CSJ - SL2441-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2441-2023 Radicación No. 87190 Acta 37 Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por

MARÍA ESPERANZA MARTÍNEZ CUERVO, OLGA

PATRICIA MARTÍNEZ CUERVO, DIANA LISBETH SANTAMARÍA CAMACHO y JAVIER MOSQUERA CUBIDES, en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad, DIEGO LEONARDO MOSQUERA MARTÍNEZ, contra la sentencia proferida el 25 de octubre de 2018, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauraron los recurrentes en contra de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO -MINERALCOOP, la empresa GALVIS FRACASSI SAS, hoy INGENIEROS GALVIS FRACASSI SAS y solidariamente, contra la «GOBERNACIÓN DEL CESAR», trámite al cual fue llamada en garantía la

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A.

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Radicación n° 87190

I. ANTECEDENTES Los citados demandantes llamaron a juicio a las accionadas con el fin de que se declare que entre Bayron Javier Mosquera Martínez y la Cooperativa de Trabajo Asociado Mineralcoop y Galvis Fracassi SAS existió un contrato de trabajo verbal, a término indefinido, el cual se ejecutó desde el 1 hasta el 13 de marzo de 2012, en el

municipio de Pueblo Bello -Cesar, con el fin de realizar las actividades concernientes al manejo de martillo neumático y perforamiento de rocas; que el salario que devengó fue de $566.700 mensuales; que en vigencia de dicha relación no recibió ningún llamado de atención y que no fue capacitado en seguridad ocupacional e industrial; en identificación de peligros; riesgos de minería y cantería; en manejo de explosivos o perforaciones de grandes rocas; ni en actividades de alto riesgo, como tampoco fue dotado de elementos de protección personal como overoles, botas, ente otros. También solicitaron que se declare que la citada cooperativa tenía afiliado al trabajador al sistema de riesgos profesionales, resaltando que, en realidad, era trabajador de la empresa Galvis Fracassi SAS para prestar servicios personales en la obra denominada Recuperación de la transitabilidad de la vía Zanjón -Pueblo Bello, que inició el 1 de marzo de 2012, cuyo beneficiario, además, sería la

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Radicación n° 87190 «Gobernación del Cesar», la que, dijeron, debe responder solidariamente por las condenas aquí pretendidas. Igualmente, reclaman que se declare que el 13 de marzo de 2012, Bayron Javier Mosquera Martínez sufrió un accidente de trabajo que le ocasionó la muerte, según precisaron, al no adoptarse las medidas de prevención de incidentes laborales ni las normas de salud ocupacional; que no se le pagaron al causante las prestaciones sociales debidas por la ejecución de su contrato de trabajo, como lo son las primas de servicios, auxilio de cesantías e intereses y

el subsidio familiar. Respecto del vínculo que tenían los demandantes con el trabajador fallecido, pidieron declarar que Javier Cubides Mosquera era su padre; María Esperanza Martínez Cuervo, la madre; Diego Leonardo Mosquera Martínez y Olga Patricia Martínez Cuervo, hermanos; y Diana Lisbeth Santamaría Camacho, compañera permanente. En consecuencia, solicitaron condenar a las accionadas al pago de los siguientes conceptos: lucro cesante consolidado; lucro cesante futuro y daño a la vida en relación, en los montos relacionados en la demanda inicial obrante a folios 482 a 490 del plenario, frente a cada demandante; la prima de servicios; el auxilio de cesantías y sus respectivos intereses; las vacaciones proporcionales y la indemnización por el no pago oportuno de las prestaciones sociales.

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Radicación n° 87190 De forma subsidiaria, reclamaron declarar que la empresa Galvis Fracassi SAS es solidariamente responsable de las condenas pedidas, en su condición de contratante de la cooperativa accionada, y que se le condene en esa calidad junto con la «Gobernación del Cesar». Como fundamento de sus peticiones, informaron que Bayron Javier Mosquera Martínez celebró un contrato de trabajo verbal con la Cooperativa de Trabajo Asociado Mineralcoop y la empresa Galvis Fracassi SAS, entre el 1 y el 13 de marzo de 2012, a término indefinido, para desempeñarse en tareas propias de minero y cantero, especialmente, realizando labores de perforación de roca con martillo neumático y dispositivos explosivos.

Agregaron que el 13 de marzo de 2012, en el lugar de la obra mencionada, su familiar sufrió un accidente de trabajo mientras se encontraba perforando la piedra, y que ello ocurrió cuando intentó instalar un dispositivo, produciéndose una explosión con la chispa que se generó al tratar de activarlo. Puntualmente, explicaron que al trabajador le fue encargada la labor de romper una piedra grande, inicialmente, con un compresor neumático, utilizando una broca de 80 cm., pero que esta última se quedó atascada en la piedra; por lo que, luego de intentar retirarla manualmente y con el uso de gasolina -por instrucciones dadas por su jefe inmediatotrató de sacar la broca a giros, produciéndose una explosión que le causó la muerte a él y heridas leves a su jefe.

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Radicación n° 87190 Detallaron que el trabajador no fue capacitado en normas de seguridad industrial; riesgos mecánicos o manejo de explosivos, ni fue dotado de los elementos de protección necesarios para esa actividad, pues, ni siquiera contaba con un uniforme ni guarda de protección; que la ARL calificó dicho accidente como laboral; que la Fiscalía General de la Nación abrió investigación para determinar las causas de dicho accidente y los eventuales responsables -sin precisar el resultado de este trámitey añadieron que agotaron reclamación administrativa presentando una petición a la «Gobernación del Cesar», la que les respondió de forma negativa a sus intereses. Al contestar la demanda, Galvis Fracassi SAS, hoy

Ingenieros Galvis Fracassi SAS, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de los actores. En su defensa, precisó que nunca fue empleador del trabajador fallecido y que, al parecer, con quien tuvo relación fue con Miguel Ángel Másmela, quien, presuntamente, lo habría afiliado por medio de la cooperativa accionada y con quien convino la prestación del servicio. En consecuencia, anotó, no era esa sociedad la que debía responder de las condenas reclamadas. En relación con los hechos, dijo que no eran ciertos, únicamente admitió que se presentó un accidente, pero no las condiciones de tiempo, modo y lugar que se expusieron en el libelo inicial. Propuso las excepciones de falta de causa, buena fe, inexistencia de la obligación reclamada, inexistencia del

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Radicación n° 87190 contrato de trabajo, compensación, prescripción y la genérica. Por su parte, la «Gobernación del Cesar» indicó que no le constaban los hechos de la demanda, y que desconocía cualquier condición de la presunta relación laboral que invocaron los demandantes; el accidente y las consecuencias denunciadas. Señaló que, si una entidad territorial pacta con un contratista independiente la realización de una obra o labor, y este último es deudor de derechos laborales, no se puede aplicar el artículo 6 del Decreto 2127 de 1945, pues esta norma rige únicamente las relaciones oficiales, y en este caso, tanto la empresa contratista como sus dependientes, son particulares, por eso, no era posible derivar

responsabilidad alguna en contra del patrimonio del Estado. Formuló las excepciones previas de falta de jurisdicción y competencia, y la de fondo de falta de legitimación en la causa por pasiva -inexistencia de la relación laboral-. Llamó en garantía a la empresa Galvis Fracassi SAS, ya vinculada al presente trámite como demandada y a la Compañía Mundial de Seguros S. A. La Compañía Mundial de Seguros S. A. se opuso a las pretensiones de los demandantes y dijo que no le constaba ninguno de los hechos invocados en el escrito inicial. Frente al llamamiento, explicó que era cierto que expidió la póliza de seguro de cumplimiento tomada por Galvis Fracassi SAS a

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Radicación n° 87190 favor de la Gobernación del Cesar, para el amparo de prestaciones e indemnizaciones, pero explicó que Galvis no tuvo ningún vínculo laboral con el causante, por lo que no debía pagar las condenas reclamadas. Propuso las excepciones previas de falta de jurisdicción y de competencia, y las de fondo de pago, cobro de lo no debido, ausencia de cobertura de la póliza de cumplimiento, ausencia de amparo, ausencia de cobertura de la póliza de responsabilidad civil, prescripción laboral, prescripción del contrato de seguros y la genérica. El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá le designó curador ad litem a la Cooperativa de Trabajo Asociado Mineralcoop, quien al contestar la demanda dijo que se atenía a lo probado en el proceso, pues ninguno de los hechos le constaba. Se opuso a las pretensiones y planteó las

excepciones de buena fe del empleador e inexistencia de la obligación reclamada, explicando que el empleador al que representaba afilió a su trabajador al Sistema de Riesgos Profesionales lo que evidenciaba su buen actuar; y que no había ninguna relación contractual entre dichas partes que generara algún tipo de obligación o acreencia en favor de los accionantes. Mediante decisión del 14 de octubre de 2014, el juzgado declaró no probada la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 3 de noviembre de 2016, absolvió a las demandadas de las pretensiones dirigidas en su contra, declarando probada la excepción de falta de causa. Condenó en costas a la parte actora.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de los demandantes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 25 de octubre de 2018, confirmó la decisión y se abstuvo de imponer costas en la alzada.

Como fundamento de dicha determinación, puso de presente que no era objeto de debate que el 13 de marzo de 2012 se produjo el deceso de Bayron Javier Mosquera Martínez, precisando que debía determinar si en este caso se había presentado la relación laboral invocada por los accionantes y si había lugar a reconocer los derechos reclamados. Luego de ello, recordó que son tres los elementos

constitutivos de un contrato de trabajo, resaltando que el primero de ellos, esto es, la prestación personal del servicio, corresponde acreditarla a quien reclama su existencia. Puntualizó que dentro del plenario, ese presupuesto no estaba cumplido, esto es, no había evidencia de que el causante hubiera laborado al servicio de la Cooperativa

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Radicación n° 87190 Mineralcoop ni de Galvis Fracassi SAS, pues si bien la primera de ellas lo había afiliado a la ARL Positiva, para la cobertura de riesgos laborales y dicha administradora había otorgado la pensión de sobrevivientes a la compañera permanente del trabajador fallecido, esa vinculación no constituía, por sí sola, prueba de la relación laboral y que, si bien, podía ser un indicio importante, en el plenario no obraba ninguna prueba, ni siquiera testimonial que acreditara esa prestación personal del servicio en favor de los demandados. Al respecto, resaltó que Alexander Estrella Trillos manifestó que había sido compañero de trabajo de Bayron Javier y que, por ello, le constaba que él cumplía un horario de trabajo de 7:00 a.m. a 12 m.; y de 1:00 a 5:00 p.m.; que tenían la misma ruta de transporte y que estuvo presente el día en el que ocurrió la explosión; explicó que Jairo Jiménez era quien les impartía las órdenes. Agregó que fueron contratados por el ingeniero civil Másmela quien, a su vez, fue subcontratado por Galvis Fracassi SAS; que no le constaba que su compañero estuviera afiliado a alguna

cooperativa, ni que hubiera recibido capacitación para desempeñar sus labores en favor de la obra cuyos beneficiarios fueron la «Gobernación del Cesar» y el municipio de Pueblo Bello. El colegiado también destacó que Gladys Martínez Cuervo, Álvaro Velasco Castellanos y Víctor Leandro Hurtado López habían indicado que el causante estaba laborando para la empresa Galvis Fracassi SAS, sin embargo, entendió

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Radicación n° 87190 que se trataba de testimonios de oídas, pues ninguno de ellos estuvo presente en la suscripción del contrato de trabajo o en la propuesta laboral. Agregó que Astrith Velasco Martínez había asegurado que Jairo Jiménez les ofreció a varios habitantes del municipio de Puente Nacional «que realizaran unas funciones en el Departamento del Cesar, por lo que Byron aceptó, prestó servicios como diez días y falleció. Que sabe que fue a trabajar con Jairo, Miguel Ángel Másmela y con Galvis Fracassi», siendo los beneficiarios de la obra el municipio de Puerto Bello y la «Gobernación del Cesar» sin que «hubiera visto contrato alguno». De dichos testimonios concluyó que no era posible acceder a la declaratoria de un contrato de trabajo, ya que si bien, hubo prestación personal del servicio por parte de Byron Javier Mosquera Martínez, esta se dio en favor de Jairo Jiménez o de Miguel Ángel Másmela, personas naturales que no habían sido vinculadas al litigio. Explicó que el testigo Adenago Vargas Delgado dio

cuenta de que conoció a Jairo Jiménez y a Miguel Másmela precisando el declarante que él mismo fue contratista durante cuatro años de la empresa Galvis Fracassi SAS, por lo que le consta que esa sociedad contrataba a terceros para el manejo de pólvora, mediante una oferta mercantil, entre otras cosas, porque no tenía autorización para tales actividades. Añadió que los terceros aportaban todo el material; el personal y los elementos de cuidado para la ejecución de las tareas encomendadas, y que estos, a su vez,

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Radicación n° 87190 subcontrataban trabajadores, de manera que no eran empleados de Galvis. Así mismo, el Tribunal relacionó la oferta de folios 223 a 225 del plenario, celebrada entre Miguel Ángel Másmela y Galvis Fracassi en la que el primero se comprometió con el segundo a suministrarle mano de trabajo, materiales y equipos para la obra en la vía Zanjón -Pueblo Bello, en el contrato de recuperación de trazabilidad de la vía, incluyendo la demolición de concretos y cargue, excavación de roca y cargue, relleno estructuras, cuneta en concreto, acero de refuerzo, entre otras. Igualmente, indicó que el padre del difunto, Javier Mosquera, había reafirmado esas circunstancias, al manifestar que Jairo Jiménez Quiroga había sido quien le ofreció trabajo a su hijo en Valledupar. Así las cosas, el ad quem concluyó que la vinculación laboral que habría tenido el causante no se podía predicar

frente a la cooperativa accionada o respecto de Galvis Fracassi SAS, pues esta había existido con Jaime Jiménez. Agregó que, en consecuencia, el a quo no se había equivocado al valorar las pruebas y así, no se habían demostrado los supuestos fácticos en que los actores basaban sus pedimentos, pues no probaron el vínculo laboral del fallecido con la Cooperativa Mineralcoop o con Galvis Fracassi SAS. Finalmente, acotó que, como no era admisible la pretensión principal, respecto de la existencia del vínculo de trabajo, no había lugar a estudiar la presunta solidaridad de la «Gobernación del Cesar», como beneficiaria de la obra.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Los actores pretenden que la Sala case totalmente la decisión acusada, en cuanto el a quo declaró probada la excepción de falta de causa y absolvió a las accionadas, para que, en sede de instancia, «se case lo decidido en primer grado» y se resuelva en costas de conformidad.

Con tal propósito plantean cuatro cargos por la causal primera de casación, los cuales no son replicados. Por razones de metodología, la Sala analizará, inicialmente, los cargos segundo y cuarto, conjuntamente, los cuales, si bien se dirigen por sendas distintas, cuestionan un mismo asunto, esto es, la condición de empleador de la CTA demandada en este trámite; luego, el primero y

finalmente, se estudiará la acusación tercera.

VI. SEGUNDO CARGO Denuncian el fallo por violar la ley sustancial, por la senda directa, en la modalidad de aplicación indebida de los

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Radicación n° 87190 artículos 51 y 61 del CPTSS, en relación con los artículos 23 y 24 del CST. Argumentan que el Tribunal aplicó indebidamente estos dos últimos preceptos al no haber declarado un contrato de trabajo entre Bayron Javier Mosquera Martínez y la Cooperativa de Trabajo Asociado Mineralcoop, pese a que quedó demostrado que ésta afilió al trabajador a una ARL. Explican que en la decisión se alude a los testimonios de personas que dijeron no haber visto el contrato de trabajo entre las mencionadas partes, como si este tipo de vínculos solo pudieran celebrarse por escrito. Sostienen que, para el ad quem, la prestación personal del servicio se dio con otras personas distintas de la cooperativa, y advirtió que, si bien esta última afilió al trabajador a riesgos profesionales (hoy laborales) y con ocasión de tal circunstancia, se reconoció a la compañera permanente la pensión de sobrevivientes, ello no daba por probado, por sí solo, ese tipo de nexo laboral, lo que consideran contrario a los preceptos denunciados. Sin más, solicitan que se case el fallo impugnado.

VII. CUARTO CARGO Denuncian la decisión por incurrir en violación indirecta de la ley, en la modalidad de la «errónea apreciación», de los artículos 51 y 61 del CPTSS, en relación

con los artículos 23, 24 y 35 del CST.

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Radicación n° 87190 Refieren que el Tribunal cometió los siguientes yerros fácticos: No dar por demostrado, estándolo, que entre el señor Bayron Javier Mosquera Martínez y la Cooperativa de Trabajo AsociadoMineralcoop, así como la sociedad contratista Galvis Fracassi SAS existió un contrato de trabajo verbal. No dar por demostrado, estándolo, que la afiliación a la ARL Positiva por parte de la Cooperativa de Trabajo AsociadoMineralcoop, en este caso, es prueba indicativa de la existencia de la relación laboral. No dar por demostrado, estándolo, que la prestación personal del servicio de Bayron Javier Mosquera Martínez se produjo en beneficio de la Cooperativa de Trabajo Asociado Mineralcoop, así como la sociedad contratista Galvis Fracassi SAS y la Gobernación del Cesar. No dar por demostrado que la prestación personal del trabajador fallecido se hizo en beneficio de las solidariamente llamadas al proceso, estando demostrado. Precisan que los anteriores errores se cometieron por la apreciación indebida de los siguientes elementos de prueba: Afiliación a la ARL (f.° 345) por parte de la cooperativa. Formulario de dictamen para la determinación del origen del accidente de trabajo, la enfermedad y la muerte de la ARL Positiva (f.° 47 y ss,) Reporte del accidente de trabajo (f.° 18) Registro fotográfico lugar accidente de trabajo (f.° 74 a 82) Informe de accidente de Miguel Ángel Másmela (f.° 340)

Respuesta a petición del 25 de septiembre de 2012 (f. 69) Oficios de folios 16 y 37 Respuesta a la reclamación presentada ante la Gobernación del Cesar (f.° 212) Para demostrar la acusación, advierten que el Tribunal no dio por probado que el causante tenía un contrato de

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Radicación n° 87190 trabajo con la Cooperativa Mineralcoop, situación reconocida por Galvis Fracassi SAS en la respuesta a la petición elevada el 25 de septiembre de 2012; la constancia de afiliación a la ARL y la prestación del servicio en favor de las demandadas, hecho este que se acredita con el registro fotográfico del lugar donde ocurrieron los hechos, el cual es coincidente con aquel en el que se adelantaron las obras de mejoramiento de la vía en beneficio de la «Gobernación del Cesar». En ese sentido, aducen que la constancia de afiliación a la ARL debió ser apreciada por el ad quem y el juez de primer grado, en consonancia con los demás medios de prueba que tenían a su alcance y dar por probado que Jiménez tan solo fue un intermediario que llevó al causante a laborar el servicio de Galvis Fracassi SAS y la «Gobernación del Cesar», a órdenes de la cooperativa.

Agregan que: De hecho, parte del error del Tribunal se demuestra en el hecho que señaló que el señor (sic) JIMÉNEZ y MIGUEL ÁNGEL MASMELA eran las personas contra quienes debía dirigirse la demanda por ser los verdaderos empleadores, omitiendo que, en el expediente se encontraba el reporte de accidente suscrito por

el señor MÀSMELA a JOSÉ LEYTON FERNÁNDEZ, director de obra, en donde afirma que BAYRON MOSQUERA era trabajador de MINERALCOOP, así como las comunicaciones entre la interventoría del proyecto y GALVIS FRACASSI SAS en donde de forma directa se indaga sobre la muerte del trabajador. Tanto es así, que en el plano de la realidad las demandadas fungían como verdaderos empleadores, que la misma Gobernación del Cesar a través del Secretario de Infraestructura señala que “el señor BAYRON JAVIER MOSQUERA MARTÍNEZ prestaba sus servicios para la empresa GALVIS FRACASSI SAS de acuerdo con el reporte de la interventoría externa, en las circunstancias en que ocurrió la muerte del mencionado.

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Radicación n° 87190 Por lo anterior, solicitan casar el fallo impugnado.

VIII. CONSIDERACIONES Previo a resolver los cargos formulados, la Corte debe poner de presente que, en ambas acusaciones, la censura le reprocha al ad quem no haber tenido por acreditado que la CTA Mineralcoop fungió como verdadero empleador del trabajador fallecido y, en esa medida, erró al no declarar el contrato laboral entre ambas partes. Sin embargo, aunque el segundo cargo se dirige por la senda directa, relaciona alegatos de orden fáctico, como lo es, aludir a los testimonios o a la valoración que se hizo de una constancia emitida por la ARL Positiva, lo que resulta desacertado desde el punto de vista técnico, ya que incorpora argumentos ajenos a la vía

jurídica. En todo caso, como quiera que la acusación cuarta incluye los alegatos contenidos en la segunda -esta sí propuesta por la senda indirectala Sala analizará en conjunto ambos reproches, en los que, en esencia, se cuestiona ese mismo asunto probatorio. Aclarado lo anterior, es importante recordar que los accionantes incoaron la demanda inicial contra la CTA Mineralcoop y la empresa Galvis Fracassi SAS, con el fin de que se declarara que entre Bayron Javier Mosquera Martínez y dichas empresas existió un contrato de trabajo, el cual se ejecutó desde el 1 hasta el 13 de marzo de 2012, y en cuyo desarrollo, aquél sufrió un accidente de trabajo que le

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Radicación n° 87190 produjo la muerte. Así, solicitaron que se dispusiera que existió culpa del empleador en la ocurrencia de ese accidente, al omitir el cumplimiento de las normas de seguridad y al no proveerlo de los elementos de trabajo aptos para su cargo y, por ende, se disponga el pago de los daños y perjuicios causados. De forma subsidiaria, pidieron que se declarara que Galvis Fracassi SAS fue beneficiaria de la obra y, en consecuencia, solidariamente responsable, junto con la «Gobernación del Cesar» en el pago de las acreencias reclamadas. El juez de segundo grado no accedió a la declaratoria del contrato de trabajo y, en esa medida, tampoco a las condenas solicitadas a título de culpa patronal. La razón para ello estribó en que las pruebas del plenario, concretamente, la testimonial, daba cuenta de que los

verdaderos empleadores del causante fueron Jairo Jiménez y Miguel Ángel Másmela, personas que no fueron demandadas en este proceso. Descartó que la cooperativa o la empresa Galvis Fracassi SAS tuvieran esa calidad, porque no estaba demostrado que el trabajador hubiera prestado servicios en favor de estas. En sede de casación, los accionantes denuncian la indebida valoración de algunos medios de prueba que, aseguran, le impidieron al colegiado darse cuenta de que la CTA Mineralcoop fungió como verdadero empleador del trabajador fallecido. Insisten en que las pruebas acreditan que aquel tenía un contrato de trabajo verbal con la cooperativa y que Galvis Fracassi SAS fue beneficiaria de las

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Radicación n° 87190 labores realizadas por aquél, por lo que ambas deben ser condenadas. En ese orden de ideas, le corresponde a la Sala establecer si el ad quem hizo una lectura errada de los medios de convicción denunciados y si, como se plantea, los demandados en este trámite fungieron como empleadores de Bayron Javier Mosquera Martínez y, por ende, si hay posibilidad de analizar la eventual negligencia en la que habrían incurrido como empleadores en la ocurrencia del accidente que le causó la muerte. Al respecto, la Corte debe poner de presente que gran parte de la sustentación del fallo impugnado se basó en la valoración de la prueba testimonial, pues el ad quem determinó que las declaraciones recibidas en el plenario habían dado cuenta de que, en realidad, el trabajador no había prestado servicios en favor de Mineralcoop -al menos,

en lo que concierne la relación de trabajo que generó el accidente laboraly que, incluso, esta cooperativa no tuvo injerencia en la ejecución de la relación de trabajo ni en la emisión de órdenes al trabajador. Sin embargo, se aprecia que el ataque luce insuficiente, pues no se cuestionó esta valoración probatoria, lo cual, por tanto, deja incólume lo decidido por el Tribunal. En efecto, para el colegiado resultaron relevantes las declaraciones de Alexander Estralla, compañero de labores del causante, quien afirmó que fueron contratados por el ingeniero Másmela y que Jairo Jiménez era quien les dada

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Radicación n° 87190 las órdenes, personas éstas que, a su vez, fueron subcontratados por Galvis Fracassi SAS; el testimonio del mismo padre del fallecido quien informó que Jairo Jiménez fue quien le ofreció trabajo a su hijo; y, además, de Astrith Velasco, quien indicó que Másmela era la persona con la que contrató la empresa Galvis Fracassi SAS, la cual debía subcontratar con terceros para el manejo de pólvora, ya que no estaba autorizada para ejecutar tales actividades por su propia cuenta. Esas inferencias probatorias, como se dijo, no son cuestionadas por la censura, pues no se hace un ataque concreto frente a la prueba testimonial que sirvió de soporte fundamental a la decisión cuestionada y que en el caso concreto le permitieron deducir al juez plural que, al margen de la formalidad de los documentos en los que se identificaba a la CTA Mineralcoop como supuesta empleadora, la realidad evidenciaba que Miguel Ángel Másmela y Jairo Jiménez -no

demandados en este trámitefungieron como verdaderos empleadores de Bayron Javier Mosquera Martínez ejerciendo subordinación; ante quienes el trabajador prestó sus servicios. Debe recordarse, en cuanto a la prueba testimonial, que, si bien no es calificada en casación laboral para estructurar errores de hecho, según se colige del artículo 7 de la Ley 16 de 1969, cuando ella sirve de soporte al fallo recurrido, como sucede en este caso, sí es imperativo acusarla como erróneamente apreciada, pues ello es lo que permite a la Corte analizarla, una vez se demuestren los

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Radicación n° 87190 yerros fácticos con los elementos probatorio que sí tienen esa connotación. El no hacerlo implica que el fallo controvertido deba mantenerse inalterable, prevalido de la doble presunción de legalidad y acierto que lo ampara (CSJ SL3140-2020). La Sala ha recalcado que las acusaciones exiguas o parciales son insuficientes para quebrar una sentencia en el ámbito de la casación del trabajo y de la seguridad social, por cuanto dejan subsistiendo sus fundamentos sustanciales y, por tanto, nada consigue el censor si se ocupa de combatir razones distintas a las aducidas por el juzgador o cuando no ataca todos los pilares, porque, en tal caso, así tenga razón en la crítica que formula, la decisión sigue soportada en las inferencias que dejó libres de ataque. Sobre el particular, en decisión CSJ SL13058-2015, reiterada en la CSJ SL179862017, se precisó: […] La Sala reitera que la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, exige el despliegue de un ejercicio dialectico dirigido puntualmente a socavar los pilares de la sentencia gravada, porque en caso contrario permanecerá incólume, soportada sobre los cimientos que resultaron útiles al Tribunal para resolver el caso sometido a su consideración. Corresponde entonces al censor identificar los soportes del fallo que controvierte y, consecuente con el resultado que obtenga, dirigir el ataque por la senda fáctica o la jurídica, o por ambas, en cargos separados, desde luego, si es que el fundamento de la decisión es mixto. Los soportes fácticos de una decisión judicial, son aquellas inferencias o deducciones que el juez de alzada obtiene luego de analizar el contenido de los medios de prueba regular y oportunamente incorporados al expediente, que le permiten construir el escenario sobre el cual cobraran vida las normas llamadas a gobernar los hechos acreditados; al paso que los jurídicos corresponden al alcance, aplicación o falta de aplicación

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Radicación n° 87190 de una o varias preceptivas llamadas a regular el aso sometido a su consideración, esto con total independencia de los aspectos de hecho que estructuran cada caso. Ahora bien, sin perjuicio de esta imprecisión técnica relevante y como quiera que se denunciaron otros medios de prueba, la Sala pasa a abordar el correspondiente estudio, pese a que de ellos tampoco se derivan los yerros fácticos que le fueron endilgados al Tribunal, lo que también conduciría al fracaso de sus pretensiones. Véase por qué.

a. Registro fotográfico Dentro del plenario obra copia de algunas imágenes, dentro de las