CSJ - SL3073-2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL3073-2023 Radicación n.°95318 Acta 42 Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por EDUIN JESÚS CHIRINOS GONZÁLEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 31 de agosto de 2021, en el interior del proceso ordinario laboral que el recurrente adelanta contra CBI COLOMBIANA S. A. EN LIQUIDACIÓN

JUDICIAL.

I. ANTECEDENTES Eduin Jesús Chirinos González, llamó a juicio a la empresa CBI Colombiana S.A., en Liquidación Judicial, en adelante CBI Colombiana S.A., con el fin de que se declarara que estuvo vinculado a la demandada a través de un contrato de trabajo. Por lo anterior, solicitó que se condene a la demandada: i) por desconocer los derechos a la estabilidad

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Radicación n.° 95318 laboral reforzada, mínimo vital y a la salud; ii) al reintegro al cargo que desempeñaba, similar o de superior jerarquía acorde a su estado de salud. Agregando que la misma se «mantendrá hasta que se emita un concepto médico favorable de rehabilitación o se consolide su derecho a la pensión si a ello hay lugar, previa calificación del origen de sus enfermedades, la pérdida de su capacidad laboral o el grado de invalidez»; iii) afiliar al demandante al Sistema de Seguridad Social integral como medida necesaria para el

restablecimiento de su salud; iv) al pago de todos los salarios, prestaciones sociales y demás acreencias laborales dejadas de percibir, junto con la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 equivalente a $42.300.000.oo y, v) al pago de manera extra y ultra petita de lo que se hallare probado en el proceso y que todas las condenas sean pagadas debidamente indexadas. Como pretensiones subsidiarias, solicitó que se declare ineficaz «cualquier acuerdo contenido en contratos, anexos, convención colectiva o en cualquier otro documento suscrito entre las partes que les quiten factor salarial a los bonos habituales descritos en los hechos». Consecuentemente, suplicó que se condene a CBI Colombiana S.A. a: i) al pago de la reliquidación de sus prestaciones sociales -cesantías, intereses a las cesantías, primas de serviciosy vacaciones, teniendo en cuenta las bonificaciones habituales, auxilios e incentivos no tenidos en cuenta al liquidar el contrato de trabajo; ii) el pago de la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, iii) el reembolso de los «descuentos prohibidos» realizados por el

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Radicación n.° 95318 empleador y, iv) al pago de la indemnización por despido sin justa causa. Fundamentó su peticiones, en: lo que interesa al recurso extraordinario en i) que estuvo vinculado a la demandada por medio de un contrato de trabajo a término fijo desde el 17 de octubre de 2012 hasta el 16 de septiembre de 2014; ii) que devengaba un salario de $2.438.081.oo y una

bonificación denominada «condicionada de asistencia» de $1.097.136.oo; iii) que como salario realidad, se debía tener en cuenta la suma aproximada de $7.000.000.oo de acuerdo con el promedio salarial de los últimos 12 meses y, iv) que de conformidad a la certificación laboral expedida, desempeñó el cargo de «TUBERO A». Seguidamente, manifestó que durante su vinculación laboral sufrió una enfermedad de origen laboral a causa de la labor que desempeñaba, la cual fue diagnosticada como «TENOSINOVITES DE FLEXORES DE MANA DERECHA» (sic), asegurando que por tal circunstancia la demandada decidió dar por terminado de manera unilateral sin mediar justa causa el contrato de trabajo y sin contar con autorización del Ministerio del Trabajo. Por otro lado, fundamentó como hechos de las pretensiones subsidiarias de la demanda, que CBI Colombiana S.A. no tuvo en cuenta, como factores salariales para la liquidación de las prestaciones sociales, los conceptos: «bono de asistencia y alimentación; auxilio de gastos de transferencia bancaría y de lavandería; incentivos

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Radicación n.° 95318 HSE convencional y progreso de tubería convencional, y prima técnica convencional». Más adelante aseguró que, al momento de realizarse la liquidación final de su contrato, le fueron realizados «descuentos prohibidos» por conceptos de: salario, bono de asistencia de 14 días, horas por compensar al 100% de 35.5 días y licencia remunerada de 8 días.

