CSJ - SL2315-2024

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2315-2024 Radicación n.° 100683 Acta 30 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por RENE LORENZO PEÑA ANDRADE, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 31 de julio de 2023, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, trámite al que se vinculó como litisconsorte a TEMPORALES UNO A BOGOTÁ S. A. S. y como llamada en garantía a SEGUROS

DEL ESTADO S. A.

Reconózcase personería adjetiva para actuar en representación del Fondo Nacional del Ahorro S. A. a la abogada Vanessa Fernanda Garreta Jaramillo identificada con la cédula de ciudadanía 1.085.897.821 de Ipiales, Nariño y portadora de la tarjeta profesional 212.712 del C.

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Radicación n.° 100683

S. de la J., en los términos y para los efectos del poder general conferido a la sociedad Distira Empresarial S. A. S. y que reposa en las actuaciones digitales de esta corporación.

I. ANTECEDENTES Rene Lorenzo Peña Andrade demandó al Fondo Nacional del Ahorro, con el fin de que se declare la existencia de una relación laboral, en condición de trabajador oficial, cuyos extremos temporales

transcurrieron entre el 24 de enero de 2011 y el 28 de diciembre de 2012. En consecuencia, solicitó el reconocimiento del subsidio de alimentación, así como el de las primas: técnica, de servicios, extraordinaria, de vacaciones, de navidad y quinquenal; el estímulo de recreación; la bonificación por servicios prestados y la especial de recreación, en los términos previstos en los artículos 24, 25 y 28 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la demandada y su sindicato de trabajadores por la totalidad del tiempo servido. Además, deprecó el pago de las cesantías causadas durante la vigencia del vínculo, como lo ordena el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978; los incrementos que sobre su remuneración debieron pagarse; la indemnización moratoria por la no cancelación de las acreencias adeudadas, así como por la no consignación de las

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Radicación n.° 100683 cesantías a un fondo de cesantías, al tenor del numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; lo que resulte probado en aplicación de las facultades ultra y extra petita; la indexación de las condenas y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró al servicio de la demandada en los extremos ya indicados, cumpliendo las funciones de auxiliar de apoyo de la accionada en la ciudad de Barranquilla, a través de la suscripción y ejecución de tres contratos de trabajo a término fijo suscritos con la EST Temporales Uno A Bogotá

S. A. S. así: i) del 24 de enero al 25 de marzo de 2011; ii) del

5 de abril de 2011 al 13 de marzo de 2012 y iii) del 14 de marzo al 28 de diciembre de 2012, en los que se pactó como salario la suma de $1.200.000. Precisó que nunca conoció a los representantes de la EST, ni recibió órdenes de sus empleados; por el contrario, estuvo sometido a la subordinación de funcionarios de la demandada, específicamente del jefe de la oficina comercial de la entidad en Bogotá, así como de quienes ocuparon el cargo de jefe de la división comercial y mercadeo, ubicados en la misma ciudad. Adujo que sus funciones hacían parte del objeto social del FNA, pues en su condición de auxiliar de apoyo de punto, le correspondía asesorar a los usuarios que acudían a aquel, para tramitar créditos y solicitar productos de la accionada.

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Radicación n.° 100683 Agregó que las fechas registradas en los contratos suscritos con la EST no reflejaban el verdadero tiempo de servicio ya que su vinculación fue ininterrumpida; que en calidad de trabajador oficial tenía derecho al reconocimiento de la totalidad de las prestaciones extralegales contenidas en la CCT suscrita para la vigencia 2002-2003, ya que al tenor de los artículos 478 y 479 del CST aquella continuó en vigor hasta el 2011, cuando fue denunciada por la organización sindical Sindefonahorro, lo que condujo a la suscripción de una nueva para los años 2012-«2013». Adujo que el mencionado sindicato era mayoritario, de ahí que lo pactado le era aplicable en los términos del

artículo 470 del CST, razón por la cual el 5 de mayo de 2015 solicitó el reconocimiento y pago de la totalidad de las prebendas convencionales. Al dar respuesta a la demanda inicial, el Fondo Nacional del Ahorro se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó que en los términos de los artículos 478 y 479 del CST, la convención colectiva suscrita para el periodo 2002-2003 continuó vigente hasta el año 2011, ya que hasta esa anualidad fue denunciada, así como de la suscripción de un nuevo acuerdo 2012-«2013». De los demás dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa señaló que el promotor de la contienda no tuvo la calidad de trabajador oficial en consideración a que no sostuvo con ella vínculo laboral alguno, de ahí que

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Radicación n.° 100683 no existiera fuente contractual que la obligara al reconocimiento y pago de las acreencias deprecadas. Puso de presente que las actividades desarrolladas por el actor no configuraron una relación de trabajo y que los servicios prestados tuvieron como sustento los contratos suscritos con la EST Temporales Uno A Bogotá S. A. S., la que fungió como empleadora en los términos del artículo 71 de la Ley 50 de 1990. Formuló como excepciones de mérito las que denominó: imposibilidad legal del Fondo Nacional del Ahorro para contratar laboralmente; cobro de lo no debido; falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia de la obligación contractual a cargo del Fondo Nacional del

Ahorro; inexistencia de relación laboral entre el demandante y el Fondo Nacional del Ahorro; prescripción y la genérica. En escrito separado formuló como excepciones previas las de falta de jurisdicción, prescripción y falta de legitimación en la causa por pasiva. No obstante, desistió de estas en la audiencia llevada a cabo el 22 de febrero de 2017 (fo. 580 archivo PDF Primera Instancia _ c01 _ Expediente Primera Instancia _ 2023011420388). Por otro lado, propuso el llamamiento en garantía a Seguros del Estado S. A. y Temporales Uno A Bogotá S. A. S., y mediante providencia del 9 de septiembre de 2015 (fo. 262) el juzgado de conocimiento accedió llamando en

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Radicación n.° 100683 garantía a la primera y ordenando la vinculación de la última como litisconsorte. En la oportunidad procesal correspondiente Temporales Uno A Bogotá S. A. S. dio respuesta a la demanda inicial indicando que no era «factible» pronunciarse frente a las pretensiones de esta, en consideración a que se encontraban dirigidas únicamente en contra del Fondo Nacional del Ahorro. Respecto de los hechos sostuvo que no eran ciertos o que no le constaban. A su favor destacó que el demandante se vinculó a su servicio como trabajador dependiente, bajo la modalidad de contrato por obra o labor determinada en misión, en tres oportunidades: i) del 24 de enero al 25 de marzo de 2011; ii) entre el 5 de abril de 2011 y el 13 de marzo de 2012 y iii)

desde el 13 de marzo al 28 de diciembre de 2012 para desempeñarse como auxiliar administrativo y auxiliar de apoyo, siendo remitido a la usuaria Fondo Nacional del Ahorro. Adujo que afilió al actor desde su ingreso como trabajador al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos profesionales, y que lo desvinculó aplicando uno de los modos de terminación del contrato de trabajo, como lo es el literal d) del artículo 61 del CST, como consecuencia de la modalidad contractual pactada, por lo que no era solidariamente responsable de las eventuales condenas derivadas del contrato realidad solicitado.

