CSJ - SL2420-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL2420-2023 Radicación n.° 95466 Acta 36 Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ETHEL PATRICIA VÁSQUEZ RICAURTE, frente a la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 2 de agosto de 2021, dentro del proceso que instauró en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES, COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Ethel Patricia Vásquez Ricaurte demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), con el fin de que le fuera reconocida la pensión de invalidez a partir del 30 de agosto de 2009, junto con el retroactivo y los intereses moratorios.

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Radicación n.° 95466 En sustento de sus pretensiones manifestó que estaba afiliada al Régimen de Prima Media con prestación Definida desde el 2 de febrero de 1994, cotizando más de 780 semanas al Sistema. Informó que fue diagnosticada a los 11 meses, con epilepsia y a partir de los 40 años comenzó a sufrir ataques en sus horas laborales, lo cual fue motivo para que su empleador Laboratorio Clínico y Bacteriológico Barranquilla no le renovara su contrato desde el 30 de agosto de 2009, de manera que no pudo realizar más aportes como consecuencia de su enfermedad. Dijo que Colpensiones, mediante el dictamen n.º

201328694 del 15 de octubre de 2013, calificó su pérdida de capacidad laboral en un 50,70%, con fecha de estructuración 11 de septiembre de esa misma anualidad. A pesar de que interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación, en procura de modificar la fecha de la estructuración, estos no fueron atendidos. Sostuvo que el 14 de diciembre de 2016 solicitó la pensión de invalidez, y le fue negada mediante la Resolución n.º SUB76442 del 25 de mayo de 2017, con el argumento de que no contaba con 50 semanas dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración del riesgo. Agregó que interpuso los correspondientes recursos, los cuales negó la administradora porque no era la entidad responsable de otorgar la prestación en su favor, desconociendo que sí debía hacerlo, toda vez que fue quien

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Radicación n.° 95466 realizó la valoración de la pérdida de capacidad laboral, en calidad de afiliada. Colpensiones, al responder se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió la fecha de afiliación a la entidad, la calificación y su estructuración, los recursos presentados, la solicitud del reconocimiento de la pensión de invalidez y la respuesta, y que fue la entidad encargada de realizar la valoración de la pérdida de la capacidad laboral. Aclaró que la demandante contaba con 700,86 semanas cotizadas y sobre los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos. Presentó las excepciones de ausencia de los requisitos legales para acceder al derecho reclamado, con aplicación del

artículo 1º de la Ley 860 de 2003; falta de causa jurídica para demandar; imposibilidad de reconocer derechos por fuera del ordenamiento legal; inexistencia de la obligación; cobro de lo no debido; buena fe; prescripción; imposibilidad de condena en costas y compensación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante sentencia del 11 de mayo de 2021, resolvió: PRIMERO. DECLARAR que el (sic) demandante ETHEL PATRICIA VÁSQUEZ RICAURTE con cédula de ciudadanía número […], tiene derecho a la pensión de invalidez conforme los

(sic) 38 y 39 de la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 860 de 2003, atendiendo la enfermedad crónica que padece y haber cotizado 143.43 semanas en los últimos tres años a la fecha de estructuración establecida en esta providencia 03/11/2009. Prestación que se reconoce en cuantía del salario mínimo legal mensual vigente.

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Radicación n.° 95466 SEGUNDO. DECLARAR probada la excepción de PRESCRIPCIÓN respecto de las mesadas pensionales causadas con anterioridad, inclusive a la de noviembre de 2013. TERCERO CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a reconocer y pagar a la demandante la suma SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($77.258.638) por concepto de retroactivo

pensional causado desde el diciembre de 2013 a abril de 2021. A partir de mayo de 2021 COLPENSIONES continuará pagando al (sic) demandante una mesada pensional equivalente al salario mínimo legal mensual vigente junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre y los incrementos que anualmente decrete el Gobierno Nacional. PARÁGRAFO. Se ordena descontar del retroactivo anterior los correspondientes aportes salud. CUARTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a reconocer y pagar al demandante el retroactivo pensional y las mesadas subsiguientes debidamente indexadas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al decidir la apelación de ambas partes, y el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a través de fallo del 2 de agosto de 2021, revocó la del juzgado y, en su lugar, absolvió a la demandada.

Estableció que los problemas jurídicos que debía resolver, estaban orientados a definir si la demandante tenía derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez que le fue concedida por el juez y si había lugar al reconocimiento y pago de los intereses moratorios. Dijo que la norma aplicable era la que estaba vigente para el momento en que se estructuró la pérdida de la

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Radicación n.° 95466 capacidad laboral, de modo que como esta se produjo el 11 de septiembre de 2013, la prestación se regía por la Ley 860 de 2003. Aclaró que la ley no consagró un régimen de

transición para los casos de la pensión de invalidez. Afirmó que, para adjudicar el derecho, la demandante debía acreditar que perdió su capacidad de trabajo en un 50% o más, conforme al artículo 38 de la Ley 100 de 1993, lo cual fue demostrado mediante el dictamen n.º 201328694 del 15 de julio de 2013, emitido por Colpensiones, en el que consta que fue calificada con un 50,7%, con fecha de estructuración el 11 de septiembre de ese año. Según este, el diagnóstico fue el siguiente: «“epilepsia tipo no especificado”, con el siguiente sustento: “paciente femenina de 46 años, secretaria de profesión, desempleada hace 4 años, con epilepsia crónica de difícil manejo que ha ocasionado deterioro cognitivo, se estructura PCL a partir del concepto de rehabilitación por su Neurólogo”». Así mismo, observó que aquel le fue notificado el 18 de noviembre de 2013, dejando vencer el término legal consagrado en el artículo 142 del Decreto 019 de 2012 para objetarlo, por lo cual quedó en firme. Y precisó: Efectuada una revisión detallada de la historia clínica allegada al proceso, obrante a folios 38 a 71, no se infiere con claridad meridiana que la pérdida de la capacidad laboral de la actora se halla (sic) estructurado en una calenda anterior a la dictaminada por los médicos laborales, como tampoco de la documental en la que se apoya el juez de primera instancia, donde se registra la atención de la demandante en el “Instituto Colombiano de Neuropedagogía” con fecha “3 de noviembre de 2009”, y que da cuenta de la atención médica que se le hizo a la actora por la enfermedad que padece -epilepsiay donde se le programa un estudio para que se lo realice en la Clínica de epilepsia, documental que no

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Radicación n.° 95466 permite obtener la certeza que la actora haya perdido para esa calenda o en fecha anterior una pérdida de su capacidad laboral equivalente o superior al 50%, conforme a los parámetros que regulaba para dicha época el Decreto 918 de 1999. Resaltó que si bien los dictámenes no son las únicas evidencias que permitían determinar la fecha de estructuración de la invalidez, no había ninguna prueba que desvirtuara el emitido por Colpensiones, el cual está fundado en la historia clínica, exámenes y valoraciones por especialistas, y por el contrario, la demandante ni siquiera aportó medios de convicción «[…] que acrediten una fecha anterior en que su pérdida de capacidad le generaba el grado de invalidez, esto es, que alcanzaba un 50%». Cita, para el efecto, la sentencia CSJ SL505-2019. Puntualizó que no se daban los supuestos establecidos en la sentencia CC SU-588 de 2016, en la que basó su decisión el juez, como quiera que no es un caso con similares características, ya que en la mencionada jurisprudencia se refería a una persona que padecía una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa, y que con posterioridad

a la fecha de estructuración de la invalidez fijada por la autoridad médico laboral, contaba con un número importante de semanas cotizadas al desempeñar una labor u oficio, con el fin de que estas le fueran contabilizadas, lo que no aconteció en el caso de la demandante, debido a que dejó de trabajar el 17 de agosto de 2009, y no tenía aportes posteriores, y solo en el año 2013, inició los trámites para su valoración. En síntesis, concluyó que como la fecha en que se estructuró la pérdida de capacidad laboral fue el 11 de

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Radicación n.° 95466 septiembre de 2013, la demandante debió haber cotizado 50 semanas entre los últimos tres años previos, cosa que no sucedió toda vez que el último aporte es del 17 de agosto de 2009, así como tampoco cumplió con lo consagrado en el parágrafo 2 del artículo 1º de la Ley 860 de 2003.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida y que, una vez constituida en sede de instancia, […] MODIFIQUE la sentencia dictada por el Juez Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, profieras (sic) además de las condenas establecida (sic) por el juez de primera instancia, en sentencia del 11 de mayo del 2021 y se reconozca también el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993,

desde la fecha 13 de septiembre del 2013. Establecer como fechas de estructuración de la invalidez de manera subsidiaria, la que más convega (sic) a mi mandante: fecha de la última cotización 30 de agosto del 2009, y/o 22 de enero del 2011. Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados y se resuelven de forma conjunta, toda vez que persiguen el mismo fin y se fundamentan sobre similares disposiciones normativas.

VI. PRIMER CARGO Acusa la decisión del Tribunal de ser violatoria de la ley sustancial «[…] por la VÍA INDIRECTA, que llevó a APLICAR INDEBIDAMENTE, la Ley 100 de 1993 en los artículos 38 y

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Radicación n.° 95466 39, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 del 2003, art. 3 del Decreto 1507 del 2014, art. 13, 29, 48 y 53 de la C.P., 54, 60 y 61 del C.P.L. y la S.S.». Relaciona la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que mi mandante padece epilepsia, desde los 11 meses de edad y otras enfermedades asociadas.

2. No dar por demostrado estándolo, que la afección que sufre mi mandante es crónica y degenerativa.

3. No dar por demostrado estándolo, que mi mandante inicia su actividad laboral en septiembre de 1993, con una fuerza residual.

4. No dar por demostrado estándolo, que mi mandante, su fuerza

residual, llegó al límite en noviembre del 2009.

5. No dar por demostrado estándolo, que los fundamentos del dictamen se encuentran en la historia clínica de mi mandante.

6. No dar por demostrado estándolo, que las probanzas aportadas tienen rigor científico.

7. Dar por demostrado sin estarlo, que la única estructuración de la invalidez surge desde el 13 de septiembre del 2013.

8. Dar por demostrado, sin estarlo que el único documento científico y valido (sic) sea el dictamen.

9. Dar por demostrado sin estarlo, que la única actividad medico

(sic) científica son los especialistas de la junta medica (sic) de la entidad evaluadora.

10. Dar por demostrada, sin estarlo que los únicos documentos con mayor rigor científico sea el dictamen.

Lo anterior, producto de la equivocada apreciación de las pruebas que a continuación se relacionan: - […] los folio (sic) 46 y 48, además del cuaderno principal y el dictamen médico laboral Colpensiones No 201328694CC del 15 de octubre del 2013, y anexos del expediente administrativo aportado por COLPENSIONES. - […] folios del 38 a 71, y así lo menciona la sentencia, sobre la historia clínica de la actora del proceso, toda vez que no hace un análisis, de cada una (sic) de los folios que contiene la historia clínica, desestimando las interconsultas, diagnósticos de

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Radicación n.° 95466 rehabilitación, diagnósticos en general, con sus correspondientes fechas que son relevantes en especial la de los folios 46 y 48.

• Folio 46 del cuaderno principal, en esta documental expedida por el INSTITUTO COLOMBIANO DE NEUROPEDAGOGÍA, DE FECHA 3 DE ABRIL DEL 2009, en el que se observa anotaciones como diagnostico (sic) EPILEPSIA Y MOTIVO DE CONSULTA CRISIS DE EPILEPSIA, en ese mismo folio 46, se observa otra atención médica a la actora del proceso de fecha junio 23 del 2009, donde se anota crisis de epilepsia, además de un diagnóstico de EPILEPSIA MIOCLONICA (sic) JUVENIL, además de anotaciones de reajuste o modificación en la dosis de fármacos. -Otro folio contentivo de la historia clínica, es el folio 48, expedido por la ENTIDAD CENTRO DE ESPECIALISTA, firmado por el médico JOSE (sic) VARGAS MANOTAS, […], dicha documental de fecha 2011/11/03 en esta documental se vislumbra (sic) los siguientes diagnósticos G 400 EPILEPSIA Y SINDROME (sic)

EPILECTICO (sic) IDIOPATICOS (sic) RELACIONADOS CON LOCALIZACIONES FOCALES PARCIALES Y CON ATAQUES DE INICIO LOCALIZADOS, y en esta misma documental folio 48 se anota como motivo de consulta CONVULSION (sic) Y además es clara expresa la anotación en la cual se establece que convulsiona desde los 11 meses de nacida, y entre otras anotaciones, no tolera el medicamento y una anotación importante, es un padecimiento de depresión desde hace 4 años, por haber perdido su trabajo, por sus limitaciones físicas.

Sostiene que en el expediente hay otros medios de prueba diferentes al dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la administradora, los cuales permiten fijar una fecha de estructuración de invalidez diferente al 11 de septiembre de 2013 e, indiscutiblemente, le son más favorable, esto es, el 3 de abril y 23 de junio de 2009 o 22 de enero de 2011. Agrega que, en los documentos de los folios 46 y 48 del primer cuaderno, particularmente en su acápite 5.3, se deja constancia que padece convulsiones desde los 11 meses de edad; que la anotación de medicina interna del 18 de octubre de 2011, también es clara en señalar que «[…] convulsiona

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Radicación n.° 95466 hace varios años, que antes solo en la noche, pero ahora en el día, además de cambio de ánimo»; finalmente, hace alusión al concepto de neurología del 3 de noviembre de 2011, en donde se reafirma que empezó a sufrir de epilepsia al poco tiempo de haber nacido, así como se refiere a la imposibilidad de recibir medicamentos por no tolerarlos. Destaca de todo ello que sufre una enfermedad que es crónica, grave y degenerativa, que le impide seguir trabajando. Por otro lado, expone que uno de los elementos tenidos en cuenta en el dictamen expedido por Colpensiones fue el concepto de neurología del 22 de enero de 2011, el cual deja claro que sus padecimientos corresponden a convulsiones y a un «Síndrome epiléptico idiopático con pronóstico malo». Así

pues, asegura que esta anotación es relevante para establecer su estado de salud y, en consecuencia, debe ser tenida como la fecha parámetro para estudiar la procedencia de su derecho pensional, especialmente porque en los tres años inmediatamente anteriores reunía más de 50 semanas de aportes. Insiste en que sus afectaciones de salud eran notorias desde antes de la calificación de la invalidez, pues tal y como se evidencia de la historia clínica de folios 49 a 62 del primer cuaderno, hubo diagnósticos previos, con pleno rigor científico, que muestran una configuración de la pérdida de capacidad laboral con anterioridad a la fecha tomada por el Tribunal.

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VII. SEGUNDO CARGO Atribuye la vulneración «[…] DE MANERA DIRECTA, por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA de los artículos 38, 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, que llevó a la INFRACCIÓN DIRECTA de la Constitución Política de 1991 art. 11, 13, 29, 48 y 53 del Decreto 1507 del 2014, artículo 141 de la Ley 100 de 1993».

En la demostración del cargo, plantea que hubo un equivocado entendimiento de los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, pues aun cuando esta Corporación ha permitido que se tenga en cuenta la fecha de la última cotización para efectos de estudiar la causación de la pensión de invalidez, lo cierto es que decidió tomar la prevista en el dictamen emitido por Colpensiones, omitiendo las

particularidades del presente caso. Luego de citar algunos apartes de la sentencia CSJ SL770-2020, recuerda que es una persona que tiene una enfermedad «crónica, degenerativa e incluso congénita», pues en la historia clínica visible en los folios 46 y 48 del primer cuaderno, se evidencia que sufre de epilepsia desde los 11 meses de edad. Por último, tras referirse al contenido de algunas pruebas del expediente, estima lo siguiente: […] debe entenderse de una mejor interpretación más favorable al caso en atención al art 53 de la constitución política de 1991, cabe el requisito para efecto de fecha de estructuración de la invalidez, la fecha de la última cotización, que en el caso de mi mandante de acuerdo a las probanzas, historia clínica folios 38 al 71, historia laboral 72 al 77, que dan fe, que la misma no pudo seguir cotizando, porque no tuvo fuerzas para seguir laborando

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Radicación n.° 95466 máximo si se tiene en cuenta el grueso número de semanas cotizadas 780 como se aprecia en la historia laboral cotizadas ininterrumpidamente desde el mes de septiembre del 93 hasta el 30 de agosto del 2009, folios 72 al 77, en relación con los folios 44, 46, 48 y la historia clínica en general por citar solo algunos, se tiene que mi mandante ha trabajado con una fuerza residual y más que eso de buena fe, procurando contribuir al sistema por más de 15 años, y se dejó de cotizar fue por causa de la enfermedad, que llega a su fin a la fecha agosto del 2009, fecha

de última cotización. Es decir, reúne los requisitos o presupuestos, de la línea jurisprudencial tanto de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA LABORAL Y LA CORTE CONSTITUCIONAL SU 588 DEL 2016, ya que es claro el planteamiento del precedente, cuando se trate de enfermedades congénita, crónica y degenerativa, como se puede apreciar en las probanzas, reclama un trato diferencial. No se justifica, que una persona con apenas 50 semanas de cotización obtenga la pensión de invalidez, y mi poderdante con 780 semanas vea frustrada la protección de índole constitucional como la seguridad social art 48, igualdad art 13, 53, toda vez que sobrepasa con creces lo establecido, como bien apuntaba el aquo, de todas las normas que han regulado la pensión de invalidez, como decreto 758 de 1990, ley 100 versión original y modificada por la ley 860 del 2003 art 1. Además de lo anterior, partiendo de las particularidades del caso, las semanas de mi mandante, 780 en total, y continuas son suficiente para financiar una pensión mínima, en atención al derecho fundamental a la seguridad social, vida digna, mínimo vital y móvil, primacía de la realidad sobre las formalidades, primacía del derecho sustancial sobre el procesal. No considera la sentencia, el fin de la norma ni el fin de las jurisprudencia (sic) antes citada, cual es, proteger al afiliado de las contingencias, poniendo en riesgo la vida del afiliado, máxime cuando el mismo ha procurado un número suficiente de aportes necesarios para su financiación, por lo que un desconocimiento

al derecho fundamental anotado, es una violación a la constitución. Hasta aquí se puede hacer las siguientes conclusiones, teniendo en cuenta el precedente citado, bastaba comprobar la perdida de la capacidad laboral igual o superior, al 50 %, independiente de la fecha de la estructuración, toda vez que dadas las condiciones de mi mandante de padecer una enfermedad de carácter congénito y degenerativo, que está expresamente probado y haber cotizado más 780 semanas, para tener en cuenta como fecha de estructuración de la invalidez la fecha de la última cotización, amén de probanzas que son suficientes, para determinar que tiene una invalidez anterior al 11 de enero del 2011.

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Radicación n.° 95466 De tal forma, desde la última cotización 30 de agosto del 2009 hacia los tres años anteriores, se obtiene 143,44 semanas, ya que, según el precedente citado, se sobreentiende, que si no fue posible seguir laborando, fue por su incapacidad para hacerlo y sus fuerzas no fueron suficientes. Con respecto al planteamiento del juez de segunda instancia, de exigir un exceso ritual manifiesto de validar solo una prueba, solo si proviene de una junta médica o junta de calificación de invalidez, no es de recibo, toda vez que no es el único medio de prueba, máxime como el caso aquí debatido, donde hay un historial médico, que fue suficiente para concluir que es una enfermedad crónica y degenerativa e incluso congénita.

VIII. RÉPLICA Colpensiones esgrime que los argumentos del primer cargo son confusos y destaca que la recurrente se centró en

insistir en que se tuviera como fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral el 30 de agosto de 2009 o el 22 de enero de 2011, la que más le conviniera, como si el recurso de casación fuera una tercera instancia. En ese sentido, dice que no demostró los errores en los que incurrió el Tribunal, al concluir que no existe prueba que corrobore que su invalidez se materializó antes de septiembre de 2013. Advierte que, así como lo dijo el Tribunal, no hay precisión respecto del momento a partir del cual la impugnante pretende que se tenga el hecho generador, ni mucho menos un pronunciamiento emanado de un ente especializado que demuestre lo contrario, donde estableció que la estructuración de la discapacidad se dio el 11 de septiembre de 2013. Indica que, conforme al artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los jueces tienen libertad

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Radicación n.° 95466 probatoria y pueden darles credibilidad plena a los dictámenes. Por ende, al no tener la recurrente las 50 semanas de aportes dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la configuración de la invalidez (11 de septiembre de 2013), además de no contar con cotizaciones posteriores con base en la capacidad laboral residual, lo cierto es que no tiene derecho a la prestación reclamada en virtud de los postulados contenidos en las sentencias CSJ SL2082-2022 y

CSJ SL3421-2022.

Acerca del cargo segundo, objeta que, a pesar de ser sustentado por la vía directa, la casacionista hace alusión a

pruebas tales como la historia clínica, laboral y otras documentales, lo cual configura una mixtura inadmisible de argumentos dada la rigurosidad del recurso extraordinario. Precisa que tampoco cumple con los requisitos de la sentencia CC SU-588 de 2016, como quiera que se buscó extender los beneficios de la seguridad social a quienes padecían el tipo de enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas, permitiendo que para efectos de contabilizar las semanas se pudiera acudir a la fechas (i) en la que se profiere el dictamen de calificación de la invalidez; (ii) cuando se presenta la reclamación de la pensión o (iii) el ciclo del último periodo de cotización. Recalca que dicha excepción procede para quienes continuaban cotizando al Sistema General de Pensiones, alcanzando las semanas requeridas en virtud de una capacidad laboral residual, lo que no ocurrió en este caso.

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IX. CONSIDERACIONES Tiene razón la opositora en las objeciones de técnica que presenta y respecto de las cuales vale la pena referirse, especialmente, porque conllevan a desestimar el segundo cargo.

El ataque efectuado por la recurrente se orientó por la vía directa, lo que supone una discusión respecto de las conclusiones jurídicas a las que arribó el Tribunal y no sobre aquellas de tipo fáctico. No obstante, en su demostración, alude simultáneamente a reflexiones sustanciales tales como el alcance del derecho a la pensión de invalidez, su afectación al mínimo vital en caso de negarse y la importancia del

número de semanas cotizadas en su vida laboral, así como a disquisiciones probatorias relacionadas con el tipo de enfermedad que padecía o la posibilidad de demostrar la fecha de estructuración a partir de la historia clínica o el dictamen de pérdida de capacidad laboral. Esta mixtura configura un error en el planteamiento del recurso extraordinario e imposibilita a la Sala estudiar sus afirmaciones, pues las discusiones jurídicas y fácticas son excluyentes y deben someterse cada una a las reglas propias de la vía a la que corresponden (CSJ SL4171-2022). Debe recordarse que la casación no es una tercera instancia en donde las partes reafirman sus posiciones dentro del proceso, sino un control de legalidad y acierto que presenta el casacionista respecto de la sentencia del juez de segunda instancia.

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Radicación n.° 95466 En todo caso, esta equivocación no es suficiente para imposibilitar el análisis de la casación, pues el primer cargo, reúne las exigencias mínimas para su estudio. A pesar de estar dirigido por la vía indirecta, no se controvierte que, (i) Ethel Patricia Vásquez Ricaurte fue calificada por Colpensiones con una pérdida de capacidad laboral del 50,7%, con fecha de estructuración el 11 de septiembre de 2013; (ii) registró 782,14 semanas de aportes en toda su vida laboral vinculada Régimen de Prima Media; (iii) la última cotización efectiva la realizó el 31 de agosto de 2009; y (iv) no tiene 50 semanas en los últimos tres años

anteriores a la configuración de la invalidez. Ahora bien, la casacionista plantea que el Tribunal se equivocó al no tomar una fecha diferente para tal estructuración, a pesar de que, a su juicio, tiene una enfermedad crónica como la epilepsia, según el dictamen de pérdida de capacidad laboral y su historia clínica. De hecho, solicita que se tenga como referencia el 30 de agosto de 2009, momento en el que se produjo su último aporte, pues en los tres años anteriores sí reúne las 50 semanas que exige el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. Al respecto, encuentra la Sala que son dos los ejes temáticos que se deben estudiar, por una parte, el rol de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, su vinculatoriedad para los jueces de instancia y la facultad de controvertirlos ante la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral; y, la modificación de la fecha de estructuración de la invalidez, conforme lo dispuesto por la

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Radicación n.° 95466 Corte en los casos de enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas.

1. Calificación de invalidez, jerarquización de dictámenes y controversias ante los jueces del trabajo Se advierte que los artículos 9º de la Ley 776 de 2002, 142 del Decreto 19 de 2012 (que modificó el 142 de la Ley 100 de 1993) y 18 de la Ley 1562 de 2012 (vigente desde el 11 de julio de 2012), fijaron un procedimiento especial para

establecer la pérdida de capacidad laboral de una persona, así como otorgaron competencia a las juntas de calificación de invalidez, para que, con siguiendo los criterios de orden técnico y científico contenidos en el Manual Único de Calificación de Invalidez, emitan la valoración tendiente a demostrar tal condición. Sin embargo, ello no quiere decir que se le hubiera provisto a sus dictámenes la condición de prueba solemne, pues los jueces de instancia están legitimados, con fundamento en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para sopesar o darle mayor valor a otras pruebas que hubieran sido aportadas en debida forma al proceso y, con base en ellas, forjar su convencimiento sobre la realidad que se discute. Sobre este punto, la Corte en sentencia CSJ SL, 18 septiembre 2012, radicación 35450, señaló:

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Radicación n.° 95466 Se ha de advertir en primer término, que la jurisprudencia de la Corte tiene establecido el criterio de que los dictámenes de las juntas regionales y nacional de calificación de invalidez, no son pruebas solemnes y por lo tanto, el juzgador respecto de ellos no está sometido a la tarifa legal de prueba. En consecuencia, como prueba pericial que es, queda sometida a la libre apreciación del juez. De la misma manera tiene señalado la Corporación, que el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de invalidez no obliga al juzgador y que si para definir una determinada controversia se ve enfrentado a dos dictámenes disímiles uno

rendido por la junta regional y otro por la nacional, podrá escoger para fundamentar su decisión aquél que le merezca mayor credibilidad analizado dentro del conjunto de elementos probatorios con los que cuente, pudiendo también optar si lo considera menester, por ordenar un tercer dictamen todo dentro del marco de libertad probatoria que le asiste de conformidad con los artículos 51, 54 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Lo anterior en armonía con las disposiciones que regulan los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez, concretamente el Decreto 2463 de 2001, que en el artículo 35 estipula que ellos son controvertibles ante los jueces del trabajo y en el artículo 40 que establece que las