CSJ - SL2636-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2636-2023 Radicación n.° 96750 Acta 34 Bogotá, D. C., nueve (9) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARIO MORENO CUERVO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022), en el proceso ordinario que le instauró a la

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

Se reconoce personería al abogado Julio Cesar Carrillo Guarín con T.P. 18953 del C. S. de la J., como apoderado de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en los términos del escrito obrante en el cuaderno digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.° 96750 Mario Moreno Cuervo llamó a juicio a la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con el fin de que se declarara la existencia de un Contrato de trabajo a término indefinido vigente entre el 28 de septiembre de 1988 y el 4 de marzo de 2016; que el último salario mensual devengado fue de $10.084.300; que el empleador terminó la relación laboral de manera unilateral y sin justa causa. En consecuencia, se condenara a la demandada al pago de la indemnización por despido equivalente a 1.102.33 días, esto es $370.540.880, los intereses de mora y,

subsidiariamente, la indexación. Fundamentó sus peticiones, en que laboró para la Cámara de Comercio de Bucaramanga desde el 28 de septiembre de 1988 y hasta el 4 de marzo de 2016, en virtud de contrato de trabajo escrito a término indefinido; que desempeñó los cargos de operador de computador, asistente de tecnología, director de departamento de tecnología informática y vicepresidente de unidad de tecnología e informática; que sus salarios mensuales fueron $630.000 del 28 de septiembre de 1988 al 16 de octubre de 1995, $2.714.800 del 17 de octubre de 1995 al 31 de diciembre de 2006, $6.626.700 del 1º de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2009 y $10.084.300 del 1º de enero de 2010 al 4 de marzo de 2016. Afirmó, que su jornada laboral equivalía a 42.5 horas semanales; que el 26 de febrero de 2016 la coordinadora de talento humano lo citó a descargos, diligencia que se llevó a

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Radicación n.° 96750 cabo el 29 de febrero de esa anualidad y el 4 de marzo la llamada a juicio le dio por terminado el vínculo de manera unilateral y sin justa causa, por cuanto no es cierto, como se adujo en la misiva de terminación, que violó gravemente sus obligaciones y prohibiciones (f.° 39 a 47 del cuaderno digital n.° 1 del juzgado). Mas adelante presentó reforma a la demanda (f. ° 221 a

233 del cuaderno digital n.° 1 del juzgado), en lo que atañe al acápite de los hechos para precisar que prestó los servicios de manera personal a la demandada bajo la continuada dependencia y subordinación y mediante remuneración desde el 28 de septiembre de 1988 hasta el 4 de marzo de 2016 y, en cuanto a los medios probatorios adicionó el acápite denominado «documentales a solicitar» así como el correspondiente a la «prueba por informe». La Cámara de Comercio de Bucaramanga se opuso a la pretensión declarativa según la cual el contrato de trabajo terminó sin justa causa y, por consiguiente, rechazó las pretensiones condenatorias. En cuanto a los hechos, aceptó la relación laboral, la modalidad del contrato, los cargos desarrollados, el último salario devengado, la citación y diligencia de descargos, así como los extremos del contrato; respecto de lo demás indicó que no eran ciertos. Adujo que la terminación del vínculo obedeció a una justa causa comprobada según hechos previamente verificados a través de un proceso disciplinario, el cual se cumplió con el lleno de requisitos legales y jurisprudenciales;

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Radicación n.° 96750 que las faltas cometidas por el demandante fueron graves y generaron grandes riesgos para la Cámara, explicando que: i) el actor no realizó un adecuado seguimiento al desarrollo del proyecto software de gestión tipo ERP, a pesar del cargo que ostentó y haber sido el gerente del proyecto, situación que generó que el contrato suscrito con el proveedor Quality software SAS se

extendiera en tres oportunidades y que tuviera que realizarse una suspensión debido a los pendientes sin solución por parte del contratista, además de una mayor inversión de tiempo por parte de trabajadores de la Cámara de Comercio de Bucaramanga; ii) autorizó la factura #10017 del proveedor Quality software SAS a pesar de conocer el cronograma de pagos establecidos en el contrato entre la Cámara y el proveedor Quality software SAS donde estaban contemplados únicamente 7 pagos y no abonos, autorización que por demás era irregular puesto que el contratista aún no había cumplido con el avance establecido en el contrato; y, iii) realizó la suscripción de un acta de finalización del Contrato 14-502 con el proveedor Quality software SAS a pesar de que no estaba facultado para ello, tal como lo manifiesta en la diligencia de descargos, aunado a que conocía que el avance del proyecto era de un 87%, renunciando con ello al mes de acompañamiento establecido en el contrato, como quiera que se había establecido como una etapa posterior a la entrega del 100% del proyecto y no para terminar pendientes, generando riesgos. Situaciones todas ellas que afirmó fueron debidamente verificadas. En su defensa propuso las excepciones de mérito de, prescripción; inexistencia de la obligación; compensación; buena fe y la innominada (f.° 61 a 89 cuaderno digital n.° 1 y f.° 235 a 265 del cuaderno digital n.° 2 del Juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga, por sentencia del 2 de marzo de 2021 (f.° 295

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Radicación n.° 96750 a 296 acta y audio del cuaderno digital n.° 2 del Juzgado), decidió: PRIMERO. Declarar que entre MARIO MORENO CUERVO, en calidad de trabajador, y la CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA como empleadora, existió un contrato laboral a término indefinido con extremos del 28 de septiembre de 1988 al 4 de marzo de 2016, el cual finalizó por la pasiva, de manera unilateral y con justa causa, de acuerdo a lo indicado en la parte motiva. SEGUNDO. ABSOLVER a la demandada CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA de la totalidad de las pretensiones formuladas en su contra por el actor MARIO MORENO CUERVO, según lo motivado. TERCERO. Condenar en costas al demandante. Se fija la suma de $908.526, como agencias en derecho a favor de la pasiva y a cargo del demandante, la que será tenida en cuenta al liquidar las costas del proceso. CUARTO. Si la presente decisión no es apelada, consúltese con el superior.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante fallo del 17 de junio de 2022 (f.°28 a 43 del cuaderno digital del Tribunal), confirmó la decisión del a quo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, estableció como problema jurídico determinar si la decisión del empleador de dar por terminado el vínculo laboral al accionante, fue justa. Consideró, como fundamento de su decisión, que era

un hecho acreditado que el extremo demandado dio fin al

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Radicación n.° 96750 ligamen contractual el 4 de marzo de 2016, al edificar como justa causa lo establecido en el numeral 6° del artículo 62 del CST y los literales a, m y ñ del artículo 99 del capítulo xvii del reglamento interno de trabajo. Explicó que según el contenido del numeral 6° del artículo 62 del CST, subrogado por el 7º del Decreto 2351 de 1965 y las sentencia de esta Sala CSJ SL, 10 mar. 2009, rad. 35105 que reiteró la CSJ SL, 14 ag. 2012, rad. 39518 y la CSJ SL12438-2015, cuando la falta se origina en la violación de las prohibiciones y obligaciones consagradas en los artículos 58 y 60 del CST, no se requería que el calificativo de grave estuviera inmerso en los documentos del empleador, toda vez que ello debería hacerlo el juez al momento de verificar los hechos configurativos de la causal alegada. Precisó, que probado el despido le correspondía al empleador demostrar la ocurrencia de los hechos endilgados como justa causa para la terminación del contrato de trabajo y conforme a la carta de despido, la pasiva atribuyó como motivos constitutivos de las causales: i) que el actor como vicepresidente de unidad de tecnología e informática autorizó un pago no contemplado en el Contrato 14-502 entre la Cámara de Comercio y el proveedor Quality software S.A.S. [por valor de $69.600.000], el cual califica la pasiva en la misiva de terminación del contrato, como irregular

y en favorecimiento del contratista. ii) suscribir de manera irregular un acta de cierre del Contrato 14-502 entre la Cámara de Comercio y el proveedor Quality software S.A.S. el 20 de febrero de 2016, sin estar facultado o autorizado para hacerlo a sabiendas de que dicho contrato aún no se había ejecutado y entregado cabalmente por el contratista (negrilla del texto original).

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Radicación n.° 96750 Analizó que, de acuerdo a la diligencia de descargos, el pago del anticipo y el acta de cierre, en efecto fueron autorizadas y suscritas por el accionante. Revisó el Contrato 14-502 y verificó que la autorización de un abono y la firma del acta de terminación del convenio, no se hallaban dentro de las facultades del trabajador, porque lo convenido por las partes fueron siete (7) pagos por etapas, cada uno definido en su valor correspondiente y los contratantes no pactaron la suma de $69.600.000 que el demandante habilitó. Señaló, que el demandante mostró su inconformidad con el fallo censurado, al indicar que estaba autorizado para realizar pagos y que estos ya estaban causados porque las licencias habían sido entregadas, y efectivamente no era objeto de disputa este tema, al no mediar duda de que era el vicepresidente responsable del proyecto, pero el recurrente confundió que esa potestad no era el centro de la discusión, pues lo que la accionada reprochó fue el pago por él autorizado en tal suma, por ser irregular, en la medida en que ese no se encontraba soportado en lo pactado en el

Contrato 14-502. Anotó, que era necesario hacer relación en la misma línea a que examinado el contrato y sus modificaciones, en su clausulado no se contempló el pago de anticipos, por lo que los alegatos de la alzada referentes a que no se probó que el que se hizo fuera del término estipulado quedaban derruidos, pues el demandante no siguió el marco trazado en

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Radicación n.° 96750 el contrato para autorizar los desembolsos al proveedor, los montos y porcentajes estaban definidos y ninguno correspondía a la suma de $69.600.000 que resolvió autorizar. Coligió, que de la diligencia de descargos, de forma irrefutable, se extractaba la aceptación del trabajador de autorizar el pago del abono no pactado antes dicho, sustentado adicionalmente por la declarante Adriana Rodríguez, tesorera de la demandada, quien informó que según los procedimientos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, para el desembolso de facturas debía verificar el visto bueno del vicepresidente del proyecto, que las facturas que ella pagó a Quality Software SAS, tenían la firma del demandante; que ella no tenía dentro sus funciones aprobar pagos sino realizar los pagos que estaban en la programación y que el extrabajador autorizó el desembolso de la factura 10017 del proveedor Quality Software SAS por valor de $69.600.000. Sostuvo que, en tal sentido, no tenía eco el alegato del accionante en punto a justificar su actuación sobre la base de que la tesorería avaló el pago, pues no era de competencia

de dicho departamento, reiterando que tal posibilidad solo residía en el demandante, situación que, desde luego, lo obligaba a ceñirse a lo pactado en la cláusula décima del Contrato 14-502. Añadió, que el denunciante, como administrador del proyecto y empleado de la Cámara de Comercio, tenía la

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Radicación n.° 96750 obligación contractual de velar por los intereses del empleador y diáfanamente lo que se acreditó es que no obró conforme a ello, en la medida en que los pagos a realizar por la ejecución del contrato fueron claramente estipulados y no le estaba permitido salirse de los parámetros propuestos dentro del clausulado contractual, pues si bien, el cargo era de confianza y manejo, contrario a lo pretendido en el recurso, no podía a mutuo propio variar las condiciones del Contrato 14-502, que fue lo que a la postre hizo al actuar fuera de los límites del contrato. Acotó, que el que se hubiera informado por parte del representante legal de la pasiva que para cuando el querellante autorizó el pago, las licencias ya habían sido entregadas por Quality SAS, en nada modificaba lo discurrido, porque los pagos tenían una estipulación concreta, la cual no siguió el demandante, y solo el contratista y el contratante eran quienes podían modificar dicho pacto. Coetáneamente dijo que si se examinaba la cláusula cuarta del Contrato 14-502, Quality SAS se obligó a implementar y dejar en funcionamiento el software objeto del contrato, por lo que no se trataba únicamente de entregar la

licencia sino de que estuviera implementada y en funcionamiento. Frente al acta de cierre del mencionado vínculo, firmada por el demandante Mario Moreno Cuervo, como responsable de la contratación, advirtió que el convenio aún no estaba ejecutado y entregado cabalmente.

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Radicación n.° 96750 Resaltó que, según se reflejaba en el susodicho nexo y sus otrosíes, quien siempre actuó por parte de la pasiva fue el representante legal, lo que no permitía colegir que Moreno Cuervo pudiera dar por terminado el convenio, lo cual era claro para el trabajador, según las respuestas proporcionadas en la diligencia de descargos. Examinó el manual de funciones en el que se hallaba la descripción del cargo desempeñado, para decir que, en sus potestades y responsabilidades estaba administrar, teniendo como áreas principales la supervisión de los contratos de tecnología informática, pero observó que se le delimitaron ciertas decisiones, así sin el aval de su superior jerárquico, no le era posible dar por terminado contratos, puesto que, de hecho, tenía restringido realizar procesos de contratación en cuantía superior a 17 SMLMV. Dijo que, frente a la ejecución del Contrato 14-502, también era palmario el hecho de que para la data en que el laborante suscribió el acta de cierre, aun no estaba terminado, teniendo conocimiento, como lo expuso en la diligencia de descargos, que para ese momento el cumplimiento iba a un 87 % y, con todo y ello, dejó consignado en la citada acta que los pagos pendientes serían

cancelados en su totalidad al proveedor, luego de trascurrido un mes de acompañamiento y entregado los pendientes enlistados, en los cuales, solo relacionó 24 ítems; sin embargo, según dio cuenta el testigo Jorge Alejandro López Villamil, eran 104 las actividades pendientes, lo que se corroboró con el acta de suspensión del contrato.

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En lo restante mencionó: De otro lado, cabe anotar, que si bien es cierto lo que refiere el

recurrente, según modificación No.3 al Contrato 14-502, aquel tenía fecha de terminación el 22 de febrero de 2016, no le asiste razón cuando insinúa: que en ese orden el acta de cierre suscrita por el actor y el proveedor no tiene relevancia porque “no se puede matar al muerto” pues no puede perderse de vista que se trató fue de un contrato que traía unas obligaciones por parte del contratista, las cuales para esa fecha no estaban cumplidas, por lo que antes de terminarlo, como en las anteriores oportunidades ocurrió, bien podía ampliarse el término de común acuerdo entre las partes (cámara de Comercio y Proveedor) o el contratante podía aplicar incumplimiento (cláusula decima primera), luego, como lo alegó la demandada en la carta de despido, el demandante sabiendo que el contrato no estaba ejecutado al 100% decidió terminarlo sin tener facultad. Tampoco existe una errada valoración de la prueba testimonial, como quiera que los declarantes de manera uniforme dieron cuenta de que en efecto el actor era el vicepresidente de la unidad de tecnología e informática, que autorizó el pago de la factura

10017 del proveedor Quality software SAS por valor de 69.600.000; que suscribió acta de cierre del Contrato 14-502 el 20 de febrero de 2016 cuando la ejecución iba a un 87%, situaciones todas estas aceptadas por el demandante desde la diligencia de descargos. Y es que no puede perderse de vista que lo que aquí se analiza es si el demandante incurrió en las causales endilgadas para el despido, la cuales fueron diáfanas, la pasiva le atribuyó dos irregularidades concretas al demandante en punto a la forma como supervisó y administró el contrato, y en ese sentido ninguno de los declarantes revela situación diferente. Analizó, en relación a la graduación de las conductas, que de acuerdo a lo estipulado en el numeral 6° del artículo 62 del CST y los literales a), m) y ñ) del artículo 99 del capítulo xvii del reglamento interno de trabajo, el motivo de terminación del ligamen atribuido al demandante, se subsumía dentro de la hipótesis a) del artículo 62 numeral 6° del CST, esto es, cualquier violación grave de las

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Radicación n.° 96750 obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del CST, pues con su comportamiento dejó de realizar personalmente la labor en los términos estipulados, dado que quedó demostrado que autorizó un anticipo no contemplado entre la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Quality Software SAS en el Contrato 14-502 que él administraba y firmó acta de cierre del citado contrato sin autorización para ello y sin

estar ejecutado al 100 %. Especificó, en cuanto a la gravedad de la conducta, que no se equivocó el juez cuando le imprimió tal connotación y que si bien se compartía el argumento del apelante de que no se demostró ningún daño, pues en últimas el contrato finalmente se ejecutó a cabalidad como lo aceptó el represente legal luego de 4 prórrogas, lo cierto fue que tal situación claramente no se dio por gestión del demandante, dado que el contrato concluyó después del despido. Dijo que, en cambio, sí se demostró que puso en peligro patrimonialmente a la pasiva, pues giró una suma cuantiosa que no estaba delimitada en el Acuerdo 14-502, siendo además que, según el mismo clausulado, dicho convenio se financiaría 100 % con dineros públicos y, lo más relevante, acordó en el acta de cierre los pagos pendientes en su totalidad, luego de trascurrido un mes de acompañamiento y entrega de los pendientes, los cuales, según lo demostrado en el proceso, no eran los estipulados en esa acta sino que ascendían alrededor de 100 actividades, además de declarar

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Radicación n.° 96750 a paz y a salvo por las obligaciones adquiridas, todo ello aun sabiendo que el proyecto estaba ejecutado al 87%. Concluyó, que el empleador acreditó la justa causa endilgada para dar por terminado el contrato de trabajo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Mario Moreno Cuervo, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver

(Cuaderno digital de la Corte).

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se revoque la de primer grado y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se pasan a estudiar en forma conjunta pues, aunque fueron planteados por sendas diferentes, persiguen el mismo propósito (Cuaderno digital de la Corte).

VI. CARGO PRIMERO Expresa, Acuso la sentencia impugnada por la vía indirecta, por ser violatoria de la ley sustancial en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 58, 60, numeral 6° literal a. del artículo

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Radicación n.° 96750 62 (subrogado por el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965) y 64 del C.S.T. […]. Aduce que, […] esta violación indirecta, considero se originó por la apreciación errónea y la no apreciación de documentos auténticos y del interrogatorio de parte del representante legal de la demandada en los siguientes y evidentes errores de hecho:

1. Dar por demostrado sin estarlo, que el demandante Mario Moreno Cuervo incumplió las obligaciones especiales contenidas en el artículo 58 del C.S.T. y en los numerales a, m y ñ del artículo 99 del reglamento interno de trabajo.

2. Dar por demostrado sin estarlo, que el demandante Mario Moreno Cuervo realizó una de las conductas prohibidas en el

artículo 60 del C.S.T.

3. Dar por demostrado sin estarlo, que el demandante Mario Moreno Cuervo tenía prohibido autorizar abonos en el Contrato 14-502. 4.Dar por demostrado sin estarlo, que el acta de cierre suscrita por el demandante Mario Moreno Cuervo del día 20 de febrero de 2016, dio por terminado el Contrato 14-502.

5. Dar por demostrado sin estarlo, que el demandante Mario Moreno Cuervo, fue quien terminó el Contrato 14-502.

6. No dar por demostrado estándolo, que el Contrato 14-502 terminaba el 22 de febrero de 2016 de acuerdo al plazo estipulado entre las partes.

7. No dar por demostrado estándolo, que los pagos autorizados por Mario Moreno Cuervo se dieron de acuerdo al cronograma establecido en la cláusula décima del Contrato 14-502 y de acuerdo a su potestad como ordenador del gasto y gerente encargado del proyecto.

8. No dar por demostrado estándolo, que la demandada Cámara de Comercio de Bucaramanga no pudo demostrar el incumplimiento por parte del demandante Mario Moreno Cuervo de las obligaciones especiales contenidas en el artículo 58 del C.S.T. y en los numerales a, m y ñ del artículo 99 del reglamento interno de trabajo.

9. No dar por demostrado estándolo, que la demandada Cámara de Comercio de Bucaramanga no pudo demostrar cual fue la

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Radicación n.° 96750 conducta adelantada por el demandante Mario Moreno Cuervo y

que se enmarcaba en el artículo 60 del C.S.T

10. No dar por demostrado estándolo, que las conductas y omisiones del demandante Mario Moreno Cuervo se encausaban en el numeral 4 del literal a. del artículo 62 del C.S.T. y no en el numeral 6 del literal a. del C.S.T.

11. No dar por demostrado estándolo, que la demandada Cámara de Comercio de Bucaramanga fundamentó el despido de manera equivocada en la causal 6 del literal a. del artículo 62 del C.S.T.

Para la demostración del cargo, describe respecto a los yerros 1º, 2º, 3º, 8º, 9º, 10º y 11º relacionados con la finalización del vínculo, que la prueba obrante en el anexo digital «folio 266 cuaderno 2022041451959407» contentivo «a folio 18 a 20 y cuaderno principal 2022035728618407 contentivo a folio 23 a 25 y 265 a 267», acredita la fecha en la que le fue notificada la terminación del contrato de trabajo, la relación de los hechos que motivaron el finiquito, el listado de pruebas que sustentan la decisión del empleador, los fundamentos estipulados en los «numerales» a, m y ñ del reglamento interno de trabajo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, fundamento legal establecido en el numeral 6° del artículo 62 del CST que configuró la justa causa del despido y firma del representante legal. Plantea que la apreciación errónea del Tribunal consistió en acreditar que estaba justificado el despido, sin mencionar en qué documento o cláusula se encontraba

establecida la prohibición de efectuar abonos, dejando de lado que en el año 2015, se le autorizó hacer un anticipo al proveedor para jugar con la vigencia presupuestal, lo que permite inferir que dentro de su autonomía, estas

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Radicación n.° 96750 autorizaciones, abonos y anticipos no estaban prohibidas, lo que desmentía que la causal invocada por el empleador, establecida en el numeral 6º del artículo 62 del CST, se ajustara a los hechos. Aseveró frente a los yerros 4º, 5º y 6º, que no se tuvo en cuenta que hubo notificación a la aseguradora sobre la suspensión del Contrato 14-502, según las pruebas del «anexo digital folio 219 cuaderno 2022040227729407 contentivo a folio 1 y folio 266 cuaderno 2022041250070407 contentivo a folio 1 y 8 y cuaderno principal 2022035728618407 contentivo a folio 255», sosteniendo que la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el 25 de febrero de 2016, informó a Seguros del Estado S. A. la decisión de suspender el Convenio de Prestación de Servicios 14-502, en calidad de beneficiaria de la Póliza 15-45-101054006, por lo que el Tribunal no se percató de que el contrato no fue terminado por él, estuvo vigente al menos hasta el 25 de febrero de 2016 y la suspensión se dio según la misiva a partir de esa fecha. Dijo, que la no apreciación del Contrato 14-5021 fue un

error al no percatarse el sentenciador que aquel estuvo vigente al 22 de febrero de 2016, por lo que debió comprender que el contrato no fue terminado por él y que, aunque el acta 1 anexo digital folio 219 cuaderno 2022040227729407 contentivo a folio 2 y 3, cuaderno 2022040637719407 contentivo a folio 98 y 99, folio 266 cuaderno 2022041250070407 contentivo a folio 2 y 3 - 9 y 10, folio 266 cuaderno 2022041613045407 contentivo a folio 98 y 99 y cuaderno principal 2022035728618407 contentivo a folio 26 y 27 – 253 y 254,

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Radicación n.° 96750 de cierre quedó mal titulada, estas consideraciones fueron inanes, explicando: […] preguntémonos ¿Qué efectos podía producir un acta de cierre respecto al plazo definido por las partes como finalización del tercer otro sí para el 22 de febrero de 2016? Si el Tribunal hubiese apreciado esta prueba en conjunto con los descargos y el oficio de suspensión del contrato enviado a la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. el 25 de febrero de 2016 había podido colegir que el demandante no terminó ningún contrato, traigo a colación que utilicé en el recurso “no es posible matar a un muerto” esta no apreciación conllevó también al Tribunal a sostener la equivocada configuración de presunto incumplimiento de obligaciones especiales y la realización de conductas prohibidas, aspecto fáctico que no está probado en el plenario, lo que se

puede inferir es una posible extralimitación de funciones procurando el demandante ser diligente, potísima razón para sostener que cuando se califican procederes no es válido sostener que hay incumplimiento de obligaciones, incumplir una obligación en sentido estricto consiste en no hacer, quedar inmerso en una prohibición en riguroso sentido significa hacer algo que se tiene prohibido y en el plenario el demandante no tenía prohibido levantar documentos en los que se señalara la trazabilidad y el estado del contrato ejecutado y que tuviera prohibido efectuar autorización para pagos y abonos. Señala que, con fundamento en la no valoración del Acta de terminación y liquidación por mutuo acuerdo del Contrato de prestación de servicios profesionales 14-502, es erróneo sostener la tesis de que el convenio comercial terminó presuntamente con el Acta de Cierre del 20 de febrero de 2016, porque ni siquiera ello sucedió el 22 de febrero de la misma anualidad como data última estipulada en el tercer otrosí, sino que se extendió hasta el 7 de junio de 2016, lo que hace injustificado su despido porque la argumentación de la pasiva fue el incumplimiento de obligaciones y la circunstancia de haber puesto en riesgo a la entidad.

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Radicación n.° 96750 Asegura, que pretende demostrar a esta Sala que tanto el empleador como el Tribunal se equivocaron en la causal invocada para justificar el finiquito contractual como justo, porque revisadas las pruebas aducidas en el cargo como no apreciadas y valoradas erróneamente, lo que se puede colegir

con meridiana claridad es que no incumplió ninguna obligación especial de las contenidas en el CST ni menos aún de las contenidas en el artículo 99 en sus literales a, m y ñ del reglamento interno de trabajo, brillando también por su ausencia dentro del plenario cuáles fueron las hipótesis probadas y que se puedan enmarcar dentro de las contenidas en el artículo 60 del CST. Acusa que, en lo concerniente al acta de descargos, hubo un análisis sesgado porque no fue analizada en su contexto integral, pues se dedujo solo que el trabajador no contaba con la facultad de dar por terminado el contrato, porque ello correspondía exclusivamente al represente legal, pero se inobservó que lo que hizo según su juicio fue actuar con diligencia teniendo en cuenta que como gerente del proyecto le correspondía hacer mención de los pendientes, haciendo énfasis en el documento que el cierre obedecía a la finalización del contrato señalada para el 22 de febrero de 2016. Pone de presente, que no podía el colegiado conjeturar que en el acta del 20 de febrero de 2016, había terminado el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 14-502, porque si no hubiese apreciado erróneamente la prueba, había podido deducir que el contenido de ésta fue:

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1. Acta de Reunión, 2. Nombre de la reunión: “cierre Contrato 14502 sistema ERP”, 3. contexto de título y nombre de la reunión: “Teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato la cual tendrá el 22 de febrero de 2016, empezará a contarse el periodo

de garantía (1 año) y el primer año de soporte según lo contenido en la cláusula cuarta del mencionado contrato. Alude, que el documento tiene insertado con claridad la terminación del contrato para el 22 de febrero, pero no era esta acta la que lo terminaba. Explica, que el Tribunal hubiera interpretado el significado de la palabra cerrar, sin mayores elucubraciones, podía inferir que lo que pretendió fue levantar unas evidencias que denominó cierre, partiendo de un espacio temporal ya fijado por las partes, limitado por la fecha de terminación del contrato 22 de febrero de 2016. Discute, que no incumplió una obligación especial ni adelantó una conducta que tuviera prohibida y, qu