CSJ - SL2928-2023

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - SL2928-2023
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Laboral
Año
2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL2928-2023 Radicación n.° 93380 Acta 39 Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por

ÓSCAR ONEL RODRÍGUEZ RÍOS y la UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-, como sucesora procesal de la NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, frente a la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el 30 de junio de 2020, dentro del proceso que el primero instauró en contra de la entidad.

I. ANTECEDENTES Óscar Onel Rodríguez Ríos demandó a la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (en adelante

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 93380 Ministerio de Agricultura), con el fin de que le fuera reconocida la pensión de jubilación convencional por despido injusto, a partir del 18 de agosto de 2015. De igual forma, solicitó que la primera mesada se liquidara «[...] con base en la suma de $1.151.674, promedio salarial base de liquidación prestaciones sociales año 1996/1887, indexado al 18 de agosto de 2015, para un IBL de $3.824.526,12 X 65% tasa reemplazo=$2.485.941,47 mesada inicial indexada y proyectada con ajustes de IPC

hasta la fecha de reconocimiento efectivo». Por último, buscó el pago del retroactivo por concepto de las mesadas causadas y dejadas de cancelar, los intereses moratorios y la indexación de todas las sumas adeudadas. Como fundamento de sus pretensiones, indicó que nació el 18 de agosto de 1955 y que laboró al servicio del Instituto de Mercadeo Agropecuario (en adelante Idema), desde el 1º de febrero de 1985 hasta el 31 de octubre de 1997. Explicó que tuvo la condición de trabajador oficial; que su último cargo se denominó «Profesional universitario 01» con un salario promedio mensual de $1.151.674 y que estuvo afiliado al Sindicato de Trabajadores de Idema (en adelante Sintraidema), motivo por el que era beneficiario de todas las convenciones colectivas de trabajo que fueron suscritas en la entidad.

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Radicación n.° 93380 Aclaró que, de conformidad con los artículos 5º y 8º del Decreto 1675 de 1997, el Idema se liquidó y el Ministerio de Agricultura asumió las obligaciones laborales que esta tenía a su cargo. Por tal motivo, era la entidad la encargada de conceder la pensión de jubilación reclamada, la cual exige para su causación, según el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 1996-1998, acreditar entre diez y quince años vinculado al Idema, así como que la finalización del contrato de trabajo fuera sin justa causa. Añadió que fue despedido cuando llevaba doce años y nueve meses laborando para el Idema, por lo que tenía

derecho a que le pagaran la pensión a partir del 18 de agosto de 2015, fecha en la que cumplió los 60 años. Manifestó que, el 13 de septiembre de 2016 presentó una reclamación procurando el reconocimiento de la pensión convencional; que, a través de la respuesta emitida el 7 de octubre de 2016 y, posteriormente el 9 de octubre de 2018, le fue negada entendiéndose agotada la reclamación administrativa. Al contestar la demanda, el Ministerio de Agricultura se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Sobre los hechos, aceptó los relacionados con la fecha de nacimiento del demandante, el período trabajado en el Idema y la negativa de conceder la pensión. Sobre los demás, precisó que la terminación del contrato no fue sin justa causa, sino atendiendo a una disposición legal que ordenó la liquidación de la entidad.

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Radicación n.° 93380 En todo caso, afirmó que no había lugar a conceder la pensión, pues la finalización de la relación laboral no se dio sin justa causa y, además, el trabajador no acreditó la edad de 60 años antes del 31 de julio de 2010, atendiendo a los límites fijados por el parágrafo 3º del Acto Legislativo 01 de 2005. Por último, expuso que nunca tuvo la condición de empleador del señor Rodríguez Ríos y no estaba obligado a asumir las cargas pensionales de los trabajadores del Idema. En su defensa, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la

relación laboral, «El acto legislativo restringe el reconocimiento de derechos pensionales», «El derecho a la pensión de vejez del actor se consolidó en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005», cobro de lo no debido y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá D.C. mediante sentencia proferida el 21 de mayo de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre el demandante ÓSCAR ONEL RODRÍGUEZ RÍOS y el INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO – IDEMA, existió un contrato de trabajo con vigencia entre el 01 de febrero de 1985 hasta el 31 de octubre de 1997, en calidad de trabajador oficial.

SEGUNDO: DECLARAR que el contrato de trabajo fue terminado unilateralmente el 31 de octubre de 1997, sin justa causa por parte del empleador INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO -IDEMAdespués de más de diez años de

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Radicación n.° 93380 servicios prestados por el demandante ÓSCAR ONEL

RODRÍGUEZ RÍOS.

TERCERO: CONDENAR a la demandada NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL al reconocimiento y pago a favor del demandante ÓSCAR ONEL RODRÍGUEZ RÍOS de la pensión convencional por despido injusto, a partir del 18 de agosto de 2015, en cuantía de $1.736.846 como primera mesada pensional indexada, junto con los reajustes, incrementos y

mesadas adicionales, sumas que deberán ser indexadas al momento del pago de las mesadas correspondientes, conforme lo anotado en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Los valores a pagar a cargo de la demandada NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, por concepto el retroactivo y su correspondiente indexación, liquidados iniciando el 18 de agosto de 2015, fecha a partir de la cual le fue reconocida la pensión a la actora y en adelante, hasta el 30 de abril de 2019, ascienden a la suma de $94.173.127,52 por incremento y $8.043.055,30 por indexación; sin embargo esta liquidación es provisional e inane, como quiera que el valor real a cancelar solo podrá ser liquidado al momento de pago, conforme a las consideraciones de la parte motiva.

QUINTO: La pensión convencional por despido injusto, acá concedida, es incompatible y compartible con la pensión de vejez que fuere pagada por el ISS hoy Colpensiones u otro fondo de pensiones que asuma la pensión de vejez; por lo tanto, el IDEMA solo quedará obligado a cubrir la diferencia entre lo reconocido por el IDEMA y lo asumido por el ISS o el otro Fondo al momento que se cause la respectiva mesada pensional, conforme lo dispone el artículo 100 de la convención colectiva aquí aplicada.

SEXTO: ABSOLVER a la demandada NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL de las demás pretensiones formuladas en su contra por el demandante ÓSCAR

ONEL RODRÍGUEZ DÍAZ.

SÉPTIMO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas

por la demandada NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

DESARROLLO RURAL.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación presentado por ambas partes, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad, la Sala de Decisión Laboral del

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Radicación n.° 93380 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. mediante providencia del 30 de junio de 2020, resolvió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida el 21 de mayo de 2019 para en su lugar CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL a pagar al señor ÓSCAR ONEL RODRÍGUEZ RÍOS una mesada pensional inicial para el año 2015 en cuantía de $1.242.577, la cual deberá reajustarse anualmente.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia apelada y consultada en el sentido de CONDENAR la NACIÓN – MIINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL a pagar al señor ÓSCAR ONEL RODRÍGUEZ RÍOS la suma de $97.418.592,73, por las mesadas causadas entre el 18 de agosto de 2015 y el 30 de junio de 2020. Y deberá continuar pagando las mesadas que se sigan causando.

TERCERO: ADICIONAR la sentencia proferida el 21 de mayo de 2019 en el sentido de CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL a pagar al señor

ÓSCAR ONEL RODRÍGUEZ RÍOS los intereses moratorios desde el 14 de enero del 2017 hasta la fecha en que se efectúe el pago de las mesadas adeudadas, conforme lo establece el art. 141 de la Ley 100 de 1993.

CUARTO: REVOCAR la condena impuesta por indexación de las mesadas adeudadas, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

QUINTO: CONFIRMAR en todo lo demás.

