CSJ - SL305-2024

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL305-2024 Radicación n.° 98290 Acta 004 Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ALBERTO LUIS HERNÁNDEZ PEÑA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 21 de mayo de 2021 en el , proceso promovido en contra de la CAJA DE

COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLÍVAR

COMFAMILIAR.

I. ANTECEDENTES Alberto Luis Hernández Peña llamó a juicio a la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar Comfamiliar, pretendiendo que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido del 17 de

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Radicación n.° 98290 octubre de 1997 al 21 de agosto de 2015, el cual terminó por despido indirecto. En consecuencia, que se le condenara al pago de la liquidación definitiva de prestaciones sociales, tales como cesantías e intereses sobre las mismas y primas de servicio; así como a las vacaciones; la pensión sanción; las indemnizaciones por despido indirecto, por mora y por la no consignación de las cesantías en un fondo destinado para tal fin; la indexación de las sumas objeto de condena; y los intereses moratorios. En forma subsidiaria a la pensión sanción, pidió que se le condenara a pagar a Colpensiones, «la integridad de

los aportes con calculo (sic) actuarial de todo el periodo laborado, que no cancelo (sic) su ex – empleador al actor, de acuerdo al salario real devengado […]». Fundamentó sus peticiones, en que nació el 4 de junio de 1959; que el 17 de octubre de 1997 pactó con la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar Comfamiliar, un supuesto contrato de prestación de servicios profesionales, no obstante, se trató de uno laboral, por configurarse sus elementos; que aquel tuvo lugar hasta el 21 de agosto de 2015, en forma continua y sin interrupción; que el salario promedio mensual devengado durante el período comprendido entre el 17 de octubre de 1997 y el 10 de noviembre de 2014 fue de $11.140.173, y el del lapso comprendido del 10 de diciembre de 2014 y el 21 de agosto de 2015 fue de $10.372.984; que desarrolló la labor encomendada de manera personal, atendiendo las

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Radicación n.° 98290 instrucciones de la exempleadora, y bajo su completa subordinación. Narró que el cargo desempeñado fue el de médico anestesiólogo; que cumplía un horario por turnos de trabajo señalados por la contratante, así: durante los primeros 12 años, iniciaba el lunes a las 7 a. m. y terminaba el miércoles a las 7 a. m., y a partir de las 7 p. m., era disponibilidad tanto el lunes como el martes en la noche; y posteriormente el horario varió, siendo de lunes a martes de

7 a. m. a 7 p. m., con disponibilidad de doce horas nocturnas de esos dos días. Agregó que durante toda la relación laboral no fue afiliado a los fondos de cesantías y de pensiones, a una EPS ni a una administradora de riesgos profesionales, ni tampoco le cancelaron las prestaciones sociales ni las vacaciones; que durante el tiempo que perduró la relación laboral le exigían presentar facturas de cobro; que el consultorio, los instrumentos, los quirófanos, en fin, todo lo necesario para desempeñar a cabalidad sus funciones, eran de la demandada, o estaba dispuesto por esta; que los pacientes también los proporcionaba aquella; que el objeto social de la accionada está directamente relacionado con la actividad que desarrollaba; y que el 21 de agosto de 2015 le comunicó a la contratante por escrito, su decisión unilateral de dar por terminado el vínculo por justa causa, por el no pago oportuno de los salarios. La accionada al dar respuesta al libelo genitor, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó

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Radicación n.° 98290 los relacionados con la fecha de nacimiento del demandante; y su propiedad sobre todos los materiales e instrumentos que aquel utilizaba para desempeñar a cabalidad sus funciones, lo que era una consecuencia lógica de la actividad. Negó los demás, bajo el argumento de que sostuvo con el actor varios contratos de prestación de servicios, en virtud de los cuales aquel presentaba ofertas y pólizas, y en todo momento declaraba la real naturaleza jurídica de la

relación, lo que evidenciaba que conocía la normatividad aplicable a la relación comercial celebrada; que la actividad profesional que ofrecía el señor Hernández Peña, era la de anestesiólogo, por ende, prestaba sus servicios frente al requerimiento de la contratante, además, nunca hubo subordinación; que el profesional tenía autonomía técnica y científica, ya que al momento de presentar una emergencia este desplazaba al cirujano, y solo imperaba su criterio como médico anestesiólogo y reanimador; y que aquel no tuvo un salario promedio, pues el cobro se realizaba por eventos, todo de acuerdo con la oferta mercantil. Como excepciones propuso las de inexistencia de contrato realidad, cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y compensación.

II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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Radicación n.° 98290 El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cartagena a través de sentencia del 18 de abril de 2018, absolvió a la demandada de los pedimentos del libelo genitor.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, por medio de providencia del 21 de mayo de 2021, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, confirmó la providencia de primer grado.

Partió de que el problema jurídico se orientaba a determinar, si se acreditó la existencia entre las partes de una relación laboral; y en caso afirmativo, si le asistía derecho al señor Hernández Peña, al reconocimiento y pago de los emolumentos reclamados. En lo pertinente relacionó los arts. 22 y 23 del CST, en

armonía con el 53 de la CP, que consagra el principio de primacía de la realidad sobre las formas; enunció los elementos del contrato de trabajo, a saber, la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario; y luego expresó lo siguiente: De manera que, demostrada la prestación personal del servicio se presume la existencia del contrato de trabajo, conforme lo consagra el artículo 24 de la norma en cita, presunción que evidentemente puede llegar a ser desvirtuada mediante prueba en contrario.

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Radicación n.° 98290 Advirtió que lo anterior se debe acompasar con lo dispuesto en el art. 167 del CGP, que reza que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas cuyo fin persigue, por lo que al trabajador le corresponde demostrar la prestación personal del servicio en los respectivos extremos temporales alegados; y a la demandada, que no se presentó la subordinación, como elemento característico de la presunta relación laboral. Puntualizó que en el presente asunto no hubo discusión acerca de la prestación personal del servicio por parte del accionante, como se desprendía de la oferta mercantil, en conjunto con las cuentas de cobro y pagos respectivos; lo que, entre otras cosas, fue aceptado por la demandada al responder el libelo genitor, aunque alegando la existencia de un contrato de prestación de servicios. Indicó que, en consecuencia, operaba la presunción legal de contrato de trabajo, en virtud de la cual debía presumirse la subordinación jurídica propia del vínculo laboral; y, en consecuencia, examinar las pruebas con el

propósito de establecer si estas tienen la contundencia para desvirtuarla. Luego procedió a relacionar las probanzas aportadas; y al respecto expresó lo siguiente: Por lo anterior, se precisa que militan como pruebas relevantes dentro del plenario, entre otros, las ofertas mercantiles de prestación de servicios ofrecida (sic) por el demandante y aceptación de las ofertas por parte la demandada, las cuentas de cobro y facturas de ventas, certificaciones de prestación de servicios, los interrogatorios de partes, y los testimonios de los

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Radicación n.° 98290 señores Alex (sic) Edmundo Chirino Pérez, Alma Pardo Robles, Rafael Pérez Delgado y Antonia Padilla Pico, quienes afirmaron lo siguiente: La deponente Antonia Padilla Pico afirmó haber trabajado en Comfamiliar como auxiliar de enfermería, durante 14 años, y en ese tiempo conoció al demandante quien prestó sus servicios como anestesiólogo a esa entidad los lunes y los martes en cirugías y los jueves en consulta externa. Refirió que la jefe de cirugía realizaba la programación de éstas, programación que debía ser cumplida por el demandante desde las 7:00 a.m., sin que exista un horario definido de salida dado que en algunas ocasiones podía extenderse hasta las 11:00 p.m. Indicó que en pocas ocasiones el actor fue reemplazado por otro profesional previa concertación con la coordinadora. Aseguró que la programación de citas de consulta externa que realizaba los jueves era establecida por la coordinadora médica Aidé Calderón, en estas consulta (sic) el demandante atendía a los

pacientes programados para cirugía; que como auxiliar de enfermería le informaba al especialista debía llamar en caso de urgencias, y el actor estaba disponible las 24 horas los lunes y martes para atenderlas. Por su parte, la testigo Alma Pardo Robles, afirmó que se desempeña como coordinadora médica de comfamiliar desde el año 2000, y por eso le constan (sic) que el actor se desempeñó como médico adscrito a la IPS COMFAMILIAR, desde el año 1997 hasta el año 2015, enfatizando que era adscrito porque como médico especialista tenía autonomía técnico científica, y prestaba la atención de acuerdo con su disponibilidad y especialidad, precisando que el actor escogió los lunes y los martes, porque en los otros días prestaba sus servicios en otras entidades. Indicó que las veces en que el demandante no pudo prestar sus servicios los lunes y los martes era cubierto o reemplazado por otro profesional o reprogramada las cirugías, sin que le fuera exigible comunicarlo con alguna antelación o que estuviera autorizado, expresando “que si no podían asistir ni manera”. Así mismo, refirió que el demandante también realizaba las consultas preanestésicas a los pacientes programados para cirugía alegando no recordar si era el miércoles o el jueves, en la jornada de la tarde, pero sin que estuviera establecido un horario fijo porque ello dependía del número de pacientes programados y la disponibilidad del actor. Frente a la disponibilidad nocturna del actor en urgencia, manifestó que desde el año 2009 la IPS Comfamiliar dejó de prestar el servicio de urgencia. Seguidamente, el testigo Alex (sic) Edmundo Chirino Pérez

refirió que es cirujano general coloproctologo (sic), que conoce al demandante porque fue su colega de trabajo en diferentes entidades de la ciudad como en la clínica AMI, clínica Comfamiliar, en la clínica General del Caribe y la clínica del

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Radicación n.° 98290 Bosque. Indico (sic) que el actor prestó sus servicios como anestesiólogo en la clínica Comfamiliar los días lunes y martes, y tenía un turno de disponibilidad nocturna en caso de urgencia en esos mismos días, contó que Comfamiliar les entregaba una oferta mercantil y ellos la firmaban, precisando que en la oferta no se establecía el horario, pero que en quirófano tenían una jefe de programación quien les informaba de que a qué horas tenían programación de cirugías, ya que ellos mantenían comunicación telefónica con la Dra. Alma y Leda para acordar unos horarios que ellos debían cumplir, precisó que el horario era establecido en acuerdo con la disponibilidad de la clínica y de ellos como médicos. Manifestó que le consta que el actor si fue reemplazo en algunas ocasiones dado que, en la especialidad de anestesiología, en caso de ausencia, se cubría el servicio con otro médico, sostuvo que el actor en algunas ocasiones debía hacerle seguimiento a los pacientes que presentaban alguna complicación en días diferentes a los lunes y martes. Reseñó que cuando no se cumplía con el horario, la jefe de quirófano les hacia un llamado de atención verbal y que, en cuanto a la consulta externa, las citas eran programadas por la jefe de consultas externas quien

les indicaba el consultorio que debían utilizar para atender a los pacientes. El deponente Rafael Pérez Delgado, da cuenta que conoció al demandante prestando sus servicios a la demandada, para la época en que prestó también sus servicios como médico anestesiólogo (2000 al 2016). Indicó que ellos estuvieron vinculados a través de un contrato de prestación de servicios, la remuneración se hacía por cuentas de cobro, acogidos a un régimen tarifario y variaba dependiendo del número de pacientes y los procedimientos realizados; que los horarios eran determinados por acuerdo con la institución que, para el caso del demandante fueron los lunes y martes en el quirófano, los jueves en consulta externa y ocasionalmente los sábados; que en caso de que no se pudiera prestar el servicio, si no se podía reprogramar, se coordinaba con otro médico para cubrir el servicio, y este último en algunas ocasiones cobraba directamente a Comfamiliar o el médico a quien cubrió le pagaba directamente. Dijo no constarle si el actor recibía órdenes, pero refirió que particularmente a él nadie le dijo “que usted tiene que hacer esto, y si no lo hace lo botamos de aquí o lo sancionamos”. En cuanto al cumplimiento de horario, adujo que este era obligatorio porque si no lo hacían se sometían al reproche de sus pacientes, considerando que ética y moralmente ellos debían cumplir con la programación. En cuanto a órdenes o directrices que recibían, reiteró que solo se les exigía prestar el servicio de calidad, pero jamás fue conminado por un directivo a realizar algo, precisó que aparte

de coordinar los horarios con las jefes de quirófanos y consulta externa, en algunas ocasiones debido a la condición del paciente se dialogaba previamente su forma de tratamiento.

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Radicación n.° 98290 Finalmente, manifestó que era obligatorio firmar la oferta mercantil, de lo contrario significaba la desvinculación con la entidad. El demandante, al rendir su declaración de parte, afirmó que trabajó de manera ininterrumpida desde 1994 hasta el 2015 en Comfamiliar, desempeñándose como médico anestesiólogo, los lunes y martes en cirugías, los jueves en consulta externa y ocasionalmente los sábados, refirió que en los otros días prestaba sus servicios en la clínica San juan (sic) de Dios y Litotricia. Se le indagó si recibió llamados de atención, a lo que respondió que muy escasamente recibió llamados de atención verbal cuando se presentaban retrasos en la programación de cirugías, relató haber recibido órdenes de la coordinadora médica y de la jefe de quirófanos, quienes velaban por el cumplimiento de los horarios y que se prestara el servicio según los protocolos Comfamiliar, a modo de ejemplo indicó que el horario de entrada era a las 7:00 am, y que si por algún motivo se retrasaba, las jefes lo llamaban para indagar la razón de su retraso, e igualmente que cuando no se atendía un paciente, sea porque éste no llegó preparado o por otra razón, él tenía que darles explicaciones a las jefes de por qué no se prestó ese servicio. En lo tocante a la remuneración, asintió que era

pagado por evento de acuerdo con unas tarifas. Aseguró que, en los últimos años, la entidad llegó a retrasar por casi un año el pago de los servicios, motivo por el cual presentó la carta de renuncia. Por último, la representante legal de enjuiciada al absolver su declaración de parte sostuvo que el actor prestó sus servicios médicos según su especialidad, desde el 17 de octubre de 1997 hasta el 21 de agosto de 2015 a Comfamiliar, para lo cual presentaba ofertas mercantiles, en la cual se acordaba el valor de los servicios prestado (sic), y a su vez según la disponibilidad del médico. Precisó que lo que facturaba mensualmente el actor dependía del número de pacientes que atendiera, asintió que los servicios fueron prestados por el demandante en las instalaciones de Comfamiliar, pero enfatizó que Dr. Hernández no recibía órdenes y ni tampoco debía cumplir un horario, lo que se hacía previo acuerdo con él y según su disponibilidad era una programación de cirugías la cual indicó que no estaba sujeta a un horario determinado, sostuvo que el actor jamás recibió llamados de atención, como tampoco reposa en su expediente solicitud de permisos, memorandos o justificación de ausencias debido que por la modalidad de vinculación eso no era exigible, lo único exigible era el cumplimiento del objeto contractual. Aclaró que el coordinador médico no era un jefe inmediato del demandante, que aquél solo se encargaba de coordinar la programación según la disponibilidad del médico. Aceptó que al momento de la terminación del contrato Comfamiliar le adeudaba al actor algunas facturas presentadas por los servicios médicos prestados.

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Radicación n.° 98290 Por consiguiente, en cuanto a la valoración de la citada prueba, manifestó lo siguiente: Pues bien, haciendo un análisis individual y en conjunto del elenco probatorio, permiten a la Sala establecer, por un lado, que el testigo Rafael Pérez Delgado, quien también prestó sus servicios a la enjuiciada como anestesiólogo en las misma condiciones contractuales del demandante, sostuvo que jamás recibió órdenes o llamados de atención, que en caso de ausencia o imposibilidad para prestar el servicio se podía cubrir el servicio con otro colega de la misma especialidad, quien a vez su podía cobrarle directamente a Comfamiliar por el servicio o bien el médico a quien cubrió podía pagarle directamente, y luego cobrar a Comfamiliar. Sin embargo, emerge de su declaración, que el testigo hizo estas afirmaciones en algunas ocasiones de manera genérica o refiriéndose a su caso particular, indicando la manera cómo se desarrollaba esa prestación del servicio, pero en ningún momento refirió que estas mismas circunstancias estuvieron presentes en el vínculo que sostuvo el aquí demandante y la demandada. Pero esta prueba puede ser considera como un indicio. Por su parte, los testigos Alma Pardo Robles (coordinadora médica) y Alex (sic) Edmundo Chirino Pérez (cirujano), coinciden en afirmar que en las algunas ocasiones el actor sí fue reemplazado o cubierto por otro médico, destacando que cuando el médico no podía prestar el servicio por cualquier circunstancia, se cubría el mismo con otro galeno o se reprogramaba el servicio, sin que para ello le fuera exigible comunicarlo con alguna antelación o contar con

aprobación previa y sin que tal circunstancia (no prestación del servicio) generara llamado de atención o un requerimiento propio del deber disciplinario del empleador. Al meritar las declaraciones en referencia, les asigna credibilidad la Sala, por ser contestes, naturales, por estar ausentes de vacilación, emerger espontáneas y establecer los hechos en sus circunstancias de tiempo, modo y lugar. De modo que Los testimonios en referencia, contrastados con la propia declaración del demandante, nos ilustran con claridad cómo fue la prestación del servicios de éste (sic) último y si bien, estaba sujeta a una programación en unos días especifico (sic) lunes, martes, jueves y algunos sábados, que requerían la presencia permanente del demandante en esos días en las instalaciones de las demandadas (sic), dado que el servicio debía ser prestado en las instalaciones de la entidad con los elementos e insumo de propiedad de esta última, ello no conlleva inexorablemente a estar frente a un contrato de trabajo, toda vez, que en este caso también fue hecho pacifico (sic) que la programación se hacía de manera concertada y según la disponibilidad del demandante. En tales supuesto (sic) es

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Radicación n.° 98290 pertinente recordar que el contrato de prestación de servicios, se caracteriza por la independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la labor convenida con el contratante, lo que lo exime de recibir órdenes para el desarrollo de sus actividades; no obstante, en este tipo de contratación, no está vedado una adecuada coordinación en la que se puedan fijar

horarios, solicitar informes e incluso establecer medidas de supervisión o vigilancia sobre esas mismas obligaciones. Lo importante, es que dichas acciones no desborden su finalidad, al punto de convertir tal coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo. Finalmente expuso que, en los contratos de prestación de servicios, por lo general, el contratista desempeña sus actividades con sus propias herramientas, equipos o medios. Y que, sin embargo, bajo ciertas y particulares circunstancias es posible que esa actividad autónoma e independiente se desarrolle en las instalaciones del contratante, con elementos de su propiedad, necesarios para la ejecución de la labor encomendada; lo que en el presente asunto resultaba natural, si se tiene en cuenta que normalmente el paciente se encuentra en la sede de la demandada, y los equipos médicos y personal de apoyo, reposan en esta, dentro de todo un andamiaje que hace posible la eficiencia del servicio. Y que, desde un punto de vista jurídico, la asignación de una programación de cirugías y consulta externa no es suficiente para concluir que la prestación personal del servicio se rige por un vínculo de carácter laboral; máxime cuando fue un supuesto no discutido, que esta se hacía de manera concertada con el médico, según su disponibilidad, por lo que prestar el servicio los días lunes, martes y jueves no fue necesariamente una imposición de la entidad.

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Radicación n.° 98290 Además, que si bien el demandante y uno de los testigos refirieron que cuando se presentaba un retraso en la programación, el primero era amonestado verbalmente,

ello en estricto sentido no desborda el objeto contractual, pues dentro del vínculo de prestación de servicios se pueden establecer medidas de supervisión o vigilancia; y que la concertación de la programación o de un horario de atención, y la posibilidad de que el servicio sea cubierto con otro galeno, no es propio de la continuada subordinación o dependencia que se requiere para configurar el contrato laboral.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que se case la sentencia atacada, y que en sede de instancia se revoque la de primer grado, y en su lugar se acceda a las pretensiones del libelo genitor.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, sin réplica; los cuales se resuelven en forma conjunta, en la medida en que denuncian similar proposición jurídica, persiguen la misma finalidad y se complementan.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia fustigada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea de los arts. 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el 64, 65, 189, 249 y 306 ibidem; 98 y 99 de la Ley 50 de 1990; 20, 27 y 204 de la Ley 100 de 1993; y, 1 de la Ley 995 de 2005.

En su desarrollo expresa, que el Tribunal a pesar de aceptar expresamente que «en el caso que nos ocupa opera la presunción legal del contrato de trabajo», y señalar seguidamente que, por tanto, «la actividad de esta Sala en sede de instancia debe orientarse a examinar las pruebas con el propósito de establecer si ellas tienen la contundencia de desvirtuar la presunción legal», concluye «que en el sublite, no se acreditó la existencia de un contrato de trabajo entre las partes». Afirma que el análisis probatorio efectuado por el sentenciador, por un lado, genera dudas acerca de si entendió verdaderamente el significado de la palabra «contundente», y por otro, esconde en realidad un error jurídico que finalmente torna en inane la presunción legal contenida en el art. 24 del CST, que no puede ampararse en la libertad de valoración probatoria consagrada en el art. 61 del CPTSS. Indica que también dirige el cargo por la senda directa, en atención a que el Tribunal inició el párrafo conclusivo de

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Radicación n.° 98290 su análisis probatorio, estimando que, «desde el punto de vista jurídico», esto es, como una valoración de pleno derecho efectuada a partir de una conclusión fáctica, según la cual: […] la asignación de una programación de cirugías y consulta externa no es suficiente para concluir que la prestación personal del servicio se regía por un vínculo de carácter laboral, máxime cuando fue un hecho pacífico que dicha asignación se hacía de manera concertada con el médico según su disponibilidad, de suerte que prestar los servicios los días

lunes, martes y jueves, no fue necesariamente una imposición de la demanda. De otro lado, si bien el demandante y uno de los testigos, refirieron que cuando se presentaba un retraso en la programación eran amonestados verbalmente, ello en estricto sentido no desborda el objeto contractual, pues tal y como se dijo en líneas precedentes dentro del contrato de prestación de servicios se pueden establecer medidas de supervisión o vigilancia. Además, que la concertación de la programación u horario de atención y la posibilidad de ser cubierto el servicio con otro galeno, no es propio de una continuada subordinación o dependencia, que se requiere para configurar el contrato de trabajo. Sostiene que, acorde con lo anterior, es un planteamiento jurídico el que lleva al ad quem a concluir que en el presente caso no existió subordinación laboral, toda vez que la asignación de un horario no es suficiente para acreditar aquella; que esto no fue necesariamente una imposición de la demandada; y que, en estricto sentido, ello no desborda el objeto de un contrato de prestación de servicios; para finalmente concluir, que la concertación de los horarios y la posibilidad de ser cubierto por otro galeno, no es algo propio de la sujeción que se requiere para configurar un contrato de trabajo. Pone de presente, que es evidente que la presunción del art. 24 del CST no le representa al juez colegiado

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Radicación n.° 98290 ninguna importancia cuando se duele de que la asignación de una programación de cirugías y consulta externa «no es suficiente» para acreditar subordinación; o de que «en

estricto sentido», un contrato de prestación de servicio sigue siendo de esa naturaleza a pesar de establecer medidas de supervisión y vigilancia; y, finalmente, que se requiere probar un tipo específico de sujeción para configurar un contrato de trabajo. Resalta que para establecer un vínculo laboral solo se requiere acreditar la prestación personal del servicio, y que una vez demostrado ello, le corresponde al demandado probar, en forma contundente, como lo dijo el sentenciador, que en realidad ello se dio de forma autónoma e independiente. Y «contundentemente», significa la cualidad de que algo, en este caso un argumento o una realidad probatoria, encierra tal convicción lógica o se expone con tal energía que no deja lugar a discusión. Afirma que, de la conclusión probatoria del Tribunal, con sus múltiples aclaraciones de no ser esto o aquello suficiente para acreditar subordinación laboral, o de que «en estricto sentido» algo no es ajeno a los contratos de prestación de servicios, lo que se desprende, es que: […] no es un análisis probatorio que tenga, desde el punto de vista jurídico, la contundencia necesaria para derruir la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, y por tanto, que la misma debió de haber operado. Y no tiene la contundencia para derruir dicha presunción porque la subordinación laboral que se ejerce sobre los trabajadores que se desempeñan en profesionales liberales no es igual a la que se ejerce sobre los demás trabajadores, y, por tanto, las claves para su acreditación son diferentes.

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Radicación n.° 98290 Relaciona la sentencia CSJ SL1105-2023 sobre las profesiones liberales; y advierte que, el aspecto referente a su integración dentro del servicio organizado prestado por la demandada, es precisamente en que el análisis probatorio realizado por el Tribunal resulta inadmisible en relación con la aplicación de la presunción del art. 24 del CST.

Luego expresa lo siguiente: Resulta en verdad sorprendente ver como el Tribunal utiliza lo que es el criterio propio de acreditación de subordinación laboral en las profesiones liberales, cual es la integración del demandante dentro de un servicio organizado prestado por la demandada, o como dice el Tribunal “dentro de todo un andamiaje que hace posible la eficiencia del servicio”, como un caso especial y de particularísimas circunstancias de autonomía e independencia laboral, cuando lo natural en estos casos hubiera sido lo contrario, esto es, haber visto en dicha integración el criterio de subordinación, que no solo no refuta la subordinación, sino que la confirma.

Finalmente, y es esta la única conclusión que, si bien se acepta para efecto del presente cargo, no se comparte, tal y como se verá en el cargo siguiente, está el tema relativo a la supuesta posibilidad del actor de ser cubierto su servicio por otro galeno, “sin que para ello le fuera exigible comunicarlo con alguna antelación o contar con aprobación previa y sin que tal circunstancia (no prestación del servicio) generara llamado de atención o un requerimiento propio del deber disciplinario del empleador”. Al respecto hay que señalar que se contradice el mismo Tribunal al aceptar esta supuesta facultad como una prueba contundente de la autonomía e independencia en la prestación

del servicio, cuando al mismo tiempo sostiene que en los contratos de prestación de servicio no es extraño el establecimiento de medidas de supervisión o vigilancia.

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Radicación n.° 98290 Pero, decimos, se equivoca en este punto el Tribunal por cuanto en sentencia SL5028-2020 sí