CSJ - SL2788-2018

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N.- 4

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Magistrado Ponente SL2788-2018 Radicación n. 49521 Acta 3 Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MYRIAM YAMITH SEPÚLVEDA IBARBUEN, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de septiembre de 2010, en el proceso ordinario laboral instaurado por ella contra la

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONESCAPRECOM.

Se reconoce personería al abogado Juvenal Niño Landinez como apoderado de Fiduciaria La Previsora S.A., que actúa como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR Caprecom, en los términos y para los efectos del poder que obra a folio 92 del cuaderno de la Corte. Igual mente se reconoce personería al abogado Jhon Licoln Cortés como apoderado de la Unidad Administrativa

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Radicación n. 49521 Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, en los términos y para los efectos del poder general conferido mediante escritura pública, que obra a folios 102 a 142.

Il. ANTECEDENTES

Demandó la señora Myriam Yamith Sepúlveda Ibarbuen

a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, bara procurar que se declare que fue despedida sin justa causa por la demandada, siendo madre cabeza de familia. Como consecuencia de lo anterior, se reintegre a un cargo igual o superior al que ocupaba; se le reconozca y pague los salarios dejados de percibir y las prestaciones sociales legales y extralegales no canceladas desde el momento del despido hasta el reintegro; se declare la continuidad de la relación laboral «(contrato realidad)», desde el 16 de junio de 1995 al 26 de junio de 1997, y del 27 de junio de 1997 al 2 de febrero de 2004. Se ordene el pago de las prestaciones sociales legales y extralegales desde el 16 de junio de 1996 al 26 de junio de 1997; la nivelación salarial como Profesional Asistencial II, con el pago de la diferencia; el pago de la prima de retiro consagrada en el artículo 58 de la convención colectiva; la cotización de los aportes a la seguridad social; reajuste de salario; el reconocimiento económico previsto en la Ley 790 de 2002 y la Ley 812 de 2003; la reliquidación por despido injusto; indemnización moratoria e indexación. Como fundamento a sus pretensiones, manifestó, en síntesis: que ingresó inicialmente a laborar con la demandada mediante contratos sucesivos e ininterrumpidos

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2 “4 Radicación n. 49521 de prestación de servicios del 16 de junio de 1995 al 26 de junio de 1997, siendo vinculada posteriormente mediante

contrato de trabajo a término indefinido el 27 de junio de 1997, que el 2 de febrero de 2004 la pasiva dio por terminada su relación laboral sin previo aviso y sin justa causa; que se desempeñó como trabajadora oficial; que mediante declaración extraproceso dio a conocer su condición de madre cabeza de familia; que mediante listado enviado por correo electrónico de la red interna la demandada le dio a conocer dicha condición; que solicitó en varias oportunidades a Caprecom se le tuviera en cuenta el salario como Profesional Asistencial II; que la entidad accionada no efectuó los reajustes contemplados en el laudo arbitral del 14 de noviembre de 2002, como tampoco el ordenado por el Gobierno Nacional; que la demandada pactó con los trabajadores en el artículo 58 de la convención colectiva una prima de retiro, la que no fue cancelada; que se encuentra amparada por la Ley 790 de 2002; que agotó la vía gubernativa y que la accionada dio respuesta a sus peticiones; que dentro de la indemnización por despido injusto no se incluyeron los incrementos y reajustes salariales; que presentó acción de tutela para el amparo de sus derechos como madre cabeza de hogar, «enviándola éstos a la justicia ordinaria». Caprecom, se opuso a las pretensiones. En lo referente a los hechos dijo que no es cierta la vinculación laboral en la forma como está redactado, porque el lapso que trabajó como independiente no puede entenderse como parte del servicio en virtud del contrato que la vinculó con la demandada; que

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Radicación n. 49521 la condición de la actora como madre cabeza de familia, no se acredita con una declaración extrajuicio. Dijo que fueron ciertas las respuestas dadas a las peticiones de la accionante y la acción de tutela incoada. Propuso como excepciones las de prescripción, inexistencia de las obligaciones demandadas y cobro de lo no debido, falta de título y de causa de la actora y buena fe. IL. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, profirió sentencia el 28 de agosto de 2009, en la que absolvió a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - CAPRECOM, de todas las pretensiones.

II. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia calendada el 30 de septiembre de 2010, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, así: PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia apelada, conforme a la parte motiva de esta providencia y en su lugar declarar que entre las partes se produjeron dos vinculaciones de carácter laboral, la primera entre el 16 de junio de 1995 y el 15 de febrero de 1996, y la última relación laboral acreditada sin solución de continuidad para el período comprendido entre el 27 de junio de 1997 y el 2 de febrero de 2004.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta por el apoderado de la parte demandada frente a las condenas imploradas en la demanda producto de la existencia

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Radicación n. 49521 laboral demostrada entre el período comprendido entre el 16 de junio de 1995 y el 15 de febrero de 1996.

TERCERO: CONFIRMAR, en lo demás el fallo apelado.

CUARTO: Sin Costas en la instancia El Tribunal a efectos de desatar las inconformidades planteadas en la apelación, atendiendo a lo expuesto por el impugnante, manifestó, que éstas se contraen a dos aspectos, así: El primero referente a la existencia de una relación de trabajo continua desde el 16 de junio de 1995 hasta el 2 de febrero de 2004, en la que se predica la existencia de un contrato realidad para el periodo del 16 de junio de 1995 al 26 de junio de 1997, y se fundamenta en esta instancia la revisión de lo pedido, en que el a quo no valoró correctamente el material probatorio allegado; el segundo, en virtud de la procedencia del reintegró solicitado, que indica el libelista no fue definido por el Juzgador de instancia, y que se invoca con fundamento en la condición de madre cabeza de familia de la demandante.

Lo anterior, por cuanto es preciso determinar que frente a la absolución impartida por el juzgador frente a las demás condenas y declaraciones solicitadas en la demanda, el recurrente no hizo referencia alguna en su escrito, ni presentó inconformidad, por consiguiente, en ésta instancia únicamente se estudiarán los aspectos señalados y la procedencia de sus declaraciones y condenas y no se advierte que deban estudiarse derechos mínimos aunque no hubieran sido impugnados.

Seguidamente, se refirió al primero de los tópicos, considerando: Relación laboral y extremos Afirma la actora haber prestado sus servicios personales como psicóloga a la entidad demandada mediante contratos sucesivos de prestación de servicios, que en la realidad disfrazaban una verdadera relación de trabajo, en forma personal, bajo continuada subordinación y dependencia, cumpliendo horario y recibiendo órdenes de sus superiores desde el 16 de junio de 1995, sin solución de continuidad hasta el 26 de junio de 1997, y que a partir del 27 de junio de 1997 y hasta el 2 de febrero de 2004, continuó la relación de laboral mediante un contrato individual de trabajo a término indefinido. Así las cosas, procede la Sala a considerar la procedencia de la declaración solicitada, iniciando por analizar la vinculación que

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Radicación n. 49521 surgió a través de la modalidad de contratos de prestación de servicios conforme a la preceptiva de la Ley 80 de 1993, desde el 16 de junio de 1995 al 26 de junio de 1997, que si bien es válida, en su desarrollo puede presentar elementos y características de un contrato de trabajo, situación que se extrae de la realidad de la relación y que debe preferirse frente a los datos aparentes que ofrezcan los documentos o contratos, con apoyo en el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades. A renglón seguido, el a quem a fin de establecer si se encontraban demostrados los elementos esenciales de la relación de trabajo de conformidad con el artículo 2 del

Decreto 2127 de 1945, como son la prestación del servicio, la continuada dependencia o subordinación y un salario, al igual que el tema relativo a la presunción legal del contrato de trabajo en el sector oficial consagrado en el artículo 20 del mismo estatuto y la jurisprudencia de la esta Corporación sentencia CSJ SL, 11 May. 2010, rad. 37536, analizó las pruebas recaudadas dentro del proceso, así: En efecto, obran en el expediente las siguientes pruebas documentales, que dan cuenta de la relación contractual entre las partes, de las cuales se destacan las siguientes: Contratos (f.? 11 a 23), de los cuales se puede extractar que la demandante prestó servicios a la entidad demandada desde el 16 de junio de 1995 hasta el 2 de febrero de 2004 presentando interrupciones para los periodos comprendidos entre el 15 de febrero de 1996 y el 21 de febrero de 1996 de 7 días, del 22 de febrero de 1997 al 2 de marzo de 1997 de 9 días, y del 31 de mayo de 1997 al 27 de junio de 1997 de 27 días. En suma, el análisis en conjunto de todas las pruebas recaudas, llevan a concluir a la Sala que en efecto existió la prestación personal del servicio por parte del demandante en ejercicio de su cargo remunerado como psicóloga a la demandada, así como los demás elementos constitutivos del contrato de trabajo esenciales a la relación laboral al tenor del Decreto 2127 de 1945, aplicable al caso en concreto, desde el 16 de junio de 1995, habida cuenta de la naturaleza jurídica de la demandante como servidor público

y la naturaleza del cargo ejercido, lo que en un escenario de un contrato regido por la Ley 80 de 1993 de prestación de servicios, es totalmente incomprensible, situación sólo predicable de la ejecución de un contrato laboral. Además, porque la demandada, SCLAPT-10 V.00 11€ Radicación n. 49521 con las pruebas anexadas en el cartulario, no logra desvirtuar la presunción de que habla la jurisprudencia transcrita para los trabajadores oficiales, como era su obligación. Ahora, es preciso analizar, igualmente, la continuidad en la prestación del servicio. En este orden de ideas se tiene que entre las partes existieron varios contratos de trabajo como antes se señaló, y con algunas interrupciones, la última señalada resulta considerable (del 31 de marzo de 1997 al 27 de junio de 1997) e impide que se aplique la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, que ha indicado en reiteradas oportunidades que se trata de períodos cortos de tiempo que no obedecen a una intención de desvincular al trabajador, sino que corresponden en su mayoría a ajustes administrativos; ahora, tampoco se logró acreditar que durante la misma el servicio personal continuó, pues no existe prueba documental en el plenario que así lo demuestre, y del dicho de los testigos Gloria Chávez (f. 203 y ss.) y Jorge Alberto Cruz (f. 242 y s.s.) no se puede extraer la continuidad de la prestación del servicio por el periodo de tiempo argúido en la demanda. Corolario, en efecto entre las partes se produjeron dos

vinculaciones de carácter laboral, la primera entre el 16 de junio de 1995 y el 15 de febrero de 1996, y la última relación laboral acreditada sin solución de continuidad para el periodo de tiempo comprendido entre el 27 de junio de 1997 y el 2 de febrero de 2004, fecha en la que feneció la relación de trabajo de manera unilateral por parte del empleador, pues así se advierte de la resolución 1062 de 2004 (f. 39), por la cual se ordenó el pago de acreencias laborales a la demandante. En suma, es preciso advertir que las condenas imploradas en la demanda respecto de la procedencia de la declaración del contrato realidad desde el 16 de junio de 1995 y el 26 de junio de 1997, se encuentran prescritas, como quiera que la actora presentó reclamación administrativa hasta el día 2 de junio de 2004 (f.27) y la demanda fue radicada el 1 de febrero de 2007. El Tribunal hizo referencia a la figura de la prescripción de los derechos laborales, la que consideró se presenta, por regla general cuando se deja transcurrir un lapso de tiempo de tres años sin reclamarlos, para ello citó y transcribió los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, esto para concluir: En consecuencia, habrá lugar a declarar probada la excepción de prescripción frente a las condenas imploradas en la demanda producto de la existencia laboral demostrada entre el periodo comprendido entre el 16 de junio de 1995 y el 15 de febrero de 1996, propuesta por la demandada y que por producirse SCLAJPT-10 v.00 7

Radicación n. 49521 reconocimiento de derechos en esta instancia, es obligatorio su estudio. En cuanto al reintegro, razonó así el Tribunal: El reintegro por beneficio del retén social Señala la extrabajadora demandante que fue despedida de la entidad demandada, en vigencia de la Ley 790 de 200, reglamentada por el Decreto 190 de 2003, que estableció una protección especial para algunos trabajadores de no ser retirados del servicio en desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública. Seguidamente, el Tribunal transcribió el artículo 13 del Decreto 190 de enero 30 de 2003, por el cual se reglamentó parcialmente la Ley 790 de 2002, que estableció el procedimiento que debe seguir el trabajador, para alcanzar «la estabilidad laboral con ocasión de la modificación de las plantas de personal». Luego, dijo el ad quem: Con todo, dicha normatividad consagró una protección especial para quienes siendo madres o padres cabeza de familia, sin altemativa económica, con hijos menores de 18 años de edad, biológicos o adoptivos, o hijos inválidos que dependan económicamente y de manera exclusiva de ellos, y cuyo ingreso familiar corresponde únicamente al salario que devenga del organismo o entidad pública a la cual se encuentren vinculados, y frente a los discapacitados y personas próximas a pensionarse, para que no se les retire de sus cargos, hasta tanto se liquidara la empresa, hasta que cumplan los requisitos para acceder al derecho a pensión o que la empresa se liquide y se extinga su personalidad jurídica.

Al respecto la Honorable Corte Constitucional en abundante jurisprudencia, ha reiterado los criterios para determinar la calidad que deben ostentar, tanto los padres y madres cabeza de familia, como los discapacitados, bajo la protección del retén social. Veamos: Recordó los criterios establecidos por la Corte Constitucional para determinar quiénes «se consideran

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7 Radicación n. 49521 discapacitados o madres o padres cabeza de familia bajo la protección del retén social», sentencia T-94 de 1992. Finalmente, dijo el Tribunal: Corolario, verificado el plenario se observa que no existe prueba alguna, que permita a la Sala establecer que la demandante tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores, se encuentre asumiendo exclusivamente los gastos de manutención y educación de sus hijos, que dependan o económicamente de ella, y que su esposo o compañero permanente no se encuentre laborando, en los términos referidos por la jurisprudencia en cita, pues contrario a lo manifestado en el recurso y en virtud de lo dispuesto en el Art. 177 del C.P.C., aplicable por materia analogía en materia laboral, corresponde a la parte interesada acreditar los supuestos de hecho que configuran el efecto jurídico perseguido; lo cual determina, en este caso, la inaplicabilidad de los presupuestos legales establecidos para ser incluido dentro del retén social en calidad de madre cabeza de familia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el

Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente: 1.- ALCANCE PRINCIPAL Con el presente Recurso Extraordinario de Casación me propongo que la Honorable Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral - CASE TOTALMENTE la sentencia de Segunda Instancia proferida por el

Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. D.C. Sala Laboral, para que en sede de instancia REVOQUE en su totalidad la sentencia de primer grado, y acoja las peticiones de la demanda inicial, dictando la provisión que corresponda sobre costas 2.- ALCANCE SUBSIDIARIO Subsidiariamente me propongo que, de no ser posible la CASACIÓN TOTAL de la sentencia impugnada, la Honorable

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Radicación n.” 49521 Corte Suprema de JusticiaSala Laboral CASE PARCIALMENTE dicha sentencia en cuanto no condeno al pago de la prima de retiro consagrada en el artículo 58 de la convención colectiva de trabajo, la declaración de un solo contrato de trabajo desde el 16 de Junio de 1995 al 2 de Febrero de 2004 y el pago de la ndemnización Moratoria y, una vez constituida en sede de instancia REVOQUE en su totalidad la sentencia de primer grado, y acoja las peticiones subsidiarias de la demanda inicial, dictando la provisión que corresponda sobre costas. Con tal propósito, formuló tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se estudiarán en el orden propuesto.

VI. CARGO PRIMERO Acusó la sentencia impugnada, por ser violatoria de: [...] la ley sustancial por la vía indirecta y por falta de aplicación de los Artículos 1% 11 y 49 de la Ley 6 de 1945; Artículos , 20, 23, 27, 47 literalf ) y 51 del Decreto 2127 de 1945; Artículo 38 de la ley 153 de 1887, Artículo 10 16, 23, 212, 275 y 467 del C. S. T. los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política, artículos 1613 y 1614 del Código Civil Colombiano y Ley 50 de 1990, artículos 177, 187, 232, 304 y 305 del C.P.C. y consecuencia de lo anterior aplico indebidamente el art. 13 del Decreto 190 de 2003 y el artículo 12 de la ley 790 de 2002.

Como errores evidentes de hecho, señaló: a.-) No Haber dado por demostrado, estándolo, que la demandante era cabeza de familia al momento que la demandada dio por terminado su contrato de trabajo. b.) No Haber dado por demostrado, estándolo, que la demandada tenía conocimiento que la demandante era cabeza de familia al momento de dar por terminado su contrato de trabajo. Como pruebas no apreciadas por el Tribunal, enlistó: a) Escrito de la demanda (Fls. 144-115). b) Contestación de la Demanda (FI. 149-162). ce) Contestación de la vía gubernativa (Fls 194-196). SCLAIPT-10 V.00 10 o Radicación n. 49521

d) Registro Civil de nacimiento de la menor Melissa Bulla Sepúlveda (Fl. 64). e) Notificación Mandamiento de Pago proferido por Dirección Distrital De Impuestos contra la señora MYRIAN SEPÚLVEDA 1, (Fls -150 al 52). J) Declaraciones extrajuicio. 9) Copia del listado en donde CAPRECOM dio a conocer a la demandante su calidad de Madre cabeza de Familia. h) Testimonios de los señores ANA GLORIA CHÁVEZ BUITRAGO Fls 204-205 y JORGE ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ Fis 242 al 246). i) Certificación Fondo Pensiones (FI. 49). DEMOSTRACIÓN DEL CARGO La censura, argumentó lo siguiente: La discrepancia de la parte que represento con la sentencia gravada es de pura prueba y radica en la falta de aplicación de Normas Sustantivas de Orden Nacional descrita en el alcance de la impugnación por parte del ad-quem y como consecuencia de esa falta de aplicación, dejo de aplicar otras normas de orden nacional. El sentenciador de segundo grado concluyó que la señora MYRIAN YAMITH SEPÚLVEDA IBARBUEN no tenía derecho al reintegro como madre cabeza de familia, en razón que el artículo 13 de decreto 190 de 2003, que reglamento la ley 790 de 2002, determina como se debe acreditar la causal de protección de la Madre Cabeza de familia sin alternativa económica y transcribe el mencionado artículo. Con el documento que aparece a folio 64 registro Civil de Nacimiento, la demandante probó que tenía a su cargo a su hija

menor de edad MELISSA BULLA SEPÚLVEDA, en forma permanente bajo su cargo y que la menor dependía de ella económica y socialmente, hecho este corroborado con las declaraciones de los señores ANA GLORIA CHÁVEZ BUITRAGO Fls. 204-205 y JORGE ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ (Fis 242 al 246) donde son uniformes que la demandante era cabeza de familia en razón de que tenía que realizar prestamos en el fondo de trabajadores de Caprecom y los trabajos que pasaba por ser madre cabeza de familia, con esto dio cumplimiento a lo ordenado en al decreto 190 de 2003 en su art. 13. Igualmente con los documentos que aparece a folio 50 se acreditó que la demandante no tenía otra altemativa económica que el salario devengado en la empresa demandada , ya que por no SCLAIPT-10 v.00 11 Radicación n. 49521 tener otros ingresos y tener su hija menor a su cargo, no canceló los impuestos (sic) predial de su apartamento ubicado en la Diagonal 22 No. 27-61 Interior 3 apartamento 503 de ésta ciudad, con esto dio cumplimiento a lo ordenado en al decreto 190 de 2003 en su art. 1 según los diferentes fallos de tutela proferido por la

H. Corte Constitucional .

De la misma manera la empresa demandada al contestar la demanda (FI 67), fundamenta su defensa en que la demandada despido a la demandante en ejercicio de la facultad nominadora que le asiste al representante legal de la entidad Caprecom (Fls 4 al 8) cuaderno del Tribunal, es decir dio por hecho que la

demandante era cabeza de familia, pero que su despido fue sin justa causa, pagándole previamente la indemnización correspondiente. Con la demanda inicial (FIs 3 - a 10) se anexaron la declaración extrajuicio de fecha 22 de noviembre de 2002, donde la demandante comunica a la demandada su estado de Madre Cabeza de familia, documento este que el tribunal no apreció, ya que si lo hubiese apreciado había llegado llegado a la conclusión que la demandante era cabeza de familia al momento de su despido por parte de la empresa demandada. Dijo además la recurrente, que: Si el Tribunal hubiese apreciados las pruebas antes mencionadas, había dado por demostrado que la demandante al momento del despido por parte de la demandada pertenecía en el RETEN SOCIAL de la demandada por ser madre cabeza de familia y había ordenado el reintegro tal como se pidió en la demanda inicial, quedando con esto demostrado con esto el error primero indilgado a la sentencia base del presente recurso, por ser notoria, protuberante y manifiesta el error de hecho. Para demostrar el segundo error de hecho enrostrado al ad quem, la censura, manifestó: [...] se tiene que la demandante probó en el proceso (fls 50, 64, 67, 203, 205) que tenía la responsabilidad de su hija menor, que esa responsabilidad era permanente, en razón de su divorcio con el padre de su hija y, que las obligaciones de su hogar (Educación, alimentación, servicios e impuestos) ella era la única responsable, llenando con esto los requisitos que exige el decreto 190 de 2003, que reglamento la ley 790 de 2002 y la jurisprudencia de la H.

Corte Constitucional. Argumentó, además, que: La demandada tenía conocimiento que la demandante era cabeza de familia al momento de su despido sin justa (sic), en razón que SCLAIPT-10 V.00 12 un Radicación n.” 49521 dio a conocer el listado donde la Doctora SEPÚLVEDA IBARBUEN aparecía como tal y a pesar que tenía ese conocimiento la despidió sin justa causa, violando con esto la Ley 790 de 2002 Y su Decreto Reglamento 190 de 2003. Finalmente, expresó, que, si el juez plural hubiese apreciado las pruebas antes mencionadas, «había llegado a la conclusión que la demandada tenía conocimiento que la demandante era cabeza de familia al momento de su despido [...]».

VII. RÉPLICA La Caja de Previsión Social de Comunicaciones, en su escrito opositor manifestó que el cargo adolece de errores de técnica. Dijo que la censura acumula conceptos incompatibles de la vía escogida y que además en el cargo no se tiene en cuenta que no son pruebas susceptibles de ataque en casación los testimonios y las declaraciones extrajuicio que no fueron ratificadas. Señaló que no se indicó cuál fue el supuesto error en la apreciación de las pruebas y que son susceptibles de análisis en virtud al cargo planteado.

Arguyó, además, que no es cierto que, en la contestación de la demanda, no hubiese controvertido la calidad de efe de Cabeza de Familia de la accionante» y que la existencia de su menor hija, no acreditan per se la calidad en que fundamenta sus reclamaciones, así como tampoco el

no pago de impuestos. Precisó que la demanda y su contestación sí fueron apreciadas por el fallador de alzada y, que no se evidencian errores de hecho en que haya incurrido

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13 Radicación n. 49521 el Tribunal.

VII. CONSIDERACIONES No tiene razón la réplica respecto de los errores de técnica que endilga al escrito de la recurrente, porque en la demostración del cargo, precisamente lo que intenta es soportar su afirmación de contar con la calidad de madre cabeza de familia y, por tanto, ser beneficiaria del retén social, razón por la cual se estudiará de fondo el caro planteado.

Sobre la crítica que promueve la oposición, en el desarrollo de esta motivación, se abordará lo pertinente; bajando al tema controvertido en casación -beneficiaria del retén social-. Al respecto, evoca esta Sala lo plasmado en la sentencia CSJ SL1496 - 2014, respecto de los requisitos para obtener dicho beneficio. Esto se dijo en el referido proveído: Ahora bien, el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 estableció una regla especial según la cual «...no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de familia sin alternativa económica...» A su vez, dicho concepto de «madre cabeza de familia» fue definido en el punto 1.3 del artículo 1 del Decreto 190 de 2003, en los siguientes términos: «Mujer con hijos menores de 18 años de edad, biológicos o adoptivos, o hijos inválidos que dependan

económicamente y de manera exclusiva de ellas, y cuyo ingreso familiar corresponde únicamente al salario que devenga del organismo o entidad pública a la cual se encuentra vinculada.» Una lectura exegética de la anterior definición de «madre cabeza de familia», conllevaría a determinar que bajo dicho rótulo sólo se puede ubicar a las «mujeres», que tienen «hijos» menores de edad o inválidos que dependen económicamente y de manera exclusiva de ellas. Sin embargo, para la Corte el concepto de «madre cabeza de familia» debe integrarse armónicamente con el de «mujer cabeza de familia», a la que el Estado le debe una especial protección, según el artículo 43 de la Constitución Política, y que se encuentra desarrollado en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, según el cual:

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14 No, Radicación n. 49521 (...) es Mujer Cabeza de Familia, quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo Jamiliar. (negrillas fuera de texto). Así las cosas, madre cabeza de familia no sólo es la mujer con hijos menores o inválidos, sino también aquella que tiene a su cargo exclusivo la responsabilidad económica del hogar, por la incapacidad para trabajar de los demás miembros, debidamente

comprobada. Esta interpretación es la que resulta conforme con los postulados de la Constitución Política, pues preserva el especial interés del Estado de proteger a los núcleos familiares que dependen de un único ingreso, a través de acciones afirmativas, a la vez que no desfigura las reglas y objetivos de las normas que regulan en retén social. Así lo ha entendido, por otra parte, la Corte Constitucional, que en su reiterada jurisprudencia sobre tal figura y sus alcances frente a las madres cabeza de familia ha dicho: La Corte advierte que no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de familia por el sólo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar. En efecto, para tener dicha condición es presupuesto indispensable f(i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; fi) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental 0, como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar. (negrillas fuera de texto). Sentencia SU 388 de 2005. Tras lo anterior, se repite, la interpretación que más se amolda a

los principios de la Constitución y a la intención del Estado de brindar estabilidad y protección a los grupos tradicionalmente marginados o en condiciones de debilidad manifiesta, es aquella por virtud de la cual la madre cabeza de familia» es la que tiene a su exclusivo cargo la responsabilidad de su núcleo familiar más ce