CSJ - SL2571-2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL2571-2023 Radicación n.°89067 Acta 34 Bogotá, D. C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LUISA FERNANDA BERNAL VARGAS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, el 10 de septiembre de 2019, en el proceso que instauró la recurrente contra BANCOLOMBIA S.A.

I. ANTECEDENTES Luisa Fernanda Bernal Vargas llamó a juicio a BANCOLOMBIA, con el fin de que se declare que su terminación unilateral del contrato, ocurrida el 6 de noviembre de 2014, carece de todo efecto jurídico, de conformidad con el art. 11 de la Ley 1010 de 2006, por cuanto se produjo dentro de los seis meses siguientes a la

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Radicación n.° 89067 queja de acoso laboral efectuada por ella. Igualmente, porque el empleador no le garantizó el derecho de defensa, antes de la terminación del contrato de trabajo, como lo indica la sentencia CC C-229-1998. También solicitó la ineficacia del despido, porque se hizo dentro de los cuatro meses siguientes a la firma de la última convención colectiva, suscrita el 4 de noviembre de 2014, entre la empresa y los sindicatos UNEB y SINTRABANCOL, según lo previsto sobre estabilidad contenida en el art. 12 de esa convención para 1998-1990.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, la actora solicitó el reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir desde el 8 de noviembre de 2014, con el salario básico de $1.456.176 que devengaba en el 2014 y con los incrementos del art. 5 de la convención, hasta cuando se haga efectivo el reintegro; más el pago de las cesantías, la prima de servicios legales y convencionales, y demás beneficios a que tiene derecho conforme a la convención; con la debida la indexación. La accionante fundamentó sus peticiones, básicamente, en que fue vinculada al banco mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde el 5 de agosto de 2013 hasta el 7 de noviembre de 2014, para desempeñar el cargo de cajera. El salario de los últimos meses fue $1.456.176 y estaba afiliada al Sindicato Nacional de Trabajadores del Grupo desde el 15 de septiembre de 2014.

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Radicación n.° 89067 Sobre los varios hechos que motivaron el despido, se refirió al faltante que se le presentó el 4 de noviembre de 2014, por $20.000.000, y que, una vez detectó el error, ella lo había informado y solicitado que se realizara la reversión de la transacción mal registrada, solicitud que no fue atendida por Johana Preciado ni por la directora de servicios. También narró que, posteriormente, el 6 de noviembre de 2014, ella se vio precisada a presentar una queja por acoso laboral contra la directora de servicios, en la línea de

ética de Bancolombia, motivada en el indebido manejo que dio la directora de servicios al precitado supuesto faltante y sobrante de $20 millones; además, por hacerle pagar faltantes inexistentes; el cambio injustificado de horario, diferente al de los demás trabajadores y sin atender las recomendaciones del sindicato; por no autorizar el pago de horas extras causadas de enero a marzo de 2014; por la no aprobación de un crédito solicitado y el escarnio público sufrido ante los compañeros. Relató que, el 7 de noviembre de 2014, le fue entregada la carta de terminación del contrato de trabajo con justa causa. La actora sostuvo que no cometió hecho alguno que constituyera una violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales a su cargo y que, en la carta de despido, se hizo referencia a hechos ocurridos el 22 de octubre de 2014, con un alcance que no correspondía a la realidad de los hechos, pues la verdad fue que ese día ella

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Radicación n.° 89067 solo recibió las declaraciones de impuestos correspondientes a los números de identificación 24103559 y 1018434400, declaraciones que, involuntariamente, les puso la fecha del día anterior. No obstante, en el registro del recaudo de estas declaraciones de impuestos, afirmó, sí quedaron debidamente registradas en el sistema operacional y transaccional «GOLF» con el 22 de octubre de 2014. Sostuvo que, el 23 de octubre de 2014, una vez detectó el error, siguiendo los procedimientos vigentes de Bancolombia y de la DIAN, de inmediato, con su puño y letra,

ella procedió a diligenciar el sello de refrendado, certificando la información correcta del recaudo, firmándolo y digitalizándolo, y, de esta forma, subsanó oportunamente el error. Manifestó que, hasta el momento de corrección del error cometido en las mencionadas declaraciones de recaudo de impuesto, no se habían enviado esos documentos en físico a la sección de servicios de recaudo de impuestos de Bancolombia en Bogotá, ni a la DIAN. Igualmente, refirió que ninguna de estas dos declaraciones de impuestos, correspondientes a los números de identificación 24103559 y 1018434400, tenía fecha de vencimiento el 21 de octubre de 2014; por lo que descartó que tuviera la pretensión de favorecer a algún cliente y aseveró que, en la página de la DIAN, no se encontraban dichos documentos con inconsistencias.

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Radicación n.° 89067 Sobre los hechos ocurridos el 15 de octubre de 2014 que también fueron mencionados en la carta de terminación del contrato de trabajo, la actora explicó que ese día, en el horario de 12:00 pm a 2:00 pm, ella se estaba desempeñando como cajera principal encargada del horario extendido, sucursal Sogamoso, lo cual implicaba que, en este periodo, recibía los traslados de efectivo de los cajeros y los de ella para ingresarlos a bóveda. Informó que ese día, sobre las 2:00 de la tarde, ella sacó del cofre transitorio que está dentro de la bóveda, el existente de $225.000.000, cofre asignado para la jornada de horario

extendido, suma que sacó en compañía del Sr. Roberto González, coordinador de horario extendido, y se la entregó a la Sra. Myriam García, cajera principal de la sucursal. La Sra. García, sin contar ni clasificar el efectivo de $225.000.000, le entregó al cajero Fabio Naranjo un fajo de $2.000.000, quien posteriormente evidenció que faltaban dos billetes de $20.000 en ese fajo. Al ser informada de esto por la directora de servicios a las 5:00 de la tarde, ella procedió a realizar el cuadre de efectivo en caja, encontrando un sobrante en físico de $40.000 e informando de inmediato a la directora de servicios, Sra. Mireya Romero, de la existencia de dicho sobrante. La actora aseveró que, en virtud a que por el faltante de los dos billetes de $20.000 se siguió el procedimiento vigente en los manuales de Bancolombia, no fue necesario realizar un timbre en el sistema para registrar el valor de dicho sobrante, sino que se entregaron físicamente los $40.000 y

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Radicación n.° 89067 quedó completo el fajo de $2.000.000, sin generar reprocesos. También manifestó que la pasiva no le informó sobre los presuntos errores cometidos los días 11, 12, 8 y 3 de septiembre de 2014, en el recaudo de impuestos de los contribuyentes identificados con cédulas nos. 1.055.571.083-9, 24.116.950, 24.113.937 y 9.529.431, por

lo que no tuvo la oportunidad de verificar que estos fueron recaudados con su usuario, y que nunca fue llamada para hacer alguna refrendación o certificación de los presuntos errores, en aplicación de los manuales de procedimiento recaudo de impuestos de Bancolombia. Alegó igualmente que, durante el proceso de cuadre de impuestos diarios que se realiza mediante control dual por parte de un cajero asignado y por parte de la directora de servicios, no se evidenció error en el recaudo de dichos impuestos; de acuerdo con la actividad de referencia CMP49 «Cuadrar movimiento diario» contenida en la descripción T04022901 «Recaudar Impuestos en Sucursales». Adicionalmente, la actora sostuvo que no hubo un reproceso en la sección de servicios de recaudo de impuestos, pues esta tiene la función de revisión, corrección y certificación; y que, finalmente, ante la DIAN, en este caso, no había posibilidad de sanción ni extemporaneidad, en virtud de que el envío de formularios se hizo oportunamente y sin errores. Aunado a que los impuestos de los contribuyentes identificados con cédulas nos.

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Radicación n.° 89067 1.055.571.083-9, 24.116.950, 24.113.937 y 9.529.431, según la página de la DIAN, no se encuentran con inconsistencias. Con relación al informe de los faltantes y sobrantes, la actora manifestó que aplicó el manual de procedimiento del banco «TO70507 ADMINISTRAR EL EFECTIVO DE SUCURSALES» que contempla cómo se contabiliza un sobrante o faltante, procedimiento que, alegó, se cumplió por

parte de ella y que está establecido para subsanar este tipo de situaciones. Agregó que no hubo perjuicio económico grave para el banco por dichos faltantes, ya que fueron corregidos debidamente y el reintegro de tales valores fue asumido por ella. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones de reintegro derivado de una queja por acoso laboral que jamás había presentado la demandante, según su decir, y de un fuero circunstancial conforme el artículo 25 del Decreto Ley 2351 de 1965. Sin embargo, la pasiva aclaró que, para la fecha de terminación del vínculo, ya no existía un conflicto colectivo en la empresa, pues la convención fue firmada el 4 de noviembre de 2014 y, lo más relevante, la terminación del contrato de trabajo fue por una justa causa debidamente comprobada y con fundamento en el artículo 62 del CST, subrogado por el artículo 7 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, literal a) numeral 6), en concordancia este último con el artículo 58 numeral 1) del Código Sustantivo de Trabajo; y

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Radicación n.° 89067 con los artículos 55 literales e), 60 numeral 1) y 10) y 67 literal c) y d) y k)) del Reglamento Interno de Trabajo de la entidad. En cuanto a los hechos, el banco aceptó la relación laboral, la afiliación de la trabajadora al sindicato, el cargo de cajera y explicó cuáles eran las funciones de dicho cargo. Aclaró que la terminación fue por una justa causa y con

fundamento en el artículo 62 del C.S.T, subrogado por el artículo 7 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, literal a) numeral 6) en concordancia este último con el artículo 58 numeral 1) del Código Sustantivo de Trabajo; y con los artículos 55 literal e), 60 numeral 1) y 10) y 67 literal c) y d) y k) del Reglamento Interno de Trabajo. Sobre los hechos que motivaron el despido, manifestó que no era cierto lo que había expresado la accionante y se remitió a los hechos expuestos en la carta de despido donde se hizo referencia a los reiterados incumplimientos de los procedimientos establecidos por el banco. La pasiva también explicó que, cuando se presenta un faltante o un sobrante en caja, se deben hacer las indagaciones correspondientes, para luego proceder a los reprocesos que sean del caso; y no, como lo pretendía la actora, hacerlo inmediatamente saltándose los procedimientos establecidos en la entidad, con las solas versiones de los trabajadores sobre lo sucedido con un faltante o un sobrante en caja.

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Radicación n.° 89067 La demandada fue reiterativa en que, en los hechos de la demanda, la actora confesó las faltas cometidas; pero no explicó ni justificó la razón de estas, pues su argumento para pretender invalidar la carta de terminación estaba basado en una queja por acoso laboral que jamás presentó en vigencia de la relación laboral y en un fuero circunstancial inexistente.

Sobre los errores de la actora en la recaudación de los impuestos, la demandada manifestó que esta, al recibir los pagos, puso una fecha de recibido y una forma de pago que no correspondía. Aclaró que lo que se envió a la Dian fueron los soportes del pago, los cuales, como abiertamente lo aceptaba la demandante, fueron mal diligenciados por ella, en el ejercicio de sus funciones como cajera, y contrariando los procedimientos establecidos para dichos recaudos. Según la enjuiciada, claramente el reproche a la actora fue por el reiterado incumplimiento de los procedimientos establecidos en el banco para la seguridad de las operaciones, y, con los hechos de la demanda, la actora había aceptado la comisión de las faltas; pero no explicó ni justificó la razón de estas, pues, reiteró, su argumento para pretender invalidar la carta de terminación estaba basado en una queja por acoso laboral que jamás presentó y un fuero circunstancial inexistente. El banco aceptó que es posible que un cajero presente sobrante o faltante; sin embargo, alegó, se logró establecer que la demandante incurrió en reiterados errores operativos

