CSJ - SL2694-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2694-2023 Radicación n.° 96652 Acta 41 Bogotá, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por RODRÍGUEZ QUINTANA E HIJOS LTDA. contra la sentencia proferida el 20 de mayo de 2022 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por CARLOS ARTURO DÍAZ contra la sociedad recurrente y GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. - CARREFOUR, trámite al que fue llamada en garantía LIBERTY SEGUROS S.A. e integrada como litisconsorte necesario a POSITIVA

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

I. ANTECEDENTES Carlos Arturo Díaz llamó a juicio a las sociedades

Rodríguez Quintana e Hijos Ltda. y Grandes Superficies de

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Radicación n.° 96652 Colombia S. A. – Carrefour, en adelante Carrefour, para que fueran condenadas a reconocer y pagarle la indemnización total y ordinaria de perjuicios prevista en el artículo 216 del CST, la cual comprende el daño emergente y lucro cesante, así como los daños morales causados a él y a su progenitora Carmen María Díaz, junto con los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso. En respaldo de sus súplicas, relató que celebró contrato individual de trabajo a término indefinido con la sociedad

Rodríguez Quintana e Hijos Ltda. desde el 16 de septiembre de 2008; que el cargo desempeñado fue el de «auxiliar de obras en el corte de hierro»; que sus labores igualmente se prestaron en favor de Carrefour y que respondía económicamente por su ascendiente Carmen María Díaz. Expuso que antes de vincularse con la citada empresa, trabajaba en forma independiente como ayudante de construcción, corte de hierro, mezcla y fundición, es decir, contaba con experiencia en labores similares, lo cual lo hacían un empleado idóneo, responsable y con méritos para desarrollar la actividad para la cual fue contratado por Rodríguez Quintana e Hijos Ltda. Puso de presente que previamente a la ocurrencia del accidente de trabajo devengaba un salario de $1.500.000 promedio, pero que luego del infortunio empezó a percibir la suma mensual de $470.000. Esgrimió que la empresa le dio como dotación «simplemente, guantes de carnaza, botas y casco», incumpliendo con la obligación de prevención y

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Radicación n.° 96652 seguridad, tal como lo establece la ley laboral, dado que no le suministró «arnés y demás elementos necesarios para cumplir funciones de altura que no eran las suyas. Además, que no le dieron una adecuada inducción y no lo hicieron partícipe de los programas de salud ocupacional. En relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaeció el accidente de trabajo, relató lo siguiente: El 10 DE DICIEMBRE DE 2008 mi mandante se encontraba

laborando en la obra CARREFOUR ubicada en la Calle 5 con Cra 70 de la ciudad de Santiago de Cali, se encontraba cortando el hierro, cumpliendo las labores para las cuales él fue contratado, cuando a eso de las 10:00 a.m., el maestro Camargo, le ordenó que fuera ayudarle a amarrar unos gatos al operador de la máquina de una grúa manual, lo mandaron sin ARNES, porque a la persona que le correspondía hacer esa obra se encontraba en busca de los arnés, cuando mi mandante subió los gatos del piso, pues debía balancearlos, el conductor de la grúa que se encontraba en el tercer piso, EL PLUMERO quien lo llamaban "retro" sus compañeros, era una persona inexperta, que no sabía manejar la grúa no se percató y alzó los gatos con fuerza y levantó a mi mandante haciéndolo caer al primer piso junto con los gatos, y en vez de frenar, dejó soltar todo y ocasionándole unas lesiones, es de anotar que mi mandante era la primera vez que realizaba esta función y no le dieron inducción alguna, igualmente según lo que dice mi poderdante el señor que manejaba la grúa en ese momento no tenía experiencia y era un aprendiz, a mi mandante lo habían mandado hacer otras funciones que no eran las propias de su cargo. Arguyó que ocurrido el accidente permaneció «tirado en el piso» aproximadamente media hora, hasta que llegó la ambulancia y fue trasladado a la Clínica San Fernando de Cali, donde le realizaron los exámenes correspondientes; que lo intervinieron quirúrgicamente hasta el 20 de diciembre de

2008 porque la ARL no había hecho el pago a la clínica y no habían podido comprar los tornillos que debían colocarle y

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Radicación n.° 96652 que el diagnóstico final fue «FRACTURA 1.3 CONMINUTA

PROGRESIVA A MEDULA POR LAMINECTOMIA ASTRIDESIS

POSTERIOR L2.14».

Destacó que luego de esa intervención lo incapacitaron por un término de un año, hasta el 15 de diciembre de 2009, y que luego por órdenes del médico tratante de la empresa lo reubicó desempeñándose como guarda de seguridad, que su ingreso salarial se vio afectado, puesto que en este cargo empezó a recibir un salario mensual promedio de $550.000. Explicó que la empleadora no tomó las medidas de seguridad necesarias para evitar tal infortunio y que, violando el artículo 2 del Decreto 2400 de 1979 que la obligaba a aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para la protección de los trabajadores en las operaciones y procesos de trabajo, no le proporcionó los elementos de esa protección adecuados para la realización de sus funciones tales como: el «arnés o la línea de vida, esto es una guaya o lazo que se coloca amarrada fijamente de una columna y otra para poderse agarrar». Puntualizó que no existía brigada de evacuación para brindar los primeros auxilios y atender situaciones de emergencia, tal como lo dispone el artículo 223 de la Resolución 2400 de 1979, pues la empresa estaba obligada a exigir y vigilar que se cumpliera el funcionamiento del

programa de salud ocupacional, lo que no hizo, por esto aquella debía responder por el accidente de trabajo.

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Radicación n.° 96652 Manifestó que la compañía lo tenía afiliado a la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A. y que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, mediante el dictamen de invalidez de fecha 23 de diciembre de 2009 le diagnosticó una pérdida de la capacidad laboral del 26,70%, con fecha de estructuración 20 de ese mismo mes y año. Rodríguez Quintana e Hijos Ltda. al dar respuesta a la demanda se opuso a las súplicas incoadas. Frente a los hechos, admitió la relación laboral que la unió al aquí demandante, precisando que el vínculo fue por obra o labor contratada y exclusivamente para la ejecución de una obra de construcción civil; y culminada la misma se liquidó en los términos de ley. Añadió que ella fue la única empleadora del actor y que no tuvo conocimiento de que laborara directamente para Carrefour. Como razones de defensa, sostuvo que los servicios desempeñados por el promotor del proceso, en su calidad de obrero de construcción, tenían que ver con estructuras en concreto y no específicamente con «la actividad que se indica en la demanda inaugural». Enfatizó que la remuneración era equivalente al SMLMV y no el valor alegado por la parte actora de $1.500.000. Afirmó que al iniciarse el contrato de obra al trabajador le fue entregada la dotación que correspondía de acuerdo con las actividades para las cuales

fue contratado; que al igual que los demás obreros de construcción, el accionante recibió la inducción suficiente para desarrollar sus funciones y además se le dotó de los elementos de seguridad industrial que requería, sumado que

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Radicación n.° 96652 para ser vinculado debía tener una experiencia previa que lo calificara para la labor a desempeñar, la cual tenía. Expresó que el actor se encontraba vinculado a la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A.; que la empresa desconocía lo atinente a la calificación de invalidez, dado que para el momento en que terminó el contrato no se había realizado tal calificación, y que para la finalización de la ejecución de la obra el trabajador se encontraba incapacitado. No obstante, enfatizó que fue al término de tales incapacidades médicas que se hizo efectiva la finalización de su contrato por culminación de la obra, condición prevista por las partes desde el inicio de la relación subordinada. Acerca del accidente de trabajo, expuso que no era cierto el relato de la parte actora, pues en el informe de investigación expedido por la citada ARL se indicó que el trabajador «efectuó un acto inseguro que generó el accidente», lo que imponía descartar que tal suceso se pudiera imputar al empleador por mala manipulación de la grúa, ya que por la ubicación de los espacios la posición del operario y la actividad desarrollada «era imposible que la pluma grúa lo hubiese golpeado». Explicó que las incapacidades del actor fueron hasta el último día de noviembre de 2009, que fue reubicado

laboralmente, que para dicha época las obras ya habían culminado y «no existían, ni existen a la fecha obras en las que el trabajador se pudiese reincorporar».

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Radicación n.° 96652 Propuso como excepciones de fondo la de integración del litisconsorcio necesario con Positiva Compañía de Seguros S.A., inexistencia de culpa patronal en el accidente ocurrido al trabajador, compensación, prescripción, la innominada, carencia de derecho, carencia de acción y carencia de causa. A través de escrito separado solicitó vincular al proceso a Positiva Compañía de Seguros S.A. en razón a que fue esa ARL la que atendió el accidente de trabajo sufrido por el demandante y, en tal sentido, debía «responder» por las reclamaciones respecto la supuesta indemnización por culpa patronal y frente a las condenas que llegasen a ser asignadas a la empleadora. A su turno, Carrefour al contestar la demanda se opuso a todas las pretensiones formuladas en su contra. Frente a los supuestos fácticos, indicó que no le constaban. En su defensa argumentó que el accionante jamás fue su empleado y que no tenía manera de constatar que lo fuera de Rodríguez Quintana e Hijos Ltda., pues esta era una sociedad con la cual se contrataban servicios independientes, esporádicos y especializados de construcción de obra civil, pero no era en forma permanente, dado que solo ocurría «cuando se construye un almacén nuevo» y en todo caso, en «todos esos contratos la citada

sociedad, se obliga como contratista independiente y por tanto como empleador directo de sus propios trabajadores».

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Radicación n.° 96652 Indicó que Rodríguez Quintana e Hijos Ltda. tenía contratada una póliza con Liberty Seguros S.A. para amparar a Carrefour en caso de cualquier incumplimiento laboral por parte del contratante. Por último, añadió que nada tuvo que ver con el presunto siniestro laboral que dice sufrió el actor, pues nunca fue su empleadora. Aseveró que en este asunto no era dable invocar una eventual responsabilidad solidaria, porque si en gracia de discusión el accionante llegare a probar el contrato de trabajo con Rodríguez Quintana e Hijos Ltda., las labores desempeñadas por sus subalternos evidentemente eran extrañas al objeto social de Carrefour que corresponde a la comercialización de mercancías como alimentos, electrodomésticos, vestuario, etc. Respecto al presunto accidente laboral, afirmó que en razón a que Carrefour no fue el empleador del promotor del proceso, no le constaba ni tenía conocimiento del infortunio, ya que no tenía noticia de ello, ni siquiera informalmente. Destacó que no podía imputársele una culpa por los sucesos y menos exigírsele el cumplimiento de alguna disposición laboral o de seguridad social, dado que no existió relación contractual alguna. Formuló como excepciones perentorias las que denominó: falta de integración del litisconsorcio necesario; «demanda, formulada contra persona distinta a la obligada a responder»; improcedencia por falta de respaldo legal;

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Radicación n.° 96652 improcedencia e ilegalidad de las pretensiones; buena fe; cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación; falta de título y causa para pedir; no existe nexo causal entre los daños que afirma haber sufrido el demandante y el obrar de Carrefour; ausencia de culpa; prescripción o caducidad; y la innominada. En escrito separado llamó en garantía a Liberty Seguros S.A., para que eventualmente entrara a responder por las reclamaciones de índole laboral contenidas en el escrito de demanda y de cualquier condena que pudiese llegar a imponerse en contra de Carrefour. Precisó que para garantizar el pago de las obligaciones laborales del personal a cargo de la contratista Rodríguez Quintana e Hijos Ltda., esta sociedad constituyó una póliza que garantizaba el cubrimiento de salarios y prestaciones sociales en su favor, la cual fue expedida por dicha compañía de seguros, identificada bajo el número 1239541 por un valor asegurado $1.374.200.000 con vigencia hasta el 10 de diciembre de 2011. Dicho llamamiento se admitió por el juez de conocimiento, que lo fue el Segundo Laboral del Circuito de Cali, a través de la providencia del 23 de marzo de 2011. Liberty Seguros S.A. al acudir al proceso en tal calidad, rechazó las pretensiones contenidas en la demanda con la que se dio inicio al proceso, en razón a que todas ellas carecían de fundamentos de hecho y de derecho, pues Carlos

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Radicación n.° 96652 Arturo Díaz nunca fue trabajador de Carrefour y por consiguiente no existía relación alguna con la compañía de seguros. Respecto del accidente de trabajo, adujo que no le constaba. En cuanto a la responsabilidad solidaria deprecada con Carrefour, manifestó que no había lugar a ella, toda vez que la póliza solo tenía amparo de salarios y prestaciones sociales, es decir, por el incumplimiento del empleador frente a la falta de pago de dichos emolumentos, pero ello no se podía hacer extensivo a «indemnizaciones y menos las generadas por un riesgo laboral». Enlistó como excepciones de fondo las de prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, prescripción de las acciones laborales, límites de responsabilidad de la aseguradora, cuantía máxima de la indemnización, carencia de prueba del supuesto perjuicio, cobro de lo no debido, inexistencia de obligación en cabeza de la aseguradora, inexistencia de cobertura a una presunta indemnización plena de perjuicios por accidente de trabajo y la innominada. Asimismo, a través de igual providencia, que se itera tiene fecha del 23 de marzo de 2011, el a quo integró como litisconsorte necesario a Positiva Compañía de Seguros S.A., quien, al acudir al proceso en tal condición, señaló que no era del caso oponerse a las pretensiones de la demanda inaugural, pues ninguna de ellas estaba dirigida en su contra.

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Radicación n.° 96652 En relación con los supuestos fácticos, aceptó la

ocurrencia del accidente laboral sufrido por el actor el 10 de diciembre de 2008, pero que no le constaban las circunstancias particulares que se narran en la demanda inaugural, por cuanto no fueron reportadas en el informe respectivo. Así mismo, dijo que no le constaba lo referente al tiempo, ni las condiciones en que estuvo el demandante antes de recibir la atención médica y que no era cierto lo relativo a la supuesta demora en su intervención quirúrgica por una omisión de la ARL, puesto que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto Ley 1295 de 1994, los servicios de salud que requieren los afiliados al Sistema de Riesgos Profesionales, derivados del infortunio de trabajo o la enfermedad profesional, son prestados por la Entidad Promotora de Salud a la cual se encontraba afiliado el trabajador. Aclaró que Positiva Compañía de Seguros S.A., cumplió con todas sus obligaciones constitucionales y legales, toda vez que autorizó la prestación de los servicios asistenciales que requirió el accionante, pagó las incapacidades a que había lugar, calificó y valoró el accidente de trabajo y, además, reconoció y canceló la indemnización por incapacidad permanente parcial a que tenía derecho Carlos Arturo Díaz, conforme a la pérdida de la capacidad laboral determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Hizo énfasis en que mediante dictamen 1112 del 9 de noviembre de 2009 fijó el infortunio como profesional y

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Radicación n.° 96652 estableció la pérdida de la capacidad laboral en un 26,18%;

el cual fue incrementado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca al 26,70% fijando como fecha de estructuración el 22 de diciembre de 2009, por lo que mediante Resolución 04605 del 26 de julio de 2010 se reconoció la indemnización por incapacidad permanente parcial a que tenía derecho el actor. En relación con la culpa del empleador, manifestó que aunque no le constaban los hechos, resultaba necesario aclarar que las normas relativas al Sistema de Riesgos Profesionales, en especial el artículo 348 del CST y el artículo 56 del Decreto Ley 1295 de 1994, consagran que es responsabilidad única y exclusiva de la empresa el suministro de los equipos de trabajo necesarios para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, así como la prevención de los riesgos profesionales y de establecer y ejecutar en forma permanente los programas de salud ocupacional. Enunció como excepciones de mérito las de inexistencia del derecho y de la obligación, enriquecimiento sin causa y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Octavo Laboral de Descongestión del Circuito de Cali, mediante fallo del 28 de marzo de 2014,

resolvió:

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PRIMERO: DECLARAR entre el señor CARLOS ARTURO DÍAZ, como trabajador y RODRIGUEZ QUINTANA E HIJOS LTDA., como empleador, existió un contrato de trabajo por duración de obra o labor contratada, entre el 16 de septiembre de 2008 y el 30 de noviembre de 2009, fecha de terminación de la incapacidad

del trabajador a causa de un accidente de trabajo.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADAS las excepciones denominadas “cobro de lo no debido y/o inexistencia de la obligación” y “falta de título y causa para pedir”, propuestas por la demandada GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIACARREFOUR S.A.-, representada legalmente por el señor Pierre Franck Michel o quien haga sus veces, así como la de “inexistencia de la culpa patronal en el accidente ocurrido al trabajado/’ y “carencia de derecho, carencia de acción y carencia de causa”, propuestas por RODRIGUEZ QUINTANA E HIJOS LTDA., las de “carencia de prueba del supuesto perjuicio”, “cobro de lo no debido” e “inexistencia de obligación en cabeza de Liberty Seguros S.A. e inexistencia de cobertura a presunta indemnización plena de perjuicios por accidente de trabajo”, formuladas por LIBERTY SEGUROS S.A. representada legalmente por el señor Rafael Alberto Ariza Vesga o por quien haga sus veces y la denominada “inexistencia del derecho e inexistencia de la obligación”, planteada por POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., representada legalmente por el Doctor Gilberto Quinche Toro o por quien haga sus veces, respecto de todas las pretensiones que se formularon buscando indemnización de perjuicios por accidente de trabajo.

TERCERO: ABSOLVER a la demandada GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA -CARREFOUR S.A.-, representada legalmente por el señor PIERRE FRANK MICHEL, o por quien haga sus veces, de todas y cada una de las pretensiones que se

formularon en su contra por el señor CARLOS ARTURO DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.751.596, acorde con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: ABSOLVER a la demandada RODRIGUEZ QUINTANA E HIJOS LTDA., representada legalmente por el señor LUIS EDILBERTO RODRIGUEZ QUINTANA, o por quien haga sus veces de todas y cada una de las pretensiones que se formularon en su contra por el señor CARLOS ARTURO DÍAZ, identificado

con la cédula de ciudadanía No. 4.751.596, según lo expuesto en líneas precedentes.

QUINTO: ABSOLVER a la integrada como litisconsorte necesario POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., representada legalmente por el señor GILBERTO QUINCHE TORO, o por quien haga sus veces, de todas y cada una de las pretensiones que se formularon en su contra por el señor CARLOS ARTURO DÍAZ,

identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.751.596, de acuerdo a lo manifestado anteriormente.

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SEXTO: ABSOLVER a la llamada en garantía LIBERTY SEGUROS S.A., representada legalmente por el señor RAFAEL ALBERTO ARIZA VEGA, o por quien haga sus veces, de todas y cada una de las pretensiones que se formularon en su contra por el señor CARLOS ARTURO DÍAZ, identificado con la cédula de

ciudadanía No. 4.751.596, de acuerdo a lo manifestado

anteriormente.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas al demandante, en favor de las demandadas. Tásense por secretaría incluyendo la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000), como agencias en derecho, de las cuales corresponderá el 25% a cada una de las demandadas.

OCTAVO: En caso que no se impetre contra esta providencia recurso de apelación, envíese el expediente ante el Honorable Tribunal Superior del Cali, para que se surta el trámite jurisdiccional de CONSULTA, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69 del C.P.T. y de la S.S., por resultar la decisión totalmente adversa a los intereses del demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte demandante, conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, quien, dictó sentencia el 20 de mayo de 2022, a través de la que resolvió: PRIMERO: REVOCAR los numerales segundo, cuarto y séptimo en lo atinente a la absolución a favor de RODRIGUEZ QUINTANA E HIJOS LTDA., para en su lugar, DECLARAR que existió culpa suficientemente comprobada del empleador RODRÍGUEZ QUINTANA E HIJOS LTDA., en el accidente de trabajo sufrido por CARLOS ARTURO DÍAZ el 10 de diciembre de 2008 y, en consecuencia, se le CONDENA a reconocer y pagar al señor CARLOS ARTURO DÍAZ: 1.1. La indemnización por los daños materiales en la modalidad

de lucro cesante así: a. LUCRO CESANTE CONSOLIDADO: $35.700.000.oo; b. LUCRO CESANTE FUTURO: $50.000.000.oo. 1.2. Por concepto de daños morales la suma de $40.000.000.oo. 1.3. INDEXAR las condenas impuestas a la fecha efectiva de su pago.

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SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la sociedad demandada.

TERCERO: COSTAS en ambas instancias a cargo de la parte demandada RODRIGUEZ QUINTANA E HIJOS LTDA. Fíjense como agencias en derecho de la segunda instancia la suma de $2500.000. Fíjense por el a-quo las agencias de la primera instancia. Liquídense costas de conformidad con el artículo 366 del C.G.P.

CUARTO: A partir del día siguiente a la inserción de la presente decisión en la página web de la Rama Judicial en el link de sentencias del Despacho, comienza a correr el término para la interposición del recurso extraordinario de casación, para ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, si a ello hubiere lugar. En caso de no interponerse casación por las partes en la oportunidad legal, por Secretaría, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

El fallador de segundo grado comenzó por precisar que el problema jurídico a resolver estaba centrado en determinar si «con una acertada valoración probatoria se demuestra que existió culpa del empleador en el accidente sufrido por el demandante»; en caso de establecer que sí existió dicha

responsabilidad, debía estudiarse si eran procedentes las condenas por perjuicios materiales y morales pedidos en la demanda con la cual se dio inicio al proceso. En ese horizonte, manifestó que no se encontraba en debate lo relacionado con el vínculo laboral que unió al demandante con Rodríguez Quintana e Hijos Ltda., conforme fue aceptado por dicha sociedad y tal como lo declaró el fallador de primer grado, quien por demás determinó que se trató de un contrato de trabajo por duración de obra o labor contratada que se desarrolló entre el 16 de septiembre de 2008 y el 30 de noviembre de 2009, fecha de terminación de la incapacidad a causa del accidente de trabajo sufrido; que

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Radicación n.° 96652 tampoco era materia de discusión que el accionante sufrió el infortunio el 10 de diciembre de 2008. Señaló que la responsabilidad del empleador frente a un accidente de trabajo se encuentra establecida en el artículo 216 del CST, el cual exige que se acredite la culpa, el daño y el nexo de causalidad entre ambos. Adujo que bajo este contexto le correspondía al trabajador acreditar el comportamiento lesivo del empleador o su negligencia, con lo cual operaba la inversión de la carga de la prueba y le competía al empleador demostrar su diligencia y cuidado, aportando las pruebas de que adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud y la integridad física de sus trabajadores. Citó jurisprudencia en su apoyo. Luego se refirió al daño en los siguientes términos: […] se advierte que el daño al trabajador demandante se

comprobó con la experticia emanada de la ARL POSITIVA, a través de su Vicepresidencia Técnica en primera oportunidad, dictamen 1112 del 9 de noviembre de 2009 (fl.117) en el que se calificó el origen del accidente de tipo laboral o “profesional” para entonces, con incapacidad permanente parcial por PCL del 26,18%, con diagnóstico: “fractura L3 conminuta pop laminectomía, síndrome doloroso, artrodesis posterior L2L4, fractura L3 30% comprensión”, con fecha de estructuración de la PCL 10 de diciembre de 2008 y de la Junta Regional de Calificación de Invalidez con dictamen 97851209 del 23-12-2009 (fls. 120-124) en la que se estimó definitivamente un 26,70% de PCL, con origen laboral, por el diagnóstico fractura de vértebra lumbar y fecha de estructuración: 22-12-2009, generando incapacidad permanente parcial. A la luz de lo anterior e identificada la patología sufrida por el trabajador, el juez plural descartó de plano que dicha contingencia hubiese producido un daño a la progenitora del accionante en su esfera emocional, en la medida que carece

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Radicación n.° 96652 del derecho de representación, quién para acreditarlo, debió postular su causa petendi como persona mayor de edad y adulta con capacidad de actuar. En seguida, se ocupó de estudiar la culpa y del nexo de causalidad, para lo cual enfatizó que la demandada Rodríguez Quintana e Hijos Ltda. se oponía bajo el

argumento que lo sucedido fue que el trabajador efectuó un acto inseguro que generó el accidente y que, contrario a lo relatado, sí le suministró los elementos de protección propios del cargo, le prestó los primeros auxilios y lo reubicó, quien, además, recibió las prestaciones asistenciales por parte de la ARL Positiva S.A., a la cual estuvo afiliado. Así mismo, dijo que el COPASO y las brigadas sí se encontraban constituidas en dicha empresa y que al accionante se le brindaron las inducciones correspondientes en trabajo seguro y manipulación de cargas. En todo caso, recalcó que su responsabilidad como empleador no podía centrarse en «seguir a cada trabajador cuidando no incurran en actos inseguros que ponga en peligro su seguridad». Con ese fin, analizó el informe para presunto accidente de trabajo del empleador o contratante FURAT 25364065, diligenciado el 10-12-2008 (f.° 348) aportado por la citada ARL, el que señalaba que el infortunio ocurrió cuando «el trabajador se encontraba ayudando a bajar unos parales de un tercer piso se enredó cayó ocasionándose raspaduras en manos y politraumatismo»; además, se determinó que la ocupación del trabajador era «albañiles, mamposteros y afines».

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Radicación n.° 96652 Igualmente, valoró la investigación del accidente de trabajo conforme a la Resolución 1401 de 2007 (f.° 231 a 234), en el que además de los datos básicos del trabajador,

su empleador, el lugar y día del accidente, se informa que el cargo era «ayudante de construcción»; tiempo en el cargo: tres meses; tiempo de experiencia general: un año, labor que estaba desarrollando en el momento del accidente: «trasladando material», tareas propias. Apreció también los testimonios rendidos por Hever Díaz Cifuentes (f.° 481-489), Carlos Alirio Ruiz Gordillo (f.° 499-509); Olga Montoya (f.° 517-524); al igual que los interrogatorios de parte de Carlos Arturo Díaz (f.° 426-428) y Luis Edilberto Rodríguez Quintana, representante legal de la empleadora (f.° 468-469). Puntualizó que en la inspección judicial se recopilaron los siguientes documentos: inscripción del COPASO y del reglamento de higiene y seguridad industrial (f.° 541-545); investigación del accidente de trabajo (f.° 546-550); programa de salud ocupacional 2007-2009 y panorama de riesgos (f.° 551-603); actas del COPASO del año 2008 (f.° 608-615), entre ella la del «20-12-2008», donde se recapitulaba lo ocurrido en el accidente de trabajo; igualmente se acompañó la versión del maestro Luis Alberto Camargo (f.° 616); la entrega de dotaciones e inducción (f.° 617-624) con recepción entre septiembre y octubre de 2008 por parte del demandante de guantes de carnaza por su oficio de herrero y ayudante, junto

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Radicación n.° 96652 con otros elementos de protección personal el «16-09-2008»

(f°. 624). Infirió que del análisis del acervo probatorio se podía concluir: i) que el actor fue contratado como ayudante de construcción; ii) que en el desempeño de tales labores debió atender las instrucciones de su superior en obra, el maestro Luis Alberto Camargo, quien le encomendó un trabajo en el tercer piso de la construcción, atinente a la colaboración con el descargue de parales de una pluma grúa; iii) que el accidente no fue presenciado en tiempo real por persona alguna, pues los primeros en hacer presencia posterior a la ocurrencia del hecho fueron Lina Marcela Lugo, inspectora SISO (quien no rindió su versión) y algunos compañeros de trabajo como Hever Díaz Cifuentes y Luis Alberto Camargo, quienes dieron su declaración, el primero en el proceso y el segundo ante el COPASO; y iv) que el r