CSJ - SL2645-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2645-2023 Radicación n.° 93271 Acta 40 Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide los recursos de casación interpuestos por las sociedades MAXO S. A. S. y CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED, contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, el 14 de septiembre de 2021, dentro del proceso ordinario laboral iniciado por JUVENAL ANTONIO FERNÁNDEZ BRITO contra las recurrentes.

I. ANTECEDENTES Juvenal Antonio Fernández Brito llamó a juicio a Mamut de Colombia S. A. S., hoy Maxo S. A. S., y solidariamente a Carbones del Cerrejón Limited, con el fin de que se declare que, con la primera de ellas, existió un contrato de trabajo por la duración de la obra o labor, el cual

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Radicación n.° 93271 se extendió del 14 de diciembre de 2010 al 11 de mayo de 2015, fecha en la cual finalizó por decisión unilateral y sin justa causa por parte de la empleadora. En consecuencia, solicitó ordenar el pago de $97.170.262 por concepto de indemnización por terminación sin justa causa, la reliquidación de cesantías de los años 2011 a 2014, las primas de 2014, el salario no cancelado desde abril hasta diciembre de 2014, enero y febrero de 2015, los recargos nocturnos, dominicales y festivos y trabajo en

descanso compensatorio. Además, se declare que la empleadora hizo un descuento ilegal al trabajador de las prestaciones sociales por valor de $449.935, por consiguiente, se ordene su reintegro; se determine que es ineficaz el otro sí No. 1 del contrato de trabajo porque desmejoró sus derechos mínimos e irrenunciables; las indemnización y sanción moratorias previstas por el artículo 65 del CST e inciso 2 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Por último, que se declare que Carbones del Cerrejón Limited es responsable solidariamente de las prestaciones sociales e indemnizaciones debidas, lo que resulte ultra o extra petita y las costas del proceso. En respaldo de sus pretensiones relató que entre las empresas Mamut de Colombia S. A. S. y Carbones del Cerrejón Limited se celebraron varios contratos de prestación de servicios y para su cumplimiento la primera de las sociedades lo vinculó el 14 de octubre de 2010 para

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Radicación n.° 93271 desempeñarse como operador de grúa, bajo la modalidad de contrato por duración de la obra o labor. Expuso que dentro de las funciones que desarrollaba en el complejo carbonífero del Cerrejón (Municipio de Albania – Guajira) como operador de grúa estaban: transportar con las grúas de Mamut las llantas y repuestos de los camiones utilizados para el transporte de carbón; ensamblar los camiones utilizados para el transporte de carbón por parte de la empresa Carbones del Cerrejón Limited; retirar bombas o equipos que estaban dentro de los pozos de excavación;

realizar el mantenimiento de los camiones y vehículos utilizados para la extracción y transporte del mineral. Narró que se pactó un salario básico de $2.500.000, que a partir del 31 de diciembre de 2010 ascendió a $3.120.000; y que, según los comprobantes de pago, el salario promedio devengado en 2011 correspondió a $3.700.370; no obstante, en los meses laborados de esta anualidad la empleadora lo liquidó irregularmente, pues tomó como salario básico la suma de $2.500.000, por lo que se le adeuda el saldo de los meses de ese año. Similar situación ocurrió respecto de 2012 a 2014, ya que el salario promedio de la última anualidad referida fue de $4.803.646, pero en la liquidación final de prestaciones se tomó la suma de $4.224.794. Dijo que, por lo anterior, el empleador le consignó las cesantías de forma deficiente, adeudándole por este concepto el saldo de los años 2011 a 2014; igualmente, se liquidaron las primas del año 2014 irregularmente; los recargos

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Radicación n.° 93271 dominicales, festivos, nocturnos y trabajo en descanso compensatorio no fueron pagados de forma correcta en los meses de abril a diciembre de 2014, enero y febrero de 2015. Explicó que el contrato de trabajo fue adicionado mediante el otro sí 1, referente al auxilio de localización por valor de $1.100.000, el cual en realidad era parte del salario mensual, como retribución a sus servicios personales y no por mera liberalidad.

Señaló que las labores para las cuales fue vinculado estaban relacionadas con el contrato celebrado entre la empleadora y Carbones del Cerrejón Limited, el cual regía hasta el 30 de abril de 2017; sin embargo, el 11 de mayo de 2015 fue despedido sin justa causa, además, le fue descontada la suma de $449.935 de manera irregular de las prestaciones sociales por concepto de ajuste sueldo, el cual no autorizó y no tiene fundamento de hecho ni legal. Al dar respuesta a la demanda, Carbones del Cerrejón Limited se opuso únicamente a la pretensión referente a la solidaridad respecto de las eventuales acreencias a favor del promotor del proceso. En cuanto a los hechos, solo admitió que las labores del actor eran desarrolladas en el complejo carbonífero, y precisó que «el servicio de transporte y movilización de carga era requerido en las instalaciones del Cerrejón ubicadas en el Municipio de Albania». Frente a los demás, dijo no constarle, no ser ciertos o no corresponder a supuestos fácticos.

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Radicación n.° 93271 En su defensa argumentó que con el demandante no tuvo un vínculo laboral ni ejerció subordinación respecto de él, razón por la cual no debe ningún concepto de carácter salarial ni indemnizatorio. Explicó que con la empleadora celebró el contrato civil de servicios identificado con el número 05102009, cuyo objeto era suministrar y operar equipos mecánicos para izaje y manejo de cargas, tales como grúas, montacargas, camiones grúas (brazo articulado) y plataforma para izaje de personas.

Aclaró que ninguna de las actividades contratadas con Mamut de Colombia S. A. S., estaban dirigidas a desarrollar las actividades de extracción de carbón, transporte en tren del carbón, o embarque para exportación, que es su objeto social principal. Sostuvo que conforme a su certificado de existencia y representación legal su objeto social correspondía a la exploración, explotación, beneficio, transformación y comercialización del carbón, mientras que el de la empresa Mamut de Colombia S. A. S. era la prestación de servicios de izaje, cargue y descargue. Así, consideró que no existía conexidad alguna entre el giro normal de sus negocios con los de la compañía contratista, razón por la cual no se cumplía con el supuesto de hecho establecido en el artículo 34 del CST, para que se pudiera predicar la solidaridad entre el beneficiario del servicio y el verdadero empleador.

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Radicación n.° 93271 Formuló las excepciones de cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, prescripción, falta de causa para pedir, buena fe y la genérica (f.os 151 a 175 del tomo 1 del cuaderno digital de primer grado). Mamut de Colombia S. A. S., hoy Maxo S. A. S., al contestar el escrito inicial se opuso a las pretensiones, salvo que se declare la existencia de un contrato de trabajo por duración de obra o labor contratada. En cuanto a los hechos, admitió la celebración del contrato de trabajo por duración de la obra o labor, el cargo desempeñado por el actor, el lugar donde llevó a cabo la actividad, el salario básico inicialmente pactado, la celebración del otro sí 1 relativo al auxilio de

localización, la terminación del nexo el 11 de mayo de 2015, pero aclaró que fue por culminación de la obra o labor contratada. También aceptó que las labores para las cuales fue vinculado estaban relacionadas directamente con el contrato que tenía la empleadora con Carbones del Cerrejón Limited, pero aclaró que, aunque el convenio con dicha empresa no había finalizado para el momento de la culminación del nexo laboral, las labores para las cuales fue contratado el actor sí habían fenecido; igualmente admitió la presentación del derecho de petición por parte del promotor del proceso. Frente a los demás dijo no ser ciertos o no constarle. En su defensa sostuvo que las actividades para las cuales contrató al señor Fernández Brito correspondieron a la operación de equipos de máquinas para izajes y manejo de

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Radicación n.° 93271 equipos y/o cargas, las cuales se requerían dentro del contrato celebrado con Carbones del Cerrejón Limited, desempeñando el cargo de operador de grúa en Puerto Bolívar; vínculo que finalizó por la culminación de la operación de grúas en dicho lugar. Indicó que el demandante aprovechó una inconsistencia en el sistema de los comprobantes de pago de nómina para afirmar que el salario básico desde el inicio del proceso correspondió a la suma de $3.120.000, cuando en realidad fue de $2.500.000, tal y como se convino en el contrato de trabajo, y durante el año 2012 fue de $3.000.000. De otro lado, señaló que entre las partes se pactó que el auxilio de localización de $1.100.000 no tendría carácter

salarial, el cual no buscaba remunerar la actividad ejecutada sino facilitarle su calidad de vida al suministrarle un dinero que le permitió asentarse mejor en un lugar diferente a su domicilio. Adujo que pagó los salarios y prestaciones sociales de acuerdo con el tiempo real y efectivamente laborado, de forma total, oportuna y de buena fe, razón por la cual no adeuda suma alguna. Formuló las excepciones de pago, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones, buena fe, prescripción, compensación, pacta sunt servanda y la genérica (f.os 61 a 86 del tomo II del cuaderno digital de primera instancia).

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Radicación n.° 93271

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Maicao, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 31 de octubre de 2018, resolvió: PRIMERO. DECLARAR que entre el demandante Juvenal Fernández Brito existió un contrato de trabajo con duración de la obra o labor determinada con Mamut de Colombia S.A.S., hoy Maxo S.A.S., con extremos temporales comprendidos entre el 14 de diciembre de 2010 hasta el 11 de mayo de 2015, según explica el argumento.

SEGUNDO. DECLARAR la ineficacia del otro sí número 1 incluido en el contrato de trabajo suscrito entre la empresa Mamut de Colombia S.A.S y el demandante conforme expuso la parte motiva. TERCERO. DECLARAR no probadas las excepciones que formularon las codemandadas pago, cobro de lo no debido,

inexistencia de las obligaciones, buena fe, prescripción, compensación, pacta sunt servanda, genérica, falta de causa para pedir frente a las acreencias reclamadas conforme precisan las razones en esta providencia. CUARTO. CONDENAR a Maxo S.A.S., anteriormente Mamut de Colombia S.A.S., pagar a favor del demandante los conceptos y rubros que se especifican en la tabla adjunta de esta decisión y que se describieron en la motivación. QUINTO. ABSOLVER a la empresa demandada de las demás pretensiones incoadas. SEXTO. DECLARAR que Carbones del Cerrejón Limited es solidariamente responsable de las obligaciones que Maxo S.A.S., anteriormente Mamut de Colombia S.A.S tiene para con el demandante. SÉPTIMO. CONDENAR en costas a las partes procesales vencidas por la actividad desplegada en este grado de conocimiento, fijando las agencias en derecho en dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme previene el artículo 365 del CGP armónico con el Acuerdo PSA1610554 del 5 de agosto del 2016 emitido por la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, liquídense por secretaría. OCTAVO. NOTIFICAR en estrados esta providencia según

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Radicación n.° 93271 consagra el artículo 41 literal B del CPTSS modificado por el artículo 20 de la Ley 712 de 2001. Anexo a la providencia, aparece la siguiente información sobre la liquidación de acreencias (pág. 67 del tomo IV del cuaderno de primera instancia: Período laborado: Catorce (14) de diciembre de dos mil diez (2010)

hasta once (11 de mayo de dos mil quince 2015)

PRESTACIONES SOCIALES RECONOCIDAS:

CESANTÍAS:

AÑO SALARIO DÍAS LABORADOS VALOR QUE DEBIÓ VALOR PAGADO DIFERENCIA

PROMEDIO POR PAGARSE AÑO 2011 3417708,292 360 3417709,29 2638889 778820,292 2012 3560020,833 360 3560021,83 3284375 275646,833 2013 3560020,833 360 3560021,83 3447583 112438,833 2014 4325516,667 360 4325517,67 3842313 483204,667 2015 3947812,4 161 1765549,43 1556375 209174,434 $1.859.285

PRIMAS: AÑO SALARIO DÍAS A LIQUIDAR VALOR QUE DEBIÓ VALOR PAGADO DIFERENCIAS

PROMEDIO POR PAGARSE AÑO 2014 4325516,667 3196076,2 1852088 1343988,204 (05/04/2014) 266 2015 3947812,4 161 1765549,43 1537356 228193,4344

$1.572.182

REEMBOLSO DESCUENTO ILEGAL: Cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos treinta y cinco pesos ($449.935,00 M/Cte.) (Deberá indexarse).

SANCIÓN MORATORIA: Hasta por 24 meses a razón de $3.947.812 como último salario devengado y salario diario = $131.594720= $94.747.680 (valor

moratoria). INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY 50 DE 1990: Contados desde el quince (15) de febrero de dos mil diez (2010), cuando debieron consignarse las cesantías y hasta la fecha de finalización de la relación laboral (10/05/2015), el resultado arroja $181.908.644. Por sanción moratoria por pago deficitario de cesantías.

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Radicación n.° 93271 Ante la solicitud de aclaración presentada por la parte actora respecto de las condenas impuestas a las demandadas, el a quo accedió a ésta, así: Se parte de que los extremos temporales datan del 14 de diciembre del 2010 hasta el 11 de mayo del 2015, esos son los extremos temporales y así se declaró pese a la confusión de la demanda inicial que señalaba una fecha anterior. En cuanto al salario se indicó los salarios promedio de 2010 a 2015, incluyendo el auxilio de localización y se tuvo finalmente como salario promedio por año 2010 a 2015 los siguientes: 2010: $3.600.000 2011: $3.417.709 2012: $3.560.021 2013: $3.560.021 2014: $4.325.517 2015: $3.947.802 Esto para efecto de las liquidaciones que a continuación se hicieron: el trabajo suplementario se niega por no estar acreditado; la excepción de prescripción no se encuentra probada atendiendo la fecha de presentación de la demanda y la fecha en que finalizó o feneció el contrato laboral.

Por concepto de cesantías se impuso una condena de $1.859.285, por primas $1.572.182, reembolso de descuento legal, también se accedió a la pretensión $449.935, la sanción moratoria por pago deficitario de cesantías se elevó a $181.908.644, la sanción moratoria contemplada en el artículo 65 por 24 meses a razón de $3.947.812 como último salario devengado y salario diario $131.594 por 720 días arroja $94.747.680, por la terminación de contrato se accedió a indemnizar al extrabajador a razón de $131.593 como salario diario del último salario devengado de $3.947.812 para un total de $10.132.661, suma que deberá indexarse así como la del descuento ilegal debe indexarse. Se aclara que esta condena, esta indemnización corre desde el 12 de mayo del 2015 hasta el 28 de julio del mismo año, y finalmente se declaró la solidaridad respecto de Carbones del Cerrejón Limited, además de la condena en costas equivalente a 2 SMLMV a cargo de las partes vencidas en este proceso.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, al resolver los recursos de apelación formulados por las demandadas, mediante fallo del 14 de septiembre de 2021 confirmó la sentencia de primera instancia y condenó en costas a la parte demandada.

En lo que interesa al recurso extraordinario de casación, el juez plural planteó que debía resolver: i) si había

lugar a declarar la terminación del contrato de trabajo sin justa causa y, por consiguiente, a la imposición de la correspondiente indemnización; ii) si el auxilio de localización reconocido durante la relación laboral constituía factor salarial y, en consecuencia, si debía tenerse en cuenta para la liquidación de prestaciones sociales. En caso positivo, establecería si era viable imponer las condenas por indemnización y sanción moratoria regulada por los artículos 65 del CST y la Ley 50 de 1990; iii) si era procedente la devolución de los descuentos no autorizados y iv) si existía la solidaridad declarada por el fallador de primer grado. Luego de citar los artículos 127 y 128 del CST, indicó que este último consagraba la excepción a la generalidad salarial cuando las partes han suscrito un acuerdo de exclusión. Expresó que esta Corte en decisión CSJ SL17982018 había considerado que era indispensable que el acuerdo de las partes encaminado a especificar qué beneficios o auxilios extralegales no tendrían incidencia salarial fuera expreso, claro, preciso y detallado de los rubros

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Radicación n.° 93271 cobijados, pues no era posible el establecimiento de cláusulas globales o genéricas. Además, refirió en extenso el precedente horizontal dentro del radicado 2018-00026-01, proferido dentro de un proceso adelantado contra la Empresa Mamut de Colombia S. A. S. hoy Maxo S.A.S. Indicó que al ser el auxilio de localización un pago «habitual y reconocido justamente por laborar», lo hacía una

contraprestación directa del servicio en los términos del artículo 127 del CST y, por ende, factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social, incluso, así existiera un acuerdo de exclusión, porque un convenio en ese sentido carecería de validez por no ajustarse al apartado final del artículo 128 del CST, pues «al tener como causa el retribuir el servicio del trabajador, confluir las características de periodicidad, duración y uniformidad en su monto», y no coincidir con algunas de las bonificaciones señaladas en el último artículo, tenía una clara connotación salarial, derivándose las consecuencias pertinentes. Por consiguiente, anunció que confirmaría la connotación salarial del auxilio de localización reconocido por la empleadora al ex trabajador porque Mamut de Colombia S. A. S. al responder la demanda aceptó su pago habitual; si bien en el otro sí 1 del contrato suscrito el 14 de diciembre de 2010 (f.° 25) se plasmó que «el empleador reconocerá al empleado en su cargo de OPERADOR DE GRUA la suma de $1.100.000 en forma mensual como AUXILIO DE LOCALIZACIÓN, el cual por acuerdo mutuo de las partes no

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Radicación n.° 93271 constituye salario ni es factor del mismo para ningún efecto laboral, de conformidad con la facultad dispuesta en el artículo 15 y siguientes de la Ley 50 de 1.990», dicha disposición de carácter general no permitía la interpretación extensiva al auxilio de localización que «no fue taxativamente incorporado en ella», en los términos de la jurisprudencia de

la Corte Suprema de Justicia referida. En ese orden de ideas, al encontrarse probado el carácter salarial del auxilio de localización, la parte demandada debía soportar las consecuencias jurídicas de su omisión, esto es, la reliquidación de las prestaciones sociales, por lo que anunció que confirmaría en este aspecto la sentencia recurrida. En lo referente a la indemnización por despido injusto manifestó que el contrato de trabajo suscrito entre Mamut Colombia S. A. S. y el demandante el 14 de diciembre 2010 tenía como término de duración «hasta cuando se finalice la obra, pero podrá darse por terminado por cualquiera de las partes, cumpliendo con las exigencias legales al respecto», igualmente se fijó como funciones del trabajador «Operador de grúa, ejecutando labores como: operar el equipo en forma segura, el cumplimiento de las normas de seguridad de la compañía y las recomendaciones del cliente y las anexas y/o complementarias». Además, el nexo laboral feneció el 11 de mayo de 2015, según consta en el documento enunciado como «terminación contrato por obra o labor contratada» aduciéndose la finalización por causa de la cláusula quinta del contrato (f.° 26).

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Radicación n.° 93271 Consideró que el contrato por obra o labor estaba sujeto a una obra cierta, determinada, con fecha de inicio de labores el 14 de diciembre de 2010; igualmente, que el objeto de la labor y la duración de la misma, así como el desarrollo de las actividades se encontraban ligadas a una obra o labor determinada -el contrato con Carbones del Cerrejón Limited-

, y que para la fecha en que la empleadora dio por terminado el contrato de trabajo (11 de mayo de 2015), aún no se había agotado la obra contratada, como quiera que se encontraba vigente el otro sí No. 9 del 16 de febrero de 2015, en el cual las sociedades acordaron extender su vigencia por cuatro meses desde el 29 de marzo de 2015 hasta el 28 de julio del mismo año. Agregó que la empleadora no demostró la extinción de la labor desarrollada por el trabajador en el marco del contrato suscrito entre ésta y Carbones del Cerrejón Limited, razón por la que procedía la condena impuesta por indemnización por despido injusto. Al adentrarse al tema de la «indemnización moratoria por el no pago de prestaciones sociales» dijo que la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que no es automática por lo que debía constatarse en cada caso si el empleador omitió suministrar elementos de persuasión que acreditaran una conducta provista de buena fe y que esta o la mala fe no dependen de la prueba formal de los convenios o de la simple afirmación del demandado de creer estar actuando conforme a derecho, ya que era indispensable la verificación de otros

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Radicación n.° 93271 tantos aspectos que giraron alrededor de la conducta que asumió en su condición de deudor obligado. Destacó que la empleadora cumplió con el pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social con el salario por ella reconocido como base, pero no era de recibo que pretendiera exonerarse de las consecuencias del no pago, invocando la presunción de

buena fe consagrada en la Constitución Política, cuando esta no es absoluta y puede desvirtuarse, pues muy a pesar de que la parte demandada creyera estar cancelando lo debido, la forma contractual adoptada por las partes para excluir derechos a los trabajadores (otro sí 1) derivó en el deficiente pago del mencionado auxilio de localización y de las prestaciones reclamadas, por no tenerlo en cuenta dentro del salario promedio devengado por el ex trabajador. Por ende, estimó que ese pacto contractual no la exoneraba de la referida indemnización, porque fue a través de dicho acuerdo que se desmejoraron los derechos del extrabajador, lo que generaba la reliquidación de prestaciones sociales – incluidas las cesantíaspor su pago deficitario, de ahí que existió mala fe en su proceder. En cuanto al descuento practicado, dijo que conforme al artículo 149 del CST se prohíbe al empleador deducir, retener o compensar suma alguna del salario sin orden suscrita por el trabajador o sin mandamiento de pago. Explicó que el actor perseguía el reembolso de la suma

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Radicación n.° 93271 de $449.935, que fue ordenado por el a quo, frente a lo cual encontró que, si bien sobre el salario podían hacerse deducciones en tanto las de orden legal no requieren autorización alguna, las demás sí requerían la aceptación del trabajador, por cuanto dicha prohibición está contenida en el artículo 59 del CST, y al no acreditarse tal consentimiento en el plenario fue acertada la decisión de ordenar su reembolso. Aclaró que no bastaba el solo hecho de asegurar

que se trataba de un ajuste de sueldo, sino que debía «mediar el beneplácito expreso del actor para proceder a su devolución». Por último, frente a la solidaridad razonó que conforme al artículo 34 del CST el origen de esta no se encontraba en la relación directa entre el trabajador y el responsable solidario, sino en la calidad de este último como beneficiario de la obra o labor que desempeñaba el primero. Así, tal responsabilidad se desprendía no de la condición de empleador, sino de la de ser beneficiario de la labor desarrollada por el operario. Señaló que para la prosperidad de esta pretensión debía probarse que para el momento de los hechos el empleador del demandante era contratista de Mamut de Colombia S. A.

S. y que el trabajador se encontraba desempeñando una labor de la cual era beneficiario ese tercero, la cual resultaba propia del giro ordinario de sus funciones.

Puntualizó que para que operara esta figura era necesaria la concurrencia de tres elementos, a saber:

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Radicación n.° 93271 primero, la existencia de vínculo contractual entre el beneficiario de la labor y el empleador del demandante; segundo, el contrato de trabajo entre el actor y el contratista del beneficiario y tercero, que la labor contratada sea del giro ordinario de las actividades del beneficiario. Tales elementos los halló acreditados por las siguientes razones: se demostró la suscripción de un contrato de obra 05102009 del 22 de octubre de 2010 celebrado entre Mamut de Colombia S. A. S. y Carbones del Cerrejón Limited, cuyo objeto era «Dar alcance al anexo A-Alcance de los servicios

(suministro y operación de equipos mecánicos para izaje y manejo de equipos y/o cargas)». Así, estimó que era un contrato en virtud del cual el empleador, aparecía como contratista de una labor en beneficio de un tercero. El actor fue contratado por Mamut de Colombia S. A. S., hoy Maxo S. A. S., para prestar servicios de operador de grúa ejecutando labores como operar el equipo de forma segura, el cumplimiento de las normas de seguridad de la compañía y las recomendaciones del cliente y las anexas y/o complementarias (f.° 21 a 24). Por último, la labor desempeñada por el promotor del proceso pertenecía al giro ordinario de las actividades del responsable solidario, ya que: […] tanto el objeto del contrato de obra suscrito por la demandada, como las funciones específicas que de éste se desprenden y que realizaba el demandante, corresponden al giro ordinario de las actividades del CERREJÓN LLC “OPERADOR DE GRUA”, cuyo objeto social principal es la exploración,

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Radicación n.° 93271 explotación, transporte y comercialización de carbón, además de la compra, extracción, explotación, procesamiento, distribución, venta y comercialización en general de carbones, otros minerales y de todo tipo de combustibles.

IV. RECURSOS DE CASACIÓN Ambas demandadas interpusieron el recurso de casación. La Sala resolverá inicialmente el formulado por Carbones del Cerrejón Limited y, luego, el de Maxo S. A. S.

V. RECURSO DE CASACIÓN DE CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED El recurso fue planteado por dicha demandada,

concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

VI. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que esta corporación case parcialmente la decisión de segundo grado en cuanto confirmó la solidaridad, para que, en sede de instancia, revoque tal declaración y, en su lugar, la absuelva.

De manera subsidiaria solicita casar parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto confirmó las condenas de primera instancia atinentes a la ineficacia del otro sí 1 incluido en el contrato de trabajo suscrito entre las partes; en cuanto condenó a Maxo S. A. S., antes Mamut de Colombia S. A. S., a pagar al actor los valores relacionados

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Radicación n.° 93271 en la sentencia por concepto de «cesantías, primas, reembolso descuento, sanción moratoria por pago deficitario de cesantías, y sanción moratoria contemplada en el art. 65 del C.S.T». En su lugar, que se revoquen tales condenas y se absuelva a las demandadas, proveyendo en costas como corresponda. Con tal propósito formula cinco cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados. La Sala los resolverá conjuntamente siguiendo un orden lógico y, además, por cuanto en algunas de las acusaciones se plantean reparos sobre la misma temática desde la óptica fáctica y jurídica, los cuales, además, están estrechamente relacionados.

VII. CARGO PRIMERO Acusa la decisión del Tribunal por la vía directa, por la

interpretación errónea del artículo 34 del CST, en relación con los artículos 23, 24, 64, 65, 127, 128, 149, 249, 306 del mismo estatuto y 29 de la Ley 789 de 2002. En la demostración, dice que no discute el objeto del contrato celebrado entre las demandadas ni su objeto social, lo que cuestiona es que se afirme que se cumplen los elementos para acreditar la solidaridad porque tales servicios corresponden al mismo giro ordinario de sus negocios, cuando el artículo 34 del CST no consagra una solidaridad entre el contratista independiente y el beneficiario de la obra cuando las actividades no son de la misma esencia ni

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Radicación n.° 93271 envergadura. Cita tal norma y puntualiza que la solidaridad exige que exista el mismo giro ordinario de los negocios, esto es, debe haber una correspondencia en su objeto social y, si bien la jurisprudencia ha dicho que no se requiere que se cumplan iguales labores a las del beneficiario, ha puntualizado que no es cualquier labor la que puede generar la solidaridad, dado que se requiere que las tareas coincidan o sean afines. Por ende, la conexidad que estableció el colegiado entre el operador de la grúa y su objeto social no da cabida a extender la responsabilidad solidaria, en tanto que no son de la misma naturaleza. Indica que es apenas lógico que para desarrollar su propósito se requiera la operación de equipos mecánicos, pero ello no significa que tales labores sean del giro ordinario de sus negocios. En tal dirección, aduce que, como la obra contratada de

suministro y operación de equipos mecánicos para izaje y manejo de equipos y/o carga, buscaba cubrir una necesidad propia del contratante, no implicaba una actividad permanente de aquellas como para que deviniera en algo inherente a la empresa del beneficiario, por lo que el juez de apelaciones erró al conside