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Radicación n.° 100683 Propuso como excepciones de fondo las de solución de continuidad laboral de los contratos de trabajo del accionante y la demandada integrada a la litis en solidaridad; inexistencia de solidaridad; inexistencia de las obligaciones demandadas y cobro de lo no debido; buena fe; pago; falta de título y causa en el demandante; enriquecimiento sin causa del demandante; compensación; prescripción de los derechos reclamados y la genérica. Por su parte Seguros del Estado S. A. al contestar el escrito inaugural se opuso a sus pretensiones y, sobre los supuestos fácticos refirió que no le constaban. Respecto de la demanda inaugural no expuso argumento de defensa alguno. Propuso como excepciones las de ausencia de responsabilidad del Fondo Nacional del Ahorro por ser la EST el verdadero empleador del actor y atendiendo a la naturaleza del servicio contratado; prescripción; buena fe del Fondo Nacional del Ahorro; e imposibilidad de extender el carácter subjetivo de la mala fe como fundamento de las

sanciones laborales. Frente al llamamiento en garantía se opuso a su prosperidad con fundamento en que su relación jurídica con la EST Temporales Uno A Bogotá S. A. S. como tomador y el Fondo Nacional del Ahorro como asegurado era eminentemente comercial y en esa medida se limitaba a lo estipulado en el contrato de seguro contenido en las pólizas de cumplimiento 25-44-101023571 y 25-44-101043358;

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Radicación n.° 100683 razón por la que a su contenido debían remitirse. Formuló como excepciones al llamamiento las que relacionó como ausencia de cobertura de las pólizas 25-44101043358 y 25-44-101033302 por ocurrencia del presunto siniestro fuera de la vigencia de la misma; inexistencia de la obligación a cargo de Seguros del Estado

S. A. así se declara la relación laboral directa entre el actor y el Fondo Nacional del Ahorro; requisitos para hacer exigible las pólizas de seguro de cumplimiento a favor de la entidad estatal; cobertura exclusiva de los riesgos pactados en la póliza de seguro de cumplimiento; imposibilidad de afectar la póliza de cumplimiento por las conductas contempladas en los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990; compensación; límite de responsabilidad y la genérica.

II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 16 de agosto de 2017 dispuso: 1.- ABSOLVER a la entidad FONDO NACIONAL DEL

AHORRO, TEMPORALES UNO A BOGOTÁ S.A. y SEGUROS DEL ESTADO, de todas y cada una de las pretensiones del libelo (sic) que en su contra formularon (sic) el aquí demandante, de conformidad con lo motivado. 2 - Costas en esta instancia a cargo de la parte vencida. Para tal efecto señálese como agencias en derecho una suma equivalente a medio salario mínimo legal mensual vigente. 3 - Consúltese la presente providencia con el Superior en

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Radicación n.° 100683 caso de no ser apelada. Ante la solicitud de la apoderada del Fondo Nacional del Ahorro, la juez unipersonal, procedió a adicionar la sentencia proferida de la siguiente manera: 1.Declarar que entre el demandante señor Rene Peña Andrade y la demandada Fondo Nacional del Ahorro existió una relación laboral y como consecuencia potencial beneficiario de la convención colectiva de trabajo. 2.Absolver de las demás pretensiones de la demanda al

FONDO NACIONAL DEL AHORRO, TEMPORALES UNO A

BOGOTÁ S.A. y SEGUROS DEL ESTADO.

Los demás puntos de la parte resolutiva quedan en firme.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al desatar el recurso de apelación interpuesto por las partes y la litisconsorte, a través de proveído del 31 de julio de 2023 resolvió: PRIMERO: REVOCAR el numeral 1 de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Once Laboral del

Circuito de Barranquilla, para en su lugar absolver al demandado FONDO NACIONAL DEL AHORRO de todas las pretensiones incoadas en su contra.

SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral 2 de la sentencia apelada, para en su lugar disponer que las costas se tasen dentro de su oportunidad procesal.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás.

CUARTO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandante.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural fijó como problema jurídico determinar si entre el

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Radicación n.° 100683 demandante y la demandada Fondo Nacional del Ahorro, existió un vínculo laboral y, en caso afirmativo, si como consecuencia de ello, el promotor de la contienda era beneficiario de las prebendas convencionales deprecadas o si, por el contrario, lo procedente era absolver a «las convocadas» de las pretensiones formuladas en su contra. Inició señalando que en los términos del artículo 23 del CST, para que existiera un contrato de trabajo debían concurrir tres elementos esenciales, esto es, la prestación personal del servicio, la subordinación o dependencia y la remuneración como contraprestación del servicio; de manera que una vez reunidos tales presupuestos la relación laboral no dejaba de serlo por razón del «nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen» al tenor del principio de la realidad sobre las formas previsto en el artículo 53 de la CP. Igualmente aludió a la presunción contenida en el artículo 24 del CST y sostuvo que a quien la alegaba le

correspondía demostrar la prestación personal del servicio y, la contraparte tenía el deber de desvirtuar «que en la misma no se configuran los elementos del contrato de trabajo», para lo que se apoyó en apartes de la decisión CSJ SL1684-2022. Manifestó que la subordinación, como elemento jurídico de las relaciones laborales dependientes, se constituía en el pilar diferenciador de los vínculos de naturaleza civil o comercial pues en estos últimos sí existía autonomía o libertad del empresario para ejecutar sus

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Radicación n.° 100683 actividades con discrecionalidad, como, dijo, se había precisado en la providencia CSJ SL2438-2022. Señaló que el artículo 71 de la Ley 50 de 1990 definía a las empresas de servicios temporales como aquellas que contrataban la prestación de servicios a favor de un tercero beneficiario, denominado usuario, con el propósito de colaborarle de manera temporal en el desarrollo de actividades, por conducto de la mano de obra de personas naturales directamente contratadas por ella, quienes en los términos del artículo 74 ibidem, podían ser de planta o en misión; éstos últimos quienes desarrollaban sus funciones en las dependencias del usuario. Acotó que bajo la egida del artículo 77 de la misma ley, los usuarios de las EST solo podían contratar en eventos específicos tales como: i) cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6 del CST; ii) cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad; y iii) para atender

incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis meses prorrogable hasta por seis meses más, como se había anotado en las sentencias CSJ SL3520-2018 y CSJ SL4330-2020. Al descender al caso en concreto señaló que no era materia de discusión que: i) el actor prestó sus servicios al

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Radicación n.° 100683 Fondo Nacional del Ahorro, por conducto de la EST convocada; ii) la EST y el demandante suscribieron tres contratos por duración de la obra o labor determinada; y iii) el Fondo Nacional del Ahorro y la EST firmaron tres contratos estatales. Acudió a los medios de prueba obrantes en la actuación para señalar que según los contratos de trabajo por duración de la obra o labor determinada para personal en misión allegados (fos. 284 y 287) y, la certificación expedida por la EST (fo. 87), estos se desarrollaron dentro de los siguientes extremos: a) del 24 de enero al 25 de marzo de 2011; b) entre el 5 de abril de 2011 y el 13 de marzo de 2012 y c) desde el 14 de marzo hasta el 28 de diciembre de 2012. Que según los contratos estatales suscritos entre el Fondo Nacional del Ahorro y la EST nos. 198 de 2010, 168 de 2011 y 060 de 2012, su objeto correspondió a la «provisión de trabajadores en misión, encontrando su génesis en el “Análisis de Conveniencia y Oportunidad”» con

el propósito de soportar y apoyar las actividades misionales y conexas de la entidad. Agregó que según el testimonio de John Peña Andrade, hermano del demandante, quien así mismo prestó sus servicios para el Fondo demandado, se enteraron de las vacantes disponibles en dicha entidad, por lo que se trasladaron a la ciudad de Bogotá, siendo requerida la documentación necesaria para la vinculación «en medio de

