CSJ - SL2319-2024

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL2319-2024 Radicación n.° 100064 Acta 31 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veinticuatro (2024). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por JUAN CARLOS ROMERO NAVARRO, contra la sentencia proferida el 20 de mayo de 2022, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso que adelantó contra CBI COLOMBIANA SA y la REFINERÍA DE CARTAGENA SAS - REFICAR, al que se llamó en garantía a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE

FIANZAS SA – CONFIANZA SA y LIBERTY SEGUROS SA.

La Sala se abstiene de reconocer personería adjetiva a Héctor Mauricio Medina Casas, quien dice actuar como representante judicial de Liberty Seguros SA, y no acreditó su calidad de abogado, como lo dispone el artículo 22 del Decreto 196 de 1971.

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Radicación n.° 100064

I. ANTECEDENTES Juan Carlos Romero Navarro llamó a juicio a CBI Colombiana SA y a Reficar SAS, para que se declarara, que las sumas que recibía mensualmente por «bonificación mensual», incentivo de productividad e incentivo por trabajo en días festivos retribuyeron el servicio y por ende, eran salario en los términos del artículo 127 del CST.

En consecuencia, se condenara a CBI Colombiana SA y solidariamente a Reficar SA hoy SAS, a reliquidar y

pagarle: el trabajo suplementario, horas extras ordinarias, horas por trabajo dominical y festivo y, horas extras dominicales y festivas y, las prestaciones sociales «(Primas, Cesantías, intereses de cesantías, vacaciones)», al pago de la indemnización prevista en el artículo 64 del CST debidamente indexada y los aportes a la seguridad social y parafiscalidad en forma completa, «al pago de la Indemnización Moratoria por falta de pago prevista en el parágrafo 1 del artículo 65 del Código sustantivo del trabajo a partir del 12 de Julio de 2013», a lo que resulte probado extra y ultra petita y, las costas y agencias en derecho (negrita del original). En escrito de reforma a la demanda (f.° 459-460 cuaderno del juzgado) adicionó pretensiones de condena, por la sanción contemplada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a partir del 15 de febrero de 2011, al pago del incentivo de productividad causado desde el 1 de mayo de

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Radicación n.° 100064 2012 hasta julio de 2013, la devolución y reembolso de los dineros retenidos sin autorización. Como fundamento de sus peticiones, expuso que: celebró contrato de trabajo con CBI Colombiana SA por duración de la obra o labor del 4 de noviembre de 2010 al 11 de julio de 2013, para desempeñar los cargos de «Operador Excavadora, Capataz Civil y Capataz General I y II», con una asignación mensual de $2.388.540

correspondiente a $1.647.270 por salario básico y $741.270 por bonificación mensual que devengó durante toda la vigencia de la relación laboral. Indicó que, del 4 de noviembre de 2010 hasta abril de 2011 se tuvo en cuenta para liquidación del trabajo suplementario además del salario, la bonificación mensual devengada y, desde mayo de 2011, únicamente el valor del salario básico con el que también liquidó las prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, a pesar de que aquel rubro era factor salarial. Dijo que se pactó mediante otrosí, un incentivo de productividad pagadero a partir del mes de mayo de 2012 siempre que se lograran las metas de expansión de la Refinería de Cartagena, pero únicamente le fue cancelado por el empleador en el mes de noviembre de ese año, suma que no fue tenida en cuenta para el pago de prestaciones sociales y aportes a seguridad social, lo que también ocurrió con el incentivo por trabajo en días festivos, pagado en el mes de abril de 2013 por CBI Colombiana SA.

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Radicación n.° 100064 Recordó que el 11 de julio de 2013, el empleador dio por terminado su contrato de trabajo de manera unilateral y sin justa causa cuando apenas se había cumplido el 89% de la obra para la que fue contratado, que culminó en el mes de julio de 2015. Informó que a la finalización del vínculo no le fue entregado el estado de pagos a la seguridad social y parafiscales conforme el parágrafo 1 del artículo 65 del CST, se le retuvo y descontó sin su

autorización, en vigencia del contrato, parte de sus acreencias laborales, así como que Reficar SAS era la dueña y beneficiaria de la obra realizada por CBI Colombiana SA. Reficar SAS se opuso a los pedimentos «por carecer de fundamentos» y, no aceptó ninguno de los hechos. Manifestó que nunca fue empleadora del demandante y sostuvo que de la lectura del artículo 34 del CST emergía que no bastaba con que la codemandada fuera una contratista para que se lograra imputarle, con éxito, la condición de deudor solidario de las acreencias que se reclamaron en este proceso. Excepcionó prescripción y, las que tituló, inexistencia de las obligaciones y, la innominada o genérica (f.° 295-304 cuaderno del juzgado). Llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de Fianzas SA – Confianza SA y, a Liberty Seguros SA (f.° 334-336 cuaderno del juzgado).

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Radicación n.° 100064 CBI Colombiana SA se opuso a las pretensiones. De los hechos, aceptó la vinculación con el promotor del juicio y que fue contratista de Reficar SAS. En su defensa alegó que a partir del 1 de diciembre de 2011 se produjo un cambio en la modalidad contractual del demandante pasando de ser un contrato por duración de la obra o labor a uno a término indefinido, «resultando irrelevante el porcentaje de avance de la disciplina CivilConcreto del proyecto» y, que el mismo feneció por decisión unilateral de la empresa con el pago de la indemnización correspondiente.

De la bonificación por asistencia que le subrogó, refirió que no remuneraba el servicio, pues su pago estaba condicionado a la asistencia puntual en el sitio de trabajo, su no retiro del mismo y al cumplimiento de «típicas obligaciones de “Seguridad y Salud en el Trabajo”». Refirió que no se precisó en la demanda la «rigurosa puntualización del trabajo suplementario que se tilda de deficientemente calculado y pagado», lo que hacía imposible una condena. Propuso las excepciones de prescripción, pago y compensación y, las que llamó, inexistencia de obligaciones, buena fe y, la genérica (f.° 364-390 cuaderno del juzgado). Liberty Seguros SA se opuso al llamamiento en garantía. Aceptó los hechos que motivaron su vinculación, a excepción del pago del 100% de las obligaciones reclamadas.

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Radicación n.° 100064 Indicó que de la póliza aportada al proceso se advertía la existencia de un coaseguro entre la aseguradora Confianza SA y Liberty Seguros SA, a través del cual, pactaron asegurar un riesgo en conjunto, asumiendo cada una un porcentaje del mismo, tal como lo permite el artículo 1095 del C. Co. Por lo anterior, precisó que es Confianza SA quien sostiene el vínculo directo con el asegurado y en virtud del mismo recibe el valor total de la prima, para posteriormente redistribuirlo entre ella y Liberty SA, por lo que, en el evento de un siniestro Confianza SA deberá responder por el 80,7% y Liberty SA

por el 19,30%, «sin que sea posible sobrepasar el límite señalado». Agregó que dentro de la cobertura de la póliza emitida y cuya beneficiaria es CBI Colombiana SA, no se encuentra incluida la correspondiente a la sanción del artículo 65 del CST. Interpuso las excepciones de falta de cumplimiento de los requisitos para afectar la póliza de cumplimiento EX000898, improcedencia del pago del siniestro por parte de Liberty Seguros SA a «Reficar SA», improcedencia al pago de sanción moratoria a cargo de la aseguradora, suma asegurada como límite máximo de la responsabilidad de la aseguradora, disminución del valor de la póliza EX000898 expedida por Confianza SA, límite del porcentaje del riesgo a cargo de Liberty Seguros SA y, la responsabilidad indemnizatoria del asegurador no puede constituirse en fuente de enriquecimiento (f.° 513-521 cuaderno del juzgado).

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Radicación n.° 100064 La Compañía Aseguradora de Fianzas SA – Confianza SA, se opuso al llamamiento en garantía. Admitió los hechos atinentes a su vinculación, a excepción del pago del 100% de las obligaciones reclamadas. Refirió que de acuerdo con las condiciones generales de la póliza de cumplimiento con base en la cual se le llamó en garantía, no cubre indemnizaciones diferentes a la establecida en el artículo 64 del CST, es decir, que solamente ampara el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnización por despido sin justa causa. Indicó que en el remoto evento en que fuera condenada, el pago a

realizar no podría exceder el 80.70% del valor de la condena que se impusiera al asegurado, en razón al coaseguro existente con Liberty SA. Alegó excepciones de falta de agotamiento de la reclamación administrativa frente al asegurado llamante en garantía «REFICAR S.A.»; no cobertura de hechos y pretensiones de la demanda, tales como indemnizaciones moratorias ni de los intereses moratorios consagrados en el artículo 65 del CST, sanciones numeral 3 artículo 1 de la Ley 52 de 1975, ni seguridad social, ni indemnizaciones por estabilidad reforzada Ley 361 de 1997, ni enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, ni bonificaciones, indexaciones o intereses, ni horas extras o trabajo suplementario, ni costas ni agencias en derecho, ni reintegros; bonificación por asistencia no podrá determinarse como factor salarial; el seguro no tiene

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Radicación n.° 100064 cobertura de prestaciones extralegales o convencionales, ni perjuicios morales, ni lucro, por expresa exclusión; existencia de coaseguro consecuente inexigibilidad de eventual afectación del seguro en un 100%; improcedencia de condena por concepto de aportes a salud y riesgos laborales; no cobertura de vacaciones y, máximo valor asegurado (f.° 530-542 cuaderno del juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena, concluyó el trámite y emitió fallo el 30 de mayo de 2018 (CD

a f.° 600 cuaderno del juzgado), en el que resolvió: PRIMERO: DECLARAR la condición de salario de la bonificación asistencia y HSE o bono de asistencia, pagada por la entidad CBI COLOMBIANA SA al actor JUAN ROMERO NAVARRO, de conformidad a la sustentación efectuada en esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción parcialmente sobre las diferencias salariales y prestacionales causadas al 27 de abril del año 2013, de conformidad a las precisiones de esta providencia. DECLARAR PROBADA la excepción de buena fe propuesta por CBI COLOMBIANA SA frente a la indemnización moratoria reclamada arts. 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990 y, DECLARAR PROBADA la excepción de inexistencia de la obligación frente a la referida a indemnización por terminación unilateral e injusta del contrato de trabajo, y tener por no probadas las restantes excepciones propuestas por las demandadas.

TERCERO: CONDENAR a la entidad CBI COLOMBIANA SA a pagar al actor JUAN ROMERO NAVARRO, las diferencias salariales y prestacionales conforme al siguiente cuadro:

A. Diferencias salariales desde 27 de abril de 2013, la suma de

$2.221.773, especificados así:

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Radicación n.° 100064 Hora extra diurna $1.375.898 Hora dominical $777.936 Hora extra dominical festiva y $67.939 diurna $2.221.773

B. Diferencias prestacionales la suma de $1.765.798, conforme

a los siguientes valores:

PRESTACIONES 2011 2012 2013

SOCIALES AUXILIO DE $253.644 $503.398 $318.153

CESANTÍAS

INTERESES DE $129.023

CESANTÍAS

PRIMAS DE $318.153

SERVICIO VACACIONES $110.151 $133.276

Sobre tales valores se han de pagar las diferencias indexadas desde la fecha de terminación del contrato de trabajo, a la fecha del efectivo cumplimiento o pago de tales valores, de conformidad a las precisiones dadas en esta providencia CUARTO: CONDENAR a la entidad CBI COLOMBIANA SA a efectuar las cotizaciones por concepto de aportes a Seguridad Social en Pensión, a la AFP a la cual estuviera afiliado el actor, conforme a las diferencias expuestas en esta providencia y corresponden al siguiente cuadro: 2011 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre $398.361 $542.148 $546.862 $427.826 $361.825 $373.611 $393.090 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembr Diciembre e $317.327 $574.594 $528.361 $352.241 $435.017 $324.537 $739.703 $504.746 $701.888 $634.824 $652.156 $275.377 2011 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio $223.830 $906.892 $465.343 $1.211.574 $391.287 $303.836 $315.076

QUINTO: CONDENAR a la demandada REFINERÍA DE CARTAGENA SA – REFICAR, solidariamente en su condición de beneficiaria de la obra respecto a las condenas impuestas en los

ordinales anteriores.

