CSJ - SL2376-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2376-2023 Radicación n.° 87330 Acta 36 Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por AFRA DEL CARMEN ALZATE LONDOÑO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 20 de marzo de 2019, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra las

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI EICE ESP-.

I. ANTECEDENTES Afra del Carmen Alzate Londoño demandó a Emcali EICE ESP con el fin de que se declare que, entre las partes procesales, desde el 15 de junio de 2007, existe un contrato de trabajo; y, que tiene derecho a la nivelación salarial correspondiente a todo el tiempo de servicios prestados en el cargo de analista, para lo que se ha de tener en cuenta los

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Radicación n.° 87330 factores salariales. En consecuencia, solicitó se condene a la pasiva a que le «reconozcan, paguen y reliquiden» las diferencias salariales y demás acreencias laborales entre «el cargo en el que aparece inscrita en la planta de cargos» y la remuneración que corresponde al que realmente ha desempeñado, a saber: cesantías e intereses; «primas de servicio legales de mitad y fin de año», «primas adicionales convencionales» y «prima de vacaciones consagrada en la ley y en la convención colectiva

de trabajo»; asimismo la reliquidación de los aportes por salud y pensión, la indexación de las sumas adeudadas; la indemnización moratoria, la sanción por la no consignación completa de las cesantías; y las costas procesales. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que ingresó a laborar a Emcali EICE ESP en la fecha ya referida, para desempeñar el cargo de ayudante administrativo I, al cual se vinculó mediante contrato de trabajo a término indefinido en calidad de trabajadora oficial; que a pesar del empleo para el cual fue contratada, «desempeña las funciones propias del cargo de analista», tales como: recibir derechos de petición, recursos, tutelas, pliegos de cargos y, en general, reclamos de los usuarios, para ingresarlos al sistema y darles respuesta, pasarlos a la persona encargada de calidad para su aprobación y remitirlos a coordinación, etc. Precisó que las funciones que ejerce son distintas a las asignadas en el reglamento interno de trabajo para quien se desempeña como ayudante administrativo I. Agregó que

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Radicación n.° 87330 nunca percibió el salario de analista, que correspondía a $2.928.469, sino que se le reconoció $1.669.600, monto que incumbe al salario del ayudante administrativo, lo que le ha generado un detrimento en las prestaciones sociales y demás acreencias laborales, ya que no existe reciprocidad entre las funciones desempeñadas y la retribución cancelada. Comentó que, en diferentes oportunidades, junto con otros compañeros, puso en conocimiento de la Gerencia del

Área de Apoyo Comercial y Gestión al Cliente sobre la falta de personal y herramientas, la cantidad de trabajo y la mora en el reparto, sin obtener respuesta alguna. Acotó que el horario de trabajo era de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. de lunes a viernes, con una hora para almorzar; y que se encuentra afiliada a Sintraemcali, razón por la cual es beneficiaria de las convenciones colectivas de trabajo celebradas entre el empleador y dicha organización sindical. Recalcó que en muchas ocasiones fue llamada a la Dirección de Control Disciplinario por temas relacionados con sanciones impuestas a la empresa «como consecuencia de los silencios administrativos positivos», razón por la cual no entendía por qué, si podía ser objeto de investigaciones disciplinarias por las funciones de analista, pero para efectos salariales no se le tenía en cuenta que las desarrollaba; y, por último, manifestó que agotó la reclamación administrativa el 13 de mayo de 2012. Al dar respuesta a la demanda (f.º 518), la parte

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Radicación n.° 87330 accionada se opuso a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, admitió que la señora Afra del Carmen Alzate Londoño ingresó a laborar el 15 de junio de 2007 para desempeñar el cargo de ayudante administrativo I, mediante contrato de trabajo a término indefinido, en el cual ostentaba la calidad de trabajadora oficial; el salario percibido y que había sido investigada disciplinariamente por la Dirección de Control Disciplinario por temas relacionados con sanciones impuestas a la empresa por «los silencios administrativos

positivos», y que estaba afiliada a la organización sindical. Frente a los demás supuestos dijo que no eran ciertos o no ostentaban tal calidad. En su defensa señaló que la demandante se vinculó como ayudante administrativo 1, desempeñando las funciones propias del cargo, a saber: a) Atender personal y telefónicamente las solicitudes de los clientes internos y externos, suministrando información veraz y oportuna; b) Efectuar la recepción y clasificación de la correspondencia haciendo la respectiva revisión y registro; c) Almacenar adecuadamente los elementos recibidos, de acuerdo con los procesos y procedimientos empresariales; d) Despachar la correspondencia y elementos autorizados, con base en el documento de envío o requisición respectivo; e) Mantener actualizada la base de datos, archivo, inventario y equipos a su cargo, haciendo buen uso de ellos; f) Apoyar las actividades de fotocopiado y transcripción de documentos; g) Transcribir los informes requeridos por la empresa o las autoridades competentes; h) Acatar y difundir las normas expedidas por la empresa en materia de autocontrol, así como las disposiciones de higiene y seguridad industrial; i) Cumplir las demás funciones inherentes al cargo y a su dependencia que le sean asignadas por el jefe inmediato; y j) Ejercer funciones en el área en la cual haya sido asignado de conformidad, en concordancia y para el cumplimiento de las competencias generales atribuidas al área y/o dependencia respectiva de las que conforman la estructura organizacional de la entidad. (subrayas fuera de texto).

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Radicación n.° 87330 Agregó que mediante Resolución GG-001111 del 3 de julio de 2010, se establecieron en forma clara y expresa, no solo las funciones para cada uno de los cargos de la entidad, sino el perfil, los requerimientos para ejercerlos, la formación formal y no formal, la capacitación, la experiencia, etc., que requería cada uno de ellos. Acotó que no bastaba con que las personas cumplan con los requisitos básicos para el desempeño de un cargo, sino que además deben atender lo dispuesto en la Resolución GG-00963 del 3 de julio de 2008, que en su artículo 2 consagra las formas de provisión de cargos vacantes de trabajadores oficiales; esto es, mediante concurso o enganche directo, presupuestos que la demandante no cumplía porque no había participado en concurso alguno. Precisó que la modalidad de enganche solo se podía presentar en dos situaciones: «cuando el cargo objeto de concurso haya sido declarado desierto y cuando se requiera proveer con personal interno o externo en unos cargos específicos determinados en el mismo reglamento, entre los cuales no se encuentra el de analista». Propuso las excepciones de mérito que denominó inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe de la entidad demandada, pago, compensación, prescripción y la innominada o genérica.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante

fallo del 14 de julio de 2015 resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que entre EMCALI EICE ESP y la señora AFRA DEL CARMEN ALZATE LONDOÑO, identificada con la cédula No. 31.375.053 existe una relación laboral desde el 15 de junio de 2007. 1.1. DECLARAR que durante el periodo que transcurrió entre el 18 de marzo de 2008 y el 15 de febrero de 2010 y del 19 de octubre de 2010 hasta la fecha la señora ALZATE LONDOÑO ejerció funciones propias del cargo de ANALISTA en el departamento PQR y, en consecuencia, tiene derecho a percibir el salario asignado para esos lapsos a esta clase de empleo. En consecuencia, 1.2. ORDENAR a EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP a reconocer y pagar debidamente indexado el reajuste salarial, así como el mayor valor sobre las primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones convencionales que se hubieren reconocido durante el periodo a la señora AFRA DEL CARMEN ALZATE LONDOÑO y que se sigan causando mientras siga desempeñando las funciones de ANALISTA. El cálculo que efectúa el Despacho entre el 18 de marzo de 2008 y 31 de agosto de 2013 por este concepto asciende a $92.639.490. Este valor no incluye la diferencia prestacional del año 2010, la que deberá liquidar la entidad demandada. 1.3: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones.

SEGUNDO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de PRESCRIPCIÓN, respecto de las acreencias causadas antes del

18 de marzo de 2008 y no probadas las demás excepciones.

TERCERO: COSTAS a cargo de la parte demandada. Liquídense por concepto de agencias en derecho suma equivalente a 17 slmmv al momento en que se verifique el pago. Notificados en estrados.

Posteriormente en sentencia complementaria, precisó: Minuto inicial: 00:48:17

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RESUELVE:

1. Adicionar la sentencia 176 proferida por el despacho, en consecuencia, modificar el Numeral 1 de la parte resolutiva adicionándole así: 1.4 Condenar a EMCALI EICE ESP a pagar el reajuste de los salarios base de cotización en· pensión y salud, como consecuencia del cálculo de las diferencias salariales en favor de la demandante AFRA DEL CARMEN ALZATE LONDOÑO causadas a partir del 18 de marzo de 2008.

2. En lo demás se mantiene la decisión.

Para arribar a la anterior conclusión, expuso que existía armonía probatoria acerca de que al ayudante administrativo solo le correspondía atender a los clientes (por escrito y telefónicamente); pero no «dar respuesta escrita a peticiones quejas reclamos y tutelas», funciones estas últimas que eran propias del cargo de analista.

Luego precisó: […] estando demostrado el desempeño del cargo de la demandante en las condiciones exigidas en la tabla salarial con fundamento en la prevalencia de la realidad sobre las formas, resulta procedente la pretensión de nivelación formulada, actividades que dicho sea de paso fueron efectuadas con excelencia tal y como lo demuestran las calificaciones de servicios

que obran en el expediente. […] no encuentra el juzgado razón atendible que justifique que la demandante hubiera ejecutado las funciones de un analista sin obtener la remuneración establecida en la tabla salarial para el mismo, actividad que se reitera desempeñó con excelencia […]. Así entonces, en principio, la señora Alzate Londoño tiene derecho al reconocimiento de la nivelación salarial que se reclama a partir del 25 de octubre de 2007 al 15 de febrero de 2010 y del 19 de octubre de 2010 a la fecha, si la trabajadora sigue ejecutando la misma labor de respuesta escrita, de derechos de petición y tutelas Sin embargo, al resolver la excepción de prescripción,

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Radicación n.° 87330 dijo que como la reclamación administrativa se presentó el 18 de marzo de 2011 (f.° 22 y 203) se había interrumpido el fenómeno extintivo, dado que la demanda se radicó el 14 de diciembre de 2012 (f.° 10); por consiguiente, las «acreencias causadas antes del 18 de marzo de 2008» estaban prescritas. En consecuencia, […] se le deberá nivelar su salario durante el periodo que transcurrió entre el 18 de marzo de 2008 y el 15 de febrero de 2010 y del 19 de octubre de 2010 a la fecha, reajustando las prestaciones y auxilios que se hubieran causado durante el período tales como; primas legales y extra legales, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones convencionales, lo anterior en la medida que de conformidad con

el documento de folio 364 la demandante tiene la calidad de asociada sindical, hecho aceptado en la contestación (f.° 179). Igualmente, respecto de las diferencias prestacionales del año 2010, consideró: […] se dispondrá que para esa anualidad y con base en el cuadro de diferencias salariales proceda Emcali a calcular la diferencia adeudada, por ser su omisión en el aporte completo de la información la que impidió hacer el cálculo completo por parte del despacho. Tenemos entonces que para los lapsos 18 de marzo de 2008 a 15 de febrero de 2010 y del 19 de octubre de 2010 a junio de 2013, que fue cuando presentó [la demanda], se tiene lo siguiente: qué hizo el despacho, este cuadro es igual al que nos fue aportado que obra en el expediente de los pagos que recibió la demandante; el despacho lo que hizo fue coger cada pago que se le hizo y calcularle la diferencia, conforme al cuadro de diferencia a favor y reliquidar el excedente que hacía falta. […] de él se observa que el total adeudado por concepto de diferencias salariales y prestacionales, sin incluir la diferencia prestacional del año 2010, hasta agosto de 2013, asciende a la suma de $92.639,490. (Subrayado de la Sala).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito

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Radicación n.° 87330 Judicial de Cali, mediante fallo del 20 de marzo de 2019, al resolver los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, revocó la decisión apelada y, en su lugar, absolvió de

todas las pretensiones a la demandada e impuso costas a cargo de la accionante. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal dijo que la primera lectura de los hechos y pretensiones de la demanda, permitía establecer que la demandante no cumplió con el cargo de ayudante administrativo I, sino que lo hizo como analista, lo que «en sentido práctico equivale a que a través de una aparente nivelación salarial y prestacional, que la decisión del juez la ascienda para que sus prestaciones salariales y prestaciones sociales sean de analista», cuando para acceder a este, que es tecnológico, se requiere «que haya concurso de méritos y que participe en el concurso de méritos que el juez la ascienda, que esa no es la función del juez, no sería el juez competente para ello. Abordó el estudio jurídico desde la perspectiva de la categorización de los servidores públicos, de manera que, inicialmente, recordó que la demandante se vinculó a Emcali EICE ESP mediante un contrato de trabajo a término indefinido el 15 de junio de 2007, para desempeñar el cargo de ayudante administrativo I y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las instrucciones del empleador o sus representantes (f.º 11); y que estuvo adscrita al Departamento de Servicio al Cliente y PQR de la Gerencia Comercial, de manera que ostentó la calidad de trabajadora oficial.

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Radicación n.° 87330 Acto seguido se refirió a la categorización de los servidores públicos, haciendo distinción entre funcionarios y

empleados, exteriorizando, entre otras diferencias, que los primeros son personas «por naturaleza política o de gobierno y autoridad de sus funciones, son de libre nombramiento y remoción; los segundos, por la naturaleza técnica administrativa y subordinada de sus funciones son de carrera»; y que las labores de los funcionarios están asignadas en la constitución y las leyes, mientras que las de los empleados, están determinadas en los reglamentos o manuales específicos. A su vez, indicó las diferencias entre empleados públicos y trabajadores oficiales, tanto desde la perspectiva legal como doctrinaria, para con base en ello concluir que «no se pueden excluir, a mi manera de pensar, los trabajadores oficiales de las situaciones administrativas», entendiendo por tales aquellas circunstancias o estados en que se encuentran los servidores oficiales frente a la administración en cualquiera de sus niveles (directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial); y que tales situaciones eran: servicio activo, en licencia, permiso, encargo, comisión para adelantar estudios, comisión para desempeñar empleo de libre nombramiento y remoción o de periodo prestación, prestando servicio militar, suspendido, en ejercicio de sus funciones, en vacaciones y licencia por luto, etc. Afirmó que, según las diferentes resoluciones, la demandante pertenecía al nivel asistencial; y que de ninguna manera «se puede pensar que esté en encargo, porque no

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Radicación n.° 87330 existe la figura del encargo para el analista, como se ve enseguida». En efecto, fue contratada para el cargo de

ayudante administrativo I, cargo adscrito al Departamento de Servicio al cliente y PQR de la Gerencia Comercial, para realizar labores administrativas «básicas de apoyo en el manejo de información e interrelación con los clientes internos y externos y ejerce las funciones descritas en el manual específico de funciones y competencias para los cargos de planta de Emcali (f.º 19). Con relación a las tareas a desempeñar aseguró «que no le gustan a la demandante, por cierto, pero fue el cargo al cual o se le vinculó y por el cual se vinculó a la empresa», luego afirmó que, pese a que «se piensa que en las entidades oficiales donde existe el nivel de trabajador oficial, estos sólo se rigen por la convención», lo cierto era que para esta clase de trabajadores habían reglas, procedimientos y limitantes, por lo que no podían movilizarse libremente; y que si la actora deseaba acceder al cargo de analista «debía concursar», por cuanto el cargo estaba en todas las áreas o servicios, pues lo que marcaba la diferencia era la actividad desempeñada por cada dependencia. Expuso que en el proceso no había acto administrativo o una comunicación de un superior jerárquico que «le ordenara a la señora Afra del Carmen ocupar otro cargo bajo ninguna situación administrativa distinta a la vinculación inicial, falta el acto que varía el empleo, que le varía las funciones, hay gente que no le gusta hablar de acto condición»; que, en el caso de la accionante, se le vinculó mediante

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contrato de trabajo a término indefinido y así lo habían aceptado las partes; además, indicó que la trabajadora se obligó a poner al servicio de la demandada toda su capacidad normal de trabajo en forma exclusiva, de conformidad con las funciones propias del cargo de ayudante administrativo I y las labores conexas y complementarias del mismo, de acuerdo con las instrucciones que la empresa le impartiera. Añadió que «no es una situación de hecho que se imponga a la demandada, porque si así fuera, podría aspirar hasta a una jefatura, es decir, contrariando una organización interna, una jerarquía y unos procedimientos internos para los respectivos cargos y para ejercer las pertinentes funciones», máxime que no podía existir empleo oficial que no tuviera funciones detalladas en la ley o reglamento, ni funciones que no estuvieren en el manual; el cual, asimismo, debía estar contemplado en la planta de personal y prevista su remuneración. Iteró que, según el contrato de trabajo y el manual de funciones, cuyo contenido es similar en todas las reformas (resoluciones de 2004, 2007, 2008, 2009 y 2011), respecto de las labores del ayudante administrativo I, le generaban «una situación administrativa activa en el cargo y funciones asignadas, y por consiguiente, ajustada a derecho» lo que significaba que toda movilidad del cargo para el cual reunía requisitos, incluso estaba sobrecalificada (f.º 20), no era libre.

Al efecto dijo textualmente: La movilidad entre cargos y funciones no es libre, debe haber un

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Radicación n.° 87330 acto que lo autorice, de nombramiento o de ascenso o el que

corresponda a todas las situaciones especiales; que es un acto administrativo expreso y por escrito del jefe, salvo que se demuestre lo contrario, que no lo está en autos. En autos no hay prueba de que a la demandante le hubieran asignado funciones distintas a las genéricas de ayudante administrativa I, como lo veremos en su oportunidad; quien ejerza las funciones de jefe en la dependencia a la cual está adscrito, folio 18, es quien debe autorizar cargo y funciones, muy distinto a lo que la a quo toma aquí como traslado, error del a quo, la a quo toma como traslado o cambio de cargo el ejercicio del ius variandi […]. erró el a quo al considerar que estos simples envíos [folios 196, 198, 199, 477], para desempeñar funciones extra empresariales y en las otras sedes de la empresa no son nada distinto que eso, en virtud del ius variandi, el poder de dar órdenes, pero eso no constituye ni cambio de cargo ni cambio de funciones, sigue siempre siendo ayudante administrativa I. Insistió en que el documento visto a folio 198 simplemente contenía una instrucción del jefe, que en ningún momento constituía un acto de asignación de funciones de otro cargo, sino simplemente las de ayudante administrativo I. Agregó que la actora confesó que siempre desempeñó las mismas funciones (f.º 25); que conocía la situación de la empresa; y que, en dicha petición, calendada el 1 de marzo de 2011, admitió: […] “debe quedar en claro que no estoy solicitando una reubicación en un cargo diferente de aquellos para los cuales fui

contratada, porque tengo claro que esto no es posible mientras no se agote el debido procedimiento limitante legal, limitante reglamentaria; tampoco una nivelación salarial porque igualmente esta tiene un trámite preestablecido”, conoce su propia situación, se trata únicamente de reclamar el respeto al derecho de igualdad salarial», muy distinto a lo que aquí se ha planteado como contrato realidad». Después de aludir a la respuesta dada por Emcali a la anterior reclamación y a la que, junto con otros compañeros, presentó la accionante el 1 de noviembre de 2011, así como al contenido de los artículos 16 y 18 de la convención

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Radicación n.° 87330 colectiva, dijo que en el acuerdo extralegal se estableció un proceso de selección y enganche para la vinculación de personal y de ascenso de trabajadores oficiales (Resolución 00963 de junio 18 de 2008), a través de dos modalidades: por concurso de mérito y por enganche directo. Expuso que esta última estaba regulada en el artículo 30 convencional, presupuestos que acá no se daban (f. º 52 y vuelto). También refirió a la cláusula 16 de la convención en la que se regula el pago de diferencias salariales por remplazos transitorios, para con fundamento en tales disposiciones concluir que «en todos los casos necesita que alguien lo autorice, porque no se pueden hacer o crear situaciones de hecho, hay reglas y aquí la regla la está dando la convención y la empresa se está ateniendo a ellas». A continuación, citó un fragmento de la sentencia CSJ SL, 2 nov. 2006, rad. 26437, para señalar la carga probatoria

que tiene quien pretende una nivelación salarial sobre las condiciones de eficiencia, circunstancia que no aplica en todos los casos, dado que si se alega la existencia de un escalafón que fija salarios para los cargos, basta con probar el desempeño del cargo en las condiciones exigidas en la tabla salarial, evento en el cual no es indispensable la prueba de la condición de eficiencia. En adelante, se propuso verificar si la demandante desarrolló actividades distintas a las definidas en los manuales de funciones para el cargo de ayudante administrativo I, para esto, recordó que aquella señaló que

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Radicación n.° 87330 las funciones realmente desempeñadas consistían en «recibir y contestar derechos de petición, recursos, tutelas, reclamos de usuarios», las cuales en su criterio eran inherentes al cargo de analista en PQR. Agregó que la trabajadora presentó dos testigos: Elizabeth Valencia Benavides, profesional administrativo III, y Paola Andrea Gómez Fiallo, analista de PQR, respecto de las cuales consideró lo siguiente: […] dice Elizabeth Valencia Benavides, en el caso y para explicar la situación de la demandante “Para mayor claridad, el Departamento de Atención al Cliente se dedica exclusivamente a atender las quejas y los reclamos de los usuarios y está bien dividido en varios grupos: un grupo que contesta única y exclusivamente las reclamaciones relacionadas con telecomunicaciones; otro grupo que contesta única y exclusivamente las reclamaciones presentadas con los servicios de acueducto de energía alcantarillado” esto para indicar que los cargos de ayudante administrativo 1 y de analista existen en todas estas áreas; en todos estos, por así decirlo, negocios o

actividades por servicios sectorizados; “la señora Afra, la demandante, estaba en el grupo que atiende las peticiones de telecomunicaciones” ella es la declarante administrativo 3, dice “yo llegué a ese departamento, a PQR telecomunicaciones a contestar las acciones de tutela interpuestas por usuarios, después pasé a liderar el grupo de recursos, a la demandante, al igual que todos los integrantes del grupo, le hacían un reparto de las peticiones que llegaban de las reclamaciones por el servicio de telecomunicaciones, el grupo de ella las analizaba, solicitaba las pruebas que consideraran pertinentes, visitas, remitían las peticiones al área operativa, hacían los requerimientos; en Emcali, los manuales de funciones son muy genéricos, las actividades de cada cargo dependen del área donde se encuentre, las funciones del analista también dependen de la dependencia donde se encuentre. Afra siempre ha estado en el área de telecomunicaciones, no conozco exactamente el cargo para el cual fue contratada Afra. El cargo de analista es un cargo muy genérico y las actividades de cada área en que las personas se desempeñan. en el caso de PQR, sólo se contestan peticiones, quejas, reclamos, recursos, no se podía hacer otra cosa, las personas que trabajan en PQR, independiente del cargo, sí realizan las mismas funciones: revisar la petición del usuario, revisarla, solicitar las pruebas, ordenar las revisiones a que haya lugar, recopilar pruebas y darle respuesta al usuario”.

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Radicación n.° 87330 La conclusión de este testimonio es que en cada servicio de Emcali, en cada área, hay varios analistas y tienen como personal

de apoyo a los ayudantes administrativos, entre ellos, pues ayudante administrativo 1, pero quien nos va a dar más luces y que es contundente es la declaración de la analista, porque tiene el cargo de analista, Paola Andrea Gómez Fiallo, ella va a decir vean “las funciones de analista la realizábamos diferentes personas que desempeñábamos diferentes cargos” Eso es lo que llaman la disfuncionalidad de la funcionalidad. (subrayado fuera de texto). Finalmente, arguyó que, con fundamento en lo dicho por las testigos, entraba a estudiar las funciones desempeñadas por la actora, frente a las doce descritas para el cargo de analista en la Resolución 00892 del 28 de abril de 2011 (f.º 623), mediante la cual se modificó el manual de funciones y competencias laborales en el nivel técnico. Al efecto, culminó así: La conclusión de este análisis es que […] de esas doce funciones para el cargo de analista, diez son concretas y las dos últimas son abstractas, genéricas, son como cláusulas generales de funciones: “11. cumplir las demás funciones inherentes al cargo y a su dependencia asignadas por su jefe inmediato; 12. ejercer las funciones en el área en la cual haya sido asignado de conformidad y en concordancia y para el cumplimiento de las competencias generales atribuidas”, […]. De este análisis se concluye que de las doce funciones, de las cuales diez son concretas, porque las otras dos son abstractas, generales, genéricas, la demandante no cumplía siete de esas diez funciones concretas, siete u ocho no las cumplía, no

queriendo significar que las otras dos las cumpliera de frecuente, valga redundancia, cumplimiento por parte del apelante, con lo que no puede pretender ni un ascenso ni un cambio de contrato ni un nuevo cargo ni una nivelación salarial, cuando de las diez funciones sólo ejerce dos; de diez funciones concretas, específicas del cargo de analista, sólo ejerce dos o tres porque las otras siete negativamente (sic) contestado por la testigo, de las que da fe la testigo, está bajo juramento, hay que creerle, tiene el mismo cargo de analista, o sea que no está especulando. No se puede pretender una nivelación salarial y menos en

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Radicación n.° 87330 acepción que pretende que se le iguale el salario a los topes salariales y prestacionales de analista, ni aun acudiendo a la teoría de la realidad del artículo 53, como pretende la parte actora, porque es que la realidad es la realidad y la realidad es que ejerza las diez o doce funciones que señala el manual de funciones, que señala esta resolución al folio 622 y 623 resolución 892 del 28 de abril de 2011, y pues ni por contrato o realidad, si no cumple las funciones, o mejor, si no cumple totalmente las funciones, porque no es la parcialidad de funciones, así no se puede aspirar. Además de que no reúne los requisitos para el cargo, que le va a exigir título de formación técnicaprofesional en administración de empresas, contabilidad en áreas administrativas contables financieras, ingeniería industrial, sistemas, informática, o al menos dos años de formación profesional en las mismas, no las reúne, ella es abogada, que es muy distinto a estas áreas de

conocimiento, a estas áreas que son para un cargo técnico como el de analista en este caso, folio 626. (Subrayado de la Sala).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que se case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme la decisión proferida por el Juzgado de primer grado: […] en sus numerales “PRIMERO” Subnumeral 11 y 13, “SEGUNDO” y “TERCERO”, como también la sentencia complementaria y MODIFIQUE el Subnumeral