CSJ - SL282-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL282-2023 Radicación n.° 91310 Acta 05 Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por MARÍA ISABEL MARCELA ROZO SERRANO contra la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES, trámite al que fue vinculada como litisconsorcio necesario la ADMINISTRADORA DE FONDOS

DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.° 91310 María Isabel Marcela Rozo Serrano llamó a juicio a las administradoras de pensiones antes mencionadas, con el fin de que se declare la ineficacia de su traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS, ante el incumplimiento del deber de información para realizar dicho cambio. En consecuencia, pidió que Colfondos S.A. fuera condenado a devolver a Colpensiones todos los valores que hubiese recibido con motivo del traslado de la demandante al RAIS, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como lo dispone el artículo 1746 del Código Civil, eso es, con los rendimientos que se hubieren causado hasta

cuando se entregue efectivamente, más las costas del proceso. Como sustento de sus peticiones, en síntesis, relató que nació el 3 de abril de 1958; que fue afiliada al ISS el 1 de junio de 1984, vinculación que perduró hasta el 30 de enero de 1998 y donde realizó aportes por un total de 480,57 semanas; que a partir de esta última fecha se trasladó al RAIS, inicialmente a «Davivir hoy Protección S.A.» y luego desde el año 2002 a Colfondos S.A. donde en la actualidad continúa efectuando cotizaciones. Señaló que las mencionadas entidades no le comunicaron las consecuencias de dicho traslado al RAIS; que tampoco le brindaron información clara, completa y oportuna sobre el régimen pensional al cual estaba vinculada

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Radicación n.° 91310 y mucho menos le indicaron las ventajas o desventajas que tenía el RAIS; lo que significa que su traslado era ineficaz. La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones al dar respuesta a la demanda se opuso a todas y cada una de las pretensiones contenidas en el escrito inaugural. En cuanto a los hechos, únicamente aceptó la afiliación de la promotora del proceso al RPM, que perduró hasta el año de 1998; sobre los demás, dijo que no le constaban. En su defensa, argumentó que la demandante no logró demostrar vicios del consentimiento, por lo que, a su juicio, se encontraba válidamente afiliada al RAIS. Añadió que para

la fecha en que se radicó la solicitud de retorno a Colpensiones ya estaba incursa en la prohibición legal establecida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. Propuso las excepciones de prescripción, caducidad, inexistencia del derecho y de la obligación, cobro de lo no debido, presunción de los actos administrativos y buena fe. A su turno, Colfondos S.A. contestó la demanda y se opuso a las pretensiones incoadas en su contra. En cuanto a los hechos, admitió el traslado de la actora al RAIS, pero negó que no se le hubiese dado la información suficiente para optar por dicho cambio. Como razones de defensa, sostuvo que la afiliación con la demandante produjo plenos efectos jurídicos, puesto que

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Radicación n.° 91310 confluyeron todos los elementos para su existencia y validez, en especial la manifestación de la voluntad de la asegurada, sumado a que no existió ningún vicio en el consentimiento ni se ocultó información antes del momento de la firma del respectivo formulario, además la decisión de vinculación estuvo exenta de engaño o error. Enlistó las excepciones de validez de la afiliación, buena fe, inexistencia de vicio del consentimiento por error de derecho, prescripción y la genérica. El juez de conocimiento, en auto proferido el 26 de octubre de 2018 (f.° 122), ordenó vincular como litisconsorte necesario a la AFP Protección S.A., quien, al contestar la demanda inicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas. Sobre los supuestos fácticos

relatados, aceptó el cambio al RAIS a partir del 30 de enero de 1998, precisando que se afilió inicialmente a Colmena AIG, hoy Protección S.A, no a Davivir como se relata en la demanda inicial, traslado de modelo pensional que en su decir se hizo de forma libre y espontánea, exenta de presión y engaño, sumado a que la afiliada tuvo la suficiente ilustración para que optara por esa determinación. En su defensa, expresó que para el año de 1998, época del traslado, era imposible realizar proyecciones sobre la cuantía de la pensión, porque a la asegurada le faltaban varios años de edad y semanas de cotización para reunir los requisitos de ley.

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Radicación n.° 91310 Formuló como excepciones de mérito las siguientes: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción y la innominada

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 05 de agosto de 2019, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR LA INEFICACIA DEL TRASLADO de la afiliación de MARÍA ISABEL MARCELA ROZO SERRANO, identificada con la CC. No. 35.446.818 a PROTECCIÓN S.A, suscrita el 30 de enero de 1998, por los motivos expuestos, En consecuencia, DECLARAR que, para todos los efectos legales, la afiliada nunca se trasladó al régimen de ahorro individual con

solidaridad y por lo mismo siempre permaneció en el régimen de prima media con prestación definida.

SEGUNDO: ORDENAR a la demandada SOCIEDAD ADMINISTADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS COLFONDOS S.A a devolver a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES todos los valores que hubiese recibido con motivo de la afiliación de la demandante MARÍA ISABEL MARCELA ROZO SERRANO, como cotizaciones, rendimientos y cuotas de administración, sin lugar a descuento alguno, para lo cual se le concede el término de 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a recibir de COLFONDOS S.A, todos los valores que hubiese recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, rendimientos y gastos de administración que se hubieren causado y actualizar la historia laboral.

CUARTO: Sin condena en costas.

QUINTO: CONSULTAR la presente sentencia en caso de no ser apelada por la parte demanda (sic), en los términos del artículo 69 del C.P.T y S.S, respecto de COLPENSIONES.

El sentenciador de primer grado, luego de referir al marco normativo y jurisprudencial sobre la materia, dijo que

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Radicación n.° 91310 el deber de información estaba a cargo de la administradora de fondos de pensiones; que para dar por satisfecha esta obligación no era suficiente con diligenciar el formulario de afiliación; que la carga de la prueba corresponde a la AFP que

realizó el cambio y que la ineficacia procede no solo cuando el afiliado es beneficiario de la transición. Esgrimió que la sola suscripción del formulario de afiliación y traslado al RAIS no acreditaba el consentimiento debidamente informado. Narró además que si bien en el proceso estaba acreditado que Colmena AIG, de manera general le explicó a la demandante y a otras personas, las características generales del RAIS, en momento alguno la ilustró de manera pormenorizada, individual y concreta de cuáles eran las ventajas que ella adquiría al trasladarse de régimen, como sería poderse pensionar a una menor edad o que la cuantía de la prestación podía ser mayor de la que recibiría en el ISS, simplemente que se dijo de manera general los supuestos beneficios del cambio, sin entrar a detallar nada al respecto. Manifestó igualmente que el hecho de haber solicitado la demandante la ineficacia del traslado hasta el año 2017, esto es, 21 años después de haberse traslado al RAIS, en momento alguno le restaba validez a su reclamo, pues lo cierto es que «en nuestra cultura, los reclamos pensionales, sólo acaecen cuando la persona está ad portas de pensionarse, no antes». En esos términos, el a quo accedió a las pretensiones de la demanda inicial.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte demandante, Colfondos S.A. y Colpensiones y además en virtud del grado jurisdiccional de consulta que se surtía en favor de esta última entidad,

conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien, mediante fallo del 4 de septiembre de 2020, decidió: PRIMERO: DECLARAR que, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales citados, la seguridad social es un derecho autónomo y las normas de su estatuto contenidas en la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, regulan íntegramente el acto de afiliación a un régimen pensional, las competencias y sanciones en caso de infracción a la libertad de elección.

SEGUNDO: DECLARAR que, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales citados, las normas reguladoras del acto de afiliación deben aplicarse integralmente, sin posibilidad de fraccionarse, ni tomar parte de una y otra para dar paso a una tercera que se ajuste al caso.

TERCERO: DECLARAR que la ineficacia del acto de afiliación a un régimen pensional a causa de la deficiencia en el deber de información debe sujetarse integralmente a lo dispuesto en el artículo 271 de la ley 100 de 1993.

CUARTO: DECLARAR que el deber de información está a cargo de las administradoras de pensiones, en la forma en que se establecido (sic) en las normas citadas en los precedentes jurisprudenciales en sus diferentes etapas y, que su aplicación tiene efecto general inmediato y no retroactivo.

QUINTO: DECLARAR que en Colombia coexisten dos regímenes pensionales administrados por sujetos de derecho privado, en el caso de las AFP y público de carácter especial en el caso de Colpensiones, que compiten libremente en la captación de

afiliados y son excluyentes.

SEXTO: DECLARAR que no hay presupuestos procesales para dar aplicación a la ineficacia del acto de afiliación demandado, con fundamento en lo preceptuado en el artículo 271 de la ley 100 de 1993, en virtud de que su aplicación debe hacerse

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Radicación n.° 91310 integralmente, atendiendo al principio de inescindibilidad y son las autoridades administrativas allí señaladas las competentes.

SÉPTIMO: DECLARAR que el juzgamiento de validez del acto de afiliación y sus consecuencias, debe hacerse a la luz del estatuto de seguridad social contenido en la ley 100 de 1993 y sus modificaciones, en atención al principio de integración normativa.

OCTAVO: DECLARAR que el acto de afiliación al sistema pensional nace de una obligación legal, es unilateral de adhesión y sometimiento a las condiciones impuestas por el legislador y a las modificaciones que este imponga en leyes posteriores.

NOVENO: DECLARAR que el acto de afiliación a un régimen pensional no tiene carácter contractual y en consecuencia sus requisitos y efectos no nacen de la voluntad de los sujetos que en él intervienen sino de las disposiciones contenidas en la ley.

DÉCIMO: DECLARAR que Colpensiones y la AFP Colfondos S.A. son sujetos de derecho que administran dos regímenes pensionales que coexisten, compiten entre sí, son excluyentes y sus obligaciones son autónomas frente a los actos del afiliado en materia de elección y afiliación libre a cualquiera de los dos.

ONCE: DECLARAR que el acto de afiliación determina la forma

de financiamiento de la pensión y no de su monto, razón por la cual no involucra un derecho subjetivo del afiliado sobre este último.

DOCE: DECLARAR que el deber de información está sometido en su contenido a las normas vigentes al momento en que se realizó la afiliación al régimen pensional y no pueden aplicarse normas posteriores, en virtud del principio de irretroactividad de la ley.

TRECE: DECLARAR que cualquier daño que se ocasione al afiliado por incumplimiento en los deberes de la AFP o de sus funcionarios, debe ser resarcido por estas en atención a lo dispuesto en el Decreto 720 de 1994.

CATORCE: DECLARAR que los efectos legales de la afiliación a un régimen pensional no surgen de acuerdos entre el afiliado y la administradora escogida sino de la ley y, en consecuencia, los mismos no pueden tornarse en perjuicios a cargo de la administradora.

QUINCE: DECLARAR que Colpensiones es ajena al acto de afiliación de la demandante y al deber de información a cargo de las AFP, a la luz de las normas vigentes para el mes de enero de 1998, fecha del traslado a COLMENA hoy PROTECCIÓN S.A. y, no pueden aplicarse las disposiciones posteriores que establecieron la doble asesoría.

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EN CONSECUENCIA: PRIMERO: SE REVOCAN las condenas apeladas e impuestas a la AFP COLFONDOS S.A. y se absuelve de las mismas por no haberse probado perjuicio alguno a su cargo, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 720 de 1994, sin que las obligaciones

establecidas en la ley puedan tornarse en tales.

SEGUNDO: SE REVOCAN las condenas impuestas a Colpensiones, en razón a que la afiliación de la actora al RAIS y cualquier posible perjuicio derivado de la misma, son producto de la voluntad y decisión unilateral de la demandante, que optó por cambiar la forma de financiación de su pensión, sin su intervención; constituyéndose en un hecho ajeno en el que no participó Colpensiones, por lo que ningún perjuicio pudo causar y, en consecuencia, ningún daño debe reparar.

TERCERO: Sin costas en esta instancia, las de primera se revocan y se imponen a la parte actora.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural consideró que el problema jurídico que debía resolver consistía en determinar si era procedente declarar la ineficacia de la afiliación de la accionante al RAIS y, en caso de prosperar, si «[…] resultan atendibles las solicitudes de volver al RPM administrado por COLPENSIONES S.A. y las demás condenas solicitadas, atendiendo los precedentes jurisprudenciales aplicables al caso e indicando las razones que sustentan el distanciamiento de los mismos». En esa perspectiva el ad quem señaló que la afiliación «es un acto condición, libre y voluntario», sometido a las normas previamente establecidas por el legislador y, además, es unilateral y de adhesión; que la selección de un régimen pensional no tiene relación alguna con «la determinación del valor de la mesada pensional, ni puede pretenderse anticipar o especular valor alguno de la misma, pues lo que se

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Radicación n.° 91310 determina con la escogencia de un régimen, es la forma como se acumularán los recursos para la financiación de la prestación». Puntualizó que en las sentencias CC C083-2019 y CC C086-2002 se estudió la afiliación, su naturaleza y el monto de la prestación, para lo cual transcribió algunos apartes. En relación con las limitaciones del cambio de régimen, dijo que la permanencia y el traslado impactan la forma de financiar la prestación, tanto en el RAIS como en el RPM; que en la sentencia CC C1024-2004 se declaró la exequibilidad de la Ley 797 de 2003, providencia en la que se encuentran consignadas las razones por las cuales se estableció en esa normativa la prohibición de trasladarse a quien le falten diez años o menos para acceder a la pensión. Se remitió al marco normativo y jurisprudencial fijado por esta Corte para sustentar la ineficacia del acto de afiliación al régimen pensional en sus diferentes etapas; destacó la sentencia CSJ SL1452-2019, en la que se interpretaron las normas sobre el deber de información de las AFP, definiendo que su incumplimiento imposibilitaba la libertad de elección de régimen pensional por parte del afiliado, determinando tres fases en la regulación «dejando en evidencia su evolución, pasando de uno menos concreto a uno con la puntualidad de comparar valores de la mesada pensional». Apuntó que, una cosa es suministrar información sobre expectativas pensionales durante los primeros diez años de

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Radicación n.° 91310 desarrollos legales y económicos que acompañaron la aplicación de la Ley 100 de 1993 y otra muy diferente entregarla después de varias anualidades, dado que: […] cuando entre otras cosas el afiliado ya tiene cumplido el tiempo y las cotizaciones o el capital para acceder al goce de la pensión por vejez, porque en este momento las variables que no eran determinables en 1994 (o para el caso el año 1995), se convierten en variables determinadas tanto por los cambios introducidos en la Ley 797 de 2003, como por la verificación ya en concreto de las variables económicas que incidieron sobre los rendimientos financieros de los dineros depositados en la cuenta de ahorro individual, que determinan el monto de la pensión en forma concreta (El resaltado es del texto). Aseguró que las disposiciones sobre el deber de información en el caso de la actora correspondían a las señaladas para la primera etapa, por haberse realizado la afiliación al RAIS en el año 1998, esto es, los artículos 13 y 271 de la Ley 100 de 1993; 1 y 97 del Decreto 663 de 1993 y 4, 14 y 15 del Decreto 656 de 1994. Especificó que el artículo 4 del Decreto 656 de 1994 era el que hacía responsable a las AFP en el grado de culpa levísima, por los daños que se pudieran causar a los afiliados, en tanto que el literal j) del artículo 14 ibidem, imponía un deber de asesoría, cuando así lo requería el afiliado para la contratación de rentas vitalicias. Aseveró que la aplicación del Decreto 663 de 1993,

como fuente del deber de información era menos forzada, porque para entonces no existían las AFP, por lo que no podía tenerse un contenido material sobre asuntos pensionales o, al menos, en la forma en que lo describe la jurisprudencia

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Radicación n.° 91310 para esta primera fase, cuando indica «que se debía [n] incluir referencias claras, precisas sobre las ventajas de cada régimen, el monto de la pensión, la pérdida del régimen de transición, porque no existían ni las administradoras ni la Ley 100 de 1993». Esbozó que el artículo 271 ibídem consagró una sanción para la persona que «impida o atente» contra la libertad de elección del régimen pensional, estableciendo la imposición de una multa por parte de una autoridad administrativa – Ministerio de Trabajo y Seguridad Socialy una penalidad accesoria, la cual deja sin efecto la afiliación para que el afectado pueda hacerla nuevamente, estando a cargo de dicha entidad la competencia para imponer la sanción correspondiente, «y surja la consecuencia accesoria de dejar sin efecto la afiliación para dar paso a una nueva, si el afectado así lo desea». Adujo que el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 720 de 1994: […] establecen la responsabilidad por los perjuicios que se causen a los afiliados, con ocasión de cualquier infracción, error u omisión de los promotores de las AFP, indicando que es responsabilidad de estas últimas; razón por la cual […] no se permite trasladar los perjuicios de las omisiones en el deber de información a un sujeto de derecho, que como Colpensiones, no

intervino en la decisión del afiliado al momento de optar por el RAIS, ni es responsable del deber de información que impone la doble asesoría que solo se estableció a partir del 2014 con la expedición de la Ley 1748. Refirió que la construcción jurisprudencial de la ineficacia del acto de afiliación al régimen pensional se

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Radicación n.° 91310 realiza a partir del fraccionamiento del citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993, puesto que, por un lado, se toma del artículo 897 del CCo -la ineficacia de pleno derecho-, y por otro, el artículo 1746 del CC -el restablecimiento del estado en que se encontraba el afiliado-, lo que contraviene la jurisprudencia sobre la inescindibilidad de la norma. Indicó que la seguridad social es un derecho autónomo regulado por la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, donde las discusiones sobre la ineficacia encuentran solución integral «sin que haya vacío que permita acudir a estatutos diferentes para su solución», por lo que planteaba su distanciamiento de la jurisprudencia de esta Corte, vertida, entre otras, en la sentencia CSJ SL4360-2019, donde se aplicaron normas de los códigos civil y de comercio. Precisó que cuando los efectos de la ineficacia previstos en el estatuto civil se aplican a asuntos mercantiles, es porque el mismo Código de Comercio así lo autoriza, lo que no ocurre con el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, al regular

autónomamente el efecto de dicha figura jurídica. Arguyó que como el afiliado tiene la opción de escoger su régimen pensional, mientras no estuviera demostrado que Colpensiones invadió la órbita de su derecho a elegir, ninguna consecuencia de las establecidas en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 podía aplicarse, dado que se trata de un tercero que nada tuvo que ver en el acto de escogencia y afiliación al RAIS, ni en la deficiente o suficiente ilustración que se le suministró, ya que no era la obligada a informar en

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Radicación n.° 91310 el año 1998, cuando la promotora del proceso tomó su decisión. Advirtió que la relación jurídica que se pretende invalidar tiene como sujetos a la demandada Colfondos S.A. y a la actora, mientras que Colpensiones es ajena a dicha relación, con lo cual se agravaba su situación de sostenibilidad financiera. Reproduce apartes de la sentencia CC C083-2019. Manifestó que el traslado de régimen por parte de la demandante se realizó el 30 de enero de 1998, pero que solo hasta el 2017 «se interesó por su situación pensional», quedando demostrado que la solicitud de regresar al RPM no se realizó oportunamente dentro de los plazos previstos, «y acceder a las súplicas de traslado al RPM, desfiguraría el sentido de la contribución, de la solidaridad y de la sostenibilidad financiera del sistema». Sostuvo que el formulario de traslado al RAIS y el

interrogatorio de parte que absolvió la actora dan cuenta que su afiliación se hizo de manera libre y voluntaria, por demás explicó que no estaba demostrado perjuicio alguno para reparar, máxime que la demandante se trasladó entre administradoras del RAIS. Agrega que Colpensiones no patrocinó su traslado, ni intervino en el acto de afiliación al RAIS, de ahí que mal puede entrar a responder o asumir obligaciones de actos que no participó. Bajo estos argumentos, revocó la decisión de primer grado en los términos señalados en la parte resolutiva, que antes se reprodujo.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por María Isabel Marcela Rozo Serrano, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que esta corporación: […] CASE TOTALMENTE la sentencia proferida por la Sala Laboral del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de fecha 4 de septiembre de 2020, y actuando sede de instancia, se sirva CONFIRMAR la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Bogotá y en lo que respecta a las COSTAS JUDICIALES provea como es de rigor de acuerdo con el recurso de apelación de la parte actora.

Con tal propósito, formula un cargo, que tiene réplica, el que en seguida se procede a estudiar.

VI. CARGO ÚNICO Por la vía indirecta acusa la aplicación indebida de: […] los artículos 1, 2, 3, 4, 10, 13 literal b), 33, 64, 68 271, 272,

288 de la ley 100 de 1993, en consonancia con el numeral 1) del artículo 97 del decreto 663 de 1993, arts. 4,14 y 15 del decreto 656 de 1994, así como los artículos 2, 9, 10 y 23 de la Ley 797 de 2003, artículos 1, 2 y 10 del decreto 720 de 1994. artículos 1 y 4 del Decreto 3800 de 2003 al igual que el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 de 1990 en concordancia con los artículos 1502, 1508, 1509, 1604 y 1746 del Código Civil y 48 y 53 de la Constitución Política, en relación con los artículos 164 y 167 del CGP, aplicables al procedimiento laboral por expresa remisión del artículo 145 del CPTSS y el artículo 29 de la Constitución Política.

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Radicación n.° 91310 Violación que se dio a causa de haber incurrido el Tribunal en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que por el simple hecho de haber firmado la demandante el formulario de afiliación al régimen de ahorro individual era suficiente para probar que la sociedad administradora de fondos de pensiones suministró al afiliado información precisa sobre las consecuencias que ello acarrearía para su futuro pensional.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS al cual se afilió inicialmente en el RAIS engañó y asaltó en su

buena fe a la demandante para que se trasladara del Régimen de Prima Media administrado por el I.S.S., al Régimen de Ahorro Individual al que pertenece dicha administradora como consecuencia de la falta de información adecuada y completa al momento del traslado.

3. Dar por demostrado, contra la evidencia, que el traslado de la actora al RAIS fue de manera libre y voluntaria cuando el fondo demandado como lo ha exigido la Corte en reiterada jurisprudencia debe demostrar la diligencia y cuidado en su actuación al momento de proceder al traslado de régimen de un afiliado suministrándole la información adecuada y necesaria para la toma de esa decisión.

4. No dar por demostrado, estándolo, que a pesar de haberse consignado en el formulario de afiliación que la decisión del traslado había sido de “manera libre y voluntaria”, a la afiliada jamás se le suministró información real y completa sobre las consecuencias de tal manifestación de voluntad, como debió haberlo hecho el fondo de pensiones demandado.

5. Dar por demostrado sin estarlo, de acuerdo con lo anterior, que por el hecho del traslado de fondos la actora actuó debidamente informada, sin haber recibido la asesoría adecuada por parte del Fondo de pensiones al que se encontraba afiliada.

6. Dar por demostrado sin estarlo que la demandante no sufrió ningún perjuicio por el hecho de trasladarse de régimen pensional, cuando el fondo de pensiones privado demandado no cumplió con la obligación de brindar información suficiente y adecuada para tomar esa decisión, perjudicando a la actora con dicha actuación.

7. Dar por demostrado sin estarlo, que, según concluyó el ad quem “por las características propias del régimen pensional, NO

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Radicación n.° 91310 SE DEMOSTRARON los perjuicios por parte de COLFONDOS respecto de la situación pensional de la demandante”, cuando quien debía probar su diligencia y cuidado en la afiliación de la actora al RAIS era el Fondo demandado, como lo ha señalado esa

H. Corte en infinidad de jurisprudencia reiterada como precedente jurisprudencial.

8. No dar por demostrado, estándolo que el traslado de la demandante entre fondos privados dentro del RAIS fue ineficaz por cuanto dichas entidades no suministraron la debida información, buen consejo y asesoría la demandante al momento de tomar la decisión.

9. Dar por demostrado sin estarlo, como lo dedujo el Tribunal que por el hecho de que la demandante haya solicitado un estudio actuarial en el año 2017, nunca se interesó por su situación pensional desde 1998, fecha de traslado al RAIS, lo que invalida su solicitud de nulidad de la translación, cuando esa H.

Corte ha dicho que en dicha gestión es el Fondo Privado quien debe demostrar la diligencia y cuidado al informar y asesorar al afiliado de una decisión que es de suma importancia para su vida futura.

10. Dar por demostrado sin estarlo, que la demandante pretende el traslado de régimen como equivocadamente lo entendió el tribunal al considerar que no se daban los requisitos para tal fin, cuando claramente en la demanda se está pidiendo

la nulidad de la afiliación al régimen de ahorro individual. (Hoy considerada como Ineficacia por la reiterada jurisprudencia de esa H. Corte).

11. Concluir de forma errada y sin que la parte demandante lo haya solicitado en la demanda por cuanto se pidió claramente la nulidad de la afiliación inicial al RAIS, que la falta de diligencia y asesoría por parte del fondo demandado conduciría a la imposición de multas o sanciones previstas en la ley y la competente para ello eran otras entidades de seguridad social, cuando se reitera que en la demanda plantea la nulidad o ineficacia del traslado (que no es una sanción).

Explica que tales yerros se dieron a causa de no haber apreciado correctamente el formulario de afiliación inicial al RAIS, suscrito el 30 de enero de 1998 (f.° 153); su posterior traslado a Colfondos, que acaeció el 5 de febrero de 2002 (f.° 190); el estudio pensional o cálculo actuarial comparativo de regímenes respecto del monto pensional (f.° 18-34); y el

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Radicación n.° 91310 interrogatorio de parte de la demandante (Cd audiencia de pruebas). Y por no haber valorado los siguientes elementos de prueba: extracto de cuenta individual del fondo convocado a juicio, con corte al 30 de junio de 2016; la copia de la sentencia del 21 de enero de 2014 del mismo Tribunal; la «hoja de vida» de la parte demandante en el régimen de prima media; el valor de la pensión de la accionante en el RPM al

cumplir 62 años de edad; la «hoja de vida» de la parte actora en el régimen de ahorro individual; la cuantía de la prestación en el RPM cuando la parte demandante se trasladó de régimen; la certificación expedida por Colfondos (f.° 110); la historia laboral de la oficina de Bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (f.° 111-113); los avisos de prensa publicados por Colfondos (f.° 115-117); la constancia de aportes trasladados con detallado, emitido por Protec