SEXTO: ABSOLVER a las compañías ASEGURADORA DE FIANZAS SA – CONFIANZA SA y LIBERTY SEGUROS SA frente a la solicitud de amparo derivado del llamamiento en garantía propuesto por la entidad REFINERÍA DE CARTAGENA SA.

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SÉPTIMO: CONDENAR en costas a las empresas demandadas CBI COLOMBIANA SA y REFINERIA DE CARTAGENA SA. Se imponen agencias en derecho en cuantía equivalente al 15% del valor de las condenas impuestas en esta providencia, actualizadas a la fecha de su ejecutoria. Y sobre la obligación de efectuar los aportes al Seguridad Social en Pensión del ordinal 4 se adiciona, 1 SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta providencia, y 1 SMLMV a cargo de REFICAR SA y a favor de cada una de las llamadas en garantía AEGURADORA DE FIANZAS SA – CONFIANZA SA y LIBERTY SEGUROS SA, frente a la no prosperidad de aquel llamado.

SÉPTIMO (sic): ABSOLVER a la demandada de las restantes pretensiones de la demanda. Inconforme el demandante y las sociedades demandadas, apelaron.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver los recursos, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, profirió fallo el 20 de mayo de 2022 (f.° 29-44 cuaderno del Tribunal – expediente

digital), en el que dispuso:

PRIMERO: REVOCAR los numerales PRIMERO, TERCERO,

CUARTO, QUINTO, de la sentencia apelada de fecha 30 de mayo de 2018, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena en este proceso Ordinario laboral de JUAN CARLOS ROMERO NAVARRO contra CBI COLOMBIANA S.A., REFICAR S.A. y las llamadas en garantía LIBERTY SEGUROS S.A. y CONFIANZA S.A., para en su lugar ABSOLVER las demandadas CBI COLOMBIANA S.A. y REFICAR S.A., de las condenas impuestas, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva por las razones expuestas en la parte motiva (sic).

SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral SEGUNDO de la sentencia apelada de fecha 30 de mayo de 2018, que

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Radicación n.° 100064 declaró probada parcialmente la excepción de prescripción, pues, no habiendo resultado diferencias a favor del demandante no es procedente declarar esta excepción.

TERCERO: REVOCAR parcialmente el numeral SÉPTIMO de la sentencia, para en su lugar ABSOLVER a CBI COLOMBIANA S.A. y REFICAR S.A. de la condena en costas de primera instancia.

CUARTO: Sin costas en esta instancia. Se autoriza a la secretaria de esta Sala, teniendo en cuenta que no hay más gastos que liquidar, que una vez allegado el sub lite a dicha dependencia y ejecutoriada la providencia, proceda a enviar el mismo al juzgado de origen.

Fijó los problemas jurídicos así: «i) determinar la incidencia salarial de la bonificación de asistencia, ii)

terminación del contrato, iii) indemnización moratoria del parágrafo 1 del artículo 65 del CST». Como hechos fuera de debate tuvo la existencia de un contrato de trabajo «de obra o labor determinada» entre CBI Colombiana SA y Juan Carlos Romero Navarro desde el 4 de noviembre de 2010 hasta el 11 de julio de 2013, para desempeñarse como operador excavadora, «buldócer» y motoniveladora. Para resolver la indemnización moratoria del parágrafo 1 del artículo 65 del CST, tuvo por acreditado que tal pretensión sí fue objeto de la demanda inicial por lo que, contrario a lo sostenido por el a quo, no había lugar a negarla bajo el argumento de falta de precisión de la petición.