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Radicación n.° 100683 las horas laborales» del personal de la pasiva, de quien, además, recibieron charlas y capacitaciones, sin que en momento alguno se hubiera hecho alusión a Temporales Uno A Bogotá S. A. S. Así mismo, destacó que del interrogatorio de parte del actor no emergía confesión alguna, con excepción del reconocimiento de su firma en los contratos de trabajo. Luego, precisó que al tenor de los artículos 1757 del CC y 167 del CGP y siguiendo la teoría general de la carga de la prueba, le correspondía probar las obligaciones o su extinción, a quien las alegara. Manifestó que atendiendo los principios que orientaban el derecho procesal, particularmente el artículo 164 del CGP, toda decisión judicial debía fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso y que según el artículo 60 del CPTSS, debían analizarse todas aquellas allegadas a tiempo, sin que, en los términos del artículo 61 ibidem el juez se encontrara sujeto a tarifa legal. Señaló que del estudio de los elementos de convicción mencionados era dable concluir que el FNA y la EST

suscribieron tres contratos estatales que, «si bien se encontraban orientados al mismo objetivo, a saber, provisión de trabajadores en misión» lo cierto era que se originaban en distintos análisis de gestión efectuados por parte de la subdivisión de recursos humanos, lo que había conducido a que el actor fuera inicialmente vinculado como auxiliar administrativo y luego como auxiliar de apoyo. Destacó que

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Radicación n.° 100683 ninguno de los contratos suscritos superó, individualmente, el plazo máximo fijado «por la norma que regla los trabajadores en misión, a memorar, el término de 6 meses que puede ser prorrogable por un término igual de duración». En cuanto al testimonio ya referido, dijo que por sí solo, no «llena de convicción» frente a las funciones y temporalidad del cargo desempeñado por el promotor del litigio, en atención al vínculo de consanguinidad del deponente con aquel, así como a la existencia de una demanda ordinaria laboral «bajo los mismos motivos ventilados en la presente, conforme tacha presentada por los apoderados de la parte pasiva» con fundamento en que, las resultas jurídicas de la actuación le podían favorecer. Así las cosas, sostuvo que «no le quedaba otra alternativa» que revocar el numeral primero de la sentencia fustigada, al no encontrarse acreditada la existencia de un contrato de trabajo entre el actor y el Fondo Nacional del Ahorro.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case la sentencia atacada, en cuanto revocó el numeral primero de

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Radicación n.° 100683 la sentencia que fue proferida y adicionada en primera instancia para que, en sede de instancia: […] confirme el numeral primero de la sentencia que fue adicionada por el aquo, declaró la verdadera condición de mi mandante como trabajador oficial, y revoque el numeral segundo de la sentencia adicionada, para en su lugar, y con base en su calidad de trabajador oficial del FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO, condene a la entidad, al reconocimiento y pago de la totalidad de las prestaciones convencionales reclamadas en la demanda, sobre la base del salario básico acreditado en el expediente, y la indemnización moratoria prevista por el Artículo 1 del Decreto 797 de 1949 a partir de la fecha del cumplimiento de 90 días desde su desvinculación conforme los términos plasmados en la norma en cita. Resuelva sobre costas. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que son replicados por el Fondo Nacional del Ahorro, los cuales se resolverán de manera conjunta, pues aun cuando uno de estos se encauza por senda distinta, todos persiguen idéntico cometido y se complementan entre sí.

VI. CARGO PRIMERO Impugna la decisión de segundo grado por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 467, 468, 469 y 473 del CST, en relación con los

artículos 5 y 7 del Decreto 3135 de 1968; 8, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 42 y 45 del Decreto 1045 de 1978; 45, 47, 48 y 51 Decreto 1042 de 1978; 60, 61 del CPTSS, y 174 del CPC, «aplicable al procedimiento laboral por mandato» del artículo 145 del CPTSS.

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Radicación n.° 100683 Enlista como errores evidentes de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, muy a pesar de tener el demandante la condición de trabajador oficial del FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO, que era beneficiario de las prebendas contenidas en las convenciones colectivas con vigencia 2002-2003 y 20122014, suscritas entre la demandada y el sindicato

SINDEFONAHORRO.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el recurrente nunca acreditó ser merecedor de las prebendas convencionales al no haber demostrado que las funciones desarrolladas al interior de la encartada, tenían el carácter de permanentes.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante, probó suficientemente, los ingresos percibidos para proceder a liquidar las prebendas reclamadas.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que, al haber suscrito contratos con distintas denominaciones al cargo desempeñado, implicaba la ejecución de labores diversas durante toda la vinculación.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que los tres contratos

suscritos por el demandante, se originaron en distintos análisis de gestión realizados por la subdivisión de recursos humanos de la entidad, siendo que, de la literalidad de cada uno de ellos, no se extraen requerimientos distintos.

6. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada, superó en la contratación con mi mandante, el término máximo previsto por la Ley 50 de 1990, argumentando que, ninguno de los 3 contratos suscritos, individualmente considerados, superaron el máximo de 6 meses prorrogable por 6 meses más.

Denuncia como medios de prueba apreciados con error: i) los contratos de trabajo suscritos con la EST Temporales Uno A Bogotá S. A. S., «el primero a folios 284 a 286, del expediente digital y el segundo, a folios 287 a 289»; ii) certificación (fo. 87); iii) testimonio de Jhon Jairo Peña Andrade; y iv) contratos estatales números 198 de 2010 (fos. 157 a 163) 168 de 2011 (fos. 165 a 178) y 60 de 2012 (fos. 179 a 185).

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Radicación n.° 100683 Y como pruebas dejadas de valorar: i) liquidaciones de prestaciones sociales correspondientes a cada uno de los contratos suscritos, y que aparecen, la del primer contrato, a folio 283, la del segundo a folio 290 y la del tercero, a folio 282 del expediente digital; ii) comprobantes de pago de salarios (fos. 248 a 281); iii) convenciones colectivas de trabajo, que se encuentran a folios 8 al 46 y 47 al 86 del

expediente digital. Para demostrar su inconformidad aduce que aun cuando del análisis de los contratos del trabajo que sostuvo con la EST el juzgador plural coligió que desempeñó distintas funciones durante su vinculación, «debido a que en la carátula de cada uno de ellos (F. 284 y 287 respectivamente), específicamente en el ítem de cargo desempeñado, para el primer contrato, aparece como AUXILIAR ADMINISTRATIVO, mientras que en el tercero, aparece como AUXILIAR DE APOYO», por cuanto dejó de leer detenidamente cada uno de estos contratos, particularmente la cláusula segunda, en la que se destaca que las labores a desarrollar fueron idénticas y que su remuneración siempre correspondió al monto de $1.200.000; rubro que también se certificó y emergía del documento visto a folio 87 del plenario. Precisa que así demostró el factor sobre el cual debían liquidarse las prebendas convencionales causadas a su favor. Argumenta que aun cuando el sentenciador de la alzada «concluye, cotejando el contenido de los contratos de trabajo suscritos, con la certificación expedida por la EST»,

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Radicación n.° 100683 que debido a los cambios de denominación del cargo, el actor desempeñó diferentes actividades al interior del Fondo Nacional del Ahorro, pasó por alto que el testimonio rendido por Jhon Jairo Peña Andrade, a pesar de ser «descalificado», dio cuenta de que siempre desempeñó, o al menos durante el tiempo que compartieron, las mismas funciones contratadas, sin variaciones, las que debido a la naturaleza

jurídica de la entidad correspondían al objeto misional de esta, al encargarse de la atención al cliente de ahorro voluntario, cesantías y créditos. En cuanto a los contratos estatales números 198 de 2010; 168 de 2011; y 60 de 2012 acota que el fallador de segundo grado «obtuvo» los requerimientos de contratación por parte de la entidad y estableció que estos fueron disímiles «para cada uno de los contratos suscritos» cuando en verdad, en cada oportunidad, el análisis de conveniencia en el que se justificaba la necesidad de contratar una empresa de servicios temporales, iba dirigida a que, se suministrara el personal necesario para soportar y apoyar las actividades misionales y conexas del FNA de acuerdo a las metas establecidas en el Plan Estratégico 2011-2014. Indica que se soslayó por parte del fallador de segunda instancia, las liquidaciones de prestaciones sociales correspondientes a cada uno de los contratos suscritos, de las que surge el salario devengado durante la totalidad del vínculo, así como los cargos desempeñados; lo que también emerge de los documentos vistos a folios 248 a 281, correspondientes a la totalidad de los comprobantes de pago, en los que, además, se respalda la vigencia de cada

