CSJ - SL2857-2023

GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente SL2857-2023 Radicación n.° 94307 Acta 31 Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por ELISA MERCEDES MONTERO TRIANA, contra la sentencia proferida por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el 5 de mayo de 2021, en el proceso que instauró contra SUPERTIENDAS Y

DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A.

Se admite el impedimento presentado por la magistrada Dra. Marjorie Zúñiga Romero, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 141 del Código General del Proceso (PDF No. 12 Cdno. de la Corte Exp. Digital).

I. ANTECEDENTES Elisa Mercedes Montero Triana llamó a juicio a Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo, que finalizó

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Radicación n.° 94307 sin justa causa. En consecuencia, solicitó el reintegro al cargo que desempeñaba, o uno de igual o superior jerarquía, junto con el pago de salarios, cesantías y sus intereses, vacaciones, primas de servicio, auxilio de transporte y dotación, dejados de percibir desde el momento de su despido hasta que se haga efectivo el reintegro; así mismo, pidió condena en costas. En subsidio, solicitó el reconocimiento y pago de la indemnización de que trata el

artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo (fls. 1 al 8 Exp. Digital). Fundó sus aspiraciones en que laboró para la accionada mediante un contrato a término indefinido desde el 12 de mayo de 1996 hasta el 19 de marzo de 2015, cuando fue despedida sin justa causa; el último cargo que ocupó fue el de «RECIBIDOR en el negocio SAO 1251», y que durante todo el tiempo que estuvo vigente la relación laboral, nunca le llamaron la atención; por el contrario, demostró haber sido una trabajadora eficiente, idónea, responsable y honesta. Relató, que el 6 de marzo de 2015, le dio «ingreso en el sistema SAP con nota de entrega 0812036870 a seis (6) televisores, pero físicamente solo entran cinco (5)», equivocación que se produjo por «no verificar por segunda vez que la mercancía ingresada al sistema sea la misma que entra físicamente, y (…) porque confió plenamente que su compañero de trabajo ingresó en su totalidad la mercancía»; que pese a lo anterior, subsanó de manera inmediata el descuido, «dándole entrada físicamente al televisor que por error involuntario se había quedado en el vehículo».

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Radicación n.° 94307 Narró, que el 11 de marzo siguiente, incurrió «en un error de Confusión de Código, porque habían dos tipos de mercancía que coincidían sus tres últimos dígitos con números iguales[,] y su error consistió simplemente en chulear el código de barras errado»; dijo, que al percatarse del producto faltante, llamó en seguida a su

compañero de trabajo «y le preguntó por la nevera, pero como ella había dado un código de barra diferente[,] el (sic) le respondió que efectivamente dicho artículo había ingresado físicamente». Admitió, que frente a este hecho «incurrió en error al no elaborar el reporte». Manifestó, que con las anteriores faltas no persiguió ningún tipo de beneficios, y que las mismas se subsanaban con la realización de inventarios y cruces contables con seguridad. Afirmó, que el 19 de marzo de 2015, se llevó a cabo la diligencia de descargos en la que no le respetaron sus derechos al debido proceso, defensa y contradicción. Agregó, que la accionada no le practicó los exámenes médicos de egreso, y justificó su decisión en unas causas que no están descritas en el Estatuto Laboral ni en el reglamento interno de trabajo. Anotó que devengó un último salario por valor de $1.477.566. Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. se opuso a las pretensiones, y admitió la existencia del vínculo laboral, la modalidad, los extremos temporales, el cargo, el salario, el error en que incurrió la actora al «no elaborar el reporte», y la diligencia de descargos (fls. 72 al 87 Exp. Digital). Señaló, que los reportes de auditorías, los informes de seguridad y el acta de descargos, exhiben que la terminación

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Radicación n.° 94307 del contrato no fue arbitraria. Expuso, que la negligencia o la desidia en el ejercicio de las funciones que le encomendó a la

accionante no pueden ser consideradas como un error involuntario; que bastaba con analizar la referida acta y lo descrito en el hecho décimo, para encontrar configurada la confesión de la actora al reconocer el error que cometió de cara a las funciones que le fueron asignadas como recibidora, entre ellas, la de verificar personalmente que la mercancía que ingresaba a la bodega correspondía a las especificaciones dadas en las órdenes de compra. Dijo, que el video de seguridad que adjuntó, daba cuenta de que aquella permitió el ingreso de 5 televisores «sin verificar la cantidad de lo que establecen los documentos». Negó que la promotora del litigio hubiera corregido de manera inmediata la falta que cometió con respecto al televisor; esto, como quiera que la gerente de la sede STO 253 Codazzi, se comunicó con el gerente del negocio SAO 251donde trabajaba la actora-, para recomendarle que «verificará en su inventario el faltante de un televisor LED LG 80 CM HD 32LD58OD, toda vez que el vehículo de placas SPL279 que tenía la ruta de despachos dela (sic) Bodega 8029 de SAO 251 y STO 253, después de verificar la mercancía que debía recibir ese negocio, existía el sobrante de ese televisor»; así pues, tras examinar lo anterior, confirmó que el electrodoméstico que faltaba «correspondía al que omitió recibir la actora». Anotó, que si la gerente del municipio de Codazzi no hubiera intervenido de forma oportuna, se habría perdido el electrodoméstico que llegó hasta ese municipio.

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Radicación n.° 94307 Afirmó, que similar situación ocurrió con el ingreso de la nevera que no se despachó físicamente, dado que la actora «debió realizar o efectuar la novedad de recorte correspondiente y no lo hizo». Dijo, que si el recibidor es lo suficientemente cuidadoso con las actividades que realiza, puede enmendar ese tipo de equivocaciones, previo registro adecuado y oportuno de las inconsistencias presentadas al momento de recepcionar la mercancía. Explicó, que según el instructivo de la empresa, cuando existe un error en las órdenes de compra, los recibidores cuentan con 48 horas para diligenciar las novedades en los formatos con código de FESA 20789, y los de control de novedades de mercancía almacén, mismos que la actora no tramitó. Dijo, que la accionante en la diligencia de descargos reconoció haber faltado a las funciones propias del cargo que ostentó, las que no podía delegar a terceras personas, y admitió, que recibió inducción sobre los procedimientos de recibo; luego, sabía que podía remediar las faltas de acuerdo con el diligenciamiento de los formatos preestablecidos, pero su desidia y negligencia puso en peligro la seguridad de la mercancía. En su defensa, formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, buena fe, pago, compensación, cobro de lo no debido, caducidad y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante fallo de 28 de noviembre de 2016, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, resolvió:

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Radicación n.° 94307

1.- SE DECLARA LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO

ENTRE LA TRABAJADORA ELISA MERCEDES MONTERO TRIANA

Y SU EMPLEADORA SUEPERTIENFDAS (sic) Y DROGUIEAIAS (sic)

OLIMPICAS (sic) S.A. 2SE DECLARAN PROBADAS LAS

EXCEPCONES DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, BUENA FE,

PAGO, COMPENSACIÓN, COBRO DE LO NO DEBIDO, LAS

RESTANTES EXCEPCIONES POR SUSTRACCIÓN DE MATERIA NO

SERÁN ANALIZADAS. 3. SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA.

(fl. 138 Exp. Digital).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La demandante apeló; el Tribunal mediante proveído de 5 de mayo de 2021, confirmó la decisión de primer grado.

Impuso costas a la vencida (fls. 13 a 19 Cdno. 2, Exp. Digital). En lo que interesa al recurso de casación, centró el problema jurídico en definir si el despido de la demandante estuvo fundado en razones justas. Para ello, memoró que esta Sala tiene definido que, en casos como el presente, es necesario que el trabajador acredite la terminación del nexo, para imponer sobre el patrono la obligación de probar que su decisión estuvo amparada en la ley (CSJ SL1680-2019). Del estudio de las pruebas, encontró acreditado que la demandante satisfizo la obligación que recaía sobre ella, como quiera que a folio 14, obraba la carta de despido que el

jefe de relaciones laborales de la demandada le entregó el 19 de marzo de 2015. Afirmó, que la documental en cita, exhibía que la accionada fundó su decisión en los numerales 4 y 6, literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con los numerales 1 y 5 del artículo 58 ibídem,

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Radicación n.° 94307 el reglamento interno de trabajo, y el manual de funciones adoptado para el cargo de recibidor. Así mismo, de la aludida prueba destacó, que la llamada a juicio justificó la finalización del contrato en cuanto que la accionante «violó normas y procedimientos establecidos para el normal desarrollo de las actividades convenidas, las cuales eran de su pleno conocimiento, por haber incurrido en graves omisiones, descuido e inaplicación de los procedimientos de recepción de mercancía bajo su manejo y cuidado». Que esto, se debió a que aquella dio ingreso en el sistema SAP a seis unidades de televisores Led LG de 80 cm, sin embargo, en físico solo recibió cinco, y a los días siguientes, ingresó una nevera marca Haceb APP 674 4P PLATA, que estaba cargada en la guía de despacho desde la bodega 8029, omitiendo reportar la novedad de recorte, otorgándole ingreso físico al electrodoméstico e incumpliendo de nuevo los procedimientos. Memoró, que el numeral 6 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, faculta al empleador para terminar de forma unilateral el contrato cuando encuentre probada «“cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales

que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos”». Así pues, indicó que el análisis del acta de descargos y del interrogatorio de parte absuelto por la actora (fls. 15 al 19 y 133), permitía colegir que las causas invocadas estaban debidamente demostradas, dado que fue ella misma quien «confesó expresamente haber cometido omisiones

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Radicación n.° 94307 en el procedimiento de ingreso de mercancía al negocio[,] y no seguir el protocolo de manual de funciones». Al respecto, precisó que el manual en cita (fls. 27 y 28), estipulaba que eran deberes de los recibidores, entre otros, el de registrar la novedad de recibo de los pedidos faltantes, las devoluciones de los artículos no solicitados, que estuvieran en mal estado, vencidos o próximos a vencerse, o que no tuvieran buena presentación, así como la de poner el sello de novedad en el recibo original y en la copia. También, debían informar oportunamente a su jefe inmediato las anomalías detectadas en el proceso de recepción de pedidos, los daños o rarezas detectadas en los equipos, implementos de trabajo e instalaciones locativas del área de recibo de mercancía, y responder por la seguridad de esta durante el proceso de recepción de pedidos. De otra parte, anotó que el numeral 7 del artículo 59 del reglamento interno de trabajo (fl. 52), establece como falta

grave y constitutiva de terminación del contrato «cualquier acto grave de negligencia, descuido u omisión en que incurra el trabajador en el ejercicio de las funciones propias de su cargo». Por lo expuesto, infirió que los hechos que motivaron el despido de la actora encuadran en las causas previstas en el numeral 6, literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, y el numeral 7 del art. 59 del reglamento interno del trabajo, razón suficiente para confirmar el proveído que puso fin a la instancia inicial.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Mediante la formulación de dos cargos, replicados en tiempo, pretende que la Corte «CASE PARCIALMENTE» el fallo gravado, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, acceda a las pretensiones que motivaron la demanda inicial.

VI. CARGO PRIMERO Denuncia la violación indirecta por aplicación indebida de los artículos 62-6, 58, 60, 104 y 107 del Código Sustantivo de Trabajo; «numeral 7 del Art. 59 del reglamento interno del trabajo»; 29 y 83 de la Constitución Política, y 211 del Código General del Proceso «como violación de medio».

Enlista los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada terminó con

justa causa el contrato de trabajo que la vinculó con la actora.

2. Dar por demostrado, sin estarlo[,] que en el reglamento interno de trabajo estaban contempladas varias conductas que constituían faltas graves y que dentro de esas se encontraba las incurridas por mi representada” (sic).

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la actora en la diligencia de descargos y en los audio[s] del interrogatorio absueltos (sic); la

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Radicación n.° 94307 conducta imputada a mi representada para la terminación de su contrato está debidamente demostrada por el simple hecho de haber confesado mi representada sus errores.

4. No dar por demostrado, estándolo, que en la diligencia de descargos mi poderdante no aceptó nunca los cargos que se le formularon y, menos en el interrogatorio[,] por el contrario, siempre los contradijo.

5. En dar por demostrado, sin estarlo, que la empleadora cumplió con la obligación de probar la “falta grave” que le fue imputada a mi poderdante.

6. En dar por demostrado, sin estarlo, que en el Manual de funciones del cargo de recibidoras se podía establecer causales graves para dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa.

7. No dar por demostrado[,] estándolo, que mi representada fue nombrada en el cargo de vendedora general y no en el cargo de

RECIBIDOR SAO.

8. No dar por demostrado[,] estándolo[,] que mi representada fue despedida para un cargo [en el] que ella nunca fue nombrada.

(Negrilla del texto original).

Como pruebas mal apreciadas, denuncia el reglamento interno del trabajo (fls. 34 al 57), el acta de descargos (fls. 15 al 19) y el manual de funciones (fls. 25 al 33) y, como pruebas no valoradas, acusa el contrato individual de trabajo. A título de pruebas no calificadas, acusa los testimonios de Efraín José Oñate Socarras y Laudith Esther Soto Guerrero, y el interrogatorio de parte absuelto por la demandante. Menciona, que el numeral 7 del art. 59 del reglamento interno de trabajo, establece como falta grave «cualquier “Acto Grave de negligencia”, descuido u omisión en que incurra el trabajador en el ejercicio de las funciones propias de su cargo»; no obstante, arguye que tal presupuesto no cumple con los

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Radicación n.° 94307 lineamientos legales ni jurisprudenciales fijados por esta Sala, toda vez que «no se puede establecer en falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos en forma general o abstractas como está establecida en dicho reglamento y como equivocadamente fue valorada»; dice que ello, sería permitir «que todos los empleadores establezcan en forma general y abstractas (sic) faltas graves[,] y así decir que cualquier error o falta en que incurra un trabajador para ellos constituye falta grave». (Subraya y negrilla del texto original). Critica al Tribunal por apreciar de manera equivocada el reglamento interno de trabajo, y no detenerse a verificar que los errores que le fueron imputados «no están allí tipificado[s]

en forma individualizada y concreta como falta grave». Copias apartes del proveído CSJ SL499-2013, y menciona que la prueba en cita no contiene el procedimiento que la empresa debe seguir para imponer a sus trabajadores sanciones cuando estos incurren en faltas; luego, afirma, que fue desproporcionada la medida que le impuso «de un solo tajo». Arguye, que tal decisión luce aún más equivocada, si se tiene presente que el gerente de la demandada a la pregunta de si ¿sabe usted si en el RIT estaban registradas como faltas graves las conductas que le fueron atribuidas?, respondió «NO, pero que estaban establecidas en el manual de funciones», prueba que, por demás, no contiene ningún tipo de sanción. Afirma, que el debido análisis del primer elemento de juicio le habría permitido al juez de alzada proceder a la revocatoria del fallo de primer nivel.

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Radicación n.° 94307 Se duele el censor de que el Tribunal hubiera colegido del acta de descargos y de lo expuesto en la diligencia de parte, que confesó la comisión de un error en el ejercicio de sus funciones durante los 19 años en que laboró, y «sobre todo en el cargo que desempeñaba de RECIBIDOR DE MERCANCIA». Dice, que la testigo Laudith Soto Guerrero, compañera de trabajo, dio cuenta de las considerables cantidades de mercancía que se recibían a diario, las que podían hacer incurrir en error a cualquiera persona; precisamente, por esto último, es que a la conducta imputada «no se le puede asignar la CATEGORIA DE

GRAVE». (Negrilla del texto original). Esgrime, que el juez colegiado se limitó a afirmar que en el interrogatorio de parte y la diligencia de descargos admitió los errores acusados, y «sin fundamentación alguna (…) manifiesta en forma olímpica y caprichosa que estamos frente a una FALTA GRAVE», ignorando que para que una conducta adquiera tal connotación, es necesario que esté unificada en «pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos», y no en un reglamento interno. Menciona, que situación similar ocurre con el manual de funciones, pues basta con analizarlo para colegir que no registra nada que tuviera relación con una falta grave; por el contrario, lo único que de él emerge son las funciones, responsabilidades, condiciones ambientales y requisitos del puesto de trabajo. Critica al Tribunal por haber enunciado algunas de las funciones que le fueron asignadas, y no tener presente que durante la vigencia del nexo cumplió los deberes que le fueron impuestos; incluso, «ni siquiera se

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Radicación n.° 94307 pronuncia con las innumerables inconformidades por parte de la demandante que ella fue NOMBRADA como VENDEDORA GENERAL y nunca le fue cambiado su contrato de trabajo y fue DESPEDIDA COMO

RECIBIDOR SAO».

Dice, que si el Tribunal hubiera valorado el contrato de trabajo, habría advertido que la accionante inició labores al servicio de la enjuiciada como «VENDEDORA GENERAL»; luego, el incumplimiento de las funciones impuestas al finalizar el

nexo, conforme lo descrito en la misiva de despido, no tiene ningún sustento legal.

VII. CARGO SEGUNDO Denuncia la violación directa, por aplicación indebida de los numerales 4 y 6 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, e infracción directa de los artículos 58 y 60 ibídem.

Explica, que el literal a), numeral 6 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, trae dos hipótesis en las que se configura una justa causa; la primera, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 ibídem, supuesto en el que le corresponde al juez evaluar la conducta y, la segunda, cualquier falta grave calificada en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos de trabajo, o reglamentos.

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Radicación n.° 94307 Arguye, que el ad quem le dio un alcance equivocado a la disposición referida, como quiera que «con solo realizarle una simple imputación, por ese solo hecho considera que el despido es justo, sin determinar o precisar si las faltas incurridas por mi representadas (sic) revisten la magnitud de considerarlas Como FALTAS GRAVES». Afirma, que lo único que hizo fue citar tal disposición, pero «sin convencer jurídicamente al demandante» en que efectivamente incurrió en algunas de las causales de que tratan los artículos 58 y 60 del Estatuto Laboral. Manifiesta, que como el fallador de segundo grado no definió la gravedad de las faltas, no podía entonces aplicar lo

dispuesto en el literal a), numeral 6 del artículo 62 Estatuto Laboral, de suerte que «queda sin justificación ni legitimidad el despido del (sic) mi representada», y añade: Las causales mencionadas en los artículos 58 y 60 del C.S.T. que establecen, respectivamente, las obligaciones especiales del trabajador y las prohibiciones a los trabajadores requiere la selección de la norma que debe aplicarse. Ello supone determinar la gravedad de las faltas imputadas teniendo en cuenta cada una de las obligaciones del trabajador reseñadas en la norma y la modalidad de la falta o defecto en el comportamiento laboral, lo que no se atendió por el sentenciador. Este desatino lógicamente generó la aplicación indebida de las normas referenciadas porque les hicieron producir consecuencias jurídicas contrarias a la ley. […] Precisamente fue lo que aconteció en el caso de marras, que mi representada en el ejercicio de sus funciones incurre en dos errores propios de su actividad diaria, por lo que no se le puede dar la connotación de FALTAS GRAVES, como obligatoriamente lo pretende hacer ver y creer el Juez Colegiado. (Subrayado y resaltado del texto original).

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VIII. LA RÉPLICA Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. esgrime, que la acusación está llamada al fracaso si se tiene presente que el alcance de la impugnación está mal formulado, puesto que solicita se case parcialmente el fallo confutado, y no advierte qué parte de la decisión pretende se destruya. Menciona, que

la declaración de parte no es un elemento de juicio calificado en casación, pues lo que constituye una prueba válida es la confesión de los hechos que hubiera dado en perjuicio suyo. Esgrime, que la sustentación al primer cargo se asemeja más a un alegato de instancia, por cuanto no indica cuál es la distorsión o cambio que el Tribunal le introdujo al texto de alguna de las pruebas que vincula la acusación. Sostiene, que contrario a lo afirmado por la recurrente, el Tribunal si tuvo en cuenta el contrato de trabajo, tan es así que confirmó la declaratoria de existencia de este, y que el análisis al acta de descargos, permite evidenciar al momento en que a la demandante fue acusada de las faltas, ocupaba el cargo de recibidor Afirma, que las conductas imputadas a la actora para finalizar el contrato se encuentran tipificadas en el artículo 59 del reglamento interno de trabajo; que si bien, «adelante se regresa sobre la condición de gravedad de la negligencia u omisión», tal calificativo es competencia del juez, quien para el caso de marras lo halló probado «cuando aceptó que la conducta u omisión de la demandante resulta grave»; que tal situación es acertada, en tanto se trató de una conducta repetida en corto tiempo que

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Radicación n.° 94307 carece de explicación y le genera un daño pecuniario a la empresa, aunado a que omitió informar al jefe inmediato. Menciona, que la sentencia confutada luce correcta, como quiera que los hechos que condujeron al despido están debidamente demostrados, más si la accionante los admitió,

justificando su falta con sustento en que «es un ser humano», hecho que, si bien es cierto, no tiene la contundencia para disculpar las reiteradas omisiones que generaron perjuicios al empleador.

IX. CONSIDERACIONES De entrada, importa precisar, que si bien le asiste razón a la opositora al señalar que el alcance de la impugnación está planteado de manera deficiente, en tanto solicita la casación parcial del fallo confutado, sin advertir frente a qué aspectos debe hacerse tal pronunciamiento, dicha impropiedad no impide el conocimiento de fondo de la acusación, toda vez que por los fines perseguidos a través de la sustentación del recurso, la Sala entiende que lo que pretende la recurrente es que se case el fallo gravado en su totalidad, para que, constituida en sede de instancia, se revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, se acceda a las pretensiones invocadas en la demanda inicial.

Puestas así las cosas, lo descrito en precedencia insta a esta Sala a definir si el juez de alzada erró al concluir que el despido de la actora se encuadra en el literal a), numeral 6 del art. 62 del Estatuto Laboral, en concordancia con los

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Radicación n.° 94307 numerales 1 y 5 del artículo 58 ibídem, y el numeral 7 del art. 59 del reglamento interno, en tanto encontró probado que incurrió en unas faltas graves al ignorar el procedimiento de ingreso de mercancía, o si, por el contrario, la terminación del vínculo devino injusta, puesto que ningún elemento de

juicio permite inferir que la comisión de su conducta tiene la tonalidad de grave, al punto de justificar la terminación del contrato laboral. Previo a ello, debe destacarse que si bien el juez colegiado no se ocupó por confirmar el cargo que la actora desempeñaba en que finalizó el nexo contractual, ello se debe a que desde la instancia inicial no se discutió entre las partes que el último que aquella ocupó era el de “recibidora”. Lo advertido, por cuanto así lo mencionó en el hecho séptimo del escrito inicial, en la diligencia de descargos, y en el interrogatorio de parte que absolvió, pues como se evidenciará más adelante, gran parte de sus relatos los direccionó a justificar las faltas que le achacaron en razón a las funciones que le encomendaron en tal oficio, aunado a que a la pregunta de «¿El cargo de jefe recibidor durante que tiempo lo realizó usted?», dijo «aproximadamente 5 años». En ese orden, la omisión en la valoración al contrato individual de trabajo, en perspectiva de identificar el cargo que ocupó al momento en que inició la relación, esto es, el de “vendedora general”, no tiene acogida por esta Sala para los fines del recurso, pues tal intención desconoce lo que a lo largo del proceso admitió; así pues, el problema jurídico planteado se resolverá en perspectiva del eventual

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Radicación n.° 94307 incumplimiento de las funciones que la accionada le invocó en virtud de esta ocupación. Para resolver si es posible entender, como lo hizo el Tribunal, que el despido se tornó justo conforme las normas

previstas en el reglamento interno de trabajo, se analizará: i) las condiciones para que las faltas graves contempladas en esos instrumentos tengan la virtud de soportar la finalización del nexo laboral con justa causa; ii) las facultades de apreciación del juez, y iii) el caso en concreto. i). Faltas graves en el reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo es un documento que el legislador le permitió al patrono crear para la implementación de normas internas que rijan las relaciones laborales, siempre y cuando no afecten los derechos mínimos de los trabajadores (artículo 104 del Estatuto Laboral). Dicho texto, hace parte del contrato individual de cada trabajador, y marca la pauta para resolver los conflictos internos que se llegaren a presentar en ejecución de aquellos; por su relevancia, el empleador debe incluir en él los aspectos que prevé el artículo 105 del Estatuto Laboral, entre los que se encuentra el salario mínimo legal o convencional, los días de pago y descanso, el horario, el orden jerárquico, las obligaciones y prohibiciones especiales para las partes de la relación, la escala de faltas y procedimientos para su

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Radicación n.° 94307 comprobación, y escala de sanciones disciplinarias y forma de aplicación de ellas, entre otros. Para los fines del presente recurso, resulta procedente recordar que las posibilidades que justifican un despido con justa causa, es en principio, que el trabajador vulnere alguna de las obligaciones y prohibiciones especiales determinadas en la ley, o en segundo orden, que incurra en una de las faltas

graves calificadas como tal en los instrumentos que rigen a las partes. La gravedad de una falta deviene, por lo general, de la naturaleza intrínseca del hecho, o de su reiteración, que como bien se mencionó, al patrono le está permitido definirlas en el reglamento interno para efectos de despedir con justicia al servidor que en ellas incurre, circunstancia que, por sí sola, no puede tenerse como lesiva de los intereses del asalariado, en tanto se convierte en un elemento que lo obliga a extremar su prudencia en el desempeño del cargo, pues de antemano sabe que su comportamiento, calificado como grave, puede conllevar la finalización del vínculo. Es por ello, que cualquier incumplimiento del contrato por parte del empleado no es causa de despido, salvo que así lo haya dispuesto el patrono en el reglamento interno. En ese orden, y en virtud del deber de lealtad y sujeción al principio de buena fe, presentes en las relaciones de trabajo, en las que prima el respeto y los actos liados de transparencia, es que las cláusulas o normas que sirvan al despido justificado deben, en principio, evitar situaciones

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Radicación n.° 94307 genéricas, oscuras e imprecisas, entendidas, según la RAE como «común a varias especies», «falto de claridad», y «no preciso, vago e indefinido», en su orden, puesto que con ellas lo que se busca es, precisamente, gestar el móvil para agotar el nexo laboral. ii) Facultades de apreciación del juez.

Efectivamente, como lo afirma la censura, el citado literal a), numeral 6 del artículo 62, comprende dos hipótesis para que se configure la justa causa motivo de terminación del contrato por parte del empleador; la primera, que se