CSJ - SL2329-2024

JORGE PRADA SÁNCHEZ Magistrado ponente SL2329-2024 Radicación n.° 99055 Acta 31 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veinticuatro (2024). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 27 de febrero de 2023, en el proceso que JUAN CARLOS MARTÍNEZ OSORIO y BEATRIZ ELENA GUTIÉRREZ VALENCIA, en nombre propio y de sus hijos menores de edad JJMG y MMMG, instauraron contra el

BANCO DE BOGOTÁ S.A.

Hasta tanto aporte copia de la tarjeta profesional que acredite su condición de abogada, la Sala se abstiene de reconocer personería adjetiva a Claudia Patricia Duque Montoya, para efectos de la sustitución de poder presentada por la apoderada de la parte demandante.

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I. ANTECEDENTES Los demandantes solicitaron la indemnización plena de perjuicios para Juan Carlos Martínez Osorio, y de perjuicios morales a favor de su cónyuge e hijos, por culpa suficientemente demostrada del empleador en la enfermedad de origen profesional padecida por el primero, junto con las costas del proceso.

Relataron que aquel venía prestando servicios a la demandada desde el 5 de febrero de 2001 y que el 5 de septiembre de 2007, fue diagnosticado con trastorno mixto de ansiedad y depresión. Que el 4 de febrero de 2009, su

padecimiento fue calificado como de origen laboral, según dictamen de la Dependencia Técnica de Medicina del Trabajo de la EPS Servicio Occidental de Salud, aceptado por la ARL Seguros de Vida Alfa S.A. el 31 de agosto siguiente. Tras imputar responsabilidad al Banco de Bogotá S.A, destacaron la falta de inducción y re-inducción para cada uno de los roles que desempeñó Martínez Osorio, nula capacitación en riesgos laborales, omisión de los factores de riesgo psicosociales a los que estaba sometido, así como ausencia de personal de apoyo, idóneo y capacitado para respaldar sobrecargas laborales o cubrir ausencias temporales. Así mismo, reprocharon que el demandado no socializó con los trabajadores la matriz de riesgos, no practicó las

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Radicación n.° 99055 evaluaciones ocupacionales periódicas, ni los estudios de puestos de trabajo; tampoco, se preocupó por la sana convivencia entre los trabajadores, ni por prevenir conductas de acoso laboral. Afirmaron que todo lo anterior contribuyó a profundizar la enfermedad, en tanto desencadenó insomnio, cefalea, opresión en el pecho, mareos, taquicardia, parestesias, sudoración, disminución de interés sexual, problemas gastrointestinales, dolores físicos inesperados y cambios de humor. Que si bien, en octubre de 2009, por indicaciones de la ARL, el empleador lo reubicó en un puesto que no requería atender público, lo expuso a otros factores de riesgo psicosocial, sin contar el acoso laboral al

que lo sometió su jefe inmediato, así como la falta de protección y mitigación de riesgos en la nueva dependencia. Aseveraron que la entidad bancaria no tomó las medidas necesarias para evitar el avance de la patología; en cambio, desarrolló o permitió acciones que la agravaron, como la imposición de extensas jornadas de trabajo, la exigencia desbordada de metas, presión por parte de supervisores, cambios frecuentes de lugar de trabajo y aumento irrazonable de responsabilidades. El Banco de Bogotá S.A. se opuso a la prosperidad de las pretensiones y blandió las excepciones de falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones, buena fe y prescripción.

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Radicación n.° 99055 Adujo que los accionantes no pueden responsabilizarlo por una enfermedad que evolucionó durante cerca de 17 años; menos, sin precisar la normativa violada y sin tener en cuenta que no puede derivarse perjuicio para quien continúa vinculado laboralmente y percibe un salario justo, como es el caso. Arguyó que, de todas formas, si el padecimiento se generó en 2007, cualquier pretensión de reparación estaría prescrita. Recalcó que la parte demandante debe acreditar los hechos que alega, y que las pretensiones son desproporcionadas y sin respaldo probatorio. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El 2 de junio de 2021, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira absolvió y condenó en costas a los actores.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la apelación de los demandantes, el

Tribunal resolvió: PRIMERO: REVOCAR la decisión de primera instancia por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR que existió culpa comprobada del empleador BANCO DE BOGOTÁ en la enfermedad laboral -trastorno mixto de ansiedad y depresiónpadecida por JUAN CARLOS MARTÍNEZ OSORIO.

TERCERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción frente a los derechos reclamados por los demandantes JUAN

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CARLOS MARTÍNEZ OSORIO y BEATRIZ ELENA GUTIÉRREZ

VALENCIA.

CUARTO: NEGAR las pretensiones por concepto de perjuicios morales en favor de los menores J.J.M.G y M.M.G., por lo expuesto.

QUINTO: CONDENAR en costas procesales de primera y segunda instancia a la demandada, en favor de la parte demandante en un 30%, las cuales se liquidarán por el juzgado de origen.

Anticipó que se ocuparía de discernir si el empleador incurrió en culpa suficientemente demostrada, en la generación de la enfermedad profesional adquirida por el trabajador. En caso positivo, si se suscitaba la obligación de indemnizar a los demandantes. No percibió controversia sobre la existencia del contrato de trabajo entre Martínez Osorio y el Banco demandado, a partir del 5 de febrero de 2001, «que se encuentra vigente en la actualidad». Tampoco, el desempeño de los cargos de cajero universal, cajero principal, auxiliar

de cartera, auxiliar de ventas y servicios, auxiliar de operaciones y contabilidad, auxiliar de operaciones archivo y revelado y auxiliar de impuestos. Así mismo, consideró indiscutido que según concepto 1094-2012 de 30 de noviembre de 2012, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 16.75% por trastorno mixto de ansiedad y depresión, estructurada el 5 de julio de 2012 y de origen laboral. También, que la Junta Nacional

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Radicación n.° 99055 de Calificación de Invalidez, lo confirmó mediante dictamen 1851359 de 27 de noviembre de 2013. Estimó no controversial que por dictamen 350-2015 de 1 de junio de 2015, en sede de revisión de la invalidez, la misma junta regional modificó la fecha de estructuración al 18 de julio de 2014 y aumentó la pérdida de capacidad laboral (PCL) al 20.55%, que recibió confirmación de la junta nacional, según dictamen No. 18513597 del 15 de octubre de 2015. Precisó que esto fue en el marco de la misma patología de origen laboral, sin «consideración de nuevas patologías, puesto que, si bien presenta otros diagnósticos son de origen común y con ellos no alcanza el 50% de PCL para que procediera la calificación integral». Asentó que ‹‹por lo menos desde 1979 con la expedición de la Ley 9», los empleadores tienen la obligación de velar por la salud física y mental de sus trabajadores. Para ello,

agregó, deben poner en marcha programas de prevención e identificación de riesgos, así como activar todo el sistema de salud ocupacional, incluida su reglamentación. Advirtió que debido a la negación indefinida sobre la que se erigió la demanda, en el sentido de que el empleador no desplegó las acciones que le imponían las normas de seguridad y salud en el trabajo, la demandada ‹‹no aportó prueba alguna para desvirtuar la negligencia alegada». Destacó que los manuales aportados con ese propósito eran posteriores a 2014; no se allegaron constancias de capacitaciones, valoraciones, ni medidas adicionales para

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Radicación n.° 99055 identificar, prevenir y corregir los efectos de los riesgos psicosociales en la salud mental del trabajador, por su entorno laboral, cambios de roles o funciones. Consideró que los testigos corroboraron esa falta de capacitación y prevención de riesgos. Que si bien, los llamados por la demandada refirieron algunas actividades de salud ocupacional, ‹‹no detallaron en qué consistieron, su periodicidad, la intensidad, o las fechas de implementación, entre otros datos relevantes para tener certeza de lo ocurrido». Concluyó que: En ese orden, revisada la prueba documental y lo indicado por los testigos, atendiendo que como la parte actora invoca una culpa patronal por abstención y que, de acuerdo a las normas referidas desde mucho tiempo atrás al inicio de las labores del demandante, existían las obligaciones echadas de menos por los demandantes, se tiene que la demandada no allegó los medios probatorios suficientes para demostrar su diligencia y cuidado

en cuanto a la salud de su trabajador y, por ende, no queda otro camino que concluir que el Banco de Bogotá no adoptó los remedios adecuados para velar por la buena salud del actor desde que ingresó a laborar, puesto que ni siquiera identificó el riesgo en la salud mental que podía acarrearle al demandante el tipo de trabajo y las condiciones en las que lo ejercía, pese a que los testigos convocados por la parte actora dieron cuenta de que la sensación de estrés y presión laboral era generalizada, sin que en este caso haya lugar a evaluar las acciones desarrolladas unas vez la ARL emitió las recomendaciones, puesto que para este momento el actor ya había adquirido la enfermedad laboral que a la fecha aún presenta, en razón a que su empleadora no puso a su disposición todos los instrumentos, planes, programas y la supervisión necesaria y eficaz para ejecutar sus funciones por más de 20 años de una forma segura para su salud. En esa línea, coligió que el empleador incumplió no solo las previsiones de la Ley 9 de 1979, sino la Resolución

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Radicación n.° 99055 2400 de igual año y, en general, la obligación de preservar y mantener la salud física y mental de su trabajador. Estimó que no constituía eximente ‹‹la predisposición que llegase a tener el actor de sufrir enfermedades mentales, toda vez que esta condición no equivale a la culpa exclusiva de la víctima». Precisó que si, en gracia de discusión, considerara que el trabajador tenía ‹‹dicha propensión natural a padecer de los

trastornos que desarrolló en su entorno laboral», a lo sumo podría pensarse en una concurrencia de culpas, que no exonera de responsabilidad al empleador. Corolario de lo anterior, dedujo la existencia de culpa suficientemente comprobada del empleador en la generación del trastorno mixto de ansiedad y depresión padecido por Juan Carlos Martínez, ‹‹en el entendido de que el análisis conjunto de la totalidad de las probanzas dio cuenta que no adelantó las acciones necesarias para prevenir y mitigar los riesgos que causaron dicha padecimiento». No obstante, acotó, para el trabajador y su cónyuge, la acción para reclamar la indemnización se hallaba prescrita. Explicó que el dictamen de PCL, emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, era del 27 de noviembre de 2013, ‹‹fecha a partir de la cual el trabajador tuvo conocimiento fidedigno del origen laboral de su trastorno mixto de ansiedad y depresión». En ese orden, consideró que era a partir de esa fecha que debía contabilizarse el término de 3 años para ejercer la acción, que no, ‹‹a partir del segundo proceso de calificación, toda vez que se trató de una

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Radicación n.° 99055 revisión de la invalidez en la que no se incluyeron nuevos diagnósticos». Rechazó la idea de que cada revisión de la invalidez habilitaba un nuevo término de prescripción. Por tanto, consideró que los actores tuvieron hasta el 27 de noviembre de 2016 para formular la demanda, pero lo hicieron el 17 de

mayo de 2018, por manera que habría de declarar probada la excepción de prescripción de la acción en cabeza de Juan Carlos Martínez Osorio y Beatriz Elena Gutiérrez Valencia. Dejó claro que esa declaratoria no afectaba las pretensiones de los menores de edad hijos de la pareja, teniendo en cuenta que nacieron el 11 de agosto de 2011 y el 21 de abril de 2015, ‹‹y por ello, aun al momento de esta sentencia, siguen siendo menores de edad», cobijados por lo estipulado en los artículos 2530 y 2541 del Código Civil. Sin embargo, descartó que aquellos pudieran aspirar a la indemnización de los perjuicios morales que reclamaron, porque, aunque se encuentran sujetos a discrecionalidad del juzgador, en otras ocasiones, esa Corporación los ha negado a «aquellos parientes que por su corta edad o porque todavía no habían nacido al momento de los hechos, ya que no puede considerárseles afectados, como quiera que no tenían los elementos de juicio para comprender la situación generada».

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Radicación n.° 99055 Recordó que en 2005 y en septiembre de 2007, el empleado fue diagnosticado con trastorno de ansiedad y pánico, empezando el tratamiento psiquiátrico. Así mismo que, en julio de 2012, el diagnóstico cambió a trastorno mixto de ansiedad y depresión y esta fue la patología calificada, con la que se estructuró la invalidez. En ese orden, concluyó que:

De acuerdo a ello, al momento en que el señor Juan Carlos Martínez presentó los primeros síntomas de su enfermedad o aun cuando inició el tratamiento por la especialidad de psiquiatría, los menores J.J.M.G y M.M.G., no habían nacido, pues recuérdese que nacieron el 11 de agosto de 2011 y el 21 de abril de 2015, respectivamente, razón por la cual no pudieron experimentar los cambios en el estado de ánimo del demandante y notar como su enfermedad laboral afectó sus vidas, ya que han conocido a su padre una vez inició el tratamiento de su enfermedad y una vez reubicado en un puesto de trabajo ajustado a las recomendaciones de la ARL, que han propendido por mejorar su salud. En consecuencia, se negarán los perjuicios morales solicitados por J.J.M.G y M.M.G ya que no puede considerárseles afectados, como quiera que no presenciaron directamente los padecimientos del actor por cuanto no habían nacido al momento de presentarse los primeros síntomas y aun cuando empezó el tratamiento psiquiátrico, además que, en el caso de J.J.M.G al tener 03 años para la fecha de estructuración de la invalidez, no tenía los elementos de juicio para comprender la situación generada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

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Radicación n.° 99055 Mediante la formulación de 3 cargos, que merecieron réplica, pretenden que la Corte case la sentencia recurrida,

en cuanto absolvió al demandado de la indemnización plena de perjuicios, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer y, en su lugar, acceda a las pretensiones de condena en los términos en que fueron planteadas.

VI. CARGO PRIMERO Acusan violación directa, por aplicación indebida, de los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Procesal del Trabajo. También, infracción directa de los artículos 489 y 216 del primer ordenamiento.

Explican que el término de prescripción se cuenta desde que se hace exigible la obligación y que, en el caso de la culpa patronal, se impone considerar que, dentro del proceso de rehabilitación de un trabajador enfermo pueden ocurrir cambios en la pérdida de la capacidad laboral, de suerte que como aumenta, puede disminuir. Sostienen que esa contingencia determina la expectativa de reparación del daño, porque, así como pueden surgir diagnósticos adicionales, también podría presentarse recuperación. En ese orden, arguyen que la obligación de indemnizar los perjuicios del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, se hace exigible desde el ‹‹último Dictamen de medicina laboral del paciente donde se ha calificado la PCL, que es el elemento necesario para determinar la existencia o no del derecho a la reparación y la cuantificación de la

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Radicación n.° 99055 misma de un trabajador que haya sido víctima de una enfermedad laboral como ocurrió en este caso». Consideran totalmente normal que, en el curso de una enfermedad y su eventual recuperación, el paciente sea

sometido a revisión de la pérdida de la capacidad laboral. Explican que el resultado de esa revisión es relevante de cara a la indemnización plena de perjuicios, porque es el momento en que se adquiere cierto grado de certeza sobre la dimensión de los daños que serán objeto de reclamación.

Rematan: […] no puede decirse por parte del operador judicial sin sustento normativo alguno, que por ser un simple proceso de revisión de la invalidez, eso no tenía efectos y solo valía el primer proceso de calificación frente al cual habría operado la prescripción propuesta cuando esto no podía resolverse de dicha forma, cuando realmente el último dictamen producto de la revisión de la PCL fue emitido el 15 de Octubre de 2015 y dentro del cual quedó evidenciado que hubo un aumento de la PCL frente a la calificación médica anterior del 27 de noviembre del 2013, razón por la cual se tomó como fecha de inicio del término para presentar la demanda el 15/10/2015 y por esto se presentó el día 17/05/2018, es decir dentro del término de los 3 años, lo que evidencia que no había lugar a que se diera aplicación a los Artículos 488 del CST y 151 del CPT para declarar la prosperidad de la prescripción (…).

VII. RÉPLICA La demandada arguye que la cónyuge e hijos del trabajador no tienen interés económico para recurrir en casación pues, según la demanda inicial, solo reclaman perjuicios morales por 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, inferiores a los 120 previstos como

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mínimo para la concesión del recurso. De esta suerte, se imponía la inadmisión del trámite. Considera que no haber solicitado que la Corte se constituyera ‹‹previamente en sede de instancia», imposibilita verificar qué debe hacer esta Corporación en ese escenario. Sostiene que la censura acude a cuestionamientos fácticos en un cargo orientado por la senda del derecho y que el planteamiento de los recurrentes implica acudir al contenido de los dictámenes de PCL. Agrega que, en cualquier caso, el cargo no puede prosperar, porque el derecho sí se hizo exigible el 27 de noviembre de 2013, con el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Arguye que fue a partir de ese momento que el trabajador adquirió ‹‹pleno conocimiento de la enfermedad de origen laboral», y no a partir de la segunda calificación, toda vez que se trató de una revisión del porcentaje de la invalidez ya conocida, en la que no se incluyeron nuevos diagnósticos. Defiende la postura del colegiado de instancia, en tanto la aspiración de la censura «equivaldría a que los trabajadores podrían exigir en cualquier momento o por lo menos cada 3 años (…) la indemnización, generando una inseguridad jurídica para los empleadores».

VIII. CONSIDERACIONES

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Radicación n.° 99055 Son infundados los comentarios de la réplica acerca de la ausencia de interés económico de 3 de los 4 demandantes y recurrentes en casación. Dicho interés no se evalúa en forma separada.

Esta Sala de la Corte ha explicado que si bien, quienes reclaman la indemnización plena de perjuicios conforman un litisconsorcio facultativo, ello no impide entender que existe una ‹‹causa única e inescindible» en el origen de la acción judicial, esto es ‹‹la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo» (CSJ AL2322-2021). Otro tanto se afirma de las glosas al alcance de la impugnación. En la sección correspondiente, la censura pretendió: Con la sentencia acusada, lo que se pretende por parte de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral es una Casación Parcial de la misma, puesto que esta impugnación va dirigida únicamente contra los puntos Tercero (Declaratoria de la Prescripción), Cuarto (Negación perjuicios morales en favor de los hijos) y Quinto (Condena en Costas) de la parte Resolutiva de la Sentencia de 2ª Instancia para que sean anulados y solicitamos se deje vigente el punto Primero (Revocatoria de la sentencia de 1ª instancia) y Segundo (Declaración de la culpa del empleador sobre la enfermedad) pues no son objeto de la impugnación y por favor se agreguen otros puntos correspondientes al reconocimiento de los derechos pedidos en la demanda, pues lo que se busca es que se reconozca la Reparación plena y ordinaria de perjuicios contenida en el Artículo 216 del CST en favor de los demandantes, por lo cual solicitamos que esta sentencia sea modificada, quedando la decisión de reemplazo de la siguiente forma: PRIMERO: Dejar vigentes (Confirmar) los Puntos Primero y Segundo de la parte Resolutiva de la Sentencia de 2ª instancia

del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE

PEREIRA SALA PRIMERA DE DECISION LABORAL del 27 de

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Radicación n.° 99055 febrero de 2023 dentro del proceso de la referencia, por no ser objeto de la Casación.

SEGUNDO: CASAR PARCIALMENTE la Sentencia de 2ª

instancia del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA SALA PRIMERA DE DECISION LABORAL del 27 de febrero de 2023 dentro del proceso de le referencia.

TERCERO: En consecuencia, se REVOCA los puntos Tercero y Cuarto de la Sentencia de 2ª instancia del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA SALA PRIMERA DE DECISION LABORAL del 27 de febrero de 2023 dentro del proceso de le referencia.

CUARTO: DECLARAR como NO probada la excepción de prescripción frente a los derechos reclamados por los demandantes JUAN CARLOS MARTÍNEZ OSORIO y BEATRIZ ELENA GUTIÉRREZ VALENCIA y en consecuencia se CONDENA a el Reconocimiento y pago de la “Reparación Plena y Ordinaria de Perjuicios” en favor de los aquí demandantes y en contra de la entidad demandada BANCO DE BOGOTA por la Responsabilidad Patronal en la enfermedad laboral del Señor

JUAN CARLOS MARTINEZ OSORIO.

QUINTO: CONCEDER las pretensiones por concepto de perjuicios morales en favor de los menores J.J.M.G y M.M.G., por lo expuesto y en consecuencia se CONDENA al

reconocimiento y pago a la entidad demandada BANCO DE BOGOTA por la Responsabilidad Patronal en la enfermedad laboral del Señor JUAN CARLOS MARTINEZ OSORIO.

SEXTO: Se ORDENA el Reconocimiento y pago en favor del Señor JUAN CARLOS MARTÍNEZ OSORIO, por concepto de PERJUICIOS PATRIMONIALES y en consecuencia se CONDENA a la empresa demandada BANCO DE BOGOTA, por el valor de

$443.727.076.

SEPTIMO: Se ORDENA el Reconocimiento y pago en favor del Señor JUAN CARLOS MARTÍNEZ OSORIO, BEATRIZ ELENA GUTIÉRREZ VALENCIA y sus dos hijos J.J.M.G y M.M.G por concepto de PERJUICIOS MORALES, por el monto de 100

SMLMV para cada uno y en consecuencia se CONDENA al pago a la empresa demandada BANCO DE BOGOTA.

OCTAVO: Se MODIFICA el Numeral Quinto y en consecuencia se CONDENA en costas procesales de primera y segunda instancia a la parte demandada, en favor de la parte demandante en un 100%, las cuales se liquidarán por el juzgado de origen.

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Radicación n.° 99055 Aunque la no fue precisa en la delimitación de lo pretendido en casación y en una eventual sede de instancia, de la lectura integral de lo transliterado, en armonía con el resultado de la primera instancia y la alzada, es evidente que la censura aspira a que la Corte case la sentencia recurrida, en cuanto absolvió al demandado de la indemnización plena de perjuicios por la prosperidad de la

excepción de prescripción que operó en perjuicio del trabajador y su cónyuge, y de la improcedencia de la indemnización de perjuicios morales para los hijos de la pareja. Lo anterior no tiene propósito, ni sentido, distinto a que, al resolver la alzada, la Corte revoque la decisión absolutoria de primer grado y, en su lugar, acceda a las pretensiones de condena en los términos planteados para cada uno de los actores. Tampoco, tiene razón la réplica en la crítica que eleva por la inclusión de disquisiciones fácticas en un cargo orientado por la senda del derecho. Paladinamente, la discusión traída por los recurrentes es de orden jurídico. Gira alrededor del momento en que inicia el transcurso del término para ejercer la acción judicial de indemnización plena de perjuicios, proveniente de la culpa del empleador en la generación de una enfermedad laboral. La Sala abordará, entonces, dicho cuestionamiento, no sin antes advertir que no hubo discusión en las instancias, ni la hay en casación, de que Juan Carlos Martínez Osorio se vinculó laboralmente a la demandada desde el 5 de febrero de 2001 y dicha relación subsistía a la presentación

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Radicación n.° 99055 de la demanda, el 17 de mayo de 2018, e incluso al momento de dictar sentencia de segundo grado. Está fuera de debate que existió culpa suficientemente demostrada del empleador en el trastorno mixto de ansiedad y depresión de origen laboral, según la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda. No es

controversial que ese ente calificó la enfermedad mediante concepto 1094-2012 de 30 de noviembre de 2012, donde dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 16.75%, con fecha de estructuración 5 de julio de 2012, ni que lo anterior fue confirmado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez mediante dictamen 1851359 de 27 de noviembre de 2013. No se discute que mediante dictamen 350-2015 del 1 de junio de 2015, en sede de revisión de la invalidez, la misma Junta Regional modificó la fecha de estructuración al 18 de julio de 2014 y aumentó la pérdida de capacidad laboral al 20.55%, lo que fue confirmado por la Junta Nacional mediante dictamen 18513597 del 15 de octubre de

2015. Todo, en función de la misma patología de origen laboral y su evolución.

Fue en ese contexto que el Tribunal consideró que la acción para reclamar perjuicios por la culpa del empleador se hallaba prescrita. Estimó que el término para interponerla inició su curso el 27 de noviembre de 2013, con la firmeza del primer dictamen, por tratarse de la ‹‹fecha a partir de la cual el trabajador tuvo conocimiento fidedigno

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Radicación n.° 99055 del origen laboral de su trastorno mixto de ansiedad y depresión». Descartó, entonces, que la revisión de la invalidez en 2015 hubiese habilitado un nuevo plazo para ejercer la acción, porque no se agregaron nuevos diagnósticos.

Lo primero que debe memorarse es que, en materia de culpa patronal, el término para exigir la correspondiente indemnización no empieza a correr desde que se diagnostica el padecimiento o se presenta el accidente de trabajo, sino a partir del momento en que se adquiere certeza de las secuelas definitivas que uno u otro hubiesen generado (CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 39867; CSJ SL, 14 ago. 2012, rad. 39446 y CSJ SL633-2020, entre muchas otras). Esta certeza es la que ofrecen, precisamente, los dictámenes y demás medios técnicos que dimensionan el daño; es decir, el grado de invalidez o pérdida de capacidad laboral. No podría ser de otra manera. Lo contrario, generaría dificultades al afectado en sede judicial, para concretar y acreditar los perjuicios, pues sin secuelas definitivas, cualquier aspiración de reparación solo sería provisional o efectuada antes de tiempo. Así las cosas, aflora prístino el desacierto del Tribunal en la comprensión y aplicación de la regla antedicha. Para que iniciara el conteo del término o la oportunidad de interponer la acción judicial le bastó el dictamen de 2013, porque ello suministró al trabajador un ‹‹conocimiento fidedigno del origen laboral de su trastorno mixto de

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Radicación n.° 99055 ansiedad y depresión». Desde luego, el hito señalado por la jurisprudencia no es el conocimiento de la enfermedad y de su origen, sino de las secuelas que hubiera dejado en su cuerpo y/o mente.

Según el contexto fáctico indiscutido, es evidente que tales secuelas no quedaron consolidadas en forma definitiva con el primer dictamen, sino con el de 2015, que incrementó del 16.75% al 20.55% la pérdida de la capacidad laboral del trabajador. El garrafal desacierto del Tribunal es mayor, si no se desapercibe que tuvo claro que ambos dictámenes gravitaron sobre los mismos padecimientos pues, como se dijo en la sentencia gravada, el segundo solo refirió la evolución de la enfermedad, sin agregar nuevos diagnósticos. Además, la Sala no puede dejar de anotar la profunda contradicción que encierra el razonamiento del Tribunal, en tanto ninguna consideración le mereció que, según la situación laboral de Martínez Osorio, advertida expresamente por el ad quem y que no se encuentra en discusión, aquel continuó laborando luego del dictamen de 2013 y dicha vinculación persistía al momento de la decisión censurada. De esta suerte, mal podía colegirse que el referido dictamen estaba en capacidad de dar cuenta de una situación de salud mental consolidada, sin parar mientes, ni ponderar la continuidad en la exposición a los riesgos psicosociales que la produjeron. Bajo tales consideraciones y teniendo en cuenta que el segundo dictamen, que fijó las secuelas definitivas de la

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Radicación n.° 99055 enfermedad de origen laboral, quedó en firme el 15 de octubre de 2015, no era válido afirmar que había operado la prescripción para la fecha en que los recurrentes accionaron la jurisdicción, el 17 de mayo de 2018.

Por tanto, se casará la sentencia de segundo grado, en cuanto declaró probada la prescripción de la acción y, en consecuencia, absolvió al demandado de las pretensiones incoadas por Juan Carlos Martínez Osorio y Berta Elena Gutiérrez Valencia. Ante este resultado, la Sala se releva del estudio del segundo cargo, encaminado a igual resultado. Ahora bien; importa acotar que el expediente no ofrece certeza de la terminación del contrato de trabajo y el último salario devengado, factores relevantes para liquidar los perjuicios sufridos por los demandantes. Por tanto, para mejor proveer, se ordenará que la Secretaría de la Sala oficie al Banco demandado