Por último, manifestó que no le fueron liquidadas las prestaciones sociales ni las vacaciones teniendo en cuenta todos los conceptos «QUE CONSTITUYEN SALARIO» y que tampoco le fue pagada la indemnización por despido sin justa causa. (Cno Ppal. - f.os 37 a 49) Al dar respuesta, la sociedad CBI Colombiana S.A., se opuso a las pretensiones de la demanda con excepción a aquella encaminada a que se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre las partes. En cuanto a los hechos aceptó como ciertos: i) la vinculación del demandante desde el 17 de octubre de 2012 hasta el 16 de septiembre de 2014 devengando un salario ordinario de $2.438.081,oo; ii) el pago de una «bonificación por asistencia» aclarando, que «las condiciones que rodean la causación de dicha bonificación fueron desarrolladas por partes en las cláusula o capítulo 4 del contrato, comprendido entre las partes internas 4 y 6 del texto original»; iii) que desempeñó el cargo de «TUBERO A» y que prestó sus servicios de manera personal en la ciudad de Cartagena. Frente a los

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Radicación n.° 95318 demás hechos expuestos en la demanda, manifestó que no eran ciertos y no le constaba. (Cno Ppal. - f.os 139 y 144) En su defensa propuso los medios exceptivos de mérito que denominó: inexistencia de las obligaciones, prescripción e innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo proferido en audiencia pública de 13 agosto de 2018, resolvió: (Cno Ppal. - f.os 204 y 205 CD y Acta de Audiencia) […]PRIMERO: CONDENAR a la CBI COLOMBIANA a reconocer como salario el concepto denominado como PRIMA TECNICA, y en consecuencia ordenar la reliquidación de prestaciones sociales en favor del señor EDUIN CHIRINO GONZÁLEZ, tal y como se expreso en la parte motiva de esta providencia. (Sic) SEGUNDO: CONDENAR a CBI COLOMBIANA S.A. a efectuar el pago de las siguientes diferencias por concepto reliquidación de prestaciones sociales en favor del señor EDUI CHIRINO GONZALEZ en las siguientes sumas concepto diferencia Prima 2014-1 $789.004,17 Prima 2014-2 $392.243,42 Cesantías 2014 $1.302.268,58 Intereses 2014 $125.717,84 $2.609.234.01

TERCERO: CONDENAR a CBI COLOMBIANA S.A. a realizar el pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del código sustantivo del trabajo, ordenando el pago de un día de salario tasado en la suma de $166.394 por cada día de retardo en el pago de las diferencias causadas en salario y prestaciones sociales, desde el 16 de SEPTIEMBRE de 2014 hasta el 16 de SEPTIEMBRE de 2016, para un total de $119.803.824,00; y a

partir del 17 de SEPTIEMBRE de 2016 intereses moratorios sobre la suma debida en la diferencia pendiente de pago, hasta el

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Radicación n.° 95318 momento en que perdure la inejecución por la parte demandada CUARTO: ABSOLVER de las demás pretensiones de la demanda a CBI COLOMBIANA S.A., conforme se expreso en la parte motiva de esta providencia. (Sic) QUINTO: DECLARAR no probadas las excepciones de merito propuestas por la demandada CBI COLOMBIANA S.A. (Sic) SEXTO: CONDENAR en costas a la parte demandada señalando como agencias en derecho la suma del 5% sobre el valor de la condena impuesta.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación interpuesto por ambas partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante sentencia proferida el 31 de agosto de 2021, resolvió: (f.os 49 a 62, expediente digital ApelacionSentencia_ExpedienteSegundaInstancia_2022082109207.pdf) […]PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), proferida por el Primero Laboral del Circuito de Cartagena, dentro del presente proceso Ordinario Laboral con radicación única 13001-31-05-001-201500452-01 promovido por EDUIN CHIRINO GONZÁLEZ contra CBI COLOMBIANA S.A. en su lugar se dispone: (ordinal corregido mediante providencia de 4 de noviembre de 2021, para precisar que la

radicación única del proceso es: 13001-31-05-001-2015-00115-01) ABSOLVER a la demandada CBI COLOMBIANA S.A. de las pretensiones de la demanda, por las razones anteriormente señaladas. COSTAS en primera instancia a cargo de la parte demandante.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante.

