CSJ - SL2566-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2566-2023 Radicación n.° 96000 Acta 39 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el 30 de junio de 2021, en el proceso ordinario laboral que instauró MARIO GONZÁLEZ QUINTERO contra la entidad recurrente.

I. ANTECEDENTES Mario González Quintero demandó a la Fundación Universitaria San Martín, con el fin de que se declare que entre ellos existió un contrato de trabajo desde el 1 de noviembre de 1999 hasta el 21 de noviembre de 2018, el cual terminó sin justa causa.

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Radicación n.° 96000 Solicitó se condenara a la demandada a pagarle los siguientes conceptos: primas legales, compensación de las vacaciones, auxilio de cesantía y sus intereses, salario de los meses de julio a diciembre de 2014 y de enero y febrero de 2015; la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del CST; los aportes a pensión; la indemnización por despido sin justa causa; la sanción por no consignación del auxilio de cesantía, correspondiente a los años 2000 a 2015; la indexación de las sumas adeudadas; y los derechos a que haya lugar, en uso de las facultades ultra y extra petita; y las

costas procesales. Fundamentó sus pretensiones, esencialmente, en que se vinculó con la accionada mediante contrato de prestación de servicios profesionales, como coordinador de la sede de la Fundación en la ciudad de Cúcuta, continuamente subordinado a las directivas de Bogotá; y que las funciones que desarrollaba eran las siguientes: nombrar profesores y personal administrativo; planear actividades académicas; controlar la asistencia de funcionarios; elaborar el presupuesto de ingresos y gastos; controlar actividades para reingresos y labores de mantenimiento y aseo; elaborar informes con destino a la oficina central; coordinar las defensas de trabajo de grado; rendir informes de cierre para la dirección financiera; pagar servicios públicos y, en general, realizar todo lo relacionado con el funcionamiento de la universidad en esa ciudad. Que siempre cumplió el horario de lunes a viernes de 6 a. m. a 10 p. m., habiendo acordado un salario de $3.000.000

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Radicación n.° 96000 mensuales, el cual solo tuvo un incremento a $3.402.000; que ejecutó la labor de manera personal, atendiendo las instrucciones de la empleadora dentro de la jornada estipulada; que durante la vigencia del contrato de prestación de servicios profesionales y luego, «con el nombramiento» de coordinador, realizó la misma actividad de director de la sede de Cúcuta hasta el 21 de noviembre de 2018; que el 1 de enero de 2016 le hicieron firmar un contrato de trabajo a término fijo de un año, el cual se prorrogó cada seis meses hasta el 21 de noviembre de 2018,

data en que le comunicaron la terminación por expiración del plazo fijo pactado. Afirmó que fue despedido injustamente por cuanto el contrato inicial fue a término indefinido porque «los contratos a término fijo vienen hacer (sic) como continuación por cuanto no hubo cambio en cuanto a la función realizada»; y que la demandada no le pagó los salarios pretendidos, ni las primas legales, ni el auxilio de cesantía y sus intereses, correspondientes a los años 2000 a 2015 y 2018; y que no fue afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral, ni le cancelaron las vacaciones. La Fundación, al contestar la demanda (f.° 93) se opuso a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, aceptó que la vinculación se dio mediante un contrato de prestación de servicios para desempeñarse como asesor en el área de la sede de Cúcuta, a partir del 1 de noviembre de 1999. Frente a los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos o no le constaban.

