CSJ - SL2444-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2444-2023 Radicación n.° 97176 Acta 37 Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por ANÍBAL PAYÁN ACOSTA, JAIRO PARRA CARDONA, LUIS ALBEIRO LARGO VILLA y LEONARDO VILLA ARENAS contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Distrito Judicial de Pereira el 18 de abril de 2022, en el proceso ordinario laboral que adelantan contra la EMPRESA DE

ENERGÍA DE PEREIRA S. A. ESP, la EMPRESA DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.

ESP, la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S. A. ESP, UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. A., «sucesor procesal» de

la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S. A. ESP,

INSTITUTO DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE PEREIRA INFIPEREIRA -liquidado-, y el MUNICIPIO DE PEREIRA.

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Radicación n.° 97176 Proceso al que fueron llamados en garantía CONFIANZA S.

A., y SEGUROS DEL ESTADO.

I. ANTECEDENTES

Aníbal Payán Acosta, Jairo Parra Cardona, Luis Albeiro Largo Villa y Leonardo Villa Arenas promovieron este juicio para que se declare que entre ellos y la empresa Multiservicios S. A. existieron contratos de trabajo así:

Demandante desde Hasta Aníbal Payán Acosta 1 octubre 1999 30 abril 2013 Jairo Parra Cardona 18 marzo 2001 30 abril 2013 Luis Albeiro Largo Villa 1 julio 2003 30 abril 2013 Leonardo Villa Arenas 11 mayo 1999 30 abril 2013 Que se declare que la vinculación terminó de manera unilateral e injusta por parte de la empleadora; que los actores eran beneficiarios de la convención colectiva de trabajo; que las cooperativas de trabajo asociado y las empresas de servicios temporales a través de las cuales fueron contratados, fungieron como intermediarias y que las sociedades demandadas, en su calidad de socias de la extinta empleadora, son responsables solidarias por las acreencias laborales causadas a favor de los actores. En virtud de lo anterior, solicitaron que se condene solidariamente a las accionadas a pagar a su favor las diferencias salariales respecto del personal de planta de la extinta empresa Multiservicios S. A. que cumplía las mismas funciones; las prestaciones sociales legales dejadas de percibir, esto es, cesantías, intereses a las cesantías,

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Radicación n.° 97176 primas de servicios y compensación de vacaciones; la «reliquidación de las prestaciones sociales» teniendo en cuenta los valores que percibía un trabajador de planta de Multiservicios S. A. por el periodo del 5 de marzo de 2010 al 30 de abril de 2013; las prestaciones convencionales de prima de navidad, vacaciones y de antigüedad; indemnización por no consignación de cesantías, sanción por no pago de intereses a las cesantías, indemnizaciones

por despido injusto y por mora por el no pago de salarios y prestaciones al término del vínculo; reliquidación de los aportes a pensión y las costas. De manera subsidiaria reclamaron que las anteriores condenas fueran impuestas a las entidades accionadas, en virtud de su responsabilidad solidaria como beneficiarias del servicio realizado por los actores. Para sustentar sus pretensiones relataron que prestaron sus servicios personales a la empresa Multiservicios S. A. en el cargo de auxiliar de lectura y distribución; para ello fueron vinculados a través de varias cooperativas de trabajo asociado (CTA) y empresas de servicios temporales (EST); siempre desarrollaron las mismas funciones que consistían en la lectura de medidores de agua, energía y gas y la distribución de las facturas de estos servicios públicos, predial, valorización y ocasionalmente publicidad; labor que fue ejercida en los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, según los horarios y programación establecida por Multiservicios S. A. y en las rutas fijadas por esta empresa.

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Radicación n.° 97176 Indicaron que siempre estuvieron sometidos al cumplimiento de los turnos y órdenes impartidas por Multiservicios S. A. y que sus jefes inmediatos eran los directores del área de lectura y distribución de dicha empresa. Su remuneración correspondía al salario mínimo legal mensual vigente más un auxilio de rodamiento, pero durante el tiempo en que se vincularon a través de CTA, no les pagaron las prestaciones legales y cuando fueron contratados mediante EST, las prestaciones eran liquidadas

únicamente sobre el salario mínimo. Mencionaron que las funciones ejercidas eran propias y permanentes en la empresa extinta y que incluso tenía personal de planta que realizaba las mismas actividades, pero devengaban salarios superiores; que la terminación de la vinculación fue consecuencia del proceso de liquidación de Multiservicios S. A. y que no recibieron indemnización alguna por tal circunstancia. Aclararon que esta empresa les suministraba la dotación de calzado y vestido de labor y que fungió como verdadera empleadora, mientras que las CTA y EST tan solo fueron intermediarias. Explicaron que como consecuencia de la escisión de Empresas Públicas de Pereira se crearon cuatro empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de Telecomunicaciones, Energía, Aseo y Acueducto y Alcantarillado, y una sociedad de apoyo a las anteriores, que era Multiservicios S. A., la cual fue liquidada el 30 de diciembre de 2014.

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Radicación n.° 97176 Señalaron que las demandadas fungieron como socias de Multiservicios S. A., cuyo objeto social era dar apoyo a las empresas de servicios públicos domiciliarios, y su naturaleza jurídica era la de una entidad estatal descentralizada del orden municipal, anónima y de economía mixta, «vinculada a las entidades socias». Dijeron que, en el objeto social de Multiservicios S. A., se encontraba el de prestar servicios de distribución de facturas, lectura de medidores de energía, acueducto y gas domiciliario, y que, dentro de las actividades de las Empresas de Acueducto y Alcantarillado, de Energía y de

Aseo de Pereira también estaba la facturación y lecturas de consumo; por ende, afirmaron que las demandadas son solidariamente responsables por ser «beneficiarias del servicio» prestado por ellos. Finalmente indicaron que reclamaron ante Multiservicios S. A. y frente a cada una de las accionadas, pero sus solicitudes fueron negadas. Al dar respuesta a la demanda, el Instituto para el Fomento y Desarrollo de Pereira, se opuso a las pretensiones. En relación con los hechos, aceptó la prestación personal del servicio a favor de Multiservicios S. A., el cargo ejercido; la creación y liquidación de la referida empresa; la calidad de socias de las demandadas; el objeto social de Multiservicios S. A. y de las accionadas; la contratación a través de CTA y EST; las reclamaciones administrativas y sus respuestas; de los demás adujo que no eran ciertos o no le constaban.

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Radicación n.° 97176 Explicó que no sostuvo ninguna relación contractual con los actores, no tuvo injerencia directa ni indirecta en la ejecución del «contrato en misión», tampoco ejerció subordinación laboral ni se benefició de los servicios prestados por los demandantes. Agregó que la responsabilidad solidaria no surge simplemente por la participación accionaria de Infipereira en Multiservicios S. A., pues esta última tenía autonomía jurídica, administrativa y financiera, más cuando la jurisprudencia ha precisado que los accionistas no son solidarios con los pasivos de una empresa en liquidación. Propuso las excepciones de carencia de legitimación en la causa por pasiva, prescripción de la acción, inexistencia

del contrato, ausencia de solidaridad y «antecedente judicial constitucional – posición de la Corte Constitucional frente a la solidaridad en sociedades de capital». La Empresa de Aseo de Pereira S. A. ESP contestó la demanda con oposición a las pretensiones. Aceptó los hechos relativos a la creación y liquidación de Multiservicios

S. A.; que las demandadas fueron socias de dicha empresa; su objeto social y el de Multiservicios S. A.; las reclamaciones administrativas y sus respuestas; de los demás refirió que no eran ciertos o no le constaban.

Señaló que no sostuvo ninguna relación de trabajo con los actores, quienes se vincularon con diferentes CTA y EST para prestar sus servicios en Multiservicios S. A., sin que

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Radicación n.° 97176 pueda advertirse que aquellas hubiesen obrado como simples intermediarias, dado que eran dichas cooperativas y empresas temporales las que asumían el pago de los salarios y aportes a seguridad social. Por ende, si no existió un vínculo de trabajo con Multiservicios S. A., no es dable reclamar la responsabilidad solidaria de la Empresa de Aseo de Pereira S. A. ESP. En todo caso, indicó que los actores no se hicieron parte en el proceso liquidatorio de Multiservicios S. A. Formuló las excepciones denominadas prescripción del derecho para reclamar, aplicación de la prescripción trienal, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, «ausencia de responsabilidad de la Empresa de Servicio de Aseo de Pereira S. A. ESP por cuanto el servicio de facturación y recaudo se encuentra contratado con un

tercero», ausencia de responsabilidad en relación con la solidaridad pretendida; ausencia de responsabilidad «porque los demandantes no se hicieron parte del proceso de liquidación de Multiservicios S. A. » La Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S. A., - hoy UNE EPM Telecomunicaciones quien obra como «sucesora procesal»-, también dio respuesta con oposición a lo pretendido en su contra y frente a los hechos adujo que no eran ciertos o no le constaban. Como argumento de defensa explicó que no sostuvo ninguna relación contractual con los actores, ni tampoco existió una vinculación comercial entre esta demandada y Multiservicios S. A., por lo que no pudo beneficiarse de los

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Radicación n.° 97176 servicios personales que los demandantes hubiesen podido prestar a esta última empresa. Agregó que la solidaridad prevista en el artículo 36 del CST solamente se predica de las sociedades de personas, no de las de capital. Presentó las excepciones denominadas inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de legitimación por pasiva y prescripción. Al dar respuesta a la demanda, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S. A. ESP, se opuso a las pretensiones. Aceptó los hechos relativos a su objeto social, la liquidación de Multiservicios S. A., la reclamación administrativa y la respuesta brindada por esta accionada; de los demás dijo que no eran ciertos o no le constaban. Aseguró que no sostuvo ninguna relación laboral ni de ninguna otra índole con los demandantes, y que los servicios que eventualmente pudieron prestar fueron

ejecutados a favor de empresas contratistas que obraron de manera autónoma. Además, precisó que la actividad de facturación, recaudo y atención al cliente no es parte de su objeto principal. Planteó la excepción de prescripción. La Empresa de Energía de Pereira S. A. ESP también se opuso a las pretensiones formuladas en el escrito inicial. En relación con los hechos aceptó la liquidación de Multiservicios S. A., su calidad de socia de esta empresa, la reclamación administrativa y la respuesta dada por esta demandada; de los demás dijo que no eran ciertos o no le constaban.

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Radicación n.° 97176 Expresó que, en este caso no operaba la responsabilidad solidaria reclamada, dado que, las previsiones del artículo 36 del CST solo se aplican en el caso de sociedades de personas, no de capital; además, no se cumple la exigencia del artículo 34 del CST en cuanto a la similitud de las actividades o giro ordinario de los negocios. Adujo que, eventualmente, quien tendría que responder por las obligaciones de la empresa liquidada, es la sociedad matriz o controlante, y tal condición no la tiene esta accionada. Planteó las excepciones de falta de causa, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe de la demandada y prescripción. Adicionalmente, la Empresa de Energía de Pereira S.

A. ESP llamó en garantía a Seguros Cóndor S. A., Aseguradora de Fianzas S. A. Confianza y Seguros del Estado S. A. con fundamento en que Multiservicios S. A. constituyó diferentes pólizas con dichas aseguradoras para

garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales generadas en virtud de los contratos de prestación de servicios celebrados con la empresa demandada. Dicho llamamiento fue admitido mediante auto del 15 de marzo de 2016 (folio 790 cuaderno 3). Seguros del Estado S. A. se pronunció frente a la demanda inicial, y señaló que se oponía a lo pretendido, que no le constaban los hechos en que se soportaban las peticiones y que

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Radicación n.° 97176 coadyuvaba las excepciones formuladas por la Empresa de Energía de Pereira S. A. ESP. Se opuso al llamamiento en garantía, aceptó la póliza expedida para el cumplimiento del contrato u orden de servicio n.° 10 de 2012 celebrado entre la referida empresa y Multiservicios S. A. y explicó que no se ha determinado un siniestro por incumplimiento de los amparos contratados, por lo que no podría afectarse la póliza. En su defensa afirmó que la póliza contratada cubre la relación entre Multiservicios S. A. y la Empresa de Energía de Pereira S. A. ESP, sin que se hubiese presentado reclamo alguno que determine un siniestro por incumplimiento de los riesgos amparados. Además, resaltó que lo pretendido por los actores desbordaba el objeto del seguro tomado por Multiservicios S. A. Formuló las excepciones que denominó cobertura exclusiva de los riesgos pactados en la póliza de seguros; imposibilidad de extender el carácter subjetivo de la mala fe como fundamento de las indemnizaciones laborales en los

responsables solidarios; inexistencia de la obligación a cargo de Seguros del Estado si se declara relación laboral directa entre Multiservicios y/o la Empresa de Energía de Pereira S. A. ESP y los demandantes; falta de aviso del siniestro a la aseguradora; cobro de lo no debido; límite de responsabilidad y prescripción.

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Radicación n.° 97176 La Aseguradora de Fianzas S. A. Confianza dijo que no se pronunciaba frente a las pretensiones de la demanda inicial y que no le constaban los hechos en que se fundamentaban. En su defensa señaló que, si los trabajadores demandantes prestaron sus servicios desde 1999, 2001 y 2003 como se indica en el escrito inicial, era evidente que lo hicieron en ejecución de un contrato distinto al celebrado el 31 de julio de 2009 entre Multiservicios S. A. y la Empresa de Energía de Pereira S. A. ESP, cuyo cumplimiento es garantizado por la póliza invocada por esta demandada. Propuso las excepciones denominadas pérdida del derecho a la indemnización moratoria cuando han transcurrido más de dos años de terminado el vínculo laboral; improcedencia de afectación de la pólizael trabajador no prestó servicios en ejecución del contrato garantizado; ausencia de cobertura de acreencias causadas fuera de la vigencia del contrato garantizado; ausencia de cobertura de acreencias laborales causadas por fuera de la vigencia de la póliza; máximo valor asegurado – límite de responsabilidad de la aseguradora; ausencia de cobertura de la indemnización moratoria y de prestaciones convencionales.

Afirmó que no se oponía al llamamiento en garantía siempre que se acreditara el incumplimiento de las obligaciones a cargo de Multiservicios S.A.; aceptó la expedición de pólizas para garantizar el cumplimiento de

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Radicación n.° 97176 obligaciones laborales respecto del contrato n.° 039 de 2009. La Sala resalta que en el trámite procesal surtido se evidencia que: i) según informe secretarial del 6 de diciembre de 2016, no fue posible notificar a Seguros Cóndor S. A; ii) en auto del 28 de marzo de 2017, se tuvo como sucesor procesal de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S. A. ESP aquí accionada, a UNE EPM Telecomunicaciones, en atención a la fusión por absorción informada por esta última empresa y iii) mediante proveído del 26 de julio de 2018, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira ordenó integrar al litigio al Municipio de Pereira, orden que fue acatada por el a quo en auto del 14 de agosto del mismo año. Vinculado en debida forma al proceso, el Municipio de Pereira contestó la demanda y se opuso a lo pretendido. Aceptó los hechos referidos a la actividad personal de los actores, el cargo ejercido, la creación y liquidación de Multiservicios S. A., su calidad de socio de esta empresa, el objeto social de las demandadas y de la sociedad liquidada, la vinculación de los demandantes mediante CTA y ESP, la reclamación administrativa y la respuesta brindada; de los demás dijo que no eran ciertos o no le constaban.

En su defensa argumentó que ni el municipio ni Infipereira tuvieron una relación contractual con los demandantes, ni injerencia en la ejecución de sus contratos. Como medios exceptivos formuló falta de

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Radicación n.° 97176 legitimación en la causa por pasiva, falta de causa, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, mediante sentencia dictada el 13 de noviembre de 2019, absolvió a las demandadas de las pretensiones de los actores y les impuso condena en costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira conoció el recurso de apelación presentado por la parte actora, y mediante decisión proferida el 18 de abril de 2022, confirmó la sentencia de primer grado.

Indicó que el problema jurídico radicaba en determinar si era jurídicamente viable declarar la existencia de un contrato ficto de trabajo respecto de una persona jurídica liquidada que no hizo parte del trámite procesal, y con ello, adjudicar el pago de los derechos laborales convencionales a los deudores solidarios como únicos vinculados al litigio, sea por la condición de socios (artículo 36 del CST) o de beneficiarios del servicio (artículo 34 del CST). Aspectos que abordó así:

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Radicación n.° 97176 Viabilidad de declarar el contrato de trabajo y de condenar a los demandados en condición de

beneficiarios del servicio (artículo 34 del CST) sin la presencia del verdadero empleador Precisó que Multiservicios S. A. era una sociedad por acciones de carácter mixto indirecta del orden municipal, creada según la autorización del Acuerdo 030 de 1996 del Concejo Municipal de Pereira y conformada por escritura 2144 del 11 de diciembre de 1997. Esta empresa entró en proceso de disolución y liquidación según acta de asamblea de accionistas del 31 de octubre de 2012 y finalmente por Resolución 169 del 31 de diciembre de 2014 se declaró terminado ese trámite. Además, en el certificado de existencia y representación legal se observa la inscripción de liquidación de la persona jurídica desde el 30 de diciembre de 2014 y la cancelación de registro matrícula mercantil el 10 de febrero de 2015. Adujo que la competencia del juez, la capacidad para ser parte, la capacidad procesal, la demanda en forma y el trámite son presupuestos que se deben cumplir para ejercer el derecho de acción; de ahí que son elementos que condicionan tanto la admisibilidad de la demanda como «la validez de la sentencia». También señaló que es un requisito indispensable que comparezcan al proceso las personas que son sujetos de las relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales deba resolverse la litis, y que el artículo 27 del CPTSS dispone que la demanda se debe dirigir contra el

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Radicación n.° 97176 empleador o su representante cuando éste tenga facultad para comparecer al proceso en nombre de aquel. En esa medida, consideró que al pretenderse la

declaración de un contrato de trabajo era indispensable la presencia de los sujetos de esa relación jurídica, quiénes deben tener capacidad para ser parte o aptitud para comparecer al proceso. Sólo si se cumple con ello es posible resolver de mérito esta pretensión específica. Sin embargo, tal presupuesto no se cumplía en este caso dado que Multiservicios S. A. era una entidad liquidada y, por ende, sin capacidad para ser parte y sujeto de derechos y obligaciones. Si el crédito perseguido requiere de su reconocimiento o declaración judicial respecto de la sociedad, era necesario demandar al empleador siempre que hubiere contado con capacidad para ser parte y pudiere ser representada en juicio por su liquidador, lo que no ocurrió en este caso. Resaltó que las vinculaciones de los actores terminaron el 30 de abril de 2013, el trámite de liquidación de Multiservicios S. A. inició el 6 de noviembre de 2012 y las reclamaciones ante dicha empresa se efectuaron en octubre de 2014, por lo que sí se tuvo la oportunidad de demandar a la sociedad, ahora extinta, y no se hizo. Luego de recordar lo previsto en el artículo 34 del CST, explicó que para definir la responsabilidad allí prevista y la procedencia de las condenas en contra de los demandados en solidaridad, se requería que previamente se declarara la

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Radicación n.° 97176 existencia del contrato de trabajo entre los demandantes y Multiservicios S. A., y solo una vez definida tal vinculación, con presencia del deudor principal, sería dable establecer si los accionados se beneficiaron o no de la obra o servicio y si

las labores eran ajenas o no a las actividades normales del negocio. Aclaró que la posibilidad legal de que surja una responsabilidad solidaria no habilita al trabajador para demandar indistintamente al deudor principal o al solidario, sino que se debe vincular a ambos deudores, lo que no se hizo en este caso ya que Multiservicios S. A. no pudo ser parte de la litis; además, no existe un reconocimiento previo de la obligación, por lo que no sería dable emitir condena contra los demandados a falta del presunto deudor principal. Recordó que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que si se pretende reclamar la declaración de responsabilidad solidaria en un proceso en el que no fue vinculado el verdadero empleador, se debe contar con una declaración previa de la responsabilidad de este último. Sustentó lo anterior en algunos apartes de la sentencia CSJ SL497-2022. Explicó que en este proceso se predica la condición de empleador de Multiservicios S. A., en virtud de la primacía de la realidad sobre las formas, calidad que nunca fue reconocida por dicha empresa, y por el contrario, la negó de manera expresa al responder la reclamación administrativa

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Radicación n.° 97176 en el año 2014; tampoco existe una declaración judicial previa al respecto, la cual, si bien fue solicitada en este proceso, para ello era indispensable la comparecencia de la referida sociedad, pero ya estaba liquidada. Estimó en que la declaración de responsabilidad solidaria requería de la previa definición de la obligación laboral a cargo del empleador principal, lo cual no tuvo lugar ni podía efectuarse en este trámite; además, los

demandados no eran sucesores de Multiservicios S. A., pues esta sociedad no cambió de titularidad por absorción, fusión o subrogación respecto de las accionadas, y no se probó que éstas asumieran, reemplazaran o sucedieran el objeto social que cumplía la extinta entidad. Viabilidad de imponer condena en condición de socios de Multiservicios S. A. (artículo 36 del CST) Expuso que las demandadas aceptaron su condición de accionistas de Multiservicios S. A., además, tal supuesto se establecía con la Escritura Pública 2144 del 11 de diciembre de 1997, en la que consta la siguiente composición accionaria: Municipio de Pereira 68%, y empresas de Telecomunicaciones, Acueducto y Alcantarillado, Aseo y Energía, cada una con el 8%. Sin embargo, aclaró que en este asunto no resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 36 del CST, como quiera que Multiservicios S. A. fue una sociedad de capital.

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Radicación n.° 97176 Luego de recordar el texto de esta norma, señaló que una vez liquidada la persona jurídica, no era posible reclamar «derechos de sus socios», porque precisamente, lo que se hace en el trámite de liquidación «es repartir los derechos y obligaciones entre ellos, con carácter definitivo». Por este motivo es que el artículo 36 del CST prevé que la solidaridad en las sociedades de personas existe mientras permanezcan en indivisión, siendo lógico que al liquidarse la empresa, tal indivisión desaparece. Fundamentó lo

anterior en algunos apartes de las decisiones CSJ SL 6 nov. 2013, rad. 39891 y CSJ SL 7 sept. 2016, rad. 43972. Adujo que no era posible que las demandadas respondieran solidariamente en razón a su condición de socias de Multiservicios S. A., por cuanto se trataba de una sociedad de capital. Además, aclaró que las circunstancias que surgen por la muerte de una persona natural no pueden asimilarse a las generadas por la extinción de una persona jurídica, como lo pretendía la apelante. Esto, por cuanto la situación es diferente dependiendo el tipo de sociedad, ya que, si es de personas, puede demandarse tanto a la sociedad como a sus socios, pero si es de capital, únicamente responde aquella. También explicó que, si en gracia de discusión se establecieran créditos a cargo de Infipereira, ya liquidada, por efectos de la solidaridad respecto de Multiservicios S. A., lo cierto es que el municipio de Pereira no tendría obligación de asumirlos, ello, en primera medida, porque Multiservicios S. A. fue una entidad descentralizada de

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Radicación n.° 97176 segundo grado o indirecta, e Infipereira, descentralizada de primer grado con un 68% de participación accionaria en la primera entidad mencionada. Así, al contar con menos del 90% de las acciones, no se cumplen los presupuestos del parágrafo del artículo 32 del Decreto Ley 254 de 2000. Y una segunda razón, era que, si se concluyera que el municipio de Pereira era garante en virtud de lo dispuesto

en esta disposición legal, en todo caso, se requería que previamente existiera un crédito reconocido y que hubiese quedado insoluto una vez culminado el proceso de liquidación obligatoria.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Los recurrentes pretenden que esta corporación case la sentencia impugnada, y en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado, y en su lugar, declare la existencia del contrato de trabajo entre los actores y la sociedad Multiservicios S. A., se «determinen» las acreencias laborales e indemnizaciones adeudadas, y se condene a las demandadas a su pago, como «beneficiarias del servicio

(pretensiones subsidiarias)».

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Radicación n.° 97176 Con tal propósito formulan un cargo por la causal primera de casación, el cual es replicado únicamente por UNE EPM Telecomunicaciones S. A., sucesora procesal de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S. A. ESP.

VI. CARGO ÚNICO La censura acusa la sentencia del Tribunal por violar la ley sustancial por la senda directa en la modalidad de infracción directa de los artículos 22, 23, 24 y 34 del CST en concordancia con el artículo 53 de la Constitución Política; lo que condujo a la falta de aplicación de los artículos 13, 14, 35, 38, 43, 47, 55, 64, 65, 186, 189, 249 y 306 del CST; 1 de la Ley 995 de 2005; 1 de la Ley 52 de

1975; 99 numerales 2 y 3 de la Ley 50 de 1990 y 15,17 y 33 de la Ley 100 de 1993. Asegura que, aunque el colegiado concluyó que las demandadas fueron beneficiarias de los servicios prestados por los demandantes contratados con Multiservicios S. A., consideró que no era posible declarar el contrato de trabajo porque no se convocó a juicio al verdadero empleador. Con dicha argumentación exigió a los trabajadores demandantes un imposible jurídico, esto es vincular o demandar a una empresa que estaba liquidada al momento de la presentación de la demanda, con lo cual vulneró los derechos de los accionantes.

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Radicación n.° 97176 Refiere que el Tribunal dio por probado que la sociedad Multiservicios S. A entró en proceso de disolución y liquidación según acta de accionistas del 31 de octubre de 2012 y que mediante Resolución 169 del 31 de diciembre de 2014 se declaró terminado dicho trámite liquidatorio. Frente a tal circunstancia, decidió no aplicar las normas sustanciales que rigen el litigio y no declarar el contrato de trabajo en virtud del principio de la primacía de la realidad con una persona jurídica liquidada, «por no haber sido vinculada al proceso para ejercer su derecho de defensa, pero en una clara vulneración de los derechos constitucionales de los trabajadores». Resalta que este es un caso sui generis en el cual se deben aplicar situaciones similares que han sido resueltas por el derecho y la jurisprudencia. Esto dado que el trabajador no puede perder la posibilidad de reclamar sus

prestaciones sociales por el simple hecho de que su empleador ya no exista (por liquidación o muerte), no esté legitimado para comparecer a juicio por no tener capacidad jurídica para ser demandado (uniones temporales o consorcios) o sea una persona natural incapaz. Encuentra que se desconoció el principio de la primacía de la realidad al no acceder a las pretensiones y no declarar la existencia del vínculo laboral con la extinta Multiservicios S. A., pese a que estaba debidamente probado. Explica que aunque la Corte Suprema de Justicia ha establecido que para condenar solidariamente a los beneficiarios del servicio es indispensable que se demande

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Radicación n.° 97176 al verdadero empleador, también es cierto que en esos eventos no se ha discutido ni se ha tenido en cuenta el hecho de que el verdadero empleador no exista jurídicamente al momento de la presentación de la demanda como aquí ocurre, pues la empresa fue liquidada antes de ello