CSJ - SL2910-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2910-2023 Radicación n.° 91221 Acta 44 Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por LILIA AMANDA MANRIQUE BECERRA contra la sentencia proferida el 5 de febrero de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que fue adicionada el 11 de marzo de igual año, en el proceso ordinario laboral que la recurrente promueve contra el

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES LIQUIDADO, representado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE

DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A.

Se reconoce personería a la abogada Vanessa Fernanda Garreta Jaramillo, identificada con la cédula de ciudadanía 1.085.897.821 y portadora de la tarjeta profesional 212.712 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada

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Radicación n.° 91221 judicial de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder allegado a esta corporación.

I. ANTECEDENTES Lilia Amanda Manrique Becerra llamó a juicio a la accionada, con el fin de que se declare que existió un contrato de trabajo a término indefinido con el Instituto de Seguros Sociales, el cual se desarrolló del 27 de julio de 2006 al 30 de noviembre de 2012, y finalizó por decisión «injusta» del

empleador; que es beneficiaria de la convención colectiva de trabajo; que no fue afiliada al sistema de seguridad social integral; que la empleadora actuó de mala fe; que le asiste derecho a que le cancelen los «dineros correspondientes al plan de retiro CONSENSUADO»; y que «no ha operado la prescripción por aplicación del principio in dubio pro operario». Como consecuencia de lo anterior, solicita que se condene a la demandada a cancelar las prestaciones y vacaciones tanto legales como extralegales; las cesantías y sus intereses convencionales de forma retroactiva, en su defecto, conforme a la ley; el incremento salarial; los «dineros correspondientes al plan de retiro consensuado»; la prima técnica; los aportes en materia pensional; la indemnización moratoria establecida en el Decreto 797 de 1949; la sanción prevista en la «Ley 244 de 1995» o, en su lugar, la consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990; la indexación; lo que resulte probado ultra o extra petita; y las costas del proceso.

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Radicación n.° 91221 En subsidio, en el evento de estimar que existe alguna incompatibilidad entre las prestaciones extralegales con las legales, solicitó se sufraguen estas últimas; así como la cancelación de la indemnización por despido injusto; y el rembolso del «valor de lo pagado por aportes». Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que a través de sucesivos contratos de prestación de servicios laboró para el ISS del 27 de julio de 2006 al 30 de noviembre de 2012; que las actividades las cumplió en las oficinas de

esa entidad y siguiendo las instrucciones de la contratante, quien le suministraba los elementos de labor; y que tenía un horario de trabajo. Expuso que debía efectuar los aportes en materia de seguridad social como trabajadora independiente; que le practicaban retención en la fuente; que no le cancelaron las prestaciones legales y extralegales; que el nexo laboral finalizó de manera injusta pero no le fue cubierta la correspondiente indemnización ni se le ofreció el plan de retiro consensuado; que en el ISS existía un sindicato mayoritario; y que esa entidad entró en proceso de liquidación. Agregó que el 27 de noviembre de 2015, «con radicación P.A.R.I.S.S. No. 026253 de 2015 mi poderdante realizó la reclamación administrativa» de sus acreencias laborales, en la que también pidió una certificación laboral y copia de los contratos; y que a esa solicitud se dio contestación el 14 de

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Radicación n.° 91221 marzo de 2016, en la que el ISS en liquidación le entregó una «certificación laboral». El Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales Liquidado, representado por la Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. – Fiduagraria S.A. al dar respuesta a la demanda se opuso a las súplicas incoadas. Respecto a los hechos, aceptó la supresión del ISS; y de los restantes manifestó que no le constaban. En su defensa, sostuvo que solo respondería por lo estipulado en el contrato de fiducia mercantil; y que

conforme a la documental allegada la promotora del proceso fungió como contratista, de modo que no era dable el reconocimiento de los derechos laborales invocados. Propuso como excepciones de fondo las de falta de reclamación administrativa al no obrar el documento que acreditara que se cumplió con ese requisito; prescripción; inexistencia de la obligación; carencia de derecho; inexistencia de contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios con la sociedad accionada; cobro de lo no debido; buena fe; improcedencia del pago de la indemnización moratoria con posterioridad al proceso de liquidación; compensación y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga mediante sentencia del 6 de noviembre de

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Radicación n.° 91221 2018, decidió: PRIMERO: DECLÁRESE que entre el ahora liquidado INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la señora LILIA AMANDA MANRIQUE BECERRA existió un único contrato de trabajo a término indefinido en el que aquella se desempeñó como Contador Público, el cual permaneció vigente entre el 27 de julio de 2006 y el 30 de noviembre de 2012.

SEGUNDO: DECLÁRESE PRÓSPERA y FUNDADA la excepción de PRESCRIPCIÓN como fuera formulada por el extremo pasivo, esta que se extiende sobre la totalidad de las pretensiones, excepto, sobre el pago de los aportes al Sistema de Seguridad

Social en Pensiones.

TERCERO: CONDÉNESE al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE

REMANENTES del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, administrado través de la a FIDUAGRARIA, a pagar a favor de la señora LILIA AMANDA MANRIQUE BECERRA, la suma que arroje el correspondiente cálculo actuarial que para tales efectos expida la Administradora de Pensiones a la que se encuentre actualmente afiliada la demandante, o la que sea de su elección, esta misma a través de la cual se efectuará dicho pago. Este cálculo actuarial será liquidado para el periodo comprendido entre el 27 de julio de 2006 al 30 de noviembre de 2012, liquidado conforme a la siguiente tabla de remuneraciones:

AÑO SALARIO

2006 $2.105.247 2007 $2.199.562 2008 $2.324.717 2009 $2.503.023 2010 $2.553.083 2011 $2.634.016 2012 $2.765.717

CUARTO: ABSUÉLVASE al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, de los demás cargos formulados en su contra.

QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia.

SEXTO: ORDÉNESE la CONSULTA de esta decisión.

SÉPTIMO: ADVIÉRTASE que contra la presente providencia procede el recurso de APELACIÓN.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga con sentencia del 5 de febrero de 2020, al desatar el recurso de apelación interpuesto por ambas partes y el grado jurisdiccional de consulta a favor de

la demandada, resolvió: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia consultada y apelada, salvo los ORDINALES PRIMERO que se modifica y TERCERO que se revoca por las razones expuestas en la motiva. En su lugar se dispone: PRIMERO: Declarar que entre el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES hoy liquidado y la demandante existieron dos contratos de trabajo con extremos temporales entre el 27 de julio de 2006 y el 31 de diciembre de 2007 y entre el 5 de febrero de 2008 hasta el 30 de noviembre de 2012.

SEGUNDO: conforme a la dicho en la motiva.

TERCERO: Sin costas en esta instancia ante el grado jurisdiccional de CONSULTA surtido.

Luego, a petición de la parte actora, en audiencia celebrada el 11 de marzo de 2020, se adicionó la sentencia en los siguientes términos: PRIMERO: Se ADICIONA el ordinal PRIMERO de la sentencia del 5 de febrero de 2019, proferida por esta Sala de Decisión que a su vez dispuso REVOCAR el ordinal TERCERO de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga el 6 de noviembre de 2018, en el sentido de negar el reembolso de los aportes a los SGSSP y SGSSS a la demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. El juez plural indicó que le correspondía resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes y el grado jurisdiccional de consulta a favor de la accionada.

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Radicación n.° 91221 Adujo, en primer lugar, que se pronunciaría frente la solicitud de pruebas que presentó la parte actora en el curso de la segunda instancia (f.o 566), tendiente a que el juez de alzada decretara de oficio y tuviera como medio de convicción la reclamación administrativa que se allegó en la segunda instancia. Frente a esa petición, el juez colegiado expresó que el proceso laboral tiene unas etapas probatorias, como lo son la demanda inaugural y su contestación, incidentes y las pruebas que se decreten en virtud del artículo 54 del CPTSS, adicionalmente, el colegiado puede ordenar probanzas si se cumplen los presupuestos de los artículos 83 y 84 ibídem, empero, consideró que no se satisfacían esas exigencias, en tanto no se trataban de pruebas decretadas y no practicadas sin culpa de las partes, pues lo que ocurría era que se pretendía sorprender a la accionada, vulnerando su derecho de contradicción y defensa. Expresó que las pruebas de oficio no tenían por finalidad suplir la inactividad de las partes, su incuria o descuido, sino esclarecer puntos oscuros del proceso; sin embargo, reiteró que no se cumplía con tal presupuesto y, por consiguiente, negó lo peticionado respecto a tener como pruebas los documentos allegados en la alzada. En lo que respecta al fondo del asunto, se refirió a lo pretendido en la demanda inicial, su respuesta y el fallo de primer grado, del cual resaltó que el a quo se remitió a la documental de folio 71 a 75, que tenía como fecha 27 de

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Radicación n.° 91221 noviembre de 2015, y consideró que ese escrito no podía tenerse como una reclamación, en tanto carecía de constancia de recibido por la parte accionada, de modo que, si el contrato de trabajo finalizó el 30 de noviembre de 2012 y los 90 días se cumplieron el 28 de febrero de 2013, a partir de ese momento empezó a correr la prescripción, sin embargo, la demanda introductoria solo se presentó en noviembre de 2016, razón por la cual estaban prescritos todos los emolumentos, salvo los aportes a seguridad social por su carácter de imprescriptibles. Aludió a los argumentos expuestos por las partes en las apelaciones y consideró que, acorde con el artículo 66A del CPTSS, le correspondía resolver si existió un contrato de trabajo realidad, si fue un solo nexo o varios, si se consolidó la prescripción, si hubo o no reclamación administrativa y, finalmente, si era dable condenar al cálculo actuarial. Respecto a la primera temática estimó que, en efecto, hubo una relación de naturaleza laboral, en tanto se probó la prestación personal del servicio, por lo que operó la presunción contenida en el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945, adicional a ello de la prueba testimonial se desprendía que la demandante cumplía un horario, estaba sometida a controles, era objeto de llamados de atención, no tenía autonomía en las tareas a su cargo, las actividades las cumplía con los elementos proporcionados por el ISS, no podía ausentarse sin permiso y era destinataria de turnos de

descansos compensatorios, aspectos que se corroboraban con los documentos obrantes 257 a 268.

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Radicación n.° 91221 En cuanto a si hubo un solo contrato de trabajo o varios, infirió que se dieron intervalos breves, inferiores a un mes, que debían tenerse como aparentes o formales, sobre todo cuando en el expediente se advertía la intención real de las partes de dar continuidad al vínculo laboral, tal como se expresó en la sentencia CSJ SL981-2019. Sin embargo, al analizar las pruebas del proceso, razonó que existieron dos contratos de trabajo, pues en el año 2008 hubo una interrupción de un mes y cuatro días, sin que los testigos hubieran dado cuenta que en ese periodo la actora prestó sus servicios al ISS, de allí que estimó que era del caso declarar dichos nexos, uno del 27 de julio 2006 al 31 de diciembre 2007, y otro del 5 de febrero de 2008 al 30 de noviembre de 2012. En lo atinente a la prescripción, aludió a los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, y dijo que los derechos surgidos frente al primer contrato se habían extinguido. Arguyó que si bien la accionante indicó que a folios 70 a 71 constaba que efectuó una reclamación que interrumpió la prescripción, lo cierto era que allí obraba era una respuesta del 14 de marzo de 2016 a un derecho petición, bajo el radicado número 26253, documento en el cual se dijo que expedía la certificación de los convenios signados con el ISS y que para tramitar las copias de contratos de prestación

de servicios era necesario consignar unos dineros, pero sin indicar que se estaba dando respuesta a una solicitud tendiente al reconocimiento de unos derechos laborales.

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Radicación n.° 91221 El Tribunal afirmó que si bien a folio 71 militaba un escrito dirigido al ISS, este adolecía de constancia de envío y de recepción por parte de la entidad, ya fuera por correo, Servientrega o de alguna forma, a efectos de inferir que la demandada conoció del mismo, de modo que no era viable tener por acreditada la supuesta reclamación administrativa, de allí que la interrupción de la prescripción se produjo el 21 de noviembre de 2016 cuando se radicó la demanda inicial, momento para el cual ya estaban prescritos los derechos. El ad quem expresó, frente a lo peticionado por la actora en torno a que se diera aplicación al principio pro operario, en la medida que existían dos interpretaciones relativas a la prescripción, que ello no era cierto, pues su contabilización se efectúa desde el momento en que los derechos se hacen exigibles, y si bien el Consejo de Estado sostenía que una sentencia que declara la existencia de un nexo laboral era constitutiva y, por tanto, la prescripción inicia con la respectiva decisión, tal postura fue modificada, y se apoyó en diferentes pronunciamientos de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto a que las sentencias son declarativas. Finalmente, manifestó que tampoco era procedente el pago del cálculo actuarial, en tanto esta figura operaba cuando no había afiliación al Sistema de Seguridad Social en materia pensional, pero en el sub lite la accionante hizo los

respectivos aportes durante la relación laboral, de modo que no era viable mantener esa condena porque se estaría generando un enriquecimiento sin causa en favor de la

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Radicación n.° 91221 demandante y un menoscabo al patrimonio público de la demandada, siendo lo procedente reclamar la devolución de lo cancelado como independiente y que le correspondía asumir al empleador. En audiencia del 11 de marzo de 2020, al resolver la solicitud de sentencia complementaria efectuada por la actora, el juez colegiado estimó que, en efecto, no se había pronunciado respecto a la devolución de las sumas canceladas en materia pensional y de salud, pretensión subsidiaria al pago del cálculo actuarial. Empero, adujo que no era dable acceder a ese pedimento, en tanto los certificados de folios 85, 86 y 288 solo daban cuenta de la afiliación en materia pensional y salud, pero no se contaba en el expediente con las sumas canceladas por la trabajadora, para efectos de disponer su devolución en la cuantía que le correspondía asumir al empleador.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la accionante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que esta corporación case la sentencia de segundo grado y «constituida la Corte en tribunal de instancia, se revoquen los numerales segundo y cuarto de la sentencia

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Radicación n.° 91221 de primera instancia, para que, en su lugar, se ordene el

reconocimiento de las pretensiones de la demanda instaurada, confirmando en lo demás». Con tal propósito, propone dos cargos, que no son replicados, los cuales se estudiarán de manera conjunta, por denunciar similar elenco normativo, la sustentación se complementa y persiguen igual cometido.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada, por «Violación por la vía indirecta de la ley sustancial consistente en la aplicación indebida de los artículos 488 del Código Procesal del Trabajo y 151 del Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social».

En la demostración del cargo, la recurrente expresa que el Tribunal apreció «indebidamente la reclamación administrativa prejudicial realizada por la demandante al PAR ISS el 27 de noviembre de 2015, con radicación del P.A.R.I.S.S. No. 026253 del 2015, en la cual se solicitó de forma clara y expresa la definición de los derechos y acreencias laborales», y, en tales condiciones, interrumpió la prescripción desde esa calenda, situación que conllevó que diera «por demostrado, sin estarlo, que la demandante no presentó reclamación administrativa alguna a la demandada». Afirma que el juez colegiado le restó mérito probatorio a esa reclamación administrativa que efectuó la accionante el 27 de noviembre de 2015; que fue en virtud a dicha petición

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Radicación n.° 91221 que la demandada el 14 de marzo de 2016 emitió una respuesta y allegó la certificación laboral e hizo constar que se daba alcance al oficio CJ-12100-9047 del 2015, y en este

último documento se dijo que «la declaración, reconocimiento y pago de los derechos sobre los que afirma ser titular, corresponde a la autoridad judicial a la que la ley le otorgó la competencia específica para reconocer esta clase de derechos»; pero esa «Contestación que no fue entregada a mi poderdante», no obstante resulta evidente que «la demandada recibió y dio respuesta a la reclamación administrativa realizada por la demandante, interrumpiéndose la prescripción». Asevera que era obligación de la accionada dentro del proceso judicial entregar el expediente administrativo, pero esa entidad adujo que desconocía la reclamación efectiva; y que la convocada a juicio ocultó los documentos, «razón por la cual mi poderdante estuvo imposibilitada porque el PAR ISS, no se la había entregado a la fecha de la presentación de la demanda». Expone que la convocada a juicio «dividió la respuesta, a la única reclamación administrativa del 27 de noviembre de 2015» en dos partes, la primera, la que se aportó al proceso como prueba con la demanda inicial y la segunda que «no puedo allegar en la demanda porque fue devuelta por el correo del PAR ISS; que correspondía a los puntos del contrato realidad y que el ISS omitió allegarla en la prueba pedida por la suscrita en la demanda», empero tal reclamación se aportó en la segunda instancia antes de dictar la correspondiente

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Radicación n.° 91221 decisión. Manifiesta que «La reclamación administrativa presentada el 27 de noviembre de 2015 tiene plena validez

probatoria, pues fue efectivamente radicada y estudiada por la entidad demandada y por esta razón le dio contestación»; que «La radicación de dicha reclamación administrativa fue confirmada por la misma demandada, cuando remitió la prueba a mi poderdante el curso de la segunda instancia». Pasa a referirse a la prescripción, aseverando que es una sanción al titular del derecho por no ejercerlo dentro de los plazos que la ley le otorga; alude a los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS; cita un aparte de la sentencia CSJ SL4357-2019; y afirma que existe la reclamación con el sello del PAR ISS, con fecha del 7 de diciembre de 2015, respecto de la cual emitió los oficios CJ-12100-9047 del 2015 y EDG -11000-214 del 14 de marzo del 2016, es por ello que no operó la prescripción, toda vez que habiendo terminado el nexo de trabajo el 30 de noviembre de 2012, la accionada, en virtud de lo previsto en el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, contaba hasta el 28 de febrero de 2013 para cancelar las obligaciones, momento en que se hacen exigibles los derechos, de allí que habiéndose presentado la solicitud, se itera, el 27 de noviembre de 2015, con fecha de radicación 7 de diciembre siguiente, se interrumpió el término extintivo, máxime que la demanda ordinaria laboral se inició el 21 de noviembre de 2016, de modo que «NO PUEDE SER

DECRETADA LA PRESCRIPCIÓN PORQUE NO EXISTIO».

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Radicación n.° 91221 Cita un pasaje de las sentencias CC C131-2002, CC T268-2010, CC T1306-2010, CC SU768-2014 y CC C4992015; y colige «que debe prevalecer el derecho sustancial sobre el formal, así como es deber del juez laboral buscar todos los medios posibles para encontrar la verdad material dentro del proceso, no pudiéndose excusarse en meras ritualidades para evadir estudiar o decretar una prueba».

VII. CARGO SEGUNDO Es propuesto de la siguiente manera: Violación por la vía directa de la ley sustancial consistente en la interpretación errónea de los artículos 83 y 84 del Código Procesal del Trabajo y 327 del Código General del Proceso, la cual generó la aplicación indebida de los artículos 488 del Código Procesal del Trabajo y 151 del Código Sustantivo del Trabajo y la

Seguridad Social. Aduce que al dirigirse el cargo por la senda jurídica no se discuten las conclusiones fácticas del ad quem, centrando el censor su disenso en la interpretación impartida a los artículos 83 y 84 del CTPSS y 327 del CGP, que regulan la facultad del juez de apelaciones de decretar pruebas. Trascribe el artículo 31 del CPTSS en torno a los requisitos de la contestación de la demanda inicial y manifiesta que la accionada «NO ALLEGÓ la prueba habiéndosela pedido la parte demandante, en el escrito de demanda», además que obró con deslealtad procesal y «mintió al afirmar que no se había reclamado administrativamente».

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Radicación n.° 91221 Reproduce los artículos 145 ibidem y 327 del CGP y expone que la última disposición permite el decreto y práctica de las pruebas documentales que «no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria»; y arguye que la promotora del proceso «tuvo la prueba en su poder en la demanda, porque fue devuelta por el correo certificado del PAR ISS y esta desconocía esta situación, y el PAR ISS cuando se le solicitó allegar en la demanda es decir en el trámite procesal correspondiente, allegó indebidamente los documentos», omitiendo «la información». Arguye que a través de un derecho de petición obtuvo la «información» y la anexó en el curso de la segunda instancia, antes de proferir sentencia, pero el juez «se negó a considerarla». Dice que la accionada tenía en su poder la reclamación administrativa, pero no la acompañó a la contestación de la demanda inicial, lo que hubiera permitido su valoración por parte del juez colegiado, empero: El Tribunal de forma grosera aplicó indebidamente la ley denegando justicia a mi poderdante frente a unos derechos laborales que estaban siendo reconocidos. Cuando de la solo lectura de la norma era procesalmente viable tenerlos los documentos como prueba en el plenario. (Folio 567 y ss del expediente judicial y folio 582 y ss del plenario) y hacer de forma eficiente su estudio, que sin lugar a dudas habría culminado con un fallo a favor de mi poderdante. Insiste en que solicitó el expediente administrativo en el

respectivo acápite de pruebas, el cual se decretó, cumpliendo

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Radicación n.° 91221 con los requisitos previstos en la ley; y que ocurrió una deslealtad procesal por parte de la accionada al proponer como excepción la falta de reclamación y no allegar con el expediente administrativo la constancia «de la reclamación administrativa objeto del litigio». Reitera que en el trámite de la instancia pudo «probar» que sí se efectuó la reclamación administrativa; y finalmente cita un pasaje de la decisión CC SU768-2014.

VIII. CONSIDERACIONES El juez plural para confirmar la decisión de primer grado en cuanto a la declaratoria de la prescripción de los derechos reclamados, con excepción del cálculo actuarial, el cual revocó su condena por otros motivos, procedió a razonar así: De manera previa, negó el decreto de unas pruebas solicitadas por la actora en la segunda instancia, y luego centró su análisis en establecer, a partir de la valoración efectuada a los medios de convicción allegados oportunamente al plenario, si estaba demostrada la reclamación administrativa para tomarla como punto de partida para efectos de interrumpir el término prescriptivo.

Bajo ese horizonte, el ad quem resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, y al encontrar que en el juicio no obraba la aludida reclamación, especificó que con antelación a la presentación de la

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demanda inicial no se interrumpió la prescripción, y como su radicación se llevó a cabo cuando ya habían transcurrido más de tres años desde que los derechos laborales se hicieron exigibles, infirió que en este asunto se extinguieron por el paso del tiempo. Por su parte, la censura considera que el Tribunal se equivocó tanto desde la órbita de lo jurídico como de lo fáctico, para lo cual cuestiona que: i) no hubiera decretado pruebas en la segunda instancia, con lo cual se apartó de lo dispuesto en los artículos 83 y 84 del CPTSS y 327 del CGP; ii) no advirtió que la documental contentiva de la reclamación administrativa no fue incorporada por la accionada, quien tenía el deber de hacerlo con el expediente que se le «solicitó» y se tuvo como prueba, de allí que la documental que la parte actora aportó al plenario en el curso del trámite de la segunda instancia se trataba de una probanza que sí se había decretado como tal; y iii) no analizó en debida forma los medios de convicción, que dan cuenta que se había radicado ante la entidad convocada al proceso la correspondiente reclamación con la cual interrumpió la prescripción. Partiendo de lo anterior, le corresponde a la Sala dilucidar si el fallador de segundo grado se equivocó o no al inferir que en el proceso no se logró acreditar que se surtió la respectiva reclamación administrativa con la cual se hubiera podido interrumpir la prescripción. A fin de dar solución al problema jurídico planteado, la Corte lo abordará de la siguiente manera: i) inicialmente, se

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Radicación n.° 91221 hará alusión de manera general al fenómeno de la prescripción y a la reclamación administrativa; ii) se analizará lo atinente a las disposiciones relativas al decreto de pruebas de oficio; y iii) se descenderá al caso en concreto, con el fin de estudiar si el juez colegiado erró al no decretar de oficio unas pruebas, como también a efectos de verificar si se acreditó en el plenario haberse surtido en legal forma la correspondiente reclamación administrativa. La prescripción y la reclamación administrativa: La prescripción se presenta por la inactividad del titular, durante el lapso consagrado en la ley, del ejercicio de la acción, haciendo presumir el abandono del derecho; y se justifica por motivos de orden práctico, en tanto se pretende que las relaciones jurídicas no se mantengan inciertas y que las situaciones de hecho prolongadas en el tiempo se solucionen, por esta razón se le limita el derecho de acción para que sea desplegado en un término razonable en aras de la seguridad jurídica. En efecto, la Corte tiene señalado que la prescripción, como modo de extinguir las obligaciones, es una excepción legítima al postulado de la irrenunciabilidad de derechos, en cuanto propende por la realización de otros valores como la aludida seguridad jurídica y el ejercicio responsable de los derechos. Así lo sostuvo en la sentencia CSJ SL16798-2015, al puntualizar: […]

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Radicación n.° 91221 Una interpretación armónica de la norma en cita y del art. 13 del

C.S.T. permite afirmar que si bien los derechos establecidos en las disposiciones laborales son mínimos y, por regla general, irrenunciables, también lo es que existen eventos excepcionales en los cuales se ofrece la posibilidad de que puedan ser objeto de dimisión, disposición o elección. Lo cual es enteramente entendible en la medida que, si bien es cierto, el legislador con sujeción a la Carta Política tiene un amplio margen para establecer los beneficios mínimos de los trabajadores, también lo es que, goza de libertad para establecer restricciones, excepciones y condicionamientos a los mismos, así como alternativas o niveles de protección de un determinado derecho, a fin de garantizar su racionalidad en las relaciones del trabajo. Es que solo a partir de este entendimiento del principio de irrenunciabilidad es que pueden concebirse instituciones como la prescripción y la transacción o la conciliación sobre derechos inciertos y discutibles, las cuales de cara al principio protectorio y los fines y valores constitucionales resultan igualmente legítimas: la primera, para brindar seguridad jurídica y garantizar una prontitud en el ejercicio de los derechos laborales por parte de los trabadores y, la segunda, para evitar conflictos en las relaciones sociales y facilitar el saneamiento de las controversias en el marco de una justicia consensual. Por tanto, el legislador, a efectos de garantizar la estabilidad jurídica de los asociados y consolidar sus derechos, fija un tiempo dentro del cual deben ser reclamados, so pena de verse afectados por la prescripción. Así, los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS brindan a los trabajadores la oportunidad de impetrar sus súplicas

dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad y el 489 del CST prevé que dicho lapso se puede interrumpir por una sola vez, con el simple reclamo escrito que formule y e