CSJ - SL3036-2018

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente SL3036-2018 Radicación n. 62789 Acta n 25 Bogotá, D. C., once (11) de julio de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la revisión que formuló la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN contra el reconocimiento pensional contenido en la sentencia proferida el 18 de junio de 2009 por la Sala Civil-FamiliaLaboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, a través de la cual confirmó en grado jurisdiccional de consulta la sentencia de primera instancia emitida el 17 de abril de 2008, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté, dentro del proceso ordinario laboral promovido por JUSTINIANO MANUEL PADILLA

MARTÍNEZ, ETANISLAO ROMERO AYALA, RICARDO

HERNÁNDEZ BLANCO, JUAN BAUTISTA GONZÁLEZ,

OCTAVIO ENRIQUE BASTIDAS ARAGÓN y GUILLERMO

ENRIQUE PADILLA PACHECO contra el MUNICIPIO DE

CERETÉ.

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Radicación n. 62789 Mediante Auto del 3 de septiembre de 2014 la Sala aceptó el impedimento formulado por el doctor JORGE

MAURICIO BURGOS RUIZ.

,

1I. ANTECEDENTES

Los señores JUSTINIANO MANUEL PADILLA

MARTÍNEZ, ETANISLAO ROMERO AYALA, RICARDO

HERNÁNDEZ BLANCO, JUAN BAUTISTA GONZÁLEZ,

OCTAVIO ENRIQUE BASTIDAS ARAGÓN y GUILLERMO ENRIQUE PADILLA PACHECO, a través de apoderado instauraron demanda ordinaria laboral, contra el MUNICIPIO DE CERETÉ, con el propósito de obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación por cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985; en relación con el señor OCTAVIO ENRIQUE BASTIDAS ARAGÓN (d.e.p.d.) y RICARDO HERNÁNDEZ BLANCO (q.e.p.d.), se solicitó la sustitución del derecho en favor de la señora

MERCEDES MARÍA ROQUEME MENDOZA y ELIZABETH

ROJAS ALTAMIRANDA, respectivamente. La demanda fue radicada el 18 de octubre de 2006 (folio 36) con el número 2006-00224 00, admitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté, mediante auto del 24 de octubre de 2006, en el cual se dispuso notificar personalmente al ente territorial demandado y al Personero Municipal (folio 163); la demanda fue notificada al Municipio de Cereté el 8 de febrero de 2007 (folio 164), sin que la misma se surtiera al representante del Ministerio Público. La parte demandada contestó la demanda, pero no

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7 E Radicación n. 62789 se profirió auto dando por contestada la demanda en los términos de ley. Al citado proceso laboral se le imprimió el trámite dispuesto en el Código Procesal del Trabajo, modificado por la ley 712 de 2001, para los procesos

ordinarios laborales de primera instancia. La audiencia introductoria prevista en el artículo 39 de la ley 712 de 2001, fue convocada por auto del 12 de abril de 2007, para el 30 de abril de 2007 (folio 171). Ese día, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, a la que no compareció el representante legal de la demandada, como tampoco su apoderado. El juez decretó como pruebas, las documentales aportadas por la demandante y el interrogatorio de parte peticionado por la demandada; no hubo fijación del litigio; luego se citó para el día 22 de mayo de 2007, como fecha para la realización de la segunda audiencia de trámite con el fin de practicar las pruebas decretadas, decisión que fue notificada en estrados (folio 173). En la fecha señalada para la segunda de trámite, ante la inasistencia del apoderado de la parte demandada, no se practicó el interrogatorio de parte; en la misma audiencia se declaró cerrada la etapa probatoria y se citó a audiencia de juzgamiento para el día 3 de julio de 2007, decisiones que fueron notificadas en estrados (folio 175). El 3 de julio de 2007, el juez inicia con la lectura de la sentencia, manifestando que los demandantes acreditan documentalmente los servicios prestados al Municipio de

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Radicación n. 62789 Cereté por más de 20 años y satisfacen el requisito de edad para acceder a la pensión de jubilación; sin embargo, en ese

momento ordena suspender la audiencia por lo avanzado de la hora, citando para el día 25 de julio de 2007, a fin de continuar con la diligencia, decisión que es notificada en estrados (folios 176 a 179). Por Auto del 25 de julio de 2007, el a quo resuelve reabrir el debate probatorio, ordenando la ratificación de los testimonios rendidos ante notario, señalando el día 14 de agosto de 2007 para tal actuación, decisión notificada por Estado No. 0115 del 26 de julio de 2007 (folio 180). En la audiencia del 14 de agosto de 2007, se recepcionaron los testimonios de EFRAÍN JOSÉ DÍAZ

MARTÍNEZ, GILBERTO RAFAEL LÓPEZ LLORENTE,

ANTONIO MARÍA BERROCAL ESPITIA, NANCY DEL CARMEN POMARES DE DÍAZ Y EDINSON PADILLA GUZMÁN, diligencia en la que no se hizo presente la apoderada de la demandada, como tampoco se contó con la asistencia del representante del Ministerio Público (folios 181 a 186). En el Estado No. 0034 del 28 de febrero de 2008, se notificó el auto del 28 de febrero de 2008, por medio del cual se convoca nuevamente a audiencia de juzgamiento para el día 17 de abril de 2008 (folio 189). El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté, mediante sentencia proferida el 17 de abril de 2008, condenó al Municipio de Cereté al reconocimiento y pago de la pensión vitalicia de jubilación a JUSTINIANO MANUEL

PADILLA MARTÍNEZ, en cuantía de $ 51.720,00 desde SCLAJPT-09 V.OO O Radicación n. 62789 enero de 1991; ETANISLAO ROMERO AYALA, pensión en cuantía de $ 32.559,60 desde enero de 1989; ELIZABETH ROJAS ALTAMIRANDA por sustitución del compañero permanente fallecido RICARDO HERNÁNDEZ BLANCO en cuantía de $ 25.637,40, desde enero de 1988; JUAN BAUTISTA GONZÁLEZ una pensión de jubilación en cuantía $20.509,80, desde julio de 1987; a favor de la señora MARÍA ROQUEME MENDOZA en sustitución del cónyuge fallecido OCTAVIO ENRIQUE BASTIDAS ARAGÓN, una pensión de $ 13.557,60 mensuales desde enero de 1985; GUILLERMO ENRIQUE PADILLA PACHECO, una pensión de $286.000,00 desde mayo de 2001, sumas que ordena actualizar o indexar (folios 190 a 194). Surtido el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería, en sentencia del 18 de junio de 2009, confirmó la sentencia de primera instancia (folios 489 a 498), decisión que contó con un salvamento de voto (folios 499 a 500). Mediante auto del 23 de septiembre de 2009, el a quo liquidó las agencias en derecho de la primera instancia por valor $ 667 304.287,80, equivalentes al 20% de las condenas, decisión notificada en Estado No. 00158 del 24

de septiembre de 2009, la cual no fue objeto de recursos (folio 196). El 14 de enero de 2011, la apoderada de los demandantes presentó solicitud ante Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté para la ejecución de la sentencia (folio 197), razón por la cual el 28 de marzo de 2011, el despacho SCLAIPT-09 v.00 5 Radicación n. 62789 libró mandamiento de pago por las condenas señaladas en la sentencia y su respectiva indexación, auto notificado en el Estado No. 0051 del 19 de marzo de 2011 (folio 198 y 199). La Alcaldía municipal de Cereté expidió la resolución No. 0168 del 30 de septiembre de 2011, dándole cumplimiento a la sentencia y ordenando la inclusión en nómina de pensionados desde el mes de febrero de 2010, así mismo, liquidó el retroactivo pensional indexado de los demandantes. El 19 de octubre de 2011, la apoderada de los demandantes, presenta al despacho liquidación del crédito por valor de $7.215343.145,00, incluido el valor $ 941"131.715,00 por concepto de agencias en derecho en el proceso ejecutivo (folios 200 y 201). El juzgado mediante auto del 20 de octubre de 2011, ordena correr traslado de la liquidación del crédito al Municipio de Cereté por el término de tres días, decisión notificada en el Estado No. 0176 de la misma fecha (folio 207). La liquidación del crédito por valor de $6.276.211.430,11, por concepto de retroactivo pensional fue aprobada a través del auto del 22 de

noviembre de 2011 y notificado en el Estado No. 0190 del 23 de noviembre de 2011(folio 208). En el Estado No. 0199 del 9 de diciembre de 2011, se notificó el auto del 7 de diciembre de 2011, por medio del cual el juzgado liquidó las agencias en derecho dentro del proceso ejecutivo, por valor de $ 627 621.143, 00 (folio 209).

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Radicación n. 62789 La apoderada de la parte demandante solicita el 9 de marzo de 2012, el embargo de remanentes de varios títulos judiciales a disposición del Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté, correspondientes a otros procesos ejecutivos terminados contra la demandada (folios 210 a 214). El juez accede a la petición y decreta el embargo de los referidos títulos judiciales a través de auto del 26 de marzo de 2012 (folios 215 a 218). Con oficios del 28, 30 de marzo y 13 de abril de 2012, el despacho solicita al Banco Agrario el pago de los remanentes a favor de la apoderada de los demandantes (folios 228 a 241). El apoderado del Municipio de Cereté formula el 7 de junio de 2012, incidente de nulidad por indebida notificación del mandamiento de pago, pues consideró que habiendo transcurrido más de 60 días de ejecutoriada la sentencia no procedía la notificación por estado, sino personalmente; adicionalmente solicita, la restitución de los dineros que entregó el juzgado a la demandante. Tal

despacho se pronunció el 19 de octubre de 2012, declarando la mulidad procesal a partir del auto mandamiento de pago del 29 de marzo de 2011, pero negó la petición de restitución de dineros pagados (folios 316 a 319). En cumplimiento del parágrafo del artículo 47 de la Ley 1551 de 2012, el día 27 de septiembre de 2012 se llevó a cabo audiencia de conciliación, en la cual no se logró acuerdo conciliatorio. La Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, con fundamento en lo dispuesto en el SCLAIPT-09 V.00 7 ó Radicación n. 62789 artículo 20 de la Ley 797 de 2003, solicita el 11 de septiembre de 2013, declarar inválida la sentencia del 18 de junio de 2009, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería, por medio de la cual confirmó la sentencia del 17 de abril de 2008, emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté; en consecuencia, reclama el reintegro de los valores pagados a los demandantes y se corra traslado a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura de los presuntos actos anómalos cometidos en desarrollo del proceso laboral ordinario 2006-00244. El Ministerio Público invoca la causal primera de invalidación, prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues afirma que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté, vulneró el debido proceso consagrado en el

artículo 29 constitucional y en el Código Procesal del Trabajo, al omitir la notificación por estados de los autos dictados en las audiencias de trámite en las que no estuvo representada la entidad demandada, impidiéndole interponer los recursos correspondientes. Igualmente, considera que el desconocimiento del procedimiento establecido en el artículo 9 de la ley 50 de 1886, para la práctica del testimonio como prueba supletoria para acreditar tiempos de servicios para pensión de jubilación, constituye otra actuación judicial violatoria del debido proceso. También alega que se configuró la causal segunda de revisión, al haberse reconocido por sentencia judicial derechos pensionales con fundamento en

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Radicación n. 62789 pruebas practicadas sin el lleno de los requisitos y excediendo lo establecido en la ley. Frente a la vulneración del debido proceso por omitir el a quo la notificación por estado de los autos dictados en audiencia sin la comparecencia del apoderado de la parte demandada, conforme lo ordenaba el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo modificado por el numeral 1” literal c) del artículo 20 de la Ley 712 de 2001, señala tal omisión en los siguientes actos procesales: 1.1. En la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo, celebrada el 27 de abril de 2007, ante la inasistencia de la parte demandada se declaró fallida la conciliación; no hubo fijación del litigio y el juez pretermitió la notificación posterior en estados de los autos allí proferidos sin la presencia de una de las partes, especialmente del auto en el cual se convocó a la segunda

audiencia de trámite para el día 22 de mayo de 2007, y donde se practicaría el interrogatorio solicitado por la parte que no concurrió. 1.2 En la audiencia de trámite del 22 de mayo de 2007, el a quo declaró surtido el debate probatorio y fijó el día 3 de julio de 2007, como fecha para la realización de la audiencia de juzgamiento; sin embargo, los autos a través de los cuales se adoptaron esas decisiones, no fueron notificados por estados a pesar de la inasistencia de la parte demandada a la diligencia.

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4 Radicación n. 62789 1.3 Manifiesta, que la audiencia de juzgamiento realizada el 3 de julio de 2007, fue suspendida sin justificación alguna, señalándose el día 25 de julio de 2007 para su continuación y que este pronunciamiento fue notificado en estrados, pero ante la ausencia de la parte demandada el juzgado debió notificar por estado, hecho que no ocurrió. 1.4 Agrega lo sucedido en la audiencia de juzgamiento del 25 de julio de 2007, en la que el juez ordena reabrir el debate probatorio y dispone la ratificación de los testimonios de los señores GILBERTO RAFAEL LÓPEZ,

LUIS EDUARDO HERRERA, EFRAIN JOSÉ MARTÍNEZ,

JUAN BAUTISTA TAMARA, ANTONIO MARÍA BERROCAL ESPITIA, ALVARO BURGOS GARCÍA Y SAMUEL SANDOVAL, fijando el día 17 de agosto de 2007, para su práctica. Informa que esta última actuación si tiene

notificación por estado. Finalmente, en cuanto al impulso procesal indica, que a través del auto del 28 de febrero de 2008, fijó nuevamente fecha para la realización de la audiencia de juzgamiento, la cual se llevó a cabo el 17 de abril de 2008, decisión notificada por estado. Adicionalmente, manifiesta que las sentencias objeto de revisión, decretaron con cargo a los recursos públicos pensiones de jubilación, excediendo lo establecido en la ley, conforme lo establece la causal 2 de invalidación del artículo 20 de la ley 797 de 2003. Para demostrar su SCLAIPT-09 V.OO Radicación n. 62789 configuración indica, que “se adecua a consecuencia de haberse concedido los derechos pensionales conforme a la ley 33 de 1985, sin el lleno de los requisitos legales, pues se concedieron las pensiones con fundamento en unas pruebas supletorias que no son válidas al no ser recaudadas conforme a lo establecido en los artículos 7”, 8 y 9 de la ley 50 de 1886”. Aduce que de acuerdo con las pruebas documentales, las cuantías pensionales exceden lo establecido en la ley, por cuanto los demandantes no lograron acreditar 20 años de servicio, a excepción del actor JUAN BAUTISTA GONZÁLEZ, pues los tiempos de labores acreditados a través de testimonios, deben excluirse por haberse practicado omitiendo lo reglado en la ley 50 de 1886. El recurso de revisión fue admitido por esta Sala de la Corte, mediante providencia del 3 de septiembre de 2014

(folios 5 y 6 del cuaderno de la Corporación), y notificada el 20 de octubre de 2014 a la doctora SILVIA HELENA GARCÉS DE MORALES (folio 10) apoderada de los demandados ELIZABETH ROJAS ALTAMIRANDA, sustituta de la pensión causada por RICARDO HERNÁNDEZ

BLANCO, ETANISLAO ROMERO AYALA, GUILLERMO

ENRIQUE PADILLA PACHECO; ELBA ROSA BASTIDAS DE

MOLINA, hija de MERCEDES ROQUEME MENDOSA

(Q.E.P.D.), quien en vida fue sustituta de la pensión de

OCTAVIO ENRIQUE BASTIDAS ARAGÓN; ROSARIO DEL CARMEN AVILA TEHERAN hija de CARMEN HELENA TERAN ROMERO (Q.E.P.D.) sustituta de la pensión de

jubilación de JUSTINIANO MANUEL PADILLA MARTÍNEZ

(Q.E.P.D); ALEJANDRINA ROSA NARANJO MENDEZ SCLAIPT-09 v.00 Do Radicación n.” 62789

sustituta de JUAN BAUTISTA GONZÁLEZ TORRES

(Q.E.P.D.).

Igualmente, se surtió la notificación el día 24 de octubre de 2014, al Municipio de Cereté, a través de la doctora ANGELICA CORREA ROMERO, quien el 10 de noviembre de 2014, presentó escrito respondiendo a la solicitud de revisión incoada por el Ministerio Público. La apoderada de los demandantes en el proceso laboral ordinario, cuya sentencia es objeto de revisión, antes de oponerse a las pretensiones del recurso, advierte

que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 21 de agosto de 2013, radicación 23162 3103 001 2006 00244 01 rechazó una solicitud similar instaurada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; continua su defensa indicando, que no hay violación del debido proceso por haberse efectuado, dentro del juicio ordinario laboral, todas las notificaciones conforme lo establece la ley; niega que se hubiere reconocido mesadas pensionales por encima de lo fijado en la ley, y que el recurso de revisión no procede por extemporáneo. Admitió como ciertos los hechos 1, 2, 3, 4 y 5, relacionados con la presentación de una demanda ordinaria laboral contra el Municipio de Cereté, para el reconocimiento de la pensión de jubilación; la fecha de admisión de la demanda por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté; la fecha y forma como fue contestada

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Radicación n. 62789 la demanda, así como del auto que fijó fecha para la celebración de la primera audiencia de trámite, respectivamente. Igualmente, reconoció como ciertos los hechos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29 y 30, relacionados con las actuaciones procesales sobre práctica de pruebas, trámites secretariales, providencias judiciales dictadas en el proceso ordinario y en el proceso ejecutivo, así como actuaciones del

Municipio de Cereté. Frente a los hechos 6, 7, 8, 9, 19 y 23, la apoderada opositora, alega que son parcialmente ciertos. Sobre el hecho 6”, relacionado con la audiencia de conciliación, afirma que fue declarada fallida por inasistencia del representante legal del municipio, no obstante habérsele notificado oportunamente, y que ante la ausencia de nulidades procesales, el despacho decidió ordenar las pruebas solicitadas por las partes, fijando fecha para llevar a cabo la segunda audiencia de trámite el 22 de mayo de 2007, decisión que fue notificada en estrados. Respecto a la práctica del interrogatorio de parte relacionado en el hecho 7% del recurso de revisión, indica que la apoderada del municipio no asistió, a pesar de estar debidamente notificada, sin aportar excusa justificada y que el auto que declaró clausurado el debate probatorio y el que fijó fecha para la audiencia de juzgamiento fue notificado en estrados. En cuanto a los hechos 8% y O”, atinentes a la notificación de las providencias dictadas en la audiencia de juzgamiento, especialmente la relacionada con la reapertura

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Radicación n. 62789 del debate probatorio para la ratificación de las declaraciones extraprocesales, manifiesta su desacuerdo con la Procuradora Delegada, pues afirma que fueron notificadas mediante Estado No. 0115 del 26 de julio de 2007. En el hecho No. 19 de la demanda de revisión, la Delegada de la Procuraduría, informa que, a folio 169 del

expediente, milita la Resolución No 168 del 30 de septiembre de 2011, por la cual el Municipio de Cereté, reconoció las mesadas dejadas de cancelar a sus mandantes hasta febrero de 2010, fecha en que se incluyó en nómina a los pensionados; la opositora aclara que el citado acto administrativo corresponde al acatamiento por parte del municipio de la sentencia proferida en su contra y antes de iniciarse el proceso ejecutivo. Finalmente, respecto al hecho No. 23, admite haber solicitado el embargo de unos títulos judiciales, pero que corresponden a remanentes de procesos ejecutivos terminados antes del proceso de reestructuración de pasivos de la entidad demandada. Desde el punto de vista jurídico, la opositora afirma que el artículo 41 del CPT, dispone que todas las providencias que se dicten en audiencia deben notificarse en estrados, sin hacer excepciones respecto a las partes o Ministerio Público que no hubieren asistido sin justificación; opina que la interpretación dada por la recurrente es contraria a los principios de eficacia y

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Radicación n. 62789 eficiencia, consagrados en las leyes 712 de 2001 y 1149 de 2007, que buscan agilizar el proceso laboral. Agrega, que de conformidad con el Estatuto del Abogado es una obligación de los apoderados asistir a las audiencias, y que el artículo 17 de la ley 712 de 2001, “claramente indica la ruta jurídica a seguir con la excepción a esta forma de notificación, cuando señala que para efectos que no se apliquen los efectos de la notificación por

estrados a la parte que no asiste a una audiencia que es de su conocimiento, debe demostrar justificadamente la causa de su inasistencia”. Advierte que la inasistencia de las partes a la audiencia, no impiden que las decisiones que en ella se tomen produzcan sus efectos desde su pronunciamiento, salvo excusa debidamente comprobada, caso en el cual procede la notificación por estado para que corran los términos nuevamente, y que por lo tanto, no es cierto que baste con la inasistencia injustificada de alguna de las partes para que se active la obligación procesal de notificar por estado las decisiones dictadas en la audiencia, de lo contrario se convertiría en una práctica dilatoria. Considera que la parte actora pretende utilizar el recurso de revisión con propósitos diferentes, dado su carácter especial y excepcional, pues el citado recurso no es una tercera instancia en donde se puedan discutir nuevamente las pruebas o su validez, actuar que termina dilatando el pago de las condenas, aumentando así el monto de la obligación a cargo del municipio. Que no se configuraron las causales previstas en la ley para invalidar la sentencia, y que la parte demandada, así como el Ministerio Público fueron notificados oportuna y legalmente,

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Radicación n. 62789 de lo contrario se estaría premiando a la apoderada y representante legal del municipio por su inasistencia a las audiencias, lo que constituye un abuso del derecho alegando en su favor su propia culpa. Respecto de la segunda causal de invalidación establecida en el artículo 20 de la ley 797 de 2003,

responde que para la determinación de la cuantía se debe tener en cuenta el valor de la pretensión inicial al momento de presentar la demanda, sin agregar los intereses que se hubieren causado con posterioridad, concluyendo que “Por manera, que si miramos esos valores indicados en la demanda, el aspecto de la cuantía utilizado por la actora para recurrir extraordinariamente, queda claramente descartado”. La apoderada del Municipio de Cereté, en su memorial de respuesta presentado el 10 de noviembre de 2014, admite los hechos y respalda los argumentos, así como las peticiones formuladas por la Procuradora Delegada, ampliando la información sobre presuntas irregularidades en las actuaciones surtidas dentro del proceso ejecutivo adelantado en el mismo despacho judicial contra la demandada. Habiéndose resuelto, mediante Auto AL575-2017 del 25 de enero de 2017(folios 75 a 78), el recurso de reposición interpuesto por la apoderada de los demandantes contra el auto que admitió la demanda contentiva del referido recurso de revisión, y no existiendo más peticiones por resolver, SCLAIPT-09 v.00 Radicación n. 62789 esta Sala procede a decidir lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES Para resolver la controversia propuesta debe empezar la Corte por recordar, que dentro de los fines perseguidos por el legislador al expedir la Ley 797 de 2003, y más concretamente en su artículo 20, estuvo el de contemplar un mecanismo procesal que permitiera revisar las decisiones judiciales, conciliaciones o transacciones que hubieren reconocido pensiones «rregularmente o por montos

que no corresponden a la ley», para de esa manera revocarlas y con ello afrontar los graves casos de corrupción en esta materia, evitando los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. Se persigue de esa forma, como lo tiene precisado la jurisprudencia de esta Corporación, la defensa de los recursos públicos y el afianzamiento de los principios de moralidad pública e interés general, a partir de una excepción a los efectos de cosa juzgada que ampara a las decisiones judiciales, transacciones o conciliaciones, que imponen el pago de sumas periódicas o pensiones a cargo del tesoro público o fondos de naturaleza pública (CSJ SL177412015 - SL 351 - 2018). Así fue como la normativa reseñada con precedencia, consignó:

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17 Radicación n. 62789

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS

PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en-eualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor

General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en-eualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. Descendiendo al asunto particular y concreto que constituye el tema de nuestro estudio, y no existiendo discusión en torno a que el citado proceso laboral se tramitó conforme al procedimiento vigente con anterioridad a la ley 1149 de 2007, pues como se recordará el artículo 15 estableció un régimen de transición, en el que dispuso que los procesos iniciados antes de la aplicación gradual de la ley se continuarán tramitando bajo el régimen procesal anterior, le corresponde entonces a esta Sala resolver los siguientes problemas jurídicos: i) sí en los procesos laborales tramitados en vigencia de la ley 712 de 2001, las providencias dictadas en el curso de una audiencia y notificadas en estrados sin la comparecencia de las partes o

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Radicación n. 62789 una de ellas, debían notificarse en estados, y en caso afirmativo determinar si dicha omisión constituye violación al debido proceso, ii) establecer la conducencia de la prueba supletoria testimonial prevista en la Ley 50 de 1886

como medio para acreditar tiempos de servicios públicos con fines pensionales, y iii) y consecuencialmente dilucidar, si se configuraron las causales de invalidación previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En cuanto a la objeción planteada por la apoderada de los demandantes, relacionada con la extemporaneidad del recurso, esta Sala se relevará de estudiarla, pues fue resuelta a través del Auto AL575-2017 del 25 de enero de

2017. Igualmente, debe precisarse que respecto al recurso de revisión presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por los mismos hechos, radicación interna 59.715, no hubo decisión de fondo, por cuanto mediante providencia AL1033-2013 del 21 de agosto de 2013, fue rechazada la demanda contentiva del recurso por no subsanarla dentro del término otorgado para tal fin.

Notificaciones en el proceso laboral En desarrollo del principio de publicidad, el debido proceso y el derecho de defensa, los estatutos procesales establecen los términos y condiciones dentro de los cuales se debe dar a conocer a las partes, terceros y comunidad en general, las actuaciones surtidas y decisiones adoptadas en el transcurso del juicio. Las reglas sobre notificación de providencias judiciales, tienen como propósito fundamental

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19 05 Radicación n. 62789 garantizar el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales, es decir, constituyen una garantía constitucional contra la arbitrariedad y en la senda de la efectividad del debido proceso. Igualmente, por regla general

para que una providencia surta todos sus efectos jurídicos requiere haber sido notificada previamente a quienes intervienen en el proceso conforme a los procedimientos dispuestos con tal finalidad. Así lo ha entendido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema, en providencia del 29 de septiembre de 2004, radicación 23.556, en la que consideró que “la comunicación de los actos procesales a las partes, amén de cumplirse en estricto rigor procesal, so pena de su invalidez e ineficacia, constituye un mecanismo de publicidad que legitima la decisión judicial y garantiza el derecho de contradicción y defensa” Sobre las finalidades procesales y constitucionales de la notificación de las providencias judiciales, la Corte Constitucional en sentencia C-783 de 2004, consideró: “Conforme a la doctrina jurídica, la notificación judicial es un acto procesal mediante el cual se hacen saber o se ponen en conocimiento de las partes o de terceros las decisiones adoptadas por los funcionarios respectivos, con las formalidades señaladas en las normas legales. En virtud de esta función, dicho acto es un instrumento primordial de materialización del principio de publicidad de la función jurisdiccional consagrado en el Art. 228 superior. Por efecto de dicho acto, sus destinatarios tienen la posibilidad de cumplir las decisiones que se les comunican o de impugnarlas en el caso de que estén en desacuerdo con ellas y ejercer su