CSJ - SL3081-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL3081-2023 Radicación n.° 95480 Acta 46 Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por LUZ VIVIANA GARCÍA ZAPATA contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral que promueve la recurrente contra el

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., la

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE

ANTIOQUIA y la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE

INVALIDEZ.

I. ANTECEDENTES Luz Viviana García Zapata solicitó que se declare la nulidad de los dictámenes proferidos por el área de medicina laboral de Porvenir S.A., la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y la Junta Nacional de Calificación de

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Radicación n.° 95480 Invalidez; en su lugar, se establezca que la pérdida de la capacidad laboral corresponde al 53,6%, con fecha de estructuración 29 de julio de 2017. Como consecuencia de lo anterior, pidió que se condene a la AFP accionada al pago de la pensión de invalidez; los intereses moratorios; lo que resulte probado ultra o extra petita; y las costas. Fundamentó sus pretensiones en que está afiliada a Porvenir S.A.; que el 13 de julio de 2016 le diagnosticaron

leucemia mieloide aguda M0, por lo cual «padeció pancitopenia» y le realizaron post quimioterapia, y fue hospitalizada; y que encontrándose en tratamiento sufrió un shock anafiláctico. Expuso que el 31 de marzo de 2017 le practicaron un trasplante de médula, pero presenta «mala carga de adherencia»; que ha sido internada en múltiples ocasiones, siendo la última en julio de 2018; que tiene síntomas de poliartralgias y fatiga; que toma diferentes medicamentos; y que actualmente se encuentra en «psiquiatría en manejo para depresión con fluoxetina, clonazepam, control por psicología y efectos gastrointestinales». Manifestó que la AFP a través de la empresa Seguros de Vida Mapfre, calificó su pérdida de capacidad laboral el 11 de septiembre de 2017, lo cual arrojó un 43,5% de origen común y fecha de estructuración 29 de julio de 2017; que interpuso recurso contra dicha determinación, el cual fue

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Radicación n.° 95480 resuelto por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, quien determinó que la PCL era del 51,25%, con igual data de estructuración; y que esa decisión fue apelada por Seguros de Vida Mapfre, y decidida por la Junta Nacional de la Calificación de Invalidez, fijando finalmente la PCL en el 44,5%, sin variar la calenda de estructuración. Expresó que no puede reincorporarse a la vida laboral; que de forma particular acudió a la Facultad Nacional de

Salud Pública de la Universidad de Antioquia y allí el doctor Jaime León Pimienta efectuó una valoración de su estado de salud, lo que arrojó una PCL del 53,6%, con fecha de estructuración 29 de julio de 2017; y que la diferencia con los dictámenes de Seguros de Vida Mapfre y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez radican en la valoración del rol laboral y las deficiencias del sistema nervioso central y periférico. La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones. Frente a los hechos, aceptó la afiliación de la accionante a esa entidad, y lo resuelto a través de los dictámenes proferidos, precisando que fue Seguros de Vida Alfa S.A. quien hizo la valoración inicial y no Mapfre; y de los demás supuestos fácticos manifestó que no le constaban o que no eran ciertos. En su defensa arguyó que la solicitante no cumplió con los requisitos mínimos para acceder a la pensión de invalidez, toda vez que no tiene una pérdida de capacidad laboral igual

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Radicación n.° 95480 o superior al 50%, resaltando que cuando la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia emitió su dictamen, sobrevaloró unas deficiencias, toda vez que tuvo en cuenta un episodio «único y aislado» que se superó y no generó consecuencias, de allí que no podía acogerse, tal como lo

puso de presente la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Formuló como excepciones las de prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa en las pretensiones, petición antes de tiempo, compensación, falta de acreditación de los requisitos legales, buena fe y la genérica. Por su parte, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez al dar respuesta al escrito de demanda también se opuso a las súplicas. Respecto a los supuestos fácticos aceptó que a la actora se le practicó un trasplante de médula ósea; que la AFP calificó su pérdida de capacidad laboral, precisando que lo hizo a través de Seguros de Vida Alfa S.A.; y lo resuelto por las juntas al decidir los recursos de reposición y apelación. De los restantes dijo que no eran ciertos o que no le constaban. Como razones de defensa argumentó que la accionante, al momento de la calificación presentaba un diagnóstico consistente en «leucemia aguda, células de tipo no especificado», el cual fue valorado y arrojó un 44,15% de PCL, sin que fuera dable considerar, como lo hizo la Junta Regional de Calificación de Invalidez, un evento convulsivo,

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Radicación n.° 95480 que fue aislado y se generó por un desequilibrio hidroeléctrico que no se repitió, de modo que no podía estimarse como una «secuela» y debía suprimirse en la valoración de la «deficiencia». Manifestó que para la data en que se efectuó la calificación, a la demandante solo le habían diagnosticado

«leucemia aguda, células de tipo no especificado», de modo que le asignó un 23%, y por el rol laboral y ocupacional un 21,5%, para un total del 44,5%; de allí que no era viable estimar que se presentó un error al no incluir condiciones que no estaban documentadas ni tratadas para esa época, ni es de recibo que se alegue una equivocación de la JNC por no considerar exámenes posteriores. Indicó que la condición de salud es cambiante, por lo que puede empeorar o desarrollar nuevas afectaciones que no estaban establecidas al momento del dictamen, que para el caso corresponde al 17 de octubre de 2018; por consiguiente, si lo que se cuestionaba era esa valoración, solo es dable tener en cuenta la historia clínica existente para esa data. Agregó que si lo que se buscaba era determinar la situación actual de salud de la afiliada, se debía peticionar una nueva calificación para tal fin, pero ello no se hizo. Propuso las excepciones que denominó legalidad de la calificación emitida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; la variación en la condición clínica del paciente con

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Radicación n.° 95480 posterioridad al dictamen de la Junta exime de responsabilidad a la entidad; improcedencia del petitum, buena fe y la genérica. La Junta Regional de Calificación de invalidez de Antioquia no contestó la demanda inaugural (f.o 504 cdno. 2).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, con fallo proferido el 9 de septiembre de 2021 absolvió a las

demandadas de la totalidad de las pretensiones. Impuso costas a la accionante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, mediante sentencia calendada 30 de noviembre de 2021 la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, confirmó la decisión de primer grado.

No condenó costas en la alzada. El juez colegiado expuso que le correspondía definir si debía dejar sin efecto el dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y, en su lugar, impartirle valor al que realizó la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.

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Radicación n.° 95480 Expresó que en el plenario estaba acreditado: i) que la accionante fue calificada por Seguros de Vida Alfa S.A. el 11 de septiembre de 2017, quien dictaminó una PCL del 43,5% y fecha de estructuración 29 de julio de 2017; ii) que al resolver el recurso de reposición la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia determinó que la PCL era del 51,25% y mantuvo la data de estructuración; iii) que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez modificó la PCL, la que fijó en un 44,5%; y iv) que la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia estableció una PCL del 53,6%, sin variar la calenda de estructuración. Aludió a los artículos 38 y 41 de la Ley 100 de 1993, 51

del CPTSS y 226 del CGP, resaltando los requisitos que debe tener un dictamen pericial; expresó que las diferentes calificaciones se efectuaron con fundamento en el Decreto 1507 de 2014; y destacó que lo allí establecido no es definitivo, en la medida en que el juez laboral lo puede modificar, acorde a los «medios probatorios que permitan demostrar que existe una pérdida de capacidad superior a la establecida, o que la fecha de estructuración puede ser anterior o posterior». Adujo que para ello es necesario acreditar la existencia de un «error de carácter técnico» por parte de la entidad que realizó la calificación del estado de invalidez, y expresó lo siguiente: La técnica, requisitos y procedimiento para la calificación de la invalidez se encontraba para la fecha de los hechos regulada por el Decreto 1504 de 2014 Manual Único de Calificación de

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Radicación n.° 95480 Invalidez-MUCI-, y con base en esta norma se realizó, por Seguros Vida Alfa S.A., la Junta Regional y Nacional de Calificación respectivamente, por lo que cualquier ataque dirigido a desvirtuar la eficacia de los dictámenes emitidos por los órganos competentes, debe demostrar sus falencias técnicas evidenciando los errores en los que el experto o expertos incurrieron o aquellas patologías que se desconocieron al valorar las condiciones en que se encontraba la persona que fue calificada. Para el caso al analizar el dictamen emitido por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, experticia que fue traída al proceso por la parte actora y que desestimó el Juez aquo por encontrar que la misma no tenía un sustento científico en cuanto a la modificación de la pérdida de capacidad laboral de la actora, toda vez que incluyó dentro de la valoración trastorno de ansiedad y depresión el cual no tenía prueba que la documentara, encontrando ajustada la experticia emitida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Comparó los dictámenes proferidos por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, encontrando que la diferencia fundamental radicaba en la descripción de la deficiencia, pues la primera le otorgó el 23% y la segunda el 30%, de modo que la discusión en el sub lite era «establecer si los trastornos de ansiedad y depresión pudieron ser tenidos en cuenta». Expuso que en primera instancia se «llamó al Perito de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia con el fin que expresara y diera información sobre el Dictamen que emitió», quien explicó los motivos por los cuales otorgó una PCL del 53,6%, no obstante, el juez colegiado estimó que realmente en esa calificación no se debió «tener en cuenta lo concerniente al trastorno de ansiedad y depresión de la demandante para el momento en que se realizó la experticia», ello en razón a que «no reunía los requisitos del capítulo XII

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Radicación n.° 95480 manual de calificación 1507 de 2014, sobre deficiencias de trastornos mentales y de comportamiento», en particular los numerales 13.3.2, 13.3.3 y 13.4.3, a los que aludió en su

decisión.

En dicho sentido, el juez plural consideró que la historia clínica solo daba cuenta de una «atención donde(sic) médico general el 29 de octubre de 2018, en dicha cita es remitida para psicología donde es atendida el 4 de diciembre de 2018» y en la cual la paciente manifestó que tenía una crisis de ansiedad, que «lloro por todo», y que es algo que ha presentado desde los 22 años. Así mismo, que el 7 de febrero de 2019 fue atendida por psiquiatría y le recetaron fluoxetina, clorhidrato y clonazepam. A partir de lo anterior infirió que: […] si bien la actora tuvo atención por psicología y una cita por psiquiatría, solo se observan 2 citas, sin embargo, no existe prueba que demuestre que dicha señora continuó en un tratamiento psiquiátrico, donde se le haya realizado un seguimiento en los términos del numeral 2 del 13.3.3 del manual de calificación aplicable al caso Decreto 1507 de 2014, no siendo de recibo que el Perito haya tenido en cuenta la enfermedad de "trastorno de ansiedad, basado únicamente en los que le narró la demandante, sin que haya tenido apoyo en la historia clínica que lo documentara y probara que sobre dicha enfermedad la demandante ha estado en continuo tratamiento. Es importante para la Sala resaltar que el estudio en el caso se está haciendo frente a los Dictámenes aportados al proceso, es decir, el de la Junta Nacional y la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, pues no se tienen otras pruebas que lleven a establecer que la demandante posterior a aquellos haya

continuado en tratamiento psiquiátrico y que al día de hoy pueda o no presentar una invalidez, pues el Juez debe fallar con las pruebas aportadas y debatidas en el proceso, sin que le sea permitido proferir un fallo con base en suposiciones.

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Radicación n.° 95480 Indicó que no era suficiente que la accionante hubiera expresado que desde los 22 años presentara crisis de ansiedad, en la medida que ello no estaba documentado en la historia clínica, y tampoco existía alguna probanza que diera cuenta que la actora con posterioridad a la evaluación por psiquiatra hubiera continuado en tratamiento y «superó el año de mejoría médica máxima que establece el manual», sin que sea dable decidir el asunto a partir de «suposiciones», debiéndose seguir las reglas y procedimientos consagrados para la calificación de la pérdida de capacidad laboral; y coligió: Al respecto considera la Sala que para el caso no se encuentra mérito para dejar sin efecto el Dictamen N° 43695676 emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, del cual se observa que se hizo con los lineamientos del Decreto 1507 de 2014 aplicable al caso y con los hallazgos de la historia clínica y demás exámenes a la actora, sin que haya prueba en el proceso de que lo allí consignado haya cambiado en la actualidad. Lo anterior no obsta para que si la actora en caso de tener pruebas de haber continuado con un tratamiento psiquiátrico pueda solicitar una nueva calificación que le determine su pérdida de capacidad laboral.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case totalmente la sentencia proferida por el colegiado, para que,

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Radicación n.° 95480 en sede de instancia, revoque el fallo del juzgado y, en su lugar, condene a las pretensiones de la demanda inicial. Con tal propósito, formula dos cargos que son replicados por Porvenir S.A., los cuales, por razones de método, se estudiarán en conjunto, pues, no obstante estar dirigidos por vías diferentes, denuncian similar conjunto normativo, persiguen la misma finalidad y la sustentación se complementa entre sí.

VI. CARGO PRIMERO Acusa el fallo de segundo grado de vulnerar la ley por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, de los artículos «3 Párrafo 13, el numeral 2 del artículo 13.3.3, el 13.4.3, 13.3 DEL DECRETO 1507 de 2012, artículo 83 CP», lo cual llevó a la vulneración de «los artículos 53 CP (primacía de la realidad sobre las formas), el inciso segundo del artículo 1 de la LEY 1346 DE 2009, el artículo 165 del CGP, los artículos 38, 39, de la Ley 100 de 1993, modificado el 39 por el artículo 1 de la ley 860 de 2003».

Transcribe apartes de las disposiciones denunciadas y esgrime que el Tribunal se equivocó en la intelección impartida, al razonar «que no se podía calificar la deficiencia

de trastorno de ansiedad-depresión, porque no existía historia clínica», inferencia que, a juicio de la recurrente, no se acompasa con lo regulado por el «párrafo 13» del artículo 3 del Decreto 1507 de 2014, por cuanto esa disposición estableció que:

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Radicación n.° 95480 […] cuando existen enfermedades que por muchas razones los pacientes no cuentan con historia clínica, sin embargo, estas permanecen en el tiempo, las mismas han sido tratadas inicialmente y por presentar periodos de remisión (mejoría) no se cuenta con historia clínica porque el paciente abandona el tratamiento o piensa que está curado, o recibió tratamiento para la patología por otro especialista, por tanto, en estos casos el manual otorga la facultad al calificador de tener en cuenta estas enfermedades que no cuenta con historia clínica pero que existen y generan una deficiencia en el paciente, calificando la misma con la obligación de argumentar en el dictamen las razones de calificación dándole así objetividad a la valoración asignada, tal y como hizo el perito de la Universidad de Antioquia. Asevera que, en todo caso, la accionante «venía siendo tratada por los especialistas de la enfermedad principal (LEUCEMIA) Hematología y oncología», de modo que no se requería de una «historia clínica especialidad psiquiatría», y considerar lo contrario atenta con el principio «de la buena fe, principio de la realidad sobre las formas, toda vez que los especialistas que trataban a la señora LUZ VIVIANA desde el año 2017, diagnosticaron TRASTORNO DEPRESIVO GRAVE

para lo cual prescribían medicamentos psiquiátricos de manera continua y permanente». Alude al inciso segundo del artículo 1 de la Ley 1346 de 2009, junto con la sentencia CSJ SL1171-2022 y colige que «la interpretación errónea del Tribunal lo conlleva exigir de manera literal que solo es aceptable la historia clínica de psiquiatría desconociendo las anotaciones realizadas por especialistas tratantes, y abandonando el modelo social de discapacidad».

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VII. LA REPLICA Porvenir S.A. esgrime que los fundamentos de la decisión de segunda instancia son de naturaleza fáctica, consistentes en que no se probó que la accionante hubiera estado en tratamiento psiquiátrico, con su respectivo seguimiento; que la interpretación que impartió la alzada al numeral 2 del artículo 13.3.3 del Decreto 1507 de 2014 es acertada, en la medida que deben cumplirse unas exigencias para poderse valorar el trastorno de ansiedad, lo cual solo puede hacerse un año después o luego de la terminación del proceso de rehabilitación; que el juez colegiado nunca estimó que se requería de una historia clínica para poder calificar el trastorno de ansiedad, ya que adujo que esa patología requería de un tratamiento para su calificación; y que la censura alude a una situación novedosa, cuando se refiere al modelo social de discapacidad, en la medida que en el proceso no se alegó ni se discutió lo relativo a los obstáculos para la inserción social, sino si tenía una pérdida de capacidad laboral del 50% o más, a efectos acceder a la

pensión de invalidez.

VIII. CARGO SEGUNDO Denuncia la sentencia de vulnerar la ley por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del siguiente elenco normativo: Artículos 3 Párrafo 13, el numeral 2 del artículo 13.3.3, el 13.4.3, 13.3 DEL DECRETO 1507 de 2012, el artículo 83 CP, el artículo 53 CP (principio realidad sobre las formas), artículo de la Ley

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Radicación n.° 95480 1346 de 2009, el artículo 165 del CGP, los artículos 38, 39, de la Ley 100 de 1993, modificado el 39 por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Sostiene que el Tribunal incurre en los siguientes yerros fácticos: - No dar por demostrado estándolo que la señora LUZ VIVIANA presenta el diagnóstico depresión (trastorno de ansiedad) desde hace más de 10 años, esto es desde los 22 años de edad. - No dar por demostrado estándolo que la señora LUZ VIVIANA, estuvo en remisión de su patología de Depresión (trastorno de ansiedad), remisión que no significa cura. - No dar por demostrado estándolo que los médicos especialistas en hematología realizaron tratamiento al Diagnóstico de DEPRESION GRAVE por más de 2 años, tratamiento que continúa por psiquiatría sin modificación, (ver historia clínica del 30/10/2017). - No dar por demostrado estándolo que la señora LUZ

VIVIANA estuvo recibiendo tratamiento psiquiátrico amitriptilina, fluoxetina y escitalopram 10mg día, de manera continúa por más de 1 año. - No dar por demostrado estándolo que la patología de depresión (trastorno de ansiedad) calificada por el perito es una enfermedad crónica y degenerativa. - No dar por demostrado estándolo que el perito calificó la patología de trastorno de ansiedad depresión, porque encontró criterios objetivos para hacerlo. - No dar por demostrado estándolo que las enfermedades mentales no tienen cura. - No dar por demostrado estándolo que la señora LUZ VIVIANA superaba el año de tratamiento. - No dar por demostrado estándolo que al momento de calificación por la Universidad de Antioquia la señora LUZ VIVIANA presentaba síntomas y signos de ansiedad. (Historia clínica corporación Genesis salud IPS sede Boston del 29 de octubre de 2018 y 04/12/2018) Clase I tabla 13.3. - No dar por demostrado estándolo que los medicamentos amitriptilina, fluoxetina y escitalopram 10mg día, son para tratar

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Radicación n.° 95480 los diagnósticos trastorno de ansiedad y depresión. - No dar por demostrado estándolo que el diagnóstico de LEUCEMIA desencadenó el trastorno de ansiedad y depresión y por esa razón fue sometida a tratamiento desde el año 2017. - No dar por demostrado estándolo que existe libertad probatoria para demostrar la discapacidad laboral y las

enfermedades padecidas. Equivocaciones que afirma se cometieron por la indebida apreciación de la «ratificación del perito de la universidad de Antioquia» y la «historia clínica del 07/02/2019»; y la falta de valoración de la «Historia clínica de SAMEIN del 09 de septiembre de 2021» y lo plasmado entre el 21 de julio de 2017 y el 4 de diciembre 2018 en la «Historia clínica» relativo, principalmente, al episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos. Aduce que el juez plural en la decisión confutada no valoró la totalidad de la historia clínica de la demandante, pues allí se aprecia la «reaparición de la enfermedad mental trastorno de ansiedad y depresión para la fecha que fue diagnosticada de LEUCEMIA AGUDA», patología que fue tenida en cuenta por el perito, quien, de forma razonada, explicó los motivos que daban lugar a asignarle «un porcentaje», proceder que está acorde con el parágrafo 13 del artículo 13 del Manual de Calificación. Considera que la historia clínica se debió analizar «desde el año 2017», cuando refleja un diagnóstico de depresión grave sin síntomas psicóticos y se intensifica el tratamiento por depresión, el cual continuó con un médico psiquiatra, tal como se desprende de la anotación del 30 de

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Radicación n.° 95480 octubre de 2017 en la que se plasmó un episodio depresivo grave y se le formuló un medicamento, de allí que para el

momento de la calificación del estado de invalidez esa patología superaba un año con «medicamentos especiales para la patología que presentaba», tal como se ratificaba en la historia clínica proveniente de Samein del 9 de septiembre de 2021, probanza que no fue estimada por el juez de segundo grado, y en la que consta los medicamentos que tomaba la actora para el trastorno de ansiedad y depresión, lo cual también consta en la historia clínica de hematología, en donde aparece que recibía amitriptilina, fluoxetina y escitalopram. Agrega que se vulneraron los derechos de la demandante, además que el ad quem «incurrió en error de hecho al no dar aplicación a la línea jurisprudencial para las enfermedades crónicas»; y que si la demanda de casación presenta falencias se tengan por superadas, dando aplicación al artículo 366 del CGP.

IX. LA RÉPLICA La AFP demandada arguye que en el cargo no se demuestra el desacierto del juez colegiado al inferir que no había prueba de que la accionante estuviera en tratamiento médico por trastorno de ansiedad; que la recurrente centra su argumentación en que no fue valorada la historia clínica, empero la sentencia de segundo grado se soportó en esa probanza, encontrando que allí no estaba acreditada la existencia de un tratamiento de ese supuesto padecimiento;

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Radicación n.° 95480 lo cual no es desacertado, toda vez que de los medios de convicción denunciados no es dable inferir lo contrario, tal como lo reconoció el mismo médico perito. Añade que en caso de estimar que la anotación que

aparece el 30 de octubre de 2017 da cuenta de un tratamiento de trastorno de ansiedad y depresión, lo cierto es que se requería fuera mínimo de un año, y ese plazo no se había cumplido para el momento de la calificación; y que la recurrente alude a unos documentos del 9 de septiembre de 2021, es decir, posteriores a la fecha de valoración de la PCL.

X. CONSIDERACIONES En el presente asunto, tal como quedó expuesto en la síntesis del proceso, el juez de segundo grado consideró que el punto a dilucidar consistía en determinar si se debía dejar sin efecto el dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y, en su lugar, impartirle pleno valor al que realizó la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia que aumentó el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, esto es, superior al 50%.

En dicho sentido, frente al último medio de convicción mencionado, adujo que fue allegado al plenario como prueba con la demanda inaugural y fue controvertido en audiencia pública, en la que compareció el Dr. Jaime León Londoño Pimiento, quien suscribió dicho dictamen. Luego, el juez de apelaciones pasó a contrastar ambos

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Radicación n.° 95480 dictámenes y encontró que la diferencia sustancial existente en el porcentaje asignado por PCL radicaba en que en el proferido por la JNC no se tuvieron en cuenta los trastornos de ansiedad y depresión al definir la deficiencia, contrario a lo ocurrido en el efectuado por el ente universitario que sí los

consideró, razón por lo cual centró su estudio en definir si esa patología debía o no incluirse. Con esa finalidad, estudió las normas que estimó regulan la materia y, con apoyo en las probanzas allegadas, coligió que la calificación de pérdida de capacidad laboral debe ceñirse a los elementos técnicos y científicos definidos en el Manual Único de Calificación de Invalidez, tal como lo establece el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012. A partir de lo anterior, dijo que para poderse valorar los trastