CSJ - SL2676-2023

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - SL2676-2023
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Laboral
Año
2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL2676-2023 Radicación n.° 91937 Acta 35 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por FLORENCIA MUÑOZ DE RAMÍREZ, DANIELA RAMÍREZ MUÑOZ y LAURA MARCELA RAMÍREZ MUÑOZ, quien actúa en nombre propio y de sus hijas menores LLL y JJJ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauraron las recurrentes a MABE DE COLOMBIA SAS, en el que intervino por exclusión LUZ ALBA GARCÍA GÓMEZ.

I. ANTECEDENTES Florencia Muñoz de Ramírez, Daniela Ramírez Muñoz y Laura Marcela Ramírez Muñoz en su propio nombre y en representación de LLL y JJJ, llamaron a juicio a Mabe de Colombia SAS, para que se declarara que entre Octavio César

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Radicación n.° 91937 Ramírez (cónyuge, padre y abuelo respectivamente) y la demandada existió un contrato laboral; así como también, que en ejecución de ese vínculo el trabajador sufrió un accidente de trabajo por culpa patronal, que le ocasionó la muerte. Solicitaron, en consecuencia, que se ordenara a la accionada a indemnizar los perjuicios materiales (lucro

cesante consolidado y futuro) y los inmateriales (morales y daño a la vida en relación) causados, lo que resultare probado y las costas. Narraron que el señor Ramírez Marín laboró para Mabe Colombia SAS desde el 5 de noviembre de 1996 hasta el 15 de mayo de 2016; que el último cargo que ocupó fue el de «operario de máquina inyectora de perros línea 3» de la planta de ensamble; que la empleadora «permitía habitualmente el ingreso [del causante] hasta media hora antes de recibir su turno», para realizar las labores de aseo al equipo. Afirmaron que el 25 de abril de 2016 a la 1:37 pm, aquel se encontraba en esa actividad de limpieza, cuando «el cabezote [del artefacto] atrapó su cráneo», generándole una lesión en la región temporoparietal, por la que falleció. Señalaron que ese suceso ocurrió porque la demandada permitía el ingreso de su operario a la planta en un horario no adecuado y la empresa: i) no contrató personal para realizar constantemente las actividades de aseo a la máquina; ii) no suministró casco, inducción y reinducción a

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Radicación n.° 91937 su personal que le alertara y protegiera respecto de los riesgos a los que estaba expuesto y, iii) no tenía instalado un sistema de frenado en la maquinaria que hubiera impedido ese suceso. Anunciaron que la accionada tampoco contaba con el análisis de seguridad AST de 2013 a 2016 y con una «estrategia STOP», por cuanto, a) No decidió darle a la seguridad del trabajador su más alta

prioridad. b) No se detuvo para dar toda su atención al área de trabajo y a las labores a realizar por parte del operario. c) No observó la forma segura en la que el operario realizaba su trabajo. d) No observó la forma insegura en la que el operario realizaba su trabajo. e) No observó las condiciones inseguras en las que el operario se encontraba. f) No actuó felicitando al operario que laboraba en forma segura. g) No actuó deteniendo el acto inseguro ejecutado por el operario. h) No actuó corrigiendo las condiciones inseguras en las que se encontraba el operario. i) No actuó tomando acciones para evitar la repetición de los actos inseguros realizados por el operario. j) No generó reportes llenando la tarjeta de observación para llevar un registro. k) No verificó la efectividad del ciclo realizando auditorías de cumplimiento en el diligenciamiento de las tarjetas por parte de un supervisor. l) No verificó la efectividad del ciclo realizando planes de acción de acuerdo al reporte de las tarjetas. m) No verificó la efectividad del ciclo realizando seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas. Indicaron que la demandada, además, no promovió la cultura de autocuidado conforme al programa de Ecología Higiene y Seguridad en el Trabajo (EHS); no controló las personas que ingresaban a los puntos de trabajo; no realizó seguimiento y auditorías externas; no implementó

