CSJ - SL2395-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2395-2023 Radicación n.° 93733 Acta 36 Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S. A. – ALIANSALUD EPS contra la sentencia proferida el 30 de julio de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral que adelanta dicha sociedad contra la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -ADRES-, subrogataria legal de la NACIÓNMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL –

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS-.

I. ANTECEDENTES Aliansalud Entidad Promotora de Salud S. A. - Aliansalud EPS, instauró demanda ordinaria laboral contra

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Radicación n.° 93733 la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social, para que se declare que tiene la obligación de pagarle el valor de las prestaciones no cubiertas por el POS o no financiadas en las UPC, además, de la cancelación íntegra (100%) de los servicios no cubiertos por el POS, autorizados por fallos de tutela o por el Comité Técnico Científico, correspondientes a 821 registros «glosados de manera improcedente». En consecuencia, pidió condenarla a sufragar el saldo pendiente por el valor de las prestaciones NO POS ordenadas en fallos de tutela o decisiones del CTC, discriminados así:

recobros glosados totalmente, autorizados por CTC (587 ítems por servicios NO POS) en cuantía de $750.521.449; recobros glosados totalmente autorizados por tutela (127 ítems por servicios NO POS) por un valor de $103.820.372; recobros por concepto de glosas de carácter parcial autorizadas por fallos de tutela (52 ítems por servicios NO POS) en la suma de $7.365.959, según los cuadros en los que individualizó cada una de ellas. Asimismo, solicitó el reconocimiento y pago de los intereses de mora liquidados sobre el valor de cada uno de los ítems a que se refieren las pretensiones condenatorias, desde el momento en que debieron ser pagados o, en subsidio, la indexación de lo adeudado a partir de cuando se tenían que cubrir los recobros, junto con las costas del proceso.

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Radicación n.° 93733 En sustento de sus pretensiones, señaló que a varios afiliados suministró servicios NO POS ordenados en fallos de tutela y en determinaciones del Comité Técnico Científico (CTC); que, ante el Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga, hoy Adres, presentó los recobros correspondientes a los anteriores servicios para su reembolso; que del total de los valores adeudados, 821 cobros fueron objeto de glosas totales o parciales improcedentes, que impidieron el pago de los servicios prestados, los que ascendían a una cuantía total de $910.666.279. Explicó que las glosas totales significan que se aplicó a todos los ítems del recobro, y las parciales, que se pagaron

algunos valores a la EPS y otros no; que tales objeciones implican que no tiene derecho al reembolso de los servicios no POS suministrados a sus afiliados, por cuanto la demandada consideró que los recobros no cumplían los requisitos de carácter administrativo. Señaló que el Fosyga, hoy Adres, era administrado por la Dirección de Administración de Fondos de Protección Social, dependencia perteneciente al Ministerio de Salud y Protección Social; que el referido fondo tenía a su cargo el reembolso de los costos de los servicios de salud no POS a favor de las EPS, los que no le habían sido reconocidos. Dijo que para garantizar el suministro de prestaciones no POS, incurrió en gastos administrativos que le competían

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Radicación n.° 93733 al Estado y que desbordaban el ámbito de acción y responsabilidad de las EPS. Agregó que el 20 de marzo de 2014 presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la procuradora delegada para asuntos administrativos, la que se declaró fallida el 16 de junio de 2014; que el 19 de enero de 2015 radicó ante el Ministerio de Salud y Protección Social la reclamación administrativa a que se refiere el artículo 6 del CPTSS. Por último, adujo que el no pago de los recobros le ha producido perjuicios que deben ser resarcidos. La Nación - Ministerio de Salud y Protección Social al dar respuesta a la demanda, se opuso a todas las pretensiones que en su contra le formuló Aliansalud EPS. En relación con los supuestos fácticos, admitió los referidos a

que la demandante presentó ante el Fosyga varios recobros, los cuales fueron glosados por diversas causales amparadas en las disposiciones legales, conforme al trámite de auditoría integral, según el procedimiento descrito y autorizado por la normativa vigente y aplicable. Aclaró que el Fosyga es una cuenta adscrita al Ministerio, sin personería jurídica ni planta de personal propia y que, según el artículo 218 de la Ley 100 de 1993 debe manejarse a través de encargo fiduciario. Además, aceptó la solicitud de conciliación extrajudicial, su declaratoria de fallida y la reclamación administrativa radicada el 19 de enero de 2015. Frente a los demás dijo no ser ciertos o no constarle.

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Radicación n.° 93733 En su defensa explicó que los recobros debían surtir el trámite de auditoría integral y cumplir a cabalidad con lo exigido en la normatividad prevista para tal fin, solo así podría realizarse su reconocimiento y pago con cargo a recursos del Fosyga. Precisó que, si la demandante hubiera cumplido las exigencias legales, que en consonancia con el principio de legalidad del gasto público se hacen necesarias para que la administración ordene el correspondiente pago, no se hubieran aplicado las glosas. Mencionó que los recaudos objeto del presente proceso fueron rechazados en el trámite de auditoría integral que realizó la entidad contratada para tal fin por el Fosyga, con fundamento en lo previsto por la Resolución 3099 de 2008 y las demás que la modifican o aclaran, en las cuales se

encuentran relacionadas las causales y que, «de acuerdo con la glosa aplicada los recobros bajo estudio, se tiene que los servicios médicos, insumos, medicamentos y/o procedimientos insumos recobrados por las entidades demandantes fueron previamente reconocidos a través de la UPC por tratarse de prestaciones incluidas en planes de beneficios, por lo que, de ser reconocidos se estaría incurriendo en un pago de lo no debido, o un pago doble». Sostuvo que las EPS presentan recobros por suministros que se encuentran cubiertos por el POS. Ello se origina en que niegan un servicio incluido en el plan, por lo que los afiliados deben acudir a la acción de tutela, y posteriormente presentan el recobro ante el Fosyga. Agregó

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Radicación n.° 93733 que «las conductas de negación de servicios y, adicionalmente, de solicitudes de recobro sin tener derecho, se mantiene como una práctica reiterada. Esto genera que las EPS no solo nieguen con frecuencia servicios que están obligados a cubrir, sino que, además, solicitan que se les pague por tal actitud». Propuso las excepciones previas de falta de jurisdicción y competencia y la de prescripción. De fondo formuló las de culpa exclusiva de la EPS recobrante, inexistencia de la obligación e indebida escogencia de la acción. El juez de conocimiento, por auto del 21 de noviembre de 2018 resolvió la primera excepción previa indicando que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de

la Judicatura había dirimido el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre los Juzgados Veintidós Administrativo de Bogotá y Doce Laboral del Circuito de esta ciudad, mediante auto del 26 de junio del 2015 resolviendo asignarle el conocimiento del asunto a este último; y respecto de la excepción de prescripción dispuso diferir su decisión a la sentencia (f.° 423). Mediante proveídos del 12 de enero y 19 de enero de 2018 se aceptaron los desistimientos parciales de las pretensiones presentados por la parte actora (f.os 391 y 406). Además, a través del primero de esos autos decretó la subrogación procesal de la Nación -Ministerio de Salud y Protección Social-Fosyga a la Administradora de los

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Radicación n.° 93733 Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud Adres.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante

fallo del 11 de octubre de 2019, resolvió:

PRIMERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES, subrogatoria legal de la NACIÓN MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA, a pagar a favor de ALIANSALUD EPS la suma de $313.386.608 por concepto de prestación de servicios no POS contenido en 144 items, suma que deberá ser debidamente indexada al momento de su pago efectivo.

SEGUNDO: ABSOLVER a la ADRES de las demás súplicas incoadas en su contra.

TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones formuladas por la ADRES, salvo la de prescripción que se declara probada parcialmente respecto a recobros o ítems radicados con anterioridad al 17 de junio de 2012.

CUARTO: Condenar en costas a la parte demandada ADRES se señalan como agencias en derecho la suma de $2.600.000.

