CSJ - SL2322-2023

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL2322-2023 Radicación n.° 96368 Acta 34 Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARÍA OLIVA RUIZ BETANCUR contra la sentencia proferida el 12 de agosto de 2022 por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que instauró contra la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES).

I. ANTECEDENTES Accionó la demandante contra Colpensiones, para que le reconociera la pensión de vejez, más el retroactivo, las mesadas adicionales y los intereses moratorios.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el 8 de diciembre de 1946; por lo que tenía más de 35 años

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Radicación n.° 96368 de edad al 1° de abril de 1994; que laboró para distintos empleadores del sector privado y; fue afiliada al ISS el 11 de octubre de 1985. Manifestó que su historia laboral presentaba inconsistencias y deudas por no pago o cesación de cotizaciones, en los períodos que van del 1° de febrero de 1986 al 31 de mayo de 1989 y, desde el 1° de mayo de 1990 hasta el 14 de mayo de 1991, con los empleadores Socorro Saldarriaga Mora y Confecciones Korlens, los cuales corresponden a 227,85 semanas, que al ser sumadas a las

321,61 que sí fueron efectivamente cotizadas, ascienden a un total de 549,46 dentro de los 20 años anteriores a la fecha en que cumplió los 55 de edad. Finalmente, señaló que presentó reclamación administrativa ante la demandada, el 13 de febrero de 2019. Al contestar, Colpensiones se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió la fecha de la afiliación de aquella al ISS, las inconsistencias a las que alude en la demanda y la fecha de la reclamación. Sostuvo, que las relaciones laborales argüidas, debieron discutirse en el proceso, por lo tanto, no es posible tener en cuenta las 297,85 semanas producto de esos nexos, pues, explica, los empleadores debieron vincularse al juicio, máxime, que está demostrado que hubo cesación de pagos, lo que significa, que fueron períodos que no trabajó la demandante. Finalmente refirió que mediante la Resolución GNR059734 del 13 de abril de 2013, le otorgó a la actora la

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Radicación n.° 96368 indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por la suma de $3.244.354. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, ausencia de causa para pedir, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y compensación indexada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia pronunciada el 23 de marzo de 2022, decidió: PRIMERO: DECLARAR que la señora MARIA OLIVA RUIZ

BETANCUR, con CC No. […], es beneficiaria del Régimen de Transición que consagra el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en consecuencia le son aplicables las disposiciones del Decreto 758 de 1990, presupuesto normativo bajo el que acredita los requisitos necesarios para acceder al reconocimiento de la Pensión de Vejez.

SEGUNDO: DECLARAR que la prestación pensional antes descrita se causó desde el 08 de diciembre de 2001, pero solo comenzará a disfrutarse desde el 13 de febrero de 2016, conformándose por 14 mesadas al año, y por una suma equivalente al salario mínimo legal mensual vigente.

TERCERO: CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar a favor de MARIA OLIVA RUIZ BETANCUR, la suma de $68.554.776, por concepto de retroactivo pensional liquidado entre el 13 de febrero de 2016 y el 28 de febrero de 2022 incluidas las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada anualidad.

A partir del 1° de marzo de 2022, Colpensiones deberá continuar reconociendo y pagando a la demandante una mesada pensional por valor 1 SMLMV, sin perjuicios de los incrementos anuales de ley, conforme lo señalado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

CUARTO: AUTORIZAR a COLPENSIONES a descontar del retroactivo pensional reconocido, la suma de $3.244.354 por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez reconocida a la demandante, así como el valor de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud causadas, advirtiendo

que deberá dicha entidad trasladar la suma descontada a la correspondiente EPS de la demandante.

QUINTO: DECLARAR probada la excepción de COMPENSACIÓN,

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Radicación n.° 96368 parcialmente probada la de PRESCRIPCIÓN propuestas por COLPENSIONES, las demás excepciones propuestas se declaran no probadas.

SEXTO: CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer, liquidar y pagar a favor de MARIA OLIVA RUIZ BETANCUR los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 causados desde el 19 de junio de 2019, y hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de la obligación.

SÉPTIMO: CONDENAR en COSTAS a COLPENSIONES E.I.C.E., incluyendo como agencias en derecho, a favor de MARIA OLIVA RUIZ BETANCUR, la suma de $3.427.739 equivalente al 5% de la condena.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al conocer del recurso de apelación interpuesto por Colpensiones, así como del grado jurisdiccional de consulta surtido a favor de esta, la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 12 de agosto de 2022, revocó el de la a quo, y en su lugar, absolvió a la pasiva de las pretensiones de la demanda.

Planteó que el problema jurídico consistía en determinar si la actora cumple los requisitos para causar la pensión de vejez con la inclusión de los tiempos laborados al servicio de Confecciones Korlens y Socorro Saldarriaga.

Apuntó que no había controversia alguna sobre los siguientes hechos: (i) la demandante nació el 8 de diciembre de 1946, por lo que a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones tenía más de 35 años de edad; (ii) según la historia laboral más actualizada, registró 721,71 semanas entre el 11 de octubre de 1985 y el 31 de diciembre de 2011, de las cuales 321,6 corresponden a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad; (iii) la actora pidió la

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Radicación n.° 96368 pensión de vejez el 6 de febrero de 2009, que fue negada, y otra vez el 13 de febrero de 2019; y (iv) Colpensiones le otorgó una indemnización sustitutiva. Advirtió que, al ser beneficiaria del régimen de transición, la demandante tenía derecho a acceder a la pensión de vejez en cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Sin embargo, teniendo en cuenta la densidad de cotizaciones que tenía, no lograba causar el derecho a la prestación. Enseguida, revisó si era posible contabilizar las 227,85 semanas que según la demandante estaban en mora por parte de los empleadores Confecciones Korlens y Socorro Saldarriaga, así como las 38,57 que encontró el juzgado, derivadas de la cotización subsidiada al régimen general de pensiones a través del Consorcio Prosperar. En ese estudio, observó que en la historia laboral tipo

CAN, el ISS relacionó los siguientes períodos con la anotación «DEBIDO COBRAR»: del 1° de febrero de 1986 al 31 de mayo de 1989 con el empleador Socorro Saldarriaga; y del 1° de mayo de 1990 al 31 de diciembre de 1994 con Confecciones Korlens. El mismo documento registró que la primera de las mencionadas empleadoras afilió a la trabajadora el 11 de octubre de 1985 y la retiró el 31 de mayo de 1989, para un total de 1.326 días, equivalentes a 189 semanas; mientras que la segunda la ingresó el 27 de noviembre de 1989 y la

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Radicación n.° 96368 desvinculó el 14 de mayo de 1991, para 533 días o 76 semanas. Luego examinó «la historia laboral más actualizada expedida por COLPENSIONES», y encontró que en ella se registraban otros extremos temporales y diferente número de semanas. Discrepó de la valoración probatoria sugerida por la accionante y realizada por la juzgadora, pues ambas supusieron que las relaciones con estos empleadores fueron continuas, a sabiendas de que, en esos lapsos, la demandante también registró afiliaciones y cotizaciones con otros empleadores. Así, consideró que la actora tenía la carga de demostrar la existencia o no de esas relaciones laborales, y sus verdaderos extremos temporales,pues el hecho de que no se reportara la novedad de retiro no necesariamente significaba la continuidad de una relación laboral con un determinado empleador. Reforzó la premisa anterior con el análisis que hizo del

documento sin firma denominado «vicepresidencia de pensiones del ISS - historia laboral elaborada por el solicitante de prestación económica», en el que se relacionaron las empresas en las que laboró la demandante. Destacó que en ese escrito se diligenciaron como fechas de ingreso y retiro las mismas contenidas en la historia laboral más actualizada aportada por Colpensiones, es decir, un tiempo de afiliación inferior al aducido por la parte demandante.

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Radicación n.° 96368 Con base en ello, razonó: En efecto, la mora que se reclama en la presente Litis no se encuentra acreditada, no siendo posible tener la simple omisión de reportar la novedad de retiro al sistema general de pensiones, como un indicador de la continuidad de la relación laboral, pues declarar probado un hecho de esta magnitud y con tantas y definitivas implicaciones, no depende únicamente del reporte de una simple novedad, todo lo contrario, se requieren otros elementos probatorios que permitan evidenciar la existencia de esa relación laboral y su continuidad, para así declarar probado este supuesto fáctico con absoluta certeza, para ello debió valerse la parte demandante de todas las pruebas autorizadas y de las que pudo disponer o solicitar su práctica, en todo caso, relevantes e idóneas, ya sean documentales como un contrato de trabajo, las colillas del pago de nómina, o la liquidación definitiva de prestaciones sociales, entre otras, o en su defecto, en caso de no existir evidencia de tipo documental, pudo haberse solicitado la práctica de una prueba testimonial, y no haber dejado al azar

la demostración de este hecho, como efectivamente ocurrió; lo anterior en atención al postulado de la carga de la prueba al que hace referencia los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso, deber probatorio que estaba en cabeza de la parte demandante, quien lo desatendió por completo. Concluyó que, al no estar probado que la actora cotizó 1.000 semanas en cualquier tiempo, o 500 en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, había que negar la prestación deprecada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la del juzgado.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, replicado por Colpensiones.

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VI. CARGO ÚNICO Por la vía indirecta, denuncia la aplicación indebida del artículo 12 «del Decreto 758 de 1990», 36 de la Ley 100 de 1993, parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo 01 de 2005, y 48 de la CP.

Le endilga al colegiado los siguientes errores de hecho: a) Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora María Oliva Ruiz Betancur para las fechas 01/02/1986 hasta el 31/05/1989 y 01/02/1990 hasta el 14/05/1991 no contaba con vínculo laboral con los empleadores SOCORRO

SALDARRIAGA MORA y CONFECCIONES KORLENS, respectivamente. b) No dar por demostrado, estándolo, que la señora María Oliva Ruiz Betancur laboró para el empleador SOCORRO SALDARRIAGA MORA entre los periodos 01/02/1986 hasta el 31/05/1989, inclusive. c) No dar por demostrado, estándolo, que la señora María Oliva Ruiz Betancur laboró para el empleador CONFECCIONES KORLENS entre los períodos 01/05/1990 hasta el 14/05/1991, inclusive d) Dar por no demostrado, estándolo, que los empleadores SOCORRO SALDARRIAGA MORA y CONFECCIONES KORLENS, en virtud de la relación laboral sostenida con la señora María Oliva Ruiz Betancur; el primero por los periodos desde el 01/02/1986 hasta el 31/05/1989; y el segundo por los periodos del 01/02/1990 hasta el 14/05/1991 no pagaron los aportes al sistema general de pensiones ante el régimen de prima media con prestación definida, pese a haberla tenido vinculada al sistema general de pensiones. e) No dar por demostrado, estándolo, que los empleadores SOCORRO SALDARRIAGA MORA y CONFECCIONES KORLENS incurrieron en mora por los periodos adeudados a la señora María Oliva Ruiz Betancur desde el i) 01/02/1986 hasta el 31/05/1989 y ii) 01/02/1990 hasta el 14/05/1991, respectivamente, a satisfacción de la entidad administradora

del régimen de prima media con prestación definida. f) No dar por demostrado, estándolo, que la entidad de seguridad social en pensiones, Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones no ejerció las acciones de cobro para el recaudo de los aportes patronales que adeudaban los empleadores SOCORRO SALDARRIAGA MORA por el periodo comprendido entre 01/02/1986 hasta el 31/05/1989 y el

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Radicación n.° 96368 empleador CONFECCIONES KORLENS por el periodo comprendido 01/02/1990 hasta el 14/05/1991, que totalizan la densidad de 227,85 semanas g) Dar por no demostrado, estándolo, que la señora María Oliva Ruiz Betancur presenta en la historia laboral TIPO CAN del 17 de febrero del 2022 (F. 122-125 Exp. Digital de Primera Instancia) deudas por no pago, moras en la cotización de los aportes pensionales o cesación de cotizaciones por los siguientes periodos con el empleador SOCORRO SALDARRIAGA MORA por los períodos 01/02/1986 hasta el 31/05/1989 y con el empleador CONFECCIONES KORLENS por los periodos 01/02/1990 hasta el 14/05/1991; para un total de 227,85 semanas en mora. h) Dar por no demostrado, estándolo, que la historia laboral del 24 de diciembre de 2018 (F. 21-28 Exp. Primera Instancia) y la de fecha del 17 de febrero de 2022 (Fl. 111-122) Exp. Digital

de Primera Instancia) refleja periodos en estado de mora por parte de los empleadores SOCORRO SALDARRIAGA MORA y CONFECCIONES KORLENS, densidad de semanas incursas en deudas por no pago, moras en la cotización de los aportes pensionales o cesación de cotizaciones, el primer empleador por el periodo desde el 01/02/1986 hasta el 31/05/1989 y el segundo empleador por el periodo desde el 01/02/1990 hasta el 14/05/1991 para un total de densidad 227,85 semanas en mora, semanas que deben ser objeto de inclusión a las efectivamente cotizadas para acceder al derecho prestacional. i) Dar por no demostrado, estándolo, que la señora María Oliva Ruiz Betancur cuenta con la densidad de 549,43 semanas cotizadas por el interregno comprendido entre el 8 de diciembre de 1981 y hasta el 8 de diciembre de 2001, ello tiene soporte en: a) La densidad de 321,61 semanas cotizadas en dicho espacio temporal, b) La densidad de semanas objeto de deudas por no pago o cesación de cotizaciones y que deben ser canceladas por el espacio de I) 01/02/1986 hasta el 31/05/1989 y desde el ii) 01/02/1990 hasta el 14/05/1991; por la densidad de 227,85 semanas, en consideración a las pruebas indebidamente valoradas. j) Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora María Oliva Ruiz Betancur cuenta con un guarismo inferior a 500 semanas dentro del periodo comprendido 8 de diciembre de 1981 y hasta el 8 de diciembre de 2001; cuando en realidad,

el guarismo de semanas es muy superior a dicha cifra, es decir, cuenta con la densidad de 549,46 semanas en dicho espacio temporal. k) Dar por no demostrado, estándolo, que la señora María Oliva Ruiz Betancur contaba con los requisitos legales para acceder a la prestación económica de Pensión de Vejez contenido en el Decreto 758 de 1990, art. 12.

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Radicación n.° 96368 Como pruebas indebidamente apreciadas, relaciona las siguientes: a) Historia Laboral del 24 de diciembre del 2018, expedida por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones (Fl. 21-28 Exp. Digital de Primera Instancia). b) Historia Laboral del 17 de febrero del 2022, expedida por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones (Fl. 111-121 Exp. Digital de Primera Instancia). c) Historia Laboral del 17 de febrero del 2022, tipo Can expedida por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones (Fl. 122/125 Exp. Digital de Primera Instancia). En la demostración del cargo, asegura que las historias laborales del 17 de febrero de 2022 demuestran que el vínculo con Socorro Saldarriaga fue del 11 de octubre de 1985 al 31 de mayo de 1989, pero la empleadora no pagó los aportes desde el 1° de febrero de 1986, por lo que estaban en mora. Asimismo, la relación de trabajo con Confecciones Korlens se mantuvo desde el 27 de noviembre de 1989 hasta el 14 de mayo de 1991, pero este empleador omitió las

cotizaciones causadas desde el 1° de mayo de 1990, las cuales aparecían en la historia laboral con la anotación «período en mora por parte del empleador». Arguye que, conforme al artículo 24 de la Ley 100 de 1993, la administradora estaba obligada a cobrar tales semanas, no trasladarle a ella esa carga, y que, por lo tanto, deben ser incluidas en la contabilización de los septenarios exigidos para alcanzar el requisito legal. Revisa la historia laboral del 17 de febrero de 2022, visible a folios 122 a 125 del expediente, y expone: […] se puede detallar con el empleador SOCORRO SALDARRIAGA MORA ingreso desde el 11/10/1985 con un salario de $14.610,

