CSJ - SL2995-2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL2995-2023 Radicación n.°97043 Acta 40 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de anulación interpuestos

por COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS

S.A., MEDISANITAS S.A. COMPAÑÍA DE MEDICINA

PREPAGADA, CLÍNICA COLSANITAS S.A., ENTIDAD

PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A., ÓPTICA

COLSANITAS S.A., OFTALMOSANITAS S.A.S., SOCIEDAD

CLÍNICA IBEROAMERICANA S.A.S. y el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL (SINTRAOSI) contra el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento el 30 de octubre de 2022, con ocasión del conflicto colectivo suscitado

entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE

LA ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL

(SINTRAOSI) y COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA

COLSANITAS S.A., MEDISANITAS S.A. COMPAÑÍA DE

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Radicación n.°97043

MEDICINA PREPAGADA, CLÍNICA COLSANITAS S.A.,

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A., ÓPTICA

COLSANITAS S.A., OFTALMOSANITAS S.A.S., SOCIEDAD

CLÍNICA IBEROAMERICANA S.A.S.

I. ANTECEDENTES De la documentación remitida por el Tribunal de Arbitramento se infiere que el Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Organización Sanitas Internacional (SINTRAOSI) presentó varios pliegos de peticiones el 23 de mayo de 2016 ante las siguientes empresas: Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., Medisanitas S.A. Compañía de Medicina Prepagada, Clínica Colsanitas S.A., Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A., Óptica Colsanitas S.A., Oftalmosanitas S.A.S., Sociedad Clínica Iberoamericana S.A.S. que dieron origen a un proceso de negociación colectiva. Una vez agotada la etapa de arreglo directo -2 de mayo a 21 de mayo de 2017-, dentro de la cual las partes no llegaron a ningún acuerdo sobre el articulado del respectivo pliego de peticiones, el Ministerio del Trabajo, a través de la Resolución n.°3147 de 2 agosto de 2022, constituyó e integró un Tribunal de Arbitramento Obligatorio, con el fin de que resolviera definitivamente el diferendo colectivo suscitado entre las partes. Luego de haber sido instalado el Tribunal el 2 de septiembre de 2022 y de haberse prorrogado el término para fallar, previa autorización de las partes, otorgada hasta el 31 de octubre de 2022, tras haberse escuchado la posición de

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Radicación n.°97043 aquellas en torno a cada uno de los puntos materia de la negociación colectiva, profirió el respectivo laudo arbitral el 30 de octubre de 2022 que hoy es objeto de impugnación. (f.os 975

• 1008 del Cuaderno Anulación 1 de 3 digitalizado).

II. LAUDO ARBITRAL Para los fines que interesan a la definición del recurso de anulación, resulta preciso resaltar que el Tribunal de Arbitramento, de manera general señaló que: Se presentaron distintos pliegos de peticiones visibles a folios 212 a 349, razón por la cual serán resueltos de manera conjunta para todas las Empresas.

Ante la multiplicidad de los pliegos se precisó que se evidencia que a los trabajadores que prestan sus servicios en las Empresas, incluidos los afiliados a SINTRAOSI, se les reconocen una serie de prerrogativas de carácter extralegal, «contenidos en una fuente de derecho denominada PLAN DE BENEFICIOS EXTRALEGALES, que consagra diversos privilegios, los que en aplicación del principio de igualdad y equidad, serán convencionados en las mismas condiciones, requisitos y limitaciones, en que hasta la fecha se pagan y como algunos de ellos corresponden a sumas de dinero que se vienen incrementando desde que fueron establecidos, serán reajustadas en sus valores actuales, a partir del mes de enero de 2.023 y 2.024, en el equivalente al IPC correspondiente a los años 2022 y 2023 respectivamente. Los auxilios que son concedidos en tiempo, mantendrán esa unidad de

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Radicación n.°97043 reconocimiento. No sobra advertir que no podrá existir duplicidad de beneficios, originados en la misma situación». Tuvo además en cuenta para fallar el hecho de que el número de trabajadores para treinta de julio era de 21.691 de

los cuales 352 son sindicalizados, lo que corresponde al 1.6% de los trabajadores de las empresas. Así también el hecho de que la normativa vigente en este tipo de empresas exige que el 90% de su presupuesto sea invertido en salud y que este se sustenta en el pago de la UPC de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social. Finalmente tuvo en cuenta para su decisión los criterios de proporcionalidad, equidad, igualdad, razonabilidad y no discriminación. Los argumentos restantes serán reseñados para los artículos demandados en cada uno de los recursos.

III. RECURSO DE ANULACIÓN PRESENTADO POR

LAS EMPRESAS COMPAÑÍA DE MEDICINA

PREPAGADA COLSANITAS S.A., MEDISANITAS S.A.

COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA, CLÍNICA

COLSANITAS S.A., ENTIDAD PROMOTORA DE

SALUD SANITAS S.A., ÓPTICA COLSANITAS S.A.,

OFTALMOSANITAS S.A.S., SOCIEDAD CLÍNICA

IBEROAMERICANA S.A.S.

De manera general las empresas manifestaron que hacen parte del grupo empresarial Keralty, que cuentan con

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Radicación n.°97043 una misión unificada como es la prestación de servicio integral de salud social, comunitario compuesto por un «ecosistema integrado de diferentes compañías producto de aseguramiento en salud, servicios sanitarios de alta calidad». En razón a lo anterior, señalaron que resulta importante hacer las siguientes consideraciones financieras, así: • A agosto de 2022 el grupo tiene la responsabilidad de brindar salud a 5.200.000 colombianos en servicio de

EPS y 456.000 en Medicina Prepagada. • En 2022 brindaron 40.157.325 servicios médicos de diverso nivel de complejidad. • Se trata de un grupo financiado con recursos públicos y el flujo de recursos del Estado resulta insuficiente. Precisaron en relación con la expedición del laudo, que este se profirió de manera extemporánea puesto que el Tribunal se instaló el 2 de septiembre de 2022 y solicitó prórroga hasta el 10 de octubre de 2022, es así como inicialmente tuvo hasta ese momento para emitir el arbitramento, no obstante, el 3 de octubre de esa misma anualidad se solicitó una nueva prórroga, la cual se concedió hasta el 31 de octubre de 2022, fecha solicitada no en el marco de días hábiles o calendario. Advirtieron entonces el grupo empresarial que el laudo arbitral fue proferido el 30 de octubre de 2022, día domingo, el cual fue notificado el 31 de octubre de esa misma

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Radicación n.°97043 anualidad. Señalaron entonces que por tal razón el laudo fue expedido sin tener competencia, pues se profirió en un día no hábil, lo cual consideraron vulnera lo señalado en el artículo 62 de la Ley 4a de 1913, que indica que en los plazos están suprimidos los feriados y vacantes. Se apoyó en la sentencia CSJ SL 981-2019 y citó las normas pertinentes del Decreto 1563 de 2012. Cuestionaron además los siguientes artículos del laudo así: el artículo 2 vigencia, artículo 4, incremento salarial y 18

permisos sindicales, argumentos que se explicarán al momento de estudiar cada una de las disposiciones en las consideraciones del fallo.

IV. RÉPLICA SINTRAOSI solicitó se nieguen las peticiones de las empresas y, respecto de cada artículo presentó una serie de consideraciones que serán explicadas al momento de estudiar cada artículo.

V. CONSIDERACIONES En reiteradas decisiones esta Sala de la Corte se ha dado a la tarea de precisar que sus competencias en el marco del recurso de anulación -artículo 143 del CPTSSson limitadas y están concentradas en verificar la regularidad del laudo arbitral. Por lo mismo, ha adoctrinado que sus potestades se circunscriben a: i) invalidar alguna disposición, cuando el tribunal extralimitó el objeto para el que fue convocado, afectó

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Radicación n.°97043 derechos y garantías fundamentales de las partes en conflicto o impuso prestaciones abiertamente inequitativas, así como negar la anulación, en caso contrario; ii) devolver el laudo al tribunal, cuando hubiere dejado de decidir sobre aspectos respecto de los cuales estaba obligado a pronunciarse y, iii) excepcionalmente, modular los efectos de alguna determinación, en orden a eliminar su contrariedad con el ordenamiento jurídico, sin sacrificar la voluntad arbitral y los derechos concedidos (Ver CSJ SL 17703-2015, SL 1761-2020 y, SL 3201-2021 entre otras). En la misma dirección, la Corte ha señalado con insistencia que no le es posible, dentro de los límites de su

competencia, invalidar las disposiciones del laudo arbitral y constituirse en alguna suerte de instancia arbitral, en la que profiera una decisión de reemplazo, atendiendo sus propios parámetros de equidad y de justicia. De igual modo se ha sostenido que en sede del recurso extraordinario de anulación no pueden concederse o negarse de manera directa los aspectos propuestos en el pliego de peticiones, puesto que ello corresponde decidirlo al tribunal como juez natural del conflicto (CSJ SL 3241-2021). Bajo este marco legal y jurisprudencial, la Corte se pronunciará sobre los aspectos generales objeto de inconformidad, expuestos, en primer lugar, por la empresa y, seguidamente, sobre los aspectos particulares: artículos 2 (vigencia), 4 (incremento), y, 18 (permisos). Finalmente, se resolverá el recurso presentado por el sindicato.

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Radicación n.°97043 Extemporaneidad del laudo. Considera la parte recurrente que el laudo fue proferido de manera extemporánea puesto que se expidió un día domingo -no hábil-, lo cual vulnera lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 4a de 1913 que señala que en los plazos están suprimidos los feriados y vacantes. Se apoyó en la sentencia

CSJ SL 981-2019.

Pues bien, reitera la Corte que, en tratándose de aspectos procesales o de desarrollo de etapas anteriores a la expedición del laudo arbitral, en principio, estas no son el objeto del recurso de anulación, pues el estudio del recurso recae sobre los aspectos sustanciales contenidos en el laudo

(CSJ SL 4553-2020 y CSJ SL 3229-2022).

En esta línea de pensamiento, se reitera que a esta corporación no le es dado asumir el estudio de aspectos procesales que debieron ser ventilados en las etapas propias del conflicto colectivo, incluido el trámite surtido ante el tribunal de arbitramento (CSJ SL 1739-2019). Ahora bien, conviene recordar cuál es el marco normativo y procesal aplicable al procedimiento arbitral. Y es que esta Corporación ha explicado y reiterado con profusión que la Ley 1563 de 2012 no se aplica en el trámite arbitral laboral, toda vez que el legislador no tuvo la intención de regularlo, muestra de ello es que su articulado no da señas de reformas al arbitraje obligatorio o voluntario, como tampoco dice nada sobre la composición e integración

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Radicación n.°97043 de los tribunales de arbitramento en asuntos del trabajo, el procedimiento arbitral, las facultades del tribunal y su ámbito de competencia, los efectos jurídicos y la vigencia de los fallos arbitrales, entre otros aspectos de vital importancia para el Derecho Colectivo del Trabajo (CSJ AL 2314-2014). Esta postura ha sido reiterada entre muchas, en las providencias, CSJ SL 3210-2015, SL 1739-2019 y, SL 42872022 En ese contexto, las normas sobre arbitramento . laboral contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social mantienen su plena vigencia, al no haber sido derogadas

expresa o tácitamente por la Ley 1563 de 2012, muy a pesar de que el artículo 119 de la referida ley señale que regula íntegramente la materia de arbitraje. Por otro lado, la Sala ha señalado que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la C.P el órgano arbitral está integrado por particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia para proferir fallos en derecho, o equidad, que es el caso de los conflictos laborales de intereses. Por tanto, «[…] la transitoriedad es un elemento esencial de la figura, toda vez que su jurisdicción y competencia no son indefinidas o perennes en el tiempo, sino que se limitan a ciertas materias y a un lapso específico». (Sentencias CSJ SL3401-2021, reiterada en la SL1030-2022, y en la SL 34832021 citada también en la SL 4317-2021). Ahora bien, con las anteriores premisas generales sentadas por el precedente de la Corporación y, de

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Radicación n.°97043 conformidad con lo dispuesto en los artículos 135 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 459 del Código Sustantivo del Trabajo, el término para fallar y que expresamente delimita la competencia del Tribunal es de 10 días, prorrogables por las partes en conflicto o por el Ministerio del Trabajo -en el caso de los arbitramentos obligatoriossiempre y cuando la solicitud de prórroga se realice antes de expirar el plazo preclusivo que la Ley le concede al tribunal para pronunciar su fallo o el de una

prórroga previa, pues de lo contrario, el pronunciamiento carecerá de toda validez (CSJ SL 698 -2023). Así disponen expresamente los artículos en cita: Término para fallar. Los árbitros proferirán el fallo dentro del término de diez (10) días, contados desde la integración del tribunal. Las partes podrán ampliar este plazo. También se explica que, aunque la norma no específica si los 10 días son hábiles o calendario, se advierte que el artículo 62 de la Ley 4ª de 1913 (Código de Régimen Político y Municipal) establece que «[…] Enlos plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario […]», por lo que ha de entenderse que el plazo para proferir el laudo arbitral se descuenta en días hábiles. Énfasis añadido (CSJ SL3258-2019, CSJ SL3401-2021, CSJ SL1030-2022, reiterada en CSJ SL 698-2023). De otra parte, también se ha dicho que si bien las normas de arbitraje no señalan cómo debe contabilizarse, solo las partes son quienes pueden autorizar al juez del

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Radicación n.°97043 conflicto de intereses extender el término para decidir, así se dijo en sentencia CSJ SL 3041-2021). Ahora, si bien a folio 224 se advierte que el 15 de diciembre de 2020 uno de los árbitros elevó consulta al Ministerio del Trabajo

a fin de determinar si el plazo se afectaba por la vacancia judicial, a folio 268 obra respuesta del ente público en la que señaló que «los árbitros no cuentan con los términos de la vacancia judicial, pues este tiempo se concede únicamente a los jueces de la rama judicial». Y es que a decir verdad, nuestro ordenamiento únicamente permite prorrogar el plazo a solicitud de las partes o del Ministerio del Trabajo, en caso de arbitramento obligatorio, sin que sea posible extenderlo por virtud de la vacancia judicial. Así lo sostuvo esta Sala al resolver un asunto de circunstancias similares en la CSJ SL17474-2017: A decir verdad, expresamente las normas sobre el arbitraje laboral no dicen cómo se debe contabilizar este término en los días de vacancia judicial. Por tanto, ante el vacío normativo, solo las partes son quienes podían autorizar a los arbitradores extender el término para decidir. Es decir, los árbitros no tenían competencia para disponer los días de vacancia judicial. En consecuencia, al no haberse computado los términos por los días lunes a miércoles de la semana santa, el laudo resulta ser extemporáneo y se ha de declarar su nulidad. Además, se recuerda que con el artículo 459 del Código Sustantivo del Trabajo y la interpretación que invariable y reiteradamente la Corte ha dado a tal disposición, el término allí previsto empieza a contarse «desde la instalación del tribunal», pues es a partir de ahí cuando el cuerpo arbitral se ocupa del fondo del conflicto colectivo (CSJ SL, 16 jun. 1995, rad. 7965, reiterada en la CSJ SL702-2017 citada en la SL

3483-2021). En resumen, la Jurisprudencia de la Corporación ha señalado que: (….) Esta Corporación, en desarrollo del artículo 135 del Código de Procedimiento Laboral, de tiempo atrás clarificó el asunto aquí propuesto. Mediante fallo de 5 de noviembre de 1992, Rad. 5651,

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Radicación n.°97043 precisó: En cuanto al término para proferirse el laudo, se tiene: a).- Debe ser dictado dentro de los diez días contados desde la integración del Tribunal. b).- El plazo puede ser ampliado por las partes en conflicto y tratándose de arbitramentos obligatorios, que es el caso, esa facultad también la tiene el Ministerio de Trabajo. c).- La solicitud de prórroga o ampliación debe ser presentada antes de la expiración del plazo inicial o de una prórroga previa, aún cuando la concesión se haga después del vencimiento de dichos términos. Con el cumplimiento de estos requisitos se estima que un laudo arbitral no adolece del vicio de la extemporaneidad y no afecta, por lo tanto, uno de los presupuestos procesales comunes como lo es de la competencia. Esta Sala de la Corte en sentencia de homologación del 20 de agosto de 1970 se expresó así: Por ser la actividad de los árbitros, dentro de los conflictos laborales colectivos sujetos a su decisión, una actividad que no es permanente, sino transitoria y ocasional, ella está condicionada a que el pronunciamiento de sus fallos se haga no en cualquier tiempo sino dentro de las precisas circunstancias

