CSJ - SL2628-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2628-2023 Radicación n.° 96082 Acta 40 Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S. A. ESP, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 28 de marzo de 2022, en el proceso ordinario laboral que instauró ARLEY ALONSO VÉLEZ TORO en contra de la CORPORACIÓN RECUPERACIÓN PAZ y de la entidad recurrente; trámite al que se vinculó como llamada en garantía a la

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA.

I. ANTECEDENTES Arley Alonso Vélez Toro demandó a la Corporación Recuperación Paz y a las Empresas Varias de Medellín S. A.

ESP, con el fin de que se declare que con estas sostuvo un

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Radicación n.° 96082 contrato de trabajo que se ejecutó del 1 de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2015, y que son responsables solidarias de las acreencias laborales causadas a su favor; que sufrió un accidente de trabajo debido a la culpa imputable a las convocadas; que goza de la estabilidad laboral reforzada de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y que como contraprestación de sus servicios recibía un salario equivalente al mínimo mensual legal vigente. En consecuencia, solicitó que las accionadas fueran

condenadas a reintegrarlo, reubicarlo o reinstalarlo en el cargo que desempeñaba en el momento en el que fue despedido sin la autorización del Ministerio del Trabajo, junto con el correspondiente pago de los salarios dejados de percibir, así como de las cesantías y sus intereses, vacaciones, primas de servicios, aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y la indemnización de que trata la Ley 361 de 1997. Así mismo impetró el pago de los salarios causados entre el 15 de junio y el 30 de septiembre de 2015, la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 por la falta de consignación de las cesantías de los años 2012 y 2013 y; la indemnización plena de los perjuicios derivados del accidente de trabajo sufrido por culpa de las demandadas. De manera subsidiaria reclamó el reconocimiento de las cesantías, sus intereses y las primas de servicios causadas en el año 2015, las vacaciones correspondientes a los dos últimos periodos, la indemnización moratoria por la falta de

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Radicación n.° 96082 pago de sus prestaciones sociales, la indemnización por despido injusto, aquella prevista en la Ley 361 de 1997, la indexación y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que prestó servicios personales como «escobita», en calidad de trabajador de la Corporación Recuperación Paz y de las Empresas Varias de Medellín S. A. ESP, en la ejecución de varios contratos celebrados entre las referidas empresas, siendo el último de ellos el 109 de 2013, cuyo objeto

correspondía a la «PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE

ASEO, EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS

PÚBLICAS: BARRIDO, CORDONEO Y PAPELEO, EN LA ZONA DE OPERACIÓN ASIGNADA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN Y SUS CINCO CORREGIMIENTOS (GRUPO 7)», actividades propias a cargo de la segunda de las accionadas, Empresas Varias de Medellín S. A. ESP, que ésta también prestaba con trabajadores directos.

Expuso que se vinculó a las demandadas el 1 de octubre de 2011 a través de un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, en desarrollo del cual cumplió un horario de 6:00 a. m. a 2:00 p. m. de lunes a sábado, devengando una remuneración equivalente al salario mínimo mensual legal vigente hasta el 30 de septiembre de 2015, fecha en la que finalizó la relación laboral de manera injusta e ilegal, sin el reconocimiento de la indemnización correspondiente y a pesar de que de conformidad con la valoración efectuada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez tenía una pérdida de capacidad laboral del 22,85% y, por ello, gozaba

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Radicación n.° 96082 de una especial protección. Manifestó que el 25 de octubre de 2011 sufrió un accidente de trabajo cuando «se encontraba levantando una canastilla o rejilla de alcantarillado para limpiarla»; labor para la que no fue capacitado ni le fueron suministradas las herramientas necesarias, lo que condujo a que se le

diagnosticara «una hernia de disco» y que el 15 de octubre de 2015 la EPS ordenara recomendaciones y su reubicación con restricciones, lo que se hizo, en todo caso, desde el 14 de septiembre de 2012. Afirmó que las demandadas eran culpables de la ocurrencia de su accidente de trabajo al no haberle dado la inducción correspondiente, ni impartirle las instrucciones para el desempeño de su labor, ni suministrarle la dotación e implementos de seguridad requeridos en consideración a los riesgos a los que se encontraba expuesto. Por lo anterior considera que las empresas incurrieron en negligencia, impericia, imprudencia y violación de reglamentos y, en esa medida, deban reconocer los perjuicios materiales, morales y fisiológicos derivados de aquel infortunio, al tenor del artículo 216 del CST. Insistió en que aun cuando se encontraba en estado de discapacidad, como consecuencia de su pérdida de capacidad laboral, fue despedido sin autorización del Ministerio de Trabajo, circunstancia que además le ha impedido volver a conseguir un empleo. Precisó que, además,

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Radicación n.° 96082 se le ha afectado gravemente, dada la omisión en el pago de las prestaciones sociales causadas al finiquito contractual, incluidos dos periodos de vacaciones, así como de los salarios que debieron reconocerse entre el 15 de junio y el 30 de septiembre de 2015. Agregó que Empresas Varias de Medellín S. A. ESP tenía como objeto social la prestación del servicio público domiciliario de aseo, entendido como el servicio de recolección municipal de residuos sólidos, barrido y limpieza

de vías, áreas públicas, transporte y disposición final de los mismos y, por ello aquella se benefició de manera directa de las actividades que desarrolló como trabajador de la Corporación Recuperación Paz. Aseveró que nació el 27 de julio de 1984, que su empleadora, Corporación Recuperación Paz, le entregó las cesantías de los años 2012, 2013 y 2014 mediante acta de conciliación suscrita en el Ministerio de Trabajo y, que a pesar de que la misma, el 16 de julio de 2015, solicitó ante tal autoridad administrativa autorización para terminar su contrato, antes de resolverse tal solicitud procedió a despedirlo. Finalmente adujo que hacía vida conyugal con la señora Astrid Yuleisi Astudillo con quien procreó un hijo que a la fecha de presentación de la demanda tenía ocho años de edad; «personas éstas que han sufrido demasiado a consecuencia de las secuelas que dejo (sic) el accidente de trabajo».

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Radicación n.° 96082 Al dar respuesta a la demanda, Empresas Varias de Medellín S. A. ESP se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, únicamente admitió que era una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, empero, precisó que no era cierto que fuera la única beneficiaria de los servicios que la Corporación Recuperación Paz le prestaba, en tanto «es en virtud de un contrato de prestación de servicios que se logra la mutua colaboración y el beneficio de ambos contratantes ceñidos a los lineamentos legales y las normas de contratación estatal». De los restantes supuestos

fácticos dijo que no eran ciertos, que no le constaban o que no eran tales. En su defensa señaló que no existió con el actor un contrato de trabajo, jamás tuvo contacto con aquel pues no lo conoció, motivo por el que no era dable pretender el pago de salarios y prestaciones sociales. En todo caso, precisó que para la fecha en que el promotor de la contienda manifestaba haber sido despedido por la codemandada, esto es, 30 de septiembre de 2015, ya no tenía con esta un contrato de prestación de servicios vigente, pues el 109 de 2013 finalizó el 31 de diciembre de 2014, motivo por el que no podía ser condenada en solidaridad. Propuso como excepción previa la que denominó falta de integración del litisconsorcio por pasiva con la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa; y de fondo las que enlistó como inexistencia del derecho al pago de todas las pretensiones solicitadas por el demandante por carecer de fundamento legal; inexistencia

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Radicación n.° 96082 del vínculo o relación jurídica de trabajo; falta de legitimación en la causa por pasiva; buena fe de la demandada; mala fe de la parte actora; prescripción y la genérica «u oficiosa». En escrito separado Empresas Varias de Medellín S. A. ESP formuló llamamiento en garantía en contra de la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. con fundamento en la póliza de garantía de cumplimiento tomada a su favor por parte de la Corporación Recuperación Paz para amparar el

pago de salarios y prestaciones sociales derivados del contrato 109 de 2013. La Corporación Recuperación Paz representada por curadora ad litem dio contestación a la demanda inicial manifestando frente a las pretensiones, que se atenía a lo que se demostrara en el proceso, y respecto de los hechos, que no le constaban y que se limitaba a lo probado en la actuación. No propuso excepciones de mérito a su favor. A través del auto fechado 17 de enero de 2020 el juzgado de conocimiento admitió el llamamiento en garantía formulado y si bien mediante proveído del 21 de abril de 2021 lo declaró ineficaz en consideración a que no se adelantó, dentro del término concedido para la notificación, dicha aseguradora compareció a la actuación contestando en un solo escrito la demanda inaugural y el llamamiento en garantía. En cuanto a la demanda inaugural se opuso a sus pretensiones y sobre los hechos dijo que no eran ciertos o

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Radicación n.° 96082 que no le constaban. En su defensa expuso que, si bien Empresas Varias de Medellín celebró con la Corporación Recuperación Paz el contrato 109 de 2013, el actor no prestó servicios para la ejecución de este, de manera que la primera no se benefició de su labor, por lo que no era dable acudir a la figura de la solidaridad laboral. Como excepciones de mérito propuso las que denominó ausencia de incumplimiento por parte de Emvarias y ausencia de solidaridad. Respecto del llamamiento en garantía no hizo un

pronunciamiento sobre sus pretensiones; los hechos los admitió, excepto aquel según el cual la póliza tomada a favor de Empresas Varias de Medellín amparaba el pago de salarios y prestaciones sociales, en tanto, a través de esta lo que se garantizó fue el reconocimiento de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contraídas mediante la ejecución del contrato 109 de 2013. Formuló como excepciones las de ausencia de cobertura y límite del valor asegurado.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 27 de septiembre de 2021 dispuso:

1. Declarar la existencia de un contrato de trabajo entre el demandante ARLEY ALONSO VÉLEZ TORO y la demandada CORPORACIÓN RECUPERACIÓN PAZ en la modalidad de a

(sic) término fijo, por un periodo de un mes, con inicio el 1oct-2011 y terminación sin justa causa el 30-sep-2015.

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2. Declarar que el demandante sufrió un accidente de trabajo por culpa del empleador y condenarlo a pagar la indemnización plena de perjuicios por las siguientes sumas, calculadas a partir del 1-oct-2015, día siguiente a la terminación del contrato de trabajo: Lucro cesante pasado: $12.631.362.

Lucro cesante futuro: $40.868.395.

3. Condenar al empleador demandado a pagarle el daño moral y el daño a la salud en la suma de $4.542.630 (5 smlmv), por

cada uno, que deberán ser indexados desde el 1-ene-2022 hasta el momento de verificarse el pago.

4. Se declara que el dte (sic) era un sujeto de estabilidad laboral reforzada al momento de la terminación del contrato de trabajo, pero que se desvirtuó en el proceso cualquier conducta discriminatoria del empleador en la terminación del ct. (sic) Se absuelve de la pretensión de reintegro e indemnización del art. 26 de la Ley 361 de 1997.

5. Condenar al empleador demandado a pagarle al demandante los salarios causados del 15 jun-2015 al 30-sep-2015 que ascienden a $2.255.225.

6. Se declara la solidaridad de la codemandada EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN con el empleador del demandante la

CORPORACIÓN RECUPERACIÓN PAZ.

7. Se condena a las demandadas en costas. Agencias en derecho $4.538.817 (7% de las sumas reconocidas).

8. Se concederá el grado de consulta en favor de EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN en caso de no apelación por parte de su apoderado.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al desatar los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la sociedad Empresas Varias de Medellín S. A. ESP, a través de proveído del 28 de marzo de 2022 resolvió: PRIMERO: ADICIONAR la sentencia de primera instancia, en el

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Radicación n.° 96082 sentido de CONDENAR a la CORPORACIÓN RECUPERACIÓN

PAZ y solidariamente a EMVARIAS S.A. E.S.P., al reconocimiento y pago de la suma de $1.559.649,92 por los siguientes conceptos: - Por auxilio de cesantía del 1° de enero al 30 de septiembre de 2015, la suma de $483.263. - Por interés a la cesantía del 1° de enero al 30 de septiembre de 2015, la suma de $43.493,67. - Por prima de servicios del 1° de enero al 30 de septiembre de 2015, la suma de $483.263. - Por vacaciones del 1° de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014, la suma de $380.000. - Por vacaciones del 1° de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015, la suma de $241.631.

SEGUNDO: CONDENAR a la CORPORACIÓN RECUPERACIÓN PAZ y solidariamente a EMVARIAS S.A. E.S.P. al reconocimiento y pago de un día de salario por cada día de retardo, desde el 1° de octubre de 2015 hasta la fecha del pago efectivo de la obligación, teniendo en cuenta que el demandante devengaba un salario mínimo legal.

TERCERO: CONDENAR a dicha CORPORACIÓN RECUPERACIÓN PAZ y solidariamente a EMVARIAS S.A. E.S.P. de pagar al demandante la suma de $13.874.400, por concepto de sanción moratoria por no pago del auxilio de cesantías de los años 2012 y 2013, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia emitida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO: Costas en esta instancia en la suma de $1.000.000 a cargo de la accionada EMVARIAS S.A. E.S.P. por no prosperar el recurso de apelación interpuesto. Sin costas al demandante, por salir avante el recurso de apelación.

SEXTO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte

Suprema de Justicia. En lo que interesa estrictamente al recurso extraordinario, el colegiado fijó como problema jurídico determinar si Emvarias S. A. ESP era solidariamente responsable de las condenas impuestas; si el demandante tenía derecho al reconocimiento de las pretensiones

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Radicación n.° 96082 subsidiarias de la demanda inaugural, esto es, el pago de las prestaciones sociales del año 2015, las vacaciones de los últimos dos periodos y la indemnización moratoria; si había lugar a revocar la indemnización de perjuicios como consecuencia de la subrogación del riesgo por parte del empleador al efectuar los aportes a riesgos laborales y; determinar si la obligación de indemnizar los perjuicios recaía en Emvarias S. A. ESP. Adujo que no era materia de inconformidad: i) la existencia de un contrato de trabajo entre Arley Alonso Vélez Toro y la Corporación Recuperación Paz; ii) las adiciones y prórrogas, pactadas entre las codemandadas, al contrato 109

de 2013, cuya ejecución se dio entre el 16 de julio de 2013 y el 30 de diciembre de 2014; iii) que el actor sufrió un accidente de trabajo el 25 de octubre de 2011; iv) que el 14 de septiembre de 2012 se ordenó su reubicación laboral y el 15 de octubre de 2013 la EPS impartió recomendaciones médicas; v) que el promotor de la contienda fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 22,85% de origen profesional estructurada el 4 de marzo de 2014; vi) que el 2 de febrero de 2015 el trabajador y su empleadora suscribieron acta de conciliación en la que se acordó el pago de $2.001.316 por concepto del auxilio de cesantías e intereses correspondientes a los períodos que van del 26 de mayo de 2012 al 30 de diciembre de 2014 y; vii) que el 16 de julio de 2015 la Corporación Recuperación Paz solicitó ante el Ministerio de Trabajo autorización para despedir al demandante.

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Radicación n.° 96082 Con el marco expuesto destacó que la responsabilidad solidaria de Emvarias S. A. ESP que se declaró en primera instancia, sería confirmada en consideración al contenido del artículo 34 del CST y a que al corroborar el objeto social de las demandadas, el contrato 109 de 2013, las funciones para las que fue vinculado el promotor de la contienda y los dichos de la testigo Lina Marcela Montoya González, profesional en la secretaría de Empresas Varias de Medellín, era dable

establecer que la labor de aseo y sus actividades complementarias no podían «desligarse» de los objetos sociales de las convocadas, unido a que «desde el inicio de la contratación, que lo fue en el mes de octubre de 2011, el actor debía realizar las labores de aseo para las que fue contratado y el lugar de ejecución de las mismas era el asignado por

EMVARIAS S.A. E.S.P.».

Reprodujo el objeto social de las demandadas, así como el objeto del contrato civil que las vinculó, al tenor de las pruebas documentales obrantes en el plenario, anotando: El objeto social de la sociedad EMVARIAS S.A. E.S.P. corresponde a: “La sociedad tiene como objeto social la prestación del servicio público de aseo en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos, incluidos: a) Los servicios públicos ordinarios y especiales de aseo y las actividades conexas y complementarias previstas en la Ley 142 de 1994 y aquellas que la modifiquen o sustituyan. (Resaltado de la Sala) (fls. 96 del expediente digital 02). Por su parte, el objeto social de la CORPORACIÓN RECUPERACIÓN PAZ se dirige: “a) Celebrar contratos, los cuales se enfocarán al aseo y sus actividades complementarias, tales como reciclaje, barrido y limpieza vital, reforestación, siembra de árboles, transporte y recolección de escombros, mantenimiento de quebradas. (…)” (Resalto (sic) de la Sala) (fls. 7 del expediente digital 02). El objeto social del contrato No. 109, celebrados entre EMVARIAS

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Radicación n.° 96082 S.A. E.S.P. y CORPORACIÓN RECUPERACIÓN PAZ (fl. 17 del expediente digital 02), se dirigían expresamente a: “Prestación del servicio de aseo, en las actividades de limpieza de vías y áreas públicas: barrido, cordoneo y papeleo, en las zonas de operación asignadas en la ciudad de Medellín y sus cinco corregimientos. (…)” (Resalto (sic) de la Sala). Y no se puede pasar por alto, que el demandante fue contratado por la CORPORACIÓN RECUPERACIÓN PAZ para desempeñar el cargo de “OPERARIO DE LIMPIEZA VIAL” y su lugar de labores

era “EL ASIGNADO POR EEVV DE MEDELLÍN ESP” (fl. 13).

A continuación, precisó que como el objeto social de la Corporación Recuperación Paz no correspondía a labores extrañas a las actividades de Emvarias S. A. ESP, se generaba en la última, la responsabilidad solidaria de las condenas impuestas, para lo que se apoyó en la sentencia

CSJ SL14692-2017.

En consecuencia, sostuvo que no le asistía razón al apoderado de Emvarias S. A. ESP cuando solicitaba que «se respete la figura de los contratistas independientes» pues la actividad desempeñada por el actor no constituía una labor extraña a las normales de aquella. Acotó que tampoco salía avante el argumento según el cual el demandante no estaba bajo su subordinación y que en esa medida no se dieron los elementos del contrato de trabajo, pues en manera alguna se había solicitado ni declarado que tuviera la calidad de

verdadero empleador, sino la de ser responsable solidario de las condenas, bajo la egida del artículo 34 del CST. En cuanto a las pretensiones subsidiarias, señaló que había lugar a analizar si el actor tenía derecho a las acreencias deprecadas ya que no era objeto de inconformidad

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Radicación n.° 96082 la declaratoria de un contrato de trabajo entre aquel y la Corporación Recuperación Paz del 1 de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2015. Indicó que a la empleadora le correspondía demostrar los pagos causados con ocasión de dicho vínculo, pero que como ello no había ocurrido, resultaba necesario adicionar la providencia de primera instancia en lo que hacía al reconocimiento de las prestaciones sociales frente a las que no operó el fenómeno de la prescripción. Adujo que la indemnización moratoria por la no cancelación de las prestaciones sociales procedía por encontrarse demostrada además de la falta de pago de los salarios causados entre el 15 de junio y el 30 de septiembre de 2015, la omisión en el reconocimiento de las prestaciones sociales evidenciada en segunda instancia, sin que se demostrara la buena fe del empleador. Respecto de la indemnización de perjuicios con fundamento en la subrogación del riesgo como consecuencia de la afiliación a una ARL y que no era dable obligar a la entidad oficial a su pago, por no tener la calidad de empleador; el Tribunal, dijo que no le asistía la razón a la apelante, en tanto la aludida subrogación no operaba en tratándose de negligencia u omisión del empleador en el

cuidado y protección de sus trabajadores en los términos referidos en el artículo 216 del CST y que, por tratarse de una indemnización, también estaba bajo el amparo de la responsabilidad solidaria de que trata el artículo 34 ibidem.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Empresas Varias de Medellín S. A. ESP, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la sociedad recurrente que esta corporación case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, se le absuelva de las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, frente al que no se presenta réplica.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia del Tribunal por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 34 del CST y los artículos 11, 12 y 13 del Decreto 1713 de 2002, «lo que implica del mismo modo violación de las normas que reglamenta que son» las Leyes 142 de 1994, 632 de 2000 y 689 de 2001, artículo 4 del Decreto Nacional 1505 de 2003; 3 del Decreto 2351 de 1965; 65 y 216 del CST.

Para demostrar el cargo aduce que el juzgador de segundo grado incurrió en la interpretación errónea enrostrada, en consideración a que desconociendo los alcances de la intelección que le ha dado esta Corte, resolvió condenarla en forma solidaria al pago de perjuicios, a pesar

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Radicación n.° 96082 de que las labores que desempeñaba el actor no son propias del objeto social ni del desarrollo de la normatividad de su actividad, además, porque «ni siquiera se aportó prueba sumaria de sus afirmaciones en cuanto las funciones desempeñadas por el opositor máxime que la empresa empleadora ni siquiera compareció al proceso». Se refiere al objeto social de la Corporación Recuperación Paz consignado en el certificado de existencia y representación expedido por la cámara de comercio, transcribe el artículo 34 del CST y afirma que es de público conocimiento, por tratarse de una empresa de servicios públicos, que su objeto «se determina por la ley y el reglamento y no por voluntad de los propietarios», para el caso en concreto, en el artículo 4 del Acuerdo 1 de 1998 del Concejo de Medellín. Indica que no existe debate en que presta el servicio público de aseo, al que se alude también en el objeto social de la empresa Corporación Recuperación Paz, para la que «supuestamente» laboró el demandante; pero que dicho servicio público se encontraba definido en los artículos 11, 12 y 13 del Decreto 1713 de 2002 en los que se «hace una especial diferencia de otras labores que son las enunciadas en el objeto de la empresa empleadora del demandante, las cuales pese a formar parte del servicio público de aseo, tienen un beneficiario diferente que la ley determina». Argumenta textualmente, que, al revisar:

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Radicación n.° 96082 […] el objeto social de la empresa demandada y supuesta

empleadora del demandante, encontramos que su objeto social beneficia tanto los servicios públicos de aseo como a los Municipios o Distritos, y por ende no se puede afirmar sin lugar a duda que el único beneficiario de sus labores sea mi representada ya que de su amplio objeto quedo (sic) establecido que sus actividades benefician a diversas entidades y si escudriñamos más a fondo podríamos determinar que su objeto social es tan amplio que ni siquiera se podría afirmar sin lugar a duda que el demandante laboro (sic) prestando servicios de aseo ya que nada ello obra en el plenario pues la entidad demandada y directamente implicada en el caso de autos [no] compareció al proceso por lo que podríamos afirmar que el beneficiando (sic) directamente de sus labores fue su supuesto empleador

CORPORACIÓN RECUPERACIÓN PAZ.

A continuación, indica que el entendimiento que el juzgador de la alzada dio al artículo 34 del CST es equivocado en tanto de su lectura emerge que la solidaridad a que se refiere tal disposición, no se presenta cuando se trata de labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio, como se adoctrinó a través de la sentencia CSJ SL, 3 sep. 1997, rad. 9537, de la que transcribió un fragmento, así como de la decisión CSJ SL, 10 sep. 1997, rad. 9881 en la que dice, se aludió a la finalidad de la mencionada responsabilidad. Sostiene que el juez plural soslayando los alcances de interpretación que esta Corte ha expresado, resolvió condenarla en forma solidaria «de las sanciones impuesta (sic) sin que se partiera del presupuesto de la buena fe» a

pesar de que en el plenario se aportó con la demanda, a partir del folio 89, un acta de conciliación suscrita con su verdadero empleador en la que «se conciliaron las sumas de dinero solicitadas en ella por el mismo demandante, por lo que se muestra la buena fe de dicho empleador al comparecer a la

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Radicación n.° 96082 citación de conciliación y tener la intención de pago de los dineros solicitados pues accedieron a las peticiones del demandante». Reproduce en extenso la providencia CSJ SL, sin fecha, rad. 40541 y arguye que, al descender al asunto, podía deducirse que el fallador de segundo grado aplicó la solidaridad sin un análisis serio y profundo: […] en cuanto al verdadero empleador del demandante y por ende a las supuestas funciones desarrolladas por este sino con un planteamiento somero declaro (sic) la solidaridad, que debería hacer (sic) aplicado a derecho, esto es determinando que la labor del actor no es propia del objeto social de la recurrente ni menos es (sic) su beneficio, ya que no se realizo (sic) un estudio serio en cuanto a las condiciones mediante las cuales se dio ese contrato entre empresas el cual ocurre después de que la misma participara y ganara el respectivo contrato, el cual se otorga por parte de mi representada luego de que se surte el trámite correspondiente el cual consiste en lo siguiente: - La entidad hace una invitación pública o privada, donde participan diferentes empresas interesadas en el contrato, los cuales hacen su propuesta, según los términos de invitación y necesidad de los servicios señalados por la empresa.

• El número mínimo de oferentes debe ser tres. - Luego se estudia la propuesta más favorable para la empresa, según diferentes criterios, como precio, trayectoria, experiencia y calidad. - Se asigna el contrato, que es por obra o labor a la firma contratista calificada como la mejor propuesta, la cual debe cumplir el contrato en la forma señalada en los términos de invitación del contrato respectivo.

El contrato que se asigna por parte de EMVARIAS a la firma que gana la invitación, es un contrato de obra o labor o civil con plena autonomía, técnica administrativa y financiera, por lo que mi representada JAMÁS ha intervenido en las contrataciones laborales o civiles o comerciales, realizadas por las empresas que ganan la oferta pública, por lo que en conclusión a mi representada le es indiferente con que personas el contratista desarrolle el objeto contractual. Además, un punto muy importante, que refleja claramente la independencia en el actuar

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Radicación n.° 96082 de las firmas contratistas de EMVARIAS, se observa en el hecho que el efectivo y buen cumplimiento del objeto contractual, era verificado a través de firmas de interventoría independientes, quienes vigilan el cumplimiento de las cláusulas contractuales por las firmas contratistas. El hecho que sea una interventoría independiente y no EMVARIAS directamente, evidencia la independencia administrativa en el actuar de la firma contratista, entre otros aspectos en el manejo del personal que contrata para el desarrollo del objeto contractual; (dicha interventoría también es elegida por proceso de invitación pública o privada) (negrilla y subrayado del texto original).

VII. CONSIDERACIONES El Tribunal luego de cotejar el objeto social de las demandadas, evidenciar el contenido del contrato 109 de 2013, establecer las funciones para las que fue vinculado el demandante, y analizar los dichos de la testigo Lina Marcela Montoya González, precisó que era dable pregonar que la labor de aseo y las actividades complem