CSJ - SL252-2019

República de Colombia Core Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sata de Desconyestión N.” 1 ERNESTO FORERO VARGAS Magistrado ponente SL252-2019 Radicación n.” 62661 Acta 03 Bogotaá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por AURA YULIETH GUTIÉRREZ VÁSQUEZ contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 28 de febrero de 2013, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra la sociedad AEROREPÚBLICA S.A.

I. ANTECEDENTES Aura Yulieth Gutiérrez Vásquez llamó a juicio a la sociedad Aerorepública S.A., con el fin de que se declare que la relación laboral que rigió entre las partes fue a través de contrato a término indefinido; como consecuencia de ello reclamó el reconocimiento y pago de la indemnización legal por el despido injusto consagrada en el articulo 64 del CST; la indemnización por falta de pago consagrada en el artículo SCLAJPT-10 V.0O Radicación n. 62661 605 del CST; el pago del mayor valor de los salarios a partir del 27 de septiembre de 2004 a la fecha del despido; la reliquidación del mayor valor de las prestaciones sociales legales y extralegales con el salario que ha debido devengar, por haber sido promovida al cargo de jefe de cabina de pasajeros desde el 27 de septiembre de 2004; el monto de las

indemnizaciones correspondiente al daño emergente y lucro cesante y a cualquier otra suma como consecuencia de los perjuicios ocasionados de conformidad con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998. Asimismo, solicitó la indexación de todas las acreencias reclamadas y, las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que suscribió con la accionada un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, cuyo inicio fue el 1 de abril de 2001 y el final el día 30 de junio de 2001, el cual se prorrogó indefinidamente, hasta el 30 de marzo de 2006, fecha en la cual le liquidaron definitivamente las prestaciones sociales, siempre desempeñando el cargo de auxiliar de vuelo. Adicionalmente, manifestó que se comprometió con la aerolinea demandada, cuyo objeto era el transporte de pasajeros, a trasladar personas entre ciudades, por lo tanto, la empresa accionada debía efectuar rotación del personal y sus tripulaciones a los diferentes lugares desde las cuales operaba. Mencionó que la Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo ACAV, es una organización con personería jurídica reconocida por el Ministerio de la Protección Social; que esta

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2 Radicación n.” 62661 organización suscribió con la convocada a juicio Aerorepública S.A. convenciones colectivas, y que la última estuvo vigente por cinco años a partir del año 2005; que se afilió a esta agrupación desde que inició labores, por tanto, se beneficiaba de esos acuerdos convencionales y que a la

fecha que finalizó su contrato se encontraba al día en el pago de las cuotas sindicales pactadas. Señaló que con la misiva interna CCE-0893-04, fechada el 27 de septiembre de 2004 se le informó al jefe de recursos humanos la relación de las auxiliares de vuelo que debían ser nombradas como supervisores de vuelo, encontrándose ella en la lista, pero que no ejerció ese cargo porque la empresa le comunicó internamente el 17 de enero de 2005 que su designación no se realizaría debido a que había sido trasladada a Bogotá. Como consecuencia de lo que antecede, dice que se le adeuda el salario correspondiente al cargo de supervisor de vuelo desde del 24 de septiembre de 2004 a la terminación de su relación laboral, porque no se le tuvo en cuenta para liquidarle las prestaciones sociales, legales, extralegales y la liquidación final, así como los aportes a la seguridad social integral y las cesantías, el que afirma debió reconocérsele desde el 27 de septiembre de 2004. Manifestó que a través del señor Jaime Maloof, jefe de operaciones, se desplegó una política represiva contra ella, siendo objeto de presiones sociológicas y maltratos, quien ordenó su traslado de la base de Bucaramanga, a Bogotá y

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Radicación n. 62661 recalcó no incurrió en irregularidad alguna. Indicó que el 6 de febrero de 2006, la accionada le informó que, a partir del 21 de marzo de 2006 disfrutaria de un periodo de vacaciones y que el 30 de marzo de 2006 le

liquidaron las prestaciones sociales; agregó que su último salario fue de $1.050.355. Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, dio por cierto que suscribió el contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, concretamente por el término de tres meses cuya fecha de inicio fue el 1 de abril de 2001 y terminó el 30 de junio del mismo año; que la actora fue contratada para desempeñarse como auxiliar de vuelo, que dicha labor la ejecutaba de forma permanente y continua; que se concertó la prestación del servicio de forma exclusivamente personal; asimismo, se pactó que por tratarse de una aerolínea de transporte de pasajeros, la demandante aceptaba que la demandada realizara rotación del personal y de la tripulaciones entre las ciudades de las cuales operaba; que la organización ACAV es una organización con personería jurídica pero que la demandante debería probarlo; que del salario de la actora se descontaba una cuota con destino a la ACAV, encontrándose al día para la fecha de su despido; que se beneficiaba de los convenios suscritos entre la demandada y la ACAV; que no le ha reconocido ni pagado el salario de supervisor de vuelo porque la demandante nunca desempeño tal cargo; aceptó que el dia 6 de febrero de 2006 se le comunicó del descanso remunerado del 21 de marzo de 2006 al 10 de abril del mismo SCLAJ3PT-10 V.0O Radicación n.” 62661 año, pagándosele la suma de $556.436. Manifestó que los

otros supuestos fácticos no eran ciertos o no le constaban. En su defensa propuso las excepciones de fondo que denominó: inexistencia de las obligaciones, cobro de lo no debido, compensación y falta de causa, y prescripción.

IL. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Octavo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá D.C., mediante fallo del 31 de mayo del 2011, absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra, se declaró relevado del estudio de las excepciones propuestas por la accionada, condenó en costas a la parte actora y ordenó que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta en caso de no ser recurrida.

I. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en conocimiento del recurso de apelación interpuesto por la actora, confirmó el 28 de febrero de 2013 en todas sus partes la sentencia apelada, sin imponer costas en esta instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal concretó los siguientes problemas jurídicos a resolver: i) si existe un contrato de trabajo a término indefinido entre las partes, por el hecho de haber desempeñado la trabajadora el cargo de auxiliar de vuelo de manera permanente y continua

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Radicación n.” 62661 a la sociedad empleadora a pesar de haberse suscrito uno a término fijo; úi) si la actora probó que la terminación del contrato de trabajo no se hizo conforme lo establece el artiículo 46 del CST subrogado artículo 3 de la Ley 50 de

1990; 1) y si la accionante desempeñó funciones de supervisora, sin que se haya reconocido y pagado el salario correspondiente a dicho cargo. Al referirse al primer punto, el ad quem indicó que conforme a los documentos obrantes a folios 83 a 90, las partes suscribieron un contrato de trabajo a término fijo de tres meses; y que al 1 de abril de 2002, acordaron convertirlo en un contrato a término fijo de un año; por lo cual trajo a colación el artículo 46 del CST subrogado artículo 3 de la Ley 50 de 1990 y expuso, que la Corte Constitucional ha dicho que la renovación sucesiva del contrato a término fijo no es contraria a la Constitución y citó la sentencia C-016 de 1998, motivo por el cual consideró que el hacer uso de la no renovación del contrato por parte del empleador, no se considera contrario a la ley y concluyó que el contrato de trabajo suscrito por las partes no fue a término indefinido. Respecto a la fecha de terminación del contrato de trabajo dijo que a folio 93 reposa copia de la comunicación del 28 de febrero de 2006, con la que se informó a la actora que el contrato vencía el 31 de marzo del mismo año y que este no sería prorrogado, dejando constancia de habérsele notificado tal decisión a la actora y de su negativa a firmar, en la que aparece también las firmas de las señoras Stella Hoyos y Diana Mayorga. SCLAJPT-10 V.00 :>'l Radicación n. 62661 Acto seguido, se refirió a los testimonios de Luz Stella

Hoyos Jurado y Diana Patricia Mayorga Monsalve, quienes expusieron que no presenciaron el momento en que la carta fue entregada a la accionante, pero Luz Stella Hoyos dijo que firmó como testigo la carta que estaba en la oficina de la señora Margarita Ochoa, su jefe y Diana Mayorga precisó, que su jefe Margarita Ochoa le dijo que no importaba, que era una constancia de que se le había notificado la decisión de cancelación del contrato; agregó que el mismo día, la demandante le contó antes de que ella firmara la carta como testigo que la habían despedido. De lo anterior, el Colegiado coligió que la promotora de la lítis fue notificada de la terminación de la relación laboral el 28 de febrero de 2006, es decir, un mes antes de que se venciera el plazo pactado, el cual concluía el día 31 de marzo de 2006; y consideró que no hubo un despido injusto, pues el contrato finalizó por vencimiento del plazo pactado. Al resolver el último punto, el juez de alzada arguyó que en ninguno de los hechos de la demanda se indicó que la actora, desempeñó el cargo de supervisora de vuelo que originare el pago del salario correspondiente a tal ocupación; por el contrario, aseveró que ella ejecutó la labor de auxiliar de vuelo en forma permanente y continua durante el tiempo que estuvo vinculada a la sociedad demandada. De otra parte, agregó que mediante comunicación interna CCE-0893-04 se indicaron los nombres de las auxiliares de vuelo que debían ser nombradas en el cargo de

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Radicación n. 62661 supervisor de vuelo por haber cumplido con lo establecido en el F-RRH-001 y procedimiento P-CCE-003, entre ellas la demandante; sin embargo, mediante comunicación del 17 de enero de 2005, se le informó que la empresa decidió no realizar su nombramiento, en razón de su traslado a Bogotá, lugar en el que podría aplicar a dicho cargo, en consecuencia, la Corporación estimó que lo que existió fue una postulación de la actora al cargo de supervisora, pero que dicho nombramiento nunca se materializó. Destacó que aunque las testigos trabajadoras de la empresa: Marisol Quiroga Zambrano, Martha Aguilar González, Andrea del Pilar Mantilla Pulido y Jennifer Soto Angulo, manifestaron que la demandante desempeñó el mencionado cargo de supervisora, no fueron lo suficientemente claras para establecer el tiempo en el cual ejerció esas funciones, puesto que por un lado, la señora Quiroga Zambrano afirmó que la actora lo hizo en éncargo y que luego estuvo nuevamente como auxiliar de vuelo; y por otro, la declarante Mantilla Pulido no recuerda si fue supervisora encargada o nombrada. Finalmente, trajo a colación la declaración del señor Jaime Augusto Maloof, quien expuso que la actora fue enlistada en el proceso de formación para llegar a desempeñar el cargo de jefe de cabina, el cual constaba de una parte académica, otra psicológica y una última de evaluación en el trabajo, dando la accionante demostración de una actitud agresiva con sus compañeras, que fue objeto de queja y, por ello la jefatura de auxiliares solicitó su

SCLAJPT-10 V.0O Radicación n.” 62661 traslado a la ciudad de Bogotá. En ese orden el Tribunal consideró que la demandante no demostró la prestación del servicio en el cargo de supervisor de vuelo desde el 27 de septiembre de 2004 que, si bien fue incluida en esa lista, no ejerció la labor de supervisora que reclama, por tanto, discurrió que no era posible ordenar el pago del salario correspondiente a tal desempeño, ni el reajuste de las prestaciones sociales con esa asignación económica.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque totalmente el fallo de primer grado y en su lugar acceda a las peticiones de la demanda.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, debidamente replicados, los cuales se estudiarán de manera conjunta por cuanto reseñan idéntica . proposición jurídica, se valen de similares argumentos demostrativos y persiguen el mismo fin.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal de infringir la ley sustantiva por vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos «353 (art. 38 de la ley 50 de 1990), 407, 408, 469, 471 (subrogado por el artículo 38 del Decreto 2351 de 1965), 476, lo que conilevó a la violación del artículo

45, 46, 61, 62, 64 Código Sustantivo del Trabajo; art. 1613, 1614, 1740, 1741, 1742 (subrogado por el artículo 2 de la Ley 50 de 1936), 1743, 1746 del Código Civil». Afirma que el sentenciador llegó al dislate denunciado como consecuencia de los siguientes errores de hecho que calificó como evidentes y protuberantes:

1. Dar por corroborado, sin serlo, que AEROREPÚBLICA contrató a la actora para realizar labores temporales, ocasionales, transitorias, o para la realizacin de una obra o labor determinada.

2. No dar por demostrado, estándolo, que las funciones desarrolladas por la actora fueron ejecutadas en forma indefinida.

3. No dar por probado, siéndolo que la demandante ejecutó sus labores en forma permanente y continua.

4. No dar por demostrado, estándolo, que las labores ejecutadas por la actora, una vez fue despedida se continuaron realizando.

5. No dar por demostrado, estándolo que la relación laboral que sostuvo la demandante con AEROREPÚBLICA S.A., fue a término indefinido, habiéndose terminado por su empleadora sin justa causa.

O. No dar por demostrado, estándolo que las labores desempeñadas por la demandante corresponden al objeto social

de AEROREPÚBLICA S.A.

7. No dar por demostrado que la demandante no tuvo sanción alguna en el desarrollo de sus labores de auxiliar de vuelo, siendo

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eficaz la prestación de sus servicios. Relaciona como pruebas no apreciadas las siguientes:

1. La confesión del representante legal en aspectos tales como:

a. Al cargo ejecutado por el actor y su periodicidad; b. Las labores desempeñadas; c. Permanencia de la labor e identidad de las labores desarrolladas por las distintas categorías de auxiliares de vuelo que ejecutan las mismas labores sin importar el tipo de contrato mediante el cual se vincula a la compañía y d. Continuidad de las labores de auxiliares de vuelo.

2. La confesión al dar respuesta a los Hhechos 4,11,13,14,17,18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30 y 31.

Enlista como pruebas mal apreciadas las que se relacionan a continuación:

1. La convención colectiva de trabajo suscrita entre la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AUXILIARES DE VUELO - ACAVy AEROREPÚBLICA S.A, art. 8.

2. Contrato de trabajo.

3. Carta de despido.

4. Comunicación a folios 42, 43, 488 y 489 mediante la cual se informa sobre la promoción al cargo de supervisora de cabina.

5. Comunicación traslado para la base Bogotá folio 490.

O. Testimonios de Marisol Quiroga, Martha Aguilar, Andrea del

Pilar Mantilla Pulido y Jennifer Soto.

7. Comunicación que obra a folio 31, 41 - periodo de vacaciones.

8. Comunicación folio 32, mediante el cual la actora solicita a la empresa que no sea trasladada, por estar amparada en la

cláusula 8 de la convención colectiva.

9. Paz y salvo sindical.

En la demostración del cargo manifiesta que el representante legal al absolver el interrogatorio de parte

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Radicación n.” 62661 «reconoce las labores ejecutadas por la actora, su continuidad y permanencia en la empresa, así la necesidad que las mismas existan». Respecto de la convención colectiva suscrita entre la sociedad demandada y ACAV con vigencia para el año 2005 indica que el artículo 8 establece que los traslados de los trabajadores se deben realizar en estricto respeto a la antigúedad de los servicios prestados y con este argumento sostiene que «estas probanzas olvidadas por el ad quem, brinda absoluta claridad respecto a la obligación de la demandada, a tener por sentado que al contrato de trabajo suscrito por el actor se le debe dar el tratamiento de una relación indefinida» ya que el empleador suscribió con la accionante un vinculo laboral a término fijo, «en el que nunca especificaron en todo el clausulado si la labor de la actora era para la realización de una obra o labor determinada. Se omite en la sentencia recurrida el estudio juicio de los anteriores presupuestos». De otra parte, refiere que, en el contrato de trabajo en discusión, se especifican las funciones que ejecutaría la actora, las que son iguales a las realizadas por el personal del mismo cargo vinculado mediante el contrato de trabajo a término indefinido. Acto seguido hace una disertación sobre el objeto social de la empresa y las funciones desarrolladas por las auxiliares de vuelo para concluir que el desempeño de la promotora de

la litis fue permanente, continuo y se sigue ejecutando en la

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12 Radicación n. 62661 sociedad accionada, sin que exista diferencia en los contratos a término fijo y en los a término indefinido. Seguidamente hace alusión al interrogatorio de parte del representante legal de Aerorepública S.A. para reiterar que las labores que desempeñó la actora hacían parte del objeto social de la empresa, en consecuencia, colige que «su vinculación fue a término indefinido. Pruebas estas que el adquem pasó por alto». Otro tanto manifiesta respecto a las documentales que militan en los folios 42, 43, 488 y 489 en las que se informa sobre la promoción al cargo de supervisora de cabina de la libelista a partir del 27 de septiembre de 2004, data en la que «empezó a desarrollar las funciones de supervisora de cabina, sin que la empresa le haya reconocido salario alguno por este trabajo, tal como se desprende de la contestación de la demanda», pieza procesal con la que se advierte que la empresa debe pagarle los salarios, las prestaciones y la indemnización por falta de pago con relación al cargo mencionado. Seguidamente se ocupa del tema de la estabilidad laboral y manifiesta que la demandante «fue contratada para realizar actividades propias del objeto social, es decir labores permanentes y continuas y que jamás dejarán de existir. En virtud de la legislación laboral colombiana estas funciones deben ser contratadas, mediante contrato de trabajo a término indefinido y no a término fijo como ilegalmente lo está

realizando la compañía». Cita variadas sentencias de la Corte

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Radicación n. 62661 Constitucional como la CC C-016 del 4 de febrero de 1998. Acto seguido presenta algunos argumentos como que «cuando el trabajador tiene la certidumbre y la garantía de que conservará el empleo, en la medida en que subsista la materia de trabajo y el haya cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones, de manera tal que el empleador, motivado por las necesidades de la empresa, debe renovar el contrato», y basado en este fundamento, dice que el solo vencimiento del plazo inicialmente pactado, no es suficiente para legitimar la decisión del empleador de no renovar el contrato, «solo así se garantizará, de una parte la efectividad del principio de estabilidad». Cita el numeral 1 del artículo 46 del CST y expone que la renovación sucesiva del contrato a término fijo no va en contravía del principio de la estabilidad consagrado en la Constitución, «siempre que al momento de la expiración del plazo inicialmente pactado, subsistan la materia de trabajo y las causas que lo originaron y el trabajador haya cumplido efectivamente sus obligaciones, a éste se le deberá garantizar su renovación y transcribe un aparte de la sentencia CC C588 de 1995. VIIL. RÉPLICA El opositor señala que en la técnica del recurso extraordinario, la proposición jurídica en una demanda de casación no es otra cosa distinta al señalamiento que debe hacer el recurrente, «con exactitud y precisión suiza», de las

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normas de carácter nacional que han sido transgredidas. No se trata entonces, como en la compra de un «billete de baloto, de enumerar por enumerar unas disposiciones legales como por no dejar de enunciar normas presuntamente vulneradas». La accionada presenta su oposición al cargo advirtiendo falencias a la técnica del recurso planteado comenzando por la proposición juridica que impugna la aplicación indebida del 353 del CST en que incurrió el ad quem como violación medio, a través de la cual afirma, se llegó a la violación de varias normas sustantivas, creando una ecuación que no tiene solución. Lo anterior lo expone, porque en este proceso no se discutió la afiliación de la demandante a una organización sindical, que es el derecho que consagra el artículo 353 del CST, que según el recurrente fue el que aplicó indebidamente el cuerpo colegiado y que fue el medio que lo llevó a la violación de las normas sustantivas reseñadas en el cargo. De otra parte, indica que la censura no argumenta en dónde se encuentran los errores de hecho que le endilga a la sentencia del ad quem, ni demuestra la forma en que incurrió en esos errores que enrostra como violación de la ley sustancial; tampoco señala la incidencia del yerro en la parte decisiva de la sentencia, actividades que no se desarrollaron en el cargo porque solo se limitó a enlistar las pruebas donde afirmó se encuentran los errores, pero no argumentó el

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Radicación n. 62661 ataque de cada uno de las pruebas enunciadas, ya que omitió

reseñar cual fue el análisis equivocado del fallador de segundo grado en torno a la apreciación o no de cada una de ellas. Seguidamente hace transcripción de apartes del cargo que llamó opiniones de la casacionista, para referir que los mismos no mpueden ser considerados fundamentos demostrativos de la impugnación y destaca la impropiedad de mezclar como mal apreciadas pruebas calificadas y no calificadas, como lo son los testimonios de Marisol Quiroga, Martha Aguilar, Andrea Del Pilar Mantilla Pulido y Jennifer Soto. Finalmente dice que el ad quem no incurrió en los dislates acusados para resolver el conflicto porque al analizar las pruebas que obran en el plenario estableció que las partes suscribieron un contrato a término fijo interior a un año, el que después acordaron que fuera a término fijo de un año y que, de conformidad al pronunciamiento de la Corte Constitucional, el empleador que no prorrogue el contrato de trabajo a término fijo de un año no está incurriendo en un desacato a la ley.

VII. CARGO SEGUNDO Impugna la sentencia de segunda instancia por violar directamente la ley sustantiva, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos «353 (art. 38 de la Ley 50 de 1990), 467, 468 469, 471 (subrogado por el artículo 38 del Decreto

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7 Radicación n. 62661 2351 de 1965), 476, lo que conllevó a la violación del artículo 45, 46, O6l, 62, 64 del Código Sustantivo del Trabajo; art. 10613, 16014, 1740, 1741, 1742 (subrogado por el artículo 2 de

la Ley 50 de 19306), 1743, 1746 del Código Civil». Como fundamento de su ataque, acepta todos los supuestos fácticos y reseña que el objeto de inconformidad en este cargo es la «discusión jurídica la naturaleza de la vinculación laboral de la actora». Los argumentos en que se sostiene el ataque son similares al del cargo inmediatamente anterior, esto es, en lo concerniente a que el contrato que ligó a las partes en conflicto se debe considerar que es a término indefinido, motivo por el que la Sala solo se referirá a lo puntualmente diferente. Arguye que la convención colectiva consagra la estabilidad de los trabajadores de la compañiía de aviación por tanto el despido de la demandante es sin justa causa y ello le asiste el derecho a ser reintegrada y a tener el contrato de trabajo como sin solución de continuidad. Aduce que. «la cláusula convencional redujo el plazo para obtener el reintegro de diez (10) años de servicios a ocho (8) lo que indica que el numeral 5' del artículo S del Decreto 2351 de 1965 no tiene validez como norma legal sino que tiene mandato imperativo en la medida en que fue incorporado a la convención colectiva de trabajo y por lo tanto las demás normas generales se aplican al caso en estudio».

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IX. RÉPLICA La opositora destaca la omisión a la técnica en el cargo que replica, como lo es no presentar de manera completa la proposición jurídica, no acreditar los errores jurídicos

atribuidos al fallador de segunda instancia, ocupando la argumentación con opiniones respecto al acervo probatorio que son ajenas a la vía elegida del puro derecho y como respaldo cita la sentencia CSJ SL, 4 mar. 2006, rad. 27187.

X. CONSIDERACIONES La Sala advierte que le asiste razón a la réplica en cuando a las falencias de orden técnico que acusa, razón por la cual es preciso reiterar que el recurso extraordinario de casación debe cumplir con el mínimo de las reglas adjetivas de técnica que la normatividad exige y que, en el evento de no cumplirse con estos, su estudio puede resultar infructuoso.

De otra parte, también ha reseñado esta Sala que el hecho de acudir a este medio de impugnación, no significa que la Corte adquiera la competencia para adentrarse en el análisis del litigio a fin de esclarecer a cuál de las partes le asiste el derecho objeto de discusión, ya que la labor de la Corte se contrae a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el Tribunal al dictarla, observó las normas que se deben aplicar para dirimir el conflicto. En este orden, la Sala encuentra que, aunque el cargo SCLAJPT-10 V.0O Radicación n.” 62661 adolece de faltas a la técnica como: i) acusar por violación de la vía directa e indirecta en la modalidad de aplicación indebida del artículo 383 del CST, norma que no fue objeto de análisis, toda vez que trata de la afiliación a una organización sindical, tema no fue materia de discusión en el conflicto y por tanto, mal pudo el sentenciador de segundo

grado aplicarlo indebidamente; ii) no exponer concretamente las razones en las que basa el dislate del juez plural frente a cada una de las pruebas impugnadas y así precisar en que consistió el yerro del colegiado frente a las normas sustantivas; y úii) acusar por la vía directa la inobservancia de cláusulas convencionales, las que insistentemente ha señalado esta corporación se deben atacar como pruebas, o sea que la vía de impugnación debe ser la indirecta; iv) No destruye la recurrente en casación los pilares fundamentales de la sentencia como lo son: a) que mediante oficio del 28 de febrero de 2006 visible a folio 93 la empleadora comunicó su decisión de no prorrogar más el contrato de trabajo, el que fue debidamente notificado; b) que la actora nunca ejecutó la labor de supervisora de vuelo, en consecuencia, la comunicación del 27 de septiembre de 2004 (f. 488) hacía referencia era a una postulación, mas no al nombramiento del cargo referido; todo lo cual daría al traste con la acusación. A pesar de lo señalado, la Sala logra interpretar que el fin perseguido por la casacionista es que se verifique por parte de la Corte, si el Tribunal erró al establecer que el contrato de trabajo suscrito por las partes fue a término fijo prorrogable sucesivamente, y no considerarlo a término

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Radicación n.” 626061 indefinido; a pesar de haber desarrollado la demandante actividades propias del objeto social de la accionada, ello

asociado a que no se le notificó a la actora la decisión de no prorrogar más el contrato suscrito, conforme lo dispone el numeral 1 del artículo 46 del CST subrogado articulo 3 de la Ley 50 de 1990. La Sala a fin de abordar el estudio del recurso planteado, desarrollará la argumentación desde dos aspectos asi:

1. Aspectos jurídicos: Desde ya la Sala advierte que las súplicas de la casacionista están llamadas al fracaso porque el contrato de trabajo suscrito a término fijo, conserva su esencia de ser temporal, independientemente de las veces que el mismo sea prorrogado, es decir, que esta modalidad siempre será a término fijo, pero podrá prorrogarse indefinidamente, tal cual lo determina el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado artículo 31 de la Ley 50 de 1990, que dice: Contrato a término fijo.

El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a tres años, pero es renovable indefinidamente.

1. Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá renovado por un período igual al inicialmente pactado y así sucesivamente.

2. No obstante, si el término fíjo es inferior a un (1) año, únicamente

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20 Radicación n. 62661 podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3)

períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales, el término de renovación no podrá ser inferior a un año, y así sucesivamente. De la anterior disposición se extrae que esta clase de vinculo no consagra el giro a la modalidad de un contrato a término ¡indefinido, por el hecho de prorrogarse sucesivamente y tampoco que influya en la suscripción del mismo, el objeto