TERCERO: Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

Para fundamentar su decisión, en lo que interesa al recurso extraordinario de casación, el Tribunal partió en su

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Radicación n.° 95318 labor argumentativa señalando como problemas jurídicos a resolver los siguientes: […]-Determinar si al demandante le asiste el derecho a al reintegro al cargo que venía desempeñando en la empresa demandada o a otro de igual o mayor categoría. Dimana como problema jurídico asociado, establecer si al momento de la terminación del contrato de trabajo el actor gozaba de estabilidad laboral reforzada contemplada en la Ley 361 de 1997 - De no prosperar lo anterior, subsidiariamente corresponde determinar si los pagos denominados bono de asistencia, prima técnica incentivo HSE, incentivo de progreso, incentivo de progreso de tubería, auxilio de gastos de transferencia bancaria, auxilio de lavandería, y bono de alimentación, reclamados constituyen factores salariales. - En caso de establecerse que los señalados emolumentos tienen el carácter salarial, se establecerá si hay lugar a reliquidación de prestaciones sociales. De ser así, se determinará si hay lugar

al pago de la indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 de la CST. Seguidamente, se refirió a la prohibición de despido discriminatorio o ineficacia de la terminación del contrato y antes de emitir su pronunciamiento, afirmó que el 17 de octubre de 2012, las partes celebraron un contrato de trabajo de obra y labor, el cual fue modificado a término fijo con una duración de 90 días contados a partir del 19 de junio de 2014 y relató que el mismo culminó cuando el actor se encontraba en un estado de debilidad manifiesta. Lo anterior de acuerdo al relato suministrado por el demandante. Acto seguido, el colegiado se refirió al artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y trajo a colación la sentencia CSJ SL25862020, en la cual sustento lo siguiente: […]Por tanto, entiende la Corte, que en una lectura sistemática

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Radicación n.° 95318 de sus precedentes, de la protección especial que la Constitución de 1991, prodigó a las personas en situación de discapacidad, de las normas del bloque de constitucionalidad invocadas, y del espíritu y finalidad de la Ley 361 de 1997, que la regla según la cual, la exhibición o existencia de dicho carné por parte de las personas en situación de discapacidad para identificarse como titulares de los derechos derivados de la Ley 361 de 1997, no debe entenderse como una barrera de acceso o requisito ineludible para el goce de los derechos a la salud y a la estabilidad laboral reforzada de la población en situación de discapacidad.

En el mismo sentido y en aras de proteger a las personas en situación de discapacidad este entendimiento debe también extenderse a todos los derechos, privilegios y garantías que la Ley 361 de 1997 establece en favor de dicho grupo de personas, ya que son medidas que benefician y protegen a las personas que por sus condiciones físicas o mentales se consideran como vulnerables y sujetos de especial protección constitucional. (…) Igualmente, el Tribunal se equivocó al pedirle a la demandante una calificación formal al momento de terminación del contrato de trabajo. En efecto, así como el carné no es una prueba solemne de discapacidad, tampoco lo es el dictamen de las juntas de calificación de invalidez, razón por la que en estos casos rige el principio de libertad probatoria y de formación de convencimiento.” De acuerdo a lo anterior, el Tribunal procedió al análisis de las pruebas allegadas al proceso con el fin de establecer si efectivamente se había demostrado que la afectación del estado de salud del demandante impedía el ejercicio de su actividad laboral a la fecha de la terminación del contrato, esto es a 16 de septiembre de 2014. Acto seguido manifestó que, una vez verificada la historia clínica del demandante se constató que, a 26 de septiembre del 2014, era paciente «con antecedente de dolor en manos para movilidad y agarres persiste con limitación funcional. TRAR RM (23-09-14) reporta tenosinovitis de flexores de mano derecha sin otros hallazgos». Por

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Radicación n.° 95318 consiguiente, el colegiado concluyó que no tenía una afectación de salud que implicara una disminución de su

capacidad laboral a la fecha de terminación del vínculo. Además, agregó que solo contaba con una incapacidad la cual data de una fecha posterior a la terminación del mismo. Por lo anterior aseveró el juez de apelaciones que, a la fecha de la terminación del contrato laboral, el demandante no se encontraba cobijado bajo la figura de la estabilidad laboral reforzada, aclarando que no toda afectación a la salud otorga derechos a las prerrogativas contenidas en la Ley 361 de 1997. Además, expuso que la razón por la cual se finalizó el contrato de trabajo se debió la terminación del plazo fijo pactado, esto es, de conformidad a lo reposado en el folio 20 del plenario y agregó que la demandada no actuó de mala fe, ni con ánimo discriminatorio hacia el trabajador que le haga merecedora de la sanción prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. En cuanto a la denominada bonificación de asistencia, de manera preliminar indicó que una vez revisados los folios 86 y 89 del plenario, constató que el demandante fue vinculado para desempeñar el cargo de «Tubero A», con una remuneración correspondiente a un sueldo y a una bonificación mensual, esto, de conformidad a lo previsto en la cláusula cuarta del contrato y luego de reproducir apartes de la misma, aseveró que los extremos habían establecido que para ciertos casos, el bono de asistencia no constituía

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Radicación n.° 95318 salario. Por lo anterior, el colegiado se refirió a los artículos 127

y 128 del Código Sustantivo del Trabajo y con respecto de la desalarización, se apoyó en la sentencia CSJ, 1 feb. 2011, rad 35771, en la cual se reiteró que las partes no podían desconocer la naturaleza salarial de beneficios que, por ley, claramente tienen tal carácter, toda vez que ello traduce la ineficacia jurídica de cualquier cláusula contractual en que las partes nieguen el carácter de salario a lo que intrínsecamente lo es, por corresponder a una retribución directa del servicio, o pretendan otorgarle un calificativo que no se corresponda con esa naturaleza salarial. Acto seguido, trascribió a partes de las sentencias CSJ SL3266-2018 y CSJ SL177-2020, para dejar por sentado que la Corte ha reiterado que las partes no pueden pactar que se eliminen del carácter salarial a aquellos conceptos que constituyan una remuneración directa del servicio, es decir, no es posible «desvalorizar» un pago que tiene dicha naturaleza. Una vez precisado lo anterior, estableció como problema jurídico a resolver si el «bono de asistencia» tiene carácter retributivo directamente del servicio. Por lo anterior, manifestó que la bonificación de asistencia no era un dinero recibido en virtud de la prestación del servicio y un factor constitutivo de salario, sino que su causación estaba condicionada al cumplimiento de dos presupuestos básicos: i) el aporte del trabajador al cumplimiento del cronograma de

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Radicación n.° 95318 su equipo de trabajo que implicaba la observación de aspectos como la puntualidad y falta de asistencia o retiro

injustificado; y ii) el cumplimiento de las disposiciones de higiene, salud y medio ambiente (HSE), direccionado a no presentarse fatalidades u observaciones atribuibles al trabajador. Además, sustentó que para que el actor fuera beneficiario del «bono de asistencia», no era necesario que se produjera el despliegue de su fuerza laboral o actividad prestacional, dado que su finalidad era contrarrestar el ausentismo del puesto de trabajo y el cumplimiento de los fines establecidos en los indicadores mencionados. Situación que corroboró con los volantes de pagos anexos al medio magnético contendido en el folio 84 del proceso, en donde se constató que el demandante compareció al trabajo durante todas las mensualidades retribuidas, por ello, el pago del salario ordinario en proporción a los días laborados durante los meses correspondientes a 30 o 31 días, a excepción de los meses de octubre a diciembre de 2013; y enero, febrero y mayo de 2014, en los cuales solo se pagó el bono de asistencia de manera proporcional debido a unas licencias no remuneradas, lo cual constituye una excepción a lo que se considera falta de asistencia de conformidad con la cláusula cuarta del contrato de trabajo. Luego, se refirió al «hecho de que el bono de asistencia sea cancelado de forma habitual, no constituye directriz incuestionable para determinar que constituye salario», apoyándose en la sentencia CSJ SL1399-2019, la cual

