CSJ - SL3072-2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL3072-2023 Radicación n.°94364 Acta 42 Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por GRAN PANDA SAS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró ANDREA PATRICIA FAJARDO

TAMAYO.

I. ANTECEDENTES Andrea Patricia Fajardo Tamayo llamó a juicio a la empresa Gran Panda SAS, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo, desarrollado entre el 15 de septiembre de 2017 al 16 de marzo de 2018 y como consecuencia, se condenara a la demandada al pago de cesantías e intereses de la mismas, por el lapso del 5 y 17

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Radicación n.° 94364 de septiembre de 2017; la reliquidación de los mencionados emolumentos prestacionales por el periodo comprendido entre 5 de septiembre de 2017 hasta el 16 de marzo de 2018; vacaciones y primas de servicios entre 5 y 17 de septiembre de 2017; reliquidación de las primas de servicios desde el 15 de septiembre de 2017 hasta el 16 de marzo de 2018; reliquidación de los aportes a la seguridad social por pensión e indemnización por despido; indemnización por despido en estado de embarazo; licencia de maternidad; indemnización moratoria del artículo 65 del CST.

Fundamentó sus peticiones, en lo que interesa al recurso extraordinario, en que estuvo vinculada a la demandada a través de un contrato a término indefinido entre el 5 de septiembre de 2017 al 16 de marzo de 2018; que desempeñó el cargo de new business representative – asesor de ventas; en el horario de lunes a viernes 8:00 am a 6:00 pm; devengaba el salario básico de $4.200.000; que recibía de forma habitual la suma de $2.800.000, denominada por la demandada auxilio extralegal no salarial de movilización, que correspondió en realidad a la retribución por el servicio prestado; que desempeñó sus funciones en el domicilio de la demandada, por lo que era innecesario reconocerle un auxilio de movilización, que éste excedía el 40% del salario básico; que percibía por concepto de comisiones la suma de $500.000, pagaderos de forma trimestral; que en promedio percibía de manera habitual la suma de $7.000.000; que fue afiliada al sistema de seguridad social integral por la demandada; que fue objeto de acoso laboral por su jefe inmediato la señora María Paula Silva.

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Radicación n.° 94364 Asimismo, señaló que: el día 15 de marzo de 2018 informó de su estado de embarazo a la señora María Camila Romero jefe de recursos humanos; que el 16 de marzo de la misma anualidad asistió a una reunión de capacitación en la empresa S A P y la señora María Silva (gerente) le informó que debía dirigirse a la empresa de manera inmediata; que

al llegar a la empresa, la encargada de recursos humanos le solicitó la renuncia; que ese mismo día a las 6:00 pm se le remitió un correo en el cual le informaban su despido y posteriormente le enviarían la carta de despido; que el 18 de marzo de 2018 recibió la carta de despido y dejó constancia de su estado de embarazo; ese mismo día recibió la liquidación de sus prestaciones sociales y reiteró su estado de gravidez; que el día del examen médico de retiro en la entidad MEDPLUS, presentó prueba escrita de su condición; que instauró acción de tutela ante el Juzgado 17 Civil Municipal, en la que se negaron las pretensiones de la accionante y se ordenó a la accionada el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social desde el mes de marzo de 2018 hasta el periodo de gestación. Que las prestaciones sociales le fueron pagadas con el salario básico; que los aportes al sistema seguridad social fueron realizados sin tener en cuenta la bonificación extralegal que percibió de forma habitual, como tampoco se incluyó las comisiones percibidas (f.°43 a 52). Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó

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Radicación n.° 94364 como ciertos los relacionados con el extremo final de relación laboral, el horario de trabajo, el cargo ocupado, la asignación básica, el auxilio extralegal de movilización, la modalidad contractual, el mensaje electrónico de terminación del contrato de trabajo, la presentación de la acción de tutela,

los conceptos tenidos en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales. Sobre los demás hechos manifestó no ser ciertos. En su defensa propuso las excepciones de mérito denominadas: improcedencia de la aplicación del fuero de maternidad, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, prescripción y compensación (f.°114 a 134 del cuaderno principal).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 30 de septiembre de 2020 (fls. 164Cd, 165, 166 del cuaderno principal), declaró la existencia del contrato de trabajo a término indefinido, iniciado el 18 de septiembre de 2017 y finalizado el 16 de marzo de 2018 y absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación presentado por la demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del

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Radicación n.° 94364 Distrito Judicial de Bogotá, mediante proveído de 31 de mayo de 2021, resolvió, revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar condenar a la demandada a pagar a la demandante lo siguiente: a) Por reliquidación de los siguientes conceptos en la suma que a continuación se indican: Cesantías $2.593.889 Intereses de cesantías $ 65.596 Prima de servicios $2.593.889 Indemnización por despido $2.620.559

b) Por concepto de aportes al sistema de seguridad social procede la condena por la diferencia generada en cada mes, esto es $2.800.000 por el tiempo comprendido entre el 18 de septiembre de 2017 y 16 de marzo de 2018; ahora bien, por cuanto estamos frente a una situación de incumplimiento de los términos legales exigidos para tales pagos, por consiguiente corresponderá a las entidades de seguridad social a las que se encuentre vinculada la demandante fijar los lineamientos para que la parte demandante efectúe los referidos aportes. c) por concepto de indemnización por despido en estado de embarazo la suma de $14.000.000, que deberá ser pagado de manera indexada. d) Por concepto de INDEMNIZACIÓN MORATORIA la suma de $233.333 diarios desde el 16 de marzo de 2018 y hasta ese día y mes del año 2020, en adelante se pagarán intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación establecida por la Superintendencia Bancaria, sobre el monto adeudado por prestaciones. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que los problemas jurídicos a resolver se centraban en: i) determinar si los conceptos devengados por la trabajadora por auxilio de movilización constituían salario; ii) establecer si al momento de la terminación unilateral de la relación de trabajo la demandante se encontraba en estado de embarazo y si este hecho era de conocimiento de la demandada.

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Radicación n.° 94364 Manifestó, no ser punto de controversia, la existencia del vínculo laboral entre las partes y sus extremos, toda vez

que el mismo fue aceptado por la sociedad enjuiciada desde la contestación de la demanda y su vigencia quedó acreditada en el juicio. Afirmó, que para determinar si los pagos efectuados por la sociedad empleadora bajo el concepto de auxilios de movilización constituían salario, era necesario acudir a lo dispuesto en el artículo 127 del CST, precepto que enseña, que salario no solo es la remuneración ordinaria, sino la fija o variable que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones, tales factores por corresponder a la noción legal del salario no pueden ser desconocidos en su vocación salarial, porque al corresponder a una retribución directa del servicio y por pertenecer a la estructura fundamental del salario, la ley les asigna de modo insustituible tal condición. Aclaró, que existían pagos que por ser ocasionales o por ser efectuados por mera liberalidad del empleador o por no corresponder a remuneración directa del servicio, no tienen la condición de constituir salario, pues no están destinados a enriquecer el patrimonio del trabajador, sino a permitirle el cumplimiento de las labores para las que se encuentra

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Radicación n.° 94364 contratado, tal y como lo establece el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Añadió, que el artículo 132 de la norma sustantiva,

modificado por el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, permite al trabajador y al empleador convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, siempre que se respete el mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales, ello significa que si dentro de un contrato de trabajo se llega a pactar cualquier modalidad que en la práctica afecte los principios obligatorios de la remuneración del servicio, ésta carecería de eficacia. Afirmó, que la norma citada, dentro del marco de estipulación contractual, permite que entre empleador y trabajador se determinen pagos de sumas que no constituyan base para liquidar acreencias laborales y presentó como sustento de lo manifestado, lo relacionado en la sentencia CSJ, radicado, 32567 de 27 de mayo de 2009. Si bien, el artículo 128 establecía las excepciones para aquella premisa, al señalar que no constituye salario aquellos beneficios o auxilios habituales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, en aras de realizar una hermenéutica acorde con los principios del derecho laboral y constitucional, no debía limitarse únicamente a la verificación restrictiva de un silogismo consistente en apreciar el clausulado del contrato de trabajo y el contenido esta última normatividad, sin detenerse a establecer lo realmente ocurrido, en aras de encontrarse la verdad real de