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Radicación n.° 96368 así como que en fecha del 1/1/1986 refleja un cambio de salario por valor de $17.790 y en el mismo sentido, en dicho elemento de convicción se observa un pago de aportes hasta el 31/1/1986 con un salario de $17.790, pero lo que se deja de apreciar y es quizá el quid de la indebida valoración atribuible al colegiado, consiste en que en el mismo elemento aparece cambio de salario en fechas del 1/1/1987, en fecha del 1/1/1988, así como en fecha del 1/1/1989 y finalmente acontece el retiro en fecha del 31/5/1989; en su orden, con los siguientes salarios de $21.420, $30.150, $39.310, respectivamente, los dos últimos periodos con el último salario descrito. Y como si no bastara, en la misma

historia laboral se describe desde el 1/2/1996 y hasta el 31/5/1989 la anotación “Deu”, lo que deviene concordante con el mismo apartado final de la misma historia laboral sobre el debido cobrar, periodos en mora por este empleador y el estado total de la deuda para los riesgos “IVM”, “EGM” y “ATEP”, así se detalla fielmente en dicha prueba, peo ignorado por el Colegiado. Ahora, respecto del empleador CONFECCIONES KRLENS en la misma probanza, se evidencia que la fecha de ingreso lo que el 27/11/1989 con un salario de $39.310, luego en fecha del 30/4/1990 con un salario de $47.370, más adelante, en fecha del 1/1/1991 reporta un cambio de salario por valor de $54.360 y finalmente, reposa un retiro en fecha del 14/5/1991 con un salario de $54.630; aclarando, se refleja en la misma historia laboral un estado de “inc 1” con anotación “Deu”, y una vez contrastado estas anotaciones con la parte final de la misma historia laboral, aparece un debido cobrar por los períodos desde el 1/5/1990-14/5/1991 en los riesgos de “IVM”, “EGM”, “ATEP”, con una deuda por valor de $4.930.810, aspecto al que se puso al margen el sentenciador de segundo grado. Sostiene que el hecho de que simultáneamente aparezcan otros empleadores por los períodos indicados, no implica la exclusión de estos. Recuerda que las entidades administradoras del sistema pensional tienen una responsabilidad profesional y

el deber de custodiar las historias laborales, de manera permanente, y verificar la información a su cargo, para lo cual invoca la sentencia CSJ SL3691-2021. Por último, dice que no es acertada la apreciación que el fallador plural de la alzada hizo con base en el documento expedido por la Vicepresidencia de Pensiones del ISS, pues

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Radicación n.° 96368 este no fue firmado, «y una vez contrastado con los elementos provenientes de la misma entidad, la realidad en puridad es la que se plasmó en precedencia».

VII. RÉPLICA Colpensiones defiende la valoración probatoria desplegada por el ad quem, pues, aunque se reportaron unos períodos en mora, no era posible tenerlos en cuenta, debido a que no había certeza de la relación laboral.

Esgrime que, incluso si en gracia de discusión se tuvieran en cuenta los tiempos cuya contabilización depreca la censura, de todos modos, no podrían ser sumados para aumentar la cantidad de cotizaciones, toda vez que los aportes simultáneos no pueden ser contabilizados de manera independiente, premisa que soporta en las sentencias CSJ SL919-2023, SL4512-2021 y «42.299 del 2012». Subraya que la actora no acompañó un solo documento para acreditar la pervivencia del vínculo en los periodos reclamados, conclusión que fundó el fallo del sentenciador plural, y en casación ni siquiera se ataca.

VIII. CONSIDERACIONES Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal se equivocó al considerar que no era posible tener en cuenta los

tiempos reflejados en mora en la historia laboral de la demandante, con el fin de verificar si tiene derecho a la pensión legal de vejez o no.

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Radicación n.° 96368 Así, a folios 111 a 121 del expediente se aprecia el reporte de semanas cotizadas por la recurrente, actualizado al 17 de febrero de 2022. Asimismo, del folio 122 al 125 aparece la historia laboral tradicional –también denominada tipo CAN–, esto es, la que registraba los tiempos de cotización hasta el 31 de diciembre de 1994, también actualizada al 17 de febrero de 2022. Respecto de la empleadora Socorro Saldarriaga Mora, la historia laboral tradicional muestra la siguiente información: Con el empleador Confecciones Korlens, los datos de ese documento son los siguientes: Y, en lo pertinente, la historia laboral con el formato nuevo (f.° 111-121), registra: El Tribunal revisó ambos documentos, y advirtió que «en la historia laboral más actualizada expedida por

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Radicación n.° 96368 COLPENSIONES, la actora registra con los referidos empleadores otros extremos temporales y semanas cotizadas […]». Pues bien, al examinar las piezas probatorias referidas, salta a la vista el desvarío del colegiado. En primer lugar, no es cierto que la historia laboral de folios 111 a 121 esté más actualizada que la tradicional, pues ambas fueron expedidas el 17 de febrero de 2022. Y si por la historia laboral más

actualizada se refiere a la del 24 de diciembre de 2018 (f.° 1926), basta decir que esta contiene la misma información que trae la primera respecto de los empleadores Socorro Saldarriaga Mora y Confecciones Korlens. Ahora bien, la diferencia a la que alude el Tribunal no es tal. Ello es así, porque en el historial elaborado con el nuevo formato (f.° 111-121) no aparece ninguna información de retiro de la demandante a los empleadores mencionados, como sí figura en el documento tradicional. En estricto sentido, no es cierto que la primera de esas documentales revele extremos temporales diferentes de las relaciones laborales que la actora tuvo con los referidos empleadores, puesto que, en rigor, el documento nada dice al respecto. Una adecuada apreciación de la prueba habría llevado al colegiado a advertir que, simplemente, en la historia laboral de folios 111 a 121 del plenario, constan los tiempos efectivamente cotizados por esos empleadores. Pero de esa información no es posible inferir, como lo hizo el fallador de la alzada, que los vínculos laborales solo estuvieron vigentes por esos períodos en los que hubo cotizaciones efectivas, por

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Radicación n.° 96368 la sencilla razón que es posible que un empleador deje de pagar los aportes en vigencia de la relación de trabajo. En tales condiciones, se equivocó el Tribunal al considerar que con la historia laboral quedaba desvirtuada la información vertida en la tradicional o tipo CAN, pues, ciertamente, aquella no contiene ninguna información al respecto, como en cambio sí lo hace esta.

Además, razón tiene la censura al poner de presente que en el formato tradicional aparece información que no fue desvirtuada por ningún otro medio de prueba. En efecto, nótese que con ambos empleadores se registraron novedades de cambio de salario en diferentes fechas, y por montos disímiles que no corresponden a los salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época. Ello permite inferir que las relaciones laborales estuvieron vigentes, pues no es lógico que un empleador reporte una novedad de cambio de salario respecto de una persona que no sea su trabajador. Asimismo, no puede desconocerse que la historia laboral tradicional registra el reporte de las novedades de retiro en fechas específicas, esto es, para el empleador Socorro Saldarriaga Mora el 31 de mayo de 1989, y para Confecciones Korlens el 14 de mayo de 1991, por lo que, en principio, debe colegirse que tales empleadores fueron quienes reportaron las novedades en esas fechas, y no otras. Si ello no sucedió de esa manera, entonces era la entidad administradora la que estaba obligada a probarlo. Lo anterior es así, en la medida en que cuando Colpensiones expide una historia laboral en la que registra una información específica,

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Radicación n.° 96368 esta se presume cierta y veraz, y por lo tanto, no le es dable siquiera a la misma entidad modificarla posteriormente, sin exponer ni acreditar ninguna razón atendible que lo justifique. Sobre el tema, la Sala se pronunció en la sentencia CSJ SL5170-2019, reiterada en la SL1969-2022, en la cual

razonó: Asimismo, la entidad y las administradoras de pensiones, tienen la obligación de consignar información cierta, precisa, fidedigna y actualizada en las historias laborales, esto es, garantizar que su contenido sea confiable. Esta exigencia origina, a su vez, una prohibición correlativa frente al tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. De otra parte, Colpensiones en su condición de responsable del tratamiento de datos personales, debe asegurar un manejo transparente de la información consignada en las historias laborales y la veracidad y completitud de la misma. No podría ser de otra forma en cuanto, las administradoras de pensiones, tienen el deber de ceñir sus actuaciones a los postulados de la buena fe. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-208-2012 advirtió sobre el carácter vinculante que adquieren los reportes relativos al cumplimiento del requisito de densidad de cotizaciones frente a las decisiones que las administradoras adopten, posteriormente, respecto de los derechos pensionales de sus afiliados: Cuando dicha entidad emite un pronunciamiento de resumen de semanas cotizadas por el empleador, correspondiente a la historia laboral, ha de entender que en principio dicha información la ata, salvo que proceda jurídicamente para controvertirla, pues a partir de ésta el receptor se crea una expectativa en torno al reconocimiento de su pensión, siendo éste (sic) un acto que expone la posición de la entidad frente a la relación jurídica en cuestión. Así las cosas, en un momento posterior no puede afirmar sin justificación alguna que la persona cotizó menos semanas de las certificadas, puesto que, si bien tiene el derecho de revisar sus

archivos, lo cierto es que termina siendo una conducta contradictoria que atenta contra la honestidad y lealtad con la que han de cumplir sus funciones, pues ha generado en otro la expectativa del reconocimiento de su pensión. Por lo tanto, se ha de entender que las certificaciones que haga la entidad acerca de las semanas cotizadas en pensiones la vinculan, en principio, por haber creado una expectativa en el receptor de la información. Por tanto, al resolver las solicitudes de

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Radicación n.° 96368 pensión en un momento posterior ha de tener en cuenta la información que allí quedó consignada, teniendo el deber de no retractarse de las semanas cotizadas que ya había reconocido, es decir, no pudiendo afirmar que son menos de las inicialmente reconocidas, salvo que encuentre una justificación bien razonada para proceder de manera contraria. En tal contexto, cuando Colpensiones expide un resumen de semanas de cotizaciones, la información así plasmada se presume cierta y veraz, a la vez que es vinculante. Por ello, no es posible para la entidad emisora proferir posteriormente y sin dar explicaciones razonables, otra historia laboral con información distinta a la inicialmente certificada. De hacerlo, transgrede la confianza depositada por los miles de afiliados en su gestión, sobre todo en temas tan sensibles para el tejido social como lo son las pensiones, compromiso que exige un tratamiento bastante riguroso de los archivos y bases de datos. En este caso, la entidad demandada emitió dos reportes contradictorios al historial de cotizaciones de la accionante: la de folios 10 a 15 –que aceptó al contestar la demandaen la que

incorporó anotaciones en algunos ciclos de «su empleador presenta deuda por no pago», para después, emitir otro - folios 73 a 76 - en el que suprimió dichas novedades sin justificación, y lo que es peor, sin rebatir el contenido de la primera, muy a pesar de que el juez de primer grado le dio la oportunidad de brindar explicaciones convincentes. De otro lado, también le asiste razón a la impugnante al cuestionar la valoración que hizo el ad quem del documento denominado «I.S.S. VICEPRESIDENCIA DE PENSIONES HISTORIA LABORAL ELABORADA POR EL SOLICITANTE DE PRESTACIÓN ECONÓMICA», visible en el expediente administrativo allegado por la pasiva, pues, si bien allí figuran como fechas de retiro en los empleadores Socorro Saladarriaga Mora y Confecciones Korlens los días 31 de enero de 1986 y 30 de abril de 1990, respectivamente, lo cierto es que tal documento no aparece suscrito por la propia demandante, ni por