CSJ - SL299-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL299-2023 Radicación n.° 90608 Acta 05 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por MARÍA FERNANDA AGUILAR ACEVEDO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de agosto de 2020, aclarada el 17 de septiembre de la misma anualidad, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra

AGUAS DE BOGOTÁ S. A. ESP y la EMPRESA DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

ESP. Se reconoce personería adjetiva para actuar en representación de Aguas de Bogotá S. A. ESP al abogado Mauricio Roa Pinzón, identificado con la cédula de ciudadanía 79.513.792 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional de abogado 178.838 del C. S. de la J., en los

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Radicación n.° 90608 términos y para los efectos del mandato que le fue conferido y que reposa en el folio 33 del cuaderno de la Corte.

I. ANTECEDENTES María Fernanda Aguilar Acevedo demandó a Aguas de Bogotá S. A. ESP y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, con el fin de que se declare que con la primera existió un contrato de trabajo por obra o labor contratada por el término de duración del contrato

interadministrativo No. 1-07-10200-0809-2012, suscrito entre las empresas accionadas; que ejerció sus labores de manera conjunta para estas, las que son solidariamente responsables por las obligaciones laborales. En consecuencia, pretendió el reconocimiento de la indemnización de despido de que trata el artículo 64 del CST, consistente en los salarios dejados de percibir desde la fecha de la desvinculación hasta que se ponga fin al contrato interadministrativo No. 1-07-10200-0809-2012 pactado entre las sociedades ya mencionadas; lo que resulte probado ultra y extra petita; la indexación de las condenas, así como las costas y agencias en derecho del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 4 de diciembre de 2012 entre las accionadas se firmó el contrato interadministrativo No. 1-07-10200-0809-2012, el cual tenía como objeto principal la operación, mantenimiento y administración del servicio público de aseo, realizando las actividades operativas requeridas para el efecto, por lo que

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Radicación n.° 90608 Aguas de Bogotá S. A. ESP aparecía como encargada de la contratación de personal capacitado, no solo para la gestión técnica, sino también para la administración y organización necesaria para el desarrollo del objeto contractual. Indicó que el aludido contrato interadministrativo fue objeto de modificaciones tales como la prórroga de su plazo de ejecución, de manera que la obra o labor para la que fue contratada, a la fecha en que se promovió la demanda

inaugural, no había finalizado. Adujo que fue vinculada «dentro del marco del contrato interadministrativo» en tanto el 23 de enero de 2013 celebró contrato a término fijo inferior a un año, con duración de seis meses y un día, en calidad de asesora de gerencia; que el 30 de abril de esa misma anualidad suscribió la prórroga 01 por un mes; el 31 de mayo siguiente la prórroga 02 por un mes y un día; y que el 1 de julio del mismo año suscribió un nuevo contrato de trabajo a término fijo inferior a un año con duración de dos meses y diecisiete días. Sostuvo que el 18 de octubre de 2013 suscribió con Aguas de Bogotá S. A. ESP un contrato de trabajo por duración de la obra, con ocasión al cual adelantó las labores propias de asesora de gerencia, devengando inicialmente un salario de $7.500.000; vínculo que finalizó el 19 de agosto de 2014 a través de comunicación fechada el día 15 del mismo mes y año, alegando «vencimiento del plazo, así como la terminación de la labor para la cual fue contratada».

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Radicación n.° 90608 Destacó que su relación laboral por obra o labor se mantuvo por un término de 527 días con Aguas de Bogotá S.

A. ESP y que percibió como último salario el rubro de

$7.720.500. Puso de presente que el 16 de diciembre de 2013 se realizó un acuerdo de formalización laboral entre las demandadas y la Dirección Territorial de Bogotá del

Ministerio de Trabajo, en el que se estableció que se garantizaría la estabilidad laboral a los trabajadores contratados para el desarrollo de sus actividades, así como la continuidad de los contratos, comprometiéndose a abstenerse de incurrir en violación de los derechos de sus colaboradores. Manifestó que el 7 de junio de 2017 presentó reclamación administrativa ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP y el 10 de julio siguiente ante Aguas de Bogotá S. A. ESP a efectos de obtener el reconocimiento de la indemnización correspondiente al lapso restante para la culminación de la obra o labor contratada, como consecuencia de la terminación unilateral del vínculo, peticiones que a la data de presentación del escrito inaugural no habían sido respondidas. Finalmente arguyó que el contrato interadministrativo No. 1-07-10200-0809-2012 tuvo múltiples prórrogas, siendo la última la número 18, en la que se fijó como fecha de terminación el 15 de enero de 2018.

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Radicación n.° 90608 Al dar respuesta a la demanda, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió que el 16 de diciembre de 2013 se suscribió con la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio de Trabajo un acuerdo de formalización laboral; así mismo admitió la presentación de la reclamación administrativa, el no haber dado respuesta a estas y que la modificación número 18 del contrato

administrativo 1-07-10200-0809-2012 dispuso su prórroga hasta el 15 de enero de 2018. Respecto de los restantes supuestos fácticos adujo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa afirmó que nunca sostuvo una relación laboral con la demandante; que en su estructura organizacional no existía «el cargo o empleo como el que el (sic) demandante alega haber realizado»; y que no se reunían los presupuestos para declarar la responsabilidad solidaria pretendida, dado que las «supuestas funciones» desempeñadas por la actora eran ajenas y diferentes al giro ordinario de sus negocios. Formuló como excepciones de mérito las que denominó buena fe, cobro de lo no debido, ausencia de obligación, falta de legitimación en la causa por activa, prescripción y compensación. Por su parte, Aguas de Bogotá S. A. ESP al responder la demanda igualmente se opuso a la prosperidad de las pretensiones y en cuanto a los hechos los aceptó, a excepción

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Radicación n.° 90608 de aquellos relativos a las modificaciones del contrato interadministrativo, y al alcance del acuerdo de formalización laboral suscrito con la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio de Trabajo; así mismo aclaró que la actora fue vinculada por obra o labor, por un término de 10 meses, entre el 18 de octubre de 2013 y el 15 de febrero de 2014 y que su último contrato terminó conforme a lo previsto en el artículo 61 del CST «por la expiración de la obra o labor

pactada». En su defensa destacó que la promotora del conflicto suscribió dos contratos de distinta naturaleza jurídica, como quiera que aquel firmado el 29 de enero de 2013 y ejecutado hasta el 17 de octubre de esa anualidad correspondió a un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, el cual culminó como consecuencia del vencimiento del plazo pactado; y que el vínculo que se dio entre el 18 de octubre de 2013 y el 15 de agosto de 2014, correspondió a uno de obra o labor, cuya finalización ocurrió bajo la égida del literal d) del artículo 61 del CST, de manera que la indemnización pretendida no se causó, pues el finiquito no se derivó de una decisión unilateral e injusta. Propuso como excepciones de mérito las que enlistó como pago, buena fe, prescripción, cobro de lo no debido, inexistencia del derecho reclamado, compensación, improcedencia del pago de la indemnización del artículo 64 del CST y la innominada o genérica.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 2 de abril de 2019 dispuso: PRIMERO: DECLARAR que entre la empresa AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP como empleador y la demandante señora MARIA FERNANDA AGUILAR ACEVEDO, como trabajadora existieron dos contratos de trabajo, el primero a término fijo del

día 29 de enero a 30 de abril de 2013, prorrogado en 3 oportunidades, la primera del 30 de abril a 30 de mayo de 2013, segunda prórroga del 31 de mayo al 30 de junio de 2013 y la tercera del 1° de julio a 17 de octubre de 2013. Y un segundo contrato por DURACIÓN DE LA OBRA O POR LA NATURALEZA DE LA LABOR DETERMINADA del 18 de octubre de 2013 a 15 de agosto de 2014 para desempeñar las labores de ASESORA DE GERENCIA, cuyo salario final fue la cantidad de $7.720.500, terminado sin justa causa por el empleador.

SEGUNDO: CONDENAR a la empresa AGUAS DE BOGOTA S.A.

ESP, a reconocer y pagar a la señora MARIA FERNANDA AGUILAR ACEVEDO la suma de TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($323.231.600), por concepto de la indemnización por terminación sin justa causa, conforme a la parte motiva, suma que deberá ser indexada desde el 13 de febrero de 2018 y hasta cuándo (sic) se haga efectivo el pago.

TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas.

CUARTO: DECLARAR a la demandada EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ S.A. ESP solidariamente responsable del reconocimiento y pago de las obligaciones impuestas en esta sentencia a la demandada AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP, conforme a lo expuesto

anteriormente.

QUINTO: ABSOLVER a la parte demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra.

SEXTO: CONDENAR en COSTAS en forma solidaria a la parte demandada, por secretaría liquídense e inclúyanse como agencias en derecho la suma de $22.000.000, a favor de la parte demandante.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 31 de agosto de 2020 al desatar el recurso de apelación interpuesto por las demandadas resolvió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia de primera instancia, en el sentido de DECLARAR que entre AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP y MARÍA FERNANDA AGUILAR ACEVEDO existió un contrato de trabajo a término fijo entre el 29 de enero de 2013 al 17 de octubre de 2013 y un segundo contrato de trabajo a término indefinido entre el 18 de octubre de 2013 al 15 de agosto de 2014, para desempeñar el cargo de asesora de gerencia, cuyo último salario ascendió a $7.720.500 y que finalizó por terminación unilateral sin justa causa por parte del empleador, conforme la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, en el sentido de CONDENAR AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP a pagar a MARÍA FERNANDA AGUILAR ACEVEDO la suma de $4.260.296 por concepto de indemnización por terminación unilateral sin justa causa del

contrato de trabajo a término indefinido, suma que deberá ser indexada desde el 13 de febrero de 2018 y hasta cuando se haga efectivo el pago.

TERCERO: REVOCAR el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia.

CUARTO: CONFIRMAR los demás numerales de la sentencia de primera instancia.

QUINTO: SIN COSTAS en la apelación.

Atendiendo a la solicitud que presentara el apoderado de la parte demandante, el Tribunal mediante providencia del 17 de septiembre de 2020 aclaró la sentencia, de la siguiente manera: PRIMERO: ACLARAR el numeral segundo de la sentencia de

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Radicación n.° 90608 segunda instancia dictada en el proceso de la referencia, en el sentido de indicar que la suma de la indemnización por terminación unilateral sin justa causa del contrato de trabajo a término indefinido debe ser indexada desde el 15 de agosto de 2014 y hasta cuando se haga efectivo el pago. En lo que interesa al recurso extraordinario, el fallador de segundo grado fijó como problema jurídico determinar la verdadera naturaleza jurídica del último contrato de trabajo suscrito entre las partes, y si este finalizó con o sin justa causa; así como establecer la procedencia de declarar la responsabilidad solidaria de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP en las eventuales condenas a cargo de Aguas de Bogotá S. A. ESP. Con el marco expuesto de manera preliminar destacó que no era materia de discusión: i) que entre la demandante y Aguas de Bogotá S. A. ESP se suscribió el 29 de enero de

2013, un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año (fos. 180 a 182), el cual se prorrogó el 30 de abril de 2013 (fo. 184), el 29 de marzo de 2013 (fo. 185) y del 1 de julio de 2013 hasta el 17 de octubre del mismo año (fo. 186); ii) que el 18 de octubre de 2013 se suscribió otro contrato por obra o labor determinada, para el desempeño del cargo de asesora de gerencia (fos. 187-188); iii) que el 15 de agosto de 2014 el empleador comunicó su decisión de terminar de «forma unilateral con justa causa» el contrato de trabajo de la actora (fo. 189), siendo el último salario percibido la suma de $7.720.000 (fo. 190); y iv) que el 4 de diciembre de 2012 Aguas de Bogotá S. A. ESP y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP, la primera como contratista y la segunda como contratante, suscribieron el

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Radicación n.° 90608 contrato interadministrativo 1-07-10200-0809-2012, cuyo objeto fue la realización de las actividades operativas para la prestación del servicio de aseo y complementarios en Bogotá (fo. 19, CD fo. 157), el que tuvo varias prórrogas y finalizó el 2 de febrero de 2018 (fos. 195-196, CD fo. 157). A continuación, el juez de la alzada se refirió al artículo

53 de la CP para destacar que en este se consagró la prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales, y adujo que tal y como lo ha precisado esta Corte, en las sentencias CSJ SL13834-2017, CSJ SL13444-2017 y CSJ SL1485-2020, entre otras, su finalidad principal es la protección de los derechos laborales «por encima» del rigorismo formal cuando ha tenido ocurrencia en realidad y, por ende, un mandato de optimización de orden constitucional que permite analizar «determinada situación para establecer si procede determinada protección, derecho o la aplicación de una consecuencia jurídica específica». También se remitió al artículo 45 del CST para aducir que este establecía que el contrato de trabajo puede celebrarse por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, aspecto que, dijo, reitera el literal d) del artículo 61 ibidem cuando prevé la finalización contractual por la terminación de la obra o labor contratada; que así mismo el artículo 64 del CST señala que el valor de la indemnización por la finalización unilateral y sin justa causa corresponde al tiempo faltante del lapso determinado por la duración de la obra o labor contratada, sin que fuera inferior a 15 días.

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Radicación n.° 90608 Afirmó, que a través de las providencias CSJ SL32822019 y CSJ SL4095-2019 se indicó que este tipo de acuerdos se caracteriza porque la vigencia del contrato no depende de la voluntad o capricho del empleador, sino de la esencia del servicio por cuanto «va a durar tanto tiempo como se requiera

para dar fin a la obra o labor que las partes determinaron e individualizaron en debida forma», por ello, conforme se había resaltado en las decisiones CSJ SL20718-2017 y CSJ SL2600-2018, a falta de claridad de la obra o labor contratada, se entendía que el vínculo era a término indefinido. Acudió al artículo 64 del CST del que dijo, prevé la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, mediante el pago de la indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable, razón por la que, si el empleador terminaba de manera unilateral la relación de trabajo, le correspondía cancelar al trabajador la indemnización contenida en dicho precepto, atendiendo la modalidad contractual que las unió. Así mismo resaltó que la carga de la prueba, en torno a su procedencia, correspondía al trabajador, a quien le competía acreditar el hecho del despido y al empleador demostrar una justa causa para exonerarse de su reconocimiento, tal como lo indicaban las sentencias CSJ SL1166-2018, CSJ SL4547-2018, CSJ SL4928-2019 y CSJ SL163-2020 entre otras. Respecto de la responsabilidad solidaria dispuesta en el artículo 34 del CST arguyó que dicho precepto determinó que para su surgimiento no bastaba con que la actividad del

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Radicación n.° 90608 contratista cubriera una necesidad del beneficiario, sino que aquella labor debía representar una función que normalmente se desarrolle por este y se vincule directamente con «la normal explotación de su objeto económico», en los términos de la providencia CSJ SL, 5 feb. 2014, rad. 38651;

para lo que debía considerarse no solo el objeto social de los contratantes sino de las características de la labor desarrollada por el trabajador, pues si estas resultaban ajenas a las «que explota el dueño de la obra» se desvirtuaba la mentada responsabilidad, como se indicaba en la sentencia CSJ SL2262-2018. Al descender al caso en concreto, puso de presente que si bien entre la demandante y Aguas de Bogotá S. A. ESP no hubo controversia de que el último contrato de trabajo suscrito fue de obra o labor determinada, lo cierto era que en aplicación del principio de la prevalencia de la realidad sobre las formas, así como del derecho sustancial sobre el formal, debía declararse que el vínculo que existió entre las partes lo fue a término indefinido como consecuencia de la falta de claridad e individualización de la obra o la labor. Argumentó que no podía pasarse por alto que las partes en el contrato de trabajo del 18 de octubre de 2013 se limitaron a indicar que la obra o labor contratada era asesoría en gerencia (fos. 187-188), sin que se precisara «en qué proyectos se desarrollaría tal labor» y si bien su vigencia se condicionó a la existencia del contrato interadministrativo 1-07-10200-0809-2012, ello no correspondía a una correcta delimitación de la obra o labor, pues frente a esta, lo que se

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Radicación n.° 90608 indicó, era que correspondía a la asesoría de gerencia, la que era insuficiente «habida cuenta su excesiva generalidad». Se adentró a determinar si le asistía o no derecho a la demandante al reconocimiento de la indemnización por terminación unilateral sin justa causa del contrato de trabajo

y adujo que conforme a la carta fechada 15 de agosto de 2014 (fo. 189) el empleador argumentó como justas causas para finalizar el contrato «el vencimiento del término, la terminación de la obra o labor contratada y que el plan estratégico informado a la Junta Directiva y el estudio técnico de carga laboral conllevaron a la reestructuración de la sociedad finalizando la labor de asesoría de gerencia». Partiendo de lo anterior y dado que el último contrato que ató a las partes fue a término indefinido, aseveró que no era dable alegar como justa causa para su finiquito «la terminación del plazo o la terminación de la obra o labor» pues no eran procedentes frente a un contrato a término indefinido como el que existió, menos aún, cuando al trámite del proceso no se allegó ninguna prueba de los presuntos informes y estudios relacionados en la carta de terminación, de manera que no se acreditó la justa causa y, en esa medida, debía imponer el pago de la indemnización por despido de que trataba el artículo 64 del CST. Así las cosas y toda vez que el último contrato de trabajo lo fue a término indefinido, destacó que modificaría la decisión de primer grado en lo que al monto de la indemnización correspondía, por ello y en la medida que el

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Radicación n.° 90608 último salario ascendió al rubro de $7.720.000 (fo. 190) y que el contrato se ejecutó entre el 18 de octubre de 2013 y el 15 de agosto de 2014, la determinó en el guarismo de $4.260.296. Procedió a desatar el recurso de apelación interpuesto

por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá frente a la declaratoria de la responsabilidad solidaria en el pago de las condenas impuestas, enfatizando que se alegaba que no se demostró que la demandante prestaba de forma exclusiva su servicio al desarrollo del convenio administrativo «809 de 2012» y que su labor como asesora de gerencia no correspondía al giro ordinario de sus negocios ni le reportó beneficio directo, en los términos previstos por el artículo 34 del CST. Con el objeto trazado destacó que además de la manifestación que en el interrogatorio de parte efectuó la actora, en torno a que cumplía funciones relacionadas con el convenio interadministrativo, no obraba «memorando, resolución, circular, instrucción o directriz proveniente de la Gerencia de AGUAS DE BOGOTÁ, relacionada con las funciones asignadas» las que tampoco se habían fijado en el contrato de trabajo suscrito el 18 de octubre de 2013, por lo que no se configuraban los presupuestos legales para predicar a la Empresa de Acueducto, apelante, como solidaria de las acreencias, en los términos del artículo 34 del CST, lo que conducía a la revocatoria de tal declaratoria. Finalmente, y frente a la solicitud de las demandadas

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Radicación n.° 90608 de verificar el monto de la condena, precisó que se relevaba de su estudio, como consecuencia de la modificación efectuada en torno al valor de la indemnización del artículo 64 del CST, «a la real modalidad del último contrato de trabajo suscrito entre las partes».

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque parcialmente la sentencia de primer grado y en su lugar ordene que la indemnización por despido sin justa causa, «se dé por la existencia de un contrato de trabajo suscrito en la modalidad de obra o labor, junto con la respectiva indexación»; declarando la responsabilidad solidaria deprecada.

Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados por parte de Aguas de Bogotá S. A. ESP solamente los tres primeros, que la Sala resolverá de manera conjunta pues a pesar de dirigirse por diferentes vías, denuncian similar elenco normativo, persiguen el mismo fin y se complementan entre sí. Posteriormente, se estudiará el cuarto cargo.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia «por contener un error de hecho por una apreciación errónea de un documento, referido como el Contrato de trabajo suscrito el pasado 18 de octubre de 2013, bajo la modalidad de contrato de obra o labor».

Para demostrar el cargo indica que «el documento que tuvo yerro en su interpretación» es el contrato de trabajo suscrito el 18 de octubre de 2013, al considerar que fue a término indefinido lo que llevó a la modificación de la decisión de primera instancia, reduciendo de manera ostensible la condena por concepto de indemnización por

despido. Sostiene la censura que el problema jurídico consiste en determinar «¿si en efecto el contrato de trabajo suscrito entre la señora MARIA FERNANDA AGUILAR ACEVEDO y la demandada AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP, en fecha 18 de octubre de 2013, es un contrato de trabajo a término indefinido o se trata de un contrato de trabajo a término fijo?» para lo cual transcribe sus dos primeras cláusulas y destaca que «en su forma integral se puede deducir que la condición temporal de la obra es el Contrato Interadministrativo 1-07-1020008009-2012 de 2012» celebrado entre su empleador y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S. A. ESP, que evidencia una «condición expresa del acuerdo que no fue valorada en debida forma». Pone de presente que «como argumento de similar

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Radicación n.° 90608 envergadura» se tiene la confesión realizada por el apoderado de la demandada Aguas de Bogotá S. A. ESP cuando dio respuesta a los hechos 3 y 4 de la demanda inicial y precisó que no eran ciertos, en tanto se le contrató por obra o labor y en el momento en que aceptó el hecho 9, en el que se dio cuenta de la celebración de un contrato de trabajo por obra o labor el 18 de octubre de 2013. Aduce que, bajo la modalidad del contrato de trabajo por obra o labor han sido analizados por parte de la Corte los vínculos que se han suscitado entre la demandada Aguas de Bogotá S. A. ESP y sus trabajadores, como se dio en la

sentencia CSJ SL3282-2019, en la que en un asunto de similares características se dio cuenta de su existencia y duración, condicionada al acuerdo interadministrativo, de manera que así debió interpretarse por el colegiado.

VII. RÉPLICA Aguas de Bogotá S. A. ESP se opone a la prosperidad del cargo indicando que en este no se explica la presunta inobservancia por parte del juez plural en torno al elemento fundamental del contrato por obra o labor, el que no es su vigencia, sino la claridad sobre la obra o labor contratada y, si dentro del acervo probatorio quedó demostrado este, lo que a su juicio no se argumenta y en esa medida no se da cuenta del error en el examen del haz probatorio por parte del juez colectivo.

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Radicación n.° 90608 Lo afirmado dado que no existe elemento de prueba diferente a la simple mención, de manera genérica, sobre el cargo a desempeñar por la recurrente, lo que en manera alguna da cuenta, con precisión y claridad de la obra o labor a desempeñar, lo que conduce a sostener, como lo hizo el fallador de la alzada, que el vínculo que ató a la promotora de la contienda correspondió a uno de término indefinido, tal como se enseñó en las sentencias CSJ SL20718-2017, CSJ

SL2600-2018, CSJ SL3282-2019 y CSJ SL4095-2019.

En lo que hace a la confesión que se aduce se deriva de la contestación a la demanda inicial en relación los hechos en los que se relató la existencia de un contrato de obra o

labor, acude a la decisión CSJ «STC-142002019 (93001221300020190012502), del 17/10/2019» para destacar que en los términos del artículo 195 del CGP «la confesión de los representantes de las entidades públicas no tienen ninguna validez y por tanto las declaraciones no pueden servir de soporte de una decisión judicial», de manera que deben desecharse inclusive las confesiones provenientes del apoderado judicial.

VIII. CARGO SEGUNDO Impugna la sentencia por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea: […] del artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, en consonancia con el artículo 46 Ibidem, en consonancia con el artículo 39 Ibidem, en relación con el artículo 54 ibidem, en relación con el artículo 64 inciso tercero, el literal d) e inciso primero del artículo 61 ibidem, en relación con el artículo 53 y

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Radicación n.° 90608 228 de la Constitución Política de Colombia. Todo lo anterior, en relación con el artículo 29 de la Constitución Política. Para demostrar el cargo sostiene que el problema jurídico es «¿determinar si el contrato de trabajo suscrito entre la demandante y la empresa AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP, es un contrato de término indefinido a la luz de la normativa laboral o si por el contrario se trata de un contrato de la naturaleza de obra o labor determinada; y en caso de serlo cuál es su límite temporal?», y afirma: Llega el juez de apelaciones a la denotada y referida violación de la ley sustancial y bajo la considerada activa expuesta, habida

cuenta que, así mismos, (sic) considera que la contratación del (sic) demandante, que el A quo reconoció como un contrato de trabajo bajo la modalidad de obra o labor, para aquel fallador de segunda instancia se determinó en un contrato de trabajo bajo la modalidad de término indefinido, teniendo en cuenta que a la luz del artículo 53 el contrato de trabajo precitado cumple con las condiciones para ser un contrato de obra o labor, máxime cuando el precitado contrato está atado a la ejecución contractual del contrato interadministrativo 01-07-10200-08092012, el cual como consta en folios se determinó que feneció el 11 de febrero de 2018, como se delimita de la duración del contrato correspondiente y ello fue lo que aconteció para el sub Judice, por tanto, no es cierto que el contrato que se (sic) suscribiese el actor y su verdadero y (sic) empleador, se trate de un contrato de trabajo a término indefinido, máxime cuando en las condiciones contractuales, especialmente las aquellas establecidas en la cláusula segunda del contrato de trabajo […] Arguye que es contrario a derecho lo interpretado por el juez de la alzada, en tanto la Corte, a través de las providencias CSJ SL3282-2019 y CSJ SL1597-2021 ha reconocido la existencia del contrato por obra o labor, así como su duración condicionada al acuerdo interadministrativo, lo que debió avizorarse, más teniendo en cuenta «que el contrato objeto de aquella decisión judicial, es el mismo que aquí se refiere, en donde solamente se cambia a

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consideración los nombres de los demandantes, los cargos y el salario» de manera que se puede hacer «una analogía» para colegir que de conformidad con las normas sustanciales, esto es, los artículos 45 y 46 del CST, suscribió con la demandada Aguas de Bogotá S. A. ESP un contrato bajo la modalidad obra o labor. Afirma que está claro que el fallo de segunda instancia incurrió en una decisión contraria a derecho al desconocer las condiciones contractuales, la determinación de los extremos del contrato de obra o labor, en tanto aquel tenía fechas determinadas en el tiempo, al punto que conforme se acreditó finalizó el 12 de febrero de 2018.

Agrega que: Si se me permite