CSJ - SL2746-2023

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL2746-2023 Radicación n.° 83378 Acta 39 Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JAIME GONZÁLEZ MARTÍN contra la sentencia proferida el 12 de abril de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso que le

sigue a ACTIVIDADES DE INSTALACIONES Y SERVICIOS

COBRA S.A. y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

ESP, al que fue vinculada MAPFRE SEGUROS DE CRÉDITO S.A., como llamada en garantía.

I. ANTECEDENTES Accionó Jaime González Martín contra las demandadas, para que se declarara que ejecutó un contrato de trabajo a término indefinido con la sociedad Actividades de Instalaciones y Servicios Cobra S.A. (en adelante Cobra S.A.), en consecuencia, que se condenaran solidariamente a las

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Radicación n.° 83378 accionadas, a pagarle en forma total la indemnización por despido sin justa causa, vacaciones, cesantías y sus intereses y aportes a seguridad social, así como «todas las prestaciones sociales generadas en los años 2007, 2008 y 2009», teniendo en cuenta todos los factores que constituían salario. También reclamó las indemnizaciones moratorias de los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 29 de la 789 de 2002, por la cancelación deficitaria de los intereses sobre las cesantías

de los años 2007, 2008 y 2009, así como por la falta de consignación de las últimas en un fondo y; por la omisión en el pago total de salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo y la falta de aportes al sistema de seguridad social integral. En subsidio de estas sanciones, pidió la indexación. En sustento de sus pretensiones manifestó que empezó a trabajar en Colombia para la empresa Cobra S.A., el 16 de mayo de 2007, en el cargo de jefe de obra, para la ejecución de un contrato que le fue adjudicado por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP; que la retribución acordada fue: (i) «un salario bruto anual por importe de 40.000 euros, distribuidos en 14 pagas»; (ii) «la aplicación del sistema de incentivos vigente en el Grupo Cobra para el puesto arriba indicado» y; (iii) «[…] cuando desempeñe sus funciones en el exterior (Colombia) devengará un complemento de Exterior» por valor de €15.000 anuales, repartido en 12 pagos, una dieta de USD $50 diarios, vehículo, alojamiento, seguridad social en España, cobertura sanitaria en el país de destino, y seguro de repatriación y; que el 6 de agosto de 2009, la

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Radicación n.° 83378 empresa dio por terminado el contrato sin mediar justa causa. Aseguró que los salarios fueron recibidos así: (i) en Colombia $2.777.218 mensuales; (ii) en España €40.000 anuales, distribuidos en 14 pagos; (iii) €15.000 anuales, por

concepto de complemento exterior; (iv) alojamiento mensual por $2.600.000 y; (v) vehículo, $1.567.000 mensual, sumado a ello, que la empresa también les cancelaba el estudio a sus hijos. Señaló que nunca se pactó la figura de salario integral; que según el manual de incentivos, debía recibir otro importe por ese concepto, que nunca le fue cancelado, pero al señor Juan Hernández sí se lo otorgaron, y ocupaba el mismo cargo; que durante toda la relación no fueron consignadas las cesantías a un fondo; que para liquidar las prestaciones sociales no se tuvo en cuenta todo lo devengado, y que, para esos efectos, tuvo como fecha inicial del contrato el 1° de agosto de 2007. Ambas accionadas se opusieron a las pretensiones. En cuanto a los hechos, Actividades de Instalaciones y Servicios Cobra S.A., dijo que no le constaba lo relativo al acuerdo de remuneración, debido a que no era un documento suyo. Negó los demás enunciados fácticos, y aclaró que el actor ingresó a laborar el 1° de agosto de 2007. Propuso las excepciones perentorias de prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, pago, buena fe, y compensación.

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Radicación n.° 83378 Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP dijo que no eran ciertos los enunciados fácticos de la demanda, o que no le constaban. Formuló las excepciones de mérito de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y compensación. En el mismo escrito llamó en garantía a Mapfre Seguros

de Crédito S.A., para que esta respondiera con ocasión de las pólizas de cumplimiento del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones que la amparaban. La aseguradora contestó mediante curador ad litem, quien se opuso a las pretensiones de la demanda. Señaló que no le constaban los hechos. Propuso las excepciones de «riesgo asegurado, no cobertura de los conceptos pretendidos»; inexigibilidad del cobro conjunto de indemnizaciones moratoria e indexación y; prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 28 de junio de 2017, absolvió a las demandadas de todas las pretensiones, y condenó en costas a la parte actora.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo pronunciado el 12 de abril de 2018, confirmó el de la a quo, y condenó en costas al recurrente.

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Radicación n.° 83378 Para resolver planteó los siguientes problemas jurídicos: (i) establecer si entre el demandante y Cobra S.A., hubo un contrato de trabajo entre el 16 de mayo de 2007 y el 6 de agosto de 2009; (ii) si aquel era beneficiario del incentivo de jefes de obra, técnicos de obra y encargados generales; (iii) si los pagos recibidos por concepto de medicina prepagada, educación de los hijos, alojamiento, vehículo y

pasajes, constituían salario en especie, y en caso afirmativo, si había lugar a las reliquidaciones solicitadas, teniendo en cuenta los mencionados valores, más lo recibido en euros; (iv) si era viable el cubrimiento de los gastos de traslado a España y; (v) si Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP era solidariamente responsable. Respecto a la existencia del contrato de trabajo, explicó que al trabajador le bastaba con demostrar la prestación personal del servicio para que se activara la presunción del artículo 24 del CST, quedando la demandada con la obligación de desvirtuarla. Así, señaló que no era materia de discusión que el actor prestó sus servicios a la empresa Actividades de Instalación y Servicios Cobra S.A., conforme con las documentales visibles a folios 67 y 71 del expediente, empero, en lo atinente al cargo desempeñado, constató que era el de subgerente de planta externa. Luego expuso: […] si bien el demandante alega que el cargo que ocupó fue el de Jefe de Obra, a folio 406 del cuaderno carta rogatoria aparece copia de la certificación de fecha 18 de febrero de 2013 expedida por COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. con domicilio en Madrid – España en la que hace constar que el accionante laboró para la misma del 16 de mayo de 2007 al 31 de agosto de 2009 desempeñando el cargo de Jefe de Obra de la Filial de Comunicaciones en Colombia; vinculación que se corrobora con los comprobantes de nómina de folios 365 a 405 del referido cuaderno y de folios 75 a 87 del cuaderno principal.

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Radicación n.° 83378 Afirmó que el representante legal de Cobra S.A., en el interrogatorio de parte, declaró que el actor fungió como subgerente de planta externa, manifestación que también hizo la coordinadora de Recursos Humanos, la señora Natalia Valentina Fernández Mesa. Sobre los testigos, dijo que: Miguel Curiel indicó que el accionante fue contratado en mayo de 2007 por Actividades de Instalación y Servicios Cobra S.A., con el fin de ayudarlo a elaborar la oferta técnica y económica para un posible contrato con Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, y una vez adjudicado el mismo, él, junto al actor, se vincularon a la demandada, como gerente de operaciones y subgerente de planta externa, respectivamente, sin que existiera en la empresa el cargo de jefe de obra. El testigo Juan Hernández afirmó que el demandante se desempeñó como jefe de obra en Actividades de Instalaciones y Servicios Cobra S.A., realizando actividades relacionadas con el contrato que esta tenía con Movistar; que recibían un sueldo proveniente de España, más una adición por expatriados, y en Colombia se les daba una «dieta diaria» de 40 a 50 dólares «y que la demandada junto con el Grupo Cobra S.A. con (sic) el mismo grupo pero con NIT diferente». Afirmó que fueron contratados en España, y fueron expatriados a Colombia como jefes de obra, y que una vez gestionadas las visas, «en el contrato se puso que el demandante fungiría como subgerente de planta externa y que COBRA S.A. es una multinacional con filiales en varios países cuya sede principal es España».

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Radicación n.° 83378 Antonio Iglesias precisó que las condiciones laborales del accionante consistían en un salario en España de €45.000 más un 30% de retribución variable en función de objetivos, y otra parte que se tenía que pagar en Colombia, que era de USD $1.500; que «el cargo que tenía era de gerente de planta externa (jefe de obra), pues en el contrato español era Jefe de Obra y en el de Colombia, gerente de planta externa»; y que la empresa Cobra S.A. es una filial del Grupo Cobra. Observó que a folio 70 del expediente aparece un correo electrónico en el que se le informó al actor que a partir del 4 de agosto de 2009 ya no seguiría prestando sus servicios en Colombia, y que el cargo de jefe de obra de ingeniería, construcción y mantenimiento de fibra óptica estaría al mando de otra persona. Destacó que, conforme al certificado de existencia y representación legal de Actividades de Instalaciones y Servicios Cobra S.A., «se evidencia que por documento privado del 20 de junio de 2001, COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. con domicilio fuera del país configuró una situación de control con aquella». Por todo lo anterior, afirmó que el accionante fungió como jefe de obra, pero para la empresa Cobra Instalaciones y Servicios S.A., con domicilio en Madrid – España, compañía diferente de la demandada Actividades de Instalaciones y Servicios Cobra S.A., en la que ocupó el cargo de gerente de planta externa, sin que,

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Radicación n.° 83378 […] pueda hablar de la misma vinculación así coincidan una parte en el ámbito temporal, pues la primera data del 16 de mayo de 2007 al 31 de agosto de 2009 y la segunda del 1° de agosto de 2007 al 6 de agosto de 2009, pues se trata de dos empresas totalmente diferentes pues no se demostró que la demandada sea una sucursal o filial de la citada empresa. Ahora si bien en el certificado de existencia y representación legal de la accionada se evidencia una situación de control de COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. para con ésta, en los términos de la Ley 222 de 1995 tal situación trae como consecuencia una responsabilidad de la matriz o controlante respecto de la segunda en lo que a obligaciones se refiere sin que por ello se pueda hablar que se trata de la misma empresa máxime, si no se demostró que se hubiere declarado la existencia de un grupo empresarial entre las citadas empresas o que el tan mencionado GRUPO COBRA S.A. existiera que aquellas formaran parte de éste. A más, que en las pretensiones de la demanda no se solicitó la declaratoria de un grupo empresarial o responsabilidad subsidiaria entre las citadas sociedades tan así, que domiciliada en el extranjero no fue vinculada al proceso. Aunado a ello los testigos fueron claros al indicar que el demandante dada su vinculación con la accionada fungió como sub gerente de planta externa y con COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. era jefe de obra, recibiendo por cada una de ellas retribuciones diferentes lo que corrobora que se trataba de vinculaciones distintas.

Concluyó entonces que el demandante laboró al servicio de la demandada solo del 1° de agosto de 2007 al 6 de agosto de 2009, como aparece a folio 241. En lo atinente a la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta lo percibido en euros, el incentivo para jefes de obra, y los pagos por concepto de medicina prepagada, pasajes, educación, alojamiento, y vehículo, adujo que no podía prosperar sobre los dos primeros, comoquiera que lo percibido en moneda extranjera correspondía a su vinculación con Cobra S.A., «al igual que como lo indicó el testigo Miguel Curiel y Natalia Hernández en la empresa ACTIVIDADES DE INSTALACIONES Y SERVICIOS COBRA S.A. no existía ningún régimen de incentivos pues el

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Radicación n.° 83378 mismo era pagado por la empresa española según lo dicho por ANTONIO IGLESIAS». Agregó que el mencionado incentivo «estaba dado para los jefes de obra, cargo que como se indicó el demandante no desempeñó al servicio de la demandada el cual era de subgerente de planta externa». Sobre los demás conceptos, manifestó que los testigos coincidieron en afirmar que los trabajadores provenientes de España gozaban de tales beneficios, los cuales eran sufragados directamente por la empresa, quien era la encargada de suscribir los contratos de arrendamiento de las viviendas y vehículos, pagar la medicina, los colegios y los pasajes, situación que se corroboraba con los documentos de folios 114 a 124, y 439 a 472.

Con arreglo al artículo 128 del CST, concluyó que todos esos factores no constituían salario, «en la medida que si bien lo beneficiaban, no enriquecieron su patrimonio en tanto era la empresa quien los sufragaba directamente y estaban destinados para el desempeño cabal de sus funciones». En lo tocante a los gastos de traslado, invocó el numeral 8 del artículo 57 del CST para sostener que, con base en las pruebas allegadas al proceso, para el momento en que el demandante se vinculó a la enjuiciada ya estaba en Colombia, y que si bien no había controversia alguna en cuanto a que aquel provenía de España, «lo cierto es que no se evidencia que para la data de culminación del vínculo manifestara su intención de regresar a España y de haberlo hecho, evento en el cual la accionada tendría que sufragar tales gastos junto con los de su familia, no probó que lo haya

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Radicación n.° 83378 cancelado de su propio peculio», máxime si no se determinó a qué ciudad viajaría, ni el número de integrantes de la familia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo, y condene a las accionadas al pago de lo pretendido.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, replicado por las demandadas.

VI. CARGO ÚNICO Por la vía indirecta, denuncia la aplicación indebida de

los artículos 4 y 27 del CC; 2, 5, 13, 14, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 55, 57 numeral 4, 64, 65, 127, 128, 130, 132 y 139 del CST; 51, 60 y 61 del CPTSS; 48 y 53 de la CN; y 164, 165, 166, 167, 176, 244, 246, 250 y 281 del CGP, «dentro del contexto del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991». Le enrostra al Tribunal los siguientes yerros fácticos: 1) No dar por probado estándolo, que existió un solo contrato de trabajo entre Actividades de Instalación y Servicios Cobra S.A. y Jaime González Martín. 2) Dar por demostrado, no estándolo, que existieron dos contratos de trabajo, uno con Actividades de Instalación Y Servicios Cobra S.A. y Jaime González Martín, desarrollado en Colombia, y otro con Cobra Instalación y servicios S.A. en España.

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Radicación n.° 83378 3) No dar por probado estándolo, que la única finalidad que tuvo la vinculación del demandante con Actividades de Instalación Y Servicios Cobra S.A. fue el desarrollo de las actividades contratadas con Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4) Dar por demostrado no estándolo, que la vinculación del demandante con Cobra Instalación y Servicios S.A. - España, era un contrato autónomo e independiente del desarrollo de las actividades contratadas con Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 5) No dar por probado estándolo, que al demandante no se le

afilió a un fondo de cesantías, para la consignación del auxilio de cesantía, existiendo obligación legal. 6) Dar por demostrado no estándolo, que al demandante se le autorizó el pago parcial del auxilio de cesantía en el 2007, por parte del Ministerio del Trabajo. 7) No dar por probado estándolo, que al demandante se le pagaba parte de su salario mensualmente a través de la sociedad controlante Cobra Instalación y Servicios S.A. España, maniobra ausente de la buena fe que debe gobernar el contrato de trabajo. 8) Dar por demostrado no estándolo que, la sociedad demandada pagó oportunamente y en forma completa el valor de la indemnización por terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo existente entre las partes. 9) No dar por demostrado estándolo que la sociedad demandada no pagó los salarios y prestaciones sociales con base en la remuneración verdaderamente pactada con el demandante, bajo un actuar carente de buena fe, haciéndose acreedora a la sanción establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. 10) Dar por demostrado no estándolo que al demandante no se le adeudaba suma alguna por ningún concepto o derecho. Como pruebas no apreciadas relaciona las siguientes: 1) Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad Actividades de Instalaciones y Servicios Cobra S.A. (folios 35 a 46). 2) Correo electrónico de Manuel Penalva al demandante (folio 89). 3) Carta de 6 de agosto de 2009 de Andrés Ma. Picado Ruiz al demandante (Folio 68). 4) Comprobante de pago de nómina de 31 de marzo de 2008 de

la demandada, donde se destaca el término "Sucursal Españoles" (Folio 74).

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Radicación n.° 83378 5) Comprobante de pago de Cobra Instalaciones y Servicios S.A. del 1 de agosto al 31 de agosto de 2007. A partir del cual aparece el término "Complemento Exterior" (folio 79). 6) Comunicación de 30 de abril de 2009, donde se informa el nuevo valor del sueldo bruto. (Folio 102). 7) Correo electrónico de 23 de julio de 2007, de Julio Cano al demandante, donde le solicita aprobar las condiciones de exterior, en relación con el desplazamiento a Colombia. (Folio 104 a 106). 8) Contrato de arrendamiento de vivienda de 1 de enero de 2009, donde el demandante aparece como deudor solidario. (Folios 114 a 121). 9) Carta de Intención No. CT-0763-07 y CT-0764-07 de 21 de junio de 2007 de la Dirección de Compras de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. a Manuel Penalva Representante Legal de Actividades de Instalaciones y Servicios Cobra S.A. (Folio 127). 10) Contrato No. 71.1-0849.07 Entre Actividades de Instalaciones y Servicios Cobra S.A. y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Folios 286 a 321). 11) Confesión de la representante legal de la sociedad demandada, respecto de la ausencia de pacto de exclusión salarial, y no consignación en el fondo de cesantías, de tal

prestación en beneficio del demandante. (Folios 378 a 380). Para demostrar el cargo, manifiesta que, si la prestación personal del servicio es el origen del contrato de trabajo, «resulta extraño que, el punto de partida de la relación laboral del demandante se haya dispuesto únicamente con base en la certificación aportada al proceso por la demandada, olvidando por completo las demás probanzas aportadas […]». Asegura que con los documentos se puede demostrar que existió un único e inequívoco propósito de que prestara sus servicios en Colombia para la ejecución del contrato celebrado por las demandadas, tal como se desprende de la propuesta laboral hecha por Manuel Penalva, la cual fue aceptada, «y que se llevó a cabo aun antes de que se perfeccionara el contrato entre Actividades de Instalaciones y

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Radicación n.° 83378 Servicios COBRA S.A. y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. […], donde, a partir del 1 de julio de 2007, el demandante empieza a recibir un pago por concepto de: “Complemento exterior”», el que a su vez, coincide con la oferta realizada en abril, y con la fecha en que inició su gestión como representante legal de Actividades de Instalaciones y Servicios Cobra S.A. en Colombia. Añade que tanto la compañía española como la colombiana tenían el mismo nombre, el cual fue modificado posteriormente, y que se probó la situación de control de la primera frente a la segunda. Esgrime que de la prueba documental allegada, se extrae, que: (i) hubo una prestación personal del servicio, en razón de la cual surgió, antes del 1º de agosto de 2007, la relación

con Actividades de Instalaciones y Servicios Cobra S.A., y que dicha empresa, era controlada por Cobra Instalaciones y Servicios S.A. desde el 19 de junio de 2002; (ii) la actividad fue remunerado tanto en España como en Colombia, sin ser factible que tuviera contratos simultáneos en los dos países y con empleadores distintos, como si fueran vínculos independientes, puesto que hubo una sola prestación personal de las labores; y (iii) los extremos temporales del vínculo, coinciden con las instrucciones dadas por su empleador, tanto al ofrecer una vinculación por dos años, «como el hecho de que a la finalización del contrato de trabajo se le hubiese dicho desde la sociedad española que regresara a prestar sus servicios al país de origen».

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Radicación n.° 83378 Subraya que el mismo comprobante de pago de salarios del 31 de marzo de 2008, bajo el NIT de la empresa, hace referencia a «Sucursal Españoles». Y enseguida expone: En efecto, si el Tribunal hubiera examinado la prueba documental, habría encontrado que el demandante prestó sus servicios de forma permanente y sin solución de continuidad para Actividades de Instalaciones y Servicios Cobra S.A. y que ello le merecía pagos con carácter salarial tanto en su lugar de origen, (además de otros reconocimientos), como en el lugar donde prestaba sus servicios, de acuerdo con las propuestas y convenio celebrados entre el demandante, y la sociedad controlada por Cobra Instalaciones y Servicios S.A. que era justamente: Actividades de Instalaciones y Servicios Cobra S.A. En efecto, los conceptos que el Sr. Penalva le propuso al

demandante como contraprestación de sus servicios en la propuesta para laborar en el desarrollo del contrato con Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. fueron reconocidos, salvo lo relacionado con el incentivo. Basta con observar que desde el inicio del contrato se propuso al demandante la realización de pagos en un país diferente de aquel en el que prestaría sus servicios, como “complemento” de su remuneración. Y es que justamente se usó ese término: “complemento exterior” significando que tanto en el lugar de origen, como el lugar en el que se prestaban sus servicios era remunerado, por una única actividad laboral que estaba directamente relacionada con la ejecución del contrato con Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Corrobora lo anterior la comunicación que reposa a folio 68 del expediente, en el cual el director de recursos humanos de Cobra Instalaciones y Servicios S.A. – Madrid, le explica, al demandante en detalle las razones de su retorno, haciendo énfasis en que él aceptó lo acordado el 13 de julio de 2007, sobre las condiciones de exterior en “Permanencia en Colombia” siendo claro entonces lo que se ha venido reiterando en el sentido de que había una remuneración fuera de Colombia, cuyo fundamento era la prestación personal de los servicios del demandante al servicio de Cobra para los trabajos con el Cliente Telecomunicaciones

S.A. ESP (TELECOM).

Arguye que también erró el juez de alzada al admitir, sin prueba alguna, la afirmación de que el auxilio de cesantías no se había consignado, de acuerdo con lo ordenado por la Ley 50 de 1990, «por cuanto, el demandante había solicitado su pago, previa aprobación del Ministerio del

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Radicación n.° 83378 Trabajo», comoquiera que la comunicación obrante a folio 250 solo da fe de que se elaboró un documento para solicitar autorización al Ministerio del Trabajo para el pago parcial de tal auxilio, pero no existe evidencia de que hubiese sido concedido, es más, no tiene siquiera una constancia de recibido. Adicionalmente, puntualiza que el documento mencionado se refería al pago parcial de las cesantías causadas en el año 2008, pero nada se probó en relación con las correspondientes al 2007, las cuales debían ser consignadas a más tardar el 14 de febrero de 2008, so pena de ser acreedora de la sanción establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Por lo anterior, concluye que yerra el Tribunal al declarar que fueron pagadas las cesantías previa autorización del Ministerio del Trabajo, cuando no se probó su entrega, ya que no existen comprobantes de egreso ni recibos que así lo demuestren. Añade que era evidente que no iba a hacer arreglos locativos de un inmueble, «puesto que no le pertenecía el lugar donde residía, es más, el inventario de entrega demuestra el rigor con el que la inmobiliaria manejaba el apartamento, de manera que se trató de un argumento falaz». Establece que del acervo probatorio se puede extraer lo siguiente: (i) él desarrolló una sola actividad personal, cuya remuneración se pagó en la forma propuesta en la carta del 19 de abril de 2007, «donde se incluyó también el vehículo y el alojamiento, además de otra serie de reconocimientos cuya

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Radicación n.° 83378 única causa era la labor del actor en el desarrollo del contrato con Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.»; y (ii) no se trata de dos contratos diferentes y autónomos, y la situación de control e identidad de las sociedades demuestra que los valores cancelados en Colombia estaban complementados «por otros reconocimientos tanto en dinero como en especie» tal como fue ofrecido, lo que tampoco se puede desvirtuar por el hecho de que se le diera un nombre diferente a los cargos, pues lo acreditado es una única prestación del servicio. Sostiene que al inferir el Tribunal que los conceptos de alojamiento, vehículo, educación, y medicina prepagada carecían de carácter salarial por no enriquecer el patrimonio, sino que se daban para el desempeño cabal de sus funciones por tratarse de un trabajador extranjero, se equivocó, pues no tuvo en cuenta que él suscribió un contrato de arrendamiento, donde aparece como coarrendatario. Además, que de admitirse que tales beneficios tenían la destinación dicha por el Tribunal, de todas maneras, debían constituir salario, «porque estaban directamente ligados a la tarea que el demandante vino a ejecutar por cuenta de la celebración del contrato entre Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y Actividades de Instalaciones y Servicios Cobra S.A.», por lo que se le dio una aplicación indebida a los artículos 127 y 128 del CST. Apoya su dicho en la sentencia

CSJ SL9240-2017.

De lo anterior, concluye que la compañía actuó de mala fe, y, por lo tanto, se debía imponer la indemnización

moratoria solicitada con la demanda inicial, y la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, «y en general, todas las

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Radicación n.° 83378 condenas solicitadas en la demanda, incluyendo por supuesto la declaración de solidaridad por parte de Colombia Telecomunicaciones S.A., puesto que resulta evidente la aplicación del artículo 34 en el presente proceso».

VII. RÉPLICAS Actividades de Instalaciones y Servicios Cobra S.A., resalta que el recurso contiene errores técnicos que impiden su estudio, comoquiera que, a pesar de que se relacionan unas pruebas como dejadas de valorar, en la demostración del cargo no se incluye ni una sola crítica a la función probatoria del Tribunal respecto a las que sí tuvo en cuenta para soportar su decisión, aceptando entonces la valoración realizada sobre las mismas.

Aduce que el colegiado basó su proveído en la Ley 222 de 1995, norma cuya violación no fue denunciada, y, por lo tanto, el fallo no pudo ser afectado. Respecto al fondo del asunto, asegura que el actor pretende que se declare la existencia de un contrato de trabajo desde el 16 de mayo de 2007, cuando no existe prueba de una prestación del servicio desde esa data, pues hay documentos que demuestran el inicio de actividades desde esa fecha, pero con Cobra Instalaciones y Servicios S.A. Frente al auxilio de cesantías, apunta que el Tribunal no incurrió en los yerros indicados en los numerales 5 y 6, pues ese tema no fue abordado, y que el recurrente debió, si no estaba de acuerdo con ello, solicitar la adición de la

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Radicación n.° 83378 sentencia. Asegura que la misma situación ocurre con el error de hecho del numeral 3. Por último, menciona que no fueron atacadas las conclusiones respecto a que «distintos pagos y beneficios» no se podían considerar como salario, por lo que serían inocuos los yerros mencionados en los numerales 8 y 10. Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, acota que solo fue convocada bajo el fenómeno de la solidaridad, y en la demanda de casación no se establece ninguna apreciación errónea de las pruebas aportadas al proceso que tienen referencia a ella, pues todo estuvo dirigido a la relación que existió entre el accionante y la codemandada, por lo tanto, se debe confirmar la absolución dispuesta en su favor.

VIII. CONSIDERACIONES Aunque tiene razón Cobra S.A., al afirmar que el recurrente no singularizó todas las pruebas que contribuyeron a que el Tribunal confirmara la decisión absolutoria del a quo, de todas maneras, sí discriminó las que consideró que no fueron valoradas por el juez de alzada, y explicó cómo esa omisión ocasionó los errores de hecho que, a la postre, generaron la transgresión normativa denunciada.

En cuanto a la falta de mención de la Ley 222 de 1995, fuerza recordar que basta con aludir una norma de alcance nacional para abrirle camino al estudio del recurso. Superado estos escollos, los problemas jurídicos puestos a consideración de la Corte se circunscriben a S