CSJ - SL2477-2023

GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente SL2477-2023 Radicación n.° 96070 Acta 32 Bucaramanga, Santander. (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veinte (20) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso ordinario laboral que promovió LUIS IGNACIO MARTÍNEZ PLAZAS contra ASESORES EN DERECHO S.A.S., como mandataria con representación de PANFLOTA,

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –

COLPENSIONES y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. como administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA- ; trámite al que fueron vinculados en calidad de litisconsortes

necesarios LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y

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Radicación n.° 96070 CRÉDITO PÚBLICO, SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA y la entidad recurrente. AUTO Reconózcase al doctor Jhonnatan Camilo Ortega, identificado con la TP 294.761 del C. S. de la J., como apoderado de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos y para los efectos del memorial allegado a esta Corporación el 26 de julio de 2023.

I. ANTECEDENTES

Luis Ignacio Martínez Plazas demandó a las mencionadas entidades a fin de que se ordenara a Colpensiones la recuperación de las semanas cotizadas como consecuencia de su vinculación laboral con la extinta Flota Mercante Grancolombiana durante el periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 1963 y el 21 de diciembre de

1967. Solicitó, además, se ordene a Fiduprevisora S.A. o a quien corresponda, adjuntar la documentación pertinente a efectos de que el ente de seguridad social pueda realizar el cálculo actuarial de los referidos aportes y, a la administradora actuar de conformidad, de manera que sea posible que en su historia laboral se reflejen las semanas faltantes.

A su vez pretendió, se ordene a Colpensiones actualizar el pago de los aportes no registrados y consignados por

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Radicación n.° 96070 Siemens S.A., para que esas semanas también sean incluidas en el respectivo reporte laboral. Una vez reflejados los tiempos que se extrañan en la historia laboral, el demandante pretende se ordene a la entidad pública conceder y pagar la pensión de vejez en su favor, teniendo en cuenta el régimen de transición establecido en el Decreto 758 de 1990 y el Acto Legislativo 01 de 2005; así como, el reconocimiento de las costas procesales. Como fundamento de sus aspiraciones sostuvo, que laboró para la extinta Flota Mercante Grancolombiana desde el 17 de diciembre de 1963 al 21 de diciembre de 1967, ocupando el cargo de segundo mecánico tornero; que obtuvo

su licencia de navegación al servicio de dicha empresa en agosto de 1964 y que, por ello, el 1° de diciembre de ese mismo año firmaron contrato de trabajo, en el que se consignó que devengaba, a título de salario, la suma de $287.50 pesos colombiano. Expresó, que la empresa empleadora omitió su afiliación al ISS y que, como consecuencia de ello, no se ha podido pensionar, en tanto que, el reporte de las semanas faltantes es necesario para probar que está cobijado por el régimen de transición regulado en el Decreto 758 de 1990 y el Acto Legislativo 01 de 2005, y así, acceder a la prestación económica deprecada. Agregó que, la extinta Flota Mercante Grancolombiana no se registró, bajo la figura de la

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Radicación n.° 96070 conmutación, como empleador ante el ISS, conservando así, la carga pensional en cabeza suya frente a sus trabajadores. Rememoró, que ante la desaparición de su empleadora se creó la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante Grancolombiana, que se encargaba de la gestión de las prestaciones pensionales de la extinta empresa y cuya matriz o controlante es la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café. Expuso, que a raíz de la cesación de pagos en la que entró la Compañía desde septiembre de 1999, varios extrabajadores de la Flota Mercante Grancolombiana presentaron acciones de tutela y que, por ello, la Corte Constitucional recordó que, en reiteradas sentencias, se le

había ordenado a dicha empresa la conmutación pensional. Adujo, que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, se encuentra llamada a suministrar los recursos para el pago de las pensiones de los extrabajadores de la Flota Mercante Grancolombiana y sus beneficiaros; que no hubo conmutación pensional hasta que dicha entidad desapareció jurídicamente, sin dejar capital ni reservas para cubrir las contingencias laborales y pensionales y; que desde entonces, los recursos para el pago de las pensiones a su cargo los proveía la Federación. Precisó, que el 14 de febrero de 2006, se suscribió contrato de fiducia mercantil entre la Compañía de

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Radicación n.° 96070 Inversiones de la Flota Mercante y la Fiduciaria La Previsora, para la creación de un patrimonio autónomo denominado Panflota, masa de bienes sobre la cual la Federación Nacional de Cafeteros deposita los recursos para el pago de las mesadas pensionales y aportes en salud de los exempleados de la empresa. Agregó, que el representante de Panflota suscribió contrato de mandato con Asesores en Derecho S.A.S., sociedad que se encarga de expedir los actos administrativos relacionados con trámites pensionales y que, mediante escrito del 23 de enero de 2015, negó el cálculo actuarial a favor del demandante; dicha solicitud fue elevada, a su vez, ante Colpensiones, entidad que la resolvió desfavorablemente, indicando que era necesario adjuntar

una determinada documentación, lo cual no fue posible, por cuanto, al requerir a Fiduprevisora, esta manifestó que únicamente tiene un encargo fiduciario y que por ende no le corresponde reconocer y/o certificar semanas faltantes. Por otro lado, indicó que trabajó en Siemens S.A. del 19 de enero de 1976 al 17 de enero de 1978; que dicha empresa cotizó a pensión por el periodo correspondiente y que, a pesar de ello, Colpensiones solo certificó los aportes recibidos a partir del 1° de junio de 1976, es decir que, falta el registro de 4 meses y 21 días de cotización; y que, solicitó al ente de seguridad social el reconocimiento de los tiempos respectivos, pero fue ignorado.

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Radicación n.° 96070 Fiduprevisora S.A. se opuso a las pretensiones presentadas en su contra. Señaló, que no era subrogataria, cesionaria o sucesora procesal de la extinta Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, dado que solo administraba los recursos transferidos por la Federación de Cafeteros. Aceptó los hechos relativos a la liquidación obligatoria de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. y la suscripción del contrato de fiducia. De los demás, dijo que debían probarse. Presentó como excepciones previas las de falta de integración de litisconsorcio necesario y de legitimación en la causa por pasiva. Excepcionó de fondo las de inexistencia de la obligación e «innominada». (fls. 277 a 299 del 1er Cuaderno Digital de Primera Instancia).

Panflota, a través de Asesores en Derecho S.A.S, se opuso a las pretensiones elevadas en su contra. Aceptó que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ejercía el control sobre el Fondo Nacional del Café; la composición de la Asamblea de la Flota Mercante en la que la Federación poseía un 80.07% de representación; las decisiones de la Corte Constitucional; la insolvencia de la Compañía naviera; la provisión de recursos por parte de la Federación, para el pago del pasivo pensional de la liquidada empresa. Así mismo, aceptó la edad del demandante; el último cargo desempeñado; que estaba afiliado a Colpensiones y la reclamación que elevó. Excepcionó la falta de integración de litisconsorcio necesario, inexistencia de la obligación pues durante casi toda la existencia de la CIFM el ISS no había asumido los riesgos IVM, imposibilidad jurídica y legal para reconocer el cálculo actuarial y/o bono pensional del

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Radicación n.° 96070 demandante y oposición a la condena en costas y de los presuntos perjuicios irrogados al demandante (fls. 392 a 422 del 1er Cuaderno Digital de Primera Instancia). Colpensiones se opuso a la prosperidad de la totalidad de las pretensiones. Sobre los hechos expresó que no le constaban. Propuso como excepciones las que denominó prescripción y caducidad, inexistencia del derecho y de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, no configuración del derecho al pago de indexación, presunción de legalidad

de los actos administrativos e «innominada o genérica» (fls. 424 a 429 del 1er Cuaderno Digital de Primera Instancia). En audiencia celebrada el 02 de noviembre de 2017, el a quo declaró probada la excepción de falta de integración del litisconsorcio necesario y, dispuso la vinculación de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (fls. 518 a 522 del 1er Cuaderno Digital de Primera Instancia). La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en su calidad de administradora del Fondo Nacional del Café, se resistió a los pedimentos del escrito inicial. Admitió los antecedentes históricos de la Flota Mercante Grancolombiana y de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.; sin embargo, precisó que no era matriz o dominante de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. en liquidación obligatoria, por no ser titular del dominio y propiedad del Fondo Nacional del Café, sino administradora de este. Formuló la excepción previa de no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios,

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Radicación n.° 96070 por estimar que al litigio debía comparecer La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y las de mérito que denominó inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción, falta de legitimación en la causa y, limite patrimonial de la responsabilidad subsidiaria de la sociedad matriz con relación a su subordinada que entra en insolvencia (fls. 587 a 607 del 1er Cuaderno Digital de Primera Instancia).

En atención a la excepción previa presentada por el apoderado judicial de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en diligencia del 14 de noviembre de 2018, el juzgado ordenó la vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de Siemens S.A. (fls. 452 a 454 del 2do Cuaderno Digital de Primera Instancia). Siemens S.A. rechazó las pretensiones incoadas en el escrito introductor. Dijo que no le constaban la mayoría de los hechos y que no era cierto como estaba redactado lo referente al no envió de la certificación laboral a Colpensiones, en tanto que no fue posible allegar tal documento por haber transcurrido más de 40 años desde la fecha en que finalizó en contrato laboral con la compañía y no tener registro del mismo. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa, inexistencia de obligación, cobro de lo no debido, pago, prescripción, buena fe y, «genérica» (fls. 527 a 536 del 2do Cuaderno Digital de Primera Instancia). El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones. Frente a los hechos reconoció como ciertos

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Radicación n.° 96070 los referentes a la liquidación de Flota Mercante, la creación de la Compañía de Inversiones, su situación de subordinada ante la Federación Nacional de Cafeteros y la edad del demandante, e indicó no constarle los demás. Propuso las excepciones de indebida vinculación, inexistencia de obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva y,

«genérica» (fls. 545 a 568 del 2do Cuaderno Digital de Primera Instancia).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 27 de abril de 2021, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre el demandante LUIS IGNACIO MARTÍNEZ PLAZAS y la COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A., existió contrato de trabajo vigente en el lapso comprendido entre el 17 de diciembre de 1963 y el 21 de diciembre de 1967.

SEGUNDO: DECLARAR que la COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A., en su calidad de empleador del accionante, por lo señalado en la parte motiva de la presente sentencia, asumía, en la proporción pertinente, el riesgo de vejez en el lapso comprendido entre el 17 de diciembre de 1963 y el 21 de diciembre de 1967.

TERCERO: Ordenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, liquidar el cálculo actuarial, que en relación con el demandante LUIS IGNACIO MARTÍNEZ PLAZAS procede, partiendo del periodo laborado para la COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A., comprendido entre

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Radicación n.° 96070 el 17 de diciembre de 1963 al 21 de diciembre de 1967, teniendo en cuenta para el efecto las sumas constitutivas de factor salarial que certifique la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., precisándose,

que deberá partirse entonces como ingreso base de cotización del salario pactado en el contrato de trabajo, así como del equivalente en moneda nacional colombiana de los salarios pagados en moneda extranjera, en la forma señalada en la parte motiva de la presente sentencia. Cumplido el pago del cálculo actuarial que así se verifique por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, la entidad deberá proceder a hacer el estudio de la situación personal para efectos de determinar la viabilidad o no de una eventual re-liquidación.

CUARTO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA del cual es vocera y administradora LA FIDUCIARIA LA PREVISORA.

S.A., y mandataria con representación ASESORES EN DERECHO S.A.S., a adelantar las gestiones administrativas pertinentes con el fin de que se expida el acto administrativo de reconocimiento del cálculo actuarial. Y una vez haya sido elaborado el mismo por parte de COLPENSIONES, corresponderá al PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA del cual es vocera y administradora LA FIDUCIARIA LA PREVISORA. S.A., y mandataria con representación ASESORES EN DERECHO S.A.S. pagar el valor del cálculo actuarial a entera satisfacción de COLPENSIONES, QUINTO: DECLARAR subsidiariamente responsable al FONDO NACIONAL DEL CAFÉ el cual es administrado por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, respecto del valor del cálculo actuarial, se elabore por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, y siempre y

cuando el ATRIMONIO (SIC) AUTÓNOMO PANFLOTA del cual es vocera y administradora LA FIDUCIARIA LA PREVISORA. S.A., y mandataria con representación ASESORES EN DERECHO S.A.S., no cuenten con recursos para asumir con tal obligación.

SEXTO: ABSOLVER a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES de las pretensiones de la demanda relacionadas con la actualización de historia laboral del accionante, con aportes efectuados por SIEMENS S.A. desde enero del 76 a mayo de esa anualidad. Lo anterior, por lo señalado, en la parte motiva de la presente sentencia.

SÉPTIMO: Excepciones a las resultas del juicio, el Despacho declarar no probadas las propuestas respecto de las

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Radicación n.° 96070 determinaciones adoptadas y respecto de la absolución que procede frente a COLPENSIONES, el Despacho se considera relevado del estudio de las propuestas OCTAVO: ABSTENERSE de imponer alguna carga a la NACIÓN MINISTERIO de HACIENDA y CRÉDITO PÚBLICO en el informativo.

NOVENO: SIN COSTAS en la instancia.

DECIMO: si no fuera apelada oportunamente la presente sentencia, consúltese con el superior.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al conocer del recurso de apelación interpuesto por Asesores en Derecho S.A.S., Fiduprevisora S.A. y Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y, el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, a través de la sentencia

confutada, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, modificó el ordinal primero del fallo de primera instancia, en el sentido de precisar que, para efectos de la liquidación del cálculo actuarial, se debe tener en cuenta que, conforme el último salario devengado por el promotor, este se ubica en la categoría V de que trata el Decreto 1991 de 1967; confirmó en lo demás; sin costas en esa sede. Indicó el sentenciador de alzada, que no era tema de controversia la relación laboral que existió entre Luis Ignacio Martínez Plazas y la extinta Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., motivo por el cual estimó, que el

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Radicación n.° 96070 problema jurídico del sub lite se centraba en determinar, si al actor le asiste el derecho a la expedición del bono pensional o cálculo actuarial y, de ser así, cual es la responsabilidad de cada una de las demandadas en esa obligación. Al efecto advirtió, que es criterio pacífico de esta Sala admitir la convalidación de tiempos laborados pero no cotizados, al no existir llamado a inscripción por parte del ISS, citando la sentencia CSJ SL9856-2014, en la que se señaló «“Estima esta Corte que sí en cabeza del empleador se encontraba la asunción de las contingencias propias del trabajo, aquella cesó cuando se subrogó en la entidad de seguridad social, de forma que ese período <en el que aquel tuvo tal responsabilidad, no puede ser obviado o considerarse inane, menos puede imponérsele al

trabajador que vea afectado su derecho a la pensión, ya sea porque se desconocieron esos periodos, o porque por virtud del tránsito legislativo ve perturbado su derecho. "Esa responsabilidad no puede entenderse como vacía, u obsoleta, por el contrario se traduce en una serie de obligaciones de quien estaba llamado a otorgar la pensión y quien si bien se subrogó no puede desconocer los periodos laborados por el trabajador. "Así se expuso en la sentencia 27475 de 24 de noviembre de 2006: «En efecto, desde la creación del Instituto de Seguros Sociales lo que se buscaba era la subrogación del ISS con relación a los riesgos laborales. Pero ello no era posible de inmediato ni en todo el territorio nacional, razón por la cual se mantuvo vigente la responsabilidad de los empleadores hasta la asunción de dichas contingencias por el ISS. "En tal sentido, en criterio de esta Corte, el patrono, debe responder al Instituto de Seguros Sociales por el pago de los periodos en los que la prestación estuvo a su cargo, pues sólo en ese evento pudo haberse liberado de la carga que le correspondía, amén de las obligaciones contractuales existentes entre las partes. "Por demás la imprevisión del legislador de mediados del siglo pasado no puede cargarse a la parte débil de la relación, para ello además se podría oponer la confianza legítima que inspira la adecuación del comportamiento ciudadano a los mandatos del

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Radicación n.° 96070 legislador. Empero, se estima que otro sería el escenario en el que cabría discutir una eventual responsabilidad por falta de previsión

legislativa, para situaciones como las que da cuenta este proceso. "Vale destacar la intelección anclada en la lectura de los artículos 59 a 61 del Acuerdo 224 de 1966, reguladores de la subrogación paulatina de la pensión de jubilación del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto, si bien, los patronos de los trabajadores que al momento de la asunción del riesgo de vejez por el ISS no habían cumplido 10 años de servicios, fueron subrogados por dicha entidad en la obligación de pagar la pensión de jubilación, no traduce la liberación de toda carga económica, pues en casos como el presente, en los que no se alcanzó a completar la densidad de cotizaciones para acceder a la pensión de vejez, se debe facilitar al trabajador que consolide su derecho, mediante el traslado de cálculo actuarial para de esa forma garantizarle que ¡a prestación estará a cargo del ente de seguridad social .» Aseveró que se acoge al mencionado criterio, en tanto que, a su juicio, este garantiza y protege principios propios de la seguridad social, estableciendo una salvaguarda para que, de un lado, se proceda al reconocimiento pensional en aquellos eventos en los que el interesado adolece de la densidad de cotizaciones necesarias y de otro, las mesadas que se paguen en favor del pensionado sean liquidadas en atención a la totalidad de los periodos efectivamente laborados. En ese orden, estimó el colegiado, que aunque para los periodos comprendidos entre el 17 de diciembre de 1963 y el 21 de diciembre de 1967, no existía para la empresa

obligación legal de afiliación de sus trabajadores al sistema de seguridad social en pensiones, una interpretación conjunta de las normas laborales conduce necesariamente a concluir que tal situación no puede afectar el derecho

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Radicación n.° 96070 pensional del demandante y, en ese contexto, habrá de aplicarse lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. De otro lado, consideró no ser acertada la afirmación de los apelantes, referente a que el cálculo actuarial no debe comprender el porcentaje de aporte que le corresponde asumir al trabajador, toda vez que, en los periodos de no cobertura del sistema, la obligación de asumir el riesgo pensional se mantiene en cabeza del empleador, de modo que el trabajador no debe contribuir de forma alguna, en tal sentido, trajo a colación lo expuesto por esta Corporación en la sentencia CSJ SL14388-2015. Afirmó, que le asiste razón al juez singular cuando determinó, que la elaboración del cálculo actuarial debe ser realizada por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, pues es esta la entidad a la cual se encuentra afiliado al actor; ello con sujeción a lo consignado en el Decreto 1887 de 1994, en armonía con el Decreto 3798 de 2003, en tanto que, si bien es cierto las normas en cita no establecen puntualmente dicha obligación, es la administradora de pensiones quien finalmente aprueba la liquidación que eventualmente presenta el empleador. Ahora, frente al salario que se debe tener en cuenta a

efectos de realizar el mencionado cálculo, anota el Tribunal, que corresponde al último devengado por el trabajador, que para todos los efectos y de conformidad con la hoja de valores obrante a folio 31 del expediente, asciende a US$87.90 dólares americanos, suma que convertida a pesos

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Radicación n.° 96070 colombianos de la época equivaldría en promedio $15.76 por dólar. Adujo, que realizado el cálculo matemático respectivo se tiene como resultado un promedio mensual en pesos de $1.385,33, valor que lo ubica en la categoría V del Decreto 1991 de 1967, fundamento que sirvió de base para modificar el fallo de primer grado. En relación con la responsabilidad de las demandadas, citó la sentencia CSJ SL1889-2021, para afirmar que si bien es cierto Colpensiones debe reconocer al accionante los tiempos no cotizados por la Flota Mercante Grancolombiana S.A., los mismos deberán ser cobrados, una vez realizado el cálculo actuarial, a la Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Panflota y que, en el evento de que dicha entidad pruebe no contar con los recursos necesarios para ello, de manera subsidiaria, la obligación deberá ser asumida por la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café. Finalmente, reprochó el hecho de que las entidades accionadas omitieron aportar las documentales y certificaciones requeridas para el estudio del caso con el propósito de ser absueltas, aduciendo que las mismas se

encuentran en poder de la sociedad Iron Mountain Colombia S.A., pues, el haber suscrito un contrato de custodia documental no las exonera de sus obligaciones laborales.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia como administradora del Fondo Nacional del Café, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN A través de la formulación de tres cargos replicados en tiempo por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y la sociedad Siemens S.A., solicita a la Corte que case totalmente la sentencia proferida por el Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la del juez singular y, en su lugar disponga: « (…) absolver a la Federación de la (SIC) pretensiones y, en su lugar, revocar la absolución que impartió para la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público, y hacer el pronunciamiento que corresponda frente a la responsabilidad subsidiaria que se le imputa con fundamento en el artículo 148 de la Ley 222 de 1995. 2.- Como primer alcance subsidiario, la Corte, habrá de casar la sentencia del Tribunal en cuanto confirma la decisión de primera instancia en lo que respecta a condenar a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, a pagar el cálculo actuarial que se liquide por Colpensiones y correspondiente al periodo no cotizado durante la vinculación laboral del demandante para la Flota Mercante

Grancolombiana S.A. Y en sede instancia, habrá de revocar lo así dispuesto por el juzgado del conocimiento, para, en su lugar, absolverla de tal súplica. 3.- Como segundo alcance subsidiario, la Corte, habrá de casar la sentencia del Tribunal en cuanto confirma el fallo de primera instancia en lo que respecta a los términos que impone condena a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café; y en sede instancia,

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Radicación n.° 96070 habrá de revocar los términos de la condena del fallo de primer grado, para, en su lugar, modificarla en el sentido que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, solo le corresponde pagar una suma equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del valor que 9 del bono pensional resulte de liquidar los aportes para pensión del demandante no pagados y correspondiente al tiempo laborado por este para la Flota Mercante Grancolombiana S.A. y/o compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. »

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia recurrida de violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 148 de la Ley 222 de 1995; en concordancia con los artículos 822, 1262 y 1263 del Código de Comercio; los artículos 2142 y 2186 del Código Civil; y, los artículos 2 y 6 de la Constitución Política. Vulneración que, en su sentir, dio lugar a la indebida

aplicación del inciso 2° del artículo 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo; de los artículos 3, 38, 59, 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966; del artículo 33 de la Ley 100 de 1993; del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990; del artículo 373 del Código de Comercio; del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil; y, del artículo 72 de la Ley 90 de 1946. Anuncia, no ser objeto de discusión que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia se vinculó al proceso en calidad de administradora del Fondo Nacional del Café; que dicha corporación inscribió en la Cámara de Comercio su situación de matriz o controlante de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.; que el mencionado fondo es una cuenta parafiscal, por lo que, su dueño es la Nación, lo cual implica que no es persona y, en consecuencia, no es sujeto de derechos y obligaciones.

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Radicación n.° 96070 En tal sentido, expone que lo que se controvierte es, que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo del Café, haya sido condenada en los términos en que se hizo al interior del proceso ordinario; ello por cuanto, dicha circunstancia acarrea implicaciones legales que no fueron debidamente analizadas por el Tribunal, pues, lo que se imponía era determinar quién es su mandante a efectos de trasladarle la mencionada carga, incurriendo con ello, en aplicación indebida de las normas que sustentan la proposición jurídica del cargo.

Así, a juicio del recurrente, lo propio era inferir que es la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público a quien se encomendó la administración del Fondo y, por ende, es dicha autoridad la que debe asumir la responsabilidad subsidiaria que inicialmente se le imputa a la recurrente. Al efecto, citó la sentencia CC SU-1023-2001, a saber: “(…) Por lo tanto, la declaración de fondo sobre la responsabilidad de la matriz compete tomarla, con valor de cosa juzgada, al juez ordinario y no al juez de tutela. En ese escenario corresponderá establecer si la responsabilidad debe establecerse con cargo a los recursos del Fondo Nacional del Café, de la firma administradora de los recursos del Fondo, de la Nación o si existen otros responsables por las obligaciones laborales de la compañía en liquidación obligatoria. De esta manera, la decisión de la Corte tiene como finalidad la protección transitoria de los derechos fundamentales involucrados,

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Radicación n.° 96070 para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en aplicación del inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política y basada en la imposibilidad para que el liquidador atienda esta obligación principal, debido a la falta de liquidez para pagar a corto y mediano plazo las mesadas de los pensionados de la CIFM. “En síntesis de lo descrito hasta el momento, existen argumentos de diferente naturaleza que permiten vincular, con carácter transitorio, a la Federación Nacional de Cafeteros – Fondo Nacional del Café: (…)”.» Lo anterior a fin de concluir, que erró el Tribunal en el

análisis de los presupuestos establecidos en el precitado fallo, pues se advierte, que la medida que allí se adopta es transitoria frente a la recurrente, y, en todo caso, se pone en cabeza del juez ordinario la facultad de determinar quién debe asumir la responsabilidad subsidiaria, de que trata el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, contemplándose incluso la posibilidad de que ella corresponda a la Nación, máxime cuando, de no ser así, se estaría imponiendo tal obligación a quien no es persona. Se refiere a la tesis contenida