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Radicación n.° 100064 Luego de rememorar el contenido en la norma y la que interpretación que de la misma hiciera esta Corte en sentencia «No 12041 de 2016» en la que recordó que el incumplimiento por parte del empleador en la obligación allí contenida, no genera la ineficacia del despido ni el restablecimiento del contrato, «lo que descarta que tal protección se encamine a la estabilidad en el empleo», descendió al sub lite y encontró que: […] la relación laboral terminó el día 11 de julio de 2013, y de acuerdo con la normatividad a que nos hemos venido haciendo referencia (sic), el empleador debió informar por escrito dentro de los 60 días posteriores a la terminación, a la última dirección registrada del trabajador, el estado de pago de aportes a seguridad social y parafiscales de los últimos tres meses

anteriores a la terminación. Meses estos que para el caso que nos ocupan serían abril, mayo y junio de 2013 ya que se paga mes vencido. Precisó que la indemnización contemplada no es de aplicación automática, que para su imposición debe analizarse la conducta del empleador y determinar si estuvo revestida o no de buena fe y que, en el caso bajo estudio «esta Sala pudo verificar dentro del plenario más exactamente a folio 417 el “certificado de aportes al sistema de la protección social” de los períodos del 04/2013 al 07/2013, los cuales fueron pagados por la parte demandada por lo que no resulta aplicable la sanción contenida en el parágrafo 1 del artículo 65 del CST» y, añadió: Por otro lado, no le asiste razón al apelante cuando solicita se aplique esta sanción al no haberse acreditado el pago total de los aportes de seguridad social durante todo el tiempo laborado, pues el artículo en mención, solo exige que se acredite el pago

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Radicación n.° 100064 de los últimos tres meses de seguridad social y parafiscales, cuestión que se encuentra acreditada en el presente asunto, por lo que no salen avante las pretensiones de la parte demandante, confirmándose este aspecto de la sentencia recurrida. Asentó, que la demandada terminó el contrato de trabajo sin justa causa el 11 de julio de 2013, con el pago de la indemnización, por lo cual, no era procedente impartir condena. Se refirió, además, a la naturaleza salarial del bono de asistencia, para lo cual se remitió a lo dispuesto en los

artículos 127 y 128 del CST y en la sentencia CSJ SL51592018 y de las probanzas arrimadas a los autos infirió que las partes inicialmente acordaron que de llegar a causarse sí tendría incidencia salarial, posteriormente, el 28 de abril de 2011 a través de otrosí, reiteraron su acuerdo sobre el acogimiento a la política salarial de Reficar SAS, en la que se acordó que esa bonificación no integraría la base de liquidación de los recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical, festivo y las vacaciones disfrutadas en tiempo, mientras que sería tenida en cuenta para el cálculo de prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, contribuciones parafiscales, indemnización por despido sin justa causa y, vacaciones compensadas en dinero. También se pactó que, de causarse, sería calculada y pagada por mes laborado o proporcionalmente por el tiempo de servicio. Concluyó que a pesar de estar demostrado que el pago por bonificación de asistencia era retributivo del servicio y se daba de manera habitual, el pacto suscrito entre las

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Radicación n.° 100064 partes no desconoció su carácter salarial, sino que lo excluyó de la base de liquidación de trabajo suplementario y vacaciones disfrutadas en tiempo, lo que consideró permisible de acuerdo a la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, por lo que «resultaba válido y vinculante para ambas partes» y resaltó que no se tuvo en cuenta para liquidar «conceptos de menor incidencia, recuérdese que la bonificación si era tenida en cuenta para el cálculo de

prestaciones sociales (cesantías, intereses y primas de servicio), aporte[s] a la seguridad social, contribuciones parafiscales, indemnización por despido sin justa causa y vacaciones compensadas en dinero, conceptos a todas luces de mayor notabilidad».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto el demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita a la Corte case totalmente la sentencia gravada y, en sede de instancia, «REVOQUE PARCIALMENTE la sentencia de primer grado, en cuanto absolvió de la indemnización moratoria del parágrafo 1 del artículo 65 del CST, indemnización moratoria del numeral 3 del artículo 99 de la ley 50 de 1990» y, en su lugar, «condene a la indemnización moratoria del parágrafo 1 del artículo 65 del CST, indemnización moratoria del numeral 3 del artículo 99

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Radicación n.° 100064 de la ley 50 de 1990, garantice los derechos mínimos e irrenunciables y confirme en lo demás». Con tal propósito propone cuatro cargos, por la causal primera de casación, que recibieron réplica y, enseguida se estudian, en conjunto los tres primeros dada su identidad de propósito, y coincidencia de argumentación.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía directa acusa interpretación errónea del parágrafo 1 del artículo 65 del CST, que generó la infracción directa del artículo 48 de la CN.

Sostiene que la vulneración provino de considerar, teniendo en cuenta que el contrato de trabajo terminó el 11 de julio de 2013, que los últimos tres meses anteriores al finiquito son abril, mayo y junio, «excluyendo el mes de julio de cobertura como si este no fuera el último mes laborado, o dicho de otra forma como si el mes de julio no estuviera comprendido dentro de los tres últimos meses trabajados», lo que en su decir, resulta desacertado, toda vez que «la interpretación correcta y lógica de la norma es entender que los tres últimos meses son mayo, junio y julio y no abril, mayo y junio como erróneamente lo entendió el Tribunal, al excluir julio pese a ser el último mes laborado». Sustenta su reparo en la sentencia CSJ SL516-2013. Indica, que también se incurre en yerro de hermenéutica de la norma, pues,

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Radicación n.° 100064 […] es obvio entender que no se puede interpretar una norma con apego literal al texto, frente al pago de los últimos tres meses, toda vez que, la finalidad del parágrafo 1 del artículo 65 del CST es garantizar la sostenibilidad financiera del sistema en virtud del artículo 48 de la constitución, y esto no se lograría solamente con la exigencia del pago de los últimos tres meses, sino con la exigencia de la totalidad de los pagos de todo el periodo en que tuvo vigencia el contrato de trabajo. Señala que las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social nacen desde el inicio del contrato y solo se extinguen con el pago de los aportes, garantía que «no solo

se logra exigiendo tres meses, sino coaccionando para que pague de forma completa todos los aportes a que haya lugar, generados por el tiempo en que estuvo vigente la relación laboral», por lo que el juzgador de alzada «no realizó un ejercicio hermenéutico con el fin de desentrañar el verdadero sentido y alcance del parágrafo 1 del artículo 65 del CST, sino que simplemente optó por apegarse a la literalidad del texto sin ahondar ni dar razones que justificaran por qué razón únicamente debe exigirse los tres últimos meses».

VII. CARGO SEGUNDO Por la vía directa, acusa aplicación indebida del parágrafo 1 del artículo 65 del CST, que generó la infracción directa del artículo 48 de la CN.

El soporte coincide con los argumentos expuestos en el anterior y a los que se remitirá la Sala al momento de resolver.

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VIII. CARGO TERCERO Por la vía indirecta por aplicación indebida del parágrafo 1 del artículo 65 del CST con relación a los artículos 1626 y 1627 del CC, «y como medio» los artículos 60, 61 y 145 del CPTSS y, 164, 165, 166, 167 y 176 del

CGP. Como causa eficiente de la violación endilga al Tribunal la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandado cumplió con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscalidad de los tres últimos meses a la terminación del contrato.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que con el certificado de

aportes al sistema de protección social, el demandado acreditó el pago de los últimos tres meses de aportes al sistema de seguridad social y parafiscalidad.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada no acreditó el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscalidad sobre los salarios de los tres últimos meses ni sobre los salarios de todo el tiempo laborado.

Asevera que los citados yerros resultaron de la mala valoración de: el certificado de aportes al sistema de protección social (f.° 417) y, como no apreciadas la carta de terminación del contrato (f.° 409), carta de 11 de julio de 2013 (f.° 416), volantes de pago y liquidación final de prestaciones sociales (f.° 410).