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Radicación n.° 89067 y graves omisiones en los procedimientos establecidos por el Banco para la seguridad de las transacciones que se realizan en la caja, en especial, los relacionados con el recaudo de impuestos. La demandada manifestó que los motivos para la terminación del contrato de trabajo fueron los reiterados errores operativos y las graves omisiones en los procedimientos establecidos por el banco para la seguridad

de las transacciones que se realizan en la caja, en especial los relacionados con el recaudo de impuestos. Por último, la pasiva propuso las excepciones de justa causa de despido; inexistencia de queja por acoso laboral en vigencia de la relación laboral y del fuero circunstancial; descuentos autorizados en la liquidación final del contrato de trabajo; cobro de lo no debido; buena fe; compensación; y prescripción, fs. 450 a 489.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 22 de junio de 2017, condenó de la siguiente forma, (fls. 742 y 743).

1. Declarar que entre la demandante y el demandado Bancolombia existió un contrato de trabajo en modalidad escrito desde el 5 de agosto de 2013 y hasta el 5 de noviembre de 2014.

2. Se condena a Bancolombia debe pagar a la trabajadora la indemnización por despido sin justa causa en valor de

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Radicación n.° 89067 $3.373.857.oo, indexado con el IPC que certifique el Dane desde que se hizo exigible y hasta que se solucione o pague.

3. Costas a cargo del demandado Bancolombia y a favor de la demandante en valor de $650.000.oo como agencias en derecho.

4. Absolver al demandado Bancolombia de las restantes pretensiones.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, mediante fallo de 10 de septiembre de 2019, resolvió los recursos interpuestos por ambas partes y decidió revocar en su integridad la sentencia, para negar todas las pretensiones de la demanda. En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez colegiado delimitó los siguientes problemas para resolver:

1. Si se configuró una justa causa para despedir a la trabajadora por parte del banco, y

2. En el evento en que la respuesta al primer problema jurídico planteado resulte positiva, establecería si la accionante se encontraba cobijada por la protección convencional emanada del artículo 12 de la convención colectiva de trabajo de 1998-1990.

1. Sobre la justa causa de despido alegada por la pasiva, el juez colegiado estimó que la causal contenida en el numeral 6° literal a), subrogado por el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, comprende dos hipótesis para la configuración de una justa causa para la terminación

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Radicación n.° 89067 unilateral del vínculo laboral por parte del empleador, a saber: a) cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o, b) incurrir en cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. El sentenciador refirió que la jurisprudencia de la Sala

de Casación Laboral de forma reiterada ha señalado que, cuando la falta se origina en la violación de las prohibiciones y obligaciones consagradas en los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, no se requiere que el calificativo de grave esté inmerso en los documentos de la empresa, toda vez que el juez es quien va a calificar los hechos base de la justa causa alegada. En cambio, prosiguió el juzgador, sobre la segunda hipótesis estatuida en el mencionado numeral 6° de la norma bajo examen, la calificación de grave ha de constar en los actos que consagran la falta, ya sea en el contrato de trabajo o la convención colectiva; o calificada por el empleador, en los reglamentos de trabajo; o por un tribunal de arbitramento, al decidir sobre este aspecto en un laudo arbitral; lo que impide que el juez pueda hacer tal calificación. Seguidamente, para corroborar su argumento, relacionó las sentencias CSJ SL 3313-2019, SL12904-2017,

SL217186-2017, STL5186-2016; y STL12438-2015.

El juez colegiado agregó que, en este caso, la Corte ha

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Radicación n.° 89067 señalado (CSJ SL217186-2017 y SL16298-2017) que la gravedad de la falta cometida por un trabajador no está supeditada al grave perjuicio que hubiera contingentemente ocasionado, sino que basta con comprobar el incumplimiento de las obligaciones de éste, para desatar las consecuencias

jurídicas que de ello se desprende, sumada la verificación respecto de la calificación de las partes, de manera previa, de la gravedad de una determinada conducta, en caso de existir en la convención laboral, contrato de trabajo y/o reglamento interno. Por otra parte, el juez de la alzada citó la sentencia CSJ SL3192-2018 de la Sala de Descongestión Laboral No. 2, sobre que, en el evento de que el empleador resuelva terminar unilateralmente el contrato de trabajo aduciendo la existencia de una justa causa, este se encuentra sujeto al cumplimiento de los siguientes límites: (i) «la necesaria comunicación al trabajador de los motivos y razones concretos por los cuales se va a dar por terminado el contrato, sin que le sea posible al empleador alegar hechos diferentes en un eventual proceso judicial posterior», ello con el fin de garantizarle al trabajador la oportunidad de defenderse de las imputaciones que se le hacen y el de impedir que los empleadores despidan sin justa causa a sus trabajadores, alegando un motivo con posterioridad para evitar indemnizarlos; (ii) la inmediatez, consistente en que «el empleador debe darlo por terminado inmediatamente después de ocurridos los hechos que motivaron su decisión o de que tuvo conocimiento de los mismos; de lo contrario, se entenderá que éstos han sido exculpados, y no los podrá alegar judicialmente»; (iii) la configuración de alguna de las causales expresa y taxativamente previstas en la normatividad y, (iv) «si es del caso, agotar el procedimiento a seguir para el despido incorporado en la convención colectiva, o

en el reglamento interno de trabajo, o en el contrato individual de trabajo»

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Radicación n.° 89067 Bajo las anteriores consideraciones, el juez colegiado descendió al análisis probatorio y encontró que, en el presente asunto, el empleador, mediante carta de 7 de noviembre de 201l, visible de folio 44 a 46 del cppal., había informado a la actora de la terminación unilateral del contrato laboral, con fundamento en el artículo 62 literal a) numeral 6 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 7 del Decreto Ley 2351 de 1965, artículo 58 numeral 1) del Código Sustantivo del Trabajo, así como del artículo 67 literales e, d y k del reglamento interno del trabajo, aduciendo que la accionante, en el ejercicio de sus labores, incumplió los deberes para las cuales fue contratada, señalando, específicamente, los siguientes eventos que la Sala reproduce en orden cronológico: 1.) El del 3 de septiembre de 2014: Respecto del recaudo del impuesto del contribuyente identificado con la c.c. No. 9.529.431, consistente en el envío de la copia del contribuyente a la Dian y la entrega del original al contribuyente, generando un reproceso, ya que se tuvo que elaborar una certificación por error de verificación, dando las explicaciones correspondientes a la DIAN. 2.) El del 8 de septiembre de 2014: La actora recaudó un impuesto del contribuyente identificado con cc No. 24.113.937, por el valor de $704.000,

colocando el sello sin pago, lo cual generó reproceso en la

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Radicación n.° 89067 sección de Servicio de Recaudo de Impuestos, los cuales debieron certificar la fecha exacta de recaudación de los formularios 210. 3.) El del 11 de septiembre de 2014: La actora recaudó un impuesto del contribuyente identificado con la cc no. 10575710839, con declaración de pago $0, sin colocarle el sello correspondiente a la fecha del recaudo, dejando en blanco el espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora, generando inconsistencia para la sucursal, por cuanto tuvo que realizarse un reproceso en la sección de Servicio de Recaudo de Impuestos, los cuales debieron certificar la fecha exacta de recaudación del formulario 210. 4.) El del 12 de septiembre de 2014: La extrabajadora recaudó un impuesto del contribuyente identificado con cc No. 24.116.950, con declaración sin pago $0, al cual le colocó un sello diferente a la forma de pago, ya que el valor debía ser sin pago y se colocó con pago. 5.) El del 15 de octubre de 2014: Al terminar la jornada laboral de la mañana, la ex trabajadora entregó a la cajera principal los fajos correspondientes de su cofre por el valor de $225.000.000,oo, entre los que se encontraba un fajo de $2.000.000,oo, el cual, cuando fue revisado, le hacían falta

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dos (2) billetes de $20.000,oo, para un total de $40.000,oo, informando que tenía cuadrada su caja y que tenía los fajos completos, pero, al terminar su jornada laboral e informar a la Directora de Servicios que la cuantía de dicho faltante le estaba sobrando en la ventanilla, generó reprocesos en la clasificación del efectivo, evidenciando que, al realizar su pre cuadre, antes de salir a su hora de almuerzo, no había quedado correctamente realizado. 6.) El de 22 de octubre de 2014: Recaudación de tres impuestos de diferentes contribuyentes, dos impuestos del contribuyente con número de identificación 24103559, con declaración sin pago, y el tercer impuesto del contribuyente con número de identificación 1018434400, con saldo a favor de $888.000,oo; al procesar la operación, la accionante selló los impuestos con fecha 21 de octubre de 2014, generando un reproceso, ya que la sección de servicios de recaudo de impuestos debió certificar la fecha exacta de recaudación del formulario 210. 7.) Adicionalmente, que el empleador había indicado que, del mes de julio a octubre de 2014, se habían presentado 10 faltantes y sobrantes, sin que la actora diera explicación satisfactoria de tales errores. Tras lo anterior, el juez de la alzada estableció que, específicamente, la accionada hizo alusión al reglamento interno y también, de forma genérica, a las causales

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Radicación n.° 89067 constitutivas de justa causa contenidas en el literal a) del art.

62 del CST, numeral 6, que se refieren a la justa causa contenida en la convención, pactos, contratos de trabajo o reglamentos, por lo que estimó que debía revisar también las justas causas pactadas en el contrato de trabajo que, para el caso, fue la estipulada en la cláusula novena de este (fl. 2633). Sobre este punto, estimó pertinente indicar que la Sala de Casación laboral, de vieja data, ha adoctrinado que el empleador debe cumplir con expresar los hechos en que se funda el despido, los cuales no pueden ser variados o modificados con posterioridad, pero sin que le sea exigible indicar con precisión en qué causal específica encuadran tales hechos (CSJ SL 16298-2017, SL 3313-2019). Acto seguido, procedió a analizar si las faltas en mención constituían una falta grave que justificara la terminación unilateral del trabajo, para lo cual se refirió a los literales c, d y k del reglamento interno del trabajo y trascribió la cláusula 9 del contrato, como sigue: […] son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato, las señaladas en la ley y en el reglamento interno de trabajo y, en especial el incumplimiento o la violación de las obligaciones y/ o prohibiciones contenidas en este contrato y e11. los reglamentos de Bancolombia S.A., o la comisión de las siguientes faltas, las cuales para los efectos legales se califican como graves: (...) 11) Desatender procedimientos, instrucciones, normas o políticas previstas por el empleador para el manejo y/o seguridad de información, dineros, operaciones, títulos valores,

cajas fueres, llaves, claves, software, etc., suministrados por el empleador de manera personal o a través de manuales, memorandos, circulares, medios electrónicos o cualquier medio análogo, o incumplir políticas de seguridad y manejo de la

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Radicación n.° 89067 información tales como modificar los parámetros dentro de los aplicativos de negociación, de registro y seguimiento establecidas por el Grupo Bancolombia. (.) 25) Negarse sistemáticamente a cumplir órdenes que en cumplimiento de sus funciones le imparta un superior jerárquico (Fl. 30-31). En línea con los anteriores parámetros jurídicos que había establecido previamente, el Tribunal asentó que solo bastaba que la actora incurriera en la conducta señalada en los numerales 11 y 25 de la cláusula 9 del contrato de trabajo, para que la accionada diera por terminado el contrato de trabajo; correspondiéndole únicamente al operador judicial la verificación de si efectivamente la conducta se consumó, como se le había informado al trabajador en la carta de despido. Siguiendo este derrotero, de la revisión del acervo probatorio, específicamente del interrogatorio de parte rendido por la accionante, el juez de la alzada coligió que la ex trabajadora reconoció los errores cometidos el 8 y 12 de septiembre de 2014 y el 15 y 22 de octubre del mismo año, los cuales, aseveró, si bien fueron corregidos con posterioridad con el procedimiento estipulado por Bancolombia, lo cierto fue que tales yerros, en efecto, fueron

