CSJ - SL2631-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2631-2023 Radicación n.° 97057 Acta 33 Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ROCÍO GIRALDO URREA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022), en el proceso que le inició al EDIFICIO BCH

PROPIEDAD HORIZONTAL.

I. ANTECEDENTES Rocío Giraldo Urrea llamó a juicio al Edificio BCH Propiedad Horizontal, para obtener, previa declaración de un contrato de trabajo a término indefinido, ejecutado entre el 11 de febrero de 2002 al 28 de febrero de 2019, el pago de prestaciones, indemnizaciones y demás acreencias laborales

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Radicación n.° 97057 y de seguridad social que fueran procedentes (expediente digital). Para fundamentar sus pretensiones, señaló que suscribió tres contratos de prestación de servicios con la convocada, que en realidad constituyeron una sola relación de trabajo; que el cargo que desempeñó fue el de administradora y cumplía las órdenes del consejo de administración; tenía horario y renunció con justa causa porque fue sometida a actos de acoso laboral y no le cancelaron prestaciones. La accionada, se opuso a las pretensiones formuladas en su contra, porque la petente ejercía la actividad de

administradora en varias propiedades horizontales, siendo autónoma e independiente. En su defensa, presentó las excepciones de pago, inexistencia de vínculo laboral, buena fe de la propiedad horizontal demandada, inexistencia de la primacía de la realidad, cobro de lo no debido, cobro indebido de mora en pago de supuestas acreencias laborales, falta de legitimación en la causa por pasiva, mala fe de la accionante y prescripción (ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales, con fallo del 11 de agosto de 2022, declaró probadas las excepciones de inexistencia del vínculo laboral y de la

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Radicación n.° 97057 primacía de la realidad. Absolvió al demandado (expediente digital).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, con sentencia del 22 de septiembre de 2022, confirmó la del

Juzgado. En lo que al recurso interesa, sostuvo que debía establecer si los contendientes estuvieron, en la realidad, vinculados con un contrato de trabajo. A continuación, indicó: Resulta oportuno poner de presente que, de conformidad con lo previsto en los artículos 22 y 23 del C.S. del T., tres elementos deben concurrir para la configuración de un contrato de trabajo: (i) la prestación personal de los servicios del trabajador a favor de la persona demandada, (ii) la continuada subordinación o dependencia respecto de la persona demandada y (iii) el salario

como retribución de la actividad personal; correspondiéndole a quien manifiesta haber ostentado la calidad de trabajador, probar el primer supuesto para que se presuma en su favor la existencia del vínculo laboral, así lo dispone el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, y, en contraste, al empleador le incumbe desvirtuar el hecho presumido a través de elementos de convicción que acrediten que el servicio se ejecutó de manera independiente y autónoma. Ello también fue indicado en un caso similar al presente por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL2879-2019. Manifestó que la petente acreditó la prestación personal del servicio a favor de la enjuiciada, pues de esa situación daban cuenta los Contratos de Prestación de Servicios suscritos en los años 2002, 2012 y 2015, la totalidad de los

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Radicación n.° 97057 testigos y lo expuesto por el representante legal de la enjuiciada, al momento de rendir su interrogatorio, ya que, esos medios de convicción enseñaban que la señora Giraldo Urrea realizó la función de administradora de la copropiedad entre el 2002 y el 2016. Luego, expresó: Ahora, cumple realizar un ejercicio valorativo de las pruebas arrimadas al plenario, a efectos de determinar si la presunción legal de existencia del contrato de trabajo, derivada de la acreditada prestación personal del servicio, fue desvirtuada y si la accionada logró demostrar que la relación contractual estuvo desprovista del elemento de subordinación o dependencia y, en consecuencia, se trató de un contrato de prestación de servicios,

como lo afirmó. La Corporación considera que la presunción antedicha sí fue desvirtuada, por lo que a continuación se expone: Lo primero que ha de indicarse al respecto es que la accionante no estaba obligada a cumplir un horario de trabajo en favor de la propiedad horizontal demandada. En efecto, si bien en el acta 295 del 5 de febrero de 2002, de Junta Directiva (págs. 45 a 53 y 164 a 168 ibidem) se dijo que “Se acordó nombrar a la Sra. Rocío Giraldo Urrea, con cinco horas de servicio que podrían ser de 8 a.m. a 11:00 a.m. y por la tarde completar el tiempo”, lo cierto es que ella no estuvo presente en dicha reunión y en el contrato de prestación de servicios suscrito seis días después, es decir, el 11 de febrero, no quedó consignada estipulación alguna en ese sentido. Además, en la ejecución del vínculo tampoco quedó acreditado que la accionante estuviese compelida a cumplir una jornada de trabajo para el edificio. Así se dice, puesto que en reunión del Consejo de Administración celebrada en mayo de 2004 (págs. 169 a 171 ib.), se mencionó que una copropietaria consideraba que había negligencia de la Administradora porque, según ella, no cumplía con el horario, frente a lo cual “Aclara el señor Gonzalo Morales que la señora Rocío no tiene horario”. Cabe indicar que este último era no solo miembro del Consejo, sino que además fue quien suscribió el primer contrato de prestación de servicio con la demandante, en representación de la propiedad horizontal.

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Radicación n.° 97057 El apoderado de la señora Rocío manifestó en la apelación que ello no era creíble porque se constituía en una maniobra de la demandada para ocultar la realidad, previendo las consecuencias negativas que podrían sucederle a futuro de dejar una declaración en sentido contrario. No obstante, esta es una hipótesis no corroborada, la cual no se acoge, máxime cuando la reunión estaba conformada por 12 personas, ninguna de las cuales realizó pronunciamiento u objeción frente a la manifestación que efectuó el señor Gonzalo. Prueba adicional de que la reclamante no tenía que cumplir horario es el testimonio de Alberto Salazar, quien estuvo cuatro años desde 2011 o 2012 y volvió en 2018 como miembro del Consejo de Administración del Edificio, y afirmó que ella no estaba sometida a ello, puesto que tenía libre albedrío de entrar y salir de las oficinas de administración que el edificio tiene dispuestas, y cumplía su función en el tiempo que ella requiriera o determinara. Y si bien la deponente Martha Cecilia Castillo, quien fue durante 38 años la secretaria Auxiliar Contable del edificio, sostuvo que ella tenía un horario de medio tiempo, que le dijeron que ojalá por las mañanas y que lo cumplía yendo a esas horas o incluso en la noche cuando había reunión de Consejo, a más que la gente sabía a qué hora la encontraba en la oficina, lo cierto es que: (i) dijo que ello lo sabe porque fue quien hizo el acta de cuando la contrataron, de modo que ella está haciendo referencia a la reunión de Junta Directiva en la que Rocío fue designada, pero

en la que no estaba presente; (ii) en todo caso, en momento posterior de su declaración, al preguntársele qué sucedía si Rocío no iba en el horario, respondió que no pasaba nada, ya que ella muchas veces iba por la tarde a solucionar lo que hubiera pendiente o que la llamaba si había pasado algo y ella llegaba; y (iii) respondió negativamente al interrogante de si a la peticionaria se le había efectuado un requerimiento, llamado de atención o sanción por no estar en horas de la mañana en el lugar. Resulta claro entonces que no había una obligación de cumplimiento de una jornada de trabajo, no existiendo quién estuviera vigilante del acatamiento de esa supuesta circunstancia. La testigo Sara María García, quien también fue miembro del Consejo de Administración del edificio, afirmó que sabía que la accionante tenía un horario. Pero no le consta que ello fuera una imposición de alguna persona u órgano en particular, sino que lo afirmó porque por lo regular iba al lugar en las mañanas, 3 o 4 veces al mes, y la encontraba allí. Sin embargo, ello no es indicativo de que ella tuviese una obligación en ese sentido. E inclusive la misma deponente manifestó que algunas veces también iba en horas de la tarde y la encontraba allá, todo lo cual

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Radicación n.° 97057 no permite arrojar certeza de un mandato de prestar los servicios en horas de la mañana, máxime cuando el cúmulo de probanzas enunciadas, como se vio, llevan a colegir lo contrario, esto es, que

no estaba obligada a cumplir un horario. Igualmente, la credibilidad de esta deponente se ve menguada por la circunstancia de que enunció que los pagos de seguridad social de Rocío los asumía el edificio y los hacía la Secretaria, cuando lo cierto es que existen múltiples pruebas en sentido contrario, esto es, que ella tenía que asumirlo de su peculio (lo dijeron la propia Secretaria, la (sic) Luz Adriana JiménezRevisora Fiscal del Conjuntoy aparece en el contrato de págs. 63 a 69 del archivo 01Cuaderno1), quedando un manto de duda de si las afirmaciones que ella efectuó obedecían a que había presenciado los hechos o a que los suponía o a que se los habían contado. El apoderado judicial de la señora Rocío manifestó en la alzada que los testigos del demandado afirmaron que incluso personas de otras copropiedades la iban a buscar a la oficina, lo que, a su juicio, denota que ellos sabían cuál era su puesto de trabajo, de donde se puede establecer el horario. No obstante, la Sala evidencia que, desde el punto de vista de la lógica formal, una circunstancia no se sigue necesariamente de la otra. En verdad, el hecho de que algunas personas fueran a buscarla al edificio no implica que ella tuviese obligación de cumplir un horario allí. Otro aspecto que denota autonomía en la ejecución de las funciones por parte de la señora Giraldo Urrea consiste en que podía ausentarse por varios días del ejercicio de sus funciones, sin solicitar autorización. Así lo expresó el miembro del Consejo de Administración Alberto Salazar, quien depuso que ella en muchas ocasiones se

ausentaba y no tenía que pedir permiso al Consejo, sino que informaba que se iba “y listo”. De igual forma, la testigo Luz Adriana Jiménez, quien fue Revisora Fiscal de la copropiedad por 25 años, hasta marzo de 2019, indicó que asistía a los Consejos de Administración y que la señora Rocío nunca pedía autorización al Consejo para salir a vacaciones, sino que le comentaba que se iba a ir unos días, tiempo en el cual sus funciones la ejercía la señora Martha, la secretaria, o decía que se ausentaría por un período sin que el Consejo supiera el motivo por el cual se iba a ir. La señora Martha Cecilia Castillo, secretaria de la Administración, al preguntársele por el tema, dijo que, si Rocío solicitaba permisos, tenía que ser al presidente del Consejo, pero no lo enunció de forma categórica, ni expresó la razón de su dicho, más allá de que, a su juicio, el Consejo era su jefe inmediato. Mucho menos dio cuenta de alguna ocasión en que ella hubiese presenciado una circunstancia de esa naturaleza.

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Radicación n.° 97057 La testigo Sara María García, quien fue miembro del Consejo de Administración del Edificio B.C.H., al interrogársele acerca de si la señora Rocío tenía que pedir permiso para ausentarse de la oficina por cuestiones ajenas a esta, contestó afirmativamente, mencionado que debía solicitarlo a la Junta (al Consejo, se entiende). Sin embargo, sucede lo mismo de la deponente anterior, consistente en que no expresó la razón de la ciencia de su dicho, no habiendo hecho mención a una sola ocasión en que

hubiese presenciado solicitud de permisos por parte de la ahora demandante. Además, la credibilidad que ofrece esta testigo se ve menguada por lo previamente explicado, aunado al hecho de que ante pregunta similar, en el sentido de si tenía que pedir permiso en caso de no poder ir a la oficina, respondió que imaginaba que si tenía que salir en la mañana, quedaba la Secretaría, denotando ausencia de certeza. Otro aspecto que denota independencia en el caso concreto consiste en que la señora Rocío no estaba obligada a cumplir funciones en un lugar determinado. Si bien hay pruebas, como el testimonio de la secretaria, en el sentido de que dentro de la propiedad horizontal existía una oficina en la que estaba de forma permanente ella (secretaria) y que la accionante también podía utilizar, lo cierto es que no existe prueba alguna que dé cuenta de que ella tuviera que ejecutar su misión desde ese lugar. Por el contrario, hay medios de convicción referentes a que podía realizarlo desde otros. En verdad, la misma secretaria, cuando se le preguntó si Rocío podía en algún momento ejercer labores desde casa, respondió que cuando había un daño grave o problema, la llamaba y si tenía que ir, acudía, o que lo solucionaba por teléfono. Incluso aseveró que la demandante tenía una oficina en la casa. Y no existe prueba alguna de imposición del lugar de cumplimiento de las funciones para las que fue contratada. Asimismo, Alberto Salazar, miembro del Consejo, destacó que la promotora del litigio no necesariamente tenía que prestar el servicio directamente en la oficina, puesto que ella le decía que para muchas de las cosas u órdenes ella había llamado, o que se sabía

en el Consejo que había tramitado documentos o actuaciones sin ir a la oficina. De otra parte, a la demandante no se le suministraron implementos o herramientas para la ejecución de su función. Es verdad que podía hacer uso de un escritorio (mesa y silla) ubicado en las instalaciones de la copropiedad, según indicaron testigos como Martha Cecilia Castillo y Luisa Fernanda González, habiendo sido esta última, quien le recibió a la demandante lo que tenía para entregar e informar cuando dejó de prestar servicios en el B.C.H. No obstante, es llamativo que, a diferencia

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Radicación n.° 97057 de la secretaria, quien sí estaba vinculada mediante contrato de trabajo, cumpliendo jornada completa, a la señora Rocío no se le suministraron implementos como computador para ejecutar sus funciones. Así lo expresó el señor Alberto Salazar, cuando relató que no se le facilitaron equipos a Rocío, puesto que los únicos que había en el espacio de administración estaban dotados para la secretaria, no para aquella; que incluso pudo ver en ocasiones que ella llevaba un computador, que no era del edificio. En el mismo sentido declaró la señora Luisa Fernanda González, al informar que Rocío podía hacer únicamente uso de un escritorio, ya que el computador que había estaba asignado a la secretaria y que, de hecho, no se lo transfirieron a la nueva administradora, sino a ella (la testigo), cuando reemplazó a la secretaria. Si bien la secretaria aseguró que en la oficina había un computador que manejaban las dos (Rocío y ella), lo cierto es que

sobre tal aseveración quedan dudas, toda vez que cuando se le preguntó qué elementos había en la oficina donde estaban, indicó que para Rocío había un escritorio y también manifestó que llevaba a veces un portátil suyo. Y a pesar de que la testigo Sara María García, miembro del Consejo, respondió que la señora Rocío se le suministraban computadores, nótese que no indicó las razones de su dicho, a más que contraría lo expuesto por los demás deponentes, hablando incluso de “computadores”, en plural, cuando aquellos, incluso la propia secretaria, dieron cuenta de que solo había un equipo en la oficina. Es esta última circunstancia, narrada por quien laboraba allí, la que permite inferir que cuando la accionante mencionó en acta de entrega (págs. 143 a 149, archivo 02) que la oficina de administración contaba con dos computadores, ello no es indicativo de que ambos fueran funcionales, aspecto que se corrobora con el hecho de que allí se habló de un computador con CPU y frente al otro no se dijo que tuviese este componente. El hecho de que ella hubiese tenido unos cuadros en la oficina de administración, según indicó la testigo Luisa Fernanda González, no es suficiente para considerar que hubiese un lugar específico en el que ella hubiera estado obligada a prestar sus servicios. Otro punto trascendental en este caso consiste en que la señora Rocío tenía la libertad de administrar otras propiedades horizontales, esto es, no tenía limitación por parte del Edificio B.C.H. en el sentido de que le tuviese que prestar servicios exclusivos. Esta circunstancia fue indicada por la demandante

en interrogatorio, así como por todos los testigos y por las documentales de págs. 215 del archivo 02 Cuaderno 02 y en los ficheros 12 Respuesta Oficio 324, 19 Respuesta Edificio San

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Radicación n.° 97057 Lucas, 20 Respuesta Laboratorio Molar y 21RespuestaConsejoAdministracion. Señaló, que las anteriores circunstancias, lo llevaban a concluir que los servicios de administradora de la actora, se realizaron sin subordinación o dependencia, porque esta fue autónoma al momento de ejecutar esa tarea e indicó, que no desconocía las circunstancias narradas en el recurso de apelación, donde se manifestó que en los contratos suscritos se convino que la demandante tenía entre otras funciones, las de representar judicial y extrajudicialmente a la persona jurídica y realizar obras urgentes establecidas por la asamblea o el consejo y cumplir que con las órdenes que esos órganos le realizaran y que en el reglamento de la propiedad horizontal, se hubiera mencionado que el administrador debía cumplir las demás funciones que emanaran de los organismos de mayor jerarquía.

Expuso: Tampoco se soslayan afirmaciones como las de la señora Martha Castillo en cuanto a que cada mes la señora le rendía cuentas al Consejo y que los miembros de este eran sus “jefes inmediatos”, a quienes ella les tenía que pedir autorización para realizar gastos grandes, o le decían lo que había que hacer, así como que los copropietarios le decían que había cosas o situaciones por reparar.

La señora Sara María, miembro de la Junta, también dijo que

esta le decía cómo llevar las relaciones en el edificio y que debía rendirle cuentas de los gastos hechos. Alberto Salazar adujo que en todos los Consejos se solicita que las cosas se lleven a cabo debidamente y, ante una inconsistencia, se pide que sea corregida o aclarada. Y es verdad que este último, quien formaba parte del Consejo de Administración, redactó correos electrónicos dirigidos a las señoras Martha Cecilia (secretaria) y a Rocío o solo a esta última

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Radicación n.° 97057 (págs. 37 a 41, archivo 01Cuaderno1), en los cuales les hacía solicitudes relativas a revisar y preparar comunicados para presentar en Consejo de Administración u ocupantes y a una inspección de policía. A pesar de tales circunstancias, la Corporación estima que ellas no comportan una continuada subordinación o dependencia para el caso concreto, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la administración de propiedad horizontal, de acuerdo a la Ley 675 de 2001, aunado a lo dicho por la jurisprudencia especializada en cuanto a que las vinculaciones de estas personas podrían llegar a darse a través de contrato independiente o dependiente, según las particularidades de los casos concretos, evidenciándose que muchas de las circunstancias enunciadas han sido mencionadas por la propia judicatura como procedentes en contratos de prestación de servicios. En efecto, no puede perderse de vista que la Ley 675 de 2001, “Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal”, en su artículo 36, establece que “La dirección y

administración de la persona jurídica corresponde a la asamblea general de propietarios, al consejo de administración, si lo hubiere, y al administrador del edificio o conjunto”. De igual forma, es la Ley la que dispone que las decisiones que la asamblea general toma de acuerdo con las normas legales y reglamentarias son de obligatorio cumplimiento para el administrador (artículo 37 ibídem). Por su parte, el artículo 54 regula que al Consejo de Administración: “le corresponderá tomar las determinaciones necesarias en orden a que la persona jurídica cumpla sus fines, de acuerdo con lo previsto en el reglamento de propiedad horizontal”. Asimismo, la Ley prevé que el administrador está encargado de la representación legal de la persona jurídica y de su administración, y despliega un listado de funciones, como las de representar judicial y extrajudicialmente a la persona jurídica, “Preparar y someter a consideración del Consejo de Administración las cuentas anuales, el informe para la Asamblea General anual de propietarios, el presupuesto de ingresos y egresos para cada vigencia, el balance general de las cuentas del ejercicio anterior, los balances de prueba y su respectiva ejecución presupuestal”, así como ejecutar las misiones que prevea el reglamento de propiedad horizontal o las que define la Asamblea General (artículos 50 y 51 ib.). Es evidente, entonces, que el administrador de la propiedad horizontal no es el único encargado de la función de administración de esta, sino que, en realidad existen otros dos

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Radicación n.° 97057 órganos que ostentan facultades de dirección y administración,

como son la Asamblea y el Consejo de Administración, siendo las actuaciones del primero el resultado de una comunicación constante con estos organismos colegiados, con miras a la buena marcha de la persona jurídica, estando enmarcado ese diálogo entonces, según se avizora en el caso que se examina, en tareas relativas a la función de administración, que bien puede desarrollarse a través de vinculaciones no laborales. Esto último también puede afirmarse respecto de las peticiones que presentaran los copropietarios individualmente considerados. Sobre aspectos relacionados con lo previamente discurrido se ha pronunciado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL2203-2018, a saber: […] Es lo previamente explicado lo que lleva a este Tribunal a considerar que la presunción del artículo 24 del C.S.T. fue desvirtuada, en tanto que, en síntesis, las funciones desplegadas por la señora Rocío Giraldo Urrea para la propiedad horizontal tuvieron connotaciones de independencia o autonomía, teniendo en cuenta, en términos de la jurisprudencia sobre la materia, “la naturaleza misma de la relación y la forma como se ejecutaron las prestaciones” (CSJ SL2879-2019). Entonces, a diferencia de lo considerado por la parte accionante, un análisis conjunto de las pruebas de conformidad con el artículo 61 del C.P.T.S.S., NO permite llevar a la existencia de una primacía de la realidad sobre las formas, esto es, a un contrato de trabajo. En relación con otros aspectos argumentados por el apelante, la Colegiatura expresa lo siguiente: El hecho de tener a su cargo la celebración de contratos no se

considera como una muestra de subordinación, sino simplemente como el desarrollo de la función encomendada incluso desde la Ley 675 de 2001, en ejercicio de sus facultades generales de representación legal (artículo 50). De hecho, este también prevé que el administrador los celebre, así: “Los actos y contratos que celebre en ejercicio de sus funciones, se radican en la cabeza de la persona jurídica, siempre y cuando se ajusten a las normas legales y reglamentarias”. Para confirmar la decisión absolutoria no se están estimando la sentencia CC C-384-08, proferida por la Corte Constitucional, ni las preguntas relativas a si la accionante no le avisó al Consejo si necesitaba un contrato de trabajo, como tampoco se está censurando el hecho de que ella no hubiese reclamado, mientras prestaba servicios, que en el edificio la reconocieran como vinculada mediante contrato de trabajo.

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Radicación n.° 97057 Ante los reparos según los cuales el despacho dijo que si no se daba la subordinación, no podía operar la presunción, lo que va en contra de la misma presunción, y que había dicho en ocasiones que sí estaba probada la prestación personal del servicio, pero en otras que no, esta Sala observa que lo que el despacho estimó era que ese primer elemento del contrato sí se había acreditado, lo que activaba la presunción de existencia del vínculo laboral, solo que fue desvirtuada, en tanto presunción legal, lo que se aviene a lo que regulan los artículos 22 a 24 del C.S.T., en concordancia con lo adoctrinado por la Sala de

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. El vocero judicial planteó que el edificio era grande, circunstancia que ameritaba el servicio subordinado de la demandante. Sin embargo, no estableció probatoriamente, en comparación con otras propiedades horizontales, que el B.C.H. tuviera la característica que le asignó. En todo caso, ni normativa ni fácticamente está comprobada una relación inescindible entre el tamaño de la propiedad horizontal y el tipo de contratación que deba efectuarse con el administrador de la misma. Y, como se indicó, no solo en este caso tenía que haber una “amalgama” entre la administradora y el Consejo, sino que ello se desprende para todas las propiedades horizontales, de acuerdo a los preceptos citados, contenidos en la Ley 675 de 2001. El profesional del derecho manifestó que con las actas de páginas 228 y 234 de cuaderno 2 (en realidad, corresponden al cuaderno 1), se evidencia dependencia de la demandante. Sin embargo, de esas páginas, que corresponden a Asambleas de copropietarios, no se observa tal, toda vez que se trata simplemente de: (i) una sugerencia de una asistente en cuanto a que la administración hiciera una reunión con los empleados y (ii) un reproche genérico, esto es, no específico a la señora Rocío, de una copropietaria en el sentido de que no se requerían más matas porque a las que había no se les echaba agua, afirmación frente a lo cual la administradora dijo que pondría más atención en el cuidado de las matas. El hecho de que la demandante hubiese tenido el deber de estar pendiente de las actuaciones de empleados del edificio, como los

celadores o los encargados del aseo, incluso impartiéndoles órdenes, (según dijeron testigos como Martha Castillo o Alberto Salazar), se considera una misión inherente a las funciones de administración de la copropiedad, que, según se ha insistido, no comporta con carácter de necesidad una vinculación laboral. Y esta circunstancia no implica que ella, a su vez, tuviese connotación de dependiente. El apoderado consideró que el testigo Alberto había desatendido los generales de ley al no haber sido claro respecto de su relación con el edificio. Sin embargo, ello no tiene influencia respecto de la sentencia, aunado a que, en todo caso, a lo largo de su

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Radicación n.° 97057 declaración reconoció que había sido miembro del Consejo de Administración de esta y su deponencia se toma en consideración -como inclusive también lo solicitó implícitamente el abogado en el recursopor la cercanía que tuvo con los hechos que relató, aparte de su claridad y precisión. En relación con la sentencia CSJ SL2215-2022, citada por el recurrente, ha de indicarse que en esa oportunidad, a diferencia del presente caso, la Corte no se vio abocada a determinar si existió o no contrato de trabajo entre el administrador y la propiedad horizontal, toda vez que este vínculo había sido declarado desde la primera instancia, sin que ese asunto fuera apelado. Así, y bajo el entendido de que la Corte partió de la premisa de una relación subordinada, las consideraciones vertidas en la decisión aludida no resultan aplicables al presente asunto. En suma, como NO es procedente declarar el contrato de trabajo

deprecado, tampoco se accederá a los créditos laborales solicitados, en tanto dependían de la prosperidad de aquel nexo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia, para que, en sede de instancia, revoque la del Juzgado y acceda a las súplicas de la demanda.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se estudiarán conjuntamente, pues aun cuando se presentan por distinta vía, tienen similar argumentación y persiguen el mismo fin.

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Radicación n.° 97057

VI. CARGO PRIMERO Dice esto: La sentencia acusada violó la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 53 de la C.P., 22, 23 y 24 del C.S.T., artículos 50 y 51 de la ley 675 de 2001.

Le atribuye al Tribunal, los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la actividad personal que desarrolló la demandante lo fue en virtud de una relación de trabajo.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante se encontraba bajo la continuada subordinación y dependencia de su empleador.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante cumplía un horario laboral impuesto por el Consejo de Administración del

Edificio BCH Propiedad Horizontal.

4. No dar por demostrado, estándolo, que desde el mismo contrato de prestación de servicios (documento auténtico), se

desprende la subordinación al estar bajo las órdenes e instrucciones del Consejo de Administración del Edificio BCH Propiedad Horizontal.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que la parte demandada desvirtuó la presunción contenida en el artículo 24 del CST.

Al sustentarlo dic