CSJ - SL2658-2020

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL2658-2020 Radicación n.° 68079 Acta 027 Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual Bogotá, DC, veintiocho (28) de julio de dos mil veinte (2020). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LUCILA PARADA HERNÁNDEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el 11 de febrero de 2014, en el proceso que instauró contra la COOPERATIVA DE

TRABAJO ASOCIADO SAN JOSÉ DE CÚCUTA –

COOPSANJOSÉ-, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - EN LIQUIDACIÓN-, hoy FIDUCIARIA POPULAR S.A., administradora del PAR ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, la NACIÓNMINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL y la CAJA DE

PREVISIÓN SOCIAL DE TELECOMUNICACIONESCAPRECOM EPS hoy PAR CAPRECOM LIQUIDADA,

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Radicación n.° 68079 administrado por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

I. ANTECEDENTES Lucila Parada Hernández demandó a la Cooperativa de Trabajo Asociado San José de Cúcuta, con el fin de que se declarara que entre ellas existió un contrato de trabajo; que la accionada fue una intermediaria que la envió a desarrollar actividades laborales no permitidas por la ley y los estatutos, como trabajadora en misión.

Como consecuencia de lo anterior, pidió que fuera

condenada a pagarle las cesantías; los intereses a las mismas; las vacaciones; las primas de servicios y de vacaciones; las bonificaciones; las sanciones por no consignar el auxilio de cesantías y por no cancelar las prestaciones sociales y los salarios insolutos a la terminación del contrato; la indemnización por despido sin justa causa; lo extra y ultra petita, y las costas procesales. Igualmente, solicitó que se condenara a las codemandadas ESE Francisco de Paula Santander, hoy Fiduciaria Popular SA, administradora del PAR ESE Francisco de Paula Santander, Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom EPS, y la Nación – Ministerio de la Protección Social, en forma solidaria. Fundamentó sus pretensiones, en que laboró para Coopsanjosé, su empleador directo, «[…] mediante contrato de trabajo denominado CONTRATO REALIDAD», desde 1 de julio

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Radicación n.° 68079 de 2004 y hasta el 26 de febrero de 2009; que el mismo día en que se vinculó a la cooperativa fue enviada como trabajadora en misión a la ESE Francisco de Paula Santander, en el cargo de auxiliar de enfermería y, a partir del 1 de abril de 2008, fue remitida en igual modalidad a Caprecom EPS Cúcuta, pero desarrollando labores en la misma clínica, donde permaneció hasta cuando finalizó su contrato de trabajo, sin justa causa el 26 de febrero de 2009. Expuso, que Caprecom EPS, sustituyó a la ESE Francisco de Paula Santander, en la operación de la clínica y

en la prestación de servicios en salud; que la ESE, era propietaria de la Clínica del mismo nombre, así como de los elementos de trabajo y de los edificios donde se prestaban los servicios. Señaló, que Coopsanjosé desarrolló su objeto social en la prestación de servicios individuales; que la ESE mencionada, proporcionó sus propias sedes como clínicas, sitios de urgencias, elementos0020de salud en la atención de sus usuarios y de los afiliados del ISS, en medicina general, los servicios bacteriológicos, etc., conforme a la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Sostuvo, que como trabajadora en misión cumplía un horario en turnos de 6 horas, en jornadas de 7 am a 1 pm, de 1 pm a 7 pm y 7 pm a 7 am, de lunes a domingo, los cuales eran fijados por las demandadas; que Caprecom sustituyó, mediante un convenio, a la ESE Francisco de Paula Santander, tanto en la operación de la clínica del mismo

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Radicación n.° 68079 nombre, como en la prestación de los servicios de salud. Indicó, que devengó como último salario la suma de $821.484 mensuales, el cual era girado inicialmente por la ESE Francisco de Paula Santander y luego por Caprecom EPS, y entregado a través de Coopsanjosé; que durante todo el tiempo que duró la relación laboral no le fueron canceladas las cesantías, los intereses de estas, las primas de servicios, las vacaciones, ni la indemnización por despido injusto. Informó, que el Ministerio de Protección SocialDirección Territorial Norte de Santander, mediante la Resolución n.° 0146 impuso una sanción a Coopsanjosé, por la anomalía de cumplir funciones de intermediación laboral y a la vez, requirió a la ESE Francisco de Paula Santander, «[…] para abstenerse de celebrar contrato con Cooperativas de Trabajo Asociado, preceptuado en los artículos 71 y 72 de la Ley 50/90 y prohibición estatutaria del art. 13 del decreto 24 de 1998». Dijo, que siempre recibió órdenes directas de Coopsanjosé, de la ESE Francisco de Paula Santander y de Caprecom EPS, por lo cual se configuró la subordinación laboral; que siempre la ESE se beneficiaba de la labor que realizaba en el servicio de salud. Finalmente, indicó que la Convención Colectiva de Trabajo de la ESE Francisco de Paula Santander, vigente para la época de los hechos, beneficiaba a todos los trabajadores y por tanto le era aplicable, por extensión.

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Radicación n.° 68079 Todas las accionadas se opusieron a las pretensiones de la demanda. Sobre los hechos expresaron: Caprecom EPS, que no tenía vínculo laboral con la demandante, y, además, la ESE Francisco de Paula Santander nunca pasó a ser de su propiedad; razón por la cual no le constaba ninguno de los relacionados con las otras demandadas. En su defensa propuso las excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación reclamada, y buena fe. Coopsanjosé a su turno, dijo que no eran ciertos;

aunque advirtió que su objeto social en los términos del Decreto 4588 de 2006, consistía en la prestación de servicios médicos asistenciales, con profesionales debidamente calificados, mediante procesos establecidos en los estatutos de la cooperativa y del régimen de trabajo asociado. En su defensa propuso como excepción la normatividad de las CTA. La Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander, expresó que no le constaban por estar relacionados con terceros, o que no eran ciertos. En su defensa propuso las excepciones de mérito que denominó: cumplimiento exclusivo de lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido. La Nación – Ministerio de la Protección Social, dijo que la actora no tuvo nexo laboral con ella y que no le constaban

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Radicación n.° 68079 o no eran ciertos; aunque aclaró que la ESE Francisco de Paula Santander, ya liquidada, y el Ministerio eran dos personas de derecho público independientes; que la Nación aceptó la cesión del contrato de fiducia mercantil n.° 062 de 2009, sin asumir responsabilidad por los derechos litigiosos; que los servidores de la ESE, al ser incorporados como empleados públicos, no tenían la posibilidad de negociación colectiva. En su defensa propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, de la facultad y consecuente deber jurídico para pagar prestaciones sociales, de la causa para demandar, solidaria entre las demandadas, prescripción y caducidad,

presunción de legalidad, carencia de justificación del derecho, cobro de lo no debido, ausencia de vinculo de carácter laboral, falta de jurisdicción y competencia.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante fallo del 24 de mayo de 2012, declaró la existencia de un contrato de trabajo entre la demandante y Coopsanjosé y de manera solidaria con la ESE Francisco de Paula Santander Liquidada y Caprecom EPS y en consecuencia ordenó el pago de las acreencias laborales reclamadas y de la sanción moratoria.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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Radicación n.° 68079 La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, al resolver los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, mediante sentencia del 11 de febrero de 2014, revocó la decisión del a quo y absolvió a las demandadas de las pretensiones formuladas en su contra por Lucila Parada Hernández. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal planteó como problema jurídico, determinar si entre la demandante y la Cooperativa de Trabajo Asociado Coopsanjosé, existió una relación laboral bajo la figura de un contrato de trabajo y solidariamente Caprecom EPS y la ESE Francisco de Paula Santander, o si por el contrario estuvo vinculada como cooperada. Citó los artículos 70 de la Ley 79 de 1988 y 1 del Decreto 468 de 1990, para indicar que quien pretende la declaratoria de la existencia de una relación laboral, en virtud del artículo

177 del Código de Procedimiento Civil debía probar la prestación personal del servicio y así entraba a operar la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo; y, que eran los 3 elementos esenciales del contrato de trabajo: i) la actividad personal del trabajo ii) la continua subordinación o dependencia iii) un salario como retribución del servicio. Indicó, que se encontraba vigente la presunción general del artículo 24 del CST «[…] en cuanto a que la sola prestación del servicio acreditada en el proceso permitiría concluir la existencia de un contrato de trabajo, presunción que como tal

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Radicación n.° 68079 puede ser desvirtuada por la parte demandada probando en contrario». Al revisar el acervo probatorio analizó los testimonios de Cruz Elena Fierro y Carolina Jaimes Barraza, quienes informaron que la demandante estaba vinculada en la cooperativa como asociada. Así mismo estudio la documental de folios 3 y 10, anexo 2 convenio asociativo de trabajo y acto cooperativo de trabajo asociado, de los que dedujo que la demandante se comprometió con la CTA a prestar sus servicios de acuerdo con su profesión, cumpliendo a cabalidad los estatutos y el régimen de trabajo asociado Estimó, que los servicios prestados por la demandante no permitían establecer la presunción de subordinación con la ESE, en los términos del artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, puesto que entre esta y la Cooperativa de Trabajo Asociado, se había celebrado un contrato de prestación integral de servicios de salud; especialidad que comprendía

su objeto social, con capacidad administrativa, logística y de autogobierno; que igualmente entre la ESE y Caprecom se firmó un contrato de prestación de servicios para atender, con el personal de Coopsanjosé, distintas unidades, como la Clínica Cúcuta, y los CAA,s de Pamplona, Atalaya y Santa Ana de Ocaña, Norte de Santander. Concluyó, que en este caso no se utilizó a Coopsanjosé como intermediaria, para burlar el contrato laboral realidad, sino que, por el contrario, se estaba frente a un ente cooperativo legalmente establecido, con un objeto social y

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Radicación n.° 68079 una especialidad definidas, a la que la actora prestó sus servicios como trabajadora cooperadora, con el lleno de los requisitos legales y estatutarios.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme la proferida por el a quo.

Con tal propósito formuló cuatro cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se analizarán en el orden propuesto.

VI. CARGO PRIMERO Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos: […] 24, 23, 22, 27, 29, 32, 34, 37, 45, 64, 65,145, 160, 173,174,

186, 249, 306, del Código Sustantivo del Trabajo, ley 50/90 Art.71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 a 95, 99; Ley 79 Art.59, 70, Decreto 4588/2006 Art.71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 a 95, 99; Ley 79 Art.59, 70, Decreto 4588/2006 Art. 16 y 17; ley 995/2005, ley 52/75, Art. 177 del C.P.C y los Art. 13, 47, 53 y 54 de la Constitución.

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Radicación n.° 68079 En la demostración del cargo, argumentó que la interpretación que el tribunal hizo del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, no se ajustó a lo allí consagrado, por cuanto una vez demostrada la prestación personal del servicio y el salario, se presumía la subordinación o la relación laboral, argumento que apoyó citando un pasaje de la sentencia CSJ SL 1 mar. 2011, rad. 40932. Insistió, en que la conclusión del juez de alzada no estaba ajustada a derecho, pues invirtió la carga de la prueba, pues solo le correspondía probar la prestación personal del servicio y de esta manera «demostrar la relación laboral»; pero además probó el horario cumplido (f.° 88 a 100), las órdenes impartidas por las demandadas (f.° 8 a 119) y la prueba testimonial daba fe de ello ( f.° 606 CD). Por consiguiente, debió aplicarse la presunción del artículo 24

CST, pues era a las accionadas a quienes les correspondía desvirtuar «[…] el no cumplimiento de los tres elementos esenciales del contrato de trabajo».

VII. RÉPLICA El Ministerio de la Protección Social y Salud, afirmó que «[…] la Corte debe identificar el medio por el cual se quebrantaron los respectivos preceptos sustanciales; pero aquellas por si solas, no relacionadas con estos impiden a la sala invalidar el fallo acusado pues el vicio in judicando y no procedendo es el que da lugar a dictar invalidación».

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Radicación n.° 68079 Por su parte, Fiduciaria Popular, vocera del PAR ESE Francisco de Paula Santander en Liquidación, se limitó a explicar su papel como administradora de los remanentes de la entidad y a defender la legalidad del fallo recurrido. A su turno, Caprecom dijo que la relación que unió a las partes en efecto fue de trabajo asociado, y que estaba totalmente probado que la demandante ostentó la calidad de gestora y aportante.

VIII. CONSIDERACIONES Observa la sala, que el cargo presenta deficiencias técnicas como las de integrar en la proposición jurídica, preceptos respecto de los cuales no se fundó la decisión; luego entonces, el fallador de alzada no pudo interpretar erróneamente, entre otras disposiciones legales, los artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 a 95, 99 de la Ley 50 de 1990; como tampoco las de rango constitucional artículos 13, 47, 53 y 54 de la Constitución Política, porque nunca se refirió a ellas, de

igual forma mezcló argumentos fácticos y jurídicos en su desarrollo. Al margen de lo anterior, importa precisar que el ad quem dimensionó la presunción legal establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, pero la consideró desvirtuada con el acervo probatorio. Sobre el particular, en un caso similar al tratado contenido en la sentencia CSJ SL1089-2018, la corporación argumentó:

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Radicación n.° 68079 Como puede observarse, el recurrente acusa la «interpretación errónea» de un sinnúmero de artículos del CST, de la Ley 50 de 1990 y del Decreto 4588 de 2006, a la cual se llega cuando el sentenciador le da una inteligencia al precepto legal que no corresponde, distorsionando o desconociendo así su genuino y cabal sentido, pero no señaló en concreto, cuál fue el desvío interpretativo que supuestamente le imprimió el ad quem a las citadas disposiciones, que vaya en contravía de la verdadera inteligencia de la norma, y cuál sería la correcta intelección o alcance que se le debió haber dado a las mismas, que conduzca a su vulneración, amén de que la mayoría de los preceptos legales citados no fueron tenidos en cuenta por el Tribunal, por lo que mal hubiera podido interpretarlos con error. En efecto, el fallador de alzada no pudo interpretar erróneamente, entre otras disposiciones legales, los artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 a 95, 99 de la Ley 50 de 1990; como tampoco las de rango

constitucional artículos 13, 47, 53 y 54 de la Constitución Política, porque nunca se refirió a ellas. Ahora, haciendo abstracción de los citados dislates técnicos, la Sala no observa que el juez de apelaciones hubiera dado una interpretación equivocada al artículo 24 del CST, pues aunque su redacción no fue la más afortunada al tratar el punto, partió del hecho de que una «relación trabajo da lugar a tener en cuenta la presunción legal contemplada en el artículo 24 del C. S. del T., según la cual “todo relación de trabajo personal está regida en un contrato de trabajo”, lo que implica que la presunción que recae sobre los tres elementos esenciales que deben darse […]», lo cual se ajusta al contenido normativo. Situación distinta es que al analizar el acervo probatorio el ad quem encontró que la presunción legal mencionada se desvirtuó, en especial con el interrogatorio de parte absuelto por la actora y la carta mediante la cual la cooperativa le comunicó que a partir del 26 de febrero de 2009, no se podían seguir ofertando procesos en salud a través de ella, en la medida que tales elementos probatorios según el Tribunal, acreditaban que la accionante no se encontraba frente a un contrato de trabajo, sino que tenía la calidad de asociada de la cooperativa, soportes o pilares de la decisión que deben derruirse por la vía indirecta o de los hechos. (Subrayas fuera del texto). Por lo expuesto el cargo no prospera.

IX. CARGO SEGUNDO Acusó la sentencia de violar la ley sustancial, por la vía

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Radicación n.° 68079 indirecta, en el concepto de aplicación indebida, los artículos «22, 23, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 45, 46, 64, 65, 145, 160, 173, 174, 186, 249, 306 del Código Sustantivo del Trabajo, ley 52/75, Ley 50/90 Art. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 a 95, 99 Ley 79 Art. 59,70, Decreto 4588/2006 Art. 16 y 17; Ley 995/2005 y Art. 177 C.P.C. y los Art. 13, 47, 53 y 54 de la Constitución». Dijo que el Tribunal incurrió en los siguientes errores evidentes de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que entre la demandante y la Cooperativa COOPSANJOSE LTDA no existió un contrato de trabajo.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante prestó sus servicios en forma personal y subordinado a la Cooperativa COOPSANJOSE LTDA mediante un contrato de trabajo denominado contrato realidad.

3. No dar por demostrado estándolo, que entre el demandante y la cooperativa COOPSANJOSE LTDA existió un contrato de trabajo (denominado CONTRATO REALIDAD) durante el siguiente periodo de tiempo: Desde el 01 de Julio del 2004 hasta el 26 de febrero del 2009.

4. No dar por demostrado, estándolo, que en el contrato de prestación de servicios de celebrados entre las demandadas

COOPSANJOSE LTDA con LA ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y CAPRECOM EPS se estableció la contratación que los servicios serían prestados con sus asociados para las unidades Clínica Cúcuta y los CAA,s Pamplona, Atalaya, Santa Ana de Ocaña Norte de Santander, objeto del contrato configurándose envió de trabajadores en misión.

5. No dar por demostrado, estándolo, que la cooperativa COOPSAJOSE LTDA no ha pagado las cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones e indemnizaciones.

6. No dar por demostrado, estándolo, con los turnos (folios 88 a 100) que cumplía la demandante y conforme a los testimonios

(F.606CD expediente), se establece que la demandada conocía que la demandante venía cumpliendo un contrato de trabajo y no como cooperada asociada y al no ser tachados ni controvertidas, por lo tanto, se deslumbra la mala fe del empleador.

7. No dar por demostrado. estándolo, que la cooperativa COOPSAJOSE LTDA al no haber pagado las prestaciones sociales atrás aludidas, las demandadas han actuado con manifiesta mala fe patronal lo que conduce al pago de la indemnización

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Radicación n.° 68079 moratoria por no consignar e indemnización moratoria por no pagar a la terminación del contrato de trabajo a la demandante.

8. No dar por demostrado, estándolo, que las beneficiarias de la labor prestada por la demandante era la empresa ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER y CAPRECOM EPS y por último La NaciónMinisterio de la Protección Social -, por lo

tanto, responden solidariamente de conformidad con los arts. 34 y 35 C.S.T.

9. No dar por demostrado, estándolo, que las actividades que cumplía la demandante son por delegación de conformidad con el artículo 8 de la ley 911 octubre 05 del 2004, por lo tanto, son subordinadas.

10. Dar por demostrado, no estándolo, que la actora cumplía un contrato asociativo, cuando en el mismo contrato se pactó el cumplimiento de órdenes subordinadas, por lo tanto, no se puede hablar que la demandante cumplía un contrato asociativo.

11. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER y CAPRECOM EPS ejercen las mismas actividades que COOPSANJOSE LTDA, por lo tanto, responden solidariamente.

12. Dar por demostrado, no estándolo, que fueron entregados a título gratuito los elementos y herramientas de trabajo que hacen parte integral del contrato de prestación de servicios para la cual fue contratada la cooperativa COOPSANJOSE por la ESE

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER y CAPRECOM EPS.

Indicó, como pruebas erróneamente apreciadas: la demanda (f.° 137 a 150); las contestaciones por parte de la ESE Francisco de Paula Santander (f.° 216 a 267); Caprecom ESP (f.° 48 a 181); Coopsanjose (f.° 190 a 2002); los documentos (f.° 8 a 136, 164 a 175, 592 a 604 del expediente y 27 a 29 del anexo 1 y 3 al 7 del anexo 2); los testimonios de

Carolina Jaimes Barraza y Cruz Elena Fierro (606 CD). En la demostración del cargo, reiteró lo argumentado en el primer ataque, respecto de la indebida interpretación que hizo el Tribunal frente a la presunción legal establecida en el artículo 24 Código Sustantivo del Trabajo. Indicó que su servicio personal a favor de la

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Radicación n.° 68079 cooperativa aparecía demostrado con los horarios que cumplía a través de turnos diurnos y nocturnos, los cuales eran refrendados por las coordinadoras de personal del ente cooperativo y de la ESE Francisco de Paula Santander; que también como elemento probatorio se encontraba la circular n.° 004 de mayo de 2004 dirigida por la ESE a los contratistas civiles para que se organizaran como cooperativas; que esos hechos estaban corroborados con la versión de los mencionados testigos. Reiteró, que la prueba documental aludida evidenciaba que ella prestaba el servicio de forma personal, cumpliendo un horario en turnos, bajo las órdenes de la ESE Francisco de Paula Santander y Caprecom EPS, quienes le suministraban los elementos de trabajo; que Coopsanjosé era una simple intermediaria, y que era la parte demandada quien debía desvirtuar lo elementos esenciales del contrato de trabajo. Sostuvo, que si el ad quem hubiera analizado de manera correcta los contratos suscritos entre las demandadas, podía haber llegado a la conclusión de que se pactó el envío de trabajadores en misión a las empresas beneficiarias de la labor, para la prestación de servicios

asistenciales en salud, como se evidenciaba en la cláusula denominada «obligaciones especiales»; que ello corroboraba que Coopsanjosé era una empresa de «[…] intermediación laboral, la cual está prohibida por los artículos 16 y 17 del Decreto 4588 del 2006»; y que además los bienes eran de propiedad de la ESE Francisco de Paula Santander y no de

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Radicación n.° 68079 la CTA.

X. RÉPLICA Las entidades que replicaron no manifestaron nada en concreto respecto de este ataque.

XI. CONSIDERACIONES Este cargo también presenta deficiencias técnicas, pues en su demostración se incluyen aspectos de índole jurídica y fáctica; es decir una mixtura de las vías directa e indirecta de violación de la ley sustancial, que son excluyentes en un mismo cargo, en tanto la primera conlleva a un error jurídico, mientras la segunda a la existencia de uno o varios yerros fácticos.

No obstante, flexibilizando la citada anomalía, a fin de estudiar el fondo del cargo, el análisis de las piezas procesales y de las pruebas que se denunciaron como mal apreciadas, permite observar: Respecto de la demanda (f.° 137 a 150); de las contestaciones por parte de la ESE Francisco de Paula Santander (f.° 216 a 267), de Caprecom EPS (f.° 48 a 181) y de Coopsanjosé (f.° 190 a 200); la Corte ha señalado que, como piezas procesales, admiten ser invocadas como prueba

hábil en casación, en la medida que contengan una confesión, en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil (hoy artículo 191 del Código General del

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Radicación n.° 68079 Proceso), vigente al momento de los hechos y aplicable por remisión expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; es decir, al menos alguna manifestación «[…] que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria» . Sin embargo, de las aludidas piezas no emerge confesión alguna de las partes, sino sus posiciones enfrentadas; por consiguiente, a juicio de la Sala no fueron mal apreciadas. Los documentos de folios 8 a 136, contienen las novedades del personal vinculado a Coopsanjosé, relacionadas con permisos, licencias, descansos, turnos de trabajo, seguridad social integral, Cámara de Comercio, compensaciones dinerarias por el trabajo asociado etc., todas ellas en membrete de la cooperativa. Tales documentos no fueron apreciados erróneamente, pues de los mismos resulta razonable llegar a la conclusión a la que arribó el Tribunal, consistente en que la demandante prestó sus servicios en calidad de trabajadora asociada a Coopsanjosé sujeta a los reglamentos cooperativos de aquella, no como subordinada bajo contrato de trabajo. En sentencia CSJ SL1089-2018, en un asunto de contornos similares, dijo la Sala al respecto:

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Radicación n.° 68079 En efecto, la asignación de funciones, jornadas, horarios de trabajo, turnos, así como la regulación de permisos, descansos, demás formas de ausencia temporal al trabajo, y de las causales de sanciones y de exclusiones, no son extrañas a la dinámica del trabajo asociado, sino que, por el contrario, se encuentran expresamente permitidas y ordenadas por la legislación. Ya el artículo 10 del Decreto 468 de 1990, vigente para la fecha en que inició la relación entre la demandante y Coopsanjosé, disponía: Artículo 10º.- Contenido del régimen de trabajo asociado. El régimen de trabajo asociado de cada cooperativa deberá contener como mínimo: las condiciones o requisitos particulares para la vinculación al trabajo asociado; las jornadas de trabajo, honorarios, turnos y demás modalidades como se desarrollará el trabajo asociado; los días de descanso general convenidos y los que correspondan a cada trabajador asociado por haber laborado durante un período determinado; los permisos, y demás formas de ausencias temporales al trabajo autorizadas y el trámite para solicitarlas o justificarlas; los derechos y deberes particulares relativos al desempeño del trabajo; las causales y clases de sanciones por actos de indisciplina relacionados con el trabajo, así como el procedimiento para su imposición y los órganos de administración a los funcionarios que están facultados para sancionar; las causales de exclusión como asociado relacionadas con las actividades de trabajo respetando el procedimiento previsto en el estatuto para la adopción de estas determinaciones y todas aquellas otras estipulaciones que se consideren convenientes y necesarias para regular la

actividad de trabajo asociado de la cooperativa. En la misma dirección se orientó el artículo 24 del Decreto 4588 de 2006, expedido en plena vigencia de la relación de trabajo asociado, el cual prescribió: Artículo 24. Contenido del Régimen de Trabajo Asociado. El Régimen de Trabajo Asociado deberá contener los siguientes aspectos:

1. Condiciones o requisitos para desarrollar o ejecutar la labor o función, de conformidad con el objeto social de la Cooperativa

o Precooperativa de Trabajo Asociado.

2. Los aspectos generales en torno a la realización del trabajo, tales como: Jornadas, horarios, turnos, días de descanso, permisos, licencias y demás formas de ausencias temporales del trabajo, el trámite para solicitarlas, justificarlas y autorizarlas; las incompatibilidades y prohibiciones en la relación de trabajo asociado; los criterios que se aplicarán para efectos de la valoración de oficios o puestos de trabajo; el período y proceso de capacitación del trabajador asociado que lo habilite para las actividades que desarrolla la Cooperativa, consagrando las actividades de educación, capacitación y evaluación.

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3. Los derechos y deberes relativos a la relación del trabajo asociado.

4. Causales y clases de sanciones, procedimiento y órganos competentes para su imposición, forma de interponer y resolver los recursos, garantizando en todo caso el debido proceso.

5. Las causales de suspensión y terminación relacionadas con las actividades de trabajo y la indicación del procedimiento previsto para la aplicación de las mismas.

6. Las disposiciones que en materia de salud ocupacional y en

prevención de riesgos profesionales deben aplicarse en los centros de trabajo a sus asociados.

7. Las demás disposiciones generales que se consideren convenientes y necesarias para regular la actividad de trabajo asociado, las cuales no podrán contravenir derechos constitucionales o legales en relación con la protección especial de toda forma de trabajo y tratados internacionales adoptados en esta materia.

A folios 164 a 175, reposa el contrato n.° 0025 denominado «CONTRATO DE EJECUCIÓN DE PROCESOS ADMINIDTRATIVOS Y ASISTENCIALES», suscrito entre Caprecom y Coopsanjosé, en el cual se estipuló: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO. Las partes convienen en celebrar el presente contrato con objeto de que la cooperativa preste sus servicios a la IPS CAPRECOM Y LOS CAA,s: pamplona, Patios, Atalaya, Santa Ana de Oñate Norte de Santander,

pertenecientes a la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LIQUIDACION.