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Radicación n.° 95318 enseñó que «no basta con que se entregue de manera habitual

o que sea una suma fija vulnerable, sino que se debe examinar si su finalidad es remunerar de manera directa la actividad que realiza el asalariado», concluyendo que lo que se debe analizar es la naturaleza de dicho emolumento. Por lo anterior, aseguró el colegiado que no se desnaturalizó la finalidad del emolumento referido y por tal motivo, estimó que la cláusula de exclusión salarial pactada en el contrato de trabajo resultaba válida y eficaz. Por lo cual dejó claro que el bono de asistencia no constituía retribución directa del servicio prestado por el trabajador y por lo tanto era razón suficiente para revocar la sentencia recurrida. En cuanto a la incidencia salarial de auxilios de gastos de transferencia bancaria, bono alimentación y auxilio de lavandería estipulada en el contrato de trabajo como factores no constitutivos de salarios, destacó que habían dos aspectos relevantes a tener en cuenta: i) que dichos pagos no fueron pactados como contraprestación del servicio prestado, para acrecentar los ingresos del trabajador, sino para mitigar el impacto que acarreaba su manutención en la ciudad de Cartagena y ii) que de manera expresa se pactó que dichos emolumentos no serían constitutivos de salario para ningún efecto. Concluyendo que «no encuentra la Sala reparos en que las partes hayan pactado que se despoje de incidencia salarial los conceptos enunciados, al no constituir ellos una remuneración directa del servicio, fruto del despliegue de la fuerza de trabajo del trabajador».

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Por otro lado, se refirió a la incidencia salarial del incentivo HSE, del incentivo de progreso, del incentivo de progreso tubería y de la prima técnica, manifestando el Tribunal que los mismos tienen fundamento en una Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre la Unión Sindical Obrera “USO SUBDIRECTIVA SECCIONAL CARTAGENA” y la empresa CBI Colombiana S.A. vigente para los años 2013-2015 folio 128 -137 con la respectiva constancia de depósito cumpliéndose lo exigido en lo descrito por el artículo 469 del CST para su validez probatoria. Así mismo, mencionó que en la cláusula 12 de la convención, se había pactado que «los salarios y bonificaciones del personal beneficiario, se aplicarán de acuerdo a como se describe en el Anexo No. 1 denominado Tabla de Salario y Bonificaciones», Además, el colegiado al revisar el anexo 1 de la Convención, constató que en el incentivo de progreso se consignó expresamente lo siguiente: […]“incentivo progreso (hasta 10% Salario básico). Sin incidencia salarial”. “incentivo HSE (hasta 10% Salario básico) – Sin incidencia salarial” “Incentivo progreso (únicamente disciplina de tubería) –Sin incidencia salarial” “prima técnicaSin incidencia salarial”, Por lo anterior, se evidenció que las partes firmantes de la Convención Colectiva acordaron que los referidos auxilios quedarían sin la incidencia salarial. Acto seguido, se apoyó en las sentencias CSJ SL, 7 sep. 2010, rad. 37970 y la SL, 5

feb. 1999, rad 11389, para luego concluir que es claro que las partes dentro del marco de una Convención Colectiva

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Radicación n.° 95318 restaron la naturaleza salarial de un determinado concepto y, por tanto, con posterioridad no puede cuestionarse tal disposición a menos que sea dentro del marco propio de la denuncia de la norma convencional, por lo que no es admisible como lo pretende el recurrente se declare la ineficacia de dichas clausula convencionales.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la parte recurrente que la Corte Suprema de Justicia, case totalmente la sentencia impugnada y proceda a: i) «dar prosperidad a las pretensiones consagradas en el libelo demandatorio en los petitum de reliquidación de las prestaciones sociales y vacaciones del demandate conforme al salario realidad probado en el proceso» (Sic) y, ii) «se le entregue prosperidad a la petición de la demanda en el sentido que se le dé aplicabilidad a la sanción moratoria consagrada en el artículo 65 C.S.T.».

Con tal propósito formuló tres cargos, por la causal primera de casación, los cuales no fueron objeto de réplica y que, por cuestión de método, se estudiarán conjuntamente el primero y el segundo, dado que, además de estar encausados por la misma vía, guardan identidad en los elencos normativos que estructuran su proposición jurídica y

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Radicación n.° 95318 presentan argumentos conexos que se complementan entre sí y tienden a un idéntico fin, que no es otro que alcanzar el carácter salarial de las bonificaciones, primas e incentivos pagados al trabajador, con el fin de obtener su incorporación en la correspondiente reliquidación prestacional pretendida.

VI. CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia impugnada de lo siguiente:

[…]INFRACION POR VIA DIRECTA - POR APLICACIÓN

INDEBIDA DE LO ESTABLECIO EN LOS ARTICULO 127 Y 128, EN LO QUE SE RELACIONA CON LA CARGA PROBATORIA (Sic) La sentencia recurrida desconoce de forma inaceptable las siguientes normatividades: Constitución Política de Colombia: Art 1, 2, 4, 13, 25,26, 53, 93. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; art 1, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 21, 43 y en especial el artículo 127, 128, 130 y 65 del CODIGO SUSTENTIVO DEL TRABAJO (Sic). Igualmente desconoce Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo - Relativo a la protección del salario-, ratificado por la Ley 54 de 1992, lo cual condujo a la interpretación errónea del artículo 127 y 128 del C.S.T. y en especial del artículo 167 del C.G.P. en relación directa con lo artículos precitados que establece las cargas probatorias En la demostración del cargo, expuso la censura lo siguiente: […]En la decisión adoptada por el tribunal, la cual se solicita se CASE, en su parte motiva interpreta erróneamente la

normatividad que establece como se regula del concepto de salario en la legislación Colombiana, pues se extrae de la argumentación esbozada por el despacho que para determinar el carácter o no salarial de las bonificaciones se atiende a la formalidad en la cual fueron creados y no en la realidad constitutiva de salario, Cito textualmente al honorable tribunal: “Conforme a la jurisprudencia citada, es claro que luego de que las partes dentro del marco de una convención colectiva restaron la naturaleza salarial de un determinado concepto, con posterioridad no puede cuestionarse tal disposición a menos que sea dentro del marco propio de la denuncia de la norma

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Radicación n.° 95318 convencional, por lo que no es admisible como lo pretende el recurrente se declare la ineficacia de dichas clausulas convencionales” Negrilla fuera del texto original. El artículo 167 del C.G.P interpretado en concordancia con las normas que consagran las nociones de salario y bajo el principio de interpretación más favorable se debería entender como lo ha establecido la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala Laboral y la Corte Constitucional que el concepto de salario no se determina por lo que las partes hayan establecido en convenciones colectivas o contratos, sino por la finalidad que tenga el pago que se le atribuye el carácter salarial. De tal suerte no es posible llegar a la conclusión como lo hizo el tribunal que por la existencia de la convención colectiva no se podía discutir el carácter salarial de los pagos que tenían el apellido de convencional en los desprendibles de pago; debido a que en la demanda no se está pidiendo el pago, el mismo se dejó

por sentado que se realizó por la demandada y lo recibió el demandante, lo que se persigue es la declaratoria de su incidencia salarial, porque los mismos responden a la contraprestación del servicio del trabajador. La interpretación adecuada a dichos preceptos ya fue dada por la honorable Corte Constitucional en sentencia C 710 de 1996 “La definición de lo que es factor salarial, corresponde a la forma como se desarrolla el vínculo laboral, y no a la existencia de un texto legal o convencional que lo consagre o excluya como tal, pues todo aquello que recibe el trabajador como contraprestación directa de su servicio, sin importar su denominación, es salario. En esta materia, la realidad prima sobre las formalidades pactadas por los sujetos que intervienen en la relación”. Negrillas fuera del texto Original. Seguidamente, transcribió a partes de la sentencia CSJ SL12220-2017, para luego manifestar lo siguiente: […]De lo anterior se deviene claro que si la magistrada ponente hubiera apreciado bajo la misma prisma de la sentencia anteriormente citada las normas que interpreto erróneamente no hubiese llegado a la conclusión en descartar el carácter salarial de la bonificación apellidada convencional porque la misma se encuentran pactadas en convención colectiva, pues quien debió demostrar la existencia de un pacto de exclusión salarial y su eficacia, en tanto no recaía sobre pagos verdadera mente salariales es la parte demandada, si pretendía esquilmarse de una sentencia condenatoria, y no como erróneamente lo interpreto la magistratura de instancia, toda vez que los pago que recibe el trabajador de su empleador dentro una relación laboral

se presumen remunerativos de la prestación del servicio y por lo

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Radicación n.° 95318 tanto salario. Por todo lo anterior, ruego a la honorable Corte Suprema Corrija el error cometido por el Tribunal de Bolívar en Sala Laboral y restablezca la vigencia del orden constitucional. En tal sentido se tenga los siguientes incentivos: Incentivo Progreso Convencional, Prima Técnica convencional, Incentivo HSE convencional, Bono de Asistencia, Como parte integral del salario del demándate de acuerdo a las pretensiones de la demanda.

VII. CARGO SEGUNDO

Lo formula de la siguiente manera:

[…]CARGO POR VIA DIRECTA, POR APLICACIÓN INDEBIDA.

POR DAR SUPREMACÍA A LAS FORMALIDADES Y NO A LA

RELIDAD.

Por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, le atribuyo a la sentencia combatida en casación, la transgresión del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 13, 14, 24, 43, 128, 130, y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, 13 y 53 de la Constitución Política 51, 52, 60, 61, 77 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 164, 165, 166, y 167 del Código General del Proceso. En la demostración del cargo, expuso la censura lo siguiente: […]El origen de la infracción legal enunciada, fue consecuencia de lo siguiente: El tribunal entendió que con el hecho de que las bonificaciones reclamadas, se encuentren en una convención colectiva,

imposibilita realizar el estudio del carácter salarial si este fue restado en la norma convencional, colocando por delante la forma de cómo fueron concebidos y olvidado la finalidad que persiguen. Además de lo anterior estas bonificaciones respondían a la contraprestación del servicio desplegado por el trabajador, como bien lo ha dejado sentado el mismo tribunal que hoy se recurre su sentencia, cuando en procesos de características similares

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Radicación n.° 95318 dejo dicho: Se cita la sentencia fecha 7 de febrero del 2018, emanada de la Sala Cuarta de decisión laboral actuando Como magistrada ponente la Doctora. JHONESSY LARA MANJARREZ en proceso con radicado 13001310500520150031800. Actuando como demandante, MELQUIS SILVINO MOSQUERO vs CBI. Dejo dicho: (Minuto 21:31 hasta 21:59.) “En punto del incentivo de productiva del proyecto contenido en el anexo 3 del contrato de trabajo, posteriormente denominado incentivo al progreso era cancelado con base a la medición del progreso global del proyecto en atención que lo retribuido al trabajador era su fuerza de trabajo en relación con las metas globales del proyecto. Deviene para la sala que dicho auxilio era una retribución directa del servicio prestado por tanto goza de la incidencia salarial” Seguidamente, trae a colación la sentencia de la CSJ SL 29806, 13 may 2008 de la cual destacó lo siguiente: […]“Circunstancia esta última que no desvirtúa el carácter salarial del pago, conforme se explicó en la sentencia arriba reseñada Porque el hecho de que el pago responda a una gestión

de grupo y no individual no impide considerar que, en últimas, en realida