de temporaneidad rigurosamente establecidas en la ley. Así, si el tribunal arbitral se convoca, integra y constituye debidamente y si pronuncia el fallo, además, en la oportunidad legal, habrá obrado entonces con plenitud de jurisdicción, sin que pueda dudarse entonces de su competencia al dirimir el conflicto (G. J., CXXXV, 427) Y con anterioridad la Corporación había consignado esta enseñanza: En relación a la jurisdicción y competencia de los árbitros en los conflictos laborales, los artículos 459 del Código Sustantivo del Trabajo y 135 del Código de Procedimiento Laboral disponen que ellos deben proferir el fallo dentro del término de diez (10) días, contados desde la integración del Tribunal, plazo que es susceptible de ser prorrogado o ampliado siempre que la solicitud de prórroga se haga antes de expirar el plazo preclusivo que la ley concede al Tribunal para pronunciar su fallo. (G. J., Tomo 127, pág. 52)>” (Sentencia del 15 de septiembre de 2009 radicado 40817, reiterada en CSJ SL 17474 de 2017). De lo expuesto y conforme lo decantado con los últimos precedentes puede concluirse entonces que, a efectos de

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Radicación n.°97043 contabilizar el término para proferir el laudo debe tenerse en cuenta que: i) el plazo para proferirlo se descuenta en días hábiles (CSJ SL 698-2023) y, ii) el Tribunal no puede disponer de los días de vacancia judicial, pues sólo las partes pueden

extender el término para decidir del laudo (CSJ SL 174742017, 3401-2021). Bajo las anteriores premisas, nada impide que el Tribunal pueda proferir el laudo el día domingo puesto que es claro que la jurisprudencia vigente establece que el computo de días hábiles se impone para contabilizar el término de los 10 días y su respectiva prórroga. De otra parte, también se ha señalado que el procedimiento arbitral no se rige por los términos de vacancia judicial y, ante el vacío normativo, solo las partes son quienes podían autorizar al juez del conflicto de intereses extender el término para decidir. En síntesis, debe diferenciar la Corte, una situación es la contabilización del plazo para fallar por parte del Tribunal de Arbitramento, y otra, muy distinta, el día en que deba y pueda proferirse el laudo. La primera está determinada por la ley, y la habilitación de las partes cuando avalan la eventual prórroga, términos que se contabilizarán en días hábiles, con excepción de los términos de vacancia judicial. La segunda establece la obligación de proferirse dentro del término establecido por la ley, sin que ello impida que pueda proferirse el laudo en un día que no sea hábil. Es así como teniendo en cuenta que en el caso concreto el laudo se profirió dentro del término de la prórroga concedida

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Radicación n.°97043 por las partes y fue notificado el día 31 de octubre de 2022 (día hábil), día en que vencía el término para su

expedición, no les asiste razón a las empresas en cuanto a la extemporaneidad del laudo, puesto que 1) este se expidió dentro del término de prórroga señalado por las partes, y, 2) el cuerpo arbitral en el marco de su autonomía y la fijada por las partes involucradas en el conflicto, falló dentro del plazo estipulado. Además, inclusive el laudo fue notificado dentro del tiempo establecido por la prórroga. Procede entonces la Sala al análisis de los artículos demandados en el recurso. Artículo 3. Vigencia Pliego de peticiones La vigencia de la Convención Colectiva de trabajo que se suscriba como resultado de la negociación del presente pliego de peticiones será de dos años contados a partir del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2017 Laudo arbitral El presente Laudo Arbitral tiene vigencia, de dos (2) años, a partir del día 30 de octubre del año dos mil veintidós (2.022) fecha de su expedición y hasta el día 30 de octubre del año dos mil veinticuatro (2024) Argumentos del Tribunal El Tribunal tuvo como fundamento para la decisión del presente artículo, los argumentos generales expuestos en las líneas que anteceden.

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Radicación n.°97043 Argumentos de las recurrentes Alegaron que el Tribunal excedió su competencia por cuanto señaló una vigencia superior a dos años. Advierte que, de conformidad con lo dispuesto por el precedente de la Corte Suprema, se ha señalado que la vigencia del laudo se encuentra estipulada en la ley, motivo por el cual no puede

acordarse un término distinto. Réplica Aclaró el opositor que la vigencia del laudo se estipuló por dos años, contados a partir del 30 de octubre de 2022, hasta el 30 de octubre de 2024, es decir, por el término de dos años y un día.

VI. CONSIDERACIONES Respecto de la vigencia del laudo reitera la Sala lo ya dicho por el precedente en relación con la interpretación del artículo 461 del CST, en su numeral 2.°, en el que se establece el efecto jurídico y vigencia de los fallos arbitrales, dispone que «la vigencia del fallo arbitral no puede exceder de dos (2) años», lo cual significa que el Tribunal cuenta con amplias facultades para determinar el tiempo de vigencia de su laudo, siempre y cuando no rebase el extremo o límite temporal fijado normativamente, lo cual en este caso, no ha acontecido, pues el colegiado se sujetó a lo preceptuado en la norma en comento. (Ver sentencias CSJ SL7808-2016, CSJ

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Radicación n.°97043 SL5188-2020 y CSJ SL4542-2021, reiterada en sentencias CSJ SL 3980-2022 y CSJ SL 609-2023). También ha señalado la jurisprudencia que un fallo arbitral puede señalar un término de vigencia distinto al aspirado en el pliego de peticiones, siempre que no supere el señalado por la ley (CSJ SL 3980-2022). Ahora bien, se advierte que el Tribunal estableció en efecto un término de dos años de vigencia para el laudo

teniendo en cuenta que inicia su contabilización el 30 de octubre de 2022 hasta la misma fecha del año 2024. Vistas así las cosas no se anulará la cláusula. Artículo 4 Incremento Salarial Pliego de peticiones ARTICULO 10. INCREMENTO SALARIAL Los salarios básicos de los trabajadores beneficiados de la presente Convención Colectiva se incrementarán así. Para el año 2016 la Empresa realizará un incremento de 10 puntos porcentuales por encima del IPC (índice de Precios al Consumidor) del año 2015; Este será retroactivo al primero (1) de enero del presente año. Para el año 2017 se ajustará el incremento más favorable con respecto al IPC del año inmediatamente anterior. La Empresa realizará un incremento de 10 puntos porcentuales. PARAGRAFO 1°. Los bonos de Navidad, Canasta, y otro tipo de bonificaciones que la Empresa otorga a los trabajadores constituirán salario para el pago de las prestaciones sociales y se entregarán a todos los trabajadores beneficiarios de la Convención Colectiva resultante del presente pliego de peticiones. Las sanciones, suspensiones o cualquier resultado de un proceso disciplinario no afectarán la entrega de este beneficio. PARAGRAFO 2°. La Empresa hará partícipe de un reconocimiento económico de un Salario Básico Mensual Vigente (S.B.M.V) del año inmediatamente anterior a todos los empleados

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Radicación n.°97043 beneficiados de la presente Convención Colectiva por concepto de logros de resultados corporativos y financieros anuales. Esta bonificación se pagará en el segundo semestre de cada año.

Laudo Arbitral Artículo 4-. INCREMENTO SALARIAL. - A partir del primero (1) de enero de 2023, las EMPRESAS reajustarán los salarios básicos u ordinarios devengados a 31 de diciembre de 2022 por los trabajadores afiliados a SINTRAOSI, en el equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel Nacional, a 31 de diciembre del año 2022, más un (1) punto porcentual. - A partir del primero (1) de enero de 2024, las EMPRESAS reajustarán los salarios básicos u ordinarios devengados a 31 de diciembre de 2023 por los trabajadores afiliados a SINTRAOSI, en el equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel Nacional, a 31 de diciembre del año 2023, más un (1) punto porcentual. Argumentos del Tribunal El Tribunal consideró en relación con el parágrafo 1 que carece de competencia en razón de que se trata de una valoración que corresponde al consenso de las partes, o a definición legal, pero de ninguna manera a los Tribunales de Arbitramento. Y, respecto del parágrafo lo negó por equidad, en razón a los reconocimientos económicos realizados a los miembros de SINTRAOSI, en el presente Laudo Arbitral. Argumentos de las recurrentes Señalaron las recurrentes que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 2702 de 2014, las compañías cuentan con una limitación legal de su patrimonio, que les permite solo acceder a un 10%, para