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Radicación n.° 91937 indicadores preventivos; no evaluó periódicamente a cada gerencia de la empresa; no realizó un plan de trabajo para la

efectividad de la política y seguridad en salud; no cumplió, a través del gerente de planta, los compromisos adquiridos en el Modelo GEHS1 Contaron que, con posterioridad al siniestro, Mabe instaló en el artefacto una guaya metálica y suiches límite que activaran el freno del cabezote al contacto con el operario; que también demarcaron con pintura roja el corredor o pasillo interno e impusieron guardas de seguridad; que el 27 de mayo de 2016 se realizó la investigación del accidente; que el 9 de junio de esa anualidad la ARL SURA afirmó, entre otras, que debían revisarse, ajustarse y validarse prácticas seguras del área. Apuntaron que el 9 de julio del mismo año se calificó el infortunio como laboral; que el 5 de octubre siguiente pidieron a la ex empleadora que permitiera el ingreso a sus instalaciones con cámaras de grabación; que en esa misma fecha se autorizó la visita, restringiendo la posibilidad de tomar un video; que, por tanto, solicitaron la práctica de una inspección judicial como prueba extraprocesal y la recepción de varios testimonios (f.° 4 a 31, cuaderno del juzgado, archivo «2021044115681», expediente digital). Mediante auto del 17 de mayo de 2019 se aceptó la intervención por exclusión de Luz Alba García Gómez (f.° 45 1 Reseñados en los hechos 13 a 64 de la demanda.

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Radicación n.° 91937 y 46, cuaderno del juzgado, archivo «2021044421383»,

ibidem). La interviniente en su condición de compañera permanente de Octavio César Ramírez Marín, llamó a juicio a Florencia Muñoz de Ramírez y a Mabe SAS, para que se le reconociera a ella, con exclusión de la primera, la indemnización plena y ordinaria de perjuicios en las modalidades de lucro cesante, daño moral y de la vida en relación, ocasionados con el deceso del trabajador. Contó que en sentencia del 23 de abril de 2018 del Juzgado Quinto de Familia de Manizales, confirmada en decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, se declaró la unión marital de hecho que constituyó con el causante. Relató sobre el accidente, que el trabajador prestaba turnos de 6:00 am a 13:00 pm y de 14:00 pm a 22:00 pm; que el día del infortunio llevaba varias semanas sin descansar, porque tenía que entrar una hora antes de lo estipulado y que sufrió un trauma craneoencefálico expuesto. Planteó que el empleador no tomó las medidas de seguridad que garantizara la integridad de su subordinado, como, por ejemplo, entregar casco de protección, hacer mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas y planear «las condiciones de trabajo turno y nocturno».

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Radicación n.° 91937 Expuso que el deceso le causó perjuicios patrimoniales que debían serle reconocidos (f.° 2 a 16, cuaderno del juzgado, archivo 2021044421383, expediente digital). Florencia Muñoz de Ramírez se opuso a las

pretensiones de la interviniente, aduciendo que esta sostuvo una relación sentimental con su cónyuge, pero que nunca existió entre ellos una convivencia real y efectiva superior a un año. Admitió los relativos al infortunio. Propuso como excepciones de fondo las que denominó falta de legitimación en la causa (por activa), cómputo proporcional de la indemnización de conformidad con los tiempos de convivencia demostrados ante la jurisdicción laboral, mala fe y enriquecimiento sin justa causa (f.° 94 a 98, cuaderno del juzgado, archivo 2021044421383, ibidem). Mabe Colombia SAS se resistió a las súplicas de ambas demandas y, en cuanto a los hechos, aceptó la existencia del contrato de trabajo, la ocurrencia del accidente laboral, la petición de ingreso a sus instalaciones y la práctica de pruebas extraprocesales. Negó que en el suceso hubiera ocurrido como consecuencia de alguna omisión de su parte, porque cumplió diligentemente con sus deberes de protección y cuidado, así como con las obligaciones dispuestas en las políticas de seguridad y salud en el trabajo, el Programa Stop y el de Ecología, Higiene y Seguridad en el Trabajo.

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Radicación n.° 91937 Afirmó que el insuceso se presentó por la imprudencia del trabajador, quien se encontraba realizando una labor que no le correspondía, antes de su horario normal, con total desconocimiento de los protocolos dispuestos para el efecto y que, en todo caso, la muerte del causante no fue consecuencia inmediata y directa de aquel.

Explicó que tenía contratada a la Empresa de Ingeniería del Aseo para realizar la actividad de limpieza en la maquinaria; que según el AST al operario de turno le correspondía realizar «la separación adecuada de residuos […] y además deb[ía] garantizar y mantener los resortes del cajón libre de residuos», cuando la máquina no era operada; que la actividad que ejecutaba el causante al momento del siniestro correspondía a aquella contratista o, a lo sumo, al servidor del turno de 6:00 am a 2:00 pm. Puntualizó que la posibilidad de que sus empleados ingresaran a sus instalaciones antes de su horario, obedecía a que en estas tenían un lugar en el que podían cambiarse y alistar sus elementos de protección personal, pero no porque se les permitiera realizar actividades laborales. Adujo que, si bien es cierto instaló una guaya de acero en el lugar de los hechos, ello se debió a un reforzamiento en la seguridad, porque «el cabezote inyector ya contaba con su respectivo freno de emergencia», tenía las guardas pertinentes y lo único que hizo fue «ampliar los rangos de cobertura desde el pasillo hasta la máquina».

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Radicación n.° 91937 Formuló como excepciones de mérito las de prescripción, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe exenta de culpa, culpa exclusiva de la víctima, inexistencia de culpa por parte del empleador, omisión probatoria de la culpa del empleador por parte del accionante, inexistencia de culpa de la empresa, exoneración del empleador, cobro de lo no debido, falta de causalidad entre accidente y muerte del causante, «no existe mejor

derecho de la demandante ad – excludendum» y cosa juzgada (f.° 2 a 23, cuaderno del juzgado, archivo «2021044917981», expediente digital y f.° 47 a 72, archivo «2021044421383», ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales, el 28 de agosto de 2020, resolvió: PRIMERO: DECLARAR [...] PROBADA la excepción de ACTOS INSEGUROS DEL TRABAJADOR propuesta por MABE COLOMBIA, por lo dicho en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR que entre el Señor OCTAVIO CÉSAR RAMÍREZ MARÍN y MABE COLOMBIA [SAS] se celebró un contrato de trabajo el cual se desarrolló entre el 05 de noviembre del año 1996 y el 15 de mayo del año 2016, a través del cual el trabajador prestó sus servicios en el cargo de OPERARIO DE

MÁQUINA INYECTORA.

TERCERO: ABSOLVER a MABE COLOMBIA [SAS] de las pretensiones del gestor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONDENAR a los co-demandantes y a favor de la demandada en costas procesales [...].

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Radicación n.° 91937

QUINTO: CONSULTAR la presente decisión [...] (Acta de Audiencia, expediente digital, remitido mediante correo electrónico).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el 13 de abril de 2021, al desatar el

recurso de apelación de las demandantes y la interviniente confirmó la de primera. Argumentó que determinaría si estaba demostrada la responsabilidad patronal en la causación del accidente que sufrió Octavio César Ramírez Marín el 25 de abril de 2016 en las instalaciones de Mabe Colombia SAS, pues no fueron objeto de discusión: i) que entre el causante y la demandada existió un contrato de trabajo; ii) que en la ejecución del vínculo ocurrió el infortunio laboral, que causó el fallecimiento del subordinado y, iii) que, aquel día «en momentos previos al inicio de su turno […] como operario de máquina inyectora de ensamble en la línea 3, fue alcanzado por la máquina, que le aprisionó su cabeza, causándole un trauma encéfalo craneal severo». Señaló que, según los artículos 56 y 216 del CST y 63 del CC, en la ocurrencia de un accidente o enfermedad profesional de los trabajadores, el empleador responde hasta por culpa leve, esto es, si actuó con impericia (desarrolla actividades sin los conocimientos básicos), imprudencia

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Radicación n.° 91937 (obra sin la cautela que según la experiencia debe emplear) o negligencia (no cumple con normas relacionadas con las obligaciones o deberes en salud ocupacional o no suministra elementos de protección o no capacita a su personal). Apuntó que en estos casos, es carga del reclamante demostrar: a) la ocurrencia de la enfermedad o el accidente de trabajo, b) el nexo de causalidad entre la culpa del empleador y el daño y, c) la existencia de los perjuicios y el

valor de estos y que, en consecuencia, el accionado debe acreditar que el suceso ocurrió por culpa exclusiva de la víctima o que, en todo caso, acató de forma diligente sus obligaciones patronales de cuidado, especialmente cuando, como en el asunto, lo que se le endilga es una omisión (CSJ SL1757-2018). Indicó que, en efecto, según las impugnantes el accidente se produjo porque, […] la empresa no tenía un programa serio y completo de seguridad y salud en el trabajo, no adoptó medidas de seguridad que impidieran la ocurrencia del suceso (puesto que las mejoras se hicieron con posterioridad), no suministró al trabajador casco de protección personal, no se percató de que en un mantenimiento previo se había concluido que las máquinas se encontraban en regular estado y no tenía instaladas guayas o censores de frenado. Precisó frente a algunos de los reparos puntuales de la apelación que: 1) No había una tarifa legal en la prueba acerca de la existencia del sistema de gestión y seguridad en el trabajo,

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Radicación n.° 91937 porque, aunque el artículo 12 del Decreto 1443 de 2014 exige al empleador mantener disponibles y actualizados los documentos que atañen con él, ello no desconocía el alcance del artículo 61 del CPTSS. 2) La juzgadora inicial no calcó la decisión que tomó en el proceso radicado 2017-100, promovido por los hermanos del causante contra Mabe Colombia SAS, en el que se reclamó igual indemnización, pues la valoración de las pruebas allí aportadas se debió al traslado que de las mismas

decretó, sin objeción alguna de las partes; allende a que la primera instancia también apreció los medios de convicción allegados en el presente trámite. 3) No tendría en cuenta la experticia introducida con la contestación de demanda, porque no cumplía con los presupuestos del artículo 226 del CGP, aplicable por la remisión del artículo 145 del CPTSS, para tenerla por válida. Estableció que el Informe de Investigación de incidentes y accidente de trabajo del 27 de mayo de 2016 (f.° 291 a 294, cuaderno principal), destacó: i) Que, [...] el trabajador tenía el hábito de ingresar al sitio de labores antes de que iniciara su turno con el objetivo de realizar actividades de aseo a su puesto de trabajo, y que sólo una persona presenció el accidente, habiendo sido el señor Julio César Osorio Zuluaga, quien desde el inicio aseguró que estaba cargando el módulo 7 con el mueble, que el módulo 5 se encontraba sin máscara, y era ahí donde estaba su compañero

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Radicación n.° 91937 de trabajo realizando labores de limpieza cuando el cabezote lo atrapó contra la columna. ii) Que fueron causas del infortunio un acto subestándar consistente en «ubicación del trabajador entre máscaras 5 y 6 realizando limpieza», una condición subestándar «movimiento del cabezote de la inyectora durante la labor de aseo hacia donde está ubicado el trabajador accidentado» y un factor de trabajo relativo a que «el cabezote ya había inyectado la máscara número 4 y se dirigía hacia la

máscara número 6 (la máscara número 5 estaba fuera de servicio). Es el lugar donde se realiza la limpieza con la manguera de aire». Afirmó que Julio César Osorio Zuluaga rindió declaración en el proceso 2017-00100, aseverando: que el trabajador entró a la zona antes de comenzar el turno; que «se puso a hacer aseo mientras él estaba inyectando normalmente las máscaras en su orden»; que aunque la empleadora tiene contratada esas funciones con una tercera empresa, los operarios suelen hacer barrido del área; que, sin embargo, conocían que para ello tenían que apagar la máquina o ponerla en modo manual, para que no se moviera el cabezote. Destacó que ese declarante afirmó que el causante no apagó la maquinaria, ni le avisó a él para que lo hiciera; que después del infortunio «se puso un cable de seguridad, para que cuando alguien lo toque deje de moverse el cabezote» y, que el accidente ocurrió cuando aquel,

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Radicación n.° 91937 […] se metió a barrer en la máscara n.° 5 que no estaba funcionando y como la máquina es automática y no se había detenido, fue a pasar de la n.° 4 a la 6 y fue en ese momento en que ocurrió el atrapamiento en la n.° 5 cuando le aprisionó la cabeza el cabezote de inyección contra un poste durante aproximadamente 4 minutos. Memoró que habían sido allegadas también las siguientes pruebas: 1) Constancia denominada «momento sincero» del 29 de marzo de 2016, que no fue tachada de falsa y, en

contraposición a lo apelado, sí estaba fechada y evidenciaba que el operario participó del «análisis de seguridad en el trabajo» (AST), que se llevó a cabo, en el que, entre otras cosas, se les dio a conocer los riesgos a los que estaban expuestos, «pactando el compromiso de dar cumplimiento a lo relacionado con el AST por parte de los empleados». 2) AST del 14 de marzo de 2014 que advirtió de los peligros potenciales a los que se exponían los trabajadores, tales como, «el atrapamiento y golpes por partes en movimiento de máquina inyectora»; que por lo anterior tenían que evitar introducir las manos en las máquinas mientras se encontraran en funcionamiento; así como también, desenergizarlas si debían realizar mantenimiento o reparaciones (f.° 628, ibidem). 3) Programa continuo de mantenimiento preventivo a las máquinas en las que operaba el trabajador fallecido, tanto a nivel mecánico, electrónico y eléctrico cada cuatro meses (f.° 362 a 406, 651 a 693 y 853 a 884, ib).

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Radicación n.° 91937 4) Manual de Ecología, Higiene y Seguridad del Trabajador (EHS), que maneja la ARL Sura con el propósito de estandarizar las operaciones de manera segura y establecer los lineamientos del sistema de seguridad y salud ocupacional, que deben seguir los empleados (f.° 709 a 780, ibidem). 5) Resolución n.° 372 del 14 de diciembre de 2016 proferida por el Ministerio de Trabajo Seccional Caldas,

por medio de la cual se archivó la averiguación preliminar adelantada por el accidente de trabajo, tras concluir que, [...] la empresa ha trabajado en procura de mantener un ambiente sano y seguro encaminado a proteger la integridad física y promover la integridad de sus trabajadores, además complementa esta gestión con la inducción del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (f.° 606 a 616, ib) 6) Constancia de asistencia del causante a una socialización de políticas de responsabilidad EHS y roles de los trabajadores, realizada el 20 de octubre de 2015 (f.° 840, ibidem). 7) Formato de entrenamiento y competencias para desempeñar el cargo del 25 de abril de 2010, donde consta la capacitación realizada al servidor, durante 8 días, en el que se verificaron, entre otras cosas, el conocimiento que tenía sobre las políticas de la empresa en materia de integridad, calidad, «BASC», seguridad ambiental y salud ocupacional (f.° 843 a 848, ib).

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Radicación n.° 91937 Afirmó que, respecto del accidente, además fueron escuchados los testimonios de: 1) Álvaro Escobar Uribe (gerente de ecología, higiene y seguridad de Mabe), 2) Luis Javier Arias López (gerente de planta de Mabe), 3) Gustavo Antía Vargas (supervisor ingeniería del aseo en Mabe) y, 4) José Hugo Garzón Marín (compañero de trabajo). Explicó que en el fuero de valoración probatoria del artículo 61 del CPTSS, daría mayor credibilidad a los tres

primeros declarantes, pues aún examinados con mayor rigor, encontraba que sus dichos eran coherentes y armónicos con la prueba documental; que, en contraposición, descartaría lo manifestado por el cuarto, porque mostró animadversión por el gerente de la entidad y allegó documentos relacionados con dichos de los miembros del Copasst, que no guardan relación con los demás medios de prueba. Destacó que el señor Escobar Uribe afirmó que después de la investigación realizada en la empresa, se determinó que lo que ocasionó el accidente fue la violación de los estándares de seguridad, porque en el AST estaba definido que el trabajador no podía penetrar el equipo sin autorización del operario principal; que, para hacerlo, tenía que apagar la maquinaria; que, además, el causante estaba realizando un aseo que no le correspondía, porque esa actividad la tenían contratada con una empresa especializada que labora los fines de semana, cuando la planta está detenida; que, en ese contexto, lo único que deben hacer los operarios es «el “sopleteo” por los residuos de espuma que se generan, lo cual

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Radicación n.° 91937 se realiza en el turno respectivo, siempre con la máquina detenida». Apuntó que ese testigo, aclaró: 1) Que, [...] la máquina tiene unas guardas de precisión, así como un censor para que se paren las barreras y otro para que a cualquier movimiento se frene el cabezote de inyección [...] que la máquina no se detuvo al momento del accidente, porque había un espacio real entre el chasis y el desplazamiento del cabezote, de 20 – 25

cms aproximadamente, que no censa, porque era un espacio muerto o virtual, que no se había detectado. Que con posterioridad al accidente se efectuaron unas mejoras en las guardas para alcanzar esa zona gris, se empezó a hacer monitoreo al ingreso de los trabajadores con una tarjeta y se hizo una demarcación con color rojo para que resaltara más (aunque antes existía en franjas amarillas y con cintas antideslizantes). 2) Que el trabajador no tenía que usar casco porque en el análisis de los riesgos no se evidenció la necesidad del mismo, en razón a que, no existía peligro de caída; que, incluso su uso, no le «hubiera protegido de la compresión que sufrió». Razonó que el testigo Arias López coincidió en aquellos dichos y agregó que a la máquina le hacen mantenimientos preventivos regulares; que Octavio Ramírez conocía el manejo de esta; que llevaba 10 años en su puesto de trabajo; que era un buen operario y conocía de las prevenciones de su puesto; que para la época del infortunio el aparato tenía una demarcación roja; que los trabajadores solo debían limpiar su puesto de trabajo, más no las áreas comunes; que

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Radicación n.° 91937 [...] la zona de detención no cubría totalmente el desplazamiento del carro y por eso se reforzó con guardas adicionales. Que con posterioridad al accidente se hicieron mejoras en la demarcación de la zona, en las guardas de seguridad y en el ingreso del personal que se controla mediante tarjeta. Apuntó que Gustavo Antía Vargas explicó que la

empresa de aseo era quien realizaba esa actividad; que la máquina tenía que estar apagada y que los trabajadores debían mantener limpio el tablero de controles; que, de acuerdo con las declaraciones de los señores Arias López y Escobar Uribe, así como también con la Resolución n.° 372 del 14 de diciembre de 2016 del Ministerio del Trabajo Seccional de Caldas, la empresa cumplió su obligación de suministrar al trabajador elementos de protección personal (guantes, gafas y protección auditiva). Puntualizó que no era necesario entregar casco porque de conformidad con el artículo 122 de la Ley 9° de 1979, los empleadores están obligados a proporcionar elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo y que, a pesar de que ese elemento, según el artículo 177 de la Resolución 2400 de 1979, se enlista dentro de aquellos a suministrar cuando el trabajador realiza actividades con estructuras metálicas, lo cierto era que la mención de esa actividad era ejemplificativa. Reflexionó que la razón de ser de la concesión de ese elemento es la protección para los que se hallen «expuestos a recibir golpes en la cabeza por proyecciones o posibles caídas de materiales pesados», lo cual no se presentaba en el asunto,

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Radicación n.° 91937 porque, de acuerdo a lo explicado por los testigos, los estudios de salud ocupacional y seguridad industrial no había revelado la necesidad de contar con casco, pues no existía esa exposición. Estableció que la empleadora tenía previsto el riesgo de atrapamiento y golpes por partes en movimiento de la

máquina inyectora (f.° 628, ibidem), pero que, [...] con el propósito de protección y de mantener la seguridad en las actividades de los trabajadores, estableció como regla básica de prevención para mantenerlos fuera de la ocurrencia de ese riesgo, la consistente en no introducir las manos en las maquinas mientras se encuentren en movimiento y desenergizar las máquinas cuando se les estuviera haciendo mantenimiento y/o reparaciones para que dejen de moverse, reglas que según se acreditó, eran ampliamente conocidas por el señor Octavio César, le habían sido recordadas en la socialización del análisis de seguridad en el trabajo de cuya asistencia da fe la documental de folios 295, ib; y que no obstante, fueron desatendidas por ese trabajador, quien en cambio optó de manera autónoma y voluntaria por efectuarle aseo a la máquina que operaba, sin advertirle a su compañero de trabajo que debía apagarla o suspender su movimiento, ni procurar hacerlo por sus propios medios. Aclaró que el documento denominado «momento sincero» no hacía las veces de análisis de seguridad en el trabajo; que lo que evidenciaba es que en ese instante se realizó la divulgación del AST. Reiteró que los declarantes fueron enfáticos en referir que el aseo de las áreas comunes no le correspondía al trabajador; que esa circunstancia «era de público conocimiento»; que, además, los dichos de esos declarantes, aunado al formato de entrenamiento y competencias para desempeñar el cargo (f.° 843 a 848, ibidem) y la constancia de asistencia del fallecido a una socialización de políticas de

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Radicación n.° 91937 responsabilidad EHS y roles de los trabajadores de MABE del 20 de octubre de 2015 (f.° 840, ib), acreditan que el «trabajador fue capacitado de manera suficiente en todo lo relacionado con el desempeño seguro de su labor, así como en los lineamientos que se tenían al interior de la sociedad para el trabajo en óptimas condiciones de higiene y seguridad». Estableció que «las mismas probanzas» reflejaban que la empleadora practicaba «permanentes evaluaciones de esas tareas por parte del área encargada de la seguridad del personal con acompañamiento constante de la ARL Sura» y realizaba mantenimiento preventivo en las máquinas inyectoras (f.° 362 al 406, 651 al 693 y 853 a 884, ibidem); que, además, tomaba las medidas del caso cuando advertía irregularidades; que, en ese contexto, el evidenciar un deficiente estado de las máquinas, no demuestra negligencia alguna, debido a que la finalidad de esa detección era lograr su corrección. Agregó que la continuidad de esas observaciones permite inferir una conducta patronal encaminada a reducir al máximo los niveles de accidentalidad al interior de la empresa; allende a que no había elemento que diera cuenta que el accidente ocurrió por un defecto en la máquina; que, además, estos aparatos, como lo contó Álvaro Escobar Uribe, sí tenían sensores de movimientos en las cuatro esquinas; que. aunque abarcaba una amplia área, no alcanzaba a cubrirlas en un 100 %.

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Radicación n.° 91937 Sostuvo que lo que en su momento impidió su activación fue «una cuestión posicional», porque, [...] el trabajador no introdujo todo su cuerpo por el espacio en el que podían reconocer movimiento, sino, únicamente su cabeza, se reitera, incurriendo en la prohibición que conocía con suficiencia dado el alto riesgo que representaba realizar el aseo o permanecer en el espacio de tránsito de los cabezotes y de las máquinas de inyección mientras estuvieran en movimiento. Arguyó que, a pesar de que después del accidente se demarcó la zona peligrosa con color rojo, previo a él, esas guardas también existían, solo que con franjas amarillas y cintas antideslizantes, según lo dijo el señor Escobar Uribe; que, además, el hecho de haberlas reforzado no daba cuenta de que no hubiera medidas de prevención o cuidado y que, en todo caso, [...] en conjunto con lo informado por las demás pruebas, [...] MABE COLOMBIA SAS ha mantenido un programa constante de prevención de los riesgos, procurando actualizarlo de manera continua y retroalimentándose con las enseñanzas que le deja la experiencia, con miras a disminuir al mínimo grado posible la ocurrencia de accidentes al interior de la empresa, como la legislación lo exige a todo empleador. Lo anterior, lo permite concluir además el “Manual de ecología, higiene y seguridad del trabajador (EHS)” diseñado para el programa de riesgos profesionales que es manejado por la ARL Sura en la empresa MABE “con el propósito de estandarizar las operaciones de

manera segura y establecer los lineamientos del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional” (f.° 709 al 780). Concluyó que, en ese orden de ideas, el accidente no ocurrió por imprudencia, impericia o negligencia de la demandada, sino por la realización de un acto inseguro imputable al trabaja

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