CSJ - SL2856-2023

GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente SL2856-2023 Radicación n.° 94098 Acta 36 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de anulación interpuesto por el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL COMERCIO - SINTRACOM, contra el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento el 4 de mayo de 2022, con ocasión del conflicto colectivo suscitado entre la citada organización sindical y la empresa KOBA COLOMBIA S.A.S. hoy D 1 S.A.S. Se reconoce al doctor Fernando Andrés Dacosta Herrera con CC 80.505.099 y TP 87.395 del C. S. de la J., para que represente a la empresa D 1 S.A.S., conforme al poder que le fuera conferido y que reposa en el cuaderno de la Corte.

I. ANTECEDENTES El 27 de octubre de 2020, la organización sindical “SINTRACOM” presentó al empleador KOBA COLOMBIA

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Radicación n.° 94098 S.A.S. hoy D 1 S.A.S., un pliego de peticiones con cuarenta y nueve cláusulas. La etapa de arreglo directo se surtió entre el 17 de febrero y el 26 de marzo de 2021, atendiendo a la prórroga convenida previamente entre las partes, tiempo durante el cual no llegaron a ningún acuerdo sobre las peticiones objeto del conflicto; por tal razón, la organización sindical, en asamblea extraordinaria de afiliados, realizada el

11 de abril de 2021, decidió someter el diferendo a un tribunal de arbitramento, solicitando el 13 de abril de 2021 su convocatoria al Ministerio del Trabajo, autoridad que mediante Resolución 0302 del 16 de febrero de 2022, dispuso la constitución del tribunal de arbitramento obligatorio. Posesionados los dignatarios, se procedió a su instalación en la ciudad de Bogotá, el 23 de febrero de 2022, en la cual se solicitó a las partes una prórroga de cuarenta y un días (41) días hábiles, a partir del 8 de marzo de 2022, en que vencía el plazo inicial, a lo cual accedieron la empresa y la organización sindical. El Tribunal sesionó los días 9, 17, 23 y 31 de marzo de 2022, así como el 22 y 27 de abril de igual anualidad, para finalmente emitir el laudo arbitral del 4 de mayo de 2022, señalando que tendría vigencia por dos (2) años contados a partir de la “expedición del laudo arbitral”. Notificada la decisión a los contradictores, el 13 de mayo de 2022, la organización sindical a través de su mandatario judicial, presentó dentro de la oportunidad legal, recurso extraordinario de anulación parcial del laudo.

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Radicación n.° 94098 La Sala, mediante auto del 15 de febrero de 2023, admitió el referido recurso y dispuso correr traslado a la empresa para que presentara la correspondiente réplica, quien hizo uso dentro del término otorgado para el efecto, según constancia secretarial del 27 de febrero de 2023, que

obra en el cuaderno digital de la Corte.

II. LAUDO ARBITRAL El 4 de mayo de 2022, estando dentro del término establecido por la ley, previa prórroga otorgada por las partes, el Tribunal de Arbitramento resolvió inhibirse de resolver por falta de competencia, frente a las peticiones relacionadas con los artículos: 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10’°, 12°, 13°, 15°, 16°, 17°, 18°, 20°, 23°, 38°, 39°, 41°, 48° y 49° del pliego de peticiones; así mismo, acogió con base en la ley, en los principios de equidad e igualdad, teniendo en cuenta el número de trabajadores afiliados a la organización sindical, los artículos 1°, 8°, 11°, 14°, 19°, 21°, 24°, 25°, 26°, 28°, 29°, 33° 34°, 37°, 40°, 43°, 44°, 45° y 47° de lo peticionado por el sindicato y, finalmente, decidió negar por consideraciones de equidad e igualdad, las demás prerrogativas (arts. 22°, 25°, 26°, 27°, 30°, 31°, 32°, 35°, 36° y parágrafo primero del 46°) La anterior decisión se adoptó en términos generales, en consideración a las intervenciones de las partes, los documentos probatorios que se aportaron, la normatividad

vigente, los criterios jurisprudenciales, los principios de

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Radicación n.° 94098 equidad e igualdad. De igual forma, atendiendo que tenía competencia para resolver y con el ánimo de mantener el equilibrio entre los miembros afiliados a la organización sindical y los demás trabajadores, en desarrollo de las disposiciones constitucionales y los Convenios 87 y 98 de la OIT ratificados por la ley nacional.

III. RECURSO DE ANULACIÓN La organización sindical SINTRACOM, dentro de la oportunidad legal, presentó recurso extraordinario, en el que solicitó la anulación parcial del laudo arbitral, bajo tres aristas: i). la devolución del laudo respecto de los artículos frente a los cuales declaró el Tribunal que carecía de competencia, como son: artículo 7° del pliego de peticionesInformación al sindicato, 20° Manejo efectivo y seguridad, 39° Jornada de descanso y 48° Normalidad; ii). Por razones de inequidad y su respectiva devolución a los árbitros, para que falle en equidad e igualdad, respecto de las siguientes peticiones: artículo 21° del pliego 6° del laudo - Incremento salarial, artículo 24 del pliego 7° del laudo - Bono por productividad en ventas, artículo 37 del pliego, 14 del laudo - Beneficio de alimentación, artículo 43 del pliego 17 del laudo - Permisos sindicales y, iii). por falta de equidad e igualdad, y su devolución al Tribunal, para que resuelva en equidad, frente a la prerrogativa establecida en el artículo 22°

del pliego - Pago horas nocturnas, dominicales y festivos.

IV. LA RÉPLICA

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Radicación n.° 94098 Dentro de la oportunidad procesal, la empresa D 1 S.A.S., procedió a presentar la respectiva oposición, a través del apoderado judicial, en cuanto solicitó que se desestime el recurso por ausencia de poder, ya que la acreditación del mismo no se cumplió conforme a las normas legales, en la medida en que aquel fue presentado el 13 de mayo de 2022, de manera virtual, sin cumplir con lo previsto por el Decreto 806 de 2020, que permita corroborar su otorgamiento y autenticidad, pues solo se adjuntó el recurso, copia de la cédula y la tarjeta profesional del doctor Alfredo Manchola, así como una fotocopia del mandato, pero sin que se acredite que fuera remitido desde la dirección del correo electrónico oficial de notificaciones del otorgante. Adicional a lo anterior, refirió, que de haberse otorgado el poder conforme con lo señalado por el artículo 74 del CGP, tampoco cumpliría con los requisitos procesales dispuestos para verificar la calidad de quien actúa, ya que no cuenta con presentación personal o autenticación alguna. Ahora, en lo que concierne al fondo del asunto, como contexto general, recordó lo enseñado por esta Corporación, entre otras providencias, en la , CSJ SL17703-2015 respecto de su competencia frente a las causales de anulación, según lo regulado por el artículo 143 y lo previsto por el artículo 458 del CST, para luego señalar, que existe

una deficiencia trasversal en buena parte del recurso de anulación, ya que en varios puntos objeto del mismo, se solicitó a la Corte que devuelva al Tribunal aspectos que concedió no de la forma como quería el recurrente, o que negó

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Radicación n.° 94098 por equidad, lo que a su juicio resulta abiertamente improcedente, ya que desconoce el alcance de las órdenes que puede emitir la Sala Laboral de esta Corte al desatar el recurso de anulación. Precisó que, esta Corporación tiene sentado que no es procedente la devolución frente a puntos concedidos o negados por equidad, solo aquellos frente a los cuales el Tribunal se inhibe teniendo competencia que (CSJ SL4089-2022 reitera la , motivo por el CSJ SL4879-2017 y SL, 11 feb. 2000, rad. 13874) cual, reclama que no se acceda a lo peticionado. De otro lado, presentó los argumentos específicos en relación con los puntos apelados, los cuales, por razones de método, serán objeto de estudio por la Sala, luego de verificar el contenido de la cláusula del pliego de petición, la decisión adoptada por los árbitros, los argumentos del recurrente y el opositor, y finalmente las consideraciones de la Sala.

V.CONSIDERACIONES

1. Asunto Preliminar: Falta de poder para recurrir.

En cuanto a la estimación de carácter procesal planteada por la réplica, relacionada con la carencia de poder para recurrir del doctor Alfredo Manchola en representación de la organización sindical Sintracom, la cual sustenta en

que su otorgamiento no se acreditó se hiciera en los términos de la ley, motivo por el que solicita se desestime el recurso de

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Radicación n.° 94098 anulación presentado por éste, debe destacarse que la Sala considera improcedente tal dialéctica argumentativa. En efecto, la empresa alegó la indebida representación del abogado del sindicato, porque el poder no fue remitido desde el correo que tiene registrado la organización sindical, cuando debió hacerlo conforme al mandato del inciso 3° del artículo 5° del Decreto 806 de 2020, el que luego fuera adoptado como disposición permanente por la Ley 2213 de 2022; sin embargo, esta Corporación tiene sentado que dicha preceptiva no aplica en el caso de los sindicatos (CSJ SL2118por cuanto aquella exigencia está dirigida solo para las 2022), personas inscritas en el registro mercantil, conforme se advierte del respectivo texto, que señala: Artículo 5. Poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento. En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados. Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales. Destaca la Sala. (Negrillas fuera de texto)

Se afirma lo anterior, por cuanto los sindicatos no están inscritos en el registro mercantil, luego, es claro que no le asiste razón a la empresa al afirmar que existe carencia de poder, por cuanto éste no fue remitido desde el correo que tiene registrado la organización sindical, cuando en realidad aquel podía ser remitido desde el correo del presidente del sindicato, como aconteció en el presente caso.

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Radicación n.° 94098 Además, se estima necesario recordar, que de conformidad con el artículo 133 del CGP, normativa a la cual se acude por remisión del artículo 145 del CPTSS, se tiene que, solo la falta íntegra de poder para el respectivo asunto, constituye causal de nulidad por indebida representación judicial de la parte, pero en el presente evento, se observa que el abogado del sindicato actúo con el poder visible a folio 68 del cuaderno de arbitramento, el cual se reitera, fue otorgado por el presidente de Sintracom, para representar la organización sindical y presentar el respectivo recurso extraordinario de anulación. Así las cosas, la Sala concluye, que no se presenta una falta total de poder en la representación judicial de la organización sindical y, es precisamente por ello que el Tribunal de arbitramento reconoció personería al abogado y admitió el recurso en mención, mediante decisión del 17 de mayo de 2022 , (fs. 86 a 89 del cuaderno del trámite del laudo arbitral) decisión frente a la cual se advierte, la empresa guardó silencio, lo que indica que perdió la oportunidad de alegar cualquier perjuicio que pudiera resultar de aquel hecho, sin

que le sea ahora dable alegar la supuesta irregularidad ante la Corte, en la medida que en los términos del artículo 133 del CGP, debe tenerse por saneada. Finalmente, es de resaltar que conforme se desprende el inciso primero del artículo 5° del Decreto 806 de 2020, convertido en legislación permanente por la Ley 2213 de 2022, el inciso 3° del artículo 74 del CGP, debe entenderse modificado y complementado, en cuanto allí se previó que el

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Radicación n.° 94098 poder especial para uno o varios procesos, puede ser conferido mediante documento privado, sin que medie firma manuscrita o digital, resultando suficiente la sola antefirma para que se repute auténtico, y sin que requiera de presentación personal o reconocimiento ante autoridad judicial o notarial. En consecuencia, resulta infundada la imputación que sobre el tema elevó la empresa en su escrito de oposición.

2. Aspectos de fondo. 2.1. Asuntos Generales Previo a proceder con el estudio individualizado de las cláusulas cuestionadas por la censura, es necesario recordar, como bien lo resaltó la empresa en su réplica, que la Sala tiene precisado, que merced al recurso de anulación, de conformidad con el artículo 143 del CPT, la decisión de la Corte solo puede ser la de anular el laudo arbitral, total o parcialmente o, devolverlo al Tribunal de arbitramento cuando los árbitros hayan omitido pronunciarse o resolver sobre algunos de los puntos del pliego de peticiones para el cual fueron convocados y, excepcionalmente, modular la

decisión en los casos en que lo ha considerado necesario, bien para eliminar o suprimir aspectos que de mantenerse en la cláusula puedan generar una ilegalidad de las normas o una inequidad, por cuanto entran en contradicción con el orden jurídico o con los mínimos de equidad.

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Radicación n.° 94098 Igualmente, tiene adoctrinado la Corte, que cuando anula la decisión de los árbitros, en ningún evento puede dictar una decisión de reemplazo para sustituir el fondo de lo definido por el Tribunal dentro de los conflictos colectivos, como tampoco, disponer su devolución, ya que el legislador ha determinado que los conflictos económicos deben fallarse en equidad, criterio que resulta totalmente extraño y ajeno a las decisiones en derecho que emite esta Corporación. En consecuencia, en sede del recurso extraordinario de anulación, no pueden concederse de manera directa los aspectos propuestos en el pliego de peticiones, en tanto que ello corresponde decidirlo a los árbitros como jueces naturales del conflicto . (CSJ SL5227-2018) Así las cosas, se tiene que la competencia de la Corte se agota con la anulación total o parcial del laudo, de suerte que no goza de la atribución de sustituir a los árbitros y, en tránsito por esa vía, la de tomar la decisión que reemplace a la anulada. Lo anterior significa que, de anular, las relaciones contractuales de trabajadores y empleador se regirán por la convención colectiva, el pacto colectivo o laudo arbitral vigentes, o por las normas legales en vigor

(CSJ SL, 27 . oct. 2009, rad. 41497) Por consiguiente, es de reiterar que siguiendo lo expuesto en precedencia, la Corte, ciertamente, como lo precisa la réplica, solo tiene competencia para devolver el laudo cuando los árbitros han proferido una decisión inhibitoria o han declarado la falta de competencia para

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Radicación n.° 94098 resolver una petición, para la que sí estaban facultados, conforme lo adoctrinara esta Sala, entre otras sentencias, en la CSJ SL3491-2019 y la CSJ SL3349-2020. Es decir, versa sobre una cuestión de competencia, lo cual significa que la argumentación del recurrente debe estar encaminada a demostrar claramente que, el Tribunal omitió pronunciarse sobre un punto para el cual efectivamente tenía plena facultad. Además, procede recordar, que frente al tema que antecede, ha enseñado esta Corte con profusión, que los derechos y facultades que no pueden afectar los árbitros con sus fallos son: (i) los reconocidos en la Constitución Política, tales como el de propiedad y demás derechos adquiridos, el de asociación, reunión, huelga y todos aquellos que establecen directa o indirectamente un régimen de protección al trabajo y los que garantizan al empresario el ejercicio de su actividad; (i) los reconocidos por las leyes cuando desde el punto de vista del trabajador constituyen un mínimo que no puede afectarse y los que por ser de orden público son irrenunciables; y respecto del empleador los que emanan de su calidad de subordinante, de propietario y

director de la empresa y establecimiento; y (iii) en relación con los convencionales, son aquéllos que por haber consolidado situaciones subjetivas concretas o que por no haber sido propuesta su variación por parte legalmente habilitada para hacerlo, deben ser respetados en el laudo. Clarificado lo anterior, la Sala procederá por razones metodológicas a desatar el recurso en el siguiente orden: (i)

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Radicación n.° 94098 peticiones frente a las que se inhibió el Tribunal por razones de competencia, frente a las que el recurrente demanda la devolución para que sean resueltas en equidad (arts. 7°, 20°, 39° y 48° del pliego de peticiones – art. 1° del laudo), (ii) las concedidas que se pide anular por falta de equidad y demanda su devolución para que sean decididas de conformidad (arts. 6°, 24°, 37° y 43° del pliego – art. 2° del laudo) y, (iii) las negadas por falta de competencia, que se demanda anular y realizar la devolución a los árbitros (art. 22 del pliego – art. 3° del laudo). 2.2. Aspectos Específicos 2.2.1. Cláusulas no resueltas por el Tribunal al estimar que carece de competencia. Acusa la organización sindical al Tribunal de haberse inhibido de resolver teniendo en realidad competencia para hacerlo, sobre lo peticionado en los artículos 7°, 20°, 39° y 48° del laudo arbitral, teniendo como argumento central, el que son puntos de derecho y son de competencia de las

partes, motivo por el cual, requiere sea devuelto el laudo a los árbitros, para que decidan en equidad, atendiendo los argumentos que se presentan más adelante frente a cada una de las citadas cláusulas. Por cuestión de metodología, la Sala procederá a desatar el recurso en el siguiente orden: (a) lo pedido en el pliego, (b) lo resuelto por el Tribunal, (c) el sustento del recurso, (d) la réplica y, (e) las consideraciones de la Corte.

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Radicación n.° 94098 a. Petición Artículo 7° Información al sindicato: Con el fin de garantizar el diálogo social en la empresa, dos de cuyos componentes son la consulta y el intercambio de información, la empresa entregará al sindicato la siguiente información: • Copia anual de los estados financieros de la empresa debidamente certificados • Mensualmente, copia del listado de trabajadores a quienes se les aplicó el descuento sindical • Semestralmente reporte de los beneficios convencionales entregados y los montos. • Semestralmente indicadores de rotación laboral. • Semestralmente número de empleados que se pensionaron o se jubilaron en el período. • Semestralmente antigüedad promedio del total de trabajadores. • Semestralmente total de trabajadores beneficiarios por extensión de la convención colectiva. • Anualmente número de empleados que recibieron los auxilios, bonos, permisos y beneficios económicos establecidos en la convención colectiva. • Semestralmente número de trabajadores llamados a descargos, número de sanciones y número de despidos.

• Semestralmente número de trabajadores directos y número de trabajadores aliados al servicio de la empresa. • La empresa a la firma de la presente convención entregará al sindicato la copia de los contratos laborales de los afiliados a la organización sindical. Este proceso se realizará de manera semestral.

Artículo 20. Manejo de efectivo y seguridad. La empresa implementará un proceso de manejo de valores garantista, que brinde seguridad tanto a la empresa como al trabajador. Para este proceso se tendrá en cuenta la tecnología, la supervisión y corresponsabilidad en el depósito y traslado, la inmediatez de horas en la conformidad de recibo, el manejo individual de claves y códigos, arqueos validados y firmados, el debido proceso en la responsabilidad de faltantes y la capacitación. En cada caja deberá haber detector de luz de billetes falsos, en cada tienda de alto flujo de dinero máquina contadora, fajos, bolsas premarcadas (sic) con valores y demás elementos indispensables para esta actividad. Por el modelo de negocio en el que fundamentalmente se maneja dinero en efectivo en grandes cantidades, mercancías susceptibles de hurto y horarios de surtido a horas de la noche o madrugada (llave en mano) la empresa debe implementar planes de vigilancia y escolta por tienda y operación que garanticen la integridad, la vida de los trabajadores, las medidas de bioseguridad y los valores de la empresa. Por ningún motivo el hurto y el robo externo y otras situaciones de seguridad y bioseguridad serán responsabilidad de los empleados, ni en su impedimento ni en sus consecuencias. En todo caso, para quienes manejan dinero en efectivo la empresa suscribirá pólizas con aseguradoras que cubran las pérdidas o faltantes que no sean

atribuibles al trabajador. En ningún caso la empresa hará retenciones salariales sin autorización del trabajador por el concepto de pérdidas Artículo 39. Jornada de descanso La empresa en los términos de la ley, continuará desarrollando en conjunto con la Caja de Compensación Familiar,

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Radicación n.° 94098 actividades de bienestar y recreación para los trabajadores, en todo caso la jornada diaria de descanso será de 30 minutos. Las actividades de las que trata el artículo 21 de la ley 50 de 1990 se acordarán con el sindicato y se acumularán hasta por un año para su disfrute. Artículo 48.- Normalidad. Una vez firmada la presente Convención Colectiva o en su defecto a la entrada en vigencia de Laudo Arbitral, es decir terminado el conflicto colectivo, la empresa y el sindicato reestablecerán las relaciones laborales normales en las cuales ninguna de las partes tomará represalias por hechos acaecidos durante el periodo anterior. b. Decisión Laudo Los árbitros consideraron que frente a los anteriores artículos no tienen competencia, por tratarse de un punto de derecho y ser del resorte de las partes; ello en atención a las disposiciones legales y, en desarrollo de la jurisprudencia en materia de competencia de los tribunales de arbitramento. c. Recurso del Sindicato Discrepa la censura de lo resuelto respecto del artículo 7° del pliego de peticiones, por cuanto estima que la información que allí se solicita a la empresa, es de carácter laboral, estadístico y sin reserva empresarial, por lo que toda

puede ser reportada por el empleador, la que, por demás, señaló, no involucra puntos esenciales de derecho. Afirmó, que aquellos datos son indispensables para el mejor desempeño sindical, ya que, es una base esencial para garantizar el diálogo social según reza la petición. Argumentos que soporta con transcripción de apartes de la sentencia CSJ SL2008-2021.

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Radicación n.° 94098 Por último, refirió que no es argumento para declarar no tener competencia, el que la petición sea del fuero de las partes, pues de ello se trata el ejercicio de la negociación colectiva, el acuerdo de partes. En cuanto al artículo 20 del pliego, estimó el recurrente que, atendiendo lo señalado por el artículo 143 del CPT, así como lo enseñado en sentencia CSJ SL4785-2020, es dable la devolución a los árbitros de este punto, por cuanto dicho aspecto es uno de los que más conflicto ha generado en la empresa, incluso procesos disciplinarios y sanciones; además del pago de mercancías por robo o por vencimiento de fecha, que son descontados ilegalmente de nómina. Razón por la cual estima que, resolverlo sería una fuente de equidad, estabilidad laboral, productividad y clima laboral positivo. Se precisó que, no es fundamento para afirmar que la petición es esencialmente de derecho, por cuanto ninguna ley o norma laboral reglamenta lo solicitado en el pliego o que sea de la autonomía del empleador, por cuanto quedó demostrado que el manejo de efectivo y la seguridad

repercuten profundamente en la vida laboral. Respecto al artículo 39 del pliego, referenció la sentencia CSJ SL2008-2021, para solicitar la devolución de este asunto a los árbitros y se pronuncien en equidad, por cuanto pese a estar regulado por la ley, lo que se pretende es superar los estándares mínimos establecidos en la norma, pues lo peticionado es claro que excede lo definido en la ley.

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Radicación n.° 94098 Finalmente, en lo concerniente al artículo 48 del pliego, estima que lo demandado va dirigido a mejorar la paz laboral, las relaciones entre las partes, el diálogo social, el respeto por los derechos de las partes y la armonía productiva, principios fundacionales y permanentes de la OIT; más aún, cuando no hay norma que regule lo reclamado. Motivo por el cual se solicita la devolución del tema para que sea resuelto en equidad, siguiendo lo enseñado por esta Corte en sentencia

CSJ SL4785-2020.

d. Réplica de la empresa Adicional a los argumentos generales planteados, en lo que concierne al artículo 7° del pliego, la empresa se opone a la solicitud de devolución, por cuanto, si bien la Corte ha adoctrinado que los árbitros pueden conceder puntos relativos a la solicitud de información como desarrollo del derecho a la negociación y al diálogo social, también ha limitado esta facultad en cada caso particular y, para este evento, incluye aspectos constitutivos de habeas data protegidos constitucionalmente. A título de ejemplo, resalta el que se pide

semestralmente copia de contratos de trabajo que evidentemente es información que incluye a un tercero cuyo derecho a la protección de su información es sensible y no puede quedar expuesta o a disposición de un tribunal.

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Radicación n.° 94098 Adicionalmente refiere que, varios de los puntos a los que pretende acceder el Sindicato, los conoce per se o tiene vías expeditas para acceder a la misma, por lo que, el que no se hubiese concedido resulta intrascendente. En consecuencia, solicita no se conceda la petición de devolución. Ahora, en cuanto al artículo 20°, relacionado con el manejo de efectivo y seguridad, igualmente se opone la empresa, al estimar que el recurso es deficiente en forma y fondo y, además, considera que el Tribunal no es competente, como lo señalaron los árbitros, de obligar al empleador a manejar recursos, bienes y propiedad de la manera como lo disponga el laudo, por cuanto ello va en contravía de los más elementales derechos de dirección y preordenación del trabajo, típicas y fundamentales del derecho de propiedad y de dirección empresarial en el trabajo. En cuanto al defecto formal imputado, lo cimenta en el hecho de que se pida la devolución pero se sustente en criterios de equidad para decidir el petitum, entremezcla que considera inapropiada, por cuanto la equidad no es la base para definir la competencia, pues ésta la define la ley y la jurisprudencia de esta Corte frente al entendimiento del artículo 458 del CST, que indica que, si hay competencia la decisión es en equidad, si el fallo es inequitativo hay razón

para solicitar la anulación, pero si no hay competencia, no puede reputarse la misma, so pretexto de equidad.

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Radicación n.° 94098 Además, manifiesta que la jurisprudencia que trajo como soporte, es inaplicable al caso, ya que no se refirió a un caso o materia igual a la que trata la cláusula cuestionada, pues la Corte jamás ha dicho que los árbitros pueden imponer a una empresa la manera puntual de cómo manejar los valores y la propiedad de la empresa; pues advierte, que lo que refiere la sentencia citada, es que los árbitros tienen competencia para regular la seguridad en el trabajo, pero respecto de la prevención de riesgos derivados de los procesos productivos y no respecto de la seguridad que debe mantener en las instalaciones para el manejo de dinero en efectivo. Por consiguiente, afirma que no es dable la devolución al Tribunal, por no ser competente para imponer al empleador como manejar el efectivo y la seguridad en la empresa, por cuanto ello sería desconocer la facultad de dirección inherente a un trabajo subordinado, afirmación que indica, está en consonancia con lo señalado por esta Sala en sentencia CSJ SL3248-2022. De otro lado, en lo concerniente a la cláusula 39° del pliego, relativa a la jornada de descanso, manifiesta que no puede devolverse al tribunal para que se pronuncie, ya que no es competente para decidir lo pedido, pues lo que se busca es obligar a la empresa a mantener unos acuerdos con terceros (Caja de Compensación) sobre actividades de bienestar y recreación, establecer reglas de duración mínima

de descanso en la jornada laboral y, obligar a acuerdos con el Sindicato sobre actividades y su posibilidad de

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Radicación n.° 94098 acumulación en un lapso anual, lo cual desconoce la facultad del empleador de acordar o no con terceros las manifestaciones de bienestar y recreación de los trabajadores, determinar la duración del descanso, y cumplir las reglas del artículo 21 de la Ley 50 de 1990. Aspectos que considera, no pueden ser impuestos por un tribunal, pues no lo podría hacer, ya que desconocería los derechos previstos por la ley y la constitución. Por último, en cuanto al artículo 48°, denominado normalidad, reitera que el Tribunal no es competente para resolver, por cuanto parte de una premisa, que la negociación colectiva es una anormalidad laboral que debe restablecerse con su finalización, cuando en realidad es un derecho de empleadores y trabajadores, de naturaleza constitucional, establecido para resolver diferendos económicos o de intereses, de manera que lo que pase antes, durante o después del mismo, no compete a la decisión arbitral, por lo que no hay lugar a su devolución. Adicionalmente refiere, que las reglas de comportamiento entre empleador y sus trabajadores sindicalizados están preordenadas legalmente, por lo que, reglas de no represalias no acogidas en un tribunal de arbitramento son inanes, ni conducen a la devolución a los árbitros. Afirmación que soporta en decisión CSJ SL, 26 oct. 2022, rad. 91536. e. Consideraciones

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Radicación n.° 94098

Respecto del primer aspecto objeto de la impugnación elevada por la organización sindical, relacionado con la competenc