CSJ - SL281-2024

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL281-2024 Radicación n.° 95123 Acta 05 Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por VÍCTOR FERNANDO PABÓN RINCÓN contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta el 24 de febrero del 2020, en el proceso ordinario laboral que el recurrente instauró en contra de TERMOTASAJERO S. A. ESP.

I. ANTECEDENTES Víctor Fernando Pabón Rincón demandó a Termotasajero S. A. ESP, con el fin de que se declare que tiene derecho a la reliquidación del «Ingreso Base de la Mesada Pensional», de acuerdo con los salarios fijados por orden judicial para los años 2002 a 2007 y, en consecuencia, se condene al reconocimiento y pago del

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Radicación n.° 95123 reajuste de la «pensión extralegal de jubilación», con fundamento en el salario básico establecido en la sentencia del 22 de junio del 2012, las diferencias causadas, los intereses moratorios o la indexación, los «aportes a seguridad social sobre los reajustes», los derechos a que haya lugar en aplicación de las facultades ultra y extra petita, y las costas procesales. Fundamentó las peticiones, básicamente, en que laboró para la demandada entre el 1 de abril de 1985 y el

30 de junio de 2007 y que el 30 de mayo de este último año solicitó el reconocimiento de la pensión extralegal prevista en la convención colectiva de trabajo; que durante la relación laboral se afilió a Sintraelecol; y que el artículo 20 de la CCT 2000–2002 previó el aumento del salario básico en un 9% para el año 2000 y a partir del 1 de enero del 2001 en el porcentaje de variación del IPC. Adujo que en el mes de marzo del año 2002, la empresa congeló los incrementos salariales sin justificación legal pese al acuerdo convencional, lo que llevó a que el sindicato interpusiera una acción de tutela en procura de la protección de los derechos fundamentales del mínimo vital y movilidad salarial, acción que se tramitó ante el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá, que mediante sentencia del 31 de mayo del año 2007 ordenó la «indexación del último salario, mientras el juez natural determinaba lo relativo al reajuste salarial solicitado». Aseveró que al acatar la sentencia de tutela la

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Radicación n.° 95123 demandada aplicó un incremento al salario del mes de junio de 2007 en un porcentaje del 34.32% «aunque el incremento real ha debido ser del 42,33%». No obstante, a él solo se le aumentó el salario del último mes, por cuanto su contrato terminó el 30 de junio de 2007, quedándole una remuneración en cuantía de $1.180.747. Refirió que como la decisión de tutela fue transitoria,

instauró un proceso ordinario en el que solicitó el rectificación del salario y demás prestaciones sociales, de acuerdo con los porcentajes establecidos […] para el IPC de los años 2002 a 2007; que el Juzgado Segundo Laboral Adjunto de Descongestión del Circuito de Cúcuta emitió sentencia condenatoria el 5 de marzo de 2012, ordenando a la demandada reconocer y pagar las diferencias originadas en los reajustes salariales y las primas de vacaciones, carestía, servicios legal y convencional, antigüedad y desgaste físico; y cesantías e intereses a las cesantías, causadas entre el 30 de enero de 2004 y el 31 de mayo de 2007, debidamente indexados a la fecha de su cancelación. Afirmó que la anterior decisión fue apelada y resuelta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, mediante sentencia del 22 de junio de 2012, en la que dispuso adicionar la providencia del Juzgado ordenando a Termotasajero S. A. ESP que le reconociera y pagara las diferencias originadas en los reajustes que le corresponden al actor por concepto de salarios (30 días y 31 días), horas extras, […] indexados para el momento de su pago». Agregó que se fijaron los salarios básicos de 2001 a 2007, de

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Radicación n.° 95123 conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la CCT, «fijando el salario básico para el año 2007 en [...] $1.313.795,25», cifra superior a la reconocida por la empresa en el mes de junio de ese año, equivalente a $

