CSJ - SL2664-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL2664-2023 Radicación n.° 96978 Acta 038 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ALICIA TOVAR MENDOZA, JAIME SALINAS, WILLIAM ALEXANDER, ANDREA, YINA PAOLA y LUIS FELIPE SALINAS TOVAR, contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de junio de 2021, en el proceso que instauraron contra la FERRETERÍA HERNANDO NARVÁEZ E HIJOS LTDA. (antes Ferretería Hernando Narváez Pérez y

Cía. Ltda.) y NATIONAL OILWELL VARCO DE COLOMBIA.

I. ANTECEDENTES Los demandantes llamaron a juicio a la Ferretería Hernando Narváez e Hijos Ltda. y a National Oilwell Varco de Colombia, con el fin de que se declarara la existencia de un

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Radicación n.° 96978 contrato de trabajo entre la primera de las accionadas y William Alexander Salinas Tovar, el cual fue celebrado a efectos de que se desempeñara en el cargo de operario, con un salario equivalente al mínimo legal, en donde la otra accionada era responsable solidaria de las obligaciones laborales, por desarrollar actividades similares. Además, que se estableciera que el trabajador sufrió un accidente de trabajo por culpa exclusiva del empleador, a

partir del cual reclamaron condena frente a las codemandadas, a la indemnización plena y ordinaria de perjuicios, que incluyera el lucro cesante futuro y el consolidado con relación al empleado, además de daño moral, por alteración en las condiciones de existencia y frente a la unión familiar, tanto para este, como para los demás actores. Finalmente, que se dispusiera el pago indexado de los distintos conceptos adeudados, así como los intereses moratorios por falta de pago. Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que entre William Alexander Salinas Tovar y la Ferretería Hernando Narváez e Hijos Ltda. se celebró un contrato de trabajo, que inició el 6 de abril de 2010, a efectos de que el primero se desempeñara como operario de cargador o montacargas. Señalaron que en virtud de un acuerdo comercial para descargue de tubos, celebrado entre el dador del laborío y la

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Radicación n.° 96978 empresa National Oilwell Varco de Colombia, William Salinas Tovar fue enviado a las instalaciones de esta, el 10 de septiembre de 2012, y se le dio la orden de transportar tuberías que se encontraban en dos tractomulas, con un peso aproximado de 800 kg, correspondiéndole en esa oportunidad, empujar directamente los tubos con una barra, desde el vehículo hasta el montacargas, tarea durante la cual perdió el equilibrio y resbaló desde una altura aproximada de 2.50 mts., lo cual se presentó al no haberse asignado a otra persona para ayudarlo, como había ocurrido en anteriores

ocasiones. Informaron que a raíz de este suceso, el trabajador se fracturó el antebrazo izquierdo, además, le cayó un tubo en el pie izquierdo y perdió el conocimiento, motivo por el que se llamó una ambulancia, que tardó 30 minutos en llegar, para luego ser diagnosticado con «fractura de radio y cúbito izquierdo, fractura de pelvis con fractura isquio púbica bilateral, gran hematoma en pie izquierdo con luxación de tobillo izquierdo, acuñamiento de vertebras T12 y L1 en columna lumbar, trauma cerrado de abdomen y traumatismo de la vejiga y vías urinarias». Mencionaron que, como secuelas del accidente de trabajo, calificado de esta manera por la ARL Positiva, el operario presenta impotencia sexual, incontinencia permanente y dificultad en el movimiento, a lo que se suma que ha sido tratado por psicología y psiquiatría, sin que se efectuare al momento de presentar la demanda, calificación de pérdida de capacidad laboral.

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Radicación n.° 96978 Destacaron como causas del suceso, no levantar acta previa de trabajo seguro al ingresar a la empresa contratista; no haber supervisado las demandadas la labor realizada por William Salinas; no delegar una persona para ayudar en las tareas; no brindar capacitación para trabajo en alturas; no contar con panorama de riesgos, con sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, programa de seguridad y salud ocupacional, ni cumplir con las normas al respecto; no supervisar que los pines que sostenían los tubos al planchón

estaban deteriorados; no presentar procedimiento de evacuación de heridos; no adoptar las medidas para evitar el accidente de trabajo; no entregar elementos de protección; y no realizar actos de promoción, prevención y manejo adecuado. Afirmaron que el evento les produjo desestabilidad económica y emocional, debido a que el empleado no ha podido suplir las necesidades del hogar que comparte con padres y hermanos, padeciendo moralmente, al impedir llevar una vida digna y plena, al no poder desarrollar actividades normales de esparcimiento y diversión, ni compartir socialmente. Al dar respuesta a la demanda, la sociedad Ferretería Hernando Narváez e Hijos Ltda., se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la relación laboral con William Alexander Salinas Tovar desde el año 2010, el accidente de trabajo ocurrido el 10 de septiembre de 2012 y la connotación laboral que le dio la ARL Positiva S.A. a este evento.

