CSJ - SL2820-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL2820-2023 Radicación n.° 95717 Acta 35 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la GLORIA ESPERANZA SALDAÑA BRAVO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el treinta y uno (31) de marzo del dos mil veintidós (2022), en el proceso que le instauró a

TELEPERFORMANCE COLOMBIA SAS.

I. ANTECEDENTES Gloria Esperanza Saldaña Bravo llamó a juicio a Teleperformance Colombia SAS para que se declarara que fue despedida sin justa causa, el 3 de mayo de 2017, por su «limitación física», sin autorización del Ministerio del Trabajo.

En consecuencia, se condenara a reintegrarla sin solución de continuidad, al cargo que desempeñaba o a uno

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Radicación n.° 95717 de igual o superior jerarquía y que se compadeciera de su estado de salud, así como a cancelar los salarios, las prestaciones sociales legales y extralegales, el auxilio de transporte, las vacaciones y demás conceptos laborales, junto con los «intereses legales o en subsidio la indexación», las cotizaciones al sistema general de seguridad social desde el despido hasta la data del reintegro; la indemnización del canon 26 de la Ley 361 de 1997 «con sus intereses o indexación» y, las costas Fundamentó sus peticiones, en que laboró a favor de la

accionada, mediante un contrato a término fijo del 2 de octubre de 2013 al 3 de mayo del 2017, el cual tuvo un lapso inicial de tres meses que se prorrogó así: DESDE HASTA PRÓRROGA 02-10-2013 01-01-2014 Término inicial 02-01-2014 01-04-2014 Primera 02-04-2014 0107-2014 Segunda 02-07-2014 01-10-2014 Tercera 02-10-2014 01-10-2015 Cuarta 02-10-2015 01-10-2016 Quinta 02-10-2016 01-10-2016 Sexta Indicó que ejecutó la ocupación de asesora de servicios en atención al cliente, en la ciudad de Medellín, con un horario de 12:15 am a 8:15 am y un salario promedio de $1.013.052.

Recordó que: i) en el 2013 presentó fuertes dolores de cabeza que «le impedían trabajar» y estuvo incapacitada; ii) luego de múltiples exámenes, se le diagnosticó una encefalomalacia causada por un accidente de tránsito que sufrió hace nueve años; iii) en el 2014 fue reubicada, por lo

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Radicación n.° 95717 que ocupó el puesto de asesora de servicios, pero de reclamaciones internas, cuya función era llamar a usuarios para darle respuesta a quejas de facturación, para lo que usaba una diadema; iv) el empleo de dicha herramienta de trabajo agravó sus dolencias, por lo que sus funciones fueron

modificadas por el empleador, debiendo estar atenta del servicio de soporte técnico, recibir informes de los daños y comprobar que los servicios estuvieran funcionando y, v) la EPS Sura por Comunicado del 8 de abril del 2016, determinó que tenía restricciones para laborar. Puntualizó que el 6 de noviembre siguiente tuvo otro evento vial en una motocicleta, ya que colisionó con un taxi, por el que se lastimó tendones, meniscos y nervios de la rodilla izquierda y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente al día siguiente para «resección de cuerpo extraño, se realiz[ó] lavado y desbridamiento de tejidos profundos, se realiz[ó] colgajo fasciocutáneo logrando cobertura en ambas heridas, se coloc[ó] puntos antitensión».

Memoró que: i) estuvo en incapacidad del 7 de noviembre de 2016 al 6 de diciembre del mismo año, la cual fue prorrogada hasta el 17 de febrero del 2017; ii) luego de ese periodo continuó con dolores y caminaba con ayuda de muletas y, iii) el médico ortopedista le indicó que no existía ningún tratamiento adicional que pudiera mejorar su estado de salud.

Adujo que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, el 9 de agosto de 2017, la calificó con una PCL

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Radicación n.° 95717 del 28.05 % con fecha de estructuración el 21 de diciembre del 2016, por los siguientes diagnósticos: «cicatriz queloide, trastorno de dolor persistente somatomorfo y traumatismo de

estructuras múltiples de la rodilla» Dijo que la accionada, mediante Comunicado del 3 de mayo del 2017, le informó que con ocasión de una queja de acoso laboral que le habían presentado el día anterior, la apartaba de su cargo; data en la que también le terminó el contrato sin justa causa (f.° 4 a 17 del cuaderno digital 1° del juzgado). Teleperformance Colombia SAS se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los extremos de la relación, la naturaleza del vínculo, las prórrogas y la ocupación de asesora de servicios. De los demás, aseveró que no eran ciertos, no le constaban o eran apreciaciones subjetivas. Puntualizó que la separación de la ocupación temporal, en virtud del artículo 149 del CST, se dio por quejas de los compañeros frente a su comportamiento y además una denuncia de acoso laboral interpuesta por 11 trabajadores en su contra, en donde manifestaban:

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Radicación n.° 95717 En su defensa, propuso como excepciones de mérito las de «cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación», buena fe, prescripción y compensación (f.° 316 a 343, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, el 2 de diciembre de 2021 (f.° 672 acta y CD del cuaderno digital 3 del juzgado), dispuso: PRIMERO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación

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Radicación n.° 95717 propuestas por TELEPERFORMANCE COLOMBIA SAS. Consecuencialmente, SE ABSUELVE a ésta de las pretensiones en su contra aducidas por la señora GLORIA ESPERANZA SALDAÑA BRAVO […] SEGUNDO: CONDÉNASE en costas. Al efecto, las agencias en derecho se tasan en la suma de $150.000.oo a cargo de la demandante y en favor de la entidad accionada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al conocer el recurso de apelación que presentó la demandante, el 31 de marzo del 2022 (f.° 15 a 31 del cuaderno digital del Tribunal), confirmó la decisión de primer grado y condenó en costas a la actora.

En lo que interesa al recurso extraordinario, estableció como problema jurídico, determinar si la señora Saldaña Bravo estaba en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud al momento de la terminación de la atadura contractual y que ello era conocido por el empleador, por lo que se generaba la presunción de discriminación y debía ordenarse su reintegro, así como el pago de lo dispuesto en los artículos 65 del CST y 26 de la Ley 361 de 1997. Planteó como hecho indiscutidos que: i) existió un contrato de trabajo a término fijo del 2° de octubre del 2013 al 3 de mayo de 2017; ii) el nexo lo finalizó el dador de empleo de forma unilateral y sin justa causa, con el reconocimiento

de la indemnización por la suma de $4.729.535; iii) al momento del despido, la petente no tenía recomendaciones laborales vigentes, no estaba incapacitada y no había sido

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Radicación n.° 95717 calificada; iv) la EPS Sura emitió Recomendaciones de carácter funcional el 8 de abril de 2016 por seis meses, por lo que la empresa reubicó a la accionante en sus funciones; v) la señora Saldaño Bravo sufrió un accidente de tránsito, el 6 de noviembre siguiente, por el que tuvo una incapacidad final el 17 de febrero de 2017 y, vi) aquella fue calificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, el 9 de agosto de 2017, asignando una PCL de 28.05 %, estructurada el 21 de diciembre del 2016. Sobre el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, recordó que esta Corporación ha enseñado que había lugar a la estabilidad laboral reforzada si se cumplían cuatro condiciones, entre ellas: […] i) que el trabajador padezca de un estado de discapacidad en grado moderado, severo o profundo, independientemente de su origen; ii) que el empleador tenga conocimiento de dicho estado de discapacidad; iii) que el patrono despida al trabajador de manera unilateral y sin justa causa; y iv) que el empleador no solicite la correspondiente autorización del Ministerio del Trabajo (Sentencia CSJ STL-3420-2020). En cuanto a la calificación del grado de pérdida de capacidad laboral, sostuvo que esta Sala había morigerado la

existencia de ella e indicó que no era necesaria al momento de la finalización contrato y podía el dependiente demostrarla a través de otros medios probatorios diferentes al dictamen pericial (CSJ SL2586-2020). Resaltó que en providencia CSJ SL5181-2019, se destacó que la calificación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no podía estar ligada a una determinación formal «por

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Radicación n.° 95717 cuanto hacer estas exigencias tornaría en infructuosa la protección, destacando que en estos aspectos se deb[ía] dar particular relevancia al conocimiento que tenía el empleador de la enfermedad de su trabajador». Luego, transcribió a partes de las sentencias CC T3022013, CC T692-2015 y CC T372-2017 para aseverar que, desde la órbita constitucional, el trabajador debía probar la existencia de una condición de debilidad, la cual no se circunscribía a demostrar una calificación de invalidez previa, sino a «la comprobación de unas circunstancias objetivas de salud que impid[ieran] o dificult[aran] al trabajador el desempeño regular de sus labores y que la misma [fuera] conocida por el empleador (sentencias CC S-049 de 2017 y CC SU040 de 2018)». Esgrimió que «en el aspecto del conocimiento del empleador de la enfermedad del trabajador, las citas realizadas nos permiten encontrar convergencia entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, puesto que, de este conocimiento se deriva la presunción de discriminación»

la cual podía ser desestimado con una causa justa para finiquitar el vínculo. En el sub lite, encontró que existía una calificación de PCL de la demandante, emitida por la JRCI del 9 de agosto de 2017, posterior a la finalización del contrato de trabajo, el 3 de mayo de tal anualidad. Exaltó que, aunque en dicho dictamen se fijó una PCL del 28.05 %, estructurada del 21 de diciembre del 2016, esto por sí solo no prodigaba el fuero de

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Radicación n.° 95717 salud, porque, conforme a la jurisprudencia constitucional, «depend[ía] de circunstancias objetivas de salud y no de una situación formal como la calificación por si sola». Sobre la condición de salud de la actora antes de que finalizara la relación, mencionó que tuvo varias incapacidades por dolores de cabeza, además de que reposaban unas recomendaciones médicas emitidas por la EPS Sura, el 8 de abril del 2016, en los siguientes términos: Evitar actividades con exposición al Sol. Evitar presión en la cabeza. Exposición a ruidos por encima de los niveles permitidos. Evitar actividades disparadoras de las crisis, que se hayan identificado. Tener en cuenta las recomendaciones tanto en actividades laborales como fuera de ellas por 6 meses. Indicó que de la historia clínica era claro que la petente sufría dolores de cabeza constantes producto de un accidente de tránsito que ocurrió en el 2007, por el que presentó varias incapacidades antes del «6 de noviembre del 2016». También se probó que vivió otro evento igual el «6 de noviembre de

2016», que le afectó su rodilla izquierda y tuvo incapacidades entre el 7 de noviembre y el 6 de diciembre de esta última anualidad, prorrogadas hasta el 17 de febrero del 2017 y no volvió a presentarlas hasta el 29 de diciembre siguiente. Aseveró que, de un análisis en conjunto de las pruebas, era claro que la trabajadora venía en un tratamiento médico por los padecimientos producto del insuceso en motocicleta que afectó su pierna izquierda. Sin embargo, extrañó un elemento necesario para que se configurara el estado de

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Radicación n.° 95717 debilidad manifiesta, que era la imposibilidad de desempeñar las labores de forma normal, ya que: […] en principio presentó una serie de incapacidades relacionadas con dolor de cabeza, aspecto por el cual la EPS Sura emitió unas recomendaciones médicas por el termino de 6 meses y que inmediatamente fueron notificadas a la empresa, aquella procedió a reubicar en sus funciones a la demandante, en el oficio de “back office”, en donde atendía los reclamos de los clientes de la demandada, lo que fue aceptado por la misma demandante cuando en su interrogatorio manifestó “al final del contrato me desempeñaba en las funciones de “back office”, atendía solución de incidencias, esto fue porque me pasaron por las recomendaciones que hizo la EPS”, situación que lleva a que no haya discusión en que cuando hubo una serie de recomendaciones para el caso del dolor de cabeza, la empresa las acogió. Ahora bien, respecto al accidente sufrido el 06 de noviembre de 2016, el cual tampoco admite duda que ocurrió y que ocasionó a

la demandante unas incapacidades entre noviembre de 2016 y febrero de 2017, es importante aclarar que sobre este tema puntual no se aportó en el proceso prueba de que se hayan emitido por parte de la EPS respectiva ningún tipo de recomendaciones laborales, lo único de lo que se da cuenta es de las incapacidades hasta dicha, fecha, la que es anterior a la terminación del contrato de trabajo, que ocurrió el 03 de mayo de 2017, es decir, que no existe en el plenario ninguna prueba a partir de la cual se pueda establecer que luego de cumplido el periodo de convalecencia ordenado por los profesionales de la salud, la actora presentara restricciones para desarrollar sus labores o que existiera una recomendación para el desempeño de las mismas y que estas hubieran sido conocidas por el empleador, es más sobre este tema puntual del accidente de rodilla no se aportaron tales restricciones. Por tanto, dijo que no estaba probado dentro del proceso que, para el 3 de mayo del 2017, cuando terminó el contrato sin justa causa con la debida indemnización, la actora se encontraba incapacitada o existían recomendaciones que el empleador hubiera tenido que acatar, sin cumplir ello. De otro lado, sustentó que no se ignoraba que posterior a la finalización del vínculo la petente fue calificada por la

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Radicación n.° 95717 JRCI, el 9 de agosto de 2017, pero «este solo hecho no conv[ertía] a la demandante en sujeto de especial protección y estabilidad laboral reforzada, porque […] esta prueba no es solemne, lo que lleva[ba] a que por sí sola no d[iera] cuenta de

que la actora h[hubiera] sufrido de una discriminación […] por su estado de salud»; máxime que la calificación fue posterior, por lo que la accionada no tenía conocimiento de ello, aunque la demandante y testigo hubiesen afirmado que conocía el trámite, no existía prueba que lo confirmara. Concretó, de cara al dicho del señor Guillermo Alberto Medina Garcés, que: […] por sí solo no puede ser tomado como prueba de que la actora haya sido despedida efectivamente por su salud, teniendo en cuenta que como quedó anotado, ninguna otra prueba como incapacidades, recomendaciones entre otras dejan dicha afirmación en firme, y lo cierto es que no puede desconocerse tampoco el derecho que tiene el empleador para dar por terminado el contrato de trabajo con el pago de la respectiva indemnización como en efecto lo hizo. Es importante precisar que no se puede analizar el caso únicamente de cara a la historia clínica de la demandante aportada en el expediente, pues este es un documento privado y el empleador no tenía forma de conocerlo a menos que hubiere sido autorizado y entregada por la demandante, lo que claramente no se probó en el proceso, toda vez que se repite en la prueba allegada se menciona que para el momento del despido 03 de mayo de 2017 la empresa no tenía conocimiento de que la actora tuviera restricciones médicas o tratamientos pendientes, y desde la última incapacidad 17 de febrero de 2017, no volvió a ser incapacitada hasta diciembre de ese año, 10 meses posteriores a la finalización del contrato.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case totalmente la sentencia acusada, para que luego, en sede de instancia, revoque la decisión a del a quo y, en su lugar, profiera el fallo que ha de reemplazarlo, así: […] se declare que la señora GLORIA ESPERANZA SALDAÑA BRAVO fue despedida sin justa causa y como consecuencia de su limitación física, de la cual tenía pleno conocimiento la demandada.

Así mismo, se declare la ineficacia del despido de la demandante, teniendo en cuenta que TELEPERFORMANCE COLOMBIA SAS no solicitó la respectiva autorización ante el Ministerio del Trabajo para proceder con el mismo. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se CONDENE a la sociedad Teleperformance Colombia SAS al reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales legales (cesantías, intereses a las cesantías y primas de servicios) y extralegales, auxilios de transporte, vacaciones y demás conceptos laborales, causados entre la fecha del inconstitucional e ilegal despido y el reintegro efectivo. Los intereses legales sobre la anterior pretensión, o, en subsidio, la indexación. Se CONDENE a la sociedad Teleperformance Colombia SAS a realizar la consecuente afiliación al Sistema Integral de la Seguridad Social de la demandante y el pago de las cotizaciones causadas desde la fecha del inconstitucional e ilegal despido. Se CONDENE a la sociedad Teleperformance Colombia SAS al reconocimiento y pago de la indemnización especial de ciento ochenta (180) días de salario, prevista en la Ley 361 de 1997, por

haber sido despedida la señora Gloria Esperanza Saldaña Bravo sin justa causa como consecuencia de su limitación física y sin autorización del Ministerio del Trabajo. Por último, se provea sobre costas (f.° 5 de la demanda de casación del cuaderno digital de la Corte). Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, el cual fue replicado y se estudia a continuación.

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Radicación n.° 95717

VI. CARGO ÚNICO Acusa la determinación del colegiado por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los «artículos 26 de la Ley 361 de 1997, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la mencionada Ley y, con lo dispuesto en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución

Política de Colombia». Formula como errores manifiestos de hecho, los siguientes: No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad demandada tenía pleno conocimiento del estado de discapacidad de la señora

GLORIA ESPERANZA SALDAÑO BRAVO.

No dar por demostrado, estándolo, que la señora GLORIA ESPERANZA SALDAÑO BRAVO se encontraba en estado de debilidad manifiesta al momento de su despido sin justa causa. Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora GLORIA ESPERANZA SALDAÑO BRAVO podía desarrollar sus labores en condiciones normales. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante padecía problemas de salud que dificultaban el desempeño regular de sus

labores. No dar por demostrado, estándolo, que el empleador TELEPERFORMANCE COLOMBIA SAS tenía pleno conocimiento de los problemas de salud de la demandante y que estos dificultaban el desempeño normal de sus funciones. No dar por demostrado, estándolo, que, en vigencia de la relación laboral, la demandante se convirtió en una persona con limitación física severa. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante era sujeto de especial protección y estabilidad laboral reforzad Lo anterior, por la indebida apreciación de los medios que a continuación enlista:

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Radicación n.° 95717 Copia de las recomendaciones médicas de carácter funcional, expedidas por la Comisión Laboral de la EPS SURA, de fecha 08 de abril de 2016 y visibles a folios 43 del Cuaderno Principal Tomo 1 del expediente digital. Relación de incapacidades médicas expedida por la EPS SURA, obrante de folios 44 a 48 del Cuaderno Principal Tomo 1 del expediente digital. Dictamen de Determinación de Origen y/o Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, de fecha 09 de agosto de 2017, obrante de folios 56 a 60 del Cuaderno Principal Tomo 1 del expediente digital. Historia Clínica completa y visible de folios 82 a 459 del Cuaderno Principal Tomo 1 del expediente digital También, por la no valoración de: i) el Contrato de Trabajo del 1° de octubre de 2013 (f.° 30 a 32 del cuaderno

digital 1° del juzgado) y, ii) las confesiones en el interrogatorio de parte del representante legal de la accionada, el 1° de diciembre de 2021, así como la plasmada en la contestación a la demanda (f.° 493 a 520, ibidem). En el desarrollo, alude a los artículos 1°, 2° y 26 de la Ley 361 de 1997 y asevera que esta Sala ha dispuesto la interpretación que debe dársele al último canon referido, como sucede en las sentencias CSJ SL2841-2020 y CSJ SL2586-2020, en las que se plasmó el criterio de «prescindir de la calificación de pérdida de capacidad laboral al momento del vínculo, como requisito indispensable para declarar el derecho a […] la estabilidad laboral reforzada» y, por el contrario, el juez es libre de formar su convencimiento con cualquier medio de convicción del que pueda inferir el estado de salud del trabajador.

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Radicación n.° 95717 Refiere que «de las pruebas obrantes en el plenario» queda claro que, para la fecha de despido, el 3 de mayo del 2017, no contaba aun con la prueba técnica, pero la empleadora tenía suficientes criterios para establecer que era una persona de especial protección y que se requería autorización del Ministerio del Trabajo para su despido. Dice que no discute que a la data de la desvinculación no estaba incapacitada, ni tenía un dictamen de PCL, pero existían otras circunstancias que comprobaban con certeza sus problemas de salud, como la historia clínica de la que se extraía que «padecía una enfermedad que afectaba

ostensiblemente su calidad de vida» y de su correcta valoración se puede concluir: -Que la demandante tenía secuelas neurológicas derivadas de accidente de tránsito. - Que estas graves secuelas se evidenciaban en fuertes cefáleas y migrañas que obligaban a la señora GLORIA ESPERANZA SALDAÑO BRAVO a acudir a los servicios de urgencias de la EPS, de forma muy continua y recurrente. Era paciente consultante continua, con incapacidades sucesivas y remisiones a otras especialidades. - Que este padecimiento de salud, diagnosticado como Migraña con aura (Migraña clásica), se agravó al punto de ser necesario remisión a clínica del dolor, neurología y medicina laboral. - Que la migraña incluso derivó en episodios de depresión y ansiedad generalizada. Todos estos diagnósticos se encuentran soportados en la abundante historia clínica de la actora que, a consideración de la parte demandante, no fue valorada debidamente por el ad-quem en su providencia. - Que, a raíz de la remisión a medicina laboral, se expidieron recomendaciones médicas y se remitieron a la sociedad TELEPERFORMANCE COLOMBIA SAS, en calidad de empleador

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Radicación n.° 95717 de la demandante. - Que la demandante sufrió grave accidente de tránsito en noviembre del año 2016 y fue diagnosticada con traumatismo de estructuras múltiples de la rodilla. - Que, a raíz del accidente de tránsito, la demandante fue sometida a varios procedimientos médicos, sesiones de fisioterapia y posteriormente remitida a calificación dentro del

proceso penal por lesiones personales llevado a cabo por la Fiscalía General de la Nación contra el conductor culpable del accidente. Memora que, si bien es cierto la demandada argumentó en su defensa que dicho documento cuenta con reserva legal, por lo que no tuvo acceso a la misma y no conoció los padecimientos, también lo es que sí sabía de: i) las recomendaciones laborales expedidas por la EPS Sura, como se admitió en la contestación al gestor o en el interrogatorio de parte del representante legal al confesar ello, incluso en atención a que fue reubicada y, ii) de las incapacidades reiteradas. Insiste que lo previo destella que el empleador conocía los padecimientos de salud frente al diagnóstico de migraña y que ello era incompatible con el cargo que desempeñaba. Alude que si se hubiera valorado el Contrato de Trabajo del 1° de octubre del 2013, se habría concluido que fue vinculada para el oficio de asesora de servicio y en el 2016 hasta la fecha de despido, reubicada en el back office, lo que se efectuó en cumplimiento de las sugerencias médicas. Señala que erró el colegiado al asegurar que no quedó acreditado que existía un estado de salud que impidiera

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Radicación n.° 95717 ejercer sus labores en normal forma, ya que sí se demostró, al igual que de tal condición tenía conocimiento el dador de empleo, lo que se «prueba con el contrato de trabajo, las recomendaciones médicas y las confesiones vertidas en el escrito de respuesta a la demanda y provocadas en interrogatorio de parte absuelto por la representante legal de

Teleperformance Colombia SAS». Esgrime que el empleador también sabía de las incapacidades continuas e ininterrumpidas por el accidente padecido el 6 de noviembre de 2016, como se extraía del historial de ellas expedido por EPS Sura (f.° 44 a 48 del cuaderno digital 1° del juzgado) y del que se concluye que duraron 103 días, así como que se dieron dos meses y medio antes de la desvinculación. Además, que subsistió con limitaciones en su movilidad una vez se reintegró por lo que «le era dable a la empresa suponer que la actora había quedado con secuelas clínicas que impactaban su salud». También, memora que la JRCI en el Dictamen del 9 de agosto del 2017 estableció una PCL del 28.05 % y una fecha de estructuración del 21 de diciembre del 2016, esto es en vigencia de la relación. Cita la providencia CSJ SL3580-2022 para concluir que su «limitación severa» se podía inferir de las múltiples incapacidades médicas y las restricciones laborales (f.° 1 a 16 de la demanda de casación del cuaderno digital de

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Radicación n.° 95717 la Corte).

VII. RÉPLICA Sostiene que la censura, en vez de realizar una exposición sustentada de los motivos de reproche, efectúa afirmaciones sin sustento ni hilo conductor y pretende reiterar sus alegaciones de instancias.

Refiere que la actora debía demostrar que se encontraba en un estado que le dificultase el normal desarrollo de sus

labores, lo que no se acreditó, pues a la data de terminación de la atadura no estaba incapacitada, no tenía recomendaciones ni restricciones, así como tampoco orden de reubicación y su última incapacidad fue tres meses antes de aquel momento. De las pruebas que la recurrente aduce fueron mal valoradas, menciona que: i) las Recomendaciones Médicas expedidas por la EPS Sura, el 8 de abril de 2016, fenecieron en octubre de dicho año, sin que se expidieran unas nuevas; ii) de las incapacidades médicas emitidas por la EPS Sura solo es posible extraer que la última fue expedida tres meses antes de la finalización el vínculo y que la misma ocurrió siete meses antes del fenecimiento del contrato; iii) el dictamen no era necesario, pues el estado de debilidad manifiesta se podía acreditar con cualquier medio y, a lo sumo, demuestra que fue emitido tres meses después del desenlace contractual; iv) la historia clínica comprueba que cuando terminó la relación no tenía ningún padecimiento, «se encontraba realizando

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Radicación n.° 95717 otras actividades remuneradas para otro empleador», no presentaba tratamiento médico en curso, ni tenía alguna incapacidad vigente. Por último, menciona que se aparta de la supuesta no valoración de los interrogatorios de parte, el contrato de trabajo y la demanda, ya que en realidad fueron apreciados, cosa diferente es que no les dio el alcance pretendido por la actora (f.° 1 a 8 del documento de réplica del cuaderno digital de la Corte).

VIII. CONSIDERACIONES La demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor

que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues una acción de esta naturaleza está sometida en su formulación a una técnica especial, que, de no cumplirse, conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable. Y es verdad que se ha admitido la necesidad de adaptar las exigencias formales reseñadas a la defensa y realización material de los derechos fundamentales en el trabajo y la seguridad social, pero ello no conlleva, en modo alguno, a que esta sede se hubiera transformado en un foro abierto, en el que se pueda desplegar cualquier tipo de argumentación, protesta o lamentación respecto del resultado de un determinado juicio. Existen ciertas formas mínimas que no pueden ser desatendidas, pues, además de que constituyen presupuestos legales vigentes, buscan darle racionalidad y

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Radicación n.° 95717 cumplir el debido proceso (CSJ SL2349-2020). Se apuntalo anterior, dado que la Corporación encuentra que la acusación contiene deficiencias técnicas, como pasan a analizarse:

1. Memórese que cuando el cargo se dirige por el sendero fáctico, como en el sub examine, se tiene el deber de detallar las pruebas y enlistar los errores de hecho, señalar de modo objetivo el contenido de los medios de convicción, así como el valor atribuido por el juzgador o la importancia de su apreciación y la incidencia de estos en las conclusiones del fallo impugnado, tal como se indicó en sentencia CSJ

SL1780-2018, al sostener que:

[…] cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuos