CSJ - SL2980-2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL2980-2023 Radicación n.°93741 Acta 39 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CLAUDIA LORENA MERA PAZ y la FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 24 de noviembre de 2020, en el proceso que instauró

CLAUDIA LORENA MERA PAZ contra la FUNDACIÓN

HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA.

I. ANTECEDENTES Claudia Lorena Mera Paz llamó a juicio a la Fundación Hospital San José de Buga, con el fin de que se declare la existencia de un contrato de trabajo desde el 1 de septiembre de 2004 hasta el 12 de julio de 2016. En consecuencia, solicitó se ordene el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la terminación de la

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Radicación n.°93741 relación laboral con los correspondientes incrementos legales y reajustes salariales de las primas legales de servicio, vacaciones y auxilio de cesantía. Además solicitó el pago de la nivelación salarial respecto del salario percibido por un médico general o superior durante toda la relación laboral, que se reconozca la diferencia salarial de las prestaciones sociales como primas de servicio, vacaciones, auxilio de cesantía, intereses de cesantía, moratoria en el pago de cesantía, pago de aportes a la seguridad social como independiente, al igual que el

incremento salarial de dichos aportes, la retención en la fuente y la indemnización moratoria. Fundamentó sus peticiones en lo que interesa al recurso extraordinario, en que prestó sus servicios a la entidad demandada desde el 1 de septiembre de 2004 al 12 de julio de 2016 en el cargo de médico general en el servicio de pediatría, que dicha función no era remunerada conforme con el salario de quienes se encontraban vinculados mediante contrato de trabajo en la empresa demandada; Los servicios fueron prestados de conformidad con las instrucciones de la demandada y recibía órdenes de los doctores Yamileth Garcés Sánchez, gerente de salud; Carlos Guillermo Sánchez, subgerente de salud y coordinador médico; Orlando Peña, coordinador de gestión humana; y Carlos Toro, jefe de servicio de pediatría. Manifestó que durante dicho lapso prestó sus servicios de manera personal y que su labor consistía en atender

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Radicación n.°93741 consulta de niños, niñas y jóvenes que acudían a la entidad demandada, realizaba anotaciones de la historia clínica, para lo cual le fue asignado un consultorio, un computador y una clave personal. Las labores las desempeñaba en el hospital, en turnos de 12 horas, con excepción de los días miércoles y domingos, cuando realizaba turnos de 24 horas, a veces hasta 96 horas seguidas y que prestaba el mismo servicio que realizaban médicos generales y especialistas que percibían un salario superior. Añadió que no tenía discrecionalidad en el cumplimiento del contrato ni flexibilidad en su horario de trabajo y que la entidad era la que establecía las

instrucciones precisas respecto del manejo de incapacidades, la no realización de triage a medicina prepagada, atención a miembros de la Policía Nacional, entre otras y lo relacionado con los cambios de turno, los cuales debían estar autorizados, pues de lo contrario no serían pagados. Expuso que debía asistir a capacitaciones y que le exigían la acreditación de las mismas, entre ellas, la asistencia al curso Soporte Vital, el cual sería subsidiado en un 50% por la entidad. Afirmó que tuvo que hacer pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones que le correspondían al empleador, y que, además, para poder celebrar los contratos se le exigía el pago de una póliza de responsabilidad. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y en cuanto a los hechos, aceptó