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Radicación n.° 94364 los hechos, facultad que le fuera concedida desde la misma génesis del derecho laboral, ya que no se podía pasar por alto

la primacía de la realidad sobre las meras formalidades. En este sentido, insistió que toda remuneración que reciba el trabajador por la directa contraprestación de sus servicios que, por demás, van a incrementar su patrimonio personal, debe ser considerada como factor salarial, pues precisamente reconoce su actividad personal en el cumplimiento de sus funciones. Que el empleador tenía la carga probatoria de acreditar en el juicio que los dineros reconocidos al trabajador y a los que no le otorgó la condición de salario, no lo son para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones. Exteriorizó, que a partir de las pruebas recaudadas correspondientes a los comprobantes de pago de nómina (fls. 75 a 81) encontró que a la demandante durante la vigencia del contrato de trabajo se le entregaba de manera habitual la suma mensual de $2'800.000 bajo la denominación de auxilio de movilización, igualmente se incorporó al plenario fotocopia del contrato de trabajo y su anexo (fls. 62 a 74) en el que estipuló el carácter no salarial del referido concepto. Señaló, pese a la existencia de la referida cláusula de exclusión salarial, no se demostró por la empleadora que tal concepto hubiera tenido una destinación específica para permitirle a la trabajadora su desplazamiento de su lugar de residencia a la sede de trabajo, como se adujo tanto en la

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Radicación n.° 94364 contestación de la demanda como en el interrogatorio de parte que absolvió su representante legal, pues lo contrario

es lo que emerge de las pruebas al acreditarse que la actora no tenía que desplazarse de su lugar habitual de trabajo a otra ciudad o a lugares diferentes para realizar su labor y así justificar un pago habitual por desplazamientos que no tuvieron lugar, pues como la afirmó la recurrente la trabajadora solo se desplazaba de su lugar de domicilio al de trabajo, sin que se acreditara por la demandada la existencia de viajes que ameritaran un pago adicional para su desplazamiento en la importante suma de $2.800.000 mensuales, que para el propósito aducido resultaba excesiva, lo cual, no permitió justificar el carácter no retributivo del servicio que se le pretendió dar a ese pago, pues es evidente que esos pagos se hicieron bajo la misma naturaleza que los efectuados como retribución del servicio; por consiguiente y ante la omisión ya indicada no podía menos el fallador de primera instancia que asignarle la condición que la ley otorga a los pagos que de manera habitual y ordinaria se le hacen al trabajador para remunerar los servicios que le presta a su empleador, sin que sea posible como lo señaló la Juez en su sentencia suponer que la totalidad de esa alta suma solo estaba destinada a cubrir el desplazamiento de la trabajadora de su domicilio a la sede de la empresa, pues tal conclusión resulta ajena a la real situación que en este caso se presentó. Al estar establecida la cláusula de exclusión salarial, es evidente que para destruir la literalidad de lo pactado era necesario que la demandada demostrara, que aspectos

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cubrían esos pagos, pues se reitera, no diferenció con la demostración que se requiere que esos pagos hubieran estado destinados a gastos para ejercer de manera adecuada su labor, sin que las solas afirmaciones al respecto efectuadas por el Representante Legal de la demandada, que solo repiten lo dicho en la contestación de la demanda, con un argumento fútil de estar destinados esos dineros al desplazamiento de la trabajadora de su casa a la empresa, resultaban suficientes para concluir que esas sumas recibidas por la demandante no correspondieron a salario, sin tener en cuenta aspectos tan fundamentales como la forma genérica en que se produjo ese pacto de exclusión al no determinarse en el contrato la especifica destinación de esos pagos para cubrir viajes o desplazamientos por fuera de la sede de la empresa, que ameritaran el reconocimiento de tan alta suma de dinero. Precisó, que la cláusula de exclusión salarial no tiene la virtualidad, por si sola de negarle la naturaleza de salario a unos conceptos que si lo tuvieron, como ocurre en este caso en el que se estableció en el litigio que tales pagos estuvieron destinados a retribuir el servicio de la trabajadora, pues se reitera que la parte demandada no demostró que estaban destinados a facilitarle la labor o para el desempeño cabal de sus funciones, razones por las cuales será revocada la sentencia recurrida, por consiguiente, procede la reliquidación de los emolumentos pretendidos, con unas asignación mensual de $7.000.000 y el reajuste de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones.

