CSJ - SL2966-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2966-2023 Radicación n.° 94110 Acta 44 Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación que interpuso NATALIA GAMBOA CORTÉS contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de septiembre de 2021, en el proceso ordinario laboral que la recurrente promueve en contra de la empresa

ALFAGRES EN REORGANIZACIÓN S. A.

Se reconoce personería adjetiva al abogado Augusto Antonio Conti Parra con tarjeta profesional n.º 18627 del C.

S. de J., como apoderado de la empresa accionada, en los términos y para los efectos del memorial poder que obra en el cuaderno digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES Natalia Gamboa Cortés solicitó se declare que la

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Radicación n.° 94110 demandada, luego de haberla reintegrado por orden de un juez de tutela, le finiquitó el nexo laboral el 23 de febrero de 2017, sin que para ello mediara justa causa. Asimismo, que se establezca que la empresa le liquidó las prestaciones sociales de forma deficitaria, pues las calculó con un salario inferior al realmente devengado. De igual manera, que se determine que las cesantías correspondientes a los años 2015 y 2016 no se le depositaron en un fondo, y que se le adeudan los salarios desde el 18 de diciembre de 2015, cuando le terminaron por primera vez el

contrato de trabajo con violación del fuero de maternidad, y el 21 de mayo de 2016, data esta última en la que operó la reinstalación por mandato del juez constitucional. Imploró también que se declare que la empleadora le descontó de su salario, de forma ilegal y arbitraria, la suma de $10.337.233. Como consecuencia de todo lo anterior, solicitó se condenara a la pasiva al pago de la indemnización por despido injusto, debidamente indexada; al reajuste de las prestaciones sociales tales como cesantías, sus intereses, primas y vacaciones; la sanción de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990; el reintegro de $10.337.233 debidamente actualizada y con réditos; los salarios y prestaciones dejados de cancelar entre el 18 de diciembre de 2015 y el 21 de mayo de 2016; la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST; la devolución de aportes a medicina prepagada que tuvo que sufragar a fin de garantizar la atención de su

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Radicación n.° 94110 gravidez y maternidad; más las costas del proceso. Del mismo modo, impetró el pago de perjuicios materiales y morales adicionales, por las lesiones y traumas causados a ella y a su hija en pleno proceso de gestación, cuando más necesitaban de protección y tranquilidad. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró al servicio de la demandada desde el 16 de abril de 2013, en el cargo de gestora de boutique, mediante contrato a término indefinido. Que, el 18 de diciembre de 2015, la

empresa la conminó a renunciar a su empleo y le ofreció como alternativa para no terminarle el contrato unilateralmente, la suscripción de un documento en el que se consignara que el finiquito del vínculo subordinado había sido de mutuo acuerdo; ello para que no se registrara en su historial, como antecedente, el haber sido objeto de un despido, lo cual no era conveniente para ella. Señaló que, ante esa disyuntiva, optó por firmar el acta de terminación del contrato de trabajo en la que se dejó constancia que había sido por un «supuesto» acuerdo, originado en los requerimientos del mercado tanto nacional como internacional, que exigían cambios para asegurar la sostenibilidad de la compañía, cuando en realidad se trató de «un verdadero despido». Afirmó que la enjuiciada no incluyó en la orden para el examen médico de retiro, una prueba de embarazo, que ella realizó por su propia cuenta el 20 de enero de 2016, junto

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Radicación n.° 94110 con una ecografía obstétrica transvaginal que evidenciaron que para esa fecha tenía ocho semanas y cinco días de embarazo; de lo que se infiere que, para la data de finalización del nexo laboral, esto es, el 18 de diciembre de 2015, tenía más de cuatro semanas de gestación; por lo cual solicitó a la empleadora su reintegro al cargo. Manifestó que, debido a que la empresa le negó la anterior petición, acudió a la acción de tutela y el Juez Noveno Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali, mediante sentencia 033 de 12 de mayo de 2016,