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Radicación n.°93741 que la demandante prestó sus servicios a través de un contrato de prestación de servicios y lo referente a la expedición de algunas certificaciones; precisó que se pactaron honorarios y no salario por lo que no había lugar a incrementos; que fue la actora quien determinó cuantos días y horas dedicaría a la prestación del servicio, adujo que los contratos fueron ejecutados conforme a las condiciones previamente establecidas y que la demandante dada la naturaleza de las actividades no recibía órdenes, sino instrucciones sobre la forma de prestar los servicios, aceptó que se dieron capacitaciones, y charlas, pero aclaró que estas tuvieron como temas la medicina general o pediátrica; en relación con la capacitación sobre Soporte Vital, señaló que

esta es obligatoria respecto de todas las instituciones prestadoras de salud, así como también lo es la constitución de pólizas de responsabilidad civil, sin importar el tipo de vínculo contractual, negó los hechos restantes. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la relación laboral, en razón de la existencia de contratos de prestación de servicios, inexistencia de la obligación de pagarle cualquier suma que se derive de la presente demanda, cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y la innominada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 30 de julio de 2019 (fls. 236-238), resolvió:

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Radicación n.°93741 PRIMERO. - DECLARAR no probadas las excepciones, excepto la de PRESCRIPCIÓN que se declarara (sic) probada parcialmente frente a los derechos causados con anterioridad al 21 de noviembre de 2013. SEGUNDO. - DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo realidad entre la demandada CLAUDIA LORENA MERA PAZ y la demandada FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA, en la modalidad verbal a término indefinido y con extremos del 01/09/2004 al 12/07/2016, desempeñando el cargo de Médico General en área de Pediatría. TERCERO. - CONDENAR a la demandada FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA a RECONOCER y CANCELAR dentro de los tres (3) siguientes a esta diligencia a favor de la

demandante CLAUDIA LORENA MERA PAZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 25.274.900, las siguientes sumas de dinero: • 3.1 Auxilio de Cesantías la suma de $47.438.529,00. • 3.2 Intereses a las Cesantías la suma de $2.115.141,00. • 3.3 Prima de Servicios la suma de $16.979.929,00. • 3.4 Vacaciones Compensadas la suma de $9.609.429,00. • 3.5 Sanción por no pago de los intereses de cesantías (Ley 52/1975), la suma de $2.115.141,00. • 3.6 La INDEXACIÓN de todas las sumas que anteceden a partir del mes de Julio de 2016 y hasta cuando se verifique su pago. • 3.7 Los Aportes en Pensión, que obedecerá al valor de la diferencia pagada por la trabajadora como independiente con el salario realmente percibido entre el 01/09/2004 al 12/07/2016, a satisfacción del cálculo actuarial que genera la administradora de pensiones PORVENIR, cuyo

IBC es: Periodo Salario Desde Hasta Promedio 01/09/2004 31/12/2004 $3.415.163 01/01/2005 31/12/2005 $3.073.000 01/01/2006 31/12/2006 $3.937.500 01/01/2007 31/12/2007 $3.605.000 01/01/2008 31/12/2008 $3.243.000 01/01/2009 31/12/2009 $2.618.000

01/01/2010 31/12/2010 $2.923.500 01/01/2011 31/12/2011 $3.586.000 01/01/2012 31/12/2012 $4.134.900 01/01/2013 31/12/2013 $4.398.625 01/01/2014 31/12/2014 $5.698.000 CUARTO. - ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones incoadas por la demandante.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante fallo de 24 de noviembre de 2020, al resolver el recurso de apelación presentado por la demandante y la demandada decidió confirmar la decisión de primera instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal estableció como problemas jurídicos a resolver los siguientes: i) si procedía la adición de la sentencia solicitada por la parte demandada, ii) si entre las partes, se suscitó un contrato laboral, o si por el contrario la relación contractual se desarrolló dentro de la autonomía e independencia de un contrato de prestación de servicios civiles y, iii) en caso de ser positiva la respuesta anterior, si hay lugar a imponer el pago de las sanciones moratorias previstas en los artículos 65 del C.S.T. y 99 de la Ley 50 de 1990. Frente al primer problema planteado a juicio del ad quem se concluyó que no había lugar a la devolución y adición de la sentencia puesto que el juez de primera instancia se pronunció respecto de la excepción de buena fe

propuesta por la demandada, al momento de resolver la procedencia de sanciones por no pago de prestaciones sociales y consignación de las cesantías. En relación con el segundo de los problemas jurídicos planteados, en lo que tiene que ver con la existencia de un contrato de prestación de servicios, inició el Tribunal por