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Radicación n.° 96000 En su defensa manifestó que el demandante se ligó mediante contrato de prestación de servicios profesionales, desempeñando el cargo de asesor de la sede de Cúcuta, tal como consta en el documento contentivo del vínculo suscrito entre las partes; y que las aseveraciones del actor carecían tanto de sustento fáctico como jurídico, por lo que a aquel le correspondía acreditar los hechos reseñados en la demanda inaugural. Agregó que para el 1 de enero de 2016 suscribieron un

contrato de trabajo a término fijo para ejercer el cargo de coordinador regional de Cúcuta, con una asignación salarial de $3.402.000, el cual fue prorrogado hasta el 30 de diciembre de 2016; y que para el 2017, firmaron otro contrato el 10 de enero, el que también se difirió sucesivamente hasta el 21 de noviembre de 2018. En su defensa propuso las excepciones que denominó prescripción de los derechos y obligaciones laborales, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, buena fe y la ecuménica o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 4 de marzo de 2021, resolvió: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido propuestas

por la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN.

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Radicación n.° 96000

SEGUNDO: DECLARAR que entre el demandante MARIO GONZÁLEZ QUINTERO y la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN existió un contrato de trabajo realidad de carácter indefinido desde el 1 de noviembre de 1999 hasta el 21 de noviembre de 2018.

TERCERO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción sobre aquellos derechos laborales que se causaron con anterioridad al 18 de diciembre de 2015 y que no tienen el carácter de imprescriptibles, conforme lo explicado en la parte

motiva de esta providencia.

CUARTO: CONDENAR a la Fundación Universitaria San Martín a reconocer y pagar al demandante las siguientes obligaciones laborales: a) Las cesantías causadas desde el primero de noviembre de 1999 hasta el 30 de diciembre de 2016 por cuantía de $56.726.000, conforme se indica en la parte motiva de esta providencia. b) Los intereses de cesantías causados desde el 1 de noviembre de 1999 hasta el 31 de diciembre del 2015 por suma de $12.697.760, los cuales se liquidan de forma doblada. c) La prima de servicios del segundo semestre del año 2015 por la suma de $1.701.000. d) Las vacaciones causadas desde el 1 de noviembre de 2013 hasta el 30 de octubre de 2014 por la suma de $408.240 y las vacaciones causadas del 1 de noviembre de 2014 hasta el 1 de noviembre de 2015, por la suma de 408.240. e) La indemnización por despido consagrada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo equivalente a la suma de $44.358.300. f) La sanción moratoria por no consignación de las cesantías consagradas en el artículo 99 de la ley 50 de 1990, las cesantías del año 2014 del 18 de diciembre del 2015 al 14 de febrero de 2016, debido a un salario diario de $113.400; para las cesantías del año 2015, del 15 de febrero de 2016 al 14 de febrero 2017, a razón de un salario diario de $113.400; para las cesantías del año 2016, del 15 de

febrero de 2017 al 14 de febrero del 2018, a razón de un salario diario de $113.400. g) La sanción moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, a partir del 21 de noviembre de 2018 y por un término de 24 meses, en razón de un salario diario de $113.400, y a partir del mes 25, los intereses moratorios a la tasa máxima del crédito de libre asignación certificado por la Superintendencia Bancaria, sobre las sumas adeudadas al trabajador demandante por concepto de salarios y prestaciones sociales. h) Consignar a la administradora de fondo de pensiones que se encuentre vinculado el señor Mario González Quintero

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Radicación n.° 96000 el respectivo cálculo actuarial que determine dicha entidad por los aportes causados durante el periodo que va del 1 de noviembre de 1999 al 31 de diciembre de 2015, los cuales deberán ser liquidados con los salarios que devengó el demandante durante la vigencia de la relación laboral, esto es, del 1 de noviembre de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2003, a la suma de $3.000.000; y a partir del 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2015 a la suma de $3.402.000.

QUINTO: CONDENAR en costas a la parte demandada.

SEXTO: ABSOLVER a la Fundación Universitaria de San Martín de las demás pretensiones de la demanda.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito

Judicial de Cúcuta, mediante providencia del 30 de junio de 2021, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la empresa demandada, decidió confirmar la sentencia del Juzgado. En lo que interesa al recurso extraordinario, el sentenciador delimitó el problema jurídico en determinar «si el nexo contractual del demandante con la encartada entre el 1 de noviembre de 1999 hasta el 21 de noviembre de 2018 lo fue a través de un solo contrato de trabajo o en su defecto de dos vínculos de diferente naturaleza». En caso de concluir que se trató de uno solo de orden laboral, debía «establecer si estuvo regido bajo más de una modalidad contractual», y si la terminación del 21 de noviembre de 2018, lo fue «por justa causa imputable al empleador. Finalmente determinar si era procedente imponer condena a la demandada por concepto de la sanción por la no consignación de las cesantías y la indemnización moratoria».

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Radicación n.° 96000 En primer lugar, señaló que era menester determinar si se daban los elementos esenciales del contrato, esto es, la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario; que a quien alegaba la existencia de un contrato de trabajo, le bastaba probar la prestación personal del servicio para que inmediatamente operara en su favor la presunción del artículo 24 del CST, según la cual, toda relación de trabajo está regida por un contrato de dicha naturaleza, tal como lo ha aceptado la jurisprudencia y la doctrina. Por ello, si la parte actora demostraba el primer presupuesto, la pasiva, para exonerarse de responsabilidad,

debía demostrar que la labor no era subordinada, es decir, que no se impartieron órdenes, instrucciones, directrices o reglamentos relacionados con la forma como el trabajador debía desarrollar sus labores y cumplir las obligaciones adquiridas. Al respecto, indicó que el primer elemento consustancial al contrato laboral, esto es, la actividad personal en beneficio de la persona natural accionada, estaba debidamente acreditado ya que desde la contestación de la demanda, la entidad educativa había admitido que el actor le prestó servicios como asesor a partir del 1 de noviembre de 1999, aunque aclaró que la vinculación fue de carácter civil; que la misma pasiva adujo que esa prestación se extendió hasta el 30 de diciembre de 2015, fecha en la que finalizó por mutuo acuerdo, dado que el 1 de enero siguiente suscribieron un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año para desempeñar el cargo de coordinador regional de

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Radicación n.° 96000 Cúcuta, supuesto que se corroboraba con las documentales visibles a folios 15 y 112 a 114. Por consiguiente, estando evidenciada la prestación personal del servicio por parte del demandante en favor de la pasiva, era dable tener por establecida y probada la presunción de contrato de trabajo, tal como lo había dado por determinado el sentenciador de primer grado, ya que, contrario a lo esbozado por la apelante, sí observó el contrato de prestación de servicios, las certificaciones expedidas por la Fundación (f.os 142-152) las cuentas de cobro, los informes de actividades (f.os 153-182) y las cotizaciones que como

trabajador independiente realizó González Quintero. Agregó que el juez les concedió una interpretación acertada, ya que, una vez encontró acreditada la prestación personal del servicio, activó la presunción que la llamada a juicio no logró desvirtuar; por el contrario, lo que quedó evidenciado es la certeza de que existió un contrato de trabajo; que la fundación recurrente «no realizó el más mínimo esfuerzo probatorio con miras a derruir la presunción de trabajo subordinado que se extrae del hecho indiscutido de la prestación personal del servicio». Arguyó que, pese a que el contrato de prestación de servicios fue para que el actor le brindara asesoría a la fundación, a través de «la emisión de conceptos propios de su profesión, oficio o especialidad, absolver consultas verbales o escritas, elaborar programas, planes especiales, calendarios y en general proporcionar a la institución todos los

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Radicación n.° 96000 conocimientos y experiencia necesarios para el correcto desarrollo de las asesorías correspondientes» (cláusula primera), lo cierto era que las pruebas demostraban que «no fungió como un simple asesor, en tanto que, en el desarrollo de aquella vinculación se le nombró como tutor para dirigir proyectos de investigación» (Acuerdo 08 del 24 de noviembre de 1999, f.° 16 y 17). Que, además, se desempeñó como director del Centro de Atención Tutorial de Cúcuta, según constaba en las comunicaciones a él dirigidas, entre ellas, las suscritas por el rector del centro universitario Jaime Villamizar (f.°. 23),

calidad en la que representó ante distintas entidades a la Fundación (f.os 11-13 y 38); fue nombrado como director del Consejo Académico del Programa de Finanzas y Relaciones Internacionales, extensión Cúcuta; y que el 17 de enero de 2006 fue encargado temporalmente de la decanatura de la Facultad de Finanzas (f.° 28). Que los informes de labores presentados por el actor (f.os 154-176) daban cuenta de que fungió como coordinador del Centro de Atención Tutorial de Cúcuta, desempeñando las siguientes actividades: [...] selección de tutores para la dirección de los trabajos de grado, control de asistencia de los funcionarios del centro, planeación de actividades académicas y organización de horarios, elaboración de presupuesto, organización de labores de mantenimiento, organización de ceremonias de grado, organización y desarrollo de los comités curriculares y comité académico de cada programa, alistamiento de actividades para tareas de plan de mejoramiento acorde con directrices del nivel central”, entre otras.

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Radicación n.° 96000 Arguyó que las anteriores funciones no eran autónomas e independientes o de mera asesoría, «como era el objeto del presunto contrato de prestación de servicios», sino, por el contrario, se constituyeron como esenciales en tanto fungió «nada más y nada menos como el Coordinador del CAT – Cúcuta», convirtiéndolo en parte integrante de la organización, aspecto notable por haber permanecido al servicio de la demandada de manera ininterrumpida durante más de quince años en el mismo cargo.

En consecuencia, al no «debilitarse la presunción de que la prestación personal del servicio estuvo regida por un contrato de trabajo, como lo extrajo el a-quo, mal podría acudirse en el marco de las relaciones de trabajo a la aplicación de las normas que regulan el contrato de prestación de servicios» conforme lo pretendía la recurrente. Agregó que la sola presencia del contrato de prestación de servicios, cuentas de cobro o pagos al sistema de seguridad social que efectuó el actor como independiente, no eran suficientes para derruir la presunción; resaltó que la apelante no se encaminó a desvirtuar esa presunción, sino a intentar probar que el contrato de prestación de servicios fue pactado conscientemente por éste, con pleno conocimiento de la clase de acuerdo que celebraba. En segundo lugar, frente a la «unidad contractual», esto es, si la relación estuvo regida por una única vinculación de orden laboral, como lo indicó el Juzgado; o si lo fue por dos contratos: el primero, entre el 1 de noviembre de 1999 y el

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Radicación n.° 96000 30 de diciembre de 2015; y el segundo, entre el 1 de enero de 2016 y el 18 de noviembre de 2018, como lo alegaba la demandada, consideró lo que sigue. Recalcó que la jurisprudencia de esta Corte ha enseñado que los empleadores gozan de libertad a la hora de escoger la modalidad contractual que más convenga a sus requerimientos comerciales, de producción o de prestación de servicios; que la vinculación de trabajadores a través de contratos de trabajo a término fijo goza de plena legitimidad

en de nuestro ordenamiento jurídico; que las formas mediante las cuales se estructura, desarrolla y termina dicho acuerdo, en los términos prescritos en los artículos 46, 55 y 61 del CST, entre otros, gozan de plena validez y vigencia; y que, a pesar de que el contrato de trabajo a término indefinido era la regla general, el legislador dotaba al empleador de otras formas de vinculación para que pudiera adecuar sus nóminas y personal a las necesidades cambiantes de la producción o de prestación de servicios

(CSJ SL3535-2015).

En esas circunstancias, en principio, dijo, deviene plenamente legítimo que el dador de laborío ofrezca a un trabajador la modalidad de vinculación que más convenga a sus necesidades, como el contrato determinado por un plazo fijo, o que los dos en cierto punto de su relación laboral decidan, libre y voluntariamente terminarla para empezar otra diferente o modificar algunos de sus puntos trascendentales, en ejercicio de la autonomía de la voluntad (CSJ SL, 30 oct. 2012, rad. 39432).

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Radicación n.° 96000 No obstante, expuso, también se ha precisado que las formas jurídicas previstas por el legislador no pueden ser indebidamente utilizadas por el empleador para propósitos como el de eludir las garantías mínimas legales establecidas a favor de los trabajadores. En ese sentido, a pesar de las convenciones expresamente suscritas por las partes, «es deber del juez examinar si, materialmente, existió unicidad o no en el contrato de trabajo, para de allí extraer todas sus consecuencias».

Por manera que, si bien las partes gozan de autonomía para suscribir contratos de trabajo a término fijo, así como para variar las condiciones de su vínculo laboral, en desarrollo del principio de la primacía de la realidad sobre las formas y de irrenunciabilidad de derechos laborales, «tal novación de las condiciones del contrato solo resulta válida si se corresponde con la realidad, es decir, si se identifica con un cambio real en el objeto del contrato y no se enmarca en el plano meramente formal con la finalidad de eliminar garantías especiales para el trabajador». Al respecto, arguyó que, en el caso de marras, las partes sostuvieron una relación subordinada bajo el rótulo de prestación de servicios, la que se desarrolló entre el 1 de noviembre de 1999 y el 30 de diciembre de 2015, fecha en la que decidieron finiquitar tal vínculo. De otra parte, según el documento obrante a folios 118 a 120, el 1 de diciembre de 2016, los contendientes suscribieron un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, el cual evidencia que efectivamente variaron la modalidad contractual, lo que, en

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Radicación n.° 96000 principio, daría pie a concluir que sí sostuvieron dos contratos diferentes. Empero, pasa por alto la pasiva ciertas particularidades relevantes de la vinculación, que se derivaban del análisis completo de las anteriores pruebas, tales como que el contrato de trabajo a término fijo no tuvo alguna causa o justificación determinada más allá de la regularización de la vinculación anómala que el actor sostenía con la Fundación encartada, pues,

no se demostró cosa diferente, y que, además, nunca hubo solución de continuidad en la prestación de los servicios, al punto que aquél inició al día siguiente de la suscripción del acta de terminación del contrato de prestación de servicios. De manera tal que, ni en términos formales ni reales, se produjo una terminación del contrato inicialmente desarrollado entre las partes. Del mismo modo, como lo advirtió el a-quo, no se verifica que con este nuevo contrato las labores concertadas fueran las distintas a las desarrolladas de manera subordinada con anterioridad a aquél en tanto que siempre fungió como coordinador y director del Centro de Atención Tutorial -CAT Cúcuta; de manera que, en el plano de la realidad, resulta diáfano concluir que el prestador de laborío prestó sus servicios a la demandada de manera continua e ininterrumpida, además de que siempre desarrolló las mismas labores y por ende, estuvo regido por una sola relación. Incluso, la remuneración estipulada en la primera vinculación y que ascendió a la suma de $3402.000, fue la misma que se pactó como salario en el contrato de trabajo a término fijo (fl 143). Corolario es que no pueden entenderse eficaces los convenios que pretenden disfrazar una interrupción entre las presuntas dos vinculaciones, valga decir el acta de terminación y el contrato de trabajo a término fijo. Ello es así, en tanto las normas que regulan el trabajo humano son de orden público, luego los pactos que las infrinjan por ser ilegales o ilícitos se consideran ineficaces, de acuerdo con los principios intrínsecos que contiene el artículo 43

del CST, común por su naturaleza tanto para las personas que presten sus servicios en el sector privado u oficial, facultándose en dicha medida al trabajador, para reclamar el pago de salarios y prestaciones legales adeudados (subrayado de la Sala). Consideró que no se podía desconocer, conforme lo ha dicho la jurisprudencia de esta Sala, que ante supuestos de suscripción de varios contratos, como aquí acontece, los jueces deben ser muy cautelosos en el examen de las pruebas y, especialmente, a la hora de verificar una posible unidad

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Radicación n.° 96000 contractual, real y material, como quiera que «es bien conocido que, algunos empleadores han adoptado estas prácticas con el ánimo de restar antigüedad en el servicio del trabajador, bien para favorecerse en la liquidación de la cesantía o bien para beneficiarse al momento de ejercer la potestad de dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo» (CSJ SL15986-2014). En esas condiciones, concluyó, que en atención al principio de primacía de la realidad sobre las formas, la relación del demandante con la entidad accionada fue una sola, tuvo el mismo objeto, fue continua e ininterrumpida y, por ende, estuvo regida por un contrato a término indefinido vigente entre el 1 de noviembre de 1999 y el 21 de noviembre de 2018, el cual terminó de forma unilateral e injusta, «ya que no existía plazo fijo que lo gobernara, resultando así acertada la condena al pago de la indemnización por despido sin justa causa, en los términos pedidos».

En tercer lugar, con relación a las indemnizaciones por no consignación del auxilio de cesantía y moratoria, argumentó que la demandada sostenía que siempre actuó de buena fe al mantener una relación de carácter comercial, a lo que se sumó la situación financiera que atravesó por cuenta de que el Ministerio de Educación Nacional, a partir del 2014, quien la sometió a vigilancia y control; que, además, no era procedente imponer «paralelamente» las dos indemnizaciones. Adujo que la jurisprudencia ha dicho que tanto la

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Radicación n.° 96000 indemnización de que trata el artículo 65 del CST, como la sanción contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no son de aplicación automática, pues se debe examinar si la omisión en el pago de salarios, prestaciones y la falta de consignación de las cesantías en el fondo elegido por el trabajador, tuvo alguna justificación razonable. Alegó que las situaciones fácticas presentadas en este asunto, conforme lo señaló el Juzgado, no evidenciaban que el actuar de la convocada a juicio hubiese estado revestido de manifestaciones propias del principio de buena fe. En efecto, nótese cómo se encaminó a desconocer la existencia de un contrato de trabajo con el demandante entre el 1 de noviembre de 1999 y el 30 de diciembre de 2015, señalando que lo que existió fue un contrato de prestación de servicios, el cual «fue una figura simulada que sostuvo por más de 15 años para no reconocer y cancelar los emolumentos laborales

que por ley le correspondían al actor». Que además la pasiva sólo reguló la vinculación hasta enero de 2016, cuando suscribió un contrato de trabajo, en el que el promotor del proceso siguió desempeñando las mismas funciones que ejercía desde 1999, «circunstancia que pone en evidencia que su actuar estuvo desprovisto de buena fe, ya que, denota que el objeto del contrato de prestación de servicios era evitar asumir el pago de los derechos laborales del actor», máxime cuando las pruebas recaudadas dieron cuenta de que siempre estuvo sometido a subordinación conforme quedó ampliamente analizado.

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Radicación n.° 96000 Sobre el particular citó algunos apartes de la sentencia CSJ, SL 16 mar. 2005, rad. 23987. A partir de lo señalado, afirmó que ni del contrato de prestación de servicios, ni de los argumentos esbozados por la demandada, surgían razones serias y atendibles que pudieran demostrar que la Fundación creyó de buena fe que el acuerdo suscrito el 1 de noviembre de 1999, era un contrato civil caracterizado por una real independencia jurídica del contratado frente al contratante, en tanto que, luego de haber transcurrido más de quince años tuvo a bien vincularlo a través de un contrato de trabajo en enero de 2016, precisamente, porque la labor desarrollada desde 1999 no correspondía a una simple o mera asesoría, sino al despliegue de una serie de funciones cardinales y permanentes para la dirección o coordinación del Centro de Atención Tutorial de la sede de Cúcuta. Agregó que, si bien en los eventos en que se discute la

naturaleza del vínculo, es factible exonerar al empleador de la condena por indemnización moratoria, ello se da cuando con razones atendibles y serias demuestra que tenía la convicción de no tener con el empleado un contrato laboral, quedando en este caso particular evidenciado que la llamada a juicio intentó disimular la verdadera vinculación laboral con la firma de un convenio ajeno al laboral; por tanto, no se daban las condiciones para exonerarla de la indemnización moratoria por no pago de las prestaciones sociales a la terminación del vínculo. Frente al argumento, según el cual, no se tuvo en cuenta la intervención de la Universidad por parte del

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Radicación n.° 96000 Ministerio de Educación Nacional, en virtud de las facultades que le fueron conferidas por la Ley 1740 de 2014, materializadas a través de las Resoluciones 841 y 01702 de 2015, haciendo hincapié en esta última, en la que se dispuso la suspensión de los pagos de las obligaciones de la Fundación hasta la fecha de ese acto administrativo, expuso que tal planteamiento no era suficiente para derruir la conclusión del sentenciador de primer grado. Lo anterior porque, si bien se quería hacer notar que con ocasión de la vigilancia especial se generó el impago de las prestaciones del demandante, y así mismo se encontraba vedado para cancelarlas, lo cierto era que en el proceso se corroboró, con independencia de la resolución en cita, tanto antes como después de su expedición, que el actuar de la demandada en perspectiva de las obligaciones laborales del actor no estuvo revestido de buena fe, ya que no podía

perderse de vista cómo desde 1999, la entidad quiso encubrir la verdadera existencia de un contrato de trabajo bajo una vinculación contractual distinta, desprovista de las obligaciones prestacionales devenidas de su actuar intencionado. Recordó que la jurisprudencia ha enseñado que circunstancias como las intervenciones administrativas no justifican dicho incumplimiento, ni permiten descartar su mala fe en la forma de ejecución de la relación de trabajo, tal como se aprecia en la sentencia CSJ SL3117-2018. Añadió que, conforme lo evidenciaban las pruebas documentales evaluadas, ni siquiera el hecho de la intervención de la

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Radicación n.° 96000 entidad tuvo incidencia en la prestación del servicio por parte del demandante, quien, siguió ejecutando sus funciones como coordinador del CAT Cúcuta de manera normal, lo que significaba que pese a la expedición de las resoluciones y los diferentes institutos de salvamento, el incumplimiento de la pasiva venía desde antes de su expedición, soportado en la negación de la existencia de una relación laboral entre 1999 y diciembre de 2015. Finalmente, con relación a la imposición de las dos indemnizaciones consideró que la alegación de la demandada lucía desacertada, en tanto ambas figuras jurídicas tienden a castigar en tiempos distintos el incumplimiento del patrono de sus obligaciones para con sus empleados. Así, la primera, por la no consignación de las cesantías está presupuestada para sancionar la omisión de quien actúa como empleador con el deber de consignar las

cesantías del trabajador en un fondo especializado para ello, deber que se extiende durante la vigencia contractual, como al momento del finiquito; mientras que la segunda, a diferencia de la anterior, se gesta en que a la terminación del vínculo, el empleador se sustraiga de cancelar al trabajador los salarios y prestaciones sociales adeudadas, es decir, su causación es a partir de la terminación del contrato, por lo que no eran concurrentes. Por tanto, no se podía argüir que se trataba de una doble condena por el mismo aspecto. Ahora, con relación al disenso, según el cual, el sentenciador de primer grado, al imponer la indemnización

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Radicación n.° 96000 moratoria, desconoció que la demanda se presentó con posterioridad a los 24 meses de haber finalizado la relación contractual, que lo fue el 21 de noviembre de 2018, dijo que tal afirmación no se acompasaba con la realidad procesal, teniendo en cuenta que, conforme al acta de reparto visible a folio 46, la radicación de la demanda inaugural tuvo lugar el 18 de diciembre de 2018 y la notificación personal de la pa