dispuso la reinstalación en el cargo, orden que la empresa cumplió a partir del 21 de mayo de 2016, aunque solo le pagó el salario básico sin comisiones. Indicó que ante una reclamación que presentó, la empleadora le hizo el reajuste salarial desde la data de su restitución al empleo hasta noviembre de 2016, aunque arbitrariamente le descontó la cantidad de $10.337.233 que había recibido con ocasión a la terminación del contrato por mutuo acuerdo. Reiteró que, la convocada no le pagó salarios ni prestaciones entre el 18 de diciembre de 2015 y el 21 de mayo de 2016, lapso en el que estuvo fuera de la empresa, pese a su estado de gravidez. Agregó que fue despedida, sin justa causa, el 23 de febrero de 2017, bajo el argumento de que, para esa fecha, ya habían finalizado los efectos del amparo constitucional, de

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Radicación n.° 94110 conformidad con los términos del fallo de tutela. Puntualizó que devengó un salario promedio de $3.695.138 en el año 2016, integrado por un básico de $2.540.600 más un estimado de $1.154.538 por concepto de comisiones; pero que, la compañía, el 28 de febrero de 2017, en un actuar de mala fe, le liquidó las prestaciones sociales solo con el salario básico y por el periodo del 21 de mayo de 2016, data del reintegro, al 23 de febrero de 2017. Por último, relató que, aunque la empresa la reinstaló a

su cargo, la obligó a quedarse en su casa, y por esa razón no devengó comisiones, lo cual le generó estrés y puso en peligro su proceso de embarazo que se volvió de alto riesgo y, por ese motivo, estuvo incapacitada y fue sometida a una cesárea debiendo costear por su cuenta todo el tratamiento médico. Al dar respuesta a la demanda inicial, la pasiva se opuso a las pretensiones. Frente a los hechos señaló que la actora fue inicialmente contratada como asesora de diseño y luego designada como gestora comercial de boutique; que el contrato de trabajo estuvo vigente entre el 16 de abril de 2013 y el 18 de diciembre de 2015. Aclaró que, en esta última fecha acordó con la empleada, en ejercicio del principio de la autonomía privada de la voluntad y con fundamento en el literal b) numeral 1 del artículo 61 del CST, subrogado por el canon 5 de la Ley 50 de 1990, dar por terminado el nexo laboral por mutuo acuerdo, a partir de esa misma fecha. Admitió que en su contra se interpuso una acción de

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Radicación n.° 94110 tutela y que, en cumplimiento a lo allí decidido, reintegró a la trabajadora el 23 de mayo de 2016, de manera transitoria y hasta cuando sea superado el periodo de gestación, alumbramiento y lactancia, como se dispuso en el fallo constitucional, y luego prescindió de los servicios de la trabajadora. Indicó que, la reclamante no prestó el servicio efectivamente porque estaba incapacitada médicamente

dado que su embarazo era de alto riesgo y que, de todas maneras, se le liquidaron las incapacidades sobre el salario promedio de $3.695.138 mensuales. Precisó que la comunicación del 23 de febrero de 2017 no fue un despido, sino que se le informó a la convocante sobre la cesación de efectos del amparo constitucional que ordenó el juez de tutela. Señaló que, las prestaciones sociales se estimaron con un salario promedio de $4.475.492 y que, en estricto rigor, no hubo estimación de comisiones, puesto que la trabajadora no prestó los servicios personales de ventas porque estuvo incapacitada. Por tanto, el pago en realidad correspondía al beneficio económico por ese concepto. Agregó que las partes manifestaron su consentimiento de manera espontánea, libre y voluntaria por lo que no mediaron vicios como el error, la fuerza o el dolo. Dijo que no era cierto que hubiera obligado a la accionante a suscribir el acta de finalización consensual del vínculo, y que no estaba obligada a pagar salarios ni prestaciones, entre el 18 de

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Radicación n.° 94110 diciembre de 2015 y la data en que operó el reintegro; así mismo aceptó que al reliquidar las acreencias laborales después de la reinstalación, le descontó la suma de $10.337.233. Explicó que al momento del retiro de la empleada no le solicitó prueba de embarazo, porque es una circunstancia que hace parte de su derecho fundamental a la intimidad. Recalcó que cuando se suscribió el acta de finiquito de la relación subordinada, ignoraba que la actora estaba en esa

condición física, pues ella guardó silencio al respecto. Los demás hechos los negó o manifestó que no le constaban. No propuso excepciones.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 22 de octubre de 2020, decidió: PRIMERO: DECLARAR que entre la señora NATALIA GAMBOA CORTÉS identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.125.281 y ALFAGRES S.A. como empleador existió una relación laboral a término indefinido, entre el 16 de abril de 2013, hasta el 17 de diciembre de 2015; terminado (sic) por mutuo acuerdo entre las partes; conforme lo manifestado en precedencia.

SEGUNDO: DECLARAR que la demandada ALFAGRES S.A., descontó irregularmente la suma de $10.337.233, correspondiente a la bonificación por terminación de su contrato laboral, conforme las consideraciones de esta sentencia.

TERCERO: CONDENAR a ALFAGRES a pagar los siguientes valores: descuentos no permitidos a título de bonificación la suma de $10.337.233, indemnización moratoria del artículo 65 del CST, por los primeros 24 meses la suma de $88.653.312.

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CUARTO: CONDENAR a ALFRAGRES a liquidar y pagar la indemnización moratoria por falta de pago del reajuste salarial y prestacional por la suma de $10.337.233 aplicando sobre este

capital insoluto los intereses del artículo 29 de la 798 (sic) del año 2002, a partir del 27 de febrero de 2019 hasta que su pago se haga efectivo.

QUINTO ABSOLVER a ALFAGRES S.A., DE LAS DEMÁS

PRETENCIONES (sic) INCOADAS EN SU CONTRA EN ESPECIAL EL PAGO DEJADO DE PERCIBIR POR DESDE EL 18 DE DICIMBE DE 2015 (sic) Y EL 21 DE MAYO DE 2016 LA INDEMNIZACIÓN por despido injusto, la reliquidación prestacional y salarial, sanción moratoria por el no pago de cesantías, el pago de perjuicios materiales y morales, y el reintegro de los aportes a medicina prepagada, por las razones ya especificadas por el Despacho. CONDENAR en costas parciales a la demandada en favor de la demandante, las cuales se tasarán oportunamente por la secretaria del Juzgado, para lo cual se fijan desde ya las agencias en derecho en suma equivalente a $10 SMMLV.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que conoció en virtud del recurso de apelación interpuesto por las partes, mediante fallo de 30 de septiembre de 2021, decidió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral TERCERO de la sentencia apelada identificada con el No. 200 del 22 de octubre de 2020, proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali, en el sentido de indicar que se CONDENA a ALFAGRES únicamente a pagar el valor de $10.337.233 por concepto de bono de retiro

acordado en el acta de terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo el día 18 de diciembre de 2015 y que fue descontado de manera ilegal el día 5 de diciembre de 2016; sin que haya lugar al pago de la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del C.S.T., por las razones expuestas en el presente proveído.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral CUARTO de la sentencia apelada identificada con el No. 200 del 22 de octubre de 2020, proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali y, en su lugar se dispone CONDENAR a ALFAGRES S.A. a pagar a NATALIA GAMBOA CORTÉS, por concepto de indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa

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Radicación n.° 94110 causa, el valor de $3.695.138, el cual deberá pagarse de manera indexada desde el 24 de febrero de 2017, hasta la fecha en que se haga efectivo el pago, con el fin de corregir la pérdida del poder adquisitivo de la moneda sufrida en el tiempo por causas inflacionarias.

TERCERO: CONFIRMAR la sentencia apelada en todo lo demás.

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.

El Tribunal señaló que el problema jurídico por resolver consistía en determinar: i) si se había equivocado el juez al declarar la existencia de dos contratos de trabajo independientes con ocasión de la orden de reintegro dispuesta por el juez constitucional o, si por el contrario, se trató de una única relación laboral; ii) en caso afirmativo, si

era procedente el pago de salarios, prestaciones sociales y vacaciones dejados de percibir desde la fecha de la terminación -18 de diciembre de 2015-, hasta la del reintegro -23 de mayo de 2016-; iii) al reajuste de la liquidación final del contrato de trabajo efectuada el 28 de febrero de 2017, teniendo como data de inicio contractual el 16 de abril de 2013 y no el 23 de mayo de 2016; iv) a la cancelación de la bonificación de retiro por valor de $10.337.223 que se le descontó a la convocante; v) a reconocer la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, y vi) a condenar al pago de la indemnización por despido injusto. Para dilucidar esos temas se refirió inicialmente a la estabilidad laboral reforzada por fuero de maternidad y señaló que tanto la Corte Constitucional como la Suprema de Justicia han insistido en la necesidad de proteger a la mujer en estado de embarazo, no solo a partir de los lineamientos constitucionales y legales internos, sino a la luz de la

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Radicación n.° 94110 legislación internacional ratificada por Colombia, que obliga a impartir una especial protección a este grupo poblacional, históricamente discriminado. Indicó que la jurisprudencia de ambas corporaciones se orientaba a considerar que no producía efectos el despido que ocurría durante el embarazo o en los tres meses posteriores al parto, periodos en los cuales se presumía que la terminación unilateral del nexo laboral por parte de la empleadora se daba por causa o en razón a esas circunstancias, en los eventos en que no medie la debida

autorización del Ministerio del Trabajo como lo disponía el artículo 239 del CST. Destacó que, en caso de presentarse el finiquito de la relación laboral sin el lleno de esa exigencia, no producía efecto alguno, por lo que se generaría el reintegro de la afectada con esa determinación empresarial, al mismo puesto de trabajo o uno similar, junto con el pago de las erogaciones dejadas de percibir. Citó en respaldo de sus razonamientos las sentencias CC SU-070-2013 y CC SU075-2018, de las cuales transcribió algunos apartes. Posteriormente, dijo que, mediante sentencia CC SU075-2018, la Corte Constitucional había introducido un cambio a su jurisprudencia, en el sentido de que para que proceda la protección, el empleador debe tener conocimiento del estado de gestación. Manifestó que, entre las partes involucradas en esta

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Radicación n.° 94110 controversia existieron dos contratos de trabajo a término indefinido: uno que inició el 16 de abril de 2013 y que terminó por mutuo acuerdo de los suscriptores el 18 de diciembre de 2015; y otra relación que surgió a partir del 23 de mayo de 2016, con ocasión del reintegro ordenado en virtud de una acción de tutela, la cual finalizó el 23 de febrero de 2017. Recalcó que esta última, constituyó un vínculo laboral a término indefinido independiente. Relievó que a folios 73 a 76 del expediente obraba copia del contrato de trabajo a término indefinido suscrito por las partes el día 16 de abril de 2013. Agregó que igualmente a

folios 14 a 15 militaba el «Acta de terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento», en la que se consignó que los firmantes acordaron dar por terminado consensuadamente, el nexo subordinado que pactaron el 16 de abril de 2013, con efectos una vez finalizada la jornada del día 18 de diciembre de 2015. Adicionó que en dicha oportunidad los contratantes concertaron el pago de una «bonificación no constitutiva de salario ni factor salarial para efectos prestacionales» por valor de $10.337.233, denominada «bono de retiro». Describió que, la actora, tanto en la demanda inaugural (f.os 4 a 14), como en el interrogatorio de parte, expresó que «más o menos al cabo de un mes de mi retiro, me doy cuenta que estoy en embarazo»; y que, por tanto, se advertía que aquella, al momento de suscribir el acta de terminación del contrato laboral, desconocía que era madre gestante; hecho

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Radicación n.° 94110 que le informó a la empresa hasta el 3 de febrero de 2016 (CD folio 187, minutos 19:26 y s.s.). Aseveró que, a folios 29 a 42 del plenario reposaba copia de la sentencia de tutela de segunda instancia proferida por el Juzgado Noveno Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali, del 12 de mayo de 2016, en la que se revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, ordenar a la empresa ALFAGRES S.A. reintegrar a la demandante «al cargo que venía desempeñando o uno de

similares funciones hasta tanto culmine su período de gestación, alumbramiento y lactancia». Dijo que, a folio 163 se encontraba la constancia que daba cuenta del reintegro de la trabajadora a partir del 23 de mayo de 2016, en cumplimiento de lo dispuesto por el juez constitucional. Argumentó que, de las pruebas referidas, se extraía que Gamboa Cortés laboró al servicio de la empleadora del 16 de abril de 2013 al 18 de diciembre de 2015, cuando las contratantes decidieron terminar el nexo de trabajo por mutuo consenso mediando el pago de una bonificación por retiro. Enfatizó en que para la data en la cual se firmó el pacto, la trabajadora no conocía de su estado de embarazo, como ella misma lo había admitido y, por ende, la empresa tampoco sabía de esa circunstancia. Puso de presente que, aquella solo le informó a la demandada de su estado de gestación el día 3 de febrero de

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Radicación n.° 94110 2016, es decir, aproximadamente dos meses después del finiquito del vínculo contractual. Refirió que, la demandante interpuso acción de tutela, la que en segunda instancia se decidió a su favor y en la cual el juzgador constitucional dispuso el reintegro por el período de gestación y lactancia. Luego se remitió a la sentencia CC SU-070-2013 y recalcó que en esa providencia se estableció que cuando el empleador termina el contrato de trabajo, desconociendo el estado de gravidez de la empleada, únicamente estaba obligado a reconocer las cotizaciones durante el período de

gestación. Señaló que la convocante pretendía la satisfacción de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir en el lapso comprendido entre la data de terminación del vínculo subordinado por mutuo acuerdo, 18 de diciembre de 2015, y la del reintegro, esto es, 23 de mayo de 2016; pero que la orden del juez de tutela era determinante en cuanto a que la reinstalación procedía «al cargo que venía desempeñando o uno de similares funciones hasta tanto culmine su período de gestación, alumbramiento y lactancia»; sin que hubiera adicionado ninguna otra orden a cargo de la empresa. Expuso que, el juzgador constitucional argumentó que el empleador terminó el contrato de trabajo de la accionante sin el permiso del Ministerio de Trabajo, el que se requería aún en los eventos de finiquito laboral consensuado.

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Radicación n.° 94110 Insistió en que el juez de tutela no dispuso el pago de salarios y prestaciones sociales en favor de la actora, que reclamaba en este proceso ordinario; y, además, que la decisión de tutela no había sido revisada por la Corte Constitucional, razón por la cual, se encontraba en firme. En esa medida estimó que, el nexo de trabajo suscrito el 16 de abril de 2013 terminó válidamente por mutuo acuerdo entre las partes el día 18 de diciembre de 2015. Adicionó que, la orden judicial dio lugar a una nueva relación laboral a término indefinido, a partir del 23 de mayo de 2016 y hasta el 23 de febrero de 2017, razón por la cual, no había

lugar al pago de salarios y prestaciones sociales, como tampoco a la cancelación del reajuste de la liquidación final del contrato de trabajo, reclamados. En lo que atañe a la condena por reintegro de la bonificación de retiro por valor de $10.337.233, que la empleadora le descontó a la empleada al finalizar el segundo vínculo, y que aquella cuestionaba en la apelación, era necesario advertir que ese concepto se le había otorgado en virtud del acuerdo contenido en el acta de terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento suscrita por las partes el 18 de diciembre de 2015; y que como ese convenio fue válido, el pago del bono por retiro era eficaz y, por tanto, no existía razón alguna para que la empresa lo hubiera compensado del reajuste de salarios causado durante la nueva relación laboral que surgió con posterioridad al 23 de mayo de 2016, con ocasión de la orden del juez de tutela.

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Radicación n.° 94110 Respecto a la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, argumentó que no era procedente porque el valor de $10.337.233 correspondiente al bono por retiro, acordado por las partes para el finiquito consensuado del vínculo de trabajo, no era constitutivo de salario. Lo anterior puesto que esa suma no había sido recibida por la empleada como contraprestación de los servicios prestados, como lo indican los artículos 127 y 128 del CST, sino que se trató de una cantidad dineraria acordada para transar la finalización del contrato laboral por mutuo consentimiento.

En lo relativo a la pretensión de indemnización por despido injusto del segundo contrato de trabajo, consideró que era viable puesto que, si bien la orden del fallo de tutela de 12 de mayo de 2016 dispuso el reintegro «hasta tanto culmine su período de gestación, alumbramiento y lactancia» lo que ocurrió el 23 de febrero de 2017, esa circunstancia no era constitutiva de una de las justas causas contempladas en el artículo 62 del CST. Recalcó que la empresa no invocó ninguna de las causales referidas en el precepto citado, por lo que el despido era infundado y de ese modo viable el pago de la indemnización de que trata el artículo 64 del CST, la que tasó en la suma de $3.695.138, teniendo en cuenta que se trató de un contrato de trabajo a término indefinido que inició el 23 de mayo de 2016 y finalizó el 23 de febrero de 2017, con un salario mensual promedio equivalente a $3.695.138 (folio 49). Señaló que ese monto debía ser cancelado de manera indexada, desde la data de terminación del vínculo hasta

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Radicación n.° 94110 cuando se hiciera efectivo el pago, con el fin de corregir la pérdida del poder adquisitivo de la moneda sufrida en el tiempo por causas inflacionarias.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Sala, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la impugnante que la Corte case parcialmente

la sentencia del ad quem:

[…] en cuanto confirmó los extremos laborales declarados por el fallador de primera instancia, así como la absolución respecto de los demás emolumentos como reajuste de prestaciones sociales y reconocimiento y pago de salarios causados del 19 de diciembre de 2015 al 22 de mayo de 2016 y no pago de indemnización contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y en cuanto REVOCÓ la condena por concepto de indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del CST por haberle sido descontada ilegalmente a la demandante la suma de $10.337.233 de su liquidación de prestaciones sociales y su carácter, para que una vez constituida esa H. Sala en sede de instancia, CONFIRME lo dispuesto por el fallador de primer grado, en cuanto al reconocimiento y pago de la indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 del CST, REVOQUE la declaratoria de los dos extremos distintos de la relación laboral que decretó y declare que los extremos únicos de la relación laboral van desde el 16 de abril de 2013 al 23 de febrero de 2017, así como revoque la absolución impartida respecto de los demás pedimentos como la indemnización del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en su lugar acceda a su reconocimiento en los términos impetrados en el libelo genitor, con la reliquidación prestacional y salarial que allí se reclama. NO LA CASE EN LO DEMÁS, es decir, mantenga la condena impuesta respecto al reintegro de la suma de $10.337.233 descontada a la demandante de forma ilegal; y aquella relativa al reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin justa causa, obviamente liquidada conforme el real y

único lapso de la relación laboral, del 16 de abril de 2013 al 23 de febrero de 2017. En costas proveerá lo que en derecho

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Radicación n.° 94110 corresponda. Con tal propósito formula dos ataques, por la causal primera de casación, que se replican por la empresa accionada y que la Sala estudiará en forma conjunta dado que persiguen idéntico objetivo y presentan argumentos que se complementan.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 239 a 241 del CST, en relación con los mandatos 23 y 27 del Decreto 2591 de 1991; 62, 64, 65, 127, 128, 186, 249, 253, 254 y 306 también del CST; y los cánones 99 de la Ley 50 de 1990 y 66 A del CPTSS.

Denuncia como errores manifiestos de hecho los siguientes:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que «… el contrato de trabajo suscrito el 16 de abril de 2013 terminó por mutuo acuerdo de las partes el día 18 de diciembre de 2015; razón por la cual, la relación laboral surgida a partir del 23 de mayo de 2016, con ocasión del reintegro ordenado vía acción de tutela, y que finalizó el 23 de febrero de 2017, se trató de un contrato de trabajo a término indefinido independiente …».