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Radicación n.° 96978 En torno a los demás supuestos, indicó que no le constaban, no eran ciertos o no correspondían a reales sucesos, luego de lo cual propuso como excepciones las que denominó, «culpa exclusiva de la víctima y/o trabajador», falta de relación de causalidad, enriquecimiento sin causa, inexistencia de la obligación, falta de causa jurídica, mala fe del demandante, abuso del derecho, tasación exagerada de perjuicios y carencia de juramento estimatorio, buena fe del demandado y prescripción.

Por su parte, la codemandada National Oilwell Varco de Colombia, presentó resistencia respecto de los pedimentos que la involucraban, para posteriormente dar por cierto que el trabajador demandante acudió a sus instalaciones el 10 de septiembre de 2012, a efectos de movilizar unos tubos con montacargas; que sufrió un accidente de trabajo; y que se llamó una ambulancia para atenderlo. Con relación a los demás eventos narrados, señaló que no correspondían a la verdad, o no sabía si habían o no tenido lugar, para por último presentar como medios exceptivos, los de inexistencia de solidaridad, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, «el demandante no prueba los supuestos de hecho que soportan sus pretensiones», «falta de prueba idónea en relación con los perjuicios materiales y morales supuestamente sufridos», ausencia de nexo de causalidad entre la supuesta culpa y el daño, reparación plena de perjuicios, «inexistencia de los perjuicios reclamados y desmesura en su tasación, además de enriquecimiento injusto.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 11 de marzo de 2019, absolvió a las sociedades demandadas de las pretensiones incoadas en su contra por los actores.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 30 de junio de

2021, confirmó la providencia que conoció en virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor de la parte actora. En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural partió de resaltar que no estaba en duda la existencia del contrato de trabajo, por lo que procedió con el estudio de la culpa patronal y tuvo como premisa inicial que es el trabajador quien debe acreditar que la causa eficiente del infortunio fue la falta de previsión, diligencia y cuidado por parte de la persona encargada de prevenir el accidente, citando la sentencia CSJ SL4291-2020, sin dejar de lado que el empleador debe dar cuenta del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, so pena de resultar responsable del suceso. También mencionó que resultaba indispensable que estuviera presente la relación causa-efecto, entre la culpa patronal y el daño, debido a que nadie está obligado a

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Radicación n.° 96978 resarcir un perjuicio sino cuando ha contribuido a su generación, por lo que la falla exclusiva de la víctima o de un tercero, el caso fortuito y la fuerza mayor, son eximentes de responsabilidad. Igualmente, indicó que la omisión del empleador en la implementación de un programa de salud ocupacional y de seguridad industrial, no basta para afirmar su culpa en el accidente, ni tenerlo implementado lo exime de responsabilidad, pues debe ser analizado el caso concreto, lo que pasó a efectuar. En este sentido, destacó lo extraído de las pruebas recaudadas en forma legal y oportuna, de las cuales concluyó lo siguiente: Acorde con lo dicho en precedencia, el análisis objetivo de dichas

probanzas, deja ver claramente las falencias y omisiones en las que incurrió el trabajador, las que sin lugar a dudas tuvieron incidencia e importancia suma en el accidente de trabajo, pues claramente todos los deponentes manifestaron que (sic) la actividad desarrollada por el actor no se encontraba permitido bajarse del montacargas y realizar las labores de manera manual, pues ello ponía en riesgo su integridad, así mismo, resaltaron que de observar alguna anomalía durante la ejecución de su labor, la misma debía ser informada a su empleador a fin de que se tomaran las medidas pertinentes, situaciones que no eran desconocidas por el demandante, pues este mismo reconoce que no podía realizar actividades manuales y que por lo general lo hacían los empleados de la empresa NATIONAL OILWELL VARCO DE COLOMBIA, (sic) si bien manifestó que el descargue manual lo había hecho con anterioridad al accidente sin que la empresa NATIONAL OILWELL VARCO DE COLOMBIA le llamará (sic) la atención y que el día del suceso no se encontraba ningún personal de dicha compañía para ayudarle, así como tampoco se podía mover de la mula por el poco espacio que había (sic) siendo la única alternativa el trabajo manual, no resultan ser argumentos válidos para establecer que el empleador actuó negligentemente.

