CSJ - SL2935-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL2935-2023 Radicación n.° 96550 Acta 40 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por SONIA MILENA RODRÍGUEZ ROMERO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022), en el proceso que le instauró a

ROYER ANTONIO LANCHEROS RODRÍGUEZ y a SAATEX

GROUP SAS.

I. ANTECEDENTES Sonia Milena Rodríguez Romero llamó a juicio Royer Antonio Lancheros y a Saatex Group SAS con el fin que se declarara i) que el primero le vinculó mediante contrato de trabajo el 3 de marzo de 2011 y, ii) que a partir de «febrero de 2011» el empleador fue sustituido por la segunda de las

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Radicación n.° 96550 accionadas, para quien laboró hasta el 27 de noviembre de 2018, cuando renunció por causa imputable a aquella. Solicitó que, en consecuencia, se condenara solidariamente a las demandadas al pago de lo adeudado, esto es: i) las comisiones equivalente al 0.7% sobre el valor de las ventas brutas del local de la marca X-NOW antes de IVA; ii) el trabajo suplementario, dominical, festivo y de horas extras; iii) las cesantías y sus intereses, primas de servicios y

vacaciones; iv) el auxilio de transporte y la dotación de calzado y vestido de labor; v) los aportes al sistema de seguridad social en pensiones con base en el salario real devengado; vi) las indemnizaciones de los artículos 99 de la Ley 50 de 1990, 64 y 65 del CST; vii) los perjuicios morales; viii) la indexación, las costas y lo que resulte probado. Narró que el 3 de marzo de 2011 fue contratada por Royer Antonio Lancheros Rodríguez en el cargo de asesora de ventas en el establecimiento de comercio llamado «X-NOW»; que en el 2013 su jefe y la cónyuge de él constituyeron la sociedad denominada Saatex Group SAS; que, a partir de marzo de 2014, continuó prestando sus servicios en idénticas condiciones a como lo venía haciendo, pero en favor de la persona jurídica en mención, por lo que entre esta y aquel existió una sustitución patronal. Contó que como salario pactaron un básico mensual de $800.000 más comisiones del 0.7 % del valor de las ventas brutas antes de IVA; que dicho acuerdo se formalizó en el contrato de trabajo a término indefinido convenido

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Radicación n.° 96550 directamente con la sociedad el 11 de abril de 2016; que, sin embargo, no siempre se le pagaba ese crédito; que el 27 de noviembre de 2018, presentó renuncia motivada, aduciendo la existencia de concesiones económicas deficitarias; que para esa época el salario promedio, es decir, el básico más las comisiones era de «$928.632» mes.

Señaló que el 5 de diciembre de 2018 le fue liquidado el período 1° de abril de 2016 - 27 de noviembre de 2018; que el 2 de mayo de 2019 solicitó que con esa finalidad se tuviera en cuenta el tiempo laborado desde el 22 de marzo de 2019 y que se le emitiera certificación laboral; que el empleador únicamente entregó copia del contrato; que, por tanto, le elevó 25 requerimientos adicionales. Adujo que presentó acción de tutela contra Saatex Group SAS para lograr una respuesta clara y de fondo a sus reclamaciones; que en sentencia del 10 de junio de 2019 se tuteló su derecho de petición; que la accionada insistió en sus evasivas certificando la existencia de un contrato de trabajo entre 2016 y 2018; que, sin embargo, cuenta con un documento emitido por el empleador en julio de esa última anualidad, en la que se refiere que el vínculo inició en 2011. Indicó que desde ese año «vendía anualmente la suma de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE»; que, así las cosas, las demandadas, le adeudan «SETENTA MILLONES DE PESOS» a título de comisiones y la liquidación de aportes y derechos laborales con base en un salario mensual real de $7.114.672.

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Radicación n.° 96550 Agregó que la ex empleadora recibía dinero de todas las ventas realizadas en Colombia, en efectivo y en las cuentas de Bancolombia a nombre de Royer Lancheros y Saatex Group SAS; así como también en Efecty, Moneygram y

Western Unión, en favor de Gina Marcela Cifuentes Gutiérrez, representante legal de la sociedad (f.° 49 a 59, ib). Las demandadas se opusieron a las pretensiones y en cuanto a los hechos, aclararon que, si bien es cierto la actora se vinculó con el señor Lancheros, fue mediante contrato de trabajo a término fijo; que esa primera atadura se dio del 1° de marzo de 2011 al 13 de marzo de 2014; que, posteriormente, con la sociedad convino dos acuerdos subordinados más, uno verbal del 14 de marzo de 2014 al 30 de marzo de 2016, que culminó a través de consentimiento mutuo y otro escrito indefinido, desde el 1° de abril de ese año hasta la fecha del finiquito. Afirmaron que era cierto que la actividad personal de la señora Rodríguez Romero continuó con Saatex, pero no en las mismas labores o en idéntica empresa, por lo que no hubo sustitución patronal; que tan solo a partir de 2016 le reconoció a la demandante un salario básico y las comisiones del 0.7 % sobre las ventas que ella realizara, las cuales la misma registraba, anotaba, remitía a contabilidad y se pagaba cada quincena. Refirieron que, si bien la actora presentó renuncia motivada no era cierto que le adeudaran suma alguna por

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Radicación n.° 96550 salario o comisiones, menos aún que así fuera desde 2011 o por las cuantías que señala, porque aquella era «una vendedora de mostrador, y las ventas que realizó nunca alcanzaron la suma exorbitante que indica»; que, en realidad,

aquel acto devino como retaliación a una diligencia de descargos que le realizó por no viajar a visitar unos clientes, tener mala relación con sus compañeros de trabajo, faltar al respeto a su jefe inmediata y comportarse deslealmente con el empleador y la marca. Precisaron que imputaron lo último, pues conocieron de la promoción que la trabajadora realizaba a sus clientes de productos de un distribuidor distinto, razón por la cual, perdió algunos de ellos; que la certificación laboral que se anexa sobre la existencia de un contrato de trabajo entre 2011 y 2018, fue suscrita por una persona que no se hallaba vinculada para esa anualidad con la sociedad, por lo que aquella debía dar cuentas por la forma en que la obtuvo. Agregaron que siempre respondieron las reclamaciones de la actora, sólo que frente al hecho temerario y de mala fe de haber remitido 26 reclamaciones, incurrió en mora en la contestación de algunas de ellas. Formularon como excepciones de mérito las de prescripción, inexistencia de causa y de la obligación, falta de título y causa, compensación, incumplimiento de la carga de la prueba, transacción y mala fe (f.° 182 a 203, ibidem).

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, el 24 de junio de 2021, decidió: PRIMERO. DECLARAR que entre SONIA MILENA RODRÍGUEZ ROMERO y SAATEX GROUP SAS existió una relación laboral regida inicialmente por un contrato de trabajo a término fijo que

inició el 03 de marzo de 2011 que se prorrogó sucesivamente hasta el 11 de abril de 2016, y a partir de allí, mediante un contrato de trabajo a término indefinido hasta el 27 de noviembre de 2018, por lo considerado. SEGUNDO. DECLARAR que entre SAATEX GROUP SAS sustituyó en calidad de empleador a ROYER ANTONIO LANCHEROS RODRÍGUEZ a partir del 01 de marzo de 2014, y se declara solidariamente responsable a SAATEX GROUP respecto de las obligaciones causadas y exigibles a ROYER ANTONIO RODRÍGUEZ LÁNCHEROS con anterioridad al 01 de marzo de 2014. TERCERO. CONDENAR a SAATEX GROUP SAS a reconocer y pagar a SONIA MILENA RODRÍGUEZ ROMERO los siguientes valores: a. $ 3.245.220 por concepto de cesantías. b. $ 202.804 por intereses sobre las cesantías. c. $ 1.096.423 por compensación de vacaciones, d. $ 779.500 por auxilio de transporte Sumas que deberán ser indexadas al momento de su pago efectivo de conformidad con el IPC certificado por el DANE. CUARTO. CONDENAR a SAATEX GROUP SAS, a cancelar a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., y a su entera satisfacción, el cálculo actuarial resultante de la falta de afiliación a pensiones de la demandante, desde el 03 de marzo y hasta el 30 de junio de 2011. A su vez, se condenará a pagar los aportes insolutos, mediante planilla tipo J; teniendo en cuenta que respecto de los ciclos de abril de 2017

en el que se deberá tomar como base $1.108.459; noviembre de 2017 en el que se deberá tomar como base la suma de $2.412.820 y noviembre de 2018 en el que deberá cotizarse sobre $1.625.841. Igualmente, se precisa que la demandada deberá presentar la correspondiente solicitud al Fondo de Pensiones referido, una vez ejecutoriada la presente decisión y cancelar la suma establecida por dicho Ente dentro del plazo máximo determinado por el mismo.

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Radicación n.° 96550 QUINTO. DECLARAR PARCIALMENTE probada la excepción de compensación y la de prescripción respecto de los derechos causados y exigibles con anterioridad al 22 de marzo de 2016 SEXTO. ABSOLVER a SAATEX GROUP SAS de las demás pretensiones incoadas en su contra por SONIA MILENA RODRÍGUEZ ROMERO en el presente proceso SÉPTIMO. COSTAS. Las costas serán a cargo de los demandados en partes iguales (f.° 285 a 287, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de enero de 2022, al decidir el recurso de apelación de ambas partes ordenó: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal PRIMERO de la sentencia de primer grado en el sentido de declarar que entre SANDRA MILENA RODRÍGUEZ ROMERO y SAATEX GROUP SAS existieron dos contratos de trabajo, así: i) del 1° de marzo de 2011 al 30 de marzo de 2016; ii) del 11 de abril de 2016 al 27 de

noviembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral SEGUNDO de la sentencia proferida por el JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO de conformidad con lo expuesto en la parte motiva y, en su lugar, ABSOLVER a ROYER ANTONIO LANCHEROS RODRÍGUEZ de la responsabilidad solidaria.

TERCERO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral TERCERO de la sentencia de primer grado, en cuanto ordenó el pago cesantías, intereses a las cesantías y compensación de vacaciones, confirmando en lo demás.

CUARTO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral CUARTO de la sentencia de primer grado, en cuanto condenó a los demandados a pagar el cálculo actuarial por el periodo comprendido entre el 3 de marzo y el 30 de junio de 2011, confirmando en lo demás.

QUINTO: CONFIRMAR en lo demás.

SEXTO: SIN COSTAS en esta instancia.

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Radicación n.° 96550 Dijo que en aplicación del principio de consonancia establecería si producto de la sustitución patronal alegada existió un solo contrato laboral entre las partes o varios; si a la demandante se le adeudan las comisiones peticionadas y si era procedente condenar a la demandada por concepto de indemnización moratoria. Explicó que para que se surtiera la sustitución entre empleadores, de conformidad con el artículo 67 del CST y lo dicho en las sentencias CSJ SL1943-2016; CSJ SL28312017 y CSJ SL3001-2020 era necesario demostrar: «i) cambio

de patrono cualquiera sea la causa; ii) continuidad de la empresa, es decir que exista continuidad en el desarrollo de sus labores y continuidad del trabajador, esto es, prestación ininterrumpida de sus servicios personales dentro del mismo contrato». Aseveró que se encontraba demostrado documentalmente: 1) Que el 1° de marzo de 2011 la demandante y el señor Lancheros Rodríguez, suscribieron un contrato a término fijo inferior a un año, para que aquella se desempeñara como vendedora (f.° 73, cuaderno principal). 2) Que la señora Rodríguez Romero y Saatex Group SAS convinieron de mutuo acuerdo, dar por terminado aquel vínculo laboral, a partir del 30 de marzo de 2016 «declarándose a paz y salvo por todo concepto, previa la

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Radicación n.° 96550 cancelación de las prestaciones sociales» (f.° 153 a 154, ibidem). 3) Que la servidora pactó con esa persona jurídica una atadura a término indefinido, a partir del 11 de abril de 2016, para que ocupara el cargo de «administrador de punto de venta» con un salario de «$804.000 más subsidio de transporte y el 0.07 % (sic) sobre el valor de las ventas brutas antes de IVA» (f.° 28 a 30 y 149 a 151, ib). 4) Que esa relación se extendió hasta el 27 de noviembre de 2018, cuando la accionante renunció motivadamente aduciendo una justa causa imputable a la empresa, conforme se observa en la certificación laboral, la liquidación

de prestaciones del 5 de diciembre de 2018 y el acto de resolución (f.° 12, 35, 82 y 83, 155 a 156, ibidem). 5) Que Saatex Group SAS había liquidado a la trabajadora por el periodo comprendido entre el 31 de enero y el 31 de diciembre de 2014 (f.° 174, ib); mientras que, Royer Antonio Lancheros, lo hizo durante 2011 a 2013 (f.° 175, 176, 177 y 178, ib). Indicó que, además, los testigos Mary Luz Páez Rodríguez, Angie Tatiana Sánchez, Juanita Isabel Rozo, Brian Stiven Ortega, Ximena Cardozo, José Albeiro Romero, Flor Marina Muñoz y Tito Brian González Vargas, los primeros seis como compañeros de trabajo y, los últimos dos como personas cercanas al establecimiento donde ella prestaba sus servicios, dieron cuenta que «aunque en

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Radicación n.° 96550 diferentes épocas, al menos entre el 2012 y 2018 [la reclamante] laboró con la marca X-NOW, en un local comercial ubicado en El Gran San», lo cual resulta coincidente con el interrogatorio de parte de la actora y lo aceptado en la contestación a la demanda en la réplica al hecho sexto (f.° 184, ibidem). Coligió que era clara la ocurrencia de la sustitución patronal porque el vínculo laboral que inició con Antonio Lancheros a partir del 1° de marzo de 2011 no fue finiquitado con anticipación al 13 de marzo de 2014, cuando la

trabajadora continuó al servicio de Saatex Group SAS en las mismas condiciones que lo venía realizando; que, sin embargo, ello no daba lugar a declarar un único contrato de trabajo, porque la atadura culminó por mutuo acuerdo entre las partes el 30 de marzo de 2016 (f.° 153 a 154, ib). Apuntó que no se probó que ese finiquito adoleciera de vicio alguno que lo invalidara; que, por el contrario, aparecía de manifiesto la voluntad de culminar la atadura, al punto que se realizó la correspondiente liquidación de prestaciones (f.° 252, ibidem) y que hubo solución de continuidad entre uno y otro convenio laboral, durante 11 días. Precisó que la existencia de múltiples contratos debe examinarse con cautela, porque es una práctica utilizada para menguar antigüedad al trabajador o disminuir la cuantificación de otros derechos laborales, lo cual no conllevaba propiamente a inferir la unidad contractual, pues

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Radicación n.° 96550 bien podía tratarse, como en el caso, de distintas relaciones jurídicas, terminadas y debidamente liquidadas. Refirió que, inclusive, en el convenio que se formalizó el 11 de abril de 2016, las partes regularon lo relativo a la remuneración, específicamente en punto de la liquidación y pago de su comisión (f.° 149 a 151, ib). Acotó que tampoco era prueba de la unidad contractual la certificación laboral, en la que se refiere que la relación inició el 3 de marzo de 2011, porque tal afirmación quedó

desvirtuada con las ataduras contractuales y quien la suscribió (José Albeiro Romero Rodríguez), declaró que no estaba vinculado a la demandada para la fecha en que se expidió y que solo le hizo un favor a la demandante para acceder a un crédito de vivienda. Señaló que, en consecuencia, por virtud de la primacía de la realidad sobre las formas y la aplicación de la carga de la prueba del artículo 167 del CGP, lo que encontraba acreditado eran dos contratos: 1°) del 1° de abril de 2011 al 30 de marzo de 2016 y 2°) del 11 de abril de 2016 al 27 de noviembre de 2018; que, así las cosas, en atención a lo explicado en las decisiones CSJ SL, 19 oct. 2006, rad. 27371 y CSJ SL2708-2019, analizaría únicamente «la última relación laboral continúa sostenida por las partes», lo cual daba pábulo a modificar los numerales primero y segundo de la sentencia inicial para declarar los vínculos en referencia; descartar la solidaridad entre los demandados; revocar el cálculo actuarial de los aportes a seguridad social, porque se

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Radicación n.° 96550 ordenó respecto del pago sobre un período no comprendido en el último contrato. Planteó que en esa atadura, las partes acordaron un salario variable constituido por una suma fija de $804.000 más transporte y el «0.7 % de comisiones “sobre el valor de las ventas brutas antes de IVA”»; que esa expresión debía analizarse «atendiendo el negocio jurídico que se está

celebrando y la voluntad de [los contratistas]», a la luz de lo cual debía comprenderse que ese emolumento se calculaba «sobre los dineros provenientes de las ventas efectuadas por la trabajadora, que resulten de descontar el impuesto al valor agregado [...] de allí que se refieran a “ventas brutas” pues así se le conoce en el argot popular». Explicó que no era lógica la deducción del primer juez que hace valer la actora, relativa a que el cómputo de la comisión pendía de «todas las ventas efectuadas por la empresa, cuando únicamente laboraba en un establecimiento de comercio y el resultado no estaba sujeto a su gestión o la prestación directa de sus servicios»; que, inclusive, aquella era consciente de la forma de liquidación convenida, porque sobre «sus ventas» era que efectuaba las reclamaciones a su empleador. Advirtió que, en gracia de discusión, de aceptar la interpretación de la reclamante, en todo caso se arribaría a la misma conclusión absolutoria, porque, ciertamente, no probó el monto al que ascendían las «ventas brutas» de la compañía; que, en efecto, ello no podía inferirse de la

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Radicación n.° 96550 certificación expedida por Bancolombia (f.° 273 y 273ª, ibidem), porque lo único que enseña son los valores que han ingresado a la cuenta de la sociedad, pero no especifica el concepto al que responden los mismos y tampoco se conoce a ciencia cierta, si recibe ingresos por otras actividades comerciales.

Estableció, en punto de la liquidación de las derechos laborales y prestaciones sociales, que el salario promedio en 2016, 2017 y 2018, correspondía con $896.470; $1.283.747,25 y $1.237.189,92, respectivamente; que ello se infería de la liquidación de la prima de servicios de la primera anualidad (f.° 249, ib) y los desprendibles de nómina de las subsiguiente (f.° 88 a 99 y 100 a 109, ib); que no determinaba la asignación inicial con el cuaderno de «gastos y ventas», ni con el comprobante de consignación de f.° 120, ibídem, porque respecto del primero se desconocía su autor y procedencia y el segundo no determina a quién pertenece la cuenta de destino o si esta era de la accionante. Adujo que, teniendo en cuenta esos montos, se infería que lo debido por concepto de cesantías y sus intereses, primas y vacaciones entre 2016 y 2018, ascendía a $8.422.556.84; que esa suma era inferior a la pagada por esos conceptos a la trabajadora, según los documentos de f.° 232, 233, 243, 244, 245, 246, ib., que equivalía a $13.234.183; que, por tanto, revocaría las diferencias ordenadas en su favor por la primera instancia.

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Radicación n.° 96550 Sostuvo que confirmaría la reliquidación de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones de abril y noviembre de 2017 y noviembre de 2018, porque se advertía

que habían sido realizados en los dos primeros casos por una suma inferior y en el último no aparecía pago alguno (f.° 100 y 231, ibidem). Agregó que, [...] lo que corresponde a las sanciones a que se refieren los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST, se advierte la improcedencia de las mismas. La primera, en razón a que las cesantías de las anualidades 2016 y 2017 fueron consignadas a un fondo según se advierte de las planillas visibles a folios 248 y 251, y las proporcionales del 2018 fueron pagadas directamente a la trabajadora al momento de finiquitar el vínculo laboral (folio 232). Y la segunda, no prospera ante la ausencia de emolumentos de carácter salarial o prestacional que se adeuden a la trabajadora (f.° 302 a 311, ib).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita «casar la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá [el] 17 de agosto de 2021 y contra sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal [...] del 31 de enero de 2022 [...] y en su lugar casar estas sentencias», para: [...] condenar al pago de que se apliquen las comisiones de la manera pactada en el contrato, es decir, sobre las ventas brutas

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Radicación n.° 96550 antes de IVA ordenando el pago de comisiones debidas – salarios,

prestaciones sociales, vacaciones y aportes a seguridad social en pensiones adeudadas con base en el salario real; con el pago de la respectiva sanción moratoria por el no pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a la finalización del contrato y consignación completa de las cesantías en vigencia de la relación laboral, en la medida que las comisiones constituyen salario y no se tuvieron en cuanta para liquidar dichas acreencias laborales (cuaderno de la Corte, archivo «2023084531472», expediente digital). Formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado por los demandados.

VI. CARGO ÚNICO Denuncia que las sentencias de primera y segunda instancia son «violatorias de la ley sustancial, por aplicación indebida e interpretación errónea de los artículos 21 y 127 del CST, en relación con los artículos 65, 249, 306 ibidem y 53 de la CP».

Señala que esas decisiones incurren en los siguientes defectos fácticos:

1. No dar por demostrado, estándolo, que el empleador SAATEX

GROUP SAS y ROGER ANTONIO LANCHEROS RODRÍGUEZ y la demandante SONIA MILENA RODRÍGUEZ ROMERO, pactaron por escrito en el contrato de trabajo que el salario de la demandante era el salario mínimo de la época más el 0.7 % por concepto de comisiones sobre el valor de las ventas brutas del empleador, expresamente fue lo pactado en el contrato de trabajo y lo entendido por la demandante, (Ver contrato y certificación obrante en el expediente), era tan claro que no dependía de las ventas directas de la demandante su comisión, que en el

interrogatorio a los testigos expresamente se señaló que “la señora Milena Comisionaba por todo lo que se vendía no importaba el vendedor”

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2. No dar por demostrado, estándolo, que las comisiones de la demandante SONIA MILENA RODRÍGUEZ ROMERO, pactadas por escrito consistían en el 0.7 % sobre el valor de las ventas brutas del empleador, pues con estas comisiones pactadas sobre las ventas brutas, lo primero y sencillo que debemos hacer es ver la definición de ventas brutas, para lo cual basta con dirigirnos a Google o buscar en cualquier diccionario financiero o contable; y así concluir que ventas brutas son el monto total de las ventas totales de una empresa en un determinado periodo de tiempo, es decir la cantidad total de ventas de una empresa por su actividad comercial, por definición esto son las ventas brutas, JAMÁS PODRÍA ENTENDERSE POR VENTAS BRUTAS, el valor vendido por un solo vendedor, sería una definición excluyente al concepto de ventas brutas, pues ventas brutas se refiere de manera inequívoca, expresa y clara a las ventas totales de una empresa o negocio, algunas definiciones al respecto señalan lo siguiente: ‘’El término ventas brutas se refiere a la cantidad total de ventas acreditadas a una empresa a raíz de su actividad comercial.’’ ‘’Las ventas brutas, son el monto que mide las ventas totales de una empresa en un determinado periodo de tiempo.’’ ‘’Ventas brutas: Totalidad de los ingresos de una empresa que provienen de las ventas en un período de tiempo’’ Dicho lo anterior, es evidente que lo que SAATEX GROUP SAS

pacto con la demandante como comisiones fue el 0.7 % de las ventas brutas, es decir, ventas totales de la empresa, tal como también lo señaló la demandante en su declaración y los testigos, pues esto fue claramente así pactado y también lo indicaron los testigos de la parte demandante, al señalar que la señora Milena comisionaba por todo lo que vendía cualquier vendedor. A pesar de ser claro el contrato respecto de las comisiones pactadas, pues expresamente se señaló que era sobre las ventas brutas y ya vimos la definición de esto, en el hipotético caso de existencia de dudas respecto de la aplicación de dicha cláusula o norma pactada entre las partes, el artículo 21 del CST es tajante y claro; al señalar que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas, en este caso de la ley de las partes que es el contrato, siempre prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador, [...]. No hay duda sobre lo que se pactó en el contrato como comisiones y su definición, pero en caso de existir dicha duda en la aplicación, debe interpretarse y aplicarse la interpretación favorable al trabajador [...]

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Radicación n.° 96550 Ahora bien, están demostradas y probadas las ventas brutas de SAATEX GROUPO SAS por ingresos recibidos en BANCOLOMBIA y debidamente certificados, ingresos que solo pueden provenir de su actividad comercial, pues la parte demandada dijo que el señor ROYER LANCHEROS recibía dinero de otras fuentes, pero eso no sucede y no pudo suceder con SAATEX GROUP SAS, por lo que las comisiones deben liquidarse conforme a los ingresos demostrados de

SAATEX GROUP SAS con la certificación de BANCOLOMBIA, al igual que las acreencias laborales debidas con base en dicho salario real.

3. No dar por demostrado, estándolo, con la certificación emitida por BANCOLOMBIA que los ingresos por ventas brutas de SAATEX GROUP SAS y EL DEMANDANDO ROYER LANCHEROS, se puede observar se recibieron ingresos brutos por ventas antes de IVA, por las siguientes sumas de dinero: - Para ROYER LANCHEROS de 2011 – 2014 la suma total de: $1.810.606.351. - Para SAATEX GROUP SAS de 2014 – 2018 la suma total de:

$4.464.575.294. Es decir, que entre ROYER LANCHEROS y SAATEX GROUP SAS, de 2011 a 2018, fechas en que trabajo mi cliente para ellos, recibieron ingresos por ventas brutas por la suma total de: $6.275.181.645, de los cuales durante la vigencia de la relación laboral se le debió pagar a la demandante el 0.7 % por concepto de comisiones, que equivale a la suma de $439.262.715, suma de dinero que se adeuda a la demandante por concepto de comisiones como factor salarial, debiéndose además prestaciones sociales, aportes a seguridad social en pensión y vacaciones por dicha suma de dinero y la respectiva indemnización moratoria teniendo en cuenta el salario diario real de la demandante.

4. No dar por demostrado, estándolo, según lo ordenado en el CST en su artículo 127 es claro al señalar que las comisiones constituyen salario [...]

EN CUANTO A LA NATURALEZA DE LAS COMISIONES, LA

SALA DE CASACIÓN LABORAL HA SIDO PROLIJA EN

INDICAR QUE TIENEN CONNOTACIÓN SALARIAL. POR

EJEMPLO, EN FALLO SL 21941, 26 ABR. 2004, INDICÓ: [...] Ahora bien, los extremos temporales de la relación laboral, el salario pactado conforme a las comisiones pactadas tienen plena prueba en el presente proceso, pues basta ver la certificación laboral que indica claramente las comisiones pactadas por el 0.7 % sobre ingresos por ventas brutas de la empresa antes de IVA,

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Radicación n.° 96550 sin importar quien vendiera la mercancía, son ventas brutas, certificación que es plena prueba, pues la Corte Suprema de Justicia en [...] Proceso 49346. Sentencia SL6621-2017 del 3 de mayo de 2017, ya tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto y manifestó lo siguiente respecto del VALOR PROBATORIO DE LAS CERTIFICACIONES LABORALES: [...] Dicho lo anterior, obviamente es claro que estamos en presencia de un despido indirecto, pues la renuncia acá tuvo lugar claramente por incumplimiento de las obligaciones del empleador, quien no pago las comisiones como factor salarial a la demandante, ni las acreencias laborales derivadas de este verdadero salario, lo que llevo a renunciar a mi poderdante, debiendo pagarse la indemnización por despido injustificado en el presente asunto.

5. Por lo anterior es necesario que se apliquen las comisiones de la manera pactada en el contrato, es decir sobre las ventas

brutas, ordenando el pago de salarios y prestaciones sociales adeudadas con base en el salario real; en la medida que las comisiones constituyen salario.

6. Los jueces de instancia erraron gravemente al dar probado sin estarlo que, la intención de las partes era remunerar las ventas efectuadas por la trabajadora, no resultando lógico que recibiera una comisión que no estaba sujeta a su gestión o la prestación directa de sus servicios. En todo caso, dijo, de entenderse que eran sobre la totalidad de las ventas de la empresa, estas no se encontraban probadas porque no era posible establecer, de la certificación expedida por Bancolombia, que todas las sumas allí depositadas eran producto únicamente de transacciones por ventas del local donde trabajaba la demandante. Error grave, cuando si fue claro el contrato al pactar ventas brutas antes de IVA y lo declarado por la demandante y el testigo, se pactó comisiones sobre ventas brutas de la empresa y no ventas de la trabajadora; como lo dan por probado los jueces de instancia sin estarlo, contrariando la literalidad del contrato y ante dudas de interpretación la aplicación favorable al trabajador, de conformidad con el artículo 21 del CST.

7. Por lo anterior es necesario que se apliquen las comisiones de la manera pactada en el contrato, es deci