguna orden de reubicación, ni se sabía que el demandante estuviera en algún proceso de calificación de invalidez, ni estaba incapacitado». El colegiado se refirió al interrogatorio de parte del actor para indicar que éste no mencionó que el despido hubiera obedecido a su estado de salud; en cambio, aceptó que no

cumplió el protocolo para hacer el aseo del baño. El Tribunal destacó las contradicciones entre lo manifestado en el acta de descargos y el interrogatorio de parte, en cuanto a cómo observó el baño, el tiempo que estuvo adentro y la conducta por él asumida. Respecto de los testigos, dijo que Omar Augusto López, representante de la asociación de trabajadores de Comfama, aludió que la empresa no probó la falta endilgada, pero no se remitió en lo más mínimo a que la terminación del contrato fuera por la situación de debilidad manifiesta. De esa manera el juez plural concluyó que en este caso no se demostró los requisitos para hacerse acreedor a la protección de salud invocada, y por el contrario, se acreditó que el rompimiento contractual se dio por no cumplir los protocolos en la labor de aseo de los baños, en especial, en el de mujeres, todo lo cual se corroboraba con el vídeo y los testigos con la afectación grave de la intimidad de una estudiante.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por el actor, concedido por el Tribunal y admitido por esta Corporación por lo que se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El demandante pretende que se case la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primera instancia y en su lugar se concedan las pretensiones de la demanda inaugural.

La parte recurrente formula tres cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron objeto de réplica por parte de la demandada.

VI. CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia del Tribunal, por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida de los artículos 62 del Código Sustantivo del Trabajo, sobre la terminación del contrato de trabajo, subrogado por el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965 literal a), numeral 6, que desarrolló el artículo 29 de la Constitución Política. Expresa que el Tribunal incurrió en los siguientes errores evidentes de hecho:

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1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la falta endilgada al trabajador (violación de protocolos) estaba regulada por la ley sustancial vigente al momento de la presunta falta.

2. No dar por demostrado, estándolo, que las faltas endilgadas al trabajador fueron construidas por los agentes del patrono en el desarrollo del contrato de trabajo.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que el patrono probó las presuntas faltas invocadas en la carta de despido del trabajador.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que la falta endilgada al trabajador (violación de protocolos) estaba previamente definida en las normas indicadas en la carta de despido, o calificada la falta como grave en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que la falta endilgada al trabajador (atentar contra la dignidad de una presunta estudiante) fue probada por el empleador.

6. No dar por demostrado, estándolo, que la propia representante legal de Comfama en su interrogatorio de parte, afirmó que la

falta (violación de protocolos) por la cual fue despedido el trabajador, no constaba por escrito.

7. Y dar por demostrado, sin estarlo, que el actor presuntamente atentó contra la dignidad de una estudiante.

8. Dar por demostrado, sin estarlo, que la falta endilgada al trabajador (violación de protocolos) estaba contenida en el numeral 6 del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965 y en el artículo 58 del C.S. del Trabajo numeral 1.

9. No dar por demostrado, estándolo, que la conducta endilgada al trabajador (violación de protocolos), no ocurrió de manera sistemática como lo exige la ley.

10. Y no dar por demostrado, estándolo, que el trabajador demandante es una persona de conducta inmaculada, pues ha observado intachable conducta moral por más de trece años de servicio.

11. No dar por demostrado, estándolo, que, si hubiera observado integralmente el recaudo probatorio, se habría dado cuenta de que lo pretendido por la demandada era deteriorar la imagen del trabajador.

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Radicación n.° 81231 Indica que los anteriores errores fueron producto de la falta de apreciación del interrogatorio de parte de la representante legal de la demandada, apreciación incompleta de la carta de despido, deficiente valoración del interrogatorio de parte rendido por el actor y la estimación parcial del video agregado a los autos por la misma demandada, así como la falta de apreciación integral de la prueba. En la demostración del cargo, sostiene que en la

sentencia atacada no se mencionó el interrogatorio de parte de la representante legal de la demandada, del cual no se colige que la presunta falta invocada para romper el contrato constara por escrito en la ley, el reglamento interno de trabajo, fallos arbitrales, convenciones colectivas o pactos colectivos y, por el contrario, al responder sobre una de las preguntas formuladas respecto de los protocolos dijo que no creía que estuviera documentado por escrito y que no se llamó a la estudiante presuntamente ofendida porque esa fue la decisión de la empresa, por lo que, al evitar la confrontación de su dicho, genera una clara falta de prueba de los hechos de la defensa. Dice que el error se acentúa cuando su interrogatorio fue apreciado como si fuera un testimonio. Sostiene que no se apreció de forma completa la carta de despido y el interrogatorio de parte del demandante, pues ahí no se encuentra acreditado que el trabajador haya cometido una falta calificada como grave y sistemática, que son las exigencias para poder dar por probada la causal invocada. En su sentir, si bien «aceptó que entró sin cerramiento alguno

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Radicación n.° 81231 a secar un charquito que vio en alguno de los baños», eso no implica «algún atentado contra la dignidad de una persona, ni rebeldía ni mala conducta […]» Agrega que el video es deficitario porque del mismo no se aprecia irregularidad alguna por parte del trabajador y menos aún con los calificativos de una conducta grave para que se configure una conducta reprochable. Además, sostiene que la actuación presuntamente violatoria de la

dignidad de la estudiante no tiene existencia dentro del proceso, pues no hay siquiera un indicio y lo que, si evidencia, es una grave imputación contra la reputación del trabajador. Sostiene que la conducta endilgada al acto no fue probada dentro del proceso y, no podía hacerlo porque no está consagrada dentro de los instrumentos autorizados por la ley.

VII. RÉPLICA La demandada se opone al cargo, para lo cual sostiene que los interrogatorios de parte no son prueba apta en casación a menos que contengan una confesión. Al respecto, aduce que, el recurrente se equivoca al sostener que existió una confesión y que de ella dedujo el juez de alzada que violar el protocolo es una transgresión consagrada por escrito en la ley. Precisa que la conclusión en ese sentido no se derivó de la afirmación de la representante legal de la demandada sino de la interpretación que hizo el colegiado del numeral 1 del

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Radicación n.° 81231 artículo 58 del CST, pues el despido obedeció a la violación grave de las obligaciones que le incumbían al actor de realizar su labor en la forma estipulada por la empleadora. Dice que la censura omitió su deber de especificar y concretar cuáles son los apartes del CD y cuales los del vídeo que el Tribunal no apreció, porque conforme a la jurisprudencia de la Sala, indicar la prueba solamente señala la causa del posible error, pero no el yerro en sí mismo. Además, destaca que el precepto en que se soporta la censura, esto es, el parágrafo del literal b) del artículo 7 del

Decreto 2351 de 1965, no dice lo que señala el recurrente, pues nada refiere en punto a que la falta deba ser grave y sistemática, tópico que por demás resulta ajeno a la vía escogida. Sostiene que el Tribunal sí apreció integralmente el video como aparece en los apartes de la sentencia censurada y encontró la falta en que incurrió el actor, esto es, no cumplir el protocolo establecido por Comcaja para efectuar el aseo de los baños, especialmente el de mujeres. Aduce que no salta a la vista que la sentencia adolezca de forma manifiesta, ostensible o protuberante de un yerro fáctico, pues el sentenciador no cometió en el fallo errores garrafales que hicieran decir a los medios probatorios algo que no indicaran.

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VIII. CONSIDERACIONES Previo a adentrarse en el análisis de los elementos denunciados, debe recordarse que el error de hecho se presenta cuando el «sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida» (sentencia CSJ SL, 11 feb. 1994, rad. 6043); asimismo, que quien pretenda la casación del fallo debe demostrar el yerro cometido, su carácter manifiesto y trascendente, dada la presunción de acierto y legalidad que

ampara la providencia. Efectuadas las anteriores precisiones, la Corte procede a definir si de las pruebas denunciadas aparece demostrado un yerro del colegiado al haber concluido que el actor fue despedido por una justa causa comprobada. - Carta de terminación del contrato de trabajo (f.° 279) e interrogatorio de parte rendido por el actor (f.° 440): Respecto de estas dos pruebas, el recurrente afirma que no fueron apreciadas de forma completa por el Tribunal, pues ahí no se encuentra acreditado que el trabajador haya cometido una falta que se pueda calificar como grave y sistemática, que son las exigencias para poder dar por probada la causal invocada. En su criterio, si bien «aceptó

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Radicación n.° 81231 que entró sin cerramiento alguno a secar un charquito que vio en alguno de los baños», eso no implica «algún atentado contra la dignidad de una persona, ni rebeldía ni mala conducta […]» Pues bien, el documento denunciado data del 12 de abril de 2013, a través del cual la demandada le da por terminado el contrato de trabajo al actor, en donde se expone que el día 18 de marzo de ese año fue puesta una queja por una joven, quien puso en conocimiento los hechos ocurridos ese día, cuando ella se encontraba en la sede Claustro haciendo uso del servicio sanitario en el baño exclusivo para mujeres, ubicado en el tercer piso. Se indicó que la referida alumna informó que «mientras estaba utilizando los servicios sanitarios, escuchó un ruido de unas llaves que se cayeron, ante lo cual ella decidió correrse

para atrás para ver que había pasado», y que vio a una persona «agachada asomándose por debajo del baño», lo que le generó mucho susto, por lo que salió, «viéndole a usted supuestamente lavando la trapeadora en el cuarto de aseo del baño de damas». Luego de aludir a la carta de la queja presentada por la estudiante, las manifestaciones de su profesora y la diligencia de descargos llevada a cabo, la empleadora indicó que: Por lo declarado anteriormente, no entendemos las razones expuestas por usted en la diligencia y menos aún por qué razón no esperó que el baño se encontrara libre para realizar el aseo del mismo. Tampoco es de recibo que usted haya obviado las señalizaciones de piso húmedo y cerramiento de dichas unidades

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Radicación n.° 81231 sanitarias, obligaciones e instrucciones que son conocidas ampliamente por los trabajadores de oficios generales. Otro tema importante para destacar es la verificación realizada en el video aportado como prueba en el proceso, el cual fue extractado de los registros hechos por la cámara que se encuentra ubicada en el pasillo contiguo al acceso a las unidades sanitarias referidas en este escrito, donde de manera clara observamos que usted ingresa al baño de damas por un espacio de once minutos, hecho que es contrario a la respuesta dada por usted en la audiencia de descargos donde manifestó lo siguiente cuando se le pregunta cuanto tiempo estuvo en el baño: “Pienso que dos minutos si acaso, mientras lave la trapeadora, organice los espacios que señale y volví a lavar la trapeadora y salí a seguir con los corredores”. De

igual manera podemos apreciar que usted no ingresa ni sale con la trapeadora a la cual hace mención en sus descargos, no siendo verídico con la Caja, incumpliendo un deber que regula el Reglamento Interno de Trabajo. Es claro que usted faltó a las instrucciones dadas con relación al aseo de los servicios sanitarios, básicamente al ejecutar actividades dentro del baño de damas el 18 de marzo habiendo usuarias dentro de los mismos y al no cumplir con el cerramiento de dicho sitio, situación que usted sabía de antemano que debía realizar previo a su ingreso, para ejecutar las labores a que hubiere lugar. El acto imputado a usted, después de evaluar los testimonios recogidos, los descargos presentados por usted y el video allegado a la diligencia aludida por parte del Departamento de Seguridad, nos permite colegir además de lo expuesto, que su actuación va contra la moral que debe guardarse como manual de comportamiento dentro de las dependencias de la institución. Para COMFAMA hechos como en el que usted incurrió, atenta contra el buen nombre de la Caja, desconociendo una de nuestras políticas estratégicas que está orientada a la satisfacción del cliente. Por todo lo expuesto, me permito comunicarle que COMFAMA ha decidido dar por terminado en forma unilateral y por justa causa, desde el día de hoy 12 de abril de 2013, el contrato de trabajo, que tenían suscrito, con base en la autorización legal otorgada concedida por el literal A) numeral 6 del artículo 7 del Decreto 2351/65, en concordancia con lo establecido en los numerales 1 y

4 del artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con lo previsto en el Reglamento Interno de Trabajo artículo 50 numerales 1, 5, 6, 9; artículos 52 numerales 1, 2, 5, 16 y 17; artículo 56 numeral 15; artículo 60 numerales 5, 6 y 9, subnumeral 9.11 y 920 […]:

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Radicación n.° 81231 Como se advierte, en la comunicación a través de la cual se dio por terminado el contrato de trabajo con ocasión de los hechos ocurridos el día 18 de marzo de 2013, se endilgó haber ejecutado actividades dentro del baño de damas contrariando las instrucciones dadas al respecto e incumpliendo el protocolo ya establecido, pese a conocerlas, e incluso actuando contra la moral, puesto que una de las estudiantes había presentado una queja en su contra precisamente por hechos relacionados con la presencia del trabajador en ese momento al interior del baño, quien lo acusó de haberse asomado por debajo de la puerta a observarla mientras usaba el sanitario. Tal determinación estuvo sustentada normativamente en literal A), numeral 6 del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, esto es, el artículo 62 del CST, y en los numerales 1 y 4 del artículo 58 del CST, además de algunas normas previstas en el reglamento interno de trabajo. Respecto de los cuestionamientos que realiza el recurrente, la Corte estima que parte de un supuesto errado, pues en la carta de terminación del contrato no se le endilgó

haber incurrido en una falta calificada como grave en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales o contrato de trabajo, ni menos aún en una conducta sistemática. En verdad, en esa ocasión se le endilgó haber ejecutado actividades que iban contra la moral dentro del baño de damas el día 18 de marzo de 2013, sin cumplir además con las instrucciones dadas o protocolo correspondiente para el aseo de ese lugar, y por la queja presentada en su contra por

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Radicación n.° 81231 una de las usuarias del sanitario, sin que se refiriera que tales hechos estaban calificados como constitutivos de una falta grave en algún instrumento normativo. Contrario a lo dicho por el recurrente, en modo alguno se remitió al parágrafo del literal b) del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, norma que no establece una justa causa de despido sino la obligación de la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, de manifestar la causal o motivo de esa decisión. En realidad, el fundamento legal correspondió al numeral 6 del literal a) del artículo 62 del CST, que contempla como justa causal de despido, «cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo o cualquier falta grave calificada como grave en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos», resultando completamente claro del contenido de la misiva, que la demandada se refería particularmente a la primera posibilidad de la norma, pues aludió a los numerales 1 y 4

del artículo 58 del CST. Ahora bien, en lo atinente al interrogatorio de parte rendido por el actor, una vez escuchada su declaración, se advierte que tal y como lo consideró el colegiado, el demandante confesó que no cumplió el protocolo para hacer el aseo del baño, pues al indagársele sobre los hechos ocurridos dijo que cuando estaba haciendo el aseo en los

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Radicación n.° 81231 baños de damas, vio un «charco en toda la mitad del pasillito» y admitió que: «no puse ni aviso ni nada porque no me demoraba pues prácticamente y nunca vi a ninguna niña ni nada ni siquiera la conozco, fui a secar el charquito, fue todo lo que me demoré […]». Adujo que en el baño de damas duró de 3 a 5 minutos máximo, que se fijó y no vio a nadie, el baño estaba solo, había una puerta ajustada, la abrió con el trapero, trapeo y salió. Además, negó haberse agachado a verificar si había alguien en los sanitarios. En cuanto al procedimiento indicado para realizar el aseo en los baños de damas, dijo que debía señalizarse, pero que no puso el aviso porque no lo consideró necesario, ya que lo que se iba a demorar era «muy poquito». Aceptó que existía la instrucción de avisar por el radio cuando se iba a realizar el aseo, pero que no lo había hecho porque solo iba a secar un charco. Además, al indagársele sobre lo respondido en la diligencia de descargos en donde aceptó que se había agachado «un poquito por debajo de una de las puertas de los

baños», dijo «si, efectivamente uno va trapeando si usted tiene el obstáculo de una puerta semicerrada, usted la acaba de abrir con la misma trapeadora puede ser, entonces eso fue todo», y al insistir sobre la razón por la cual en dicha diligencia aceptó que se «agachó un poquito», respondió: «por eso, para trapear el baño, para mirar que no hubiera nadie» (f.° 440). De lo confesado por el demandante, la Sala no evidencia un yerro alguno del Tribunal, menos con el carácter de ostensible y protuberante, pues es clara su aceptación del

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Radicación n.° 81231 demandante frente al incumplimiento de los protocolos para hacer el aseo del baño de mujeres, y más relevante aún, cuando para verificar si el baño estaba ocupado, en lugar de preguntar, admitió haberse agachado, lo que, en lugar de darle la razón al censor, corrobora los hechos denunciados por la quejosa frente a la conducta del actor. De ahí que resulte por decir lo menos, incomprensible que considere, pese a tal aceptación, que el Tribunal erró al haber derivado de dicho interrogatorio que su conducta implicara la afectación de la dignidad de alguna persona, cuando ello resulta evidente cuando fue sorprendido vulnerando ese acto íntimo de una estudiante mientras hacía uso