realizados por la accionante en el ejercicio de sus funciones como cajera, errores que además se encontraban plenamente individualizados a folio 241 del expediente. Frente a los yerros endilgados a la accionante ocurridos el 3 y 11 de septiembre de 2014, el sentenciador indicó que ésta había aceptado, en el interrogatorio de parte, el recaudo del impuesto efectuado el 11 de septiembre de 2014, pero

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Radicación n.° 89067 que no había reconocido el error con el argumento de que no le permitieron la verificación del impuesto y que, frente a la falta del 3 de septiembre de 2014, la actora había expuesto que no tuvo conocimiento del mismo, toda vez que no fue requerida al respecto. Noobstante, el juez colegiado se remitió a folio 241 del expediente y dijo que allí militaba un documento en el que constaban todas las faltas cometidas por la accionante, quien, para desempeñar sus funciones como cajera, se identificaba con el código 13, donde, de forma específica, se relacionaban dichos yerros así: “03-09-2014, Código Cajero Golf 13, identificación del contribuyente: 9529431, número de adhesivo 7,35827E+ 12, Preimpreso 2, O 1464E+ 13, Nombre de impuesto: Recibo Oficial Pago de Impuestos, Tipo de inconsistencia: recepción, nombre de inconsistencia: manejo de copias del formulario, descripción de la inconsistencia: Envío de copia de contribuyente a la DIAN” y

“11-09-2014, Código Cajero Golf 13, identificación del contribuyente: 1057571083, número de adhesivo 7,35827E+12, Preimpreso 2,01464E+ 13, Nombre de impuesto: Recibo Oficial Pago de Impuestos, Tipo de inconsistencia: recepción, nombre de inconsistencia: colocación de sello, descripción de la inconsistencia: Fecha diferente a la del recaudo: fecha en el futuro o en el pasado”, Del citado documento, el juez de la alzada observó que no había sido tachado de falso ni controvertido por el extremo actor, razón por la cual concluyó que la realización de dichas faltas se encontraba demostrada. Una vez dio por acreditada la realización de tales conductas, el Tribunal consideró que estas constituían una falta grave, pues estimó que la ex trabajadora incumplió, de

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Radicación n.° 89067 forma reiterada, el procedimiento establecido para recaudar impuestos (el cual reposaba en los folios 576 a 608 del expediente), las actividades correspondientes a recibir la solicitud de pago, verificación de la documentación entregada, procesamiento de recaudo del impuesto, procesar y validar la forma de pago, validar la información capturada en el sistema y formalizar el pago, procedimiento que dijo que traía a colación, por cuanto, en el interrogatorio de parte, la actora había reconocido tener dentro de sus funciones el recibir el pago de impuestos y, como ya lo había indicado, se encontraban demostrados los yerros cometidos con el recaudo de impuestos por parte de la accionante, lo que

acreditaba que la actora desatendió los procedimientos suministrados para el manejo del recaudo de impuestos, sin que pudiese justificar sus faltas con la corrección posterior a estas, más aún cuando no se había estipulado en el contrato ni en el reglamento interno una exención en el evento de ser corregidas con posterioridad, y, de esta forma, el sentenciador dio por acreditada la justa causa para dar por terminado el contrato laboral, establecida en la cláusula 9) numeral 11) del contrato de trabajo, y estimó que no era necesario entrar a estudiar las demás justas causas alegadas. Sobre lo dicho en la demanda, de que a la actora le fue vulnerado su derecho de defensa por parte de la empresa accionada, al no permitirle presentar descargos a las faltas endilgadas y ejercer su derecho de contradicción, el Tribunal respondió que, como ya habí