1.180.747. Expuso que, frente a la anterior decisión, la entidad demandada interpuso recurso extraordinario de casación, el que fue negado; que también presentó acción de tutela para que se lo concedieran, la cual fue resuelta desfavorablemente por improcedente y, por tanto, la sentencia del 22 de junio de 2012 quedó en firme. Indicó que como su contrato de trabajo terminó en junio de 2007, la pensión de jubilación fue reconocida con base en el promedio de los salarios del último año de servicios, así: salario básico de «julio a octubre de 2006, $ 879.046; salario básico de noviembre de 2006 a mayo de 2007 $ 926.846 y básico de junio de 2007 $1.180.747»; que de acuerdo con la certificación de salarios expedida por la empresa y la copia de la «liquidación de la pensión», su prestación no se ajustó a los parámetros y salarios básicos fijados por el Tribunal, correspondientes a la «suma de $1.257.461 para el año 2006 y para el año 2007, en la suma de $1.313.795,25». Al dar respuesta a la demanda (f.° 282), la parte accionada se opuso a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, admitió la existencia de la relación laboral y sus extremos temporales; que el actor había solicitado el

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Radicación n.° 95123 reconocimiento de la pensión convencional, la que le fue otorgada a partir del 1 de julio de 2007; la existencia de la sentencia proferida por el Tribunal, el proceso anterior

instaurado por el actor, los recursos y la tutela interpuestos, junto con sus respectivas decisiones; y que el reajuste al salario se realizó en cumplimiento de la orden judicial. Frente a los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos o no ostentaban tal calidad. Como razones de su defensa indicó que las pretensiones no estaban llamadas a prosperar, por cuanto con ocasión de la tutela que presentaron los trabajadores sindicalizados en el año 2007, la que fue concebida como mecanismo transitorio, se incrementaron los salarios a partir del 31 de mayo 2007, fecha de su expedición; por tanto, el actor se vio beneficiado con un incremento salarial que ascendió al 34,32%, correspondiente a la variación del IPC entre el 1 de marzo de 2002 y el 31 de mayo de 2007. Alegó que, en el proceso ordinario laboral radicado con el número 2009-199 (sic), el actor peticionó entre otros aspectos el reajuste del salario base de liquidación para efectos pensionales, cuyo trámite concluyó con la sentencia proferida con la Corte el 11 de febrero de 2014, en la que se confirmó el fallo adoptado en segunda instancia, el cual a su turno ratificó el fallo proferido por el Juzgado Laboral Adjunto de Descongestión del Circuito de Cúcuta, en el que ordenó: «Efectuar las diferencias originadas en los reajustes que corresponden por conceptos de salarios, así como los derivados

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Radicación n.° 95123 de la prima de servicio legal y convencional, prima de carestía,

prima de antigüedad y desgaste físico, cesantías e intereses a la cesantía, causados desde el 30 de enero de 2004 hasta el 31 de mayo de 2007, debidamente indexados a la fecha de su cancelación, debiendo realizar el descuento del porcentaje que por aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde al trabajador, asumiendo la proporción que resta al empleador, condenando en costas a la demandada». Igualmente, el Tribunal ordenó adicionar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia, disponiendo que la empresa reconozca y pague las diferencias originadas en los reajustes que le corresponden al actor por concepto de salarios 30 días y día 31 y horas extras laboradas en jornadas diurnas, nocturnas, días festivos, dominicales y recargo por trabajo en días domingos, así como por turnos. Indicó que, en cumplimiento del fallo, canceló al señor Víctor Pabón la suma de $88.324.937. Por tanto, no le asistía el derecho a recalcular del ingreso base de liquidación de la mesada pensional. En su defensa propuso como excepción previa la de cosa juzgada; y como de mérito, las de prescripción, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, cosa juzgada y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 27 de noviembre de 2019, resolvió:

[...] 1. DECLARAR PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE COSA

JUZGADA Y COBRO DE LO NO DEBIDO, CONFORME A LAS

MOTIVACIONES DE LA SENTENCIA. 2. ABSOLVER A LA

DEMANDADA DE LAS PRETENSIONES INCOADAS EN SU

CONTRA POR LA PARTE DEMANDANTE. 3. CONENAR (sic)

EN COSTAS A LA PARTE DEMANDANTE EN SUMA DE

$1.000.000.

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Radicación n.° 95123 (Negrillas y mayúsculas del texto).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, con sentencia del 24 de febrero de 2020 decidió: PRIMERO: REVOCAR parcialmente el numeral primero de la sentencia del 27 de noviembre de 2019, proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, en cuanto declaró probada la excepción de cosa juzgada, conforme a lo expuesto.

SEGUNDO: CONFIRMAR en los demás aspectos la providencia impugnada, pero por las razones explicadas en la parte motiva.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante [...] El sentenciador de segundo grado delimitó el problema jurídico en determinar si el señor Víctor Fernando Pabón Rincón tiene derecho a que la demandada le «reliquide la mesada pensional extralegal que le reconoció en junio de 2007, al haberse ordenado por vía judicial, un reajuste del salario básico que había servido como base para el reconocimiento inicial».

Al efecto, consideró que primero debía resolver si se

configuraba o no la excepción de cosa juzgada respecto del proceso que anteriormente adelantó el demandante contra la misma entidad, en el que se resolvió un conflicto derivado de esa relación laboral, circunstancia que el juzgado había encontrado acreditada porque «la solicitud de reajuste pensional elevada por el actor ya había sido previamente

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Radicación n.° 95123 debatida y resuelta en diferentes sedes judiciales». Acto seguido señaló que para que se configurara la cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en el artículo 303 del CGP, debía existir coincidencia de objeto, causa y sujeto; que esta institución se fundamentaba en el principio del non bis in idem, el cual se erige para darle fuerza vinculante a las determinaciones adoptadas por los administradores de justicia, a efecto de que se vuelvan definitivas e inmutables. Por tanto, no se podían reabrir litigios so pena de lesionar gravemente el orden social (CSJ SL21662-1018). Al descender al estudio del acervo probatorio, afirmó que, en la sentencia de tutela del 21 de mayo de 2007, el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá amparó los derechos al mínimo vital de manera transitoria de los trabajadores Sintraelecol que laboraban en Termotasajero S. A. ESP, para que el empleador «procediera a indexar y pagar la remuneración salarial congelada desde febrero de 2002 hasta el 31 de mayo de 2007». Así mismo, advirtió que, en la sentencia del 5 de marzo

de 2012, el Juzgado Laboral del Circuito de Cúcuta condenó a Termotasajero S. A. a reconocer y pagar a Víctor Fernando Pabón las «diferencias originadas en los reajustes» que le correspondían: [...] por concepto de salarios, así como los derivados de la prima de vacaciones, prima de servicio legal y convencional, prima de carestía, prima de antigüedad y desgaste físico, cesantías e intereses a las cesantías, causados desde el 30 de enero de

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Radicación n.° 95123 2004 hasta el 31 de mayo de 2007 debidamente indexados a la fecha de su cancelación, debiendo realizar el descuento del porcentaje que por aportes al sistema de seguridad social en pensión corresponde al trabajador.

Acto seguido agregó: En sentencia del 22 de junio de 2012, dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, se confirmó la sentencia anterior y se adicionó que se debía[n] reconocer y pagar también las diferencias originadas en los reajustes que le corresponden al actor por concepto de salarios (día 30 y día 31) y horas extras laboradas en jornadas diurna, nocturna, días festivos, dominicales y el recargo por trabajo en días domingos, según liquidación anexa y debidamente indexado (sic) al momento de su pago.

Mediante proceso ordinario laboral rad. 54001410500120160009000 el actor, junto a otros extrabajadores, solicitaron la reliquidación de la mesada pensional a Termotasajero por la indexación de la primera

mesada. Expuso que en el presente asunto la pretensión giraba en torno a la reliquidación del IBL de la mesada pensional, conforme a los salarios básicos fijados en los años 2002 a 2007 por ese Tribunal en sentencia del 22 de junio de 2012, por lo que se solicitaba el pago de las diferencias dejadas de percibir, junto con los intereses moratorios o la indexación. A continuación, señaló que al cotejar el anterior proceso y el actual encontraba: i) Como parte activa el señor JAIRO JESÚS CASTAÑEDA MANRIQUE y pasiva La Empresa TERMOTASAJERO S.A. ESP. ii) Como causa la relación laboral suscitada entre las partes para establecer los efectos del artículo 20 de la Convención Colectiva del Trabajo. iii) Como objeto en los procesos anteriormente adelantados se reclamó por parte del actor, primero, el reajuste de su salario, prestaciones y pagos de trabajo suplementario fundado en una

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Radicación n.° 95123 interpretación de la citada cláusula convencional y en el segundo, el reajuste de su mesada pensional por indexación de la primera mesada; en este caso se está reclamando nuevamente un reajuste de la mesada pensional, pero con fundamento en el reajuste salarial que fue ordenado judicialmente, situación que revisa la demanda interpuesta en el año 2009 no se identificó en las pretensiones. (Subrayado de la Sala). Consideró que, según el anterior recuento, existía identidad de partes y de causa; pero en el objeto se advertía una variación sustancial que impedía la declaratoria de

cosa juzgada, en la medida que, si bien previamente se habían discutido los efectos del artículo 20 de la CCT en la remuneración del trabajador, no se hizo respecto de la mesada pensional y al tiempo, aunque se ha solicitado un reajuste pensional [que] estuvo fundado en la petición de indexación de primera mesada. Argumentó que no le asistió razón al Juzgado para declarar la cosa juzgada, pues era evidente que, pese a la existencia de acciones judiciales previas, hasta ese momento «no se ha debatido el monto de la mesada pensional respecto de los efectos del artículo 20 de la CCT»; por tanto, debía revocar parcialmente la decisión del a quo en cuanto consideró que estaba probada dicha excepción y, en su lugar, procedía a analizar si al accionante le asistía el derecho al reajuste deprecado en esta oportunidad. Al descender puntualmente en la resolución del problema jurídico planteado inicialmente, adujo que, según certificación expedida por la empresa accionada, al demandante le fue concedida una pensión de jubilación, a

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Radicación n.° 95123 partir del 30 de junio de 2007, con un salario básico en 2007 de $1.180747, incrementado conforme se dispuso en sentencia emitida por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá (f.° 280) y «teniendo en cuenta que, junto a los demás promedios salariales devengados en el último año de servicios asciende a un total de $3.115.929, el 75%

por el que se le reconoció la mesada fue de $2.336.947». Recalcó que, en la sentencia del 22 de junio de 2012, proferida por la anterior «composición de la Sala», ese Tribunal estableció que aplicando el reajuste salarial del artículo 20 de la CCT, se debía reajustar el salario básico en $1.313.795,25; de manera que la petición del actor consiste en que se aplique este mismo reajuste en la liquidación de su mesada pensional. Al efecto, señaló: Sería del caso extender los efectos de la anterior decisión judicial a la mesada pensional del actor, si no fuera porque en un proceso contra la misma sociedad, en donde también se solicitó el reajuste salarial ahora invocado para que se reajuste la mesada pensional, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia coligió que “...la única interpretación posible del texto convencional es que sus efectos no se extienden más allá del año 2001”. En efecto, en la sentencia CSJ SL4609-2017, se dijo: “(...) Ahora bien, el artículo 20 de la Convención colectiva estipuló: [...]. De tal suerte, que en ningún error con carácter de evidente pudo incurrir el juez plural cuando, limitándose al texto convencional antes replicado, entendió que el aumento más allá del 2001, no se había acordado: esa posición es la única interpretación posible, en atención a que tal beneficio, tratándose de valores superiores al mínimo legal, debe ser concertado por las partes, bajo el análisis de las particularidades financieras que reinen en cada período”.

(Subraya la Sala).

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Radicación n.° 95123 [...] El anterior marco legislativo permitiría, en términos generales, afirmar que una convención denunciada debidamente, continúa rigiendo las relaciones entre empleadores hasta que una nueva la remplace. Empero, dentro de las cláusulas normativas puede haber algunas a las que las partes le han señalado un preciso término de duración o de vigencia. Tal ocurre, generalmente, con las relativas a los aumentos salariales que son fijados para cada año de vigencia del acuerdo colectivo. Y cuando las partes celebrantes así disponen, esas cláusulas pierden validez, pues se les señaló un término de vigencia por las mismas partes, que no es posible comprender dentro de la nueva vigencia que le señala la ley en tomo a la prórroga automática o cuando sucede el fenómeno de la denuncia”. En consecuencia, quedó asentado como precedente vertical que no es posible considerar que por contemplar el artículo 478 del C.S.T. la prórroga automática de una convención, las cláusulas normativas deban seguir aplicándose, pues dentro de las mismas, puede haber algunas a las que las partes contratantes les señalan término de duración de vigencia, cómo ocurrió con la relativa a los aumentos salariales de los trabajadores de TERMOTASAJERO S. A., por ende, no resultaba posible aplicar los referidos a aumentos convencionales de salarios que tienen claramente determinada su vigencia y que no estaban llamados a incrementar el salario básico del trabajador para el año 2007.

Agregó que si bien hubo una declaración que ordenó el pago de unos reajustes salariales para efectos de cancelar el retroactivo «correspondiente a los incrementos que se alegaron causados y no pagados entre 2002 y 2007», ya existía un precedente jurisprudencial que específicamente determinó «que dichos reajustes nunca estuvieron llamados a prosperar y, por ende, resultaba abiertamente improcedente extender los efectos de una decisión equivocada», pues con ello se convalidaría una interpretación contraria al precedente judicial aplicable. Por consiguiente, al actor no le asistía el derecho a que la empresa accionada le reconociera y pagara el reajuste de

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Radicación n.° 95123 la mesada pensional fundada en un incremento salarial reconocido sobre el artículo 20 de la CCT y, en consecuencia, debía absolver a la demandada, pero por las razones anteriormente expuestas.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Víctor Fernando Pabón Rincón, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que se case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inaugural.

Con tal propósito formula cuatro cargos por la causal primera de casación, frente a los que se presenta réplica. Por razones de método, se abordará inicialmente el estudio del cargo primero; luego hará lo propio respecto de los cargos segundo y tercero, los que serán resueltos

conjuntamente, a pesar de estar orientados por sendas disímiles, pues acusan las mismas disposiciones, su argumentación se complementa y persiguen el mismo fin; finalmente, se analizará el cuarto.

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Radicación n.° 95123

VI. CARGO PRIMERO Acusa por la vía indirecta la «aplicación indebida» del artículo 281 del CGP, aplicable por remisión analógica del artículo 145 del CPTSS, lo que condujo a la «aplicación indebida» de los artículos 467 y 478 del CST, en relación con los artículos 50, 60, 61 y 77 del CPTSS, 164 a 167 y 173 del CGP; y 29, 53 y 230 de la CP.

Manifiesta que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho: 1) Dar por demostrado, sin estarlo, que en este proceso se alegó como hecho de la demanda y fundamento de las pretensiones el contenido del artículo 20 de la convención colectiva de trabajo vigente en Termotasajero SA ESP, entre 20002002. 2) Dar por demostrado, sin estarlo, que procedía desconocer el último salario fijado por $1.313.795,25 en la sentencia dictada el 22 de junio/12 por este mismo Tribunal en el proceso No. 2009-0199 que cursó entre las mismas partes, porque en dicho fallo hubo una composición diferente de magistrados que le dieron una interpretación contraria a la que tiene sentada esa H. Sala al artículo 20 de la C.C.T. 00-02 que resultó equivocada con lo que se convalidaría una

interpretación contraria al precedente judicial aplicable. 3) No dar por demostrado, estándolo, que en este proceso no era posible acoger el criterio de la Sala de Casación laboral sobre el análisis del artículo 20 de la C.C.T. 00-02, para negar las pretensiones de la demanda, toda vez que ese examen que le resultó favorable al actor, quedó determinado en el proceso que cursó entre las mismas partes con radicación 2009-0199 donde a la parte demandada se le negaron los recursos de casación y queja. 4) No dar por demostrado, estándolo que al haber quedado determinado en el proceso radicado con el número 2009-0199 el monto del último salario del demandante en cuantía de $1.313.795,25, correspondía reliquidar sin dubitación alguna, la mesada pensional, porque ello fue lo aquí pedido, demostrado y no otra cosa. 5) No dar por demostrado estándolo que el juzgador colegiado

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Radicación n.° 95123 decidió el litigio, desconociendo el principio de lealtad procesal, violó el derecho de defensa de mi procurado y decidió con base en un conflicto jurídico distinto al fijado en la primera audiencia de trámite, sorprendiendo con ello a la parte demandante. Señala que los errores enunciados tuvieron origen en la apreciación errónea de estas pruebas: 1) La demanda con la que se inició este proceso (fls. 169 a 178 C.1) 2) La Sentencia dictada por este mismo Tribunal el 22 de junio/12 en el proceso No. 2009-0199 que cursó entre las

mismas partes (fls. 204 a 228 C.1) Agrega que los siguientes medios de convicción no fueron valorados: 1-Primera audiencia de trámite llevada a cabo el 9 de marzo/18 donde se fijó el litigio a partir del minuto 6:51 de la siguiente manera: si el demandante tiene derecho al reajuste del IBL de la pensión de jubilación con el salario establecido en la sentencia del 22 de junio/12 más los intereses de mora. 2Sentencia de Tutela dictada el 6 de febrero/14 por la Sala Penal que revocó la decisión de la Sala Laboral (fl. 57 a 66 y Vlto.) 3Auto que negó el recurso de casación en el proceso anterior radicado No. 2009-0199 (fls.484 a 492 C. anexo)). (sic) 4-Auto que negó recurso de queja en el anterior proceso indicado. (fls. 427 a 435 C. anexo). Después de citar algunos apartes de la sentencia acusada, manifiesta que el sentenciador se equivocó al apreciar las pretensiones y los hechos de la demanda inicial, en los que se detecta que el último salario se estableció en el proceso anterior 2009-00199, en cuantía de $1.313.795,25, quedando el sentenciador sin posibilidad de volver a referirse al actual criterio de la Corte sobre la

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Radicación n.° 95123 interpretación que debe darse al artículo 20 de la CCT, de manera que al entrar a analizar nuevamente la referida

cláusula, la decisión es incongruente. Recalca en que, aunque para dictar sentencia el 22 de junio de 2012 hubo una composición diferente de la Sala, los criterios jurisprudenciales deben permanecer inmóviles. Agrega que el juez plural ignoró lo dispuesto en la sentencia de tutela del 6 de febrero de 2014, dictada por la Sala de Casación Penal, en la que se afirmó que no es posible cuestionar la interpretación o aplicación normativa y la valoración de las pruebas que efectuó el juez ordinario en el caso concreto y, además, el principio de autonomía judicial impedía deslegitimar lo decidido por la simple circunstancia de no ser compartido por la Sala. Adicionalmente indica que, el ad quem desconoció la primera audiencia de trámite de fecha 9 de marzo de 2018 en la que se fijó el litigio, el cual se estableció en determinar si había lugar al reajuste del IBL de la pensión de jubilación con el salario establecido en la sentencia del 22 de junio de 2012, sin que esta decisión fuese objeto de recurso alguno; de manera que, al no haberse discutido la forma en que debía interpretarse el artículo 20 convencional, no era posible proferir un fallo más allá de lo pretendido. Así mismo, explica que el colegiado ignoró los recursos de casación (f.º 484 a 492) y queja (f.º 427 a 435), interpuestos en el proceso anterior, pues era en ese estadio

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Radicación n.° 95123 donde correspondía debatir la interpretación del artículo 20

de la CCT 2000–2002 y no en el presente proceso, por cuanto su análisis ya estaba definido.

VII. RÉPLICA La empresa demandada se opone a la prosperidad del cargo argumentando desatinos técnicos, dado que la proposición jurídica es incompleta por cuanto se denunció la violación de normas procesales sin la violación medio y, por ende, no identificó con claridad los preceptos normativos sustanciales vulnerados, incumpliendo así lo ordenado en el literal b del numeral 5 del artículo 90 del CPTSS; y que la sustentación se asemeja más a un alegato de instancia.

Con relación al fondo de la controversia recalca que el fallador de segundo grado ejerció la facultad de formar libremente su convencimiento, consagrada en el artículo 61 del CPTSS; y que la discrepancia que plantea no supone un error (CSJ SL, 1 feb. 2011, rad. 38336).

VIII. CONSIDERACIONES Inicialmente, ha de precisarse que no le asiste razón a la réplica en cuanto a que la proposición jurídica no reúne los presupuestos establecidos en el literal b) del numeral 5 del artículo 90 del CPTSS, pues aunque es cierto que no se alegó la aplicación de las normas procesales acusadas, luce inequívoco que se imputaron las disposiciones sustantivas

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Radicación n.° 95123 de orden nacional que consagran el derecho reclamado, las que corresponden a los artículos 467 y 478 del CST, por cuanto el derecho deprecado es de orden convencional. Igualmente, a pesar de que el cargo está orientado por

la senda de los hechos, se deja constancia de que no existe inconformidad alguna de la censura respecto de la decisión del sentenciador de segundo grado, según la cual en el presente asunto no había lugar a declarar prospera la excepción previa de cosa juzgada. Es decir, que permanece inmutable lo que consideró en cuanto a que, a pesar de existir identidad de partes y de causa, no ocurría lo mismos respecto del objeto, en el que había una variación sustancial, ya que, «si bien previamente se habían discutido los efectos del artículo 20 de la CCT en la remuneración del trabajador, no se hizo respecto de la mesada pensional y al tiempo». Es más, recalcó que, pese a la existencia de acciones judiciales previas, hasta ese momento «no se ha debatido el monto de la mesada pensional respecto de los efectos del artículo 20 de la CCT». Hechas las anteriores precisiones, de cara a los planteamientos de la censura, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal se equivocó al señalar que la controversia giraba en torno a la reliquidación del IBL de la mesada pensional, teniendo en cuenta para ello el salario base que se fijó al resolver el proceso anterior, con radicado 2002-00199, en el que se interpretó y aplicó el artículo 20 de la CCT 2000-2002.

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Radicación n.° 95123 Previamente a incursionar en el estudio de los medios de convicción denunciados, es necesario memorar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que

libremente puedan discutirse las pruebas del proceso y donde sea dable extenderse en consideraciones subjetivas sobre lo que indican, dado que el análisis de la Corte, en principio, se limita al estudio de los medios de convicción calificados legalmente, con el fin de verificar la existencia de un error trascendente y protuberante u ostensible; para luego, adentrarse en el examen de los que no tienen tal condición. Por ello, solo en la medida en que el juez de la alzada incurra en errores manifiestos de hecho en el análisis de prueba calificada, que incidan en su decisión, es viable el quebrantamiento de la sentencia impugnada. Téngase en cuenta que el yerro fáctico, según lo tiene adoctrinado la Corte, entre otras, en la sentencia CSJ SL, 11 feb. 1994, rad. 6043, es aquel que: […] se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida De