CSJ - SL2558-2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL2558-2023 Radicación n.°93311 Acta 31 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES), contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 30 de julio de 2021, en el proceso que instauró

LUIS ÁNGEL HINCAPIÉ BEDOYA contra la JUNTA

NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y la recurrente.

I. ANTECEDENTES Luis Ángel Hincapié Bedoya llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), con el fin de que sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez a partir del 4 de abril de 2012, fecha real de la estructuración de la invalidez, más las mesadas adicionales, los intereses moratorios y la

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Radicación n.°93311 indexación. Fundamentó sus peticiones en lo que interesa al recurso extraordinario, en que en 1992 sufrió un accidente en moto que le dejó como lesión una fractura de fémur derecho, y en el año 1999 se le diagnosticaron problemas de circulación. Para el año 2001 presentó como patología una celulitis en miembro inferior derecho y tuvo que ser hospitalizado por una sepsis. A raíz de esta enfermedad se le han desencadenado otros padecimientos como una lesión

varicosa en pierna derecha, insuficiencia venosa, hipertrofia prostática, úlcera varicosa. Que el 8 de mayo de 2013, medicina laboral de Colpensiones lo calificó con un 38.49% de origen y riesgo común con fecha de estructuración 8 de mayo de 2013. Al estar en desacuerdo interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia. El 31 de marzo de 2014 la Junta Regional emitió dictamen de PCL del 50.46%, con fecha de estructuración el 12 de abril de 2012. Interpuso recurso de apelación ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez al no estar de acuerdo con la fecha de estructuración. El dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez determinó una PCL del 41.27% y, como fecha de estructuración el 12 de abril de 2012. Finalmente, acudió a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, quien determinó que tenía una PCL del 66.56% con fecha de estructuración el 12 de abril de 2012.

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Radicación n.°93311 Manifestó que la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Antioquia determinó un 22.5% por la trombosis venosa; 18% por la anquilosis de tobillo derecho; 12% por la anquilosis de rodilla derecha; 7.4% por hipertensión arterial y 2.5% por la Hipertrofia Benigna de Próstata; por discapacidad otorgó un 7.2% y por minusvalía

un 17%, para un total de PCL del 66.56%. Afirmó que para el año 2012 contaba con 55 años de edad ya que nació el 28 de febrero de 1957 y contaba con 1146 semanas de cotización al sistema general de pensiones. Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, exclusivamente aceptó lo referente a la calificación que fue efectuada por ella. En su defensa propuso inexistencia de la obligación de pagar pensión especial de vejez por discapacidad física, buena fe, inexistencia de la obligación de pagar intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, improcedencia de la indexación, imposibilidad de condena en costas, prescripción y compensación. Mediante auto de 15 de febrero de 2017, se integró el litisconsorcio necesario por pasiva con la Junta Nacional de Calificación de Invalidez de manera oficiosa, quien en su respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones, aceptó la ocurrencia del siniestro, las calificaciones efectuadas por Colpensiones, las Juntas Regional, Nacional y la Escuela de Salud Pública. No obstante, alegó que el dictamen elaborado

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Radicación n.°93311 por la Escuela de Salud Pública en lo referente al deterioro progresivo es una situación ajena a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Refiere que respecto de la hipertrofia de próstata esta no fue objeto de estudio por cuanto la patología no fue calificada en primera oportunidad. Negó los hechos restantes.

En su defensa propuso la excepción de legalidad de la calificación emitida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y la variación de la condición clínica del paciente con posterioridad al dictamen de la Junta Nacional exime de responsabilidad a la entidad.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 5 de septiembre de 2019 (fls. 285), decidió: Primero: Dejar sin efectos el dictamen n°15423116 de 11 de noviembre de 2014, emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en cuanto el porcentaje de PCL del señor Luis Ángel Hincapié Bedoya para en su lugar, tener que el mismo fue superior al 50% y mantener dicha experticia en lo referente a la fecha de estructuración del estado de invalidez.

Segundo: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones a pagar al Señor Luis Ángel Hincapié Bedoya como retroactivo de pensión anticipada de vejez, la suma de

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Radicación n.°93311 $90.425.525.

Tercero: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, seguirle pagando al señor Luis Ángel a partir del 1 de septiembre de 2019 una mesada por valor de $1.189.143, incluyendo la adicional de diciembre y los incrementos anuales establecidos en el art.14 de la Ley 100 de 1993.

Cuarto: Condenar al pago de los intereses moratorios y autorizar a Colpensiones a descontar del valor del

retroactivo, lo correspondiente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud. Absolvió a la demandada de las restantes pretensiones. En lo que interesa al recurso de casación, advirtió el juez de primera instancia que, conforme con la liquidación que se anexa a folio 287 debía calcularse un IBL de $820.499,54 y aplicar una tasa de remplazo del 67.5%, lo que arrojó finalmente una mesada de $553.837.19.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo de 30 de julio de 2021 al estudiar la apelación de la demandada

(Colpensiones) y el grado jurisdiccional de consulta a favor de la misma enjuiciada decidió modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia y,

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Radicación n.°93311 en su lugar, condenar a Colpensiones a pagar la suma de $112.495.995 por concepto de retroactivo. Condenó igualmente a Colpensiones que a partir del 1 de agosto de 2021 siga reconociendo y pagando al demandante una mesada pensional por valor de $1.156.383 y las mesadas adicionales de diciembre, con los respectivos incrementos de ley. Se confirmó en lo restante. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal examinó tres aspectos: 1) Los requisitos legales de la prestación reclamada. El juez de apelaciones teniendo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo 4° del artículo 9 de la Ley 797 de 2003

encontró que el demandante cumplió con los requisitos del parágrafo pues, ante la existencia de los distintos dictámenes que obran en el expediente, el concepto de deficiencia, que es el único relevante para este tema, fue el calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Esta última concluyó que la deficiencia sí supera el mínimo establecido en la ley, atendiendo a que «fueron calificados con un 29,56% y 42.36%, lo que equivale una vez realizada la regla de 3 al 59.12% y 84.72% respectivamente». A efectos de determinar cuál de los dictámenes debe tenerse en cuenta, precisó el ad quem que todos fueron realizados de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 917

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Radicación n.°93311 de 1999, sin embargo, el concepto realizado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia se distingue de los demás puesto que fue efectuado con base en la historia clínica, los conceptos de especialistas tratantes y dictámenes previos. Agregó el colegiado de instancia que el profesional que suscribió el dictamen señaló ante el interrogatorio que las úlceras del demandante se le infectan constantemente y no le permiten estar de pie o sentado de forma permanente, lo cual le impide desarrollar en condiciones normales su oficio de mecánico. Además de presentar otras patologías que agravan su salud, entre las que señaló la insuficiencia venosa. Se encuentra además probado que el demandante

acreditó tener 55 años, pues nació el 28 de febrero de 1957 y cotizó 1158 semanas al 30 de abril de 2019, por lo cual superó en consecuencia, el mínimo exigido en la ley.

1. Retroactivo Pensional.

En relación con el retroactivo pensional consideró que este se causó el 28 de febrero de 2012, cuando arribó a la edad de 55 años, pues para ese momento acreditaba 1158 semanas. Y la mesada pensional debió liquidarse tomando en cuenta la actualización de todas las cotizaciones teniendo en cuenta el IPC final correspondiente a diciembre de 2011 por valor de 76,19.

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Radicación n.°93311 Adicionalmente encontró el ad quem que la tasa de remplazo al valor que se aplica es del 68.93%. Y consideró procedente modificar la condena puesto que se trata de la protección a los derechos fundamentales a la seguridad social. 3) Intereses moratorios. En lo que interesa a la condena por concepto de intereses moratorios consideró que la mora opera pasados los cuatro meses de radicada la solicitud, razón por la cual al tener en cuenta que el actor solicitó la pensión el 4 de diciembre de 2015, teniendo los requisitos cumplidos para dicha fecha procede la condena impuesta a partir del 4 de abril de 2016, fecha a partir de la cual se condenará por tal concepto.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, la absuelva de todas las pretensiones de la demanda y determine la condena en costas según corresponda. De manera subsidiaria solicitó casar parcialmente la sentencia en cuanto modificó la

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Radicación n.°93311 primera mesada pensional y modificó el valor del retroactivo contenido en el numeral segundo de la sentencia de primera instancia. Así mismo, revoque la condena al pago de intereses moratorios y una vez constituida en sede de instancia, confirme parcialmente la sentencia de primer grado en cuanto al valor de la primera mesada pensional y el retroactivo. Y a su vez, se revoque la condena al pago de intereses moratorios y determine la condena en costas según corresponda. Con tal propósito formula cuatro cargos, el segundo por la causal segunda y los demás por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados oportunamente.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de violar la ley sustancial por la vía directa, bajo la modalidad de interpretación errónea de los artículos 9 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, lo que condujo a la infracción directa del artículo 12 de la Ley 100 de 1993, articulo 1 de la Ley 860 de 2003.

A juicio de la recurrente es errada la tesis del cumplimiento de requisitos de la pensión especial de vejez que expuso el Tribunal, por tanto, la prestación debía

someterse en su integridad a lo exigido por la Ley 860 de 2003, frente al requisito de número de semanas de cotización. Lo anterior, le permitió inferir y concluir que el demandante no cumplió con lo exigido para acceder a la

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Radicación n.°93311 pensión anticipada de vejez por invalidez, la cual parte del principio del cumplimiento del requisito de semanas de cotización, pero a la espera del cumplimiento de la edad. Para la recurrente, la sentencia del Tribunal violó el principio de legalidad que rige el Sistema de Seguridad Social, y con observación de la norma que regula la pensión de invalidez, igualmente vulneró el principio de inescindibilidad que a la postre establece que la norma «debe (…) aplicarse de manera íntegra en su relación con la totalidad del cuerpo normativo al que pertenece, sin que sea admisible escisiones o fragmentaciones tomando lo más favorable de las disposiciones en conflicto, o utilizando disposiciones jurídicas contenidas en un régimen normativo distinto al elegido».

VII. RÉPLICA En una réplica conjunta a los cargos señaló el opositor que la decisión de primera instancia es acertada al hablar de derechos fundamentales, relacionados con la vida, dignidad humana, seguridad social y mínimo vital, pues se encuentra en un estado de protección especial, en un estado de debilidad manifiesta, ya que tiene una merma de capacidad laboral superior al 66,56% desde abril de 2012 que le impide laborar, y casi 10 años después, aún no ha sido pensionado por invalidez, pese a todos los trámites, requerimientos y procesos judiciales instaurados, siendo su familia la

encargada de sufragar todos los gastos médicos que demandan sus enfermedades.

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Radicación n.°93311 Manifestó que no existe una violación de la ley sustancial como tampoco una aplicación indebida del artículo 9 de la Ley 860 de 2003 y no se configura ningún tipo de arbitrariedad. Se apoyó en la sentencia de la CSJ SL 31017, sin indicar año.

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal fundamentó su decisión en que el demandante cumplía los requisitos exigidos en el parágrafo 4o del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, pues considera que: 1) De los dictámenes aportados al expediente, el emitido por parte de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, estableció el porcentaje de la deficiencia exigido en la ley, 2) el actor cumplió la edad exigida por la ley, pues acreditó tener 55 años - nació el 28 de febrero de 1957y, 3) cotizó 1158 semanas al 30 de abril de 2019.

La censura radica su inconformidad en que el Tribunal debió estudiar la prestación bajo la égida de la Ley 860 de 2003 y, en esa medida, el demandante no cumplió con lo exigido para acceder a la pensión anticipada de vejez por invalidez, la cual parte del principio del cumplimiento del requisito de semanas de cotización, pero a la espera del cumplimiento de la edad. Por tal razón considera que se vulnera el principio de legalidad que rige el Sistema de Seguridad Social. En el contexto que antecede debe entonces dilucidar la Sala si en la decisión acusada se evidencia una

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Radicación n.°93311 interpretación errónea del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y la pensión de invalidez debía reconocerse conforme con los requisitos exigidos en la Ley 860 de 2003. En relación con la pensión anticipada de vejez, prevista en el parágrafo 4o del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que modificó el 33 de la Ley 100 de 1993, la Corte ha señalado que, si bien esta pensión lo que busca es flexibilizar los requisitos de la pensión de vejez para las personas que se encuentran en una situación de discapacidad, no se puede desconocer que la prestación por invalidez que se causa precisamente cuando sobreviene ésta, ya engloba la protección a esa condición especial, por lo que no resulta válido pretender el amparo de la contingencia originada en el mismo evento ya cubierto por el sistema de riesgos laborales

(CSJ SL3732-2021, SL1984-2021).

También ha precisado la Corporación que la pensión anticipada de vejez tiene algunos rasgos similares a las pensiones de vejez y de invalidez. Sin embargo, se trata de tres clases diferentes de pensiones (vejez, invalidez y la de vejez anticipada por invalidez), razón por la cual es preciso establecer cuáles son las diferencias entre la una y las otras

(CSJ SL1037-2021).

Específicamente en relación con la pensión de invalidez esclareció el precedente que, en este tipo de pensión

(anticipada por vejez), se acude al concepto de deficiencia que, de conformidad con lo estipulado en el Decreto 917 de

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Radicación n.°93311 1999 es uno de los criterios a tener en cuenta para la calificación de la invalidez. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del mencionado decretó el valor o puntaje máximo para calificar la deficiencia de una persona es cincuenta (50) (CSJ SL1037-2021). El Decreto 917 de 1999, señala que la deficiencia es uno de los criterios para la calificación integral de invalidez, junto con la discapacidad y la minusvalía. Y que cada uno de estos criterios tiene un puntaje máximo, y la sumatoria de todos ellos determina la pérdida de la capacidad laboral de la persona. En este orden, a efectos de obtener el reconocimiento de la pensión anticipada de vejez por invalidez se exige que, de los distintos criterios existentes para calificar la invalidez solo la concurrencia de uno de ellos y en un porcentaje igual o superior al 50% es el requerido. Es así como el criterio de deficiencia se convierte en una condición clave para diferenciar esta prestación de la pensión de invalidez, ya que esta última exige la pérdida de la capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al 50%, pérdida que se determina, se reitera, con la sumatoria de los tres criterios señalados en el Manual Único de Calificación de Invalidez (CSJ SL10372021). Y es que la pensión anticipada de vejez se trata de una prestación económica que busca amparar a las personas con

una deficiencia físicas, psíquicas o sensoriales, en observancia de lo dispuesto por los artículos 13, 48 y 53 de

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Radicación n.°93311 la Constitución, en la cual el legislador no señaló cuál debía ser el origen de la deficiencia, lo que significa que la misma puede ser consecuencia de cualquier tipo de enfermedad, accidental o voluntaria. Lo cual crea una diferencia con la pensión de invalidez, pues la norma establece claramente que la causa de la pérdida de la capacidad laboral debe provenir de una enfermedad o accidente no profesional y que la misma no haya sido provocada intencionalmente por el afiliado (CSJ SL1037-2021). Adicional a lo expuesto destaca la Sala que dicha prestación económica fue una innovación de la Ley 797 de 2003, sin que pueda entenderse que se trata de una suerte de prestación puente o un estadio intermedio entre la pensión de invalidez y la común de vejez, es sencillamente, una pensión de vejez anticipada por una particular condición de salud (CSJ SL1037-2021). Desde la perspectiva analizada y reiterada por la jurisprudencia, no existe duda de que la pensión anticipada de vejez resulta ser una prestación distinta de la pensión de invalidez, pues no solamente está regulada en una normativa diferente, sino también como acaba de verse, establece requisitos distintos para su reconocimiento, es decir, no puede realizarse ningún tipo de remisión normativa o aplicar requisitos propios de la pensión de invalidez regulada en la Ley 860 de 2003, puesto que como acaba de señalarse se

trata de dos prestaciones económicas diferentes. A efectos de una mejor comprensión se ilustran los

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Radicación n.°93311 argumentos expuestos en el siguiente cuadro: Concepto Pensión de Pensión de Pensión y normas vejez invalidez anticipada (riesgo común) por vejez Normas Artículo 33 de Artículo 38 y 39 de Parágrafo 4 del la Ley 100 de la Ley 100 de 1993 artículo 33 de 1993 la Ley 100 de 1993

Requisitos Edad: 57 Acreditar un 50% o Acreditar una años para las más de PCL deficiencia mujeres y 62 Tiempo: 50 física, síquica o para los semanas dentro de sensorial del hombres los tres años 50% o más, Tiempo anteriores a la Cumplimiento cotizado:1300 estructuración de la de 55 años de semanas invalidez edad Tiempo: cotizado en forma continua o discontinua 1000 o más semanas al régimen de seguridad social establecido en la Ley 100 de

1993. Deficiencia No se exige No se exige Se exige un acreditar porcentaje especial. mínimo del El 50% exigido 50% corresponde a la sumatoria de todos los criterios Riesgo o Pertenece al Se exige que las Busca proteger contingencia riesgo común patologías, la deficiencia, protegido se ampara la enfermedad o con contingencia accidente no sea independencia por vejez profesional del origen de la patología o enfermedad a la persona que cumpla la edad mínima requerida.

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Radicación n.°93311 En el caso sub examine, resulta claro que la demanda lo que pretende es obtener es la pensión especial de vejez conforme las prescripciones del parágrafo 4o del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y toda la fundamentación fáctica y jurídica se sustenta en el reconocimiento de la mencionada prestación económica, razón por la cual no prosperan los argumentos de la recurrente, en cuanto a establecer que la interpretación de la norma exige la aplicación de la Ley 860 de 2003. De otra parte, no se vulnera el principio de legalidad puesto que la prestación reconocida tiene sustento en las normas previstas en el régimen de seguridad social integral. Por las anteriores razones no prospera el cargo.

IX. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada de violar el principio de la non reformatio in pejus contenido en el artículo 31 de la Constitución Política al hacer más gravosa la condena del apelante único.

Afirmó que en la sentencia proferida por el Tribunal el 30 de julio de 2021 se estableció: «SEGUNDO: Se MODIFICA el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia. En su lugar se CONDENA a COLPENSIONES a que a partir del 1° de agosto de 2021 siga reconociendo y pagando al demandante una mesada pensional por valor de $1.156.383, tanto en las mesadas ordinarias como en la adicional de diciembre, con los respectivos incrementos de ley». La censura consideró que la sentencia del Tribunal

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Radicación n.°93311 vulneró la disposición contenida en la Constitución Política

en su artículo 31, así como los principios del derecho de defensa, legalidad y acceso a la administración de justicia. El perjuicio en que incurrió el colegiado de instancia de manera arbitraria consistió en modificar la primera mesada pensional del demandante y aumentar su valor bajo la presunta garantía de los derechos fundamentales. Con la anterior decisión señaló la recurrente se afectaron sus garantías procesales como demandada al actuar con extralimitación a las facultades como operador judicial, lo cual pone en riesgo la estabilidad jurídica de las decisiones judiciales. Citó como fundamento la sentencia

CSJ SL2583-2020.

X. CONSIDERACIONES Con el fin de resolver el cargo, la Sala debe determinar si el Tribunal reformó la sentencia de primer grado en contra de los intereses de la demandada Colpensiones, a favor de quien se surtió el grado jurisdiccional de consulta y quien además presentó el recurso de apelación, sin que el accionante impugnara el mismo asunto.

Para ello estudiará dos temas: i) principio de la reformatio in pejus y ii) excepciones al principio de la reformatio in pejus cuando se trata de derechos mínimos e irrrenunciables, para finalmente, dar respuesta al problema jurídico planteado y, iii) resolver el caso concreto.

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Radicación n.°93311 i) El principio de la non reformatio in pejus. Conviene recordar que el principio prohibitivo de la non reformatio in pejus, consiste en que el superior funcional no puede empeorar, agravar o perjudicar la situación del apelante único que busca mejorar su situación, o respecto de

la parte en cuyo favor se surtió la consulta, puesto que constituye un límite al poder jurisdiccional del juez de alzada, como garantía del derecho fundamental al debido proceso. Al respecto, esta Sala ha dicho que el único objeto de la causal segunda de casación es eliminar el defecto procedimental en que incurre el juzgador de segunda instancia al proferir una sentencia que reforma en perjuicio la situación procesal del impugnante o del beneficiario del mencionado grado jurisdiccional de consulta (Al respecto se puede consultar entre otras sentencias CSJ SL1704-2021 y SL5596 –2019, reiterada en SL2617-2021). Es importante precisar que la causal segunda de casación laboral, puede ser invocada cuando la sentencia de segunda instancia contiene decisiones que hacen más gravosa la situación de la parte que únicamente apeló la de primera instancia, o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Es así como su finalidad es eliminar el defecto procedimental en que incurre el juzgador de segunda instancia y se encuentra establecida para cuando el ad quem reforma la sentencia de primer grado en contra del único apelante, generándole mayores cargas o provocándole una situación más gravosa respecto de las determinaciones adoptadas por dicha decisión, desconociendo con ello el

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Radicación n.°93311 principio constitucional de la non reformatio in pejus que gobierna las actuaciones que debe surtir el juez de segundo grado CSJ SL417-2021, SL1704-2021 y SL5596 –2019, reiterada en SL2617-2021). ii) Excepciones al principio de la non reformatio in

pejus cuando se trata de derechos mínimos e irrrenunciables. Ahora bien, no puede perderse de vista que, en materia de apelación el precedente ha establecido que dicha limitación no existe cuando al surtir la alzada el juez plural conoce del asunto en controversia en virtud del grado jurisdiccional. Ello porque dicha institución procesal busca la realización de objetivos y valores constitucionales como la prevalencia del derecho sustancial y la garantía de un orden justo, razón por la que opera por ministerio de la ley en los casos previstos expresamente por el legislador, y no como iniciativa de las partes del proceso. Ahora, en relación con dicho grado jurisdiccional el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad

Social dispone: ARTICULO 69. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA. <modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007. Además de estos recursos existirá un grado de jurisdicción denominado de

“consulta”. Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas.

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Radicación n.°93311 También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante. En este último caso se informará al Ministerio del ramo respectivo y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la remisión del expediente al superior. Así las cosas, cuando el juez colegiado al surtir la alzada

conoce también del grado jurisdiccional de consulta, tiene amplias facultades para examinar el asunto sin estar sujeto a los límites que impone el recurso de apelación o el principio de la non reformatio in pejus, dado que es su ineludible obligación el examen pleno del fallo primigenio (CSJ SL4402021), con el fin de cumplir los fines constitucionales de la prevalencia del derecho sustancial y la garantía de un orden justo. (Énfasis añadido, CSJ SL 3693-2021). Se ha sostenido entonces que la desmejora de la situación sustancial debe reflejarse en la parte resolutiva de las decisiones de primer y segundo grado, y no en sus consideraciones; además que, hacer más gravosa la situación jurídica de quien impugna, no comporta cualquier modificación de la decisión de primer grado, sino que debe verificarse, sin mayor esfuerzo, una verdadera afectación de los intereses jurídicos ya logrados (CSJ SL 19563-2017). De otra parte, el principio de la no reforma en perjuicio está contemplado en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil (y actualmente en el art. 626 del Código General del Proceso) y como causal de casación en el numeral 2º del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es una de las garantías del derecho

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Radicación n.°93311 fundamental al debido proceso (CSJ SL 1610-2014). Además, se encuentra regulado en el artículo 31 de la C.P. En consonancia con lo expuesto advierte la Sala que en sentencia CC C-968-2003 la Corte Constitucional se

preguntó ¿Qué sucedería cuando el juez de primera instancia deje de reconocer beneficios mínimos irrenunciables a que tiene derecho el trabajador, debatidos dentro del proceso con la plenitud de las formas legales y debidamente probados, y el recurrente al interponer el recurso de apelación no repara en ellos y no lo sustenta debidamente de modo que deja de reclamar ante el superior sobre tales derechos laborales?. ¿En tal hipótesis debe el juez laboral que dicta sentencia de segunda instancia ceñirse al mandato de la norma acusada que le exige guardar consonancia con la materia objeto del recurso? Se dijo que no realizar un pronunciamiento al respecto comporta no sólo un flagrante desconocimiento del principio de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales que consagra el artículo 53 Superior, sino también del principio de la prevalencia del derecho sustancial que, según se explicó, le impone al juez laboral, como director del proceso, el deber de aplicar las normas procesales para hacer efectivos los derechos de quienes intervienen en el proceso, especialmente, los derechos de los trabajadores (Énfasis añadido) (CC C-9682003). Y, en relación con el principio de consonancia, por ejemplo, debe entenderse que el examen que efectúa el superior no se limita a los asuntos desfavorables del fallo de

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Radicación n.°93311 primera instancia sobre los cuales versa la impugnación, sino a todos aquellos aspectos desfavorables al trabajador que involucran beneficios mínimos irrenunciables los cuales deben entenderse siempre incluidos en el recurso de alzada.

En ilación con lo anterior y siguiendo esa línea de pensamiento