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Radicación n.° 96978 Agregó que la empresa había acreditado la implementación del sistema de seguridad en el trabajo, la conformación del COPASO, además de la realización de capacitaciones y charlas constantes para ejercer la actividad. Que también demostró la entrega de dotación y que el

empleado se extralimitó en sus funciones, puesto que los testigos Alex Fabián Medina y Carlos Fernando Pulido, quienes ejercieron como operadores de montacarga en la misma empresa, indicaron que no era posible ejecutar la labor manualmente y que, si no alcanzaban las uñas de la máquina, debía acudirse a otras alternativas, sin poder descender del vehículo. Reafirmó que el trabajador era conocedor del riesgo en el que se encontraba al ejercer la actividad de manera manual, pues incluso hacía parte del comité paritario de la empresa, sin que National Oilwell Varco de Colombia pudiere ordenarle qué debía hacer, debido a que únicamente tenía una relación comercial con el empleador, quien previamente había cumplido con la obligación de capacitarlo para ejercer la actividad de manera segura. Refirió que para el día de los hechos, se encontraban dos supervisores de la contratista, quienes ejercían la labor con sus protocolos de seguridad, los cuales eran diferentes a los enseñados al empleado, y que, aunque Miguel Toledo manifestó estar capacitado para estar alerta ante una mala práctica, en su momento no alcanzó a actuar por estar lejos de la operación y debido a la rapidez con la que ocurrió el evento.

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Radicación n.° 96978 Finalmente mencionó que, si bien la empresa demandada tenía la obligación de controlar y supervisar la labor encomendada, en el caso particular existía responsabilidad del trabajador de informar las irregularidades en las prácticas desarrolladas en la empresa cliente, según lo indicaban los reglamentos internos del empleador, que dijo conocer, para lo cual se valió de lo

precisado en la providencia CSJ SL, 30 jul. 2014, rad.14420.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden los recurrentes que la Corte case la sentencia atacada, para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado y, en su lugar, condene a las accionadas al pago de la indemnización plena de los perjuicios causados por la ocurrencia del accidente de trabajo.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, frente a los cuales se presenta oposición por las codemandadas.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de violar por la vía directa, por aplicación indebida, el artículo 216 del CST, en relación con

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Radicación n.° 96978 los artículos 34, 35, 56, 57 y 348 ibidem; así mismo el artículo 21 del Decreto 1295 de 1994. Para el efecto, acepta la conclusión fáctica a la que arribó el tribunal, al indicar que extralimitó sus funciones, a pesar de lo cual destaca dos desaciertos jurídicos, cuales son, i) el considerar que debe estar plenamente comprobada la culpa por parte del empleador, sin tener en cuenta que la imprudencia del trabajador no hace desaparecer la omisión del patrono, debido a que puede presentarse una concurrencia de culpas y ii) el desconocer el criterio de esta corporación cuando el accidente ocurre en el desempeño de

actividades peligrosas, específicamente en materia de trabajo en alturas. Expone que aun cuando el ad quem reconoció la falta de supervisión por parte de la empresa, junto con su actuar imprudente, realizó una indebida interpretación del artículo 216 del CST, al atribuirle exclusivamente al trabajador la culpa en el evento, aun cuando fue compartida, lo que no exonera de responsabilidad al patrono. Indica que no resulta aplicable la sentencia CSJ SL14420-2014, por tratarse de un supuesto diferente al ocurrido en este caso, dado que se desplegó una acción riesgosa sin informarle al empleador, a partir de lo cual, destaca otras providencias que estima pertinentes, como son

la CSJ SL1565-2020 y CSJ SL16102-2014.

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Radicación n.° 96978 A partir de estas decisiones, subraya la línea de pensamiento de la corporación en torno a actividades peligrosas, como es el trabajo en alturas, luego de lo cual precisa que no bastaba con que el empleador afirmara que el trabajador estaba capacitado y no podría salir del montacargas a realizar trabajos manuales, sino que debía exigir el cumplimiento de normas de seguridad e impedir o interrumpir la labor si esta se desarrollaba de forma que comprometiera la seguridad del trabajador. Sin embargo, predica no existió ni por parte de la empleadora directa, ni por parte de la obligada solidaria, vigilancia en el desempeño de la labor.

VII. RÉPLICA

La sociedad Ferretería Hernando Narváez Pérez Cía. Ltda. expone que el día del accidente el trabajador se dirigía

a prestar el servicio de operador de montacargas, para poner a disposición de la empresa cliente tres toneladas de tubería, donde la tarea consistía en operar mecánicamente la máquina, a pesar de lo cual, de manera voluntaria y con total violación al deber objetivo de cuidado, procedió a subirse encima de la mercancía, contrariando el procedimiento establecido, mismo que conocía, no solo porque había sido capacitado, sino además por haber realizado la tarea por más de un año. A continuación, procede a enlistar las funciones del cargo desempeñado por William Alexander Salinas, en los siguientes términos:

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Radicación n.° 96978 Realizar la inspección pre operacional y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos; Cumplir (sic) con las Normas (sic) de seguridad establecidas para el manejo adecuado de maquinaria: Recibir (sic) órdenes de Servicios (sic) interno; No (sic) abastecer el montacargas con el motor encendido; No (sic) manipular el montacargas con peso que sobre pase (sic) su capacidad; Siempre (sic) que el montacargas esté (sic) operando y en movimiento se debe tener las horquillas a una distancia aproximada entre 10 y 20 centímetros del piso; Asegurar (sic) el peso inclinando el mástil hacia (sic) la cabina del operador; Verificar (sic) que el peso siempre este balanceado; No (sic) se debe utilizar el montacargas como plataforma para el levantamiento de personas; Observar (sic) la altura y ancho del sitio donde se realizará la operación; Siempre (sic) que se trabaje

en rampas se deberá bajar en reversa y subir de frente con ayuda; Realizar (sic) inspección preoperacional; Operar (sic) el montacargas de forma prudente, respetando límites de velocidad de acuerdo a las normas de tránsito; Siempre (sic) que se opere el montacargas el operario deberá evaluar el sitio donde se realiza la operación; El (sic) operario no está autorizado a bajarse del montacargas cuando esté (sic) realizando una operación de servicio; En (sic) caso de un movimiento manual, será a cargo de la empresa cliente; El (sic) operario del montacargas será el responsable de asegurar la operación para que se realice de manera adecuada; El (sic) operador tiene prohibido descender del montacargas mientras se esté (sic) prestando el servicio de montacargas y únicamente cuando el procedimiento haya terminado y seden (sic) las condiciones de seguridad para descender del montacargas; El (sic) operario deberá reportar obligatoriamente cualquier condición insegura que no permita realizar la actividad; Abstenerse (sic) de prestar el servicio como operador de montacargas si evidencia que no están dadas las condiciones técnicas para realizar el procedimiento; No (sic) se deberá realizar por el operario del montacargas bajo ninguna circunstancia una operación sin el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la empresa o por el cliente; Diligenciar (sic) órdenes de servicios de montacargas; Operar (sic) debidamente el Montacargas (sic); Realizar (sic) la operación mecánicamente, nunca debe realizarse manualmente; No (sic) descender del montacargas a realizar manejo de cargas de forma

manual; Realizar (sic) la inspección pre operacional y mantenimiento preventivo de los montacargas; Informar (sic) condiciones de Los (sic) montacargas según inspecciones pres (sic) operativos (sic); Velar (sic) por el correcto funcionamiento del Montacargas (sic); Velar (sic) por el correcto almacenaje del montacargas; Realizar (sic) el adecuado almacenaje de los productos en bodega; Las (sic) demás relacionadas con el cargo que le sean asignadas por la gerencia; Cuando (sic) el montacargas no se encuentre realizando labores deberá tener las horquillas a nivel del suelo, colocar los controles en neutro y apagar el motor, colocar el freno de emergencia.

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Radicación n.° 96978 Conforme estas directrices, resalta que la labor del trabajador se ceñía única y exclusivamente en manipular la carga mecánicamente y con el montacargas, dejándola a disposición de la empresa cliente, que era la encargada de bajarla y almacenarla, y quien para el día del accidente había delegado la función de supervisión a Miguel Mauricio Toledo Lozada, quien presenció el suceso. Refiere que si la empresa cliente no aportaba el personal para descargar el material, o no lo hacía, el operario debía retirarse del servicio, luego de lo cual anota que se habían suministrado los elementos de trabajo y protección, que estaba prohibido el transporte de carga extradimensionada o extrapesada y que si las uñas no alcanzaban a cubrir el ancho de la carrocería o planchón de la tractomula, debía solicitarse al cliente cambiar la ubicación del vehículo, más

no subirse a éste y operar manualmente lo transportado. Menciona que William Salinas Tovar asumió actividades que no le correspondían, como bajarse del montacargas a mover la tubería, lo que concernía a una actividad insegura por fuera de los procedimientos, aun cuando contaba con la competencia para actuar correctamente, violando el deber de cuidado. Por último, cita la sentencia CSJ SL, 10 mar. 2004, rad. 2149, e invoca una falta de relación de causalidad entre la tarea encomendada y la conducta que generó el accidente, que se presentó por un exceso de confianza sumado a una extralimitación de funciones, una indebida utilización de los

