CSJ - SL3068-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL3068-2023 Radicación n.° 91745 Acta 41 Bogotá, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por HUBERNEY MEJÍA GUZMÁN, PEDRO ANTONIO NÚÑEZ PLAZA, NELSON POPAYÁN PLATA y JOSÉ ANTONIO SUÁREZ CORDERO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el cinco (5) de abril de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauraron al INGENIO PICHICHÍ S. A.

I. ANTECEDENTES Los referidos demandantes llamaron a juicio al Ingenio Pichichí S. A. (en adelante el Ingenio), con el fin de que se declarara que entre ellos existió un contrato de trabajo a término indefinido; que fueron enviados en misión por diferentes cooperativas de trabajo asociado y sociedades por

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Radicación n.° 91745 acciones simplificadas a fin de que prestaran sus servicios a favor de la entidad convocada al proceso. Como consecuencia de lo anterior, pretendieron que el accionado fuera condenado al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, el auxilio de transporte, las vacaciones, los aportes al sistema de seguridad social integral, la indemnización por despido sin justa causa, la sanción moratoria, los perjuicios morales causados en una suma equivalente a 500 SMLMV, todo debidamente

indexado, los que afirmaron se causaron para cada uno de los demandantes en los siguientes extremos temporales:

1. Huberney Mejía Guzmán EMPLEADOR PERIODO Aldia CTA 04/01/05 a 19/11/05

Progesar CTA 20/11/05 a 01/11/08 Fuerza Interactiva CTA 02/11/08 a 14/06/09 Preservacampo SAS 15/06/09 a 20/02/12

2. Pedro Antonio Núñez Plaza

EMPLEADOR PERIODO Fuerza Interactiva CTA 05/12/05 a 11/07/10 Fuerza Interactiva CTA 12/07/10 a 09/02/12

3. Nelson Popayán Plata

EMPLEADOR PERIODO

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Radicación n.° 91745 Aldia CTA 01/03/04 a 19/11/05 Progesar CTA 20/11/05 a 23/03/11 Progresemos CTA 24/03/11 a 29/02/12

4. José Antonio Suárez Cordero

EMPLEADOR PERIODO Nuevo Horizonte CTA 22/11/05 a 01/11/11 Fuerza Interactiva SAS «02/11/11 a 14/06/09»(sic) Servicios Asociados SAS «15/06/09 a 14/02/12» (sic) En igual sentido solicitaron que se les concediera todo aquello a lo que tuvieran derecho conforme a las facultades ultra y extra petita como también se impusieran las costas procesales. Para sustentar sus peticiones aseguraron que prestaron sus servicios a favor del llamado al plenario como

trabajadores en misión, ejecutando labores de corteros de caña bajo la continua subordinación y dependencia del demandado, pero afiliados a las cooperativas y a «las SAS»; que el accionado no les reconoció ningún derecho laboral; que el salario que se les canceló fue inferior al que devengaban sus empleados de planta; que al estar vinculados a través de las CTA y las SAS se les realizaron diferentes deducciones para el pago de las compensaciones semestrales, anuales, sus intereses y el descanso anual. Agregaron que, ejecutaron la misma actividad en los predios del Ingenio ubicados en los municipios de Guacarí y

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Radicación n.° 91745 Buga; que su jornada laboral era de 6:00 am a 3:00 pm de lunes a domingo sin descanso; que devengaron un salario promedio en el último año de servicios en los siguientes términos:

DEMANDANTE SALARIO

Huberney Mejía Guzmán $1.050.000 Pedro Antonio Núñez Plaza $1.095.000 Nelson Popayán Plata $906.363,63 José Antonio Suárez Cordero $1.080.500 Afirmaron que, recibían órdenes del Ingenio a través de Jair Ortiz, Adán Díaz, José León Bermúdez, William Calvo y Lizman Bejarano quienes eran supervisores, cabos o monitores de corte encargados de vigilar el cumplimiento del horario y, la ejecución de las labores; que la sociedad demandada «elaboró la información de cada trabajador […]» y la remitía a la supuesta empleadora para que realizara las respectivas planillas de pago semanal.

Expresaron que el accionado condicionó su relación contractual a que se afiliaran a las cooperativas y a las SAS; que, aunque mostraron su inconformidad por no ser vinculados directamente por la compañía nunca se accedió a ello y, por el contrario, se les insinuaba que renunciaran. Anotaron que, sus supuestos dadores de empleo no tenían autonomía técnica, pues no eran propietarios de las herramientas de trabajo necesarias para prestar los servicios; que la labor consistía en el corte de caña, la que

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Radicación n.° 91745 era recogida por una máquina alzadora de la accionada para ser transportada hacia sus instalaciones donde era pesada y al día siguiente un cabo, apuntador o supervisor adscrito al Ingenio entregaba el reporte de cada funcionario. Adujeron que, fue la empresa convocada al proceso la que ordenó la disolución y liquidación de las contratistas y, además, pagó los costos al igual que los honorarios que ello causó. Aseguraron que, nunca se les hizo el reintegro de sus aportes como cooperados y que la finalización de las relaciones laborales fue producto de un despido indirecto más no de una renuncia voluntaria, pues de no proceder en ese sentido no hubiesen sido vinculados posteriormente a Pichichí Corte S. A. (f.°11-64 Proceso Huberney Mejía Cuaderno 1 Ppal - Parte 1, exp digital). El Ingenio se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, dijo que no eran ciertos o que no le constaban, precisó que la relaciones que sostuvo con las «CTA ALDIA,

CTA PROGESAR, CTA FUERZA INTERACTIVA,

PRESERCAMPO SAS, CTA PROGESEMOS, CTA NUEVO HORIZONTE, FUERZA INTERACTIVA SAS, SERVIASOCIADOS SAS, fueron netamente de carácter comercial […]». En su defensa, propuso las excepciones de mérito que denominó: falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, principio de legalidad y estabilidad jurídica, ilegitimidad sustantiva de la parte

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Radicación n.° 91745 demandada, prescripción, pago y compensación, buena fe además de la innominada (f.º 262-281 01.Proceso Huberney Mejía Cuaderno 1 Ppal - Parte 1, exp digital).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado 1º Laboral del Circuito de Buga, mediante sentencia del 17 de mayo de 2019, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación (f.º 421 y ss acta

02. Proceso Huberney Mejía Cuaderno 1 Ppal – Parte 2, f.° 645 carpeta CD, expediente digital).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, al resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, por fallo dictado el 5 de abril de 2021, confirmó el del primer grado (archivo 18. Sent. 047 2DA Inst., expediente digital).

En lo que interesa al medio extraordinario, luego de advertir que su decisión se sujetaría a las materias objeto de

litigio y a la impugnación presentada, analizando el acervo probatorio allegado al proceso bajo los lineamientos de la sana crítica y en aplicación de los principios de congruencia y consonancia delimitó el problema jurídico a dilucidar en «establecer los supuestos de existencia del contrato de trabajo entre los accionantes y el Ingenio Pichichí S. A., en virtud del principio de la primacía de la realidad y si nació una relación de trabajo en los términos previstos por el artículo 23 del

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Radicación n.° 91745 Código Sustantivo de Trabajo». Ello, por cuanto el recurso vertical se fundamentó en alegar que «las cooperativas de trabajo asociado actuaron como dependientes de la sociedad demandada». Para resolver el anterior planteamiento memoró los argumentos expuestos por los apelantes para señalar que, de las documentales a las que hicieron referencia no era posible inferir de manera protuberante la existencia de una relación laboral ya que no acreditaban la prestación personal del servicio por parte de cada uno de los demandantes a favor del Ingenio Igualmente advirtió que, tampoco se evidenciaba que las contratistas estuviesen bajo subordinación y dependencia de la empresa convocada a juicio, puesto que entre estos lo que existió fue una «relación comercial para el corte de caña»; sin que se configurara la simulación que afirmaron los convocantes. Frente a las huelgas que se presentaron en la accionada en los años 2005 y 2008, así como en relación con «la documental sobre el cumplimiento de Acuerdos del 2005, Carta del 23/09/11, relacionada a las condiciones de

modificación de las relaciones laborales en la agroindustria de la caña de azúcar», anotó que, eran indicativas «del contexto o marco general de las relaciones laborales en tal sector», pero que «no aporta[ban] prueba particular a cada actor (f.º .83-84)»; que lo mismo sucedía con:

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Radicación n.° 91745 […] la providencia absolutoria a los trabajadores en materia penal, en cuanto no se cum[plía] el requisito de ser específica en prueba a las condiciones laborales que se pretende demostrar por cada uno de los demandantes, condición que no resulta suficiente por la enunciación de donaciones, capacitación en cooperativismo, manejo de báscula, gestión para incapacidades, transporte, reubicación o reasignación de labores y dotaciones. Memoró que, en el recurso de apelación se hizo referencia a los testimonios con la finalidad de afirmar que lo expuesto en ellos no invalidaba las conclusiones afirmadas sobre las pruebas documentales, insistiendo en que de estas no se derivaba «la certeza en la prestación de los servicios de cada uno de los demandantes»; que, por el contrario, se reafirmó que de parte del Ingenio no existieron «órdenes para los trabajadores asociados a la cooperativa […]». Resaltó que «la existencia de condiciones de negociación y gestión de las cooperativas y sociedades por acciones simplificadas liquidadas, entrega de dotaciones, pago de los honorarios de las liquidadoras, seguridad social de los asociados, derecho de admisión a los predios» no conducían aún conclusión diferente puesto que, se requería probar «en

forma concreta la actividad que correspondía a cada actor, quién se benefició y fijar probadamente los tiempo en que se alega ocurrió», sin que fuera posible impartir condena alguna por el tiempo de servicios que cada accionante prestó a favor de las cooperativas, ya que la labor ejecutada en diferentes predios y en distintas temporadas no permitía «suponer un único beneficiario, si en ello no asiste prueba concreta que cada trabajador estuvo allí real y materialmente laborando dentro de unos extremos y que el demandado, no otro ente o sociedad, fuera el beneficiario».

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Radicación n.° 91745 Trajo a colación el artículo 23 del CST con referencia al cual señaló que, el contrato de trabajo se «verifica[ba] por el cumplimiento de los elementos» en él señalados, esto era, la prestación personal del servicio, el salario y la subordinación; que para aplicarse la presunción prevista en el precepto 24 de ese mismo estatuto normativo, solo era necesario acreditar el primero de ellos, es decir, la labor ejecutada para determinar que la relación contractual fue de naturaleza laboral, pues los dos últimos elementos podían presumirse, lo que generaba la inversión de la carga de la prueba, como lo había señalado esta Sala en sentencia CSJ, 2 ag. 2004, rad. 22259; aduciendo, además, que «no se logró en forma concreta evidenciar una subordinación proveniente de la accionada por medio de su personal adscrito». Determinó que, en el proceso no se observaban los elementos del mencionado artículo 23 o «en subsidio» del 24, conforme lo exigía el 167 del CGP a la parte reclamante, pues

para ello faltaba: […] la correlación o armonización esperada entre testimonios ciertos, espontáneos, responsivos y coherentes de quienes en tesis de la demanda, pudieron compartir la jornada de trabajo y estos así, por ejemplo frente a los documentos enunciados, por cada demandante, lo anterior hacia un tiempo cierto de la prestación personal de servicio en cultivos determinados y un beneficiario probadamente identificado en cada tiempo y lugar de trabajo, por lo que no [podía] afirmarse en rigor la existencia del contrato de trabajo para cada demandante o la relación de trabajo identificada y concreta en torno al artículo 24 del CST, por éste motivo los elementos enunciados en el recurso no contienen la especificidad a cada contrato de trabajo alegado en la demostración directa de sus elementos o de la relación de trabajo y el beneficiario plena y debidamente identificado; motivos por los cuales la sentencia recurrida será confirmada.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los reclamantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden que se case la sentencia controvertida, para que, en sede de instancia, se revoque la de primer grado y, en su lugar, acceda a lo solicitado (f.º 12 carpeta de la Corte, demanda de casación archivo digital).

Con tal propósito formularon cinco cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica y a continuación se estudia el embate primero y, en caso de ser necesario, se descenderá al análisis de los restantes.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la decisión del colegiado de transgredir los preceptos sustantivos por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de «los artículos 4°, 5°, 59 de la Ley 79 de 1988, 1°, 5°, y 6°, del Decreto 468 de 1990, 5°, 8°, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006, 63 de la Ley 1429 de 2010, 2° y 3° del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CN, 22, 23, 24, 36, 65, 127, 186, 249, 253, 254 y 306 del CST, 1°, 2°, 99 de la Ley 50 de 1990».

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Radicación n.° 91745 Explican que, lo anterior se debió a que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho: 1.- Dar por demostrado, sin estarlo, que las documentales por sí solas no constituyen prueba concluyente de la existencia del contrato de trabajo. 2.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la prestación personal del servicio por cada uno de los actores en beneficio del citado Ingenio no se infiere de la documental aportada. 3.- Dar por demostrado, sin estarlo, que de las documentales solamente se infiere que las Cooperativas y el Ingenio mantuvieron una relación meramente comercial para el corte de caña. 4.- Dar por demostrado, sin estarlo, que sin duda no se trató de actos en simulación en que las condiciones de negociación de las

COOPERATIVAS y el INGENIO fueran inexistentes. 5.- Dar por demostrado sin estarlo, que de la documental indicada en el recurso no se infiere el presupuesto de las condiciones de sujeción de las cooperativas y sociedades por acciones simplificadas a los designios del contratante. 6.- Dar por demostrado, sin estarlo, que no se cumplió con el requisito en el artículo 24 del CST con relación que no se probó el servicio personal. 7.- Dar por demostrado, sin estarlo, que no se probó un tiempo cierto de la prestación personal del servicio de los demandantes en cultivos determinados y un beneficiario. 8.- No dar por demostrado, estándolo, que fue el INGENIO el que ordenó la disolución y liquidación de las CTAs y SAS mediante la celebración de un contrato de servicios por la suma de $159.000.000.oo de pesos. Refieren que, los yerros denunciados se debieron a que el juez de segundo grado valoró equivocadamente las pruebas que a continuación se enlistan: Las de folios 190, 194, 196, 197, 206, 208, 209, 217, 218, 224,225, 226, 241, 242, 248, 310, 311, 325, 332, 343, 346, 396, 474, 492, 500, 531).

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Radicación n.° 91745 Las de folios 85, 90 vuelto y 94; 1-113, que de los documentos a folio 198 numeral 14º, 177 numeral 14º, 210 vuelto numeral 14º, 218, que corresponden a la OM-002 de 02/01/009, OM-97 de

10/11/2008, OM-08108 de 01/07/008, OM del 02/01/2008. Las de folio.198 numeral 14, 177 numeral 14, 210 numeral 14, 218, 219, 246, 233, 234, 249, 250, 290, 300, 318, 319, 322, 323, 377, 404, 405, 450, 452, 453, 466, 467, 484, 485, 489, 490, 528, 529. Las de folios 538 a 543 Las de folios 201, 213, 220 y vuelto, 244, 278, 285, 297, 419. Las de folios 252, 321, 393 y 488 Las de folios 219, 246, 290, 300, 377, 450. Las de folios 233, 234, 318, 319, 322, 323, 404, 405, 452, 453, 466, 467, 484, 485, 489, 490, 528, 529. Las de 134, 135, 136, 137, 138 y vuelto, 140, 141, 142, 192 cláusula 15, 193 numeral 3º, 198 cláusula 4, 199 numeral 5º, 210 cláusula 4, 211 numeral 5º, 219 numeral 9º y vuelto, 227, 258 numeral 3º. Las de folios. 203 cláusula 6, 215, 225, 280, 286 y vuelto, 292, 362, 421, 432. Las de folios 97 vuelto, 98 y vuelto, 99, 100 y

vuelto, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112. Y, por la falta de apreciación de: 1.- El certificado de existencia y representación del INGENIO PICHICHÍ S.A. a folios 70 al 74, 160 al 164. 2.- Las historias laborales de los demandantes de folios 32 al 69. 3.- La demanda genitora CUADERNO PRINCIPAL 5 AL 31 sentaron LOS DEMANDANTES que ellos prestaron sus servicios al INGENIO por intermedio de las COOPERATIVAS y SAS, y con la contestación del INGENIO vista a folios 106 al 184 dijo que contrató con las CTAS y SAS en los mismos extremos temporales de los demandantes. Para sustentar el ataque, plantean que el juez de segunda instancia se equivocó al concluir que de los medios probatorios documentales que reposaban en el expediente y de los testimonios no se demostraba la relación laboral

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Radicación n.° 91745 alegada, así como la prestación de servicios a favor del Ingenio y que, en su lugar, se observaba la autonomía de las cooperativas y de las otras sociedades a través de las cuales ejecutaron actividades para la sociedad demandada. Lo anterior, porque de «las ACTAS junio de 2005 de agosto de 2010 y febrero de 2011 “ACUERDO ENTRE CORTEROS y el INGENIO PICHICHÍ S. A (folios 85 al 94)» se desprende la ejecución de las labores por parte de los petentes en favor de la empresa convocada a juicio a través

de las CTAs y las SAS, de las que también surge que las contratistas no fueron autogestionarias pues aquellas acreditan que el accionado les suministró herramientas de trabajo; realizó los aportes al sistema de seguridad social, pagó incapacidades, hizo donaciones a aquellas por la suma de $317.000.000 para educación y vivienda, exigió realizar capacitaciones en temas como báscula y cooperativismo; situaciones que evidencian que el verdadero empleador era el Ingenio como beneficiario del servicio contratado. En lo que tiene que ver con lo apreciación que hizo el operador judicial de segunda instancia respecto de «las Actas de Acuerdo y verificación de cumplimiento suscritas el 22/06/005, 26/08/10, 28/08/10 y 23/02/11 obrantes a folio 85, 90 vuelto y 94; 1-113, de los documentos a folio 198 numeral 14º, 177 numeral 14º, 210 vuelto numeral 14º, 218, que corresponden a la OM-002 de 02/01/009, OM-97 de 10/11/008, OM-08108 de 01/07/008, OM del 02/01/008», se duelen de que, no obstante estas demostraban que las intermediarias debían mantener informada al demandado de

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Radicación n.° 91745 los datos de los asociados y dependientes, así como de sus antecedentes judiciales y disciplinarios, el Tribunal hubiese concluido que tales medios probatorios no eran adecuados para declarar las relaciones laborales reclamadas, a pesar de que de ellas reluce que «el INGENIO podía exigir el retiro o

impedir el ingreso de algún asociado, quiere decir, que si un asociado cometía una falta, el INGENIO podía determinar que fuera excluido de la CTA o SAS»en otras palabras«el INGENIO imponía las sanciones, descubriéndose como el verdadero empleador y las CTAs y SAS sólo entidades de papel». Por su parte, respecto del análisis que adelantó el juez plural frente a los documentos de «f.º 190, 194, 196 y 197, 206, 208 y 209, 217, 218, 224, 241, 242, 248, 255, 265, 271, 273 y 274, 288, 289, 295, 382, 308, 310 (CC 084/10) 346, 343, 348,354, 355 Y 356, 389, 414 Y 415, 423, 425 Y 426, 454, 509», resaltan que, contrario a lo afirmado por dicho juzgador en cuanto a que no «eran concluyentes de la existencia del contrato de trabajo porque “no permite claridad de la prestación del servicio de cada uno de los actores”» al corresponder a las ofertas mercantiles y a los contratos de prestación de servicios celebrados entre el Ingenio y las intermediarias, denotan que: […] el INGENIO contrató con las CTAs y SAS sus actividades propias según el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN de folios 70 al 74 y 160 – 164 (prueba no valorada) como la siembra de caña, el corte, riego y todas las actividades inherentes al cultivo, resultando claro, contario a lo determinado por el Tribunal, que los demandantes prestaron al

INGENIO un servicio personal en la labor de sus actividades propias.

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Radicación n.° 91745 Plantean que el colegiado pasó por alto que el Ingenio era quien pagaba «los servicios del cabo (f.°.249 y 250, 380 y 391 sin especificar el cuaderno)» lo que refleja claramente la subordinación alegada y la falta de autonomía e independencia de los contratistas, puesto que «el cabo, el capataz, es el que da las ordenes en las labores de campo y ese cabo que estaba pagado y subordinado por el INGENIO a la vez, les impartió las órdenes a los demandantes en el corte de caña […]». Aducen que, el fallador nada dijo respecto del negocio jurídico de prestación de servicios celebrado entre llamada a juicio y las señoras Licenia Galindo y Amparo López Espejo (f.° 538 a 543 del expediente), a pesar de tratarse de una prueba fundamental para demostrar los hechos en que se soportó la demanda, especialmente la subordinación, así como las historias laborales (f.° 60 y 69 ss del expediente), pues acreditan que: […] [fue] el INGENIO quien disolvió y liquidó las CTAs y SAS lo cual no descubrió el Tribunal (o hubo rebeldía), y por ello pagó a las liquidadoras la suma $159.000.000.oo MILLONES DE PESOS […]; que los demandantes prestaron un servicio personal al INGENIO, quien conocía a los demandantes, su identificación, antecedentes y en ese mismo contrato se estipuló que el INGENIO es el que hace la guarda del archivo de cada trabajador.

Resaltan frente a las ofertas mercantiles (f.° 201, 213, 220V; 244, 278, 285V, 297; 419 del expediente) que en ellas se incluyó una cláusula en la que se «facultó el pago a terceros», sin que el fallador advirtiera que ello denotaba que «las CTAs y SAS no fueron autogestionarias, no tenían recursos propios, el INGENIO respondía con sus propios

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Radicación n.° 91745 recursos al pago de los acreedores de las CTAs y SAS, resultando entonces que el verdadero empleador lo fue el INGENIO, verdadero subordinador y beneficiario del servicio personal». Acotan que, el Tribunal señaló, que: […] en la documental de folio 252, 321, 393, 455, 488 e indica que el INGENIO suministró $420.000 a las cooperativas por una ocasión y por cada asociado por mera liberalidad y folios 219, 246, 290, 300, 377, 450 suministró $18.600.000.oo, $15.600.000.oo, $11.600.000.oo y $27.400.000.oo millones de pesos con destino al fondo de solidaridad, al tiempo que en el ANEXO No. 1 del 07/02/11 la demandada se comprometió a permitir que los trabajadores del contratista, utilizaran el servicio de transporte para los trabajadores directos del citado ingenio (f.° 233, 234, 318, 319, 322, 323, 404, 405, 452, 453, 466, 467, 484, 485, 489, 490, 528, 529 .

Por lo que no podía concluir que esos valores no generaban una «duda plausible de que se tratara de actos de simulación en que las condiciones de negociación de esta última entidad fueran inexistentes», pues lo que se deriva de ello es que, los accionantes eran trabajadores del Ingenio ya que: […] el incentivo por producción es de la naturaleza de un verdadero empleador para hacer que el trabajador rinda y produzca más. Si las Cooperativas hubiesen sido autogestionarias, no hubieren requerido que el INGENIO les girara las sumas de pesos para el fondo de solidaridad, ni que les facilitara el transporte, ni suministrarles ninguna ayuda a las CTAs y SAS, de ninguna manera las pruebas indican que las entidades fueron autónomas y, por el contrario, se indica que si fueron simuladas. En relación con los «tiquetes de liquidación impresos con el logo de Ingenio Pichichí S. A.», indican que no fueron tachados de falsos por lo que son auténticos, teniendo que se

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Radicación n.° 91745 imprimieron «con logo INGENIO PICHICHÍ S. A., quien era [el que] pesaba la caña, distin[guía] a los trabajadores con una ficha e indicaba la suerte o la finca en donde se prestó el servicio de corte de caña y con esa información el INGENIO elaboraba las planillas semanalmente y les ubicaba el pago en un cajero», por lo que insisten en que no existe autogestión de las CTAs y las SAS, puesto que «[…] fue el Ingenio quien controlaba a cada uno de los corteros como se demuestra con el documento, apareciendo como el verdadero empleador y las

CTAs y SAS sólo empresas simuladas». Exponen que el colegiado, a pesar de haber indicado que la dotación y los elementos de trabajo eran entregados a las contratistas por el Ingenio, no concluyó que estas no eran autónomas e independientes, esto es, autogestionarias pues para ello era necesario que fueran propietarias de los bienes de producción, lo cual no acaeció en el presente asunto, ya que era aquel quien tenía esa titularidad. Dicen que a « f.º 203 cláusula 6°, 215, 225, 280, 286 y vuelto, 292, 362, 421, 432», se observa que en las ofertas mercantiles: i) Se facultó a la demandada «para impedir el ingreso a sus instalaciones o predios bajo su responsabilidad o exigir el retiro de socios, personas o terceros vinculados por el oferente» de lo que a su sentir surge que «EL INGENIO maniobraba las CTAS y SAS a su antojo con el fin de obtener un beneficio, como era el de evadir las prestaciones sociales. Aquí, vuelve y

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Radicación n.° 91745 aparece que el INGENIO fue el verdadero empleador y no las CTAs y SAS, que estas fueron simuladas». ii) Se advertía que el objeto contractual era «el suministro de personal de corte de caña, siembra, riesgo, limpieza de caña, saque de piedra, recoger caña de azúcar, labores de guardavía, recoger piedra y escombros, siembra de árboles, mantenimiento de jardines, aplicar control de maleza y labores varias» (negrilla original), por lo que no observó que

lo que hacían las CTAs y las SAS era enviar trabajadores en misión lo cual «se caracteriza porque el beneficiario le impone subordinación en la ejecución de actividades misionales permanentes y que los demandantes si prestaron un servicio personal al Ingenio». Además, que las labores por ellos ejecutadas eran propias del giro ordinario del accionado, conforme lo evidenciaba su certificado de existencia y representación legal (f.º 70 al 74 y 160 al 164 del expediente), de manera que «erró el Tribunal al decir que no encontró prueba concluyente de la existencia del contrato de trabajo, habiendo realizado las actividades del INGENIO en forma personal». Finalmente anotaron que, como el fallador plural no apreció debidamente la demanda y su contestación no evidenció que allí se aceptó la relación contractual que sostuvo la empresa llamada a juicio con las diferentes CTAS y SAS en los periodos afirmados por ellos, quienes estaban vinculados como «socios aparentes según las historias laborales de f.º 32 a 69», no pudiéndose concluir lo afirmado

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Radicación n.° 91745 por el Tribunal acerca de que «de la documental no [fluía] la prestación personal del servicio de los demandantes», pues esta permite «llegar a la certeza que laboraron en los extremos temporales indicados en la demanda realizando labores propia del INGENIO» (f.º1-23 demanda casación, carpeta actuaciones Corte, expediente digital).

VII. RÉPLICA Señala que el ataque se planteó de forma incompleta en

la medida en que parte de la decisión del colegiado tuvo como sustento los testimonios, los que no fueron controvertidos; que tampoco se cumplió con las cargas propias de un ataque que se enderezó por la vía indirecta, pues las referencia que hace a las pruebas es genérica ya que no «ahondó en su contenido con el fin de acreditar en dónde fue que el Tribunal cometió error de hecho», porque se limitó a ofrecer una visión personal de lo que a su juicio acreditaba el material probatorio lo que conduce a que el discurso expuesto se constituya en un alegato de instancia. Frente al fondo del embate refiere que, ninguno de los medios de prueba denunciados conduce a concluir que el Tribunal incurrió en los errores que se le endilgan, ya que el sustento de su decisión recayó en que: «1) no fue posible adquirir certeza para cada demandante del elemento prestación personal del servicio a favor de la sociedad demandada, 2) no se logró evidenciar subordinación proveniente del personal adscrito al Ingenio Pichichí».

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Radicación n.° 91745 Expone que las ofertas mercantiles y demás pruebas enlistadas por los recurrentes, no hacen referencia expresa a ellos por lo que acertó el juez plural al determinar que de ellas no era posible inferir la prestación personal del servicio por parte de los reclamantes a su favor. Esgrime que, la ejecución de actividades para el Ingenio por parte de los convocantes, tampoco es posible sustraerla del hecho de que hubiese existido una relación contractual entre las cooperativas, las SAS y la sociedad llamada a juicio,

pues como lo resaltó el colegiado: […] no puede incurrirse en la falacia de afirmar que como los actores le prestaron servicios a las Cooperativas y a las SAS y éstas a su vez al Ingenio, se encuentra acreditada la prestación del servicio, pues bien pudieron cortar caña como trabajadores asociados en favor de otros Ingenios de la zona con los que dichos entes también tuvieron vínculos, aunado a que no se acreditó en qué fechas exactas se prestaron los servicios» Y, que las historias laborales a las que aludió la censura solo acreditan que los petentes trabajaron para las CTAs y las SAS, más no para el Ingenio.