Para fundamentar su decisión, propuso como problemas jurídicos a resolver, determinar, (i) Si el demandante reúne los requisitos para acceder a la prestación jubilatoria contenida en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo con vigencia 1992-1994, suscrita entre el Instituto de Mercadeo Agropecuario – IDEMA y el Sindicato Nacional de Trabajadores del IDEMA; (ii) En caso afirmativo, si al momento de reunir los requisitos contemplados para acceder a la prestación, la norma convencional había perdido vigencia, con arreglo a lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005 o por haberse liquidado el IDEMA; (iii) En el evento en que proceda el reconocimiento de la prestación jubilatoria reclamada, establecer el monto de la mesada y el valor del retroactivo adeudado; y (iv) Si procede el reconocimiento de la indexación de las sumas debidas.

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Radicación n.° 93380 Pensión de jubilación convencional Trajo a colación el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 1992-1994 y dispuso, con fundamento

en la sentencia CSJ SL608-2020, que los requisitos para la causación de la pensión en caso de despido injusto eran la prestación personal del servicio igual o superior a diez años, así como que la terminación del contrato de trabajo se produjera sin justa causa. Con lo cual, la acreditación de la edad (60 años), resultaba necesaria únicamente para hacer exigible el pago de la prestación. Sumado a ello, se refirió al parágrafo 3º del Acto Legislativo 01 de 2005 y explicó que las personas podían obtener el derecho a la pensión contenida en convenciones colectivas de trabajo hasta el 31 de julio de 2010 o, dado el caso, en una fecha posterior siempre que ese hubiera sido el plazo inicialmente pactado. Por otra parte, indicó que la liquidación de una entidad pública por mandato legal no podía entenderse como una justa causa, pues solo son taxativas en el marco de lo consagrado en el artículo 48 del Decreto 2127 de 1945. En ese sentido, dijo que estaba demostrado en el proceso que el señor Rodríguez Ríos trabajó para el Idema desde el 1º de febrero de 1985 hasta el 31 de octubre de 1997 (12 años y 9 meses) y que dejó de hacer parte de la entidad

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Radicación n.° 93380 con ocasión de la supresión del cargo que venía desempeñando. Así pues, estimó que se dejó causada la pensión en caso de despido prevista en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 1994-1996, ya que laboró más de diez

años y fue despedido sin justa causa, agregando que la prestación solo podía concederse a partir del 18 de agosto de 2015, momento en el que cumplió los 60 años. Sobre el particular, señaló que, Se encuentra acreditado dentro del proceso, que Óscar Onel Rodríguez Ríos laboró para el extinto IDEMA mediante contrato de trabajo, vigente del 1° de febrero de 1985 al 31 de octubre de 1997 (12 años y 9 meses), en el cargo de "profesional Universitario 01" ostentando la calidad de trabajador oficial, con un último salario fijo mensual de $684.600 y promedio mensual de $1'151.674, como se infiere de la liquidación definitiva del contrato (fol. 23) y de la certificación expedida por la Coordinadora del Grupo Administración del Recurso Humano del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (fol. 19) y que fue despedido por supresión del cargo, por lo que conforme el criterio de nuestra CSJ su despido deviene en injusto. Igualmente, se acreditó que cumplió 60 años de edad el 18 de agosto del 2015, como se colige de su Registro Civil de Nacimiento (fol. 16) y de su cédula de ciudadanía (fol. 17). Por tanto, es claro que cumplió los requisitos de causación (tiempo de servicio y despido sin justa causa) con anterioridad al 31 de julio del 2010, por lo que tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión convencional deprecada a partir del 18 de agosto del 2015 fecha en que cumplió la edad, la cual se reitera es sólo un requisito de exigibilidad o disfrute de la

pensión. Cuantía de la pensión y valor del retroactivo

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Radicación n.° 93380 Acerca de la forma en que debía liquidarse el valor de la primera mesada, no atendió los cuestionamientos del demandante presentados en el recurso de apelación y, por el contrario, le dio la razón al juzgado tras haber sostenido que la pensión debía calcularse de manera proporcional al tiempo trabajado, siendo conducente para obtener la tasa de reemplazo acudir de forma subsidiaria a lo dispuesto en los artículos 8º de la Ley 171 de 1961 y 74 del Decreto 1848 de 1969, pues el texto convencional nada decía frente a estos aspectos. De hecho, se remitió a los artículos 97 y 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 1992-1994 y aseguró que se referían a un monto del 75% y 76% solamente para las pensiones de sobrevivientes y jubilación respectivamente, omitiendo pronunciamiento alguno frente a la pensión en caso de despido reclamada. Sin embargo, estableció que la tasa de reemplazo proporcional al tiempo efectivamente laborado (12 años y 9 meses) era de 47,81% y no de 48,5% como lo estimó el juzgado, procediendo a realizar las modificaciones en cuanto a este aspecto. También cambió lo atinente a los factores salariales que debían tomarse para obtener el Ingreso Base de Liquidación IBL, argumentando que no debían ser todos aquellos percibidos durante el último año de servicios, sino solo los que estuvieran previstos en la Ley 62 de 1985.

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Radicación n.° 93380 Por lo anterior, fijó como salario promedio del demandante $835.812 (correspondiente a la asignación básica y la prima de antigüedad) y no el tomado para liquidar las cesantías, que fue el utilizado como parámetro por el juez ($1.151.674). Por tal motivo, luego de hacer las respectivas operaciones aritméticas, concluyó que la pensión debía pagarse en catorce mesadas y en el siguiente valor: Una vez realizado los anteriores cálculos, encuentra la Sala que el salario promedio del último año de servicios del actor indexado arroja la suma de $2.598.990, suma que al aplicarle una tasa de reemplazo del 47,81% por tener 12 años y 9 meses, arroja una mesada inicial para el año 2015 de $1.242.577, suma inferior a la señalada por el fallador de primera instancia por lo que se modifica la cuantía de la pensión teniendo en cuenta que también se está conociendo en consulta en favor de la Nación. Mesada que deberá pagarse en 14 mesadas al año, pues a la fecha que se causó la pensión -31 de octubre de 1997no había entrado a regir el Acto Legislativo 01 del 2005. Prescripción No declaró probada la excepción, pues argumentó que no transcurrieron más de tres años entre la fecha en que se hizo exigible la pensión pretendida (18 de agosto de 2015) y el momento en que presentó tanto la reclamación administrativa (13 de septiembre de 2016), como la demanda inicial (27 de septiembre de 2018), respetando los términos

previstos por el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Retroactivo, intereses moratorios, indexación y compartibilidad pensional

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Radicación n.° 93380 En lo que respecta al retroactivo, este fue calculado teniendo en cuenta las mesadas causadas y no canceladas desde el 18 de agosto de 2015 y el 30 de junio de 2020, por un valor de $97.418.592,73. Sobre los intereses moratorios, trajo al debate la sentencia CC SU-065 de 2018 y planteó que, aun cuando la pensión reconocida era de carácter convencional, proceden pues indistintamente de la naturaleza de la prestación, lo que se busca es remediar la omisión en el pago de un derecho debidamente causado. En concreto, así como la fecha desde que estos debían empezar a contabilizarse, indicó: Intereses a los cuales tiene derecho el actor como acertadamente lo señala en su apelación, pues nuestra Corte Constitucional fue clara en la sentencia SU 065-2018 al señalar que las entidades encargadas del reconocimiento de prestaciones propias del sistema de seguridad social están obligadas a reconocer el pago de intereses por mora a los pensionados a quienes se les ha reconocido su derecho prestacional en virtud de un mandato legal, convencional o particular. Inclusive, ello sucede con independencia de que su derecho haya sido reconocido con fundamento en la Ley 100 de 1993 o una ley o régimen anterior, por lo que la moratoria se causa por el solo hecho de la cancelación tardía de las mesadas pensiónales, en aplicación del

artículo 53 Superior. En cuanto al término que tiene la Nación para reconocer la pensión de vejez, la Sala Mayoritaria tiene sentado que conforme al art. 9° de la Ley 797 de 2003 debe ser en un tiempo no superior a 4 meses después de radicada la solicitud. En relación al señor Rodríguez Ríos como elevó la reclamación el 13 de septiembre del 2016, es claro que la Nación tenía hasta el 13 de enero del 2017 para reconocer y pagar la pensión al actor y como no lo hizo, corren los intereses moratorios desde el 14 de enero del 2017 hasta la fecha en que se efectúe el pago de las

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Radicación n.° 93380 mesadas adeudadas, conforme lo establece el art. 141 de la Ley 100 de 1993. Por último, aclaró que no era viable condenar a la indexación pues esta era incompatible con los intereses moratorios (CSJ SL502-2020) y que, además, la pensión convencional otorgada tendría el carácter de compartible con la legal de vejez que en su momento le concediera el Sistema General de Pensiones, atendiendo a lo consagrado en el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990.

IV. RECURSOS DE CASACIÓN Interpuesto por Óscar Onel Rodríguez Ríos y la UGPP, como sucesora procesal del Ministerio de Agricultura, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolverlos teniendo en cuenta los términos en que son sustentados y según los límites del recurso extraordinario.

RECURSO DE LA UGPP

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte «CASE TOTALMENTE» la sentencia del Tribunal, para que una vez constituida en sede de instancia, proceda a revocar la decisión del juzgado y sea absuelta de todas las pretensiones de la demanda inicial.

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Radicación n.° 93380 De manera subsidiaria, solicitó que se «CASE PARCIALMENTE» el fallo de segunda instancia y que, una vez en instancia, se absuelva «[…] puntualmente en lo concerniente al reconocimiento del derecho en 14 mesadas pensionales y se proceda a ordenar el reconocimiento de la prestación económica en 13 mesadas». Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados y se resuelven de manera conjunta, pues persiguen el mismo fin y versan sobre similares disposiciones normativas.

VI. PRIMER CARGO Acusa la sentencia de segunda instancia por vulnerar, […] por la vía indirecta, por aplicación indebida, los siguientes artículos: 467, 468, 470 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículos 27 y 28 del Código Civil; en concordancia con el quebrantamiento como normas procesales de medio, los artículos 164, 165, 167 y 176 del Código General del Proceso, lo que condujo a la violación de medio del artículo 25, 53, 48, 228 y 230 de la Constitución Política.

Relaciona la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la cláusula 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 1996-1998, suscrita entre el IDEMA y el SINDICATO SINTRAIDEMA prevé una pensión de

jubilación para los trabajadores oficiales que cumplan entre 10 y 15 años de servicios y 60 años de edad, debiendo acreditarse tales requisitos en vigencia de tal instrumento, o por lo menos, antes del 31 de julio de 2010, fecha establecida como límite para la vigencia de las Convenciones Colectivas conforme lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la cláusula 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 1996-1998, suscrita entre el

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Radicación n.° 93380 IDEMA y el SINDICATO SINTRAIDEMA, prevé una pensión de jubilación para los trabajadores oficiales que cumplan entre 10 y 15 años de servicios y 60 años de edad, requisitos que se pueden cumplir de manera indefinida, sin que exija que tales deben ser causadas en vigencia de la referida Convención Colectiva, o por lo menos, antes del 31 de julio de 2010, fecha establecida como límite para la vigencia de las Convenciones Colectivas conforme lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005.

3. No dar por demostrado, estándolo, que los requisitos de causación de la pensión de jubilación establecida en la que la cláusula 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 1996-1998, suscrita entre IDEMA y el SINDICATO SINTRAIDEMA, eran demostrar entre 10 y 15 años de servicios y 60 años de edad, ambos en vigencia de la referida convención colectiva, o por lo

menos, antes del 31 de julio de 2010, fecha establecida como límite para la vigencia de las Convenciones Colectivas conforme lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que los requisitos de causación de la pensión de jubilación establecida en la cláusula 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 1996-1998, eran demostrar entre 10 y 15 años de servicios al momento del retiro, siendo la edad de 60 años tan sólo requisito de exigibilidad.

5. No dar por demostrado, estándolo, que al señor ÓSCAR ONEL RODRÍGUEZ RÍOS, le asiste el derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación convencional pagadera por parte de la UGPP cláusula 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 1996-1998, suscrita entre el IDEMA y el SINDICATO SINTRAIDEMA, por no haber cumplido con la edad de 60 años en vigencia de convención colectiva, o por lo menos, antes del 31 de julio de 2010.

6. Dar por demostrado, no estándolo, que al señor ÓSCAR ONEL RODRÍGUEZ RÍOS les asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por parte de la UGPP, conforme con las previsiones de la cláusula 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 1996-1998, suscrita entre el IDEMA y el SINDICATO SINTRAIDEMA en tanto causaron su derecho antes del 31 de julio de 2010, fecha establecida como límite para la vigencia de las Convenciones Colectivas en

Colombia fijada en el Acto Legislativo 01 de 2005.

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Radicación n.° 93380 Así mismo, señala como pruebas:

PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA

1. Documento contentivo de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Instituto de Mercadero Agropecuario IDEMA y el SINDICATO SINTRAIDEMA 1996-1998, (Folios 1967 a 2026 Expediente Juzgado).

PRUEBA Y PIEZAS PROCESALES NO APRECIADAS

1. Libelo de demanda (folios 2 a 15 expediente digital cuaderno juzgado).

2. Copia de cédula de ciudadanía del señor ÓSCAR ONEL RODRÍGUEZ RÍOS (folio 18 del expediente digital cuaderno juzgado).

En la demostración del cargo, controvierte la lectura que hizo el Tribunal del artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 1996-1998, quien estimó que el cumplimiento de los 60 años constituía un requisito de exigibilidad y no de causación de la pensión reclamada. A su juicio, es necesario para conseguir cualquiera de los diferentes tipos de pensiones de jubilación previstas en el texto convencional, demostrar que se reúnen las exigencias de edad, tiempo de servicios y tipo de terminación del vínculo laboral. Así mismo, que deben tenerse a más tardar el 31 de julio de 2010, según los plazos que introdujo para la consecución de este tipo de derechos el parágrafo 3º del Acto Legislativo 01 de 2005. Sin embargo, afirma que al estar acreditado dentro del

proceso que el señor Rodríguez Ríos cumplió los 60 años el 18 de agosto de 2015, no es posible otorgarle la pensión, a

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Radicación n.° 93380 pesar de reunir el tiempo mínimo de servicios a la entidad y el despido sin justa causa. Puntualmente, resume sus argumentos así: Debe precisarse que lo que se cuestiona mediante el ejercicio del presente recurso extraordinario es la interpretación dada por el Tribunal a la cláusula 98 y 138 de la Convención Colectiva de Trabajo, y la omisión de la verificación de un presunto derecho adquirido y la posibilidad que el señor OSCAR (sic) ONEL RODRÍGUEZ RIOS (sic) pudieran acreditar el requisito de su prestación en materia de la edad hasta el año 2015, cuando es claro que la edad debían acreditarse en vigencia de la convención colectiva o antes del 31 de julio de 2010. Es evidente que las prerrogativas del artículo 98 y 138 convencional, no pueden ser interpretadas aisladamente y con un alcance que desborda su finalidad, para efectos de concluir que la Convención Colectiva de Trabajo, en materia pensional mantiene la vigencia indefinidamente, lo cual atenta de manera flagrante con la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social. No se trata en esta oportunidad, de cuestionar la selección por parte del Ad quem de una de las posibles interpretaciones válidas de una cláusula convencional, sino de formular un reproche suficientemente válido frente a la actuación del sentenciador, que en su proveído extendió la vigencia de la Convención Colectiva

19961998, suscrita entre el INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO IDEMA y el SINDICATO SINTRAIDEMA hasta que las actoras cumplieran la edad de 60 años respectivamente argumentando que el señor OSCAR (sic) ONEL RODRÍGUEZ RIOS (sic) contaba con un derecho adquirido y causado cuando es claro que el supuesto derecho pensional, se encuentra enmarcado en una mera expectativa.

VII. SEGUNDO CARGO Señala al Tribunal de haber violado «[…] por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 142 de la Ley 100 de 1993, lo que condujo a la violación medio del inciso 8º y parágrafo transitorio 6º del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto

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Radicación n.° 93380 Legislativo No. 01 de 2005». En la demostración del cargo, discute el reconocimiento de la mesada catorce, a pesar de que el inciso 8º del Acto Legislativo 01 de 2005 la eliminó respecto de todas aquellas pensiones que se concedieran con posterioridad al 2005. Además, recuerda que la pensión del señor Rodríguez Ríos solo se causó después de ese año, teniendo en cuenta que los requisitos para su obtención eran edad, tiempo de servicios y forma de terminación del contrato de trabajo. En ese sentido, concluye que no debe ordenarse el pago de la mesada adicional de junio, en los siguientes términos: […] se cuestiona que el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, aplicara indebidamente el artículo 142 de la Ley 100 de

1993, confiriendo al demandante el derecho a la mesada adicional de junio o mesada catorce, siendo que tal norma no regía su situación, pues a raíz de la modificación del artículo 48 superior, tal prerrogativa dejó de existir para los pensionados y tampoco logró el peticionario encajar su situación en la excepción prevista en el parágrafo transitorio 6º del Acto Legislativo No. 01 de 2005, en tanto no reunía el requisito que dicho derecho pensional se haya causado antes del 31 de julio de 2011. Trayendo lo anterior al caso concreto, tenemos que según quedó probado en el trámite procesal, el señor OSCAR (sic) ONEL RODRÍGUEZ RIOS (sic) consolidó su derecho pensional el 18 de agosto de 2015, pero al reunir los requisitos de edad, en fecha posterior a la establecida por el Acto Legislativo como límite de reconocimiento de mesada adicional o mesada catorce, fijado para el 31 de julio de 2011, es claro que el demandante no cumpliría con los requisitos, para causar la pensión antes de dicha fecha (para el Acto Legislativo se entiende causada la pensión con el cumplimiento de la edad y el tiempo de servicios).

VIII. RÉPLICA

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 93380 Óscar Onel Rodríguez Ríos alude a desatinos de carácter técnico y sustancial en los que incurre la recurrente, los cuales serían suficientes para desestimar la demanda de casación en los términos en que fue presentada.

Dice que la convención colectiva de trabajo debió ser enunciada como norma vulnerada dentro la proposición jurídica, pues es la fuente de la obligación en disputa. Lo anterior, sumado a las argumentaciones que desarrolló en la demostración de los cargos, que a su modo de ver son de carácter jurídico y no fáctico o probatorio, sin guardar relación con la vía escogida. Asemeja la casación a unos alegatos de instancia y agrega que, en caso de accederse a su estudio, la Corte resolvería el caso encontrando que el Tribunal no se equivocó en la forma de entender los requisitos de causación de la pensión, así como en conceder la mesada catorce. Presenta su análisis jurídico que avala la condición de beneficiario de la pensión solicitada, así como su reconocimiento bajo determinados lineamientos; que estos se equiparan a los que presentó en su respectiva demanda de casación.

IX. CONSIDERACIONES Habiendo analizado los dos cargos presentados, encuentra la Sala que las discusiones planteadas tienen que ver principalmente con (i) la lectura y alcance del artículo

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 93380 convencional en el que se encuentra consagrado el derecho pensional solicitado; (ii) la incidencia del parágrafo 3º del Acto Legislativo 01 de 2005 en la posibilidad de causar y disfrutar la prestación y (iii) la procedencia de la mesada catorce. Para resolver dichos interrogantes y a pesar de que los cargos fueron dirigidos por vías de ataque diferentes, son e hechos prob

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