CSJ - SL2655-2023

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente SL2655-2023 Radicación n.° 94046 Acta 36 Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de anulación interpuesto por la ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A. contra el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento el 27 de julio de 2021, con ocasión del conflicto colectivo suscitado entre la mentada empresa y el SINDICATO DE

TRABAJADORES DEL SISTEMA FUNERARIO –

SINTRAESPERANZA.

I. ANTECEDENTES De la documentación remitida por el Tribunal de Arbitramento se infiere que el Sindicato de Trabajadores del Sistema Funerario – SINTRAESPERANZA, formuló un pliego de 27 peticiones a la sociedad ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A., sin que se hubiese alcanzado entre éstos

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Radicación n.° 94046 solución alguna en la etapa de arreglo directo y razón por la cual el Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo, ante petición de la agremiación sindical aprobada previamente en asamblea general de sus afiliados, mediante Resolución No. 0494 de 02 de marzo de 2021, ordenó la constitución de un tribunal de arbitramento para que dirimiera el conflicto colectivo de trabajo así generado e irresoluto. El Tribunal de Arbitramento quedó debidamente integrado e instalado el 16 de abril de 2021, obtuvo la

prórroga solicitada --de 60 días hábiles-- para pronunciarse, pasando luego a proferir el laudo cuya anulación se pretende por la ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A., mediante el recurso sobre el que aquí se decide.

II. LAUDO ARBITRAL El Tribunal de Arbitramento, una vez señaló las generalidades y antecedentes del caso, enunció el contenido y decisión de las cláusulas estudiadas «atendiendo fundamentalmente el principio de equidad» y, posteriormente,

en la parte resolutiva enumeró:

1. Los beneficios concedidos a la organización sindical, diecisiete (17) en total, cuya

denominación es la siguiente:

ARTÍCULO 1 (PETICIÓN 1): IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

ARTÍCULO 2 (PETICIÓN 2): PERMISOS PARA LA NEGOCIACIÓN

DEL PLIEGO DE PETICIONES

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Radicación n.° 94046 ARTÍCULO 3 (PETICIÓN 3): RESPETO A LA SINDICALIZACIÓN ARTÍCULO 4 (PETICIÓN 4): RÉGIMEN DISCIPLINARIO ARTÍCULO 5 (PETICIÓN 8): AUMENTO DE SALARIOS ARTÍCULO 6 (PETICIÓN 10): AUXILIO EDUCATIVO ARTÍCULO 7 (PETICIÓN 11): AUXILIO DE MATRIMONIO ARTÍCULO 8 (PETICIÓN 12): AUXILIO DE NATALIDAD ARTÍCULO 9 (PETICIÓN 13): AUXILIO DE ANTEOJOS ARTÍCULO 10 (PETICIÓN 14): CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS ARTÍCULO 11 (PETICIÓN 15): AUXILIO DE RODAMIENTO

ARTÍCULO 12 (PETICIÓN 18): FORMA DE REMUNERACIÓN DE LOS PERMISOS SINDICALES ARTÍCULO 13 (PETICIÓN 20): IGUALDAD DE DERECHOS ARTÍCULO 14 (PETICIÓN 22): AUXILIO SINDICAL ARTÍCULO 15 (PETICIÓN 24): VIGENCIA ARTÍCULO 16 (PETICIÓN 26): PUBLICACIÓN ARTÍCULO 17 (PETICIÓN 27): «EL PRESENTE TRIBUNAL DE

ARBITRAMENTO MANTENDRÁ VIGENTES LAS ACTAS 04 DEL 21

DE ABRIL DE 2016 Y 05 DEL 26 DE ABRIL DE 2016, RESPECTO

A LOS ACUERDOS ALCANZADOS POR LAS PARTES, SALVO EN

EL ARTÍCULO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y

RECONOCIMIENTO SINDICAL, EL CUAL ES MODIFICADO POR EL

PRESENTE LAUDO».

1. Las peticiones denegadas, esto es:

PETICIÓN 5: PRESCRIPCIÓN DE SANCIONES

PETICIÓN 6: SALARIO MÍNIMO CONVENCIONAL

PETICIÓN 7: NIVELACIÓN SALARIAL

PETICIÓN 9: FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA

PETICIÓN 16: PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO

PETICIÓN 17: PÓLIZA DE SALUD PETICIÓN 23: BONIFICACIÓN POR FIRMA iii. Y finalmente los artículos cuyas peticiones no fueron concedidas por falta de competencia, así:

PETICIÓN 19: NORMAS FAVORABLES

PETICIÓN 21: CONTRATACIÓN DIRECTA

PETICIÓN 25: EFECTOS DEL RÉGIMEN CONVENCIONAL

III. RECURSO DE ANULACIÓN

La empresa ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A.,

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Radicación n.° 94046 interpuso y sustentó recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento --el 27 de julio de 2021, notificado a las partes en esa misma fecha--, el día 30 de julio de 2021, esto es, dentro del término legal según lo establecido en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Pretende la empresa la anulación de los siguientes artículos:

ARTÍCULO 1: IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

ARTÍCULO 2: PERMISOS PARA LA NEGOCIACIÓN DEL PLIEGO

DE PETICIONES

ARTÍCULO 3: RESPETO A LA SINDICALIZACIÓN

ARTÍCULO 4: RÉGIMEN DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 13: IGUALDAD DE DERECHOS ARTÍCULO 16: PUBLICACIÓN Para cada uno de los puntos denunciados, se ofrece una sustentación, como se señalará más adelante.

IV. RÉPLICA Surtido el traslado respectivo a la organización sindical SINTRAESPERANZA, ésta no presentó oposición dentro del término que le fue otorgado, como reza en el informe secretarial del 30 de junio de 2022.

V. CONSIDERACIONES Atendidos los motivos de las impugnaciones propuestas por la empresa, tal cual se verá cuando se aborde el capítulo correspondiente, importa a la Corte recordar que de

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Radicación n.° 94046

conformidad con la jurisprudencia y el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, su competencia en este recurso extraordinario está restringida a verificar la regularidad del laudo arbitral en los aspectos recurridos para establecer si el Tribunal al dictarlo: (i) extralimitó el objeto para el cual se le convocó; (ii) afectó derechos o facultades reconocidos por la Constitución a las partes del conflicto; (iii) afectó derechos o facultades reconocidos a las mismas por las leyes; (iv) o por normas convencionales. Además, por la naturaleza de la decisión adoptada por esta especial clase de Tribunales, que es en equidad, (v) si con ello se produjo la violación de tan trascendental principio rector de las relaciones surgidas entre empleadores y trabajadores (artículo 1 del CST). Excepcionalmente, compete a la Corte, cuando hallare que no se decidieron todas las cuestiones indicadas en el decreto para el cual se le convocó, (vi) devolver el expediente a los árbitros, a fin de que se pronuncien sobre ellas, señalándoles plazo al efecto, sin perjuicio de que ordene, si lo estima conveniente, la resolución de lo ya decidido (artículo 143 del CPTSS). Lo anterior traduce que la Corte, al resolver los recursos de anulación interpuestos contra el laudo arbitral, en atención a esa misma naturaleza y a su particular propósito, que es el de generar enunciados de carácter obligacional o normativo para regular las futuras condiciones del trabajo, y no el de dirimir controversias jurídicas sobre los alcances, interpretación o posible integración de sus enunciados

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Radicación n.° 94046 normativos, tarea que sabido es corresponde de ordinario a los jueces del trabajo como jueces que son en derecho, está limitada a anular o no anular las disposiciones adoptadas en el laudo, sin que, por ende, pueda dictar preceptivas de reemplazo o pueda reenviar al tribunal de arbitramento el asunto para que adopte las que la Corte crea son las que proceden, pues la anulación de la disposición del laudo agota el procedimiento arbitral, salvo que, en lo que ha dado en llamarse por la jurisprudencia «modulación» de una disposición del laudo, que permite su subsistencia pero atada a un entendimiento particular o específico para impedir la total pérdida de sus efectos, cuestión ésta que solamente es predicable de cláusulas positivas, es decir, de las que crean derechos, no de aquellas en que se niega una de las peticiones del pliego que dio origen al conflicto, pues ello traduciría que la Corte asumiera el rol de árbitro del laudo. Con dicha introducción, viene al caso advertir que los árbitros al resolver el asunto del epígrafe, dispusieron crear un cuerpo normativo con las disposiciones que consideraron necesario incluir para regular las relaciones laborales entre empresa, trabajadores y sindicato, desestimando las que concluyeron no deberían hacer parte de dicho estatuto y no sin antes consignar las razones para tal proceder, de manera que, al final, de los 27 puntos del pliego de peticiones, el laudo quedó reducido a 17 artículos. Precisado lo anterior, pasan a examinarse las cláusulas

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Radicación n.° 94046 cuya anulación se solicita. 1.- Identificación de las Partes

Pliego:

PETICIÓN UNO:

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES, RECONOCIMIENTO SINDICAL ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A. y las sociedades que esta organice o las que en el futuro la reemplacen o sustituya, quien adelante se denominará "LA EMPRESA” , reconocerá al SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA FUNERARIO "SINTRAESPERANZA” antes Sindicato de Trabajadores de Organización la Esperanza "SINTRAESPERANZA”, organización de primer grado y de industria con constancia del Ministerio del Trabajo Dirección Territorial de Norte de Santander Radicado N° 0569 del 27 de julio de 2017, quien en adelante se denominará

“EL SINDICATO”.

PARÁGRAFO: En todo caso los derechos, garantías y prerrogativas legales, convencionales y extra convencionales en caso de fusión, afiliación sindical, cambio de Razón Social o adopción de nuevos Estatutos quedarán a nombre de la Organización Sindical que resultare de dicho evento y que asuma la representación de los trabajadores para todos los efectos y derechos.

Laudo: ART. 1 (PETICIÓN 1) IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: La presente convención colectiva de trabajo, se celebra entre LA EMPRESA ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A., que funciona conforme al NIT 890504378-1 y representada legalmente por quien ostente el cargo 31 de GERENTE GENERAL y sus trabajadores representados por el SINDICATO DE

TRABAJADORES DEL SISTEMA FUNERARIO

“SINTRAESPERANZA”, el cual regirá íntegramente las relaciones laborales entre la empresa y sus trabajadores sindicalizados. A ella se consideran incorporadas todas las disposiciones que contengan el Código Sustantivo de Trabajo y las leyes o Decretos que en futuro se dictan y sean aplicables conforme a la

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Radicación n.° 94046 naturaleza de la empresa. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las normas de trabajo vigente prevalecerá lo más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad. RECONOCIMIENTO SINDICAL. La ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A., reconocerá al SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA FUNERARIO “SINTRAESPERANZA” como representante legítimo de los trabajadores sindicalizados para todo lo relacionado con la interpretación y aplicación de la presente Convención Colectiva de Trabajo y del Régimen Interno de Trabajo, igualmente reconocerá a la Central Unitaria de Trabajadores CUT como asesor en el cumplimiento de normas establecidas por la ley y de la presente Convención Colectiva y demás normas generales. Argumentos de la Empresa Sostiene que el Tribunal invadió la órbita de la ley «al fijar cuales son las partes objeto del conflicto colectivo, y lo que es más grave, a determinar quiénes son sus representantes; aspectos estos que han sido definidos por el legislador y las partes, bien sea a través de los Estatutos Sociales o los Estatutos de la Organización sindical, que son los que están facultados para hacerlo».

Manifiesta que aunque para efectos de la negociación colectiva --en la etapa de arreglo directo--, se aceptó la representación de la organización sindical, tal situación no puede extenderse a la vigencia de la Convención, menos aún para indicar que «la organización sindical es la representante para definir y concertar el “régimen interno de trabajo” expresión bastante amplia y ambigua, por ejemplo: Si un trabajador comete una falta, acepta la misma y está de acuerdo con la sanción, la empresa deberá discutir el tema con la organización sindical? ¿Si se va a modificar el salario de un trabajador se deberá consultar también a la organización

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Radicación n.° 94046 sindical?». Agrega que la disposición atacada también limita al sindicato y/o trabajadores sindicalizados, a definir quienes los pueden asesorar, pues siempre tendría que ser por la CUT «y no lo podrían hacer otras personas». En sustento de lo cual, transcribe apartes de la sentencia de esta Corporación (SL5693-2014). Se considera Para resolver el anterior cuestionamiento, es suficiente recordar que la Corte ha delineado su criterio en el sentido de que la incorporación, repetición o consignación en el laudo arbitral de disposiciones ya previstas en la Constitución o en la ley laboral o de seguridad social no escapa a la competencia de los árbitros (CSJ SL3048-2021, CSJ SL8172022, entre otras), pues la réplica o copia expresa de preceptivas (principios y reglas), como las referidas al reconocimiento sindical, ninguna incidencia práctica

negativa reporta para las relaciones laborales, por cuanto significan simples repeticiones vacuas de lo que ya aparece regulado en nuestro ordenamiento jurídico (CSJ SL51172020, CSJ SL1950-2021, entre otras), lo cual en manera alguna altera el marco normativo en el que se despliegan las relaciones laborales. En tal sentido, la condición de representante de sus afiliados que pide SINTRAESPERANZA que se le defina en el laudo, tampoco puede ser materia de tal suerte de decisiones,

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Radicación n.° 94046 o por lo menos, se itera, ellas resultarían vanas y repetitivas por encontrarse reguladas en la ley. Ahora, frente al principio de favorabilidad, no está por demás recordar que su incorporación o no resulta inane o, por decirlo de otra manera, no es un elemento transformador de las relaciones laborales y, en ese orden, la falta de inclusión en el texto del laudo de un principio del derecho del trabajo no es impugnable en anulación, como tampoco lo sería su expresa incorporación. En ambos casos su devolución o anulación carecería de efecto práctico, en tanto el ejercicio de los derechos cuya fuente normativa es la Constitución o la ley, no está supeditado a su consagración en el laudo (SL695-2023). En cuanto a una eventual asesoría de la CUT, encuentra la Sala que el impugnante alude de manera vaga a tal argumento, lo cual no es suficiente para anular lo ordenado en el laudo arbitral. No se olvide que el recurso de anulación tiene un carácter extraordinario, por lo que le

compete al recurrente aducir y demostrar los desaciertos del Tribunal, que afecten derechos o facultades reconocidos en la Constitución Política, la ley o la convención colectiva de trabajo vigente --y que desconozcan el sentido de justicia y equidad que orienta las relaciones entre empleadores y trabajadores--, lo cual aquí no acontece. Por lo demás, si tal determinación --como expresamente lo acepta la empresa recurrente-- afecta es a la organización

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Radicación n.° 94046 sindical, debería haber sido esta quien demandara su anulación en esta sede extraordinaria. Por lo dicho, no se anulará la disposición cuestionada. 2.- Permisos para la Negociación del Pliego de Peticiones

Pliego: PETICIÓN DOS: GARANTÍAS PARA NEGOCIACIÓN DEL PLIEGO DE PETICIONES Para efecto de la Negociación del Pliego de Peticiones, la EMPRESA acepta a tres (3) negociadores principales y a tres (3) suplentes en representación de los trabajadores. Así mismo, concede permiso remunerado para los seis (6) trabajadores durante las etapas de arreglo directo y prórroga, este permiso se entiende un (1) día antes de iniciar la negociación y dos días después de la firma de la Convención Colectiva de Trabajo; igualmente reconocerá el cien por ciento (100%) del valor de los gastos por conceptos de viáticos, transporte locales y municipales para los negociadores, para lo cual el Sindicato presentará la relación de gastos por tales conceptos.

Laudo: ART. 2 (PETICIÓN 2)

PERMISOS PARA LA NEGOCIACIÓN DEL PLIEGO DE

PETICIONES: Para efecto de la negociación del pliego de peticiones, la EMPRESA otorgará permiso sindical remunerado a 3 representantes negociadores de la organización sindical principales, o en su defecto los suplentes, de la siguiente manera: Un día antes de la fecha de inicio de conversaciones en la mesa de negociación; y un día después de la etapa de arreglo directo o en caso de no existir acuerdo, cuando se solucione el conflicto colectivo en cualquiera de sus formas. De haber sido designados negociadores que estén domiciliados en un municipio diferente de la sede de negociación acordada por las partes, el empleador suministrará el gasto de transportes intermunicipales terrestres a la sede de negociación, sin que este pago tenga incidencia salarial, para lo cual el sindicato presentará la relación de gastos, facturas o comprobantes que soporten los gastos por dichos

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Radicación n.° 94046 conceptos. Argumentos de la Empresa Dice que el Tribunal incorpora en el texto de la Convención, un asunto que constituye un acto preparatorio del mismo o si se quiere, «un acto que garantiza la negociación colectiva, pero no puede formar parte de ella», por tratarse de asuntos que ya se extinguieron en el tiempo «y que además, en una negociación futura podrían ser diferentes». Arguye que dejarlo pactado en el texto convencional iría, incluso, en contra de la misma organización sindical, debido a que, en una próxima negociación, cualquiera de las partes podría argumentar que se trata de un tema que ya quedó regulado y, por lo mismo, fuera de debate.

Se considera Esta Sala de Casación ha decantado su posición en torno a los permisos sindicales y se ha inclinado por determinar que se trata de una ‘garantía’ para los trabajadores y que los árbitros son competentes para concederlos bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Sobre tales permisos, en general, en sentencia CSJ SL1980-2020, dijo la Corte: Ahora, en cuanto al argumento relacionado con que el Tribunal no podía regular ese aspecto, pues afectó derechos reconocidos por la Constitución Política, por las leyes o por las normas convencionales vigentes, que es lo que en el fondo sostuvo la empresa, hay que señalar, que lo reclamado por el sindicato y la respuesta ofrecida por el Tribunal, guardando coherencia con

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Radicación n.° 94046 ello, a riesgo de fatigar con su mención, se divide en el permiso sindical para los negociadores del pliego de peticiones, y el incentivo económico para dichas personas. Tal clasificación es importante hacerla, pues en lo referente a la primera parte de la disposición arbitral, que se repite, consiste en el permiso sindical remunerado a los negociadores del pliego de peticiones, la Corte ha explicado, en armonía con el propósito de este tipo de garantías para las organizaciones sindicales, que los arbitradores tienen competencia para regular dicho aspecto, siempre y cuando la decisión resulte razonable y proporcionada, y no se trate de un beneficio otorgado sin límite temporal, con mayor razón, si este permiso en tal fase encuentra justificación en la necesidad de otorgar a los integrantes de la organización de

trabajadores con esa misión específica, el tiempo necesario para llevarla a cabo, haciendo énfasis en que es indiscutible que se trata de una gestión propia a la adecuada realización de los derechos de asociación y libertad sindical, que prevé el artículo 39 constitucional. En sentencia CSJ SL17368-2015, precisó la Corte: «Bajo ese supuesto, tal beneficio resulta no solo razonado sino necesario y pertinente, cuando se encuentra en trámite una negociación colectiva y por supuesto, mientras ella persista, pues lo lógico es entender que este permiso tiene justificación únicamente mientras duren las negociaciones, esto es, durante el tiempo que requiere la comisión para estudiar o discutir el pliego de peticiones o atender el desarrollo de las conversaciones y demás actuaciones hasta que se decida el conflicto, pues de no llegarse a un acuerdo y ser convocando el Tribunal de Arbitramento, los negociadores quedan despojados de su función, por cuanto será aquél el que decida lo propio». Ahora bien, una cosa son los permisos a los negociadores para la época de la negociación (como ocurre en este caso) y otra distinta los permisos sindicales para la realización de diligencias de la organización sindical y en general, de eventos sindicales. Aclarado lo anterior, pareciera cuestionarse la empresa recurrente si estas garantías establecidas por el Tribunal estaban destinadas a regir el presente proceso de negociación colectiva --que se resolvió con el laudo en estudio--, o si están

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Radicación n.° 94046 concebidas para negociaciones futuras, pues el texto de la decisión arbitral nada dice al respecto.

Pues bien, en un ejercicio razonable de interpretación, es dable entender que tales disposiciones están establecidas para regir procesos de negociación colectiva futuros, ya que los tópicos relativos a los permisos remunerados para los miembros de la comisión negociadora y el número y forma de las reuniones para discutir el pliego de peticiones de este proceso de negociación colectiva fueron acordados entre las partes, además de ejecutados en su debida oportunidad y, por ello, aparte de que quedaban fuera de la competencia de la justicia arbitral, su regulación a posteriori resultaba totalmente inútil. Recuérdese en este punto que la obligación del Tribunal está enfocada a resolver en equidad sobre todos y cada uno de los aspectos que integran el decreto de su convocatoria, los que, a su vez, se identifican con todas aquellas exigencias económicas y profesionales del pliego de peticiones que no hubieran sido materia de autocomposición, durante la etapa de arreglo directo (CSJ SL3349-2020, entre muchas otras). Así las cosas, se itera, solo tiene sentido entender que las disposiciones del Tribunal están destinadas a regir procesos futuros de negociación colectiva. Por lo demás, se recuerda que los permisos para los miembros de la comisión negociadora deben comprender el tiempo necesario para realizar esa gestión únicamente,

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Radicación n.° 94046 derecho que no solo es razonable y equitativo, sino también necesario, mientras se está en la etapa de negociación --no después--, porque los negociadores quedan desprovistos de facultades para ello.

De manera tal que, no hay razones para disponer la anulación de la cláusula atacada. 3.- Respeto a la Sindicalización

Pliego: PETICIÓN TRES: RESPETO AL DERECHO DE SINDICALIZACIÓN ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A., respetará el derecho que tienen sus trabajadores a sindicalizarse. Consecuente con este principio la empresa hace extensiva la garantía del fuero sindical, a los miembros de la Comisión de Quejas y Reclamos, integrado por dos (2) principales y sus respectivos suplentes; en el mismo sentido la Organización Sindical se compromete a respetar la voluntad de los trabajadores que no deseen pertenecer a la misma.

Laudo: ART. 3 (PETICIÓN 3) RESPETO A LA SINDICALIZACIÓN: Organización La Esperanza SA., respetará el derecho que tienen sus trabajadores a sindicalizarse. Consecuentemente con este principio la empresa hace extensiva la garantía del fuero sindical, a los miembros de la comisión de quejas y reclamos, integrado por dos miembros de la organización sindical; en el mismo sentido la organización sindical se compromete a respetar la voluntad de los trabajadores que no deseen pertenecer a la misma.

Argumentos de la Empresa Aduce que a los árbitros no les está permitido definir

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Radicación n.° 94046 quienes tienen o no fuero sindical, pues se trata de un asunto restringido al legislador, luego, no pueden aquellos determinar, «así sea la repetición de la norma legal a quienes les asiste este derecho, de hacerlo, como ocurre en el artículo

demandado, se extralimitan en sus funciones». Asevera que no declarar la nulidad del presente artículo, posibilitaría a los árbitros para, en un futuro, definir, extender o limitar la garantía foral, lo que sería una clara extralimitación de sus funciones. En apoyo de su aserto, copia fragmentos de la sentencia de esta Sala de Casación (SL5693-2014). Se considera En sentencia CSJ SL4608-2020 se estableció que la extensión de la garantía legal bien puede ser definida por el Tribunal en el marco de sus competencias. Ello, por cuanto las aludidas peticiones relacionadas con el fuero sindical, lo que buscan es una ampliación o mejoramiento de lo que se encuentra previsto en el ordenamiento jurídico, que no escapa a la facultad que tiene el Tribunal para proveer a ese respecto en torno a la viabilidad o no de su otorgamiento (CSJ SL3041-2022). Sin embargo, tratándose de la creación de fueros de estabilidad, más concretamente en torno al fuero sindical (entiéndase también circunstancial) la Corte ha reiterado la imposibilidad de que por decisión arbitral se puedan crear nuevos fueros sindicales o especiales, pues ello solo es

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Radicación n.° 94046 posible mediante la autocomposición o la exclusiva decisión del empleador (CSJ SL817-2022). Atendiendo los anteriores lineamientos, resulta claro como el Tribunal de Arbitramento se excedió en sus facultades, pues, como quedó expuesto, existe la

imposibilidad de que por esta vía puedan crearse nuevos fueros sindicales o especiales. Y, en el presente asunto, indiscutiblemente, la disposición cuestionada crea un nuevo fuero respecto de los miembros de la comisión de quejas y reclamos, con lo cual evidentemente el cuerpo arbitral desbordó el marco de sus competencias. Por las razones expuestas, el artículo bajo estudio se anulará. 4.- Régimen Disciplinario

Pliego: PETICIÓN CUATRO: RÉGIMEN DISCIPLINARIO Antes de imponer una sanción disciplinaria o de proceder a un despido, la EMPRESA dará oportunidad de ser oído tanto al trabajador inculpado como a dos (2) representantes del SINDICATO, mediante el lleno de los siguientes requisitos:

a. El trabajador inculpado será notificado por escrito con copia al Sindicato de la falta que se le imputa, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comisión de la presunta falta. b. Una vez escuchados los descargos del trabajador y las explicaciones de los representantes del sindicato, se procederá conjuntamente a comprobar y a analizar los hechos y testimonios que mencione el informe que haya dado lugar al procedimiento y las pruebas y testimonios que hubiere invocado el trabajador y los representantes del Sindicato, procurando en lo posible un acuerdo sobre el caso.

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Radicación n.° 94046 c. Examinados los descargos y determinada la responsabilidad, la EMPRESA procederá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a definir la situación del trabajador inculpado.

PARÁGRAFO 1: Cualquier procedimiento que se efectúe pretermitiendo parcial o totalmente el trámite de que trata este artículo, vicia de nulidad lo actuado. PARÁGRAFO 2: Ninguna suspensión disciplinaria excederá de cinco (5) días por primera vez y quince (15) días por la segunda vez. Las suspensiones se cumplirán en días calendario. PARÁGRAFO 3: El trabajador que sea suspendido por más de cinco (5) días podrá interponer recurso de apelación ante el Gerente de Recursos Humanos. En el evento de despido el procedimiento previo se surtirá con el Gerente de Recursos Humanos.

Laudo: ART. 4 (PETICIÓN 4) RÉGIMEN DISCIPLINARIO Antes de imponer una sanción disciplinaria o de proceder a un despido, la Empresa dará oportunidad de ser oído tanto al trabajador inculpado como a dos representantes del sindicato conforme a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo Capítulo XIII de régimen disciplinario, y siguiendo el procedimiento del art. 55 sobre procedimiento para comprobación de faltas y formas de aplicación de las sanciones disciplinarias, con las siguientes adecuaciones: - Una vez el empleador tenga conocimiento del hecho u omisión, y si considera que hay lugar a iniciar el procedimiento disciplinario, comunicará al trabajador la apertura del mismo, indicando fecha y hora de la diligencia en la que se formulará la conducta objeto de investigación. En la citación deberán indicarse los hechos investigados. - Dicha notificación deberá entregarse al trabajador con copia a

la organización sindical dentro de los 10 días hábiles siguientes a la comisión de la presunta falta, o de tener conocimiento de ésta, o que debió tener conocimiento el empleador. - La audiencia de descargos deberá ser programada con un tiempo prudencial de diez (10) días hábiles, después de la comunicación de apertura de la investigación para que el trabajador pueda preparar su defensa. - El trabajador puede solicitar postergar la audiencia de descargos por una sola vez, por razones suficientes que

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Radicación n.° 94046 justifiquen la suspensión. - Dentro de la diligencia de descargos se escuchará al trabajador y a los representantes del sindicato si fuera el caso, y se procederá a práctica de pruebas formuladas por las partes en la formulación de cargos como en los descargos. - Si las pruebas solicitadas por el trabajador no se pueden practicar en el momento, se podrá suspender la diligencia solo por dos días para practicar las mismas. - Los parágrafos 2 y 3 del artículo 55 del Reglamento Interno de Trabajo no serán aplicables en garantía al derecho del debido proceso y del derecho de defensa. - Respecto a el recurso de apelación como las demás actuaciones y procedimientos continuarán aplicándose conforme al artículo 55 del reglamento interno de trabajo vigente al momento de la expedición del presente laudo arbitral y a la sentencia C-593 de 2014. Argumentos de la Empresa Esgrime que el Tribunal arbitral carecía de competencia para pronunciarse sobre este punto, como lo enseñara esta Sala de la Corte en sentencia del 1 de junio de 2016 (Rad.

66590). Destaca que el procedimiento disciplinario se encuentra regulado por normas de rango constitucional y legal, así como por las interpretaciones que sobre el particular realizan las altas Cortes en sus providencias. Enseguida, reproduce fragmentos de la sentencia del 26 de febrero de 2014 (Rad. 60417). Considera que el Tribunal, al fijar un procedimiento para adelantar una investigación previa, garantizar el derecho de defensa e imponer sanciones, viola el principio de

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