2. No dar por demostrado, siendo evidente, que como consecuencia de la sentencia de tutela emitida el 12 de mayo de

2016 por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Cali con funciones de conocimiento, al haberse dispuesto y ordenado a la entidad accionada a «reintegrar a la señora NATALIA GAMBOA CORTEZ (sic), al cargo que venía desempeñando o uno de similares funciones hasta tanto culmine su período de gestación, alumbramiento y lactancia», dicha decisión implicaba la nulidad de la terminación contractual llevada a cabo el 18 de diciembre de 2015 y en consecuencia, los efectos de dicha providencia devienen en mantener sin solución de continuidad el vínculo laboral que ataba a las partes, lo que en consecuencia lleva

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Radicación n.° 94110 inmerso el pago de salarios y prestaciones sociales a que haya lugar.

3. No dar por demostrado, estándolo, que los extremos de la relación laboral que unió a la señora NATALIA GAMBOA CORTES con la empresa ALFAGRES S.A. hoy en REORGANIZACIÓN, fue del 16 de abril de 2013 al 23 de febrero de 2017, sin solución de continuidad, y, en consecuencia, le asiste derecho a mi representada al reconocimiento y pago de la reliquidación salarial y prestacional que solicita, conforme los lapsos antes anotados.

4. No dar por demostrado, estándolo, que al haber finalizado la única relación laboral, de forma unilateral e injusta el 23 de febrero de 2017, el descuento efectuado a la demandante en la suma de $10.337.233 el 5 de diciembre de 2016, se hizo de forma ilegal e injusta, no porque obedeciera a un «bono de retiro», sino

porque se realizó sobre rubros de naturaleza salarial, aunado a que la demandante no había autorizado tal acción, y de contera se realizó en plena vigencia del contrato de trabajo, además, que se venía adeudando los salarios causados del 19 de diciembre de 2015 al 22 de mayo de 2016, lo cual es suficiente para exponer el actuar incorrecto en que incurrió la accionada, quien deberá ser acreedora a la sanción moratoria contemplada en el artículo 65 del CST. Manifiesta que los anteriores yerros fácticos se generaron en la equivocada estimación de las siguientes pruebas y piezas procesales:

1. Acta de terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo (f.os 14, 15, 78 y 79 cdno. Ppal.).

2. Sentencia de tutela del Juzgado Noveno Penal del Circuito de Cali con funciones de conocimiento del 12 de mayo de 2016

(f.os 29 a 42 y 140 a 153 ibídem).

3. Comunicación de 23 de mayo de 2016, mediante la cual la empresa accionada le manifiesta a la demandante que será reintegrada (f.os 43 y 163 ibídem).

4. Comunicación dirigida a la demandante el 23 de febrero de 2017, informándole la terminación de su contrato de trabajo por «terminación de los efectos del amparo constitucional» (f.os 48 y 165).

5. Comunicación del 5 de diciembre de 2016 dirigida a la demandante mediante la cual se le notifica que le serán descontados los $10.337.233 reconocidos por concepto de «bono de retiro» (f.os 46 y 164 ibídem).

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Radicación n.° 94110

6. Liquidación definitiva de prestaciones sociales (f.os 49, 80 y

167). En la demostración del cargo alega la censura que, el colegiado admitió que el juez constitucional ordenó el reintegro de la actora por el período de gestación y lactancia de conformidad con el criterio de la Corte Constitucional expuesto en la sentencia CC SU-070-2013, el cual estaba vigente cuando se dictó la providencia acusada. Dice que lo anterior significa que en el sub examine no se discute si la empresa empleadora conocía o no del estado de gravidez de la actora, puesto que la procedencia del reintegro se ordenó conforme a los parámetros judiciales que regían para cuando se decidió la acción constitucional. Expresa que tampoco se controvierte en el juicio que suscribió cont