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Radicación n.°93741 definir el contrato de trabajo como aquel en virtud del cual una persona natural presta un servicio personal a otra a cambio de una remuneración, confluyendo tres elementos a saber: la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario, siendo carga probatoria del trabajador el demostrar la prestación personal del servicio, en unos extremos temporales y a favor de la persona demandada como empleador, pues a partir de ella se presume la existencia del contrato de trabajo de conformidad con lo previsto en el art. 24 del C.S.T. Analizó el concepto de subordinación y encontró que fue demostrada la prestación personal del servicio y, por consiguiente, se presumen los restantes elementos, esto es, la subordinación y el salario. Al analizar las pruebas recaudadas, señaló que no se discute que la demandante se vinculó con la Fundación Hospital San José para prestar sus servicios como médico general desde el 1 de septiembre de 2004 al 12 de julio de 2016. Ahora bien, a efectos de acreditar que el servicio no fue subordinado, se aportaron varios contratos de prestación de servicios, no obstante, los documentos por sí solos, no son suficientes para tener por cierto que en la práctica se ejecutó un contrato civil y no laboral. Tuvo en cuenta los documentos que obran a folios 44 a

47 -certificados del Coordinador Servicios de Pediatría-, quien indicó que la demandante trabajó bajo su supervisión

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Radicación n.°93741 durante 8 años, desempeñando diferentes funciones como médico general de los servicios de pediatría de la institución. Además a folios 48 a 72, se encuentran las citaciones para capacitaciones, así como para reuniones, jornadas académicas y charlas médicas obligatorias, además de los requerimientos de certificados solicitados por la entidad, circulares dirigidas a los médicos generales sobre la atención de menores de edad, instrucciones para el diligenciamiento de registros clínicos y fórmula de control especial, las directrices para emitir incapacidades a Policías, la conducta a seguir pacientes IRAG, la advertencia de la no realización de TRIAGE a usuarios de medicina prepagada, el uso de siglas que se evalúan por parte del comité de historias clínicas, diligenciamiento de formatos CTC, información sobre nuevo desarrollo en THEO HCE, reiteración de los cambios de turno, los cuales deben estar autorizados previamente por la Subgerente de Salud y/o Coordinación de Gestión Humana. También tuvo en cuenta el Tribunal, la documental que obra a folio 77 -certificado expedido por el Coordinador de Gestión del Talento Humanoen el que se certifica la prestación de servicios en los extremos indicados. Y, de las declaraciones de los médicos Peregrino Yesid Ramírez Parra, Carlos Hernando Toro Montero, Edgar Pazmín González y Orlando Peña se desprende que se encontraba acreditada la prestación del servicio y se logró

demostrar que la demandante estaba sometida al

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Radicación n.°93741 cumplimiento de órdenes e instrucciones por parte de los especialistas de pediatría y a las directrices emitidas mediante las circulares dirigidas a los médicos generales. Consideró el ad quem que con los testimonios, se acreditó que era la Fundación quien le proporcionaba los elementos para prestar los servicios; que mensualmente debía pasar su disponibilidad para realizar los turnos; que cuando solicitaba permisos debía cuadrar los turnos y que además, le correspondía informar a la oficina de Talento Humano su disponibilidad y cambio de los mismos. En virtud de lo expuesto, el Tribunal confirmó lo decidido por la primera instancia en relación a la declaración de un contrato de trabajo entre el 1 de septiembre de 2004 al 12 de julio de 2016. En relación con la buena fe alegada por la demandada, señaló el Tribunal que esta siempre equivale a obrar con lealtad, rectitud y de manera honesta en contraposición a obrar de mala fe, puesto que, quien actúa así pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud y advirtió que deben existir motivos suficientes que lleven a concluir que realmente el empleador creía que la forma establecida era legal. El juez de apelaciones entonces llegó a la convicción de que era viable entender que no existía un contrato de trabajo en virtud de que: i) no se pactó exclusividad, de manera que es posible que un trabajador celebre o ejecute en la realidad dos o más contratos con diferentes empleadores y, ii) al

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Radicación n.°93741 analizar el interrogatorio de parte de la demandante, así como la prueba testimonial allegada al proceso se pudo constatar de que existió un grado de autonomía, que si bien no desvirtúa la existencia del contrato de trabajo logra vislumbrar que habían motivos creíbles para que el empleador considere legal la forma de vinculación. Añadió que, en efecto, la demandante señaló en el interrogatorio de parte que durante el tiempo que prestó el servicio con el Hospital, tuvo contratos con varias entidades de salud y que tuvo flexibilidad en las jornadas de prestación de servicios a favor del demandado, al punto que cambió a medio turno su servicio. Igualmente, constató por el mismo dicho de la demandante, confirmado por el jefe de talento humano, que había una coordinación de los turnos mes a mes conforme su disponibilidad, razón por la cual, incluso la asignación mensual era variable; circunstancia que, si bien no desnaturaliza la existencia del contrato de trabajo porque la actora no era independiente en la ejecución del mismo, sí son elementos demostrativos de buena fe.

IV. RECURSO DE CASACIÓN (DOBLE) DE LA PARTE DEMANDADA Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

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Radicación n.°93741 Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia dictada por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Buga de 24 de noviembre de 2020 en cuanto confirmó la sentencia de primer grado y, en sede de

instancia se le absuelva de todas las pretensiones de la demanda. Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación en el cual no fue replicado.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria por vía indirecta de los artículos 22, 23, 24, 55, 61, 64, 65, 306, 186, 249 del Código Sustantivo del Trabajo y 2066 del Código

Civil. Pruebas que se acusan de haber sido erróneamente apreciadas por el juzgador de segundo grado. i) Confesión de la demandante. ii) Documentales: - Contratos de prestación de servicios de la demandante aportados con la demanda - folios 37 a 41 y los aportados con la contestación - folios 167 a 178. - Cartas de recomendación obrantes de folio 42 a 47. - Citación a capacitaciones del folio 48 a 54. - Instrucciones frente a la forma de cómo debían de diligenciar algunos elementos o algunas actividades al ejecutar el servicio de médico general, del folio 55 a 71. - Circular 124 a folio 72. - Certificación a folio 77. - Comunicación de glosas de folio 78 a 80.

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Radicación n.°93741 - Planillas de pago de seguridad social obrantes de folio 81 a 98. - Correo de Outlook emanados de la actora obrante a folios 179 a 181. - Respuesta a Juzgado Civil del Circuito a folio 193. - Carta emanada de la actora a folio 194 a 197.

1. Testimonios: - Carlos Hernando Toro Montero, testigo conjunto obrante a partir del minuto 59:25 del cd de la audiencia de trámite. - Peregrino Yesid Ramírez Parra, obrante a partir de la hora 1:49 del Cd de la audiencia de trámite. - Orlando Peña, obrante a partir de la hora 1.27:00 del Cd de la audiencia de trámite.

Enrostró al fallador de segundo grado la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado sin estarlo que la demandante CLAUDIA LORENA MERA estuvo prestando servicios personales subordinados para la demandada FUNDACIÓN HOSPITAL

SAN JOSÉ DE BUGA.

2. No dar por demostrado estándolo que la relación que unió a las partes no era de índole laboral, sino que la médica demandante era una persona que desarrollaba su labor con autonomía sin subordinación laboral alguna.

3. Dar por demostrado sin estarlo la existencia de un contrato de trabajo entre la actora y la accionada FUNDACIÓN

HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA.

Para demostrar el cargo, la recurrente argumentó que se presentó violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho por interpretación errónea cuando «ocurre por un equivocado razonamiento del juzgador que da por establecido un hecho que no sucedió o que da por no establecido un hecho consumado y probado plenamente». Señaló que el fallo impugnando apreció erróneamente las pruebas antes señaladas, junto con todas las del acervo

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Radicación n.°93741 probatorio y como consecuencia de ello, declaró la existencia

de una relación laboral subordinada, desconociendo el desarrollo contractual independiente que la demandante aceptó en el interrogatorio de parte, la existencia de coordinación y no subordinación que se extrae de los testimonios recibidos, y la inexistencia de subordinación laboral, pues la que se generó fue fruto de un contrato de prestación de servicios a una persona que ejerce una profesión liberal. Afirmó que Claudia Lorena Mera Paz, determinaba sus turnos de manera concertada con la recurrente y otros colegas, y que con ello también determinaba su remuneración, que no había sido sancionada y que la relación era de coordinación con autonomía tratándose de contratistas de prestación de servicios que ejercen una profesión liberal como la medicina. Admitió que existió la prestación personal del servicio de la demandante y la presunción que opera, pero resaltó que se debe determinar cuándo la subordinación es laboral o civil – comercial. Sostuvo que en el caso concreto hay una subordinación no laboral pues, aunque tiene la facultad de dar órdenes e imponer reglamentos, no puede ordenar sanciones. Adicionalmente expuso, que en la actividad profesional de los médicos es usual que éstos presten sus servicios independientes a varias IPS a la vez, que organicen y cambien sus turnos, cuestión que se diferencia de la subordinación laboral en la que es el empleador quien

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Radicación n.°93741 impone la jornada, sin concertación con el trabajador y en condiciones de exclusividad. Advirtió que existió confesión respecto del interrogatorio de parte de la demandante en relación con los protocolos,

recomendaciones, guías y exigencias trazadas por la superintendencia, el ministerio y la secretaría de salud, y lo relativo a la prestación de servicios en otras instituciones médicas de manera concomitante con ella, que envió correos para coordinar turnos y pidió referencias para presentarse a una especialización, situaciones que no son propias de una relación laboral. Indicó que el Tribunal desechó la prueba documental que demuestra de manera contundente que la actora estaba vinculada a la accionada por un contrato de prestación de servicios que consagraba la exclusión laboral de manera expresa y tácita por su contenido obligacional, y este constituye un error del ad quem que desconoció el pacto civil, bilateral y libre, con lo cual llegó a la conclusión errada de la existencia de una relación laboral. Planteó que las referencias emanadas por los colegas de la demandante fueron hechas por petición de la última como recomendaciones para cursar una especialización, y que en ninguna se habla de contrato laboral; que las comunicaciones de citaciones a capacitaciones corresponden a ofertas de mejoras para los médicos, que en algunos casos corresponden a requisitos que deben cumplir las instituciones médicas; que las instrucciones y reglamentos

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Radicación n.°93741 son generales, propios de la intervención estatal en el servicio de salud, protocolarios y forman parte de la coordinación propia de una IPS y que debe entenderse que ser autónomo implica cumplir la norma al momento de desarrollar la profesión liberal y que ello no eliminó la independencia ni generó subordinación alguna. Respecto de la carta obrante a folio 72, de la que se

dedujo subordinación por parte del Juzgado, adujo que es una directriz general de la organización, pues es importante para una entidad de salud que los médicos puedan avisar o concertar los cambios de turno en consideración a los servicios, el costo de la salud y la vida de los usuarios; en cuanto a la certificación a folio 77, afirmó que es claro que la demandante tuvo un contrato de prestación de servicios y que está en concordancia con la certificación obrante a folio 193, donde se certificó con plena convicción que la actora no tenía un contrato laboral, sino un contrato de prestación de servicios. En cuanto al documento visible a partir del folio 78, refirió que es un compendio de glosas al servicio que afectan el pago de los honorarios que son propios de un contrato de prestación de servicios; y frente a las planillas de liquidación de aportes a la seguridad social, señaló que son prueba de la voluntad de la demandante de ser independiente. Alegó que los correos emanados de la demandante, obrantes a folios 179 a 181, prueban que, en el manejo de los turnos, era la demandante la que de acuerdo con su

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Radicación n.°93741 disponibilidad proponía la asignación, y ello lo que prueba es una relación de coordinación y no de subordinación. También manifestó que en la carta de folios 194 a 197, la actora reconoció expresamente su condición de prestadora de servicios: «debido a que en los 12 años que llevo prestando servicios…”». Argumentó que las pruebas que relacionó refuerzan la realidad de la relación y la condición de independiente de la

demandante, pues se pueden ejercer acciones de coordinación y exigir el cumplimiento de la labor pactada, y que el Tribunal no analizó en contexto el contrato de prestación de servicios, desconoció su contenido y efectos y la tesis de que los contratos de prestación de servicios pueden implicar subordinación y no se traducen en un contrato laboral. Señaló que el yerro del Tribunal también recayó en el análisis de la confesión de la accionante en la que aceptó elementos fácticos que no tienen el carácter de subordinados como el manejo de turnos de acuerdo con su disponibilidad de tiempo, la posibilidad de cambiar los mismos y la ausencia de sanciones, y que ello conduce a la conclusión de que la demandante no era trabajadora asalariada sino una socia con un contrato con autonomía, que trabajaba en otras entidades, estudia en la universidad y cuadra sus turnos a su conveniencia. Hizo finalmente referencia a que el juez de segunda instancia apreció erróneamente los testimonios de los

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Radicación n.°93741 médicos Carlos Toro, Orlando Peña y Peregrino Ramírez Parra, quienes manifestaron que existían elementos propios de un contrato de prestación de servicios, entre los que se evidencia que: como que no existió facultad sancionatoria de parte de la demandada, que el servicio se prestaba de forma autónoma, que se podían coordinar los turnos y que la actora para salir libremente no debía pedir permiso, sino simplemente avisar.

VII. CONSIDERACIONES Aunque la demanda no es un modelo a seguir en un ejercicio de interpretación se puede inferir que el cargo acude

a la vía indirecta bajo la modalidad de aplicación indebida de las normas denunciadas en la proposición jurídica. El Tribunal fundamentó su decisión en que conforme con las pruebas recaudadas existió un contrato de trabajo, pues encontró demostrada la prestación personal del servicio y consideró que no se discute que la demandante se vinculó con la Fundación Hospital San José para prestar sus servicios como médico general desde el 1 de septiembre de 2004 al 12 de julio de 2016. En relación con la subordinación tuvo en cuenta los documentos que obran a folios 44-47, 48 a 72 y 77 en los cuales consta que la demandante se desempeñó como médico general en los servicios de pediatría bajo supervisión del coordinador médico.

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Radicación n.°93741 A su juicio, las capacitaciones, reuniones, jornadas académicas, charlas médicas obligatorias, protocolos de atención y registros clínicos y demás directrices, así como la política de cambios de turnos con previa autorización del Subgerente de Salud y/o Coordinación de Gestión Humana, los testimonios y el interrogatorio de parte de la demandante acreditan que Claudia Lorena se encontraba sometida al cumplimiento de órdenes e instrucciones por parte de los especialistas de pediatría. Así mismo, que la demandada le proporcionaba los elementos para prestar el servicio y mensualmente coordinaba su disponibilidad de turnos, los cuales debían ser informados a la oficina de talento humano. La censura consideró que el Tribunal incurrió en un yerro al considerar que existía un contrato de trabajo, puesto

que las pruebas denunciadas fueron apreciadas de manera errónea ya que se probó la existencia de un desarrollo contractual independiente que a su juicio fue aceptado por la demandante en su interrogatorio de parte. Advirtió además que se extrae el elemento subordinación de los testimonios y se desconoció la existencia de los contratos de prestación de servicios suscritos con una persona que ejerce una profesión liberal. Para la recurrente la concertación de turnos, así como las capacitaciones y demás instrucciones médicas demuestran que la relación existente entre las partes era de coordinación y no existe una subordinación laboral. Luego

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Radicación n.°93741 desconoció el ad quem las documentales allegadas al expediente. Pues bien, conviene precisar que se excluye del debate probatorio la prestación del servicio por parte de Claudia Lorena Mera Paz para la Fundación Hospital San José de Buga desde el 1 de septiembre de 2004 hasta el 12 de junio de 2016. En el contexto que antecede le corresponde a la Sala dilucidar si se equivocó el Tribunal al concluir que existió un verdadero contrato de trabajo entre la demandante y la demandada. Para ello iniciará la Corte con el estudio de las pruebas calificadas denunciadas que conforme a la recurrente desvirtúan la existencia de la subordinación y, por consiguiente, no acreditan un verdadero contrato de trabajo. Contratos de prestación de servicios de la demandante aportados con la demanda - folios 37 a 41 y los aportados con la contestación - folios 167 a 178 Advierte la Sala que las documentales solo dan cuenta

de la celebración de distintos contratos de prestación de servicios. En ellos consta: Que la actora se desempeñaría como médico general que tendría plena autonomía profesional, de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación. Que prestaría sus servicios profesionales de acuerdo a

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Radicación n.°93741 la programación que para el efecto previamente acuerden el Médico y la Fundación con calidad, oportunidad, eficiencia y, eficacia, de conformidad y, en cumplimiento de las disposiciones legales y las normas vigentes sobre la materia, en especial, las contenidas en el Código de Ética Médica (Ley 23/81), Resoluciones números 2317 de 1997, 1995 de 1999, 2546 de 1998 y 1832 de 1999 y las que modifiquen, adicionen o complementen. Y entre las funciones se encontraban: Atender a los pacientes objeto de este contrato, sin ningún tipo de discriminación. 8.2. Realizar la revista médica diaria obligatoria. 8.3. Presentar los pacientes al Especialista que corresponda. 8.4. Prestar con suma diligencia y con toda su capacidad profesional los servicios contratados a los pacientes de LA FUNDACION. 8.5. Prestar a los pacientes, únicamente los servicios objeto de este contrato, autorizados por LA FUNDACIÓN, EL MEDICO GENERAL no podrá prestar servicios adicionales o de naturaleza diferente sin previa autorización de LA FUNDACIÓN. 8.6. No cobrar directa, ni indirectamente, sus servicios profesionales a los pacientes, sus representantes o a las empresas contratantes con LA FUNDACION. 8.7. Prestar de

manera pertinente, eficiente, eficaz y oportuna sus servicios en un todo de acuerdo con la demanda de la institución y realizar todos los procedimientos requeridos por los pacientes institucionales en las instalaciones de LA FUNDACIÓN. 8.8. Cumplir con las normas profesionales y técnicas del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. 8.9. Cuidar de los elementos, equipos e instalaciones puestos a su disposición para la ejecución del presente contrato. 8.10. Asistir de manera obligatoria a las reuniones citadas por la Gerencia o Subgerencia de Salud. 8.11. Asistir de manera obligatoria a las reuniones académicas y de formación profesional citadas por la Gerencia o la Subgerencia de Salud. 8.12. Ceñirse a las guías y protocolos establecidos para su cumplimiento por LA FUNDACION. 8.13. Aplicar las normas, procedimientos y los protocolos de atención con los criterios de la Ética Médica. (…) 8.15. Diligenciar debidamente los Rips, soportes, formatos de medicamentos, registros, e historias clínicas