CSJ - SL277-2024

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL277-2024 Radicación n.° 88837 Acta 003 Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARÍA NEYLA URREGO GIRALDO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 19 de febrero de 2020 en el , proceso que promovió en contra de la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).

Se reconoce personería para actuar en nombre y representación de Colpensiones a la sociedad World Legal Corporation SAS, en los términos y para los fines del poder general conferido (cuaderno digital de la Corte). Se reconoce personería para actuar a Luis Enrique Salinas López con TP 186558 del Consejo Superior de la Judicatura, para que obre como apoderado judicial de

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 88837 Colpensiones, de conformidad a la documentación que obra en el cuaderno de la Corte.

I. ANTECEDENTES María Neyla Urrego Giraldo llamó a juicio a Colpensiones, con el fin de que se le condenara al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a partir del cumplimiento total de los requisitos exigidos por la ley; y, los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el 20 de abril de 1955, por lo que es beneficiaria del

régimen de transición de que trata el art. 36 de la Ley 100 de 1993; que estuvo afiliada al Sistema General de Pensiones a través del ISS, desde el año 1977, como se desprende de la historia laboral arrimada; que entre los 35 a los 55 años, esto es, del 20 de abril de 1990 al mismo día y mes del año 2010, cotizó más de 500 semanas, lo anterior, teniendo en cuenta la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Medellín, que ordenó a María Nohelia Castaño Díez, pagarle al ISS, los periodos correspondientes del 16 de enero de 1994 al 17 de julio de 1998 y del 1º de agosto de 1998 al 27 de diciembre de 2004, lo que suma un total de 547 semanas. Narró que presentó demanda ejecutiva ante el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín en contra de la señora Castaño Díez, para buscar el pago de las

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 88837 cotizaciones objeto de condena, sin embargo, tanto el juzgado como la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, decidieron negar el mandamiento de pago por no haber cálculo actuarial; que el 22 de noviembre de 2011 solicitó ante la entidad de seguridad la elaboración de este, y al no tener respuesta, debió acudir a una acción de tutela, que fue resuelta a su favor el 14 de agosto de 2012; que pese a lo anterior, la accionada no dio cumplimiento al fallo, por lo cual tuvo que acudir a que se declarara el desacato,

el cual se prolongó hasta el mes de septiembre de 2015, fecha en la cual aquella elaboró el correspondiente cálculo, que no incluyó todos los períodos ordenados en la sentencia, así: Añadió que Colpensiones al no elaborar el cálculo actuarial a tiempo, y teniendo en cuenta que el entregado tenía menos de las semanas que debieron otorgarse, le vulneró su derecho a acceder a la pensión de vejez; y, que la reclamación administrativa se entiende agotada con la Resolución n.° GNR 037997 del 15 de marzo de 2013, por

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 88837 medio de la cual se le negó el derecho, habilitándola para acudir a la jurisdicción. Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con la edad de la demandante, su condición de beneficiaria del régimen de transición, la solicitud elevada el 22 de noviembre de 2011 para la emisión del cálculo actuarial, y la acción de tutela interpuesta por esta. Frente a los demás, señaló que no le constaba la demanda ejecutiva impetrada por la actora en contra de María Nohelia Castaño Díez, para el pago de las cotizaciones; y, negó que esta hubiera reunido 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer pensión de vejez e intereses moratorios, prescripción, buena fe e imposibilidad de

condena en costas. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, a través de sentencia del 16 de mayo de 2018, absolvió a Colpensiones, y condenó a la demandante a pagar las costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 88837 La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, por medio de providencia del 19 de febrero de 2020, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora, decidió lo siguiente: REVOCAR la providencia de primera instancia dictada por la Juez Doce Laboral del Circuito de Medellín, proferida el 16 de mayo de 2018, en el proceso ordinario adelantado por MARÍA NEYLA URREGO GIRALDO contra COLPENSÍONES, para en su lugar: ORDENAR a COLPENSIONES que en un término no superior a un mes liquide el título pensional a cargo de la empleadora María Nohelia Castaño Diez (sic), para lo cual deberá tener en cuenta los periodos comprendidos entre el 16 de enero de 1994 y el 17 de julio de 1998 y el 1 de agosto de 1998 y el 27 de diciembre de 2004. Una vez COLPENSIONES reciba las sumas liquidadas, deberá, dentro del mes siguiente expedir la resolución por medio de la cual reconoce el disfrute de la pensión de vejez a que tiene derecho la actora, la cual como se indicara en la parte motiva de esta providencia se causó desde el 20 de abril de 2010.

CONFIRMAR, aunque por motivos diferentes, la decisión de primera instancia en cuanto declaró probada la improcedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. El ad quem partió de que los problemas jurídicos se orientaban a determinar, si era posible tener en cuenta periodos por los cuales el empleador no efectuó cotización, pero se ordenó el pago de un título pensional; y, en caso afirmativo, si María Neyla Urrego Giraldo cumplía con los requisitos para la pensión de vejez reclamada. Como supuestos fácticos, relacionó los siguientes: que la demandante nació el 20 de abril de 1955; que se afilió al ISS el 10 de febrero de 1977, cotizando en toda su vida laboral 108.57 semanas (f.° 57); que mediante sentencia judicial del 30 de septiembre de 2008, se condenó a María

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 88837 Nohelia Castaño Díez a pagar un título pensional al ISS, a favor de la actora, por los periodos comprendidos del 16 de enero de 1994 al 17 de julio de 1998 y del 1º de agosto de ese año al 27 de diciembre de 2004 (f.° 9 a 28). Igualmente, que a través de oficio del 31 de agosto de 2015, Colpensiones liquidó el cálculo actuarial, y tuvo en cuenta como períodos a validar, los siguientes: del 16 de enero de 1994 al 15 de febrero de 1998, del 1º de junio al 30 de junio de 2003 y del 1º de septiembre al 27 de

diciembre de 2004; y, que la entidad por medio de la Resolución n.° GNR 037997 del 15 de marzo de 2013, le negó la pensión, por no cumplir con las semanas exigidas por la Ley 797 de 2003, debido a que la asegurada en toda su vida laboral acreditó 106 semanas de cotización. Por un lado, en lo relativo al reconocimiento pensional, señaló que pretendía la actora que se consideraran para efectos pensionales, 547 semanas cotizadas, cuyo pago, según se indicó en la sentencia del 30 de septiembre de 2008, correspondía a la empleadora María Nohelia Castaño Díez, a través de la modalidad de título pensional, y en consecuencia, que se impusiera a Colpensiones la obligación de pagar la pensión de vejez, en la medida en que no ejerció las acciones de cobro para la satisfacción de ese crédito; lo que fundó en la sentencia CSJ SL, 2015, rad. 54226, a cuyos supuestos aludió, precisando las diferencias entre la falta de afiliación y la mora en el pago de las cotizaciones.

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 88837 Afirmó que, en el caso de la mora en el pago de los aportes, era una obligación del fondo de pensiones perseguir su cancelación; y en el supuesto de la no afiliación, es obligación el pago de una reserva denominada título pensional para que estas semanas sean tenidas en cuenta para efectos pensionales; al respecto menciona la sentencia de la Corte Constitucional CC C177-1998.

Además, dijo que las diferencias entre la no afiliación y la mora en el pago de los aportes fueron explicadas por la Corte en la sentencia CSJ SL4021-2019. Relacionó el art. 17 del Decreto 3798 de 2003, que prevé que el cómputo para pensión del tiempo transcurrido entre la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones y la data de afiliación tardía, solo será procedente una vez ingrese la reserva actuarial o el título pensional correspondiente, calculado en los términos del Decreto 1887 de 1994. Señaló que, a partir de lo anterior, resulta claro que los tiempos por los cuales la empleadora no efectuó cotizaciones, deben ser tenidos en cuenta para la pensión; quedando la obligación condicionada a que se efectúe por parte del empleador el pago, sin que se pueda dar un trato equivalente al supuesto de la mora, que es diferente frente a la responsabilidad que adquiriera el fondo de pensiones. Y que, para ejemplificar, valía la pena citar la sentencia de la Corte Constitucional CC T234-2018.

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 88837 Adujo que, traídas las consideraciones de la sentencia antes referida al presente asunto, se encontraba que María Nohelia Castaño Díez, empleadora de la actora, la afilió de manera tardía; lo que fue declarado vía judicial en providencia del 30 de septiembre de 2008, en la que se impuso la obligación de pagar un título pensional por los periodos del 16 de enero de 1994 al 17 de julio de 1998 y

del 1º de agosto de 1998 al 27 de diciembre de 2004, equivalentes a 561.29 semanas (f.° 9 a 28). En cuanto a la contabilización de los septenarios que debían pagarse como título pensional para efectos del reconocimiento de la prestación, citó el literal a) del art. 5 del Decreto 813 de 1994; y dijo, que acorde con esta norma, era claro que el tiempo en que la demandante prestó servicios a la señora Castaño Díez, debía ser contabilizado como semanas efectivamente cotizadas, máxime cuando sobre ellas existía la obligación de pagar título pensional a cargo del empleador, por lo que la prestación se encontraba económicamente soportada. Añadió que, por lo anterior, el total de semanas cotizadas por la actora en toda su vida laboral ascendía a 572 semanas, ya que, observada su historia laboral, existen períodos por los cuales la empleadora Castaño Díez efectuó pagos, debiéndose contabilizar estos. Tratándose de la aplicación del régimen de transición y del cumplimiento por parte de la demandante de los

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 88837 requisitos del Acuerdo 049 de 1990, normativa anterior aplicable, realizó unas disquisiciones teóricas en torno a esa prerrogativa, y a las limitaciones impuestas por el Acto Legislativo 01 de 2005. Indicó que la actora cumplió la edad pensional —55 años— el 20 de abril de 2010, y en los 20 anteriores a esa data acreditó 561.29 semanas; y como quiera que adquirió

el estatus de pensionada antes del 31 de julio de 2010, no era necesario analizar si para el 25 de julio de 2005 tenía 750 semanas de cotización. Concluyó entonces, que le asistía derecho a la pensión de vejez, por lo que debía revocarse la sentencia del a quo. En primer lugar, en cuanto al disfrute de la prestación, indicó que, en el presente caso, al ordenarse el pago de un cálculo actuarial con fecha final del 27 de diciembre de 2004, y no existir cotizaciones posteriores en pensiones, según constaba en el folio 57, se debía tener esta como la última semana y fecha de retiro para efectos de lo dispuesto en los arts. 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por lo que en este caso coincidía con la causación —20 de abril de 2010—. En segundo lugar, en lo atinente a la exigibilidad del reconocimiento y pago, recordó, que de conformidad con el art. 33 de la Ley 100 de 1993, el cómputo de semanas a cargo de empleadores que tuvieran la obligación de

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 88837 constituir un título actuarial, según la norma, «[…] será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional». Así las cosas, dedujo que no podía imponerse a

Colpensiones la condena al pago de la pensión de vejez, hasta tanto no recibiera a satisfacción la cancelación del título pensional a cargo de la empleadora, dado que solo cuando esta obligación se cumpliera, era posible habilitar esos tiempos. Por lo anterior consideró, en consecuencia, que debía ordenarse a la accionada que en un término no superior a un mes, liquidara el título pensional a cargo de la empleadora Castaño Díez, teniendo en cuenta los periodos ordenados en la sentencia del 30 de septiembre de 2008, esto es, del 16 de enero de 1994 al 17 de julio de 1998 y del 1º de agosto de ese año al 27 de febrero de 2004; y que una vez esta recibiera el pago del cálculo actuarial a satisfacción, conforme con el art. 9 de la Ley 797 de 2003, debería, dentro del mes siguiente, expedir el acto administrativo de reconocimiento. En lo concerniente a los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, expresó que, a partir de la sentencia CSJ, SL, 2 oct. 2013, rad. 44454, la Corte manifestó que cuando la negativa de la pensión por parte de la administradora, se encontrara sustentada en criterios

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 88837 objetivos provenientes de la imposición de la ley, no había lugar a ellos; y que como en el presente asunto, aquella tenía plena justificación, debido a que cuando analizó la procedencia del derecho en sede administrativa, no podía, motu proprio, reconocer un tiempo en el que la demandante

no estuvo afiliada al Sistema de Pensiones, aspecto que solo se pudo establecer mediante el presente proceso, y bajo la declaratoria judicial, no podían imponerse. Y que, por ende, al no avizorarse un actuar caprichoso por parte de Colpensiones, y la negativa al derecho en su momento encontró soporte en la ley, no hay lugar a impartir condena.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende lo siguiente: que se, […] CASE PARCIALMENTE la sentencia impugnada en cuanto CONDICIONÓ el reconocimiento del derecho pensional al pago del título pensional a cargo de la empleadora María Nohelia Castaño Diez (sic) y en cuanto CONFIRMÓ la absolución de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, para que, una vez constituida la Corte en sede de instancia, REVOQUE la decisión de primera instancia y acceda a lo pedido en la demanda inicial. Deberá proveerse sobre costas.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 88837 Colpensiones, los cuales se examinarán en forma conjunta, en la medida en que acusan similar proposición jurídica, persiguen la misma finalidad y se complementan.

VI. CARGO PRIMERO Acusa a la sentencia impugnada de violar la ley, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los

arts. 12, 13 y 20 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual año y 24, en relación con el 11, 22, 23, 31, 36, 57, 141 y 288, todos de la Ley 100 de 1993; el 2 y 5 del Decreto 2633 de 1994; el 164, 167, 170 y 176 del CGP; el 60, 61 y 145 del CPTSS; y, el 13, 48, 53 y 83 de la CP. Indica que ello ocurrió, por haber incurrido el Tribunal en los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado estándolo, que el Instituto de Seguros Sociales hoy COLPENSIONES, incumplió su obligación de cobro ante el empleador MARIA (sic) NOHELIA CASTAÑO

DIEZ (sic).

2. No dar por demostrado estándolo, que el Instituto de Seguros Sociales hoy COLPENSIONES conoció sobre la omisión de la afiliación en que incurrió el empleador de la señora MARIA (sic) NEYLA URREGO GIRALDO, que fue negligente en la elaboración del cálculo actuarial y el cobro de este.

3. No dar por demostrado estándolo, que además del periodo en que hubo omisión en la afiliación, existieron periodos en mora por parte de la empleadora MARIA (sic) NOHELIA CASTAÑO DIEZ (sic), que no fueron cobrados por el fondo de pensiones.

4. Dar por demostrado sin estarlo, que la obligación de reconocimiento pensional no es exigible hasta tanto COLPENSIONES no haya recibido a satisfacción el pago del título pensional a cargo de la empleadora.

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 88837

5. No dar por demostrado estándolo, que la obligación del reconocimiento a la pensión de vejez a favor de la señora MARIA

(sic) NEYLA URREGO GIRALDO, ya es exigible.

6. Dar por demostrado sin estarlo, que solo en este proceso y bajo la declaratoria judicial se pudo computar el tiempo en el que la demandante no estuvo afiliada y que por lo tanto COLPENSIONES negó la pensión de forma justificada.

Lo que alega, se presentó por la apreciación indebida de las siguientes pruebas: a) […] de la sentencia judicial proferida por el JUZGADO

SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN

(folios 9 a 28). b) […] del ejecutivo conexo radicado el 05 de febrero de 2009 ante el Juzgado Séptimo Laboral de Circuito de Medellín (folio 29 a 31). c) […] de la solicitud de elaboración de cálculo actuarial radicada en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES el 22 de noviembre de 2011 (folio 32). d) […] de la acción de tutela presentada en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (folio 33, 34 y 35). e) […] del fallo de tutela que concede el amparo (folios 36 a 46). f) […] de las solicitudes de sanción por desacato a sentencia de tutela (folios 47 a 52). g) […] del cálculo actuarial expedido por COLPENSIONES el 31

de agosto de 2015 (folios 53 a 56). h) […] de la historia de semanas cotizadas expedida por COLPENSIONES el 31 de mayo de 2017 (folio 57). i) […] de la Resolución GNR 037997 del 15 de marzo de 2013 (folios 59 y 60). En su desarrollo afirma, que con las referidas pruebas se acredita que el ISS, hoy Colpensiones, conocía que María Nohelia Castaño Díez la afilió de forma tardía, así como cuáles eran esos periodos omisos; también, que la entidad de seguridad social fue negligente en la elaboración del

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 88837 cálculo actuarial, y que además de los citados periodos, existían otros en mora que tampoco fueron cobrados, cercenando con ello su derecho pensional. Señala que el Tribunal, luego de analizar el material probatorio, afirmó que le asistía derecho al reconocimiento de la pensión de vejez con fundamento en el régimen de transición, a partir del momento en que cumplió los 55 años de edad, concluyendo que ello sería exigible cuando Colpensiones recibiera a satisfacción el pago del título pensional a cargo de la empleadora. Acto seguido, expresa lo siguiente: La conclusión referente a la exigibilidad del derecho pensional a la que llega el Tribunal, se da por la falta de apreciación del ejecutivo conexo radicado el 5 de febrero de 2009 ante el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín (f.° 29 a 31), cuyo mandamiento de pago fue negado por no existir un cálculo actuarial expedido por el fondo de pensiones; por la falta de

apreciación de la solicitud de elaboración del cálculo actuarial radicada por la demandante en el ISS hoy COLPENSIONES el 22 de noviembre de 2011, en la que se le dio a conocer la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión (folio 32) documento con el cual la demandante le informó a su entidad pensional que la empleadora MARIA (sic) NOHELIA CASTAÑO DIEZ (sic) la afilió de forma tardía y que debía realizar un cálculo actuarial; por la falta de apreciación de la acción de tutela (folio 33, 34 y 35), del fallo de tutela (folios 36 a 46), de las solicitudes de sanción por desacato al fallo de tutela (folios 47 a 52) y de la falta de apreciación del cálculo actuarial que se expidió el 31 de agosto de 2015 (folio 53 a 56), documentos que dan cuenta de la actitud negligente del fondo de pensiones en expedir un documento indispensable para el cobro de los periodos en que la empleadora MARIA (sic) NOHELIA CASTAÑO DIEZ (sic) no tuvo afiliada a la actora, pruebas que le muestran a quien las analice, que al conocer el fondo de pensiones el 22 de noviembre de 2011 que la empleadora MARIA (sic) NOHELIA CASTAÑO DIEZ (sic) incumplió su deber de afiliación oportuna y por lo tanto de cotización, debía iniciar todas las acciones de cobro pertinentes para lograr el pago de tales rubros, carga que

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 88837 no le es atribuible a la demandante y mucho menos debe

endilgársele los efectos negativos del no cobro por parte del ISS hoy COLPESIONES (sic), como equivocadamente lo concluye el Tribunal cuando condiciona el reconocimiento de la pensión al pago a satisfacción del título pensional, omitiendo que COLPENSIONES no probó dentro del proceso haber adelantado actividades de cobro en contra de la empleadora MARIA (sic) NOHELIA CASTAÑO DIEZ (sic) y dejando el pago de la obligación al libre albedrío de esta última. El A QUEM (sic) al analizar la prueba obrante a folio 57 que contiene la historia de semanas cotizadas de la señora MARIA (sic) NEYLA URREGO GIRALDO, hace una valoración equivocada de la misma, puesto que concluye que debe constituirse un título pensional por todos los periodos contenidos en la sentencia proferida por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN, desconociendo que a partir del 01 de febrero de 1998 hasta el 01 de mayo de 2003 y del 01 de julio de 2003 al 27 de diciembre de 2004 se observan pagos intermitentes sin novedad de retiro, es decir, que también hay periodos en mora no cobrados por el fondo de pensiones, periodos en mora por los que no es posible constituir un título pensional, por tanto ALLÍ SÍ EXISTIÓ AFILIACIÓN, es decir, una mora de la empleadora MARIA (sic) NOHELIA CASTAÑO DIEZ (sic) no cobrada por la AFP, nótese que la afiliación tardía que la empleadora en mención le hace a la demandante, se refleja desde el 01 de

febrero de 1998, a partir de esa fecha se ven cotizaciones por unos meses y otros no, marcando una novedad de retiro el 01 de mayo de 2003, novedad de retiro que por supuesto no existió teniendo en cuenta lo ordenado en la sentencia del JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN, seguidamente se ve que la empleadora nuevamente ingresa a la demandante el 01 de julio de 2003 y ya no se ve ninguna novedad de retiro, razón por la cual la mora se extendió hasta el 27 de diciembre de 2004, fecha última en que terminó la relación laboral entre la demandante y su empleadora. Igualmente sostiene, que se valoró en forma errada la Resolución n.° GNR 037997, teniendo en cuenta que para su fecha de expedición —15 de marzo de 2013—, la entidad conocía sobre los periodos omisos de la empleadora Castaño Díez, pues ya se le había solicitado la elaboración del cálculo actuarial desde el año 2011, además sabía, que debía custodiar y guardar la información de la historia laboral, que existían unos periodos en mora a los que se

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 88837 había allanado, entre el 1º de febrero de 1998 y el 1º de mayo de 2003 y del 1º de julio de 2003 al 27 de diciembre de 2004, pero pese a todo ese conocimiento, en el mencionado acto administrativo no hace mención alguna sobre las semanas que debe tener en cuenta para el reconocimiento pensional, y de forma insuficiente se limita

a indicar que cuenta con 106 semanas, y por lo tanto, no le asiste el derecho a la pensión de vejez, lo que no constituye justificación idónea para la negativa pensional.

Luego manifiesta lo siguiente: La sentencia proferida por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN (folios 9 a 28) indica que existen unos periodos que deben ser pagados por la empleadora MARIA (sic) NOHELIA CASTAÑO DIEZ (sic) al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES, comprendidos entre el 16 de enero de 1994 al 17 de julio de 1998 y desde el 01 de agosto de 1998 al 27 de diciembre de 2004, interregno de tiempo que comparado con la historia de semanas cotizadas de la señora MARIA (sic) NEYLA URREGO GIRALDO (folio 57) evidencian que hay una afiliación tardía al sistema de pensiones y otros periodos en mora (error 3 y 6); el ejecutivo conexo radicado el 05 de febrero de 2009 ante el Juzgado Séptimo Laboral de Circuito de Medellín (folio 29 a 31) muestra que la demandante trató de lograr el pago de los periodos omisos de forma infructuosa, pues era necesario el cálculo actuarial del fondo de pensiones; la solicitud radicada ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES el día 22 de noviembre de 2011 (folio 32), por su parte, informa que la demandante le solicitó al ISS hoy COLPENSIONES la elaboración del cálculo actuarial por la afiliación tardía que hizo

su empleadora MARIA (sic) NOHELIA CASTAÑO DIEZ (sic), es decir, a partir de ese momento se le dio a conocer a la entidad pensional que hubo un incumplimiento por parte de la empleadora en su obligación de afiliación y cotización, información suficiente para que el fondo de pensiones elaborara el cálculo actuarial y emprendiera todas las acciones de cobro a su alcance para obtener el pago de dichos períodos (error 1, 2, 4 y 5); la acción de tutela presentada en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES (folio 33, 34 y 35) informa que se solicitó al Juez Constitucional amparar el derecho fundamental de petición, puesto que la demandada no

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 88837 había dado respuesta a la solicitud de expedición de cálculo actuarial radicada el 22 de noviembre de 2011; el fallo de tutela que concede el amparo (folios 36 a 46) informa que se concedió al ISS hoy COLPENSIONES un término de 48 horas para dar respuesta a la solicitud de expedición de cálculo actuarial; las solicitudes de sanción por desacato a sentencia de tutela (folios 47 a 52), informan de forma contundente que el ISS hoy COLPENSIONES fue negligente en la elaboración del cálculo actuarial, pues se tuvo que forzar la expedición de ese documento a través del mecanismo constitucional de la tutela, documento indispensable para que COLPENSIONES iniciara con el cobro de los periodos omisos a la empleadora MARIA (sic) NOHELIA CASTAÑO DIEZ, sin embargo, solo hasta el 31 de

agosto de 2015 expidió cálculo actuarial (folios 53 a 56) pero la AFP no activó todos los mecanismos a su alcance para lograr el pago del mismo (error 2), ese documento obrante a folios 53 a 56 del expediente informa que está dirigido a la empleadora MARIA (sic) NOHELIA CASTAÑO DIEZ (sic), que la ciudadana por la cual se realiza el cálculo actuarial es por la señora MARIA (sic) NEYLA URREGO GIRALDO con CC 32.543.081, que el tipo de trámite es un “cálculo actuarial por omisión – sentencia judicial”, indica los periodos por los que se realizó el cálculo actuarial, indica el número de la referencia de pago, el plazo máximo para el pago que es 31 de octubre de 2015, el valor a pagar, también se refleja que es un segundo cobro que hace la AFP a la empleadora MARIA (sic) NOHELIA CASTAÑO DIEZ (sic), y pese a ello, el fondo de pensiones no inicia las acciones coactivas para lograr el pago del mismo, nótese que al haber un documento de cobro expedido por el fondo de pensiones que no ha sido pagado, indefectiblemente conduce a una mora en el pago del mismo que debe ser cobrada por la AFP; finalmente, la Resolución GNR 037997 del 15 de marzo de 2013 (folios 59 y 60), informa que COLPENSIONES negó de forma injustificada la pensión de vejez a la señora MARIA (sic) NEYLA URREGO GIRALDO, al no tenerle en cuenta los periodos en mora con la empleadora MARIA (sic) NOHELIA CASTAÑO DIEZ (sic) y el

tiempo omiso que para esa fecha ya conocía la AFP, tiempos éstos que se repite, COLPENSIONES no demostró haber cobrado. Por último, dice que en el hecho cuarto del escrito introductorio se narra que el 22 de noviembre de 2011, le solicitó al ISS la elaboración del cálculo actuarial, de lo cual no obtuvo respuesta, por lo que presentó una acción de tutela; supuesto que fue aceptado por Colpensiones al contestar. Y que, de haber apreciado correctamente estas

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 88837 piezas procesales, el juez colegiado se habría percatado de que la entidad de seguridad social aceptó que tenía conocimiento de los periodos omisos y en mora de la empleadora María Nohelia Castaño Díez, respecto de los cuales no adelantó ninguna acción de cobro.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa a la sentencia de violar la ley, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea el art. 24 y el parágrafo 1 literal d) del 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003, lo que condujo también a la violación por aplicación indebida del 12 y 13 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en relación con el 11, 22, 23, 24, 31, 36, 57, 141 y 288 de la Ley 100 de 1993; 2 y 5 del Decreto 2633 de 1994; 164 y 170 CGP; 60, 61 y 145 del CPTSS; y, 13, 48, 53

y 83 de la CP. En su exposición indica, que el Tribunal afirma que la administradora de pensiones, solo para el caso de la mora del pago de cotizaciones, tiene la obligación de perseguir el cobro de los aportes de los afiliados, señalando que cuando no hay afiliación por parte del empleador, se genera una relación jurídica entre empleador y trabajador, puesto que solo la mora en el pago de las cotizaciones logra activar la relación jurídica triangular entre empleador, trabajador y fondo de pensiones; conclusión a la que arribó, a partir de la sentencia de la Corte Constitucional CC C177-1998, y de lo que difi