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Radicación n.° 96978 implementos de trabajo y una inobservancia de las normas de seguridad y salud en la labor. Por su parte, la empresa National Oilwell Varco de Colombia empieza por sostener que esta corporación carece de facultades para pronunciarse, al considerar que la parte actora no cuenta con interés jurídico para atacar la decisión del tribunal, debido a que no interpuso recurso contra la sentencia de primera instancia, por lo que se allanó a lo fallado por el a quo, dado que la alzada es la verdadera y expresa manifestación de inconformidad, para lo cual trae como referencia lo expuesto en las providencias CSJ SL50032021 y CSJ SL5861-2014. En consecuencia, entiende que decidir los cargos formulados, sería una violación grave a los derechos fundamentales de defensa y contradicción de las demandadas, así como un premio a la pasividad procesal y

falta de lealtad de la parte actora, además que implicaría un incentivo para no apelar las decisiones de primer grado y así facilitar la sustentación del recurso extraordinario de casación, siendo totalmente desproporcionada, injusta y desigual frente al empleador como demandado en el proceso, debido a que igualmente pasa por alto el principio de consonancia. Expone que aun cuando conoce la posición de la corporación, al emitir juicios sobre aspectos que no fueron materia del recurso de apelación, siempre y cuando éstos recaigan sobre derechos mínimos e irrenunciables del

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Radicación n.° 96978 trabajador que hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados en el mismo, estima que en este evento al reclamarse una indemnización plena de perjuicios, en los términos del artículo 216 del CSJ, no se está ante ese supuesto. Luego de esta consideración inicial, procede con el planteamiento de la oposición respecto al recurso extraordinario, por lo que en torno al primero de los cargos, manifiesta que incurre en insalvables errores de técnica y de lógica jurídica que hacen imposible su estudio y consecuente pronunciamiento por parte de la sala, debido a que la senda elegida implica partir de la base que se tomó una decisión equivocada conforme la ley sustancial de alcance nacional, por lo que quedan por fuera del razonamiento las pruebas del proceso o aspectos relacionados con los hechos de la demanda, para lo cual referencia la decisión CSJ SL33092019. Explica que de la lectura del embate se advierte

claramente que el real inconformismo de los censores surge de la valoración de las pruebas recaudadas y practicadas durante el proceso por parte del tribunal; particularmente, respecto del supuesto incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo y de haber incumplido su deber de interrumpir la labor del trabajador, al percatarse que éste estaba realizando un acto negligente al salir del montacargas.

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Radicación n.° 96978 Ahora, como argumentos de fondo, señala que aun cuando los recurrentes plantean que el juez plural reconoció expresamente que había existido culpa del empleador en el accidente de trabajo, en ningún momento se dio por probada tal situación y lo que se busca es confundir, debido a que lo señalado por el ad quem es que no se probó que el patrono, hubiera tenido culpa en la causación del suceso trágico. En consideración a lo anterior, señala que es claro que para el colegiado se estructuró la culpa exclusiva del trabajador en la ocurrencia del accidente, por extralimitación de sus funciones y exceso de confianza, lo cual rompió el nexo causal que debe existir en la estructuración de la culpa patronal establecida en el artículo 216 del CST. En torno al segundo de los argumentos del cargo, aclara que en el proceso no existió controversia frente al cargo de operario de montacargas que tenía el asalariado, sin que el mismo implique trabajo en alturas, razón por la cual no entiende por qué los casacionistas traen a colación este tipo de labor que resulta claramente inaplicable al caso concreto,

debido a que ninguna de estas máquinas supera la altura de 1.5 metros. Finalmente, con relación a este embate agrega que la obligación de protección del empleador contra los accidentes de trabajo y enfermedades laborales es de medio y no de resultado, por lo que no podía este imaginarse que a pesar de las capacitaciones, charlas, sesiones del COPASST, donde se informaba que no podía salir del montacargas, el

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Radicación n.° 96978 trabajador lo hiciera, citando en este sentido el proveído CSJ SL1073-2021.

VIII. CONSIDERACIONES El primer punto que debe abordar la corporación recae en la inconformidad que plantea National Oilwell Varco de Colombia en calidad de opositora, al sostener que no resulta posible abordar el estudio de la demanda de casación, por carecer la parte actora de interés jurídico para atacar la decisión del tribunal, al no mostrar inconformidad contra la sentencia de primera instancia, debido a que no interpuso y sustentó el recurso de alzada.

En punto al tema, es pertinente indicar que el grado jurisdiccional de consulta, se constituye en un beneficio con el que cuentan el trabajador, así como la nación, los departamentos, los municipios o aquellas entidades descentralizadas en las que la nación sea garante, cuando dentro de un proceso laboral obtienen una decisión desfavorable, en la medida que aun cuando no acudan a la apelación de la providencia, la misma será objeto de revisión por el superior, en los términos del artículo 69 del CPTSS. Ahora, el hecho que no se recurra la decisión del a quo,

no implica entender necesariamente que se está conforme con lo expuesto en la sentencia, sino que eventualmente se puede considerar idóneo que el ad quem realice una revisión integral y no condicionada, la que culminará con una

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Radicación n.° 96978 decisión de segunda instancia, al interior de la cual se puede incurrir en errores propios de un recurso extraordinario. En torno a este asunto, se dijo mediante proveído CSJ AL4648-2022, lo siguiente: Ahora bien, el artículo 69 del CPTSS, para lo que aquí interesa, estableció la consulta cuando la sentencia de primera o de única instancia (sentencia CC C-424 de 2015) fuere totalmente adversa a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario, si no fuere apelada, como aquí ocurrió. Al respecto, conviene recordar que la consulta no constituye un recurso adicional, sino un grado jurisdiccional que, por serlo, impone la obligación al juez de primera instancia, de consultar su fallo, si no es apelado en los eventos previstos en la norma. En ese orden, la consulta se surte por ministerio de la ley, situación que, por tanto, legitima al interesado para recurrir posteriormente en casación. Sobre el particular, bien vale la pena traer a colación lo recordado por esta Sala de la Corte en la providencia AL3063-2022, en los siguientes términos: No tiene la razón la réplica cuando afirma que el demandante no se encuentra legitimado para sustentar el recurso extraordinario, por cuanto se conformó con la sentencia de primer grado al no interponer recurso alguno contra ella, si se tiene en cuenta que

esta Corporación ha sostenido de vieja data que la consulta es un grado jurisdiccional que se surte en interés de la ley y suple la inactividad del trabajador o de la entidad de derecho público cuando no apelan la sentencia del juzgado, por lo que no puede verse simplemente como un trámite meramente formal o de control de legalidad procesal, sino que mediante éste, el juzgador de segunda instancia está en el deber de examinar los puntos materia del litigio, y que el hecho de provocarse la alzada por esta vía no hace perder el interés jurídico en la segunda instancia a la parte en cuyo favor se surte la consulta, como es el caso que nos ocupa. De esta manera, no le asiste razón al citado resistente en casación, debido a que la norma procesal no trae consigo una restricción en el ejercicio del recurso extraordinario, como lo sería el limitar el acceso a esta vía solo a quienes hayan apelado la decisión de primer grado. Tal posición

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Radicación n.° 96978 implicaría incorporar nuevas exigencias a las establecidas por el artículo 86 del CPTSS, además de pasar por alto que la Sala actúa como tribunal de casación con competencia para conocer de los procesos ordinarios de segunda instancia procedentes de los tribunales superiores del distrito judicial y, excepcionalmente, por los jueces de primer nivel, en los eventos de la casación per saltum. Precisado este tema preliminar, se destaca que el primero de los embates que presentan los recurrentes, se dirige bajo la senda directa, lo que supone una conformidad con aspectos fácticos e inferencias probatorias, centrando los

reparos en debates del ámbito jurídico, sobre la existencia, validez, alcance o interpretación de una norma de derecho sustancial del orden nacional (CSJ SL, 3 abr. 2011, rad. 37133). Corresponde en esta oportunidad analizar si se aplicó indebidamente por parte del colegiado, lo consagrado por el artículo 216 del CST, norma que establece lo siguiente: Cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este Capítulo. Para el análisis, debe partirse de la base que la norma trascrita a