CSJ - SL2355-2024

MARIRRAQUEL RODELO NAVARRO Magistrada ponente SL2355-2024 Radicación n.° 100548 Acta 30 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por LAOS SEGURIDAD LTDA. contra la sentencia proferida por la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el 23 de enero de 2023, en el proceso ordinario laboral que instauró MARÍA FERNANDA SALAZAR PÉREZ, quien actúa en representación de su menor hija D.D.D.D., y MARÍA LUZ MARY CARDOZO LÓPEZ, trámite al que fue llamada en garantía AXA COLPATRIA SEGUROS DE

VIDA S. A.

I. ANTECEDENTES María Fernanda Salazar Pérez, quien actúa en representación de su menor hija D.D.D.D., y María Luz Mary Cardozo López llamaron a juicio a Laos Seguridad Ltda., con el fin de que se declare que entre esta última y Oscar Mauricio

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Radicación n.° 100548 Ortigoza Cardozo existió un contrato de trabajo a término indefinido a partir del 19 de septiembre de 2014; que ocurrió un accidente de trabajo el 23 de igual mes y año cuando estaba desarrollando sus actividades de vigilante en los juzgados administrativos de Neiva; que el hecho nefasto se dio por no prever lo previsible y «omitir el deber de cuidado por parte de María Inés Peñaloza González, vigilante que no estaba de turno en esas dependencias, al manipular el arma de fuego

de dotación del hoy occiso y accionarla en contra del señor Oscar Mauricio Ortigoza Cardozo causándole la muerte»; que existió culpa del empleador por no haber suministrado al personal de vigilancia los elementos físicos y humanos adecuados para la protección del trabajador en este tipo de actividades, porque de haberse cumplido con la dotación de tales implementos se hubiera evitado el fallecimiento. Como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada al pago de la indemnización plena de perjuicios ordinarios establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo, la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario, las mesadas causadas, la indexación, los gastos funerarios, lo que resulte ultra y extra petita y las costas del proceso. Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que el señor Oscar Mauricio Ortigoza Cardozo laboró para la empresa Laos Seguridad Ltda. a partir del 19 de septiembre de 2014 hasta el día de su muerte, ocurrida el 25 de igual mes y año, devengando un salario de $795.000.

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Radicación n.° 100548 Indicaron que la empresa no lo afilió para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, y que cuando se acercaron al Seguros Social y a Positiva a reclamar la pensión de sobreviviente les informaron que el trabajador no aparecía allí registrado. Narraron que la labor desarrollada consistía en la vigilancia en los Juzgados Administrativos de Neiva, la cual era considerada de alto riesgo, por lo cual debía ser ejecutada con un «equipo especial en búsqueda de la protección del vigilante» y

las consecuencias del suceso pudieron ser menos graves si se hubieran cumplido los parámetros de seguridad diseñados para la ejecución de tal actividad. Señalaron que Ortigoza Cardozo falleció el 25 de septiembre de 2014, «como consecuencia de un impacto de bala recibido por las omisiones de una de sus compañeras de trabajo en su sitio», pese a las intervenciones quirúrgicas realizadas. Como consecuencia de la muerte del trabajador, quedaron desamparadas y sin apoyo económico, afectadas en su aspecto moral y sentimental, máxime que el trabajador convivía con su progenitora y estaba encargado de la manutención de las actoras. Por último, dijeron que la pensión de sobrevivientes buscaba la protección de los familiares, con miras a atender las contingencias que se derivaban del deceso (f.os 1 a 7).

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Radicación n.° 100548 Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió que el señor Ortigoza Cardozo le prestó servicios del 19 al 25 de septiembre de 2014, el último salario devengado y su muerte. Frente a los demás, dijo no ser ciertos o no constarle. Además, aclaró que no era verdad que hubiera ocurrido un accidente de trabajo, ya que el hecho sucedió por manipular el arma sin necesidad de ello, esto es, por culpa exclusiva de la víctima; además, que tampoco le constaba que la muerte se hubiera dado por un impacto de bala por la omisión de una de

sus compañeras de trabajo. Adujo que como el trabajador sí estaba afiliado, le correspondía a la ARL, esto es Axa Colpatria, o en su lugar, Saludcoop, asumir las indemnizaciones monetarias y no a ella en calidad de empleadora. En su defensa propuso las excepciones que denominó cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación y la genérica. (f.os 47 a 52). La referida demandada llamó en garantía a Axa Colpatria, dado que el trabajador fue afiliado a la ARL, por lo que era tal entidad la encargada de responder por las prestaciones económicas y asistenciales derivadas del accidente de trabajo (f.os 74 a 76). El juzgado de conocimiento en proveído del 14 de febrero de 2017 admitió el llamamiento en garantía (f.° 79).

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Radicación n.° 100548 Axa Colpatria Seguros de Vida S. A. dijo no constarle los hechos del escrito inicial, no ser ciertos o no tener la condición de supuestos fácticos. En cuanto a los fundamentos del llamamiento, admitió los extremos del contrato de trabajo, que el fallecido fue afiliado a dicha ARL y que el 23 de septiembre de 2014 sufrió un accidente, aclarando que no se había verificado que se tratara de un suceso de tipo laboral. Respecto de los restantes dijo no constarle. Formuló las excepciones que denominó límite de la eventual obligación a cargo de ARL AXA Colpatria Seguros de Vida S. A. Administradora de Riesgos Profesionales; buena fe

por parte de ARL Axa Colpatria Seguros de Vida S. A.; inexistencia de la obligación de la ARL Axa Colpatria Seguros de Vida S. A. respecto de la señora María Luz Mary Cardozo; prescripción y cualquier otra excepción perentoria que se derivara de la ley o del contrato de riesgos profesionales (f.os 90 a 95). II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 21 de junio de 2018, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre OSCAR MAURICIO ORTIGOZA CARDOZO (q.e.p.d.), como trabajador particular y LAOS SEGURIDAD LTDA., como empleador, se verificó un contrato de trabajo verbal de duración indefinida que rigió del 19 al 25 de septiembre del año 2014, cuando finalizó con ocasión de la muerte del trabajador por un accidente de trabajo.

SEGUNDO: DECLARAR que OSCAR MAURICIO ORTIGOZA

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Radicación n.° 100548 CARDOZO (q.e.p.d.), como trabajador particular de LAOS SEGURIDAD LTDA, falleció el 25 de septiembre del 2014 en un accidente de trabajo.

TERCERO: DECLARAR que LAOS SEGURIDAD LTDA, no tuvo culpa en el accidente de trabajo del señor OSCAR MAURICIO ORTIGOZA CARDOZO (q.e.p.d.), por ello se le absuelve de todas las pretensiones procesales y se declaran probadas sus excepciones.

CUARTO: DECLARAR que OSCAR MAURICIO ORTIGOZA

CARDOZO (q.e.p.d.) dejó causada pensión de sobrevivientes en favor de su hija menor de edad D.D.D.D., representada por su señora madre MARÍA FERNANDA SALAZAR PÉREZ, por el equivalente al salario mínimo, exigible desde el día 25 de septiembre del año 2014, que se actualizará anualmente, que se incrementará con una mesada y será objeto de descuentos para salud, cuyas mesadas a mayo del 2018 ascienden a $29.394.342.

QUINTO: ABSOLVER a las demandadas de todas las pretensiones procesales de MARÍA LUZ MARY CARDOZO LÓPEZ y condenarla a pagarle las costas del proceso a LAOS

SEGURIDAD LTDA.

SEXTO: DECLARAR probadas las excepciones formuladas por LAOS SEGURIDAD LTDA y con relación a AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S. A. se niegan las de inexistencia de la obligación y prescripción, y se declaran las de límite eventual de la obligación y buena fe.

SÉPTIMO: CONDENAR a AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A., a pagar las costas del proceso a MARÍA FERNANDA SALAZAR PÉREZ. Del anterior fallo se surte NOTIFICACION EN ESTRADOS (f.° 117 y 118).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, mediante providencia del 23 de

enero de 2023 resolvió:

PRIMERO.- CONFIRMAR los numerales PRIMERO, SEGUNDO,

CUARTO y SÉPTIMO de la sentencia apelada.

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Radicación n.° 100548 SEGUNDO.– REVOCAR el numeral TERCERO para, en su lugar, CONDENAR a LAOS SEGURIDAD LTDA. a pagar a las demandantes la indemnización plena y total de perjuicios en los términos del artículo 216 del CST, conforme a los siguientes valores y conceptos:

PERJUICIOS MATERIALES:

- MARÍA LUZ MARY CARDOZO LÓPEZ:

Indemnización Debida Actual $72.833.591 Indemnización Futura $94.550.101

Total: Ciento sesenta y siete millones trescientos ochenta y tres mil seiscientos noventa y dos pesos ($167.383.692). - D.D.D.D., representada legalmente por MARÍA FERNANDA SALAZAR PÉREZ: Indemnización debida actual $72.833.591

Indemnización futura $61.658.659.

Total: Ciento treinta y cuatro millones cuatrocientos noventa y dos mil doscientos cincuenta pesos ($134.492.250).

PERJUICIOS MORALES -MARÍA LUZ MARY CARDOZO LÓPEZ: El valor de 60 SMLMV, monto que a la fecha de la presente sentencia equivale a sesenta y nueve millones seiscientos mil pesos ($69.600.000.oo) -D.D.D.D., representada legalmente por MARÍA FERNANDA SALAZAR PÉREZ: 60 SMLMV, monto que a la fecha de la presente sentencia equivale a sesenta y nueve millones seiscientos mil pesos ($69.600.000.oo) TERCERO.- REVOCAR el numeral QUINTO y, en su lugar,

CONDENAR a LAOS SEGURIDAD LTDA., a pagar a MARÍA LUZ MARY CARDOZO LÓPEZ, las costas de la primera instancia. CUARTO.- REVOCAR parcialmente el numeral SEXTO para DECLARAR NO PROBADAS las excepciones formuladas por

LAOS SEGURIDAD LTDA.

QUINTO.- NO CONDENAR en costas en segunda instancia, dada la prosperidad del recurso. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal expresó que le correspondía determinar si el juez de instancia erró en la valoración probatoria respecto de la culpa patronal del empleador en el accidente de trabajo y si resultaba

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Radicación n.° 100548 procedente la condena en costas a cargo de la demandante María Luz Mary Cardozo López. Adujo que no era motivo de controversia la existencia del contrato de trabajo entre el señor Oscar Mauricio Ortigoza Cardozo y Laos Seguridad Ltda., ni la ocurrencia del accidente de trabajo acaecido el 23 de septiembre de 2014. Aludió a que la culpa patronal que soportó el accidente de trabajo se produjo cuando Oscar Mauricio Ortigoza estaba desempeñándose como vigilante en las instalaciones de los juzgados administrativos de Neiva, y una compañera de trabajo manipuló imprudentemente el arma de dotación de aquel, generándose un disparo que lo hirió, el que, posteriormente, le ocasionó la muerte; indicó que la parte actora sustentó la responsabilidad del empleador en no haber suministrado al personal de vigilancia los elementos físicos y humanos adecuados para la protección del trabajador. Explicó que tratándose de la culpa patronal le

correspondía a la parte demandante demostrarla, pero se trasladaba a la parte demandada cuando se alegaba el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección, debiendo el empleador acreditar que actuó con diligencia y precaución. Aclaró que la parte actora debía probar de manera específica en qué consistió la omisión del empleador y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el infortunio, las cuales debían estar relacionadas con el actuar omisivo del demandado.

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Radicación n.° 100548 Manifestó que el accidente de trabajo se produjo por el manejo de un arma defectuosa, la cual, al ser «manipulada por una compañera de trabajo del causante para tratar de destrabar el tambor, se accionó, impactando una de las balas en la humanidad del señor ORTIGOZA CARDOZO». Sostuvo que del defecto del arma de fuego daba cuenta el informe de accidente de trabajo del empleador (f.° 70 y 71), dado que en el acápite de observaciones aparecía que: Durante la investigación efectuada por algunos integrantes del COPASO y la directora de HSEQ se pudo evidenciar que a pesar que el guarda realizó una indebida manipulación del arma de fuego ya que tenía conocimiento por parte del guarda saliente del turno, ELMER BRAVO, quien le entregó el puesto y dejó la anotación en la minuta en donde se especifica que el revolver que entregaba presentaba un daño en el tambor (no salía), luego de transcurrir más de una hora en el lugar de trabajo no informó a la empresa esa situación decidiendo intentar que el

tambor del revolver saliera propinándose un disparo a la altura del abdomen, según lo relatado por la señora MARÍA INÉS PEÑALOZA, quien también, antes del accidente manipuló el arma de fuego. Indicó que en el resumen de causas y conclusiones aparecía como causas inmediatas y básicas del accidente, entre otras, las siguientes: "Aislamiento inadecuado del proceso o del equipo ", "equipo defectuoso", "operación de equipos sin autorización", "se usan equipo defectuoso sabiendo que lo están", "Decisiones equivocadas por no usar el sentido común", "inadecuado mantenimiento por reparación", "falta de comunicación entre compañeros", "falta de suficiente práctica en las labores en que ha sido capacitado (academia de capacitación), "falta de capacitación individual en la labor y el oficio". Dijo que se desprendía con meridiana claridad de la investigación del accidente que en el mismo concurrieron factores que estaban bajo el control del empleador y otros

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Radicación n.° 100548 actos inseguros del trabajador, pues era una obligación indelegable e impostergable de Laos Seguridad Ltda. suministrar a sus guardas las armas de dotación en óptimo estado de funcionamiento y verificar internamente que sus trabajadores estuvieran resguardados del riesgo que implicaba el porte o manipulación de un revólver, lo cual claramente no aconteció en el caso, en tanto que el compañero del fallecido le hizo entrega de este en mal estado. Agregó que también era obligación del fallecido hacer el reporte correspondiente a la empresa y el aislamiento del arma

de fuego en lugar de manipularla imprudentemente; además, puntualizó que era un deber del empleador asegurarse que su subordinado estuviera correctamente instruido en las actividades del oficio, a fin de evitar que procediera de manera insegura como lo hizo, con las consecuencias fatales conocidas. A partir de ello, consideró que la empresa demandada no cumplió con la carga procesal de demostrar que actuó con diligencia y precaución para resguardar la salud y la integridad de su trabajador, de ahí que no acató las obligaciones generales de protección y seguridad (artículos 56 del CST y 57, numerales 1 y 2, del CST). Por consiguiente, estimó que la empleadora no acreditó una conducta que la eximiera de responsabilidad por haber desplegado la vigilancia debida y todas las gestiones necesarias para prevenir este tipo de accidentes, ni adoptado las precauciones apropiadas para que su trabajador no se viera

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Radicación n.° 100548 afectado por una situación como la ocurrida. Concluyó entonces que estaban cumplidos los presupuestos de la culpa patronal: el perjuicio, la falta de diligencia y cuidado de la empleadora para garantizar la seguridad e integridad física, el nexo causal entre la muerte y la culpa del empleador «al haberle suministrado un arma de dotación defectuosa y haber omitido realizar la debida capacitación y adiestramiento». Estimó que, la empresa falló en su deber de cuidado y protección, como se evidenciaba del informe de investigación del accidente de trabajo, era claro que le asistía responsabilidad en el infortunio laboral, por lo que debía

indemnizar el daño en los términos del artículo 216 del CST. Agregó que no tenía relevancia que el trabajador también actuara con «impericia», en tanto que en tal evento se generaba la concurrencia de culpas (CSJ SL1565-2020). Luego de ello, procedió a calcular los perjuicios materiales y morales a favor de la madre e hija menor del trabajador.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la convocada a juicio que esta corporación case la

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Radicación n.° 100548 sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme íntegramente el fallo absolutorio dictado por el a quo. Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que no fue replicado.

VI. CARGO ÚNICO Se formula así: a) Precepto legal sustantivo que se estima violado, y concepto de la infracción.

Se acusa la sentencia del Tribunal Superior de Neiva - Sala Civil, Familia, Laboral, por la causal primera del artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral, por considerarla como violatoria de la ley sustancial, por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida e interpretación errónea del artículo 216 del CST, en relación con los artículos 55, 56 y 58 Ibídem, que disponen. […] Luego de transcribir el contenido de tales normas, «acusa la sentencia del ad quem de haber incurrido en los siguientes desaciertos jurídicos», que le condujeron a «aplicar

indebidamente» el artículo 216 del CST para declarar la culpa patronal, por lo siguiente:

1. La sentencia declara la culpa patronal, a pesar de que no se comprobó suficientemente la existencia de culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo.

Indica que la disposición normativa exige que la culpa del empleador esté suficientemente comprobada, lo que significa que se presente sin la concurrencia de ninguna otra, en

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Radicación n.° 100548 especial, la del trabajador o de un tercero. Sostiene que en el proceso se demostró que en la conducta generadora del accidente de trabajo intervino la acción imprudente del fallecido y de un tercero (María Inés Peñaloza González). Ello por cuanto esta última manipuló el arma y fue condenada por homicidio culposo, además, en el momento en que el señor Ortigoza recibió el puesto se le indicó que el tambor del arma estaba trabado, pese a lo cual omitió el deber de cuidado y la previsibilidad del resultado, así como comunicar la novedad al empleador; circunstancias que a la postre le ocasionaron las heridas que lo llevaron a la muerte, en tanto los «elementos de convicción» revelan que el accidente de trabajo se generó por la imprudencia y falta de cuidado del trabajador y de un tercero, no por culpa de la empleadora. En cuanto a la participación de otro trabajador en los hechos, destaca los artículos 1757 del Código Civil y 167 del Código General del Proceso, para indicar que la conducta

impropia de los trabajadores involucrados en el accidente era imposible de preverla o impedirla por parte de la empresa, aun empleando el cuidado ordinario y su autoridad. Luego de aludir a las decisiones CSJ SL5619-2016 y CSJ SL, 6 mar. 2012, radicación 35097, precisa que «obra en el expediente prueba que la demandada tenía procedimientos y consignas para el manejo de las armas (informe de investigación del accidente) y de la condena a la señora María Inés Peñaloza González por homicidio culposo, como responsable del accidente y daño causado a la víctima (Folio

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Radicación n.° 100548 115)», elementos que permiten establecer la responsabilidad del daño causado en cabeza de los dos trabajadores involucrados. Plantea que las obligaciones de protección y cuidado a cargo de las empresas son de medio y no de resultado, razón por la que es viable exonerarla del pago de la indemnización si demuestra que actuó con la diligencia que le era exigible, es decir, ante la ocurrencia de una causa extraña, como es el hecho de un tercero (CSJ SL1140-2023).

Afirma que: […] con las pruebas allegadas al proceso se demuestra que existió un accidente de trabajo que produjo un hecho dañoso, pero la parte demandante no demostró suficientemente la culpa del empleador, dado que no alegó el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección ni allegó al proceso ninguna prueba que permita inferir que la empresa LAOS SEGURIDAD, tuviera alguna responsabilidad en la ocurrencia

del accidente de trabajo, por el contrario, los medios de convicción son coincidentes y coherentes al indicar que el trabajador incumplió con las instrucciones dadas por el empleador, sus obligaciones y prohibiciones, y sin autorización, manipuló y permitió que un tercero manipulara el arma de dotación a pesar que estaba informado del daño que presentaba, conducta que trae como consecuencia, por virtud de la norma aplicable, que no hay lugar a declarar la culpa patronal ni la obligación de reconocer los perjuicios reclamados, por cuanto nos encontramos frente al hecho de un tercero y culpa exclusiva de la víctima, conductas que rompen el nexo causal entre el hecho, el daño y la culpa del empleador.

2. Invertir la carga de la prueba sin que se cumplieran los requisitos jurisprudenciales.

Esboza que, en la sentencia acusada se consideró que la parte demandante detalló el contexto en que ocurrieron los

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Radicación n.° 100548 supuestos fácticos y soportó la presunta falla del empleador en los deberes de cuidado y protección; sin embargo, estima que tal afirmación no tiene soporte probatorio, ya que si bien en el escrito inicial se mencionan las condiciones en las que sobrevinieron los hechos, no se indicó en qué radicó la presunta falencia de la empresa. Asegura que en el presente trámite judicial no se discutió ni se probó que la empleadora incumpliera con las obligaciones de protección y seguridad que le incumbían. Añade que, en realidad, la «única aproximación que hacen los demandantes en

este aspecto, tiene que ver con la afirmación del hecho quinto de la demanda», en donde se expuso que existió culpa por no haber suministrado al personal de vigilancia los elementos físicos y humanos adecuados para la protección del trabajador en este tipo de actividades, lo que se hubiera evitado de haberse cumplido con la dotación de elementos de protección y defensa, pero sin mencionar cuáles y, por el contrario, en el hecho tercero se afirmó que el suceso se generó por no prever lo previsible y omitir el deber objetivo de cuidado por parte de la señora Peñaloza González, lo que no involucra a la empresa, sino a un tercero. Agrega que la manifestación del Tribunal sobre que el trabajador falleció a causa de las omisiones y negligencia de su empleadora, al permitir que una trabajadora que había culminado su turno tomara un arma de fuego y la manipulara, corresponde a una afirmación expresada en la apelación, pero que no fue objeto de debate en el proceso; agrega que similar situación ocurrió respecto de que se trataba de una actividad

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Radicación n.° 100548 de alto riesgo y la falta de capacitación del personal en el manejo de armas, pues tales circunstancias tampoco fueron expuestas en la demanda inicial, los alegatos, ni en las pruebas.

3. Error de hecho en la apreciación de la prueba calificada.

Refiere que la Resolución 1401 de 2007, expedida por el Ministerio de la Protección Social, reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo mortales, por lo que se debe remitir la investigación y el informe del accidente de

trabajo a la Dirección Territorial de Trabajo con el objetivo de que se adelante la correspondiente indagación administrativa laboral y se impongan las sanciones. Por lo anterior, indica que tales probanzas no tienen por objeto definir los culpables del accidente de trabajo, porque la investigación administrativa laboral compete al Ministerio, entidad que no declaró responsable a la empresa. Afirma que los errores en la apreciación de esta prueba se generaron porque fue analizada de forma fraccionada, sin considerar que la investigación también dejaba en evidencia la conducta imprudente del trabajador y el incumplimiento de sus obligaciones y prohibiciones, relacionada con el reporte correspondiente a la empresa y el aislamiento del arma de fuego, en lugar de manipularla imprudentemente. Dice que es claro que el informe de investigación estableció que el acto inseguro se generó por la manipulación indebida

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Radicación n.° 100548 del arma por parte del trabajador, y por no cumplir los procedimientos establecidos para estos casos concernientes a avisar del daño reportado por el compañero de trabajo saliente para que se realizara el cambio y el mantenimiento, anotando que al revólver se le realizó la revisión preventiva conforme a la periodicidad trimestral que tiene la empresa. Arguye que el fallador presume el incumplimiento de la obligación del empleador de asegurarse que el trabajador estuviera correctamente instruido en las actividades del oficio, a fin de evitar que procediera de la manera insegura; manifestación que desconoce que la actividad de vigilancia y seguridad privada está regulada por el Decreto Ley 356 de 1994, que define los conocimientos y destrezas que se deben

tener para el ejercicio de esa actividad, y en el artículo 64 señala que el entrenamiento está a cargo de las escuelas de capacitación autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; que la Resolución No. 4973 del 27 julio de 2011 establece los ciclos de los diferentes cursos de vigilancia, y el Decreto 1070 de 2015 asigna a la Superintendencia el control, inspección y vigilancia sobre el contenido y el desarrollo de los cursos de entrenamiento ofertados, incluyendo el manejo de armas y municiones. Agrega que la Ley 1539 de 2012 establece que quienes pretendan obtener la credencial para prestar servicios de vigilancia privada en el territorio nacional deben obtener un certificado médico de aptitud psicofísica para el uso de armas. A partir de lo precedente, el recurrente sostiene que «Oscar Mauricio Ortigoza Cardozo y María Inés Peñaloza, estaban

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Radicación n.° 100548 capacitados y entrenados para el manejo de armas como vigilantes profesionales que son». Manifiesta que, al quedar demostrado que el Tribunal incurrió en un error de hecho por no valorar de manera integral el informe de investigación del accidente de trabajo e ignorar aspectos relevantes para la definición del litigio, no resultó acertado que la sentencia de segundo grado concluyera que el infortunio ocurrió por culpa patronal, desconociendo que: [...] el hecho dañoso fue cometido por un tercero, que el trabajador cometió una conducta imprudente que lo llevó a

manipular un arma que previamente se le informó estaba defectuosa, obviando las normas de seguridad, los procedimientos y las consignas establecidas por la empresa, que lo llevó a asumir riesgos manifiestos, innecesarios y graves que le ocasionaron la muerte y sin que esté demostrado que en el accidente concurrieron causas atribuibles al empleador. Concluye que, lo que existió en el presente caso fue culpa exclusiva de la víctima y de un tercero, por tanto, no se generaba la responsabilidad del empleador de que trata el artículo 216 de CST.

VII. CONSIDERACIONES El Tribunal explicó que tratándose de la culpa patronal le correspondía a la parte demandante demostrarla, pero se trasladaba a la parte demandada cuando se alegaba el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección, debiendo el empleador acreditar que actuó con diligencia y precaución. Aclaró que la actora debía probar de manera específica en qué consistió la omisión del empleador y las

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Radicación n.° 100548 circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el infortunio. Fundamentó su decisión en que el accidente de trabajo se produjo por el manejo de un arma defectuosa, la cual, al ser «manipulada por una compañera de trabajo del causante para tratar de destrabar el tambor, se accionó, impactando una de las balas en la humanidad del señor ORTIGOZA CARDOZO». Además, el colegiado consideró que en tal suceso concurrieron factores que estaban bajo el control del

empleador y otros actos inseguros del trabajador. Ello, porque la empleadora tenía el deber de capacitar a sus trabajadores y suministrar las armas de dotación en óptimo estado de funcionamiento, lo que no ocurrió; por su parte, el trabajador debía hacer el reporte correspondiente a la empresa y el aislamiento del arma de fuego en lugar de manipularla imprudentemente. Así, dijo que la demandada no actuó con la diligencia y cuidado necesarios para resguardar la vida y salud del servidor. Estimó que la empresa demandada no cumplió con la carga procesal de demostrar que actuó con diligencia y precaución para resguardar la salud y la integridad de su trabajador. Por consiguiente, la empleadora no acreditó una conducta que la eximiera de responsabilidad por haber desplegado la vigilancia debida y todas las gestiones necesarias para prevenir este tipo de accidentes, ni adoptado las precauciones apropiadas. Agregó que no tenía relevancia que el trabajador también actuara con «impericia», en tanto que en tal

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Radicación n.° 100548 evento se generaba la concurrencia de culpas, conforme a la jurisprudencia CSJ SL1565-2020. La censura formula un cargo por la senda directa, en donde aborda tres temas que denomina así: i) la sentencia declara la culpa patronal, a pesar de que no se comprobó suficientemente la existencia de culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo; ii) invertir la carga de la prueba sin que se cumplieran los requisitos jurisprudenciales; y iii) error de hecho en la apreciación de las probanzas

calificadas. Pues bien, revisada la demanda extraordinaria, la Corte encuentra que adolece de varios defectos técnicos. Entre ellos, se acusa el artículo 216 del CST bajo do