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Radicación n.° 100064 Asevera que el documento adosado al folio 417 que soportó la decisión de segunda instancia, no acredita el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social por los ciclos de abril a julio de 2013; resalta que «la parte donde se indica 04/2013 al 07/2013 solo es un simple formato donde toma el mes de expedición como una última fecha del período», pues la parte inferior izquierda del documento permite evidenciar que fue impreso el 11 de julio de 2013, «por lo que se deduce fácilmente que, a esa fecha no se acredita el pago del mes de julio», máxime cuando en la carta de terminación del contrato de trabajo así como en la de folio 416, «el empleador manifiesta anexar comprobante de pago [d]el periodo de abril al 30 de junio de 2013 y

afirma que el mes de julio le será enviado por correo. Es decir, esto confirma que el mes de julio no fue pagado» (resaltado del original). Sostiene que de haberse apreciado adecuadamente aquellas probanzas, la conclusión a la que debía arribar el Tribunal era a la de que el empleador no pagó el mes de julio de 2013 y tampoco acreditó en el curso del proceso haberlo hecho, lo que a todas luces apertura la procedencia de la indemnización deprecada ante la ausencia de un actuar de buena fe por parte del empleador.

IX. RÉPLICA Para la Refinería de Cartagena SAS no existió infracción del parágrafo 1 del artículo 65 del CST, pues su tenor literal no admite más de una interpretación y, la

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Radicación n.° 100064 inconformidad relacionada con que debería verificarse el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en vigencia de toda la relación laboral «correspondería a una controversia sin trascendencia para los propósitos del quiebre del fallo», porque el recurrente aceptó la realización de tales pagos «solo que los calificó de deficitarios, por no haber sido colacionados en el ingreso base de liquidación unos factores que tildó de “salarial”», por lo que los argumentos expuestos en los cargos, en su consideración, resultan extemporáneos.

X. CONSIDERACIONES El Tribunal no encontró procedente la sanción contemplada en el parágrafo 1 del artículo 65 del CST, porque: […] la relación laboral terminó el día 11 de julio de 2013, y de

acuerdo con la normatividad a que nos hemos venido haciendo referencia, el empleador debió informar por escrito dentro de los 60 días posteriores a la terminación, a la última dirección registrada del trabajador, el estado de pago de aportes a seguridad social y parafiscales de los últimos tres meses anteriores a la terminación. Meses estos que para el caso que nos ocupan serían abril, mayo y junio de 2013 ya que se paga mes vencido. Recordó que, en todo caso, su imposición no es automática y que para ello debe analizarse la conducta del empleador a fin de establecer si estuvo o no revestida de buena fe; para ello verificó que «dentro del plenario más exactamente a folio 417 el “certificado de aportes al sistema de la protección social” de los periodos del 04/2013 al

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Radicación n.° 100064 07/2013, los cuales fueron pagados por la parte demandada», por lo que no consideró viable su aplicación. Refirió, además, que la norma en mención, contrario a lo afirmado por el demandante, «solo exige que se acredite el pago de los últimos tres meses de seguridad social y parafiscales, cuestión que se encuentra acreditada en el presente asunto». Reza el parágrafo 1 del artículo 65 del CST: Para proceder a la terminación del contrato de trabajo establecido en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador le deberá informar por escrito al trabajador, a la última dirección registrada, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la terminación del contrato, el estado de pago de

las cotizaciones de Seguridad Social y parafiscalidad sobre los salarios de los últimos tres meses anteriores a la terminación del contrato, adjuntando los comprobantes de pago que los certifiquen. Si el empleador no demuestra el pago de dichas cotizaciones, la terminación del contrato no producirá efecto. Sin embargo, el empleador podrá pagar las cotizaciones durante los sesenta (60) días siguientes, con los intereses de mora. Ha sostenido esta Corporación, entre muchas en sentencia CSJ SL, 30 en. 2007, rad. 29443, que la obligación que se ampara con la sanción bajo estudio es la de pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, durante toda la vigencia del vínculo laboral, que no, únicamente en los 3 últimos meses como parece entenderlo el Tribunal, así se explicó en aquel fallo: Sea lo primero indicar que la condición de eficacia para la terminación de los contratos de trabajo prevista en el artículo 65 del C.S.T., modificado por el artículo 29 de la Ley 789 del

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Radicación n.° 100064 2002, es un mecanismo de garantía de cobertura real y concreta para e