CSJ - SL2476-2023

GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente SL2476-2023 Radicación n.° 95543 Acta 35 Bogotá, D. C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 31 de marzo de 2022, en el proceso que instauró GUSTAVO ADOLFO TAMAYO BEDOYA en su contra y de la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

AUTO Se reconoce a la doctora Clara Correa Jaramillo, con cédula 43.614.413 de Medellín y T.P 112.352 del C S de la J, para representar a Empresas Públicas de Medellín ESP conforme al poder de sustitución allegado al cuaderno digital de la Corte.

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Radicación n.° 95543

I. ANTECEDENTES El señor Gustavo Adolfo Tamayo Bedoya, llamó a juicio a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM), con el objeto de que se declare que la empresa faltó al deber de efectuar las cotizaciones pensionales a partir del 30 de abril de 2010, fecha en que le retiró unilateralmente del sistema pensional y, en consecuencia, sea condenada a pagar a Colpensiones los aportes correspondientes entre el 1° de mayo de 2010 y el 28 de febrero de 2014, fecha en que feneció el vínculo laboral y, reconozca los intereses moratorios respectivos.

Adicionalmente, se ordene a Colpensiones a reliquidar la pensión de vejez, teniendo en cuenta las referidas cotizaciones y le pague la respectiva diferencia pensional, además de las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró al servicio de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., entre el 6 de marzo de 1989 y el 28 de febrero de 2014, que fue afiliado al actual sistema general de pensiones a través del Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones), desde el 1° de julio de 1995, siendo retirado de éste, unilateralmente por el empleador estando vigente el vínculo laboral, el 30 de abril de 2010, quien argumentó para ello, que ya reunía los requisitos mínimos para acceder a una pensión de vejez. Agregó, que mediante Resoluciones 010679 y 031523 de 2011, Colpensiones le concedió la pensión de vejez en la suma de $5.397.615, pero solo tuvo como base de liquidación

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Radicación n.° 95543 las cotizaciones que realizó EPM hasta el 30 de abril de 2010, prestación que se hizo efectiva mediante Resolución 369094 de 2013, a partir del 1° de marzo de 2014, una vez se retiró del servicio, sin tener en cuenta lo devengado entre el retiro del sistema pensional y la terminación del contrato de trabajo, lo que le generó que su valor fuera notoriamente inferior. Indicó, que reclamó a la empresa el 27 de junio de 2016

cancelar a Colpensiones los aportes pensionales que dejó de pagar durante el período ya referido, obteniendo respuesta negativa el 7 de julio de 2016 y, frente a la entidad administradora pensional solicitó la reliquidación de la pensión, teniendo en cuenta todos los aportes realmente causados hasta el 28 de febrero de 2014, petición que fue negada mediante Resolución GNR2462390 de 22 de agosto de 2016. (fs. 1 a 5 exp. digital primera instancia) Al dar respuesta las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la mayoría de ellos; aclaró que la suspensión en el cubrimiento de cotizaciones por el período referido, se produjo por haber cesado la obligación de cotizar conforme lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4° de la Ley 797 de 2003 y 19 del Decreto 692 de 1994; e indicó desconocer las afirmaciones que hace en relación con Colpensiones. En su defensa, propuso como excepciones, pago, carencia de acción y derecho sustancial para pedir, falta de

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Radicación n.° 95543 legitimación por pasiva, prescripción e inexistencia sustancial del derecho. (fs. 66 a 79 exp. digital primera instancia) De otro lado, Colpensiones, se opuso igualmente a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió haber otorgado pensión de vejez al señor Tamayo Bedoya en los términos señalados en la demanda, la petición de

reliquidación que éste elevó ante la entidad y la negativa que al respecto emitió; por último, señaló desconocer las precisiones relacionadas con EPM. En su defensa, propuso como excepciones, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe de Colpensiones, imposibilidad de condena en costas, prescripción, improcedencia intereses moratorios, compensación, la “innominada” y la “genérica”. (fs. 221 – 225 exp. digital primera instancia).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 14 de agosto de 2018 (fs.245 CD y 246 a 248 acta exp. digital primera instancia), resolvió absolver a Empresas Públicas de Medellín E.S.P y a Colpensiones de todos los cargos formulador en la demanda por el señor Tamayo Bedoya, a quien condenó en costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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Radicación n.° 95543 La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 31 de marzo de 2022, al decidir en el grado jurisdiccional de consulta otorgada en favor del demandante, resolvió: PRIMERO: Se REVOCA la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de Consulta se revisa, en el proceso ordinario laboral donde es demandante el señor GUSTAVO ADOLFO TAMAYO BEDOYA, identificado con la

cédula de ciudadanía N° 70.088.071, siendo demandados EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. y COLPENSIONES; en consecuencia: a) Se CONDENA a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. al pago total de los aportes pensionales, correspondientes a los factores salariales devengados por el demandante Gustavo Adolfo Tamayo Bedoya del 1° de mayo de 2010 al 28 de febrero de 2014, lo cual deberá realizar dentro de los treinta (30) días al recibo del cálculo actuarial que deberá realizar Colpensiones, conforme el certificado expedido por Empresas Públicas de Medellín E.S.P., teniendo en cuenta únicamente los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994; concediéndose un término de treinta (30) días a partir del momento de recibir el certificado. b) Se ORDENA a Colpensiones, para que dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo del pago del cálculo actuarial, reliquide la pensión de vejez que le viene reconociendo al señor Gustavo Adolfo Tamayo Bedoya, conforme lo consagrado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, pague el valor del retroactivo de la diferencia pensional a partir del 1° de marzo de 2014. […] En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como problema jurídico a resolver, el determinar si Empresas Públicas de Medellín E.S.P., estaba obligada a pagar a Colpensiones los aportes pensionales que dejó de realizar entre el 1° de mayo de 2010 y el 28 de febrero de

2014, con fundamento en que la obligación de cotizar cesó cuando el trabajador reunió los requisitos para acceder a la

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Radicación n.° 95543 pensión de vejez, conforme al artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificada por el artículo 4° de la Ley 797 de 2003. Con el fin de desatar el citado cuestionamiento, el fallador se apoyó en la citada norma, al igual que apartes del criterio que frente al tema, en caso similar, desarrolló esta Corte en sentencia CSJ SL2556-2020, reiterada en la CSJ SL5082-2020, con base en lo cual concluyó que, el empleador no podía suspender unilateralmente los aportes al sistema general de pensiones cuando el trabajador cumple los requisitos mínimos pensionales, ya que, antes de proceder a ello debe enterarlo sobre su determinación, a fin de que el afiliado decida si desea hacer uso o no de la posibilidad de continuar cotizando. Resaltó, que en las referidas providencias la Corte señaló, que si bien el inciso 2° del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, permite suspender o cesar las cotizaciones de las personas que hayan cumplido con los presupuestos mínimos exigidos para causar el derecho pensional, también lo es, que el inciso 3° faculta al asegurado o al empleador para continuar aportando al sistema para incrementar la cuantía de su pensión, elección que es vinculante para el empleador y obliga a ambos a cotizar en los porcentajes que por ley les corresponde. Indicó, que igualmente esta Corte precisó, que en virtud

de la buena fe contractual y con el fin de que el trabajador pueda ejercer la opción de manera informada y consciente, el empleador que pretenda suspender el pago de aportes al sistema de pensiones, previamente deberá advertir al

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Radicación n.° 95543 trabajador, que tal actuar puede alterar el monto de la prestación. Refirió que, si bien el artículo 2.2.3.1.1. del Decreto 1833 de 2016 refiere que, si el afiliado desea seguir cotizando luego de cumplir los requisitos pensionales debe hacerlo a su cargo, dicha disposición reglamentaria es incompatible con el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, el que no establece aquella exigencia y menos exime al empleador de su deber de contribuir al sistema en el porcentaje correspondiente. Descendió al caso concreto y advirtió, que la empresa demandada mediante comunicado de 9 de abril de 2010 le informó al trabajador que, al cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicios para pensionarse, cesaría el pago de los aportes a pensión, advirtiéndole que “si su deseo es continuar cotizando al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, lo podrá hacer en forma voluntaria y con la totalidad del aporte a su cargo”. Manifestación que estimó, constituía una forma de presionar y condicionar al servidor para tomar una decisión libre y voluntaria de oponerse a la decisión de su empleador, por cuanto el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, no consagró aquella exigencia para el trabajador, por lo que la calificó de injustificada e ineficaz dicha imposición, debido a que la

asunción del 100% de los aportes por el trabajador, es desproporcionada, y la suspensión en el pago de aportes le niega a éste la posibilidad de incrementar su pensión para nivelarla con los ingresos percibidos en la vida laboral activa.

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Radicación n.° 95543 Igualmente advirtió el Colegiado que, en la precitada comunicación el empleador no le informó al demandante que la cesación en el pago de las cotizaciones al sistema podría traer consecuencias y alterar la cuantía de la prestación, para que la decisión de no continuar aportando fuera libre y consciente frente a los eventuales efectos de su decisión. Situación que le llevó a concluir que la determinación de la empresa se tornó nugatoria e ineficaz, al vulnerar el derecho del trabajador a decidir si continuaba o no cotizando, por cuanto no estuvo precedida de la debida información y sí sometida a que aquella acreencia estaría en su totalidad a su cargo. En consecuencia, revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar disponer las condenas que se dejaron plasmadas en la parte resolutiva de la sentencia y, respecto de las excepciones, las declaró no probadas.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la empresa recurrente, que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, se

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Radicación n.° 95543 confirme la decisión del juez de primer grado, en cuanto le absolvió de todas las pretensiones de la demanda. De manera subsidiaria, pretende que se case parcialmente el fallo referido, en cuanto condenó a EPM al pago de los aportes pensionales causados entre el 01 de mayo de 2010 y el 28 de febrero de 2014, para que, en sede de instancia, modifique la sentencia proferida por el a quo, en el sentido de disponer que aquel pago, solo sea por el período comprendido del 01 de mayo al 3 de junio de 2010, día anterior al reconocimiento pensional al trabajador, con la consecuente obligación del demandante de pagar el 4% sobre las cotizaciones respectivas, al tener igual obligación de aportar al sistema pensional. Con tal propósito formuló dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica y que se proceden a resolver de manera conjunta, dado que, a pesar de estar dirigidos por diferentes vías de violación de la ley sustancial, acusan igual elenco normativo, tienen un mismo objetivo y, se fundamentan en argumentos similares y complementarios.

VI. PRIMER CARGO Acusa la sentencia del Tribunal, de violar por la vía indirecta la ley, por aplicación indebida, el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por artículo 4° de la Ley 797 de

2003.

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Radicación n.° 95543 Lo anterior, a consecuencia de haber incurrido en los siguientes errores de hecho: 1.-Dar por demostrado, sin estarlo, que la empresa procedió a la

cesación de aportes en pensiones sin información previa y sin posibilidad del trabajador de decidir si continuaba o no cotizando al sistema; y, en consecuencia, no dar por demostrado, estándolo, que la empresa efectivamente dio oportunidad previa al trabajador, (y previo a la desafiliación), para que manifestara su voluntad respecto de continuar realizando aportes voluntarios al sistema de pensiones. 2.- No dar por demostrado, estándolo, que, dentro del interregno de tiempo que el empleador concedió al trabajador, para que manifestara su voluntad de continuar realizando los aportes voluntarios en pensiones, el trabajador NO manifestó su voluntad expresa de seguir cotizando en pensiones; y, en consecuencia, no dar por demostrado, estándolo, que la voluntad del trabajador era la de no seguir cotizando voluntariamente. 3.- No dar por demostrado, estándolo, que el propio trabajador había solicitado el reconocimiento de la pensión de vejez ante Colpensiones desde el 04 de junio de 2010, y, en consecuencia, no dar por demostrado, estándolo, que la voluntad del trabajador, mientras estuvo vigente el contrato, no era la de seguir cotizando voluntariamente, sino la de pensionarse. 4.- No dar por demostrado, estándolo, que la inconformidad con la suspensión del aporte, solo fue expresada por el demandante cuando agotó la reclamación administrativa el día 27 de junio de 2016, (esto es, con mucha posterioridad a la terminación del contrato, e incluso estando ya pensionado por el riesgo de vejez); y, en consecuencia, no dar por demostrado, estándolo, que la

voluntad del trabajador, mientras estuvo vigente el contrato, no era la de seguir cotizando voluntariamente. 5.- No dar por demostrado, estándolo, que la empresa satisfizo unos estándares mínimos de transparencia y de información frente al trabajador, en el horizonte de desafiliación al sistema de pensiones. Como prueba “valorada de manera errada”, denuncia la siguiente: “Documento del 09 de abril de 2010, (obrante a folios 114 del expediente principal), por medio de la cual el empleador le comunicó al trabajador de manera previa a la desafiliación, la intención de la futura cesación de aportes y la posibilidad de que informará la voluntad de continuar cotizando de manera voluntaria, además

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Radicación n.° 95543 de la posibilidad de obtener asesoría sobre el tema con un profesional sobre la materia.” Y, como pruebas dejadas de valorar:

1. Desprendible o colilla de solicitud de reconocimiento pensional por parte del trabajador y emitido por la AFP, de fecha 04 de junio de 2010, obrante a folios 115 del expediente.

2. Resolución GNR 369094 del 26 de diciembre de 2013, obrante a folios 25 del expediente, en donde se señala en su contenido que el afiliado elevó solicitud de reconocimiento pensional en fecha 04 de junio de 2010.

3. Resolución 010679 del 28 de abril de 2011, obrante a folios 2 del expediente, en donde se señala en su contenido que el afiliado elevó solicitud de reconocimiento pensional.

4. Resolución 031523 del 18 de noviembre de 2011, obrante a

folios 22 del expediente, en donde se señala en su contenido que el afiliado elevó solicitud de reconocimiento pensional.

5. Reclamación administrativa, obrante a folio 43 del cuaderno principal, donde se eleva la misma el 27 de junio de 2016.

En sustento, manifestó que las inferencias que realizó el Tribunal de la comunicación que le remitió EPM al trabajador, el 9 de abril de 2010, son erráticas, por cuanto no valoró de manera correcta el contenido del citado documento, por cuanto de él se desprende que, previo a la desafiliación en pensiones efectivamente había dado oportunidad al trabajador para que manifestara su voluntad respecto de continuar cotizando al sistema y seguir haciendo el aporte de manera voluntaria. Afirmó que, de haber analizado el Tribunal en debida forma el contenido de la misiva, no hubiera concluido que se trataba de una decisión sin información previa y sin

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Radicación n.° 95543 posibilidad del trabajador si continuaba o no cotizando al sistema, ya que de su tenor brota evidente que la empresa, el 9 de abril de 2010, le indicó al trabajador que, “si su deseo es continuar cotizando al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, lo podrá seguir haciendo en forma voluntaria”, e incluso, se le señaló que tal decisión debe ser informada por escrito “antes del 30 de abril de 2010 a la Unidad Protección Social con copia a la Unidad Planta de Personal, con el fin de registrar la novedad en nómina”, además de indicar al servidor que, “Si existen dudas o inquietudes frente al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión o necesita

mayor información respecto del asunto, le ofrecemos el servicio de asesoría con nuestros profesionales en la materia”. Refirió además que, de haber realizado el Colegiado un correcto análisis del documento le hubiere permitido llegar a las siguientes conclusiones. En primer lugar, que la empresa sí otorgó un lapso razonable al trabajador para que manifestara, previo a la desafiliación, el deseo de continuar cotizando en pensiones de una manera voluntaria, el que tuvo lugar entre el 9 y el 30 de abril de 2010, al igual que se evidencia que sí existió una información previa, por lo que se estima que no puede calificarse que la decisión lo fue sin posibilidad de deliberación, como lo dedujo el Tribunal, por cuanto el período otorgado tenía la finalidad de consultar anticipadamente la voluntad del trabajador, para que no fuera unilateral la determinación.

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Radicación n.° 95543 Y, en segundo término, que la compañía, en aplicación al principio de la buena fe contractual, sí respetó el libre consentimiento del trabajador y satisfizo unos estándares mínimos de transparencia y de información, respecto del asunto de la desafiliación del sistema en pensiones, ya que se le indicó que, si tenía dudas o necesitaba mayor información, se le ofrecía el servicio de asesoría con un profesional en la materia. Agregó, que el Colegiado confundió una intención de desafiliación futura expuesta por la empresa al trabajador, con la decisión como tal, cuando en realidad esta última solo se materializó una vez se venció el plazo de consulta otorgado a aquel, con el reporte de novedad de retiro a partir del 01 de

mayo de 2010 y luego de que el demandante no manifestó la intención de continuar realizando aportes. Expresó, que adicionalmente se advierte que, el trabajador solo manifestó al empleador su determinación de reactivar el aporte pensional de manera voluntaria, cuando elevó la reclamación administrativa el 27 de junio de 2016, fecha posterior al fenecimiento del contrato y cuando ya estaba pensionado. Razón por la cual considera que, si se hubiese apreciado correctamente la comunicación del 09 de abril de 2010 se hubiera llegado a la conclusión de que la determinación del trabajador, mientras estuvo vigente el contrato, era el no seguir cotizando de manera voluntaria, sino de pensionarse, y es por ello que luego del reporte de desafiliación, solicitó el

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Radicación n.° 95543 reconocimiento de la prestación ante la administradora pensional. Afirmación esta última que soporta en el contenido de la Resolución GNR369094 del 26 de diciembre de 2013, donde se señala que aquel elevó solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez, el 4 de junio de 2010, lo que se ratifica con el desprendible o colilla de solicitud de folios 115, y lo reseñado en la Resolución 010679 del 28 de abril de 2011, de folios 21, respecto de la fecha de reclamación del derecho, lo cual se repite en la Resolución 031523 del 18 de noviembre de 2011, obrante a folios 22 del expediente. Actuar del demandante del que infiere, deja en evidencia la voluntad del trabajador de no seguir cotizando voluntariamente al sistema, sino de pensionarse, como en

efecto ocurrió, lo que, sumado a lo ya descrito, considera, no deja duda que la empresa no tomó una decisión inconsulta, sino por el contrario, cumplió estándares de información y transparencia frente al trabajador, respecto a la decisión de cesar en los aportes obligatorios al sistema pensional. Con el fin de soportar la anterior afirmación, trae a colación apartes de sentencia de la Sala de Descongestión de esta Corporación (CSJ SL1582-2018), con la que afirma, que en un caso similar al presente, se determinó la improcedencia con relación a igual reclamación, al considerar que la norma no permite otro entendimiento diferente a la claridad de su texto, que no es otro que, una vez el trabajador reúne los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, el

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Radicación n.° 95543 empleador no está obligado a seguir cotizando, salvo que aquel exija lo contrario, lo cual no se acreditó aquí, sino que por el contrario se observa claramente la voluntad que manifestó de acceder a la pensión de vejez a partir del 4 de junio de 2010. Finalmente expresó que, el hecho que el propio trabajador hubiera solicitado el reconocimiento de la pensión en la fecha referida, abre camino y permite entender el alcance de la impugnación subsidiaria planteada, ya que debe entenderse que el trabajador al haber solicitado la prestación, expresó su voluntad de pensionarse y no continuar cotizando, por lo que el cálculo actuarial ordenado debió limitarse, solamente, al período comprendido entre el

1° de mayo y el 3 de junio de 2010, día antes de la solicitud elevada ante la administradora del derecho pensional.

VII. LA RÉPLICA DEL DEMANDANTE Refiere el opositor, que la empresa lo que pretende es tergiversar, falsear y omitir el verdadero alcance que el Tribunal le dio a la comunicación del 9 de abril de 2010, dirigida por el empleador al trabajador, en la que le anunció que el 30 del mismo mes y año dejaría de hacerle aportes a pensión y, que, si quería seguir cotizando, debía hacerlo voluntariamente y con la totalidad del aporte a su cargo.

Indica que, el juez colegiado nunca afirmó que EPM cesó los aportes a pensión “sin información previa y sin posibilidad del

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Radicación n.° 95543 trabajador de decidir si continuaba o no cotizando al sistema”, pues lo que dedujo del documento, fue que al indicarle al trabajador que si quería seguir cotizando, debía hacerlo en forma voluntaria y pagando él la totalidad del aporte pensional, “fue una forma de presionar y condicionar al trabajador para tomar una decisión libre y voluntaria de oponerse a la decisión de su empleador” Y, la segunda razón de imponer la condena se adoptó, por no informarle “que esa suspensión en el pago de [sus] aportes podría traer [le] consecuencias y alterar la cuantía de la prestación personal, para que fuera verdaderamente libre y consciente de los eventuales efectos de su decisión, de modo que pudiera hacer uso de su potestad y de seguir o no cotizando al sistema”

Cuestionamientos que señala, no fueron abordados por el recurrente, mucho menos atacados y desvirtuados, motivo por el cual, estima suficiente para no casar la sentencia. Agrega que el hecho de que el trabajador reclamara el 4 de junio de 2010, el reconocimiento de la pensión de vejez, resulta irrelevante frente al caso en estudio, pues, no obstante, el vínculo laboral prosiguió hasta el 28 de febrero de 2014, cuando la empresa lo despidió, precisamente porque Colpensiones ordenó reconocer y hacer efectiva la prestación; mientras el real reproche del Tribunal, fue el no informar al empleado sobre las consecuencias y la alteración de la cuantía de la prestación pensional que podría traerle la suspensión de los aportes, estando aún vigente la relación laboral.

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Radicación n.° 95543 Señala que el recurrente desconoce que el artículo 150 de la Ley 100 de 1993 dispone que, los funcionarios y empleados públicos que sean notificados de la resolución de jubilación y que no se hayan retirado del cargo, tendrán derecho a que se les reliquide el ingreso base para calcular la pensión, incluyendo los sueldos devengados con posterioridad y, por tal motivo, no podrán ser retirados del cargo si no han llegado a la edad de retiro forzoso. Igualmente refiere, que el artículo 17 de la misma ley, dispone además que, durante la vigencia de la relación laboral son obligatorios los aportes al sistema pensional, y le confiere al afiliado la potestad de seguir cotizando con el fin de incrementar el monto de su pensión, eventos, ambos, que

no son solo vinculantes para este sino para la empresa, según lo precisado en sentencia CC C-529/2010 de la Corte Constitucional. Resalta de otro lado, lo expuesto en la sentencia CSJ SL2556-2020, donde se indicó: “Por otro lado, es conveniente precisar que, si bien la ley permite a empleadores y a trabajadores la suspensión del pago de las cotizaciones ante el cumplimiento de los requisitos mínimos pensionales, esta facultad, en el caso de los primeros no puede ejercerse unilateralmente, ni mucho menos puede tener el efecto de vaciar de contenido el derecho del trabajador a optar por continuar cotizando al sistema.” Adicionalmente, trae otros apartes de la sentencia CSJ SL1184-2021 (Sala Descongestión Laboral CSJ), que reafirman el anterior criterio y, concluye que, para el presente caso, además de ser viciada la suspensión de los

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Radicación n.° 95543 aportes al sistema en favor del trabajador por las presiones y condicionamiento de que fue objeto, se incumplió el deber de informarle los efectos que podría tener sobre la cuantía de su pensión. En consecuencia, señala que el cargo no está llamado a prosperar.

VIII. RÉPLICA DE COLPENSIONES La entidad administradora de pensiones, se pronunció en forma conjunta de ambos cargos, respecto de los que indica, la Sala debe desatar los cuestionamientos hechos por la censura frente a la apreciación probatoria que realizó el Tribunal, para determinar si la empresa en realidad consultó al trabajador frente a su voluntad de continuar o no

cotizando al sistema pensional, pero no le informó al demandante que la suspensión en el pago de los aportes podría traer consecuencias y alterar la cuantía de la prestación pensional, para que la determinación fuera realmente libre y consciente de los eventuales efectos de su decisión y, si el haberle manifestado que de querer continuar contribuyendo al sistema debería cubrir la totalidad del aporte constituyó en realidad una forma de presionar y condicionar al trabajador para tomar la decisión libre y voluntaria. De otro lado, estima la opositora, que el recurrente pretende que la Corte replantee la posición que al respecto impera en la actualidad y retome aquella preliminar donde

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Radicación n.° 95543 consideraba que la correcta interpretación del inciso 2° del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4° de la Ley 797 de 2003, faculta al empleador para unilateralmente cesar los aportes al sistema pensional, cuando el trabajador cumple los requisitos para acceder a la pensión de vejez; pese a que en reciente providencia CSJ SL177-2023 (Sala de Descongestión Laboral CSJ), insistió en la posición adoptada en la CSJ SL2556-2020, sobre la cual fundó la decisión el Tribunal, y donde se dirimió un asunto análogo al presente. Por lo tanto, manifiesta, que corresponde a la Sala definir si acoge el criterio vertido en la demanda de casación o mantiene incólume lo dispuesto por el fallador de alzada al no ser derruidos los fundamentos que revisten su

providencia de presunción de acierto y legalidad, debiendo Colpensiones actuar conforme lo decida esta Corte.

IX. SEGUNDO CARGO Acusa la sentencia del Tribunal, de violar la ley por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4° de la Ley 797 de 2003.

Precisó, que no son materia de discusión las siguientes conclusiones fácticas y probatorios deducidas por el juez colegiado: i. que, mediante comunicado del 09 de abril de 2010, la empresa le comunicó al trabajador, que procedería a cesar los aportes al Sistema de Seguridad Social en

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Radicación n.° 95543 Pensiones, a partir del 01 de mayo de 2010, por haber cumplido las condiciones de edad y tiempo de servicios para acceder a la pensión de vejez; ii. que además le manifestó al demandante que si era su deseo continuar cotizando, lo podría seguir haciendo en forma voluntaria, lo cual debía informar antes del 30 de abril de 2010, con el fin de registrar la novedad en nómina y; iii. que dentro del interregno de tiempo que la compañía dio al trabajador para manifestar su voluntad, no expresó su consentimiento de seguir cotizando en pensiones. Afirmó, que no desconoce que la Sala en su jurisprudencia ha señalado, que para efectos de la desafiliación en pensiones por haber cumplido los requisitos mínimos para lograr la pensión de vejez, es necesario que previamente el empleador informe al afiliado para que éste

decida sobre la conveniencia o no de la desafiliación, pero, indicó que, con el cargo se pretende que tal línea sea revaluada,