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Radicación n.° 100683 uno de los contratos suscritos. Aduce que no podía el sentenciador de la apelación, «hacer un análisis exegético sobre los contratos de trabajo suscritos y la certificación expedida por la empresa de servicios temporales TEMPORALES UNO A BOGOTA SAS

(hoy en liquidación)», sin considerar el contexto y sin ver más allá del contenido formal de los mismos, dejándose de avizorar adicionalmente que del testimonio rendido al interior de la actuación, se deriva que, contrario a lo expresado en documentos, las labores que le fueron encomendadas no variaron muy a pesar del cambio en la denominación del cargo. Señala que se desconoció que al tenor del capítulo 1, artículo 3, de las convenciones colectivas de trabajo denunciadas como no examinadas, se advierte que se aplican a los trabajadores oficiales que laboran al servicio del Fondo Nacional del Ahorro; calidad que reconoció la juez unipersonal en la decisión de primer grado, al quedar demostrado que la intervención de Temporales Uno A S. A.

S. se dio exclusivamente como un distractor de su verdadera condición; tal y como se definió a través de la providencia CSJ SL2857-2021, de la que transcribe un fragmento.

Por lo expuesto, sostiene que resulta procedente el reconocimiento de los beneficios extralegales a su favor, como consecuencia de la aplicación directa de la CCT, los que han debido liquidarse con los ingresos que aparecen

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Radicación n.° 100683 demostrados en el expediente.

VII. RÉPLICA El Fondo Nacional de Ahorro se opone a la prosperidad del cargo manifestando que en su formulación se incurre en errores de técnica que impiden su estudio de fondo, en tanto integra la proposición jurídica con normas de orden procesal pues, aun cuando se refiere a algunas de naturaleza sustancial, no realiza un desarrollo tendiente a

demostrarle a la Corte como se produjo su aplicación indebida por parte del sentenciador de segundo grado, sino que corresponde a un alegato de instancia improcedente en sede extraordinaria. A pesar de lo anterior indica que de conformidad como se demostró en la actuación, el actor sostuvo una vinculación laboral con la EST Temporales Uno A Bogotá S.

A. S., la que le pagó los salarios y prestaciones sociales causadas y lo afilió al Sistema de Seguridad Social; de manera que el colegiado no se equivocó en el examen de los medios de prueba denunciados en la acusación.

Destaca que no resulta dable predicar la existencia de una relación laboral, ya que se probó que el promotor de la contienda fue trabajador en misión y en esa medida, la EST fue su verdadero empleador, motivo por el que realizó la respectiva contratación y suscribió los correspondientes contratos de obra o labor, cumpliendo con la totalidad de las obligaciones emanadas de tales vínculos. Lo que hace

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Radicación n.° 100683 inviable el reconocimiento de las prebendas convencionales en tanto únicamente benefician a quienes tuvieran la condición de trabajadores oficiales.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la decisión de segunda instancia por la «VÍA DIRECTA», en la modalidad de infracción directa del artículo 1 del Decreto 797 de 1949, el cual sustituyó el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945.

Relaciona como errores de hecho:

1. Dar por demostrado sin estarlo, que el FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO, obró bajo los

parámetros establecidos en la ley, por cuanto, a pesar de haber suscrito 3 contratos que superaban, en total, el máximo previsto por la Ley 50 de 1990, cada uno de ellos, obedeció a distintos análisis de gestión al punto que, dos (2) de ellos, tuvi