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Radicación n.° 94364 Señaló, que el segundo problema jurídico a resolver era determinar si la trabajadora enteró a la empleadora demandada de su estado de embarazo antes de la finalización del contrato de trabajo, a fin de obtener el pago de los conceptos que consagra el Código Sustantivo del Trabajo. Afirmó, que según el artículo 239 del CST está prohibido despedir a una trabajadora por motivo de embarazo o lactancia, de igual manera en el numeral 2 de la citada norma establece una presunción, según la cual cuando el despido ha tenido lugar dentro del periodo de embarazo y se ha realizado sin la autorización de autoridad competente, se presume que el mismo fue por causa del embarazo. Así las cosas, el empleador debe desvirtuar dicha presunción, pues la carga de la prueba queda en cabeza de este último. Consideró, que se acreditó con la prueba testimonial recaudada, que el miércoles 14 de marzo de 2018 la actora tuvo una incapacidad médica y en la consulta de ese día le fue informado su estado de embarazo, por lo cual se comunicó telefónicamente con la Jefe de Recursos Humanos para informarle tanto de la incapacidad como de su gravidez; asimismo, se demostró que en reunión de capacitación que tuvo lugar el 18 (sic) de marzo de 2018, la demandante le expresó a María Paula Silva Silva, su jefe inmediata sobre el referido hecho de su embarazo y esta le indicó que debía retirarse de la reunión para desplazarse a la empresa y ese mismo día, de manera irregular y mediante correo electrónico remitido a las 5 de la tarde y 52 minutos la referida Jefe

inmediata le indica que la empresa ha decidido dar por

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Radicación n.° 94364 terminado su contrato laboral sin justa causa, para posteriormente y solo hasta el 20 de marzo de 2018, hacerle entrega de la carta de despido junto con la respectiva liquidación final, oportunidad en la cual la demandante reiteró que se encontraba en estado de embarazo y lo dejó anotado en el documento de liquidación (fls. 21 a 24), como igualmente lo informaron al proceso los testigos citados por la propia parte demandada. Si bien, la demandada alegó en su defensa que la terminación del contrato obedeció a una justa causa correspondiente a que la actora no cumplió las metas de ventas esperada, afirmación que va en contravía de la evidencia fáctica de haberle reconocido la indemnización por despido, lo que indica que no hubo la aducida justa causa para adoptar esa decisión en la que se advierte premura en su comunicación mediante correo electrónico, unas horas después de haber mencionado la actora que se encontraba en embarazo. Como consecuencia de lo anterior, la sociedad demandada deberá soportar las consecuencias indemnizatorias establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y derivadas de su ilegal proceder. Con respecto a la pretendida indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T., la norma establece una sanción para el empleador que a la terminación del contrato de trabajo no cancele al trabajador los salarios y prestaciones debidas, Así mismo, jurisprudencialmente se ha reiterado

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que la aludida indemnización no es de aplicación automática e inexorable, pues para su imposición necesariamente debe auscultarse si la tardanza en el pago íntegro y completo de los salarios y prestaciones sociales, obedeció o no a razones atendibles revestidas de buena fe. De lo examinado a todo el caudal probatorio que aparece incorporado en el proceso, no emerge ningún medio de convicción que lleve a la Sala a concluir la existencia de un circunstancia válida y justificable de donde pueda derivarse buena fe del empleador en el no pago de las prestaciones sociales deducidas en éste proveído, por lo que en consideración a que el vínculo laboral finalizó el 16 de marzo de 2018 y la demanda fue promovida el 1° de agosto de 2018 (fl. 53), se le condenará a pagar a favor de la actora, la suma de $233.333 diarios desde el 16 de marzo de 2018 y hasta ese día y mes del año 2020, en adelante se pagarán intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación establecida por la Superintendencia Bancaria, sobre el monto adeudado por prestaciones a título de indemnización moratoria.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

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Radicación n.° 94364 Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se confirme en su integridad la sentencia de primer grado. En

subsidio, se pretende se case parcialmente la sentencia impugnada, en cuanto condenó al reconocimiento y pago de la sanción moratoria del artículo 65 CST y los intereses moratorios para que, actuando en sede de instancia, la Corte confirme la sentencia de primer grado que absolvió de esas pretensiones; se provea en costas como corresponda. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación; como uno de los argumentos esgrimido en el primer cargo se relación con la imposición de la sanción moratoria del artículo 65 del CST, de igual modo, en el segundo, si bien, se atacan por vías disimiles son complementarios entre sí, por ello, se estudiarán de forma conjunta.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos, 64, 65, 127, 128, 186, 192, 239, 249, y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, 1 de la Ley 52 de 1975, 22, 23, 24 y 33 de la Ley 100 de 1993 y 303 del Código General del Proceso.

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Radicación n.° 94364 Afirmó, que el quebranto normativo denunciado se produjo como consecuencia de los siguientes errores manifiestos de hecho: Desaciertos sobre la naturaleza salarial del auxilio de movilización

1. Dar por probado, a pesar de que no lo está, que el auxilio de movilización retribuía directamente los servicios prestados por la actora y no dar por establecido, aunque lo está, que ese auxilio

tenía por objeto que la actora pudiera movilizarse.

2. No dar por probado, aunque lo está, que la demandada sí probó la destinación de ese auxilio de movilización.

3. Dar por probado, sin estarlo, que los pagos del auxilio de movilización se hicieron bajo la misma naturaleza que los efectuados para la retribución del servicio.

4. No dar por acreditado, aunque lo está, que los pagos recibidos por la actora por concepto de auxilio de movilización estaban destinados a gastos para ejercer adecuadamente su labor y, asimismo, permitirle adquirir un vehículo para su movilización.

Desaciertos sobre la buena fe de la sociedad demandada al no darle carácter salarial al auxilio de movilización.

1. Dar por acreditado, sin que lo esté, que no existe una circunstancia válida y justificable de donde pueda derivarse buena fe de la empleadora.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad demandada tenía razones serias, sensatas y atendibles, carentes de malicia o de interés de perjudicar a la demandante, para creer, de buena fe, que el auxilio de movilización no era constitutivo de salario.

3. No dar por probado, estándolo, que la sociedad demandada actuó de buena fe.

Desaciertos en relación con el conocimiento de la demandada del estado de embarazo de la actora antes de terminar el contrato de trabajo de esta.

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1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el 14 de marzo la actora tuvo una incapacidad médica y se comunicó telefónicamente con

la Jefe de Recursos Humanos para informarle de esa incapacidad como de su gravidez.

2. No dar por probado, a pesar de que lo está, que la demandada solo tuvo conocimiento del estado de embarazo de la actora el 20 de marzo de 2018, luego del despido.

3. No dar por demostrado, estándolo que el conocimiento del estado de embarazo de la actora por parte de la demandada ya fue decidido por la justicia, razón por la cual respecto de ese asunto operó el fenómeno de la cosa juzgada.

Señaló como pruebas equivocadamente apreciadas • Contrato de trabajo y su anexo. Folios 62 a 74. • Testimonios de María Paula Silva, Diana Carolina Díaz Castañeda y Nathaly Gómez Prado. (Pruebas no calificadas). • Interrogatorio de parte del representante legal de la demandada. (Prueba no calificada). • Documento de liquidación de folio 23. • Correo electrónico de folio 21. • Demanda, hecho 15. Y como pruebas dejadas de valorar • Confesión de la actora al absolver el interrogatorio de parte. • Sentencia del Juzgado Dieciséis Civil Municipal del 30 de abril de 2018. Folios 29 a 33. • Comunicación dirigida a la actora el 23 de marzo de 2018 por María Paula Silva, Country Manager de la demandada. • Comunicación dirigida a la actora por el Representante Legal de Gran Panda S.A.S. el 13 de abril de 2018. • Prueba de embarazo de folio 27. En la demostración del cargo indicó, que los desaciertos del Tribunal se produjeron al concluir: i) que el auxilio de

movilización era constitutivo de salario; ii) inferir que la demandada no estaba asistida por razones serias y atendibles, configurativas de buena fe, para considerar que el auxilio de movilización no tenía naturaleza salarial; iii) que la actora comunicó su estado de embarazo antes de que se le terminara el contrato de trabajo.

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Radicación n.° 94364 Aseveró, que el fallador erró al concluir que el auxilio de movilización tenía naturaleza salarial, lo que se debió a la mala valoración de los siguientes medios de prueba: Contrato de trabajo (f.° 75 a 81) Afirmó que El Tribunal valoró este documento, pero desdeñó, sin mayores argumentos, lo pactado entre las partes respecto del auxilio de movilización, cuya índole no salarial fue acordada en el texto de ese contrato de trabajo, lo cual se ratificó en lo pactado en el anexo No. 1. En efecto, en la cláusula quinta se acordó por las partes: “QUINTA. DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS EXTRALEGALES QUE NO CONSTITUYEN SALARIO. - Las partes acuerdan que todo beneficio o auxilio individual, institucional o extralegal, ocasional o permanente, que EL EMPLEADOR llegare a conceder al TRABAJADOR, ya sea en dinero o en especie, tales como otorgamiento o uso dé vehículo o gastos del mismo; parqueadero; medios de comunicación (celular, tablets u otros), o de cualquier otra naturaleza; o bonos o premios, o primas de vacaciones, mitad de año, de diciembre, o Navidad, o de antigüedad o similares, cualquiera que sea su denominación:

vestuario, alimentación, tiquetes de sodexho o sus equivalentes, transporte, incentivos, participaciones cualquiera que sea su origen y denominación serán no salariales, razón por la cual desde ya las partes reconocen y aceptan que dichos beneficios no serán constitutivos de salario, ni tendrán incidencia salarial, prestacional o indemnizatoria para ningún efecto laboral por así acordarlo las partes de conformidad con los artículos 15 y 16 de la Ley 50 de 1990. norma que subrogó los artículos 128 y 129 del CS.T. y el artículo 17 de la Ley 344 de 1996. Los Auxilios que el trabajador recibirá están especificados en el anexo No. 1 denominado Auxilios" el cual forma parte integral del presente contrato de trabajo”. En esta cláusula se pactó expresamente que beneficios o auxilios como los relacionados con el transporte serían no

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Radicación n.° 94364 salariales, previsión que se corresponde con claridad con lo establecido en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Es razonable entender que el auxilio de movilización pagado a la demandante guarda relación con el transporte de la trabajadora, de suerte que cabe dentro de lo comprendido en esta cláusula, con mayor razón si se hizo expresa referencia al Anexo No. 1 que se refiere en concreto al beneficio extralegal. Añadió, que el anexo forma parte integral del contrato de trabajo, se acordó lo siguiente: “2. AUXILIOS EXTRALEGALES NO SALARIALES. - Las partes reconocen y ratifican que El EMPLEADOR podrá reconocer al

TRABAJADOR mensual o diariamente, los siguientes auxilios extralegales no salariales: AUXILIO EXTRALEGAL NO SALARIAL DE MOVILIZACIÓN. – El EMPLEADOR podrá reconocer, por mera liberalidad, un auxilio extralegal no salarial de movilización, equivalente a la suma de

DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.800.000) mensuales.

PARÁGRAFO.- Los auxilios extralegales no salariales, reconocidos al TRABAJADOR en el presente' documento, se conceden como un acto de mera liberalidad del EMPLEADOR y no como contraprestación del servicio; las partes de manera expresa reconocen, acuerdan, ratifican y aceptan que el auxilio mencionado en la presente cláusula no constituye salario, ni factor salarial, prestacional o indemnizatorio para la liquidación de acreencias laborales, de conformidad con lo establecido por los artículos 128 y 129 del Código Sustantivo del Trabajo, norma subrogada por los artículos 15 y 16 de la ley 50 de 1990 y el artículo 17 de la Ley 344 de 1996”. No hay ninguna razón para restarle mérito probatorio a estas cláusulas que se corresponden completamente con lo establecido en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo que, bien se sabe, permite que beneficios extralegales como los aquí acordados sean no constitutivos de salario y,

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Radicación n.° 94364 aparte de ello, dispone que las sumas que recibe el trabajador no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como los gastos

de transporte, no constituyen salario. Sin duda, el auxilio de movilización debía destinarse a los gastos de transporte de la actora, luego es palmario que no podía serle otorgada naturaleza salarial. El Tribunal afirmó que en el contrato de trabajo se hizo el acuerdo de forma genérica al no especificarse la destinación del pago, pero, como se observa, esa inferencia es equivocada porque, con nitidez, se pactó una cláusula específica para el auxilio, y, además, su destinación resulta obvia y surge de la sola denominación: la movilización de la demandante. El fallador también arguyó que la demandada no demostró que el auxilio estaba destinado a facilitarle la movilización a la actora o facilitarle la labor para el desempeño de sus funciones. Esta inferencia es equivocada y es ocasionada por una mala valoración de los interrogatorios de parte y de las declaraciones de María Paula Silva y Diana Carolina Díaz Castañeda. Interrogatorio de parte que le fue practicado. El ad quem echó de menos la prueba de la destinación del auxilio de movilización, pero pasó por alto que la actora confesó en el interrogatorio de parte que absolvió que debía desplazarse diariamente de su casa a la oficina y que los