QUINTO: En caso de no ser apelado el presente fallo, súrtase el grado jurisdiccional de consulta para que sea resuelta por la Sala

(f.° 677 y 698).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver los recursos de apelación formulados por las partes y conocer el grado jurisdiccional de consulta a favor de la demandada, mediante fallo del 30

de julio de 2020 resolvió:

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Radicación n.° 93733

PRIMERO: MODIFICAR el numeral PRIMERO de la sentencia proferida el 11 de octubre de 2019 por el Juzgado 12 Laboral del

Circuito de Bogotá D.C., en el sentido de CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-ADRES a reconocer y pagar a favor de ALIANSALUD EPS, la suma de $30.537.391 correspondiente 48 ítems-, por concepto de prestación de servicios no POS.

LOS RECOBROS OBJETO DE CONDENA SON LOS SIGUIENTES

No. Pretensión No. Primero Radicado Fosyga Segundo radicado Fosyga 1 5 47726411 49100032 2 6 48350677 49595476 3 19 50940558 52438863 4 34 51545096 53553401 5 35 51544415 53300063 6 45 51544507 53300076 7 46 51544507 53300076 8 47 51544507 53300076 9 48 51544507 53300076 10 49 51544507 53300076 11 89 51572729 53300232 12 108 51593136 53300330 13 109 51593136 51593136 14 174 51918247 53553608 15 235 51971189 53553665 16 253 51971504 53553755 17 254 51971504 53553755 18 274 51968741 53553796 19 280 51968915 53553816 20 310 51979233 53553870 21 329 52149325 53777847 22 330 52149327 53777848 23 331 52148395 53777854 24 364 52147371 53777902 25 372 52204411 53777949 26 374 52204646 53777958 27 392 52265482 53777977 28 404 52216677 53778020 29 417 52489476 53777342 30 463 52492247 53777453 31 468 52632010 53777474 32 488 52626978 53777517 33 496 52624295 53777531 34 536 52634119 53777653 35 559 52627312 53777712

36 635 25134025 25459503 37 709 25272673 25488455 38 770 25237228 25598071 39 771 25271645 25598282 40 772 25271645 25598282 41 774 25313688 25598966 42 777 25497811 25846990 43 782 25606470 25847081 44 783 25606506 25847088 45 794 25599714 25847313 46 796 25599831 25847348 47 797 25608056 25847392 48 798 25608086 25847402 ABSOLVER a la demandada de los recobros indicados en el

ANEXO 1.

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Radicación n.° 93733

SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral SEGUNDO de la sentencia proferida el 11 de octubre de 2019 por el Juzgado

12 Laboral del Circuito de Bogotá D.C, en el sentido, de CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUDADRES, a reconocer y pagar a favor de ALIANSALUD EPS, los intereses moratorios generados por el retardo en el pago de las facturas presentadas en tiempo oportuno y que se relacionan a continuación No. Pretensión No. Primero Radicado Fosyga Segundo Radicado Fosyga 1 19 50940558 52438863 2 34 51545096 53553401 3 35 51544415 53300063 4 45 51544507 53300076 5 46 51544507 53300076 6 47 51544507 53300076

7 48 51544507 53300076 8 49 51544507 53300076 9 89 51572729 53300232 10 174 51918247 53553608 11 235 51971189 53553665 12 253 51971504 53553755 13 254 51971504 53553755 14 274 51968741 53553796 15 280 51968915 53553816 16 310 51979233 53553870 17 329 52149325 53777847 18 330 52149327 53777848 19 331 52148395 53777854 20 372 52204411 53777949 21 374 52204646 53777958 22 392 52265482 53777977 23 417 52489476 53777342 24 463 52492247 53777453 25 468 52632010 53777474 26 488 52626978 53777517 27 496 52624295 53777531 28 536 52634119 53777653 29 559 52627312 53777712 30 635 25134025 25459503 31 709 25272673 25488455 32 770 25237228 25598071 33 771 25271645 25598282 34 772 25271645 25598282 35 774 25313688 25598966 36 777 25497811 25846990 37 782 25606470 25847081 38 783 25606506 25847088 39 794 25599714 25847313 40 796 25599831 25847348 41 797 25608056 25847392 42 798 25608086 25847402 Estos intereses deberán ser liquidados al momento del pago efectivo, según lo dispuesto en el Artículo 4° del Decreto 1281 de

2002, teniendo en cuenta como fecha de generación de dichos intereses el primer día del tercer mes contabilizado desde la presentación de cada recobro, tal como se estableció en las precedentes consideraciones. Se absuelve del pago de intereses los siguientes recobros 47726411, 48350677; 51593136, 52147371, 52216677.

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Radicación n.° 93733

TERCERO: MODIFICAR el numeral TERCERO de la sentencia proferida el 11 de octubre de 2019 por el Juzgado 12 Laboral del

Circuito de Bogotá D.C, en el sentido, de declarar probada parcialmente la excepción de prescripción respecto de los siguientes recobros. Pretensión No. Segundo Radicado Fosyga Primero Radicado Fosyga 1 45794234 45794234 2 45794234 45794234 588 24051355 23771107 590 23976052 23976052 591 23976052 23976052

CUARTO: REVOCAR parcialmente el numeral PRIMERO de la sentencia proferida el 11 de octubre de 2019 por el Juzgado 12

Laboral del Circuito de Bogotá D.C., respecto de la condena de indexación, por las razones expuestas.

QUINTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada y consultada.

SEXTO: SIN COSTAS en ambas instancias.

En lo que interesa al recurso extraordinario de casación, el Tribunal luego de citar el contenido de los artículos 156 literal f) y 162 de la Ley 100 de 1993, así como la definición del POS, puntualizó que la demandante desistió

de un total de 580 servicios, quedando vigentes 241, y que el a quo condenó a la suma de $313.386.608 correspondientes a 144 ítems. Frente a la excepción de prescripción consideró que resultaban aplicables los artículos 488 y 489 del CST, en concordancia con el artículo 151 del CPTSS, por lo que modificaría la decisión de primer grado. Citó en extenso la decisión proferida por el Consejo de Estado del 30 de enero de 2014, radicación 25000-23-24000-2007-00099-01, en la que se refirió a los artículos 617

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Radicación n.° 93733 del Estatuto Tributario, 621, 772, 774 y 779 del CCo y se consideró que las facturas emitidas por una entidad prestadora de salud prescribían en tres años, dado que el artículo 780 del Código de Comercio preveía tal término tratándose de la acción cambiaria. Indicó que algunos recobros por valor total de $619.370 estaban afectados por el fenómeno prescriptivo, dado que, si bien la factura se presentó dentro de los tres años siguientes de prestado el servicio, el escrito inicial no se incoó dentro de los tres años subsiguientes a la radicación de los formatos MYT 01 y 02, así: Prete Fecha Segundo Primero Saldo Tipo No. Ident de Fecha Fecha de Presentación de nsión prestación Radicad Radicado Pendiente Ident beneficiarios Radicación Glosa demanda No. servicio Fosyga Fosyga

1 08/09/2010 45794234 45794234 44.460 CC 51579466 12/11/2010 27/03/2012 17 de junio de 2014 2 08/09/2010 45794234 45794234 44.460 CC 51579466 12/11/2010 27/03/2012 17 de junio de 2014 588 09/08/2010 24051355 23771107 269.450 CC 41783474 16/02/2011 15/08/2012 17 de junio de 2014 590 26/11/2010 23976052 23976052 130.500 TI 98011358217 19/01/2011 15/08/2012 17 de junio de 2014 591 29/10/2010 23976052 23976052 130.500 TI 98011358217 19/01/2011 15/08/2012 17 de junio de 2014 Explicó que los restantes no estaban prescritos en la medida que los servicios de salud fueron prestados durante los años 2010 a 2013, los recobros fueron efectuados dentro de los tres años siguientes a la prestación de servicios o el suministro de medicamento o insumo, y la demanda inaugural fue radicada el 17 de junio de 2014, por lo que no transcurrieron tres años entre las citadas fechas, según lo previsto por el artículo 151 del CPTSS. De otra parte, planteó que excluiría 58 recobros por valor de $48.441.188 -según el cuadro registrado-, porque

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Radicación n.° 93733 al revisar el apoyo técnico constató que la demandada

reportó en tal anexo la novedad «“aprobadas”, lo que quiere significar que el recobro cumple con todos los requisitos que exigen las normas legales vigentes, y por lo tanto su pago es aprobado». Además, conforme al referido apoyo técnico verificó que existían 7 recobros por valor de $790.473, a los que «no se les atribuyó ninguna causal de glosa, lo que permite colegir que fueron cancelados a la EPS convocante». De otro lado, señaló que avalaría lo estimado por el perito dentro del dictamen, para descartar algunos de los valores reclamados, que correspondían a 33 recobros, por las siguientes causales: limitación documental; incluidos en el POS; fecha de la factura ilegible; no evidencia de la entrega; licencia e incapacidades; canceladas; nombre de la tutela es diferente al de recobro; inconsistencias; y, no se anexó la tutela, todo, según los cuadros que reseñó en su providencia. En consecuencia, indicó que analizaría 138 recobros, frente a los cuales la demandada formuló glosas únicas o combinadas. Verificados los documentos halló que la Adres debía pagar $30.537.391 por 48 ítems, por concepto de servicios y procedimientos prestados a los pacientes de la EPS demandante, los que no estaban incorporados en el POS en el momento en que se surtió la atención, para lo cual refirió en extenso las razones por las cuales consideró que debían pagarse tales servicios. Agregó que no impartiría

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Radicación n.° 93733

condena respecto de los restantes 90 recobros, en tanto no cumplían con las exigencias legales, conforme al anexo. Finalmente, en lo referente a los intereses de mora dijo que el Decreto 1281 de 2012 establecía que las cuentas de cobro, facturas o reclamaciones debían presentarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de prestación de los servicios, además, que, vencido el término no había lugar a reconocer los intereses; disposición modificada por el artículo 111 del Decreto 019 de 2012, en el que se previó el término de un año para ello. Indicó que el artículo 13 de la Resolución 3099 de 2008 consagró que el Ministerio contaba con el término de dos meses para cancelar las sumas recobradas por las EPS. Precisó que al existir normativa que permitía obtener el pago de los intereses moratorios sobre los recobros presentados de manera oportuna, condenaría por tal concepto respecto de 42 servicios prestados. Adicionó que no eran procedentes tales réditos respecto de los recobros 47726411, 48350677, 51593136, 52147371 y 52216677; y que revocaría la condena de indexación en tanto los intereses ya contenían un componente inflacionario. La parte demandante solicitó la aclaración y adición de la providencia por varios motivos, entre ellos, frente a la prescripción declarada (acápite II), sobre lo cual solicitó que: […] se aclare si la presentación de los recobros por medio del formato MYT01 y 02 fue entendida como la reclamación administrativa dispuesta en el artículo 6 del CPTSS y en tal

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Radicación n.° 93733 sentido si se tuvo en cuenta la suspensión de la prescripción, la cual debería correr nuevamente desde que la petición hubiera sido resuelta, esto es, desde la notificación de la glosa definitiva a Aliansalud […] (vuelto folio 739). Asimismo, aludió a «las pretensiones que se tuvieron como pagadas en virtud de lo referido en el archivo de excel anexo al concepto técnico aportado por la demandada» (acápite III), frente a lo cual pidió que: […] se aclare si para efectos de concluir que las pretensiones relacionadas fueron pagadas, únicamente se tuvieron en cuenta las afirmaciones realizadas por el Consorcio SAYP 2011 contenidas en el cuadro de excel aportado por la demandada con la contestación, en las cuales se afirma que no existieron glosas, que los recobros fueron aceptados para pago pero respecto de las cuales no se registra información que permita comprobar el pago efectivo, o si fueron verificadas con otros documentos obrantes en el expediente que probaran el pago a ALIANSALUD de los recobros relacionados en el cuadro anterior como comprobantes de transacción de pago u otros soportes para probar que dicha obligación se extinguió por el pago de la misma […] (vuelto folio 740). El Tribunal mediante proveído del 30 de septiembre de 2020 no accedió a la solicitud de aclaración y/o adición de la sentencia presentada por la apoderada de la parte demandante e indicó puntualmente que: Al revisarse la sentencia, advierte esta Sala que en la parte resolutiva de la misma no se encuentran conceptos o frases que

ofrezcan verdaderos motivos de duda ni alteración de las mismas que den lugar a aclarar o corregir la sentencia; esto es, no se configuran los presupuestos señalados en las normas antes mencionadas, en la medida que la decisión cuestionada es diáfana a la hora de indicar cuales fueron los recobros objeto de condena, cuales objeto de intereses moratorios y cuales materia de prescripción parcial, de suerte que la Sala encuentra que lo expuesto en los acápites II, III y IV del memorial de folios 738739, desborda los lineamientos establecidos en los artículos 285 y 287 del Código General del Proceso, y en consecuencia procede el rechazo de la misma.

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Radicación n.° 93733 Ahora frente a la solicitud del punto I, es de anotar que tampoco hay lugar a la adición de la sentencia, en razón a que la Sala al momento de revisar el recurso de alzada, en virtud de lo ordenado en el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, no encontró que la apoderada se hubiera referido de manera puntual a dichas pretensiones […] (f.os 742 y 743).

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que esta corporación case parcialmente la sentencia de segundo grado, para que en sede de instancia modifique el fallo del a quo y, en su lugar, se concedan todos los ítems solicitados en la demanda inicial,

salvo aquellos que fueron objeto de desistimiento. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados y se resolverán en el orden propuesto.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 6, 151 del CPTSS y 488

CST; así como el artículo 66A del CPTSS (violación medio), que derivaron a su vez en la aplicación indebida del artículo 13 de la Resolución 3099 de 2008 del Ministerio de

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Radicación n.° 93733 Protección Social, 1 a 6 de la Resolución 458 de 2013 del Ministerio de Salud, 21 a 24 del Decreto 4747 de 2007. En la demostración del cargo, luego de citar el artículo 6 del CPTSS manifiesta que la aplicación de esta norma por el ad quem es equivocada, dado que: […] si el Tribunal da por probado que se presentó reclamación a la demandada por medio de los formatos MYT 01 y 02 a que hace referencia en su consideración y aquella reclamación interrumpió la prescripción, no podía concluirse como lo hizo equivocadamente el Tribunal en su sentencia que el conteo del término de prescripción se reanudó nuevamente por tres años desde la fecha de presentación de dichos formatos, máxime cuando en la propia tabla de relación de ítems que se expone en la sentencia da cuenta en la columna “fecha de glosa” que la reclamación presentada por la aquí demandante fue contestada por la demandada por medio de una glosa y así lo reconoce el Tribunal en dicha tabla.

Así, asegura que, de acuerdo a la tabla referida en el fallo, la fecha de la glosa para las pretensiones 1 y 2 fue el 27 de marzo de 2012, lo que supone que solo desde la calenda en que la convocada respondió a la solicitud se comenzó a contar el término de tres años para demandar tras la presentación de la reclamación administrativa, por lo que tenía hasta el 27 de marzo de 2015 para demandar. De allí concluye que la prescripción no operó. Dice que igual sucede con las pretensiones 588, 590 y 591 pues en la tabla mencionada por el fallador se relacionó como fecha de glosa el 15 de agosto de 2012, es decir, que en ese día se comienza a contar nuevamente el término de tres años para demandar, el cual vencería el 15 de agosto de 2015, momento para el cual el presente proceso ya se

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Radicación n.° 93733 encontraba en trámite. Estima que la decisión de declarar parcialmente probada la excepción de prescripción claramente se deriva de una indebida aplicación de las normas que en el Código Procesal del Trabajo regulan la prescripción y su interrupción. Aduce que la redacción de la disposición citada no hace ninguna distinción respecto de la naturaleza jurídica que debe tener quien presenta la reclamación o el derecho reclamado. En todo caso, lo cierto es que se persigue el reembolso a una entidad del sistema de seguridad social de prestaciones no incluidas en el POS, que se reconocen por vía de tutela o del Comité Técnico Científico, en aras de

garantizar los derechos fundamentales de los afiliados, y ha sido la propia Corte Constitucional, quien ha planteado que las EPS tienen derecho a obtener el reembolso de los pagos que haya efectuado por servicios no POS. De otra parte, plantea que el juez de alzada lejos de estudiar si había operado o no la prescripción bajo los argumentos propuestos en el recurso de apelación que formuló con miras a obtener la revocatoria de la declaratoria de tal excepción, buscó más casos para aplicar la prescripción, con lo que excedió el ámbito de su competencia de acuerdo con el alcance del recurso de apelación propuesto, conforme al artículo 66A del CPTSS, que exige congruencia entre la alzada y la decisión de segunda instancia, máxime cuando, conforme a lo expresamente

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Radicación n.° 93733 señalado en la sentencia, el recurso de apelación de la demandada no aludió al tema de prescripción. Indica que, si la accionada se mostró conforme con el alcance de la prescripción decretada en primera instancia y no apeló ese punto, no podía el colegiado abordar esa discusión con el fin de ampliar la prescripción, «a menos que se entienda que lo que estaba haciendo el Tribunal era resolver un grado jurisdiccional de consulta». Afirma que la violación del artículo 66A del CPTSS vulneró las disposiciones denunciadas, particularmente las Resoluciones 3900 de 2008 y 458 de 2013, en la medida en que le impidieron obtener los recobros realizados y reclamados de manera oportuna ante la aquí demandada, generándole un perjuicio económico y afectando el equilibrio

y sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social.

VII. RÉPLICA La demandada señala que la modalidad de la aplicación indebida tiene lugar cuando, pese a que el juzgador hace una interpretación adecuada de la norma, la utiliza en un caso que ella no regula o le hace producir efectos distintos.

Empero, la censura cuestiona la aplicación indebida de normas que no cimentaron la decisión atacada, obviando que, conforme lo ha explicado esta corporación, tal afrenta a la ley no se puede configurar desde el punto de vista lógico, cuando el fallador no aplica la norma.

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Radicación n.° 93733 Destaca que el Tribunal expresamente señaló que las disposiciones aplicables al presente caso correspondían a los artículos 488 y 489 del CST, en concordancia con el artículo 151 del CPTSS, pero más adelante invocó jurisprudencia del Consejo de Estado que ha determinado que el prestador del servicio de salud deberá expedir verdaderos títulos quirografarios, denominados facturas, decisión en la que se refirió a los artículos 621, 774 y 789 del Código de Comercio, así como el artículo 617 del Estatuto Tributario. Por consiguiente, el ad quem jamás hizo producir efectos al artículo 6 del CPTSS, por lo que no puede endilgársele una aplicación indebida, porque ello riñe contra toda regla lógica elemental. Argumenta que, si bien el presente asunto es de conocimiento de la jurisdicción ordinaria laboral, no puede perderse de vista que los recobros de servicios y tecnologías

en salud no incluidos en el POS, hoy PBS, que es lo aquí controvertido, corresponde a los jueces de lo contencioso administrativo, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011. Por ello, si no se remite el presente expediente a esa jurisdicción, eventualmente podría ocurrir que la ordinaria laboral aplique unas normas y en la jurisdicción que sí corresponde, otras, pudiendo ocasionar un detrimento patrimonial al Estado al considerar como no prescritos recobros que sí lo están. Adiciona que según lo previsto en el artículo 66A CPTSS, la sentencia de segunda instancia deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de

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Radicación n.° 93733 apelación, por consiguiente, el juez de alzada debe sujetarse a las temáticas específicas y debidamente sustentadas en la apelación que se haga contra la decisión de primer grado. Sin embargo, tal principio no opera cuan