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gastos, funcionamiento, inversiones, utilidades, pues se depende de un 10% del usuario, ya que las compañías se financian con la UPC, determinada por el sistema de seguridad social integral. Réplica Manifestó que las empresas han obtenido ganancias suficientes para considerar el aumento de los trabajadores. Además, que las entidades que hacen parte del conflicto colectivo no hacen parte del régimen subsidiado y son entidades encargadas de prestar y cobrar el servicio de salud, en entidades prepagadas. Señaló además que no es legal ni equitativo supeditar la negociación colectiva a la negativa de los empleadores.

VII. CONSIDERACIONES Precisa la Sala que no les asiste razón a las recurrentes por cuanto en materia de seguridad social, la ley1 y la jurisprudencia han sido claras en determinar la naturaleza de las cotizaciones. En tal sentido se ha señalado que la naturaleza de las cotizaciones recaudadas de la Seguridad Social tiene un carácter parafiscal, de conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 de 1993 y que con cargo a las cotizaciones recaudadas el SGSSS se reconoce a las EPS un valor per cápita denominado Unidad de Pago por Capitación

(UPC) por cada uno de sus afiliados (CC C-262-2013). 1 Ley 1438 de 2011, artículo 23 y entre otras, el artículo 182 de la Ley 100 de 1993

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Radicación n.°97043 Es así como no se desconoce que los recursos de la seguridad social en salud, en particular las cotizaciones que se recaudan entre los afiliados al régimen contributivo son contribuciones parafiscales y, por tanto, tienen naturaleza

pública y una destinación específica. Sin embargo, también se ha dicho en sentencia SU-480 de 1997 que: «(iv) no obstante, las EPS tienen derecho a una legítima ganancia». Así las cosas, el carácter parafiscal se predica tan solo de los recursos provenientes de las cotizaciones, más no de los bienes y rentas propios de las entidades que prestan el servicio. Por ello se ha distinguido entre los recursos parafiscales que administran las entidades del Sistema de Seguridad Social en Salud y su propio patrimonio y rentas. Así también se ha hecho claridad en que los recursos propios de las EPS originados en sus ganancias, contratos de medicina prepagada, etc., no son recursos del sistema (CC C-262-2013). Es así como el beneficio económico –utilidad-, por su propia naturaleza, hace parte de los recursos propios de la EPS y, en consecuencia, es de libre destinación. (CC C-8282001, C-1040-2003 y C-824-2004), Es decir, si bien es cierto la UPC se origina en recursos parafiscales y su finalidad principal es pagar el aseguramiento del en su momento POS, hoy Plan de Beneficios a cargo de las EPS y sus gastos de administración, la remuneración incluye un margen de utilidad que es propiedad de las EPS. Para mayor claridad, de conformidad con los artículos

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Radicación n.°97043 182 y 204 de la Ley 100 de 1993 se dispone que, para la organización y garantía de la prestación de los servicios incluidos actualmente en el listado de servicios y tecnologías en salud, para cada afiliado, se reconocerá́ a cada entidad

promotora de salud — EPS-, un valor per cápita que se denominará Unidad de Pago por Capitación, UPC. Y en el esquema de gestión del aseguramiento, las entidades promotoras de salud —EPSdeben garantizar la prestación de los servicios y tecnologías de salud autorizados en el país, para la promoción de la salud, el diagnóstico, tratamiento, recuperación y paliación de la enfermedad, que se costean con los recursos del aseguramiento en salud a través de la financiación con cargo a la Unidad de Pago por Capitación -UPC, cuyos recursos no podrán ser utilizados para el pago de pensiones o prestaciones y deben manejarse en cuentas separadas del resto de rentas de la entidad (artículo 182 Ley 100 de 1993) Consejo de Estado Sección Cuarta 05001-23-33-000-2013-00853-01(22250) 27 de junio de 2019). Sin embargo, hace énfasis la Sala en que los particulares que participan en el sistema de salud son recompens