CSJ - SL2393-2024

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL2393-2024 Radicación n.° 101360 Acta 29 Bogotá, D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el tres (03) de mayo de dos mil veintitrés (2023), en el proceso que instauró CARLOS MARÍN OBANDO.

I. ANTECEDENTES Carlos Marín Obando llamó a juicio a Colpensiones, para que se le reconociera la pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo, conforme al artículo 15 del Acuerdo 049 de 1990, a partir del 22 de febrero de 2014, con efectos fiscales desde el 1° de diciembre de 2019, junto con las mesadas retroactivas, los intereses moratorios y las costas.

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Radicación n.° 101360 Narró que nació el 22 de febrero de 1963; que prestó servicios en actividades de alto riesgo para los siguientes empleadores: Empleador Extremos Elementos Cargos Exposición de de alto riesgo producción Vidriera de 23 de Hornos a 1. Archero: 6.1.1. ALTAS Caldas S. A. mayo de gas, arena 1987-1988. TEMPERATURAS, 1987 al 12 de sílice y toda vez que los de agosto asbesto o 2. Aguantador HORNOS A GAS

de 2012 amianto de posta: en que se 1988 a procesaba el 1998. material de vidrio superaban los

3. Postero: 1.700º C. 1999 a

2012. INHALACIÓN DE

OXIDO DE

SILICIO O

DIÓXIDO DE SILICIO SiO2, - SÍLICE, como componente de la ARENA, dado que el área de producción permanecía invadida de nubes densas de dicho elemento químico por el trabajo con arena a chorro. INHALACIÓN DEL ASBESTO O AMIANTO, toda vez que dicho mineral de origen natural era utilizado como protector del material de vidrio y su manipulación, así como forraje de los hornos y de las herramientas de trabajo. Vical 1° de hornos a Postero: 2015 a ALTAS Trabajadores agosto de gas 2017 TEMPERATURAS, SAS 2015 al 30 toda vez que los de junio HORNOS A GAS

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Radicación n.° 101360 de 2016 en que se procesaba el 1° de material de vidrio enero de superaban los 2017 al 1° 1.700º C. de abril

2017 INHALACIÓN DE

OXIDO DE

SILICIO O

DIÓXIDO DE SILICIO SiO2, - SÍLICE, como componente de la ARENA, dado que el área de producción permanecía invadida de nubes densas de dicho elemento químico por el trabajo con arena a chorro.

INHALACIÓN

DEL ASBESTO O AMIANTO, toda

vez que dicho mineral de origen natural era utilizado como protector del material de vidrio y su manipulación, así como forraje de los hornos y de las herramientas de trabajo. Contó que reporta 1.377,14 semanas de cotizaciones en ejecución de labores de alto riesgo para la salud; que su primer contratante aportó a su ARL bajo el riesgo IV y el segundo en el V; que el 6 de marzo de 2020 reclamó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de alto riesgo, la cual fue negada mediante Oficio n.° BZ2020_23772960484525 del 18 de febrero de 2020, debido a que la documentación aportada no daba certeza de la ejecución de esas actividades; que su último aporte fue el 1° de diciembre de 2019 (f.° 10 a 30, cuaderno del juzgado,

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Radicación n.° 101360 archivo «2024115638238644», expediente digital). Mediante auto 19 de julio de 2022, se dio por no contestada la demanda por la accionada (f.° 297 a 298, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el 21 de noviembre de 2022, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que el señor CARLOS MARÍN OBANDO tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez, contemplada en el artículo 3° del Decreto 1281 de 1994, desde el 22 de febrero de 2015. Así mismo, que su disfrute es

procedente a partir del 1º de diciembre de 2019, en cuantía de un SMMLV, por 13 mesadas anuales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagar a favor del señor CARLOS MARÍN OBANDO la suma de $34.878.509 por concepto de retroactivo pensional causado entre el 01 de diciembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2022, sin perjuicio de las que se causen con posterioridad, suma que deberá ser debidamente indexada al momento de efectuarse el pago.

TERCERO: AUTORIZAR a COLPENSIONES a descontar el porcentaje correspondiente al sistema de salud.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Costas a cargo de la demandada y a favor del actor en un 90 % de las causadas […] (f.° 1275 a 1276, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 3 de mayo de 2023, al desatar el recurso de apelación de ambas partes y el grado

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Radicación n.° 101360 jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, resolvió: […] PRIMERO: MODIFICAR el numeral 2º de la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2022 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por Carlos Marín Obando contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, en el sentido de que el valor del

retroactivo pensional liquidado desde el 01/12/2019 hasta abril de 2023, mes anterior al proferimiento de esta decisión, alcanza un total de $42’518.509.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia consultada.

TERCERO: CONDENAR en costas al demandante y a favor de la demandada por lo expuesto […].

Dijo, en lo que interesa a la casación, que determinaría si el accionante acreditó que desempeñó funciones calificadas como de alto riesgo y tenía derecho a la prestación reclamada. Expuso que el artículo 2º del Decreto 2090 de 2003 señaló las actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores; que en sus numerales 2° y 4° están las relacionadas con la exposición a altas temperaturas, por encima de los valores límites permisibles, determinados por las normas técnicas de salud ocupacional y sustancias comprobadamente cancerígenas. Acotó que, conforme a la jurisprudencia, quien pretendiera acceder a la pensión especial de vejez, debía demostrar que «efectivamente estaba ejecutando tales funciones y no limitarse a acreditar que la empresa donde las ejercía se encontraba clasificada como de alto riesgo», lo que podía hacer a través de cualquier medio probatorio.

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Radicación n.° 101360 Señaló que esa carga demostrativa había sido cumplida por el accionante, puesto que probó haber laborado «en actividades de alto riesgo correspondientes al oficio de aguantador de posta», pues estaba cerca de los hornos de fundición y afinación, estando encargado de

sacar el vidrio de la materia prima y/o elaborarlo «para que se pudiera trabajar […] con los moldes, y […] como levantador de vidrio y soplador». Afirmó que lo anterior fue informado por los testigos Francisco Javier Franco Bustamante y William de Jesús Bolívar Restrepo, quienes coincidieron en declarar que prestó servicios para la Vidriera de Caldas S. A. «durante muchos años», periodo en el que realizó actividades de elaboración de objetos de vidrio, las cuales […] implicaban la exposición a temperaturas altas y arduas de 1350° grados, en la medida que el horno del que provenía el material a moldear alcanzaba altas temperaturas, del que provenía la posta de vidrio que ellos debían sacar y soplar a través de una caña que se calentaba a altas temperaturas y en ocasiones les generaba quemaduras. Aseveró que esas probanzas permitían colegir que el señor Marín Obando «sí se desempeñó en una actividad de alto riesgo, como es la exposición a altas temperaturas que emanan de un horno», lo cual le habilitaba para analizar el cumplimiento de las exigencias legales para el otorgamiento de la prestación. Puntualizó, al decidir lo último, que el trabajador demostró:

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Radicación n.° 101360 i) que «el 28/07/2003 contaba con 829,85 semanas de cotización bajo actividades de alto riesgo. Cotizaciones que en su totalidad corresponden a alto riesgo pues fueron desempeñadas a favor del empleador Vidriera de Caldas S.

A. a partir del 22/05/1987».

1. que «alcanzó los 55 años (...) el 22/02/2018, época para la cual tenía cotizados únicamente con la Vidriera de Caldas Ltda. 1.198,42 semanas de alto riesgo del 22/05/1987 hasta septiembre de 2010 (f.° 12, archivo 18, exp. Digital)». iii) que «[…] las 1.198,42 semanas de cotizaciones de alto riesgo otorgan al demandante 198,42 semanas adicionales a las 1.000 requeridas, de ahí que pudiera disminuir su edad de pensión en 3 años».

Concluyó que el reclamante causó la pensión el 22 de febrero de 2015, cuando alcanzó los 52 años, pero la disfrutaría desde diciembre de 2019, puesto que dejó de cotizar en noviembre de ese año. Razonó, en punto a los intereses moratorios, que no había lugar a ellos, pues a pesar de que la Resolución n.° SUB94486 del 20 de abril de 2020, daba cuenta que con la reclamación prestacional se anexaron las Certificaciones Laborales del 16 de mayo de 2012 y de agosto de 2012, expedidas por la Vidriería de Caldas, que informaban que el accionante había sido operario de planta y «operario de

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Radicación n.° 101360 producción postero», estas eran insuficientes para que la entidad de seguridad social tuviese por acreditado la exposición a alto riesgo que daba lugar a la pensión especial de vejez (f.° 64 a 79, cuaderno del tribunal, archivo «2024115956120644», ib).

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pide a la Sala que case la sentencia recurrida y, en sede de instancia, revoque la primera, absolviéndole de todas las pretensiones en su contra (f.° 5, cuaderno de la Corte, archivo «0006Anexo_masivo_de_memorial», expediente digital).

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, que no fueron replicados (archivo «8001Informe_secretarial», ibidem).

VI. CARGO PRIMERO Dice que el Tribunal incurrió en […] aplicación indebida del artículo 61 del CPT - al distorsionar su alcance - mecanismo de violación para transgredir los artículos 2°, 4° y 6° del Decreto 2090 de 2003; 3°, 6° y 8° del Decreto 1281 de 1994; 15 del Acuerdo 049 de 1990; 21 y 33 de

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Radicación n.° 101360 la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Afirma que el colegiado cometió un error de derecho, […] al acreditar con la prueba testimonial la exposición a altas temperaturas, durante el tiempo que estuvo vinculado el señor CARLOS MARÍN OBANDO a la VIDRIERÍA DE CALDAS S. A., del 22 de mayo de 1987 a septiembre de 2010, esto es, por más de 1198,42 semanas, dejando por completo de lado que la

exposición a altas temperaturas que permite el otorgamiento de la mesada especial de vejez, debe [probarse] mediante un documento técnico en el cual se determinara de forma clara, concreta y numéricamente, si se superaron o no los límites permisibles para exposición, según el índice WBGT, tal como lo estipula el parágrafo del artículo 64 de la Resolución n.° 2400 de 1979 (mayúscula del texto original). Aduce que ese yerro, derivó de la errónea valoración de: i) la historia laboral («f.° 334 a 344 del PDF cuaderno primera instancia 2024115638238407») y, ii) los testimonios de Francisco Javier Franco Bustamante y William de Jesús Bolívar Restrepo, así como la falta de estimación de: […] 1.Certificación expedida por POSITIVA S. A. el 14 de noviembre de 2019 (Pág. 57, ibidem).

2. Certificación expedida por VICAL el 3 de junio de 2019

(Pág. 58, ib).

3. Certificación expedida por VICAL el 17 de noviembre de 2019 (Pág. 59, ibidem).

4. Certificación expedida por POSITIVA S. A. (Pág. 61 a 70, ib).

5. Certificación AXA COLPATRIA (Pág. 87, ibidem).

Precisa que no discute: i) que el asegurado nació el 22 de febrero de 1963;

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Radicación n.° 101360 ii) que cotizó como dependiente de la Vidriera de Caldas S. A. «desde 22 de mayo de 1987» y, con Vical

Trabajadores SAS, de agosto de 2015 a abril de 2017; iii) que cuenta con 1.353,28 ciclos aportados, incluyendo los cotizados bajo el régimen subsidiado, de diciembre de 2017 a noviembre de 2019; iv) que «[…] la certificación laboral emitida el 16/05/2012 por la Vidriera de Caldas S. A. (...) la que daba cuenta que se había desempeñado como operario de planta»; v) que se aportó otro documento de similar naturaleza, de agosto de 2012, «[…] que daba cuenta que se había desempeñado como operario de producción postero»; vi) que dichos anexos a la reclamación pensional eran […] insuficientes para que advirtiera que […] había prestado sus servicios durante todas las cotizaciones reportadas por la citada Vidriera de Caldas S. A. expuesto a altas temperaturas, por encima de los valores límites permisibles determinados por las normas técnicas de salud ocupacional o que, en razón a ello, hubiere estado expuesto a sustancias comprobadamente cancerígenas. Lo anterior, teniendo en cuenta que: «[…] de las certificaciones allegadas no podía concluirse con certeza el requisito que daba lugar al derecho pensional, esto es, la exposición a altas temperaturas o la exposición a sustancias cancerígenas».

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Radicación n.° 101360 Refiere que discrepa de la segunda decisión, porque dio por demostrada las altas temperaturas en la vinculación laboral a la empresa Vidriera de Caldas S. A. del 22 de mayo de 1987 a septiembre de 2010, con base en la prueba

testimonial, a pesar de que el artículo 1º del Decreto 1281 de 1994, calificó como tales a: «2. Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los valores límites permisibles, determinados por las normas técnicas de salud ocupacional». Sostiene que la facultad de formar libremente su convencimiento por parte de los jueces solo es predicable en ausencia de una solemnidad, presupuesto que no se cumple en el asunto, toda vez que el tema debatido solo puede ser demostrado por «documento o certificación pericial o técnica mediante la cual se determine de forma clara, concreta y numéricamente, si se superaron o no los límites permisibles para la exposición, según el índice WBGT, tal como lo estipula el parágrafo del artículo 64 de la Resolución n.° 2400 de 1979». Indica que constituye un error de derecho fundamentar la pensión objeto de condena sobre prueba testimonial, puesto que «la norma exige una solemnidad específica para establecer la exposición a altas temperaturas, esto es, que se encuentre por encima de los valores límites permisibles determinados por las normas técnicas de salud ocupacional», lo que se determina con «las especificaciones y condiciones de medición establecidas en los artículos 63 a 65 de la Resolución 2400 de 1979», es

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Radicación n.° 101360 decir, el índice WBGT, calculado con temperatura húmeda, temperatura de globo y temperatura seca, carga térmica y otros, máxime si los declarantes no tenían experiencia en

temas de salud ocupacional y tampoco eran peritos. Manifiesta que el juez de alzada debió analizar las pruebas para establecer si obraba alguna que permitiera colegir que los cargos y las funciones ejecutadas por el trabajador en el interregno señalado, sobrepasaban el límite permitido de temperatura, según los parámetros de la Resolución n.° 2400 de 1979 y, a partir de esto, cumplía la exigencia del artículo 1º del Decreto 1281 de 1994; que para ese efecto se aportaron las «documentales denunciadas», las cuales solo informaban sobre «la empresa, cargo y riesgo que ostentaba» pero no las condiciones de prestación de los servicios, el área, la intensidad o habitualidad de la exposición y la temperatura, a fin de establecer si desbordó o no los límites permisibles. Lo último, toda vez que: i) La historia laboral (f.° 334 a 344 «PDF Cuaderno primera instancia 2024115638238407»), informaba que el afiliado cuenta con 1.353,29, sin la cotización adicional para actividades de alto riesgo, que es requerida desde la expedición del Decreto 1281 de 1994 y sin «medición que sobrepase el límite permisible».

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Radicación n.° 101360 ii) La Certificación de Positiva S. A. del 14 de noviembre de 2019 (f.° 57, ibidem), solo identifica la afiliación del trabajador en el riesgo IV. iii) La Homologa de Vical del 3 de junio de 2019 (f.° 5, ib.), reitera lo señalado por ARL.

1. La Certificación de Vical del 17 de noviembre de 2019 (f.° 59, ibidem), que es generalizada, hace referencia a la afiliación a ARL de todos los trabajadores de la empresa desde junio de 1994 a 2009 e indica que la sección de producción se encuentra clasificada como de «riesgo alto», pero sin especificar cuál, ni cumplir con el requisito de medición que evalúa el límite permisible. v) La certificación expedida por Positiva S. A. (f.° 61 a 70 ib.), acredita el estado de afiliación de cada uno de los trabajadores, la actividad económica y la clase de riesgo IV, sin puntualizar la medición que sobrepase el límite permisible; vi) La Certificación de AXA Colpatria del 29 de julio de 2019 (f.° 87, ibidem), señala que el afiliado tuvo una vinculación con Vical Trabajadores SAS «sobre un riesgo 5», pero sin las exigencias de medición antes referidas.

Asegura que esos medios de convicción […] no suplen la solemnidad exigida por el Decreto 1281 de 1984, esto es, establecer si la exposición a altas temperaturas superó los valores límites permisibles, determinados por las

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Radicación n.° 101360 normas técnicas de salud ocupacional, acudiendo para ello a los parámetros de la citada Resolución n.° 2400 de 1979, […] resultándole vedado acudir a la testimonial. Insiste que el riesgo de alta temperatura requiere de una experticia que lo determine con mediciones concretas,

la cual no puede ser suplida por los testimonios practicados, porque informaran que estuvo sujeto a temperaturas altas y arduas de 1350° grados, en la medida que el horno del que provenía el material a moldear, las alcanzaba, pues «no se trata de establecer la temperatura sobre la cual se encontraba el horno, sino el trabajador, ambientes que no se pueden equiparar por ser distintos, independiente de su aproximación». Plantea que el puesto de trabajo es lo que debe ser analizado y no la maquinaria o herramienta para el ejercicio de esa labor, pues la temperatura varía de acuerdo a múltiples factores que deben ser analizados a la luz de la Resolución n.° 2400 de 1979, máxime cuando no se aportó medio idóneo que informara sobre la condición del Decreto 1281 de 1994; que asumir «que el actor estuvo expuesto en su puesto de trabajo a temperaturas de 1350° grados, no sólo es exagerado, sino ilógico». Afirma que Francisco Javier Franco Bustamante y William de Jesús Molina Restrepo, declararon que conocían al señor Marín Obando, así como su función y el lugar de desarrollo de sus actividades, el cual era caluroso, pero no señalaron con exactitud la medición de la temperatura ambiente, impidiendo tener certeza, paramétricamente y

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Radicación n.° 101360 con cotejos específicos, si se superaron los límites permisibles de calor, conforme al Decreto 1281 de 1994, derogado por el Decreto 2090 de 2003 (f.° 5 a 13, ibidem).

VII. CONSIDERACIONES Aunque el cargo presenta algunos errores en su formulación, pues en la proposición jurídica se adjudica al Tribunal la vulneración del artículo 61 del CPTSS, sin aducirse su violación medio, dicho yerro es superable, en razón a que del desarrollo argumental del ataque es posible colegirlo, puesto que se explicó la manera en que su quebrantamiento desató la aplicación indebida de las disposiciones sustantivas señaladas en ese elemento de la demanda extraordinaria.

De donde, corresponde a la Corte determinar si el colegiado incurrió en la vulneración indirecta de, entre otros, los artículos 2°, 4° y 6° del Decreto 2090 de 2003, que derogó el 1° del Decreto 1281 de 1994, tras incurrir en error de derecho, al tener por acreditada la exposición de «altas temperaturas, por encima de los valores límites permisibles», a través de la prueba testimonial, no obstante que el artículo 64 de la Resolución n.° 2400 de 1979, exige allegar «documento técnico en el cual se determin[e] de forma clara, concreta y numéricamente si se superaron o no los límites permisibles para exposición». En aras de la claridad, recuerda la Corporación que los regímenes jurídicos procesales han establecido unas

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Radicación n.° 101360 directrices generales para la valoración de la prueba, con el fin de guiar al juez en el conocimiento de los hechos que soportan el litigio y obtener un convencimiento lo más ajustado posible a la realidad, que le permitan adoptar una

decisión conforme a derecho y, de suyo, al valor, principio y fin de la «justicia» como imperativo constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho, según el preámbulo, los artículos 2° y 4°, 227, 228 y 230 superiores. Para el efecto, históricamente en Colombia han existido dos sistemas de apreciación probatoria: i) el denominado de «tarifa legal», «prueba tasada» o «prueba legal o formal» y, ii) el de «libre apreciación de las pruebas», «persuasión racional» o de «libre apreciación razonada». El primero se caracteriza por imponer o sujetar el convencimiento del juez a reglas abstractas previamente establecidas por el legislador frente a cada medio de prueba. Es decir, es la ley quien le impone forzosamente al operador judicial determinar si el hecho está o no acreditado ante la presencia o ausencia de determinado elemento demostrativo, respecto del cual establece un mérito puntual. El segundo, «deposita en el fallador, no en la ley, la delicada misión de ponderar razonadamente el mérito que ha de asignar a cada prueba, y a todas ellas en su conjunto, conforme a la sana crítica» (CSJ SC1256-2022).

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Radicación n.° 101360 Por tanto, es un «sistema de valoración estructurado sobre la libertad y autonomía del juzgador para ponderar las [pruebas] y obtener su propio convencimiento, bajo el único apremio de enjuiciarlas con soporte en el sentido común, la lógica y las reglas de la experiencia» (CSJ SC, 24 mar. 1998,

exp. n.° 4658, reiterada en CSJ SC, 12 feb. 2008, rad. n.° 2002-00217-01). El último fue adoptado por la normativa procesal colombiana a partir la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Civil del 1º de julio de 1971 y actualmente se encuentra previsto en el artículo 176 del CGP y, con similar redacción, en el artículo 61 del CPTSS, que es el que concierne con los conflictos laborales o de seguridad social. En ese contexto, es regla imperativa y general para la valoración de las pruebas en contenciosos sociales, la «persuasión racional», pues como lo explicó la Corte en la sentencia CSJ SL1741-2023, la facultad de «libre apreciación» del artículo 61 del CPTSS, no solo hace referencia al análisis integral y completo de los medios de convicción licita y oportunamente aportados (artículo 60, ibidem), sino a la autorización legalmente dada a los jueces laborales y de seguridad social «para dar[…] preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad sustantiam actus, pues en tal caso “no se podrá admitir su prueba por otro medio”» (negrilla de la Sala).

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Radicación n.° 101360 En efecto, en esa providencia, que reitera, entre otras, las reglas de las SL, 05 nov. 1998, rad.11111, CSJ SL23342021, CSJ SL2894-2021 y CSJ SL3570-2021, la

Corporación explicó que: "El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo. "Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada. "La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio

acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho". En relación con lo indicado, cumple aclarar que una cosa es darle o restarle credibilidad y eficacia demostrativa a un medio de convicción respecto de otro, lo que puede originarse, entre otros motivos, por no ser suficiente e idóneo en la demostración de los supuestos de hecho de la

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Radicación n.° 101360 norma cuya consecuencia se reclama y otra, muy diferente, negar aquel convencimiento ante la ausencia de una prueba puntual que no tenga solemnidad legal, pues en tal caso lo que está imponiendo el operador de justicia es una tarifa legal proscrita ante la ausencia de mandato normativo expreso. Así se dice, porque «la exigencia legal sobre la demostración de un hecho o acto con determinado medio», dista de «la conveniencia o utilidad que se predique de uno en particular, por la índole del asunto o por el tema en análisis», según se explicó en la decisión CSJ SC1256-2022. En ese sentido, si la ley no prevé una forma probatoria respecto de determinado supuesto fáctico, el juez puede derivar su existencia o inexistencia de medios de convicción idóneos y útiles que sean válidamente aportados para esa finalidad, todo lo cual deberá justificarlo razonadamente con base en las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, las cuales, conforme se explicó en la providencia CSJ SL2049-2018, atienden a lo siguiente:

(i) Las reglas de la lógica: necesarias para elaborar argumentos probatorios de tipo deductivo, inductivo, o abductivo, como los axiomas -entendidos como aquellas proposiciones básicas que por resultar obvias se pueden afirmar sin demostracióny las reglas de inferencia -o principios lógicos que justifican la obtención de verdades a partir de otras verdades-. (ii) Las máximas de la experiencia: que hacen referencia a las premisas obtenidas del conocimiento de la regularidad de los sucesos habituales; es decir, de lo que generalmente ocurre en un contexto determinado.

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Radicación n.° 101360 (iii) Los conceptos científicos afianzados: consistentes en las teorías, hipótesis o explicaciones formuladas por la comunidad científica o ilustrada sobre cierto tema y respaldadas por la evidencia de sus investigaciones o experimentos. (iv) Los procedimientos, protocolos, guías y reglas admitidos por los distintos ámbitos profesionales o técnicos. Por tanto, el fallador puede cuestionar el convencimiento que le ofrece una prueba respecto de otra o, incluso, calificar como inútil o insuficiente su poder demostrativo, pues como lo prevé el artículo 165 del CGP, en relación con los artículos 51, 53 y 61 del CPTSS, son admisibles todos los medios de prueba para acreditar los hechos objeto de debate, siempre que sean útiles para dilucidar este, en armonía con los principios de apreciación a los que atrás se hizo referencia. Escenario en el que cumple precisar que, conforme las providencias CSJ SL3652-2019 y SCSJ SL1540-2024, el

error de derecho solo se configura cuando «el sentenciador da por establecido un hecho con un medio no autorizado por la ley, por exigir esta una determinada solemnidad para su validez, al no admitir su prueba por otro medio» o cuando «se deja de apreciar un medio de acreditación de esta naturaleza, siendo del caso hacerlo». Es decir, ese tipo de yerro requiere imperativamente para su configuración, que la ley fije una solemnidad para tener por existente y/o válido el acto, contrato o hecho jurídico, supuesto que difiere, se insiste, de las condiciones, aptitudes, utilidad y/o eficacia demostrativa de algunos

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Radicación n.° 101360 medios de prueba en relación con los presupuestos fácticos previstos en la norma. Se rememora lo precedente, para hacer notar, en relación con el disentimiento propuesto por la recurrente, que la Corte ha explicado en las providencias CSJ SL185782021, CSJ SL2894-2021, CSJ SL2004-2022 y CSJ SL15402024, que los elementos configurativos de la exposición a factores de alto riesgo para la salud, del artículo 2° del Decreto 2090 de 2003, no requieren una prueba solemne o ad subtantiam actus, toda vez que la norma no la impone, como tampoco lo hace el artículo 64 de la Resolución n.° 2400 de 1979, no obstante que regula los índices que han de tenerse en cuenta para la evaluación del ambiente ocupacional frente al riesgo de temperatura, razón por la cual han de aplicarse los artículos 51 y 61 del CPTSS.

Efectivamente, en la providencia CSJ SL2004-2022, se puntualizó que: […] para acreditar que el trabajador en ejecución de su labor desempeñó actividades de altor riesgo, no hay exigencia de tarifa legal en materia probatoria, como lo estima la recurrente, en tanto el legislador en el artículo 61 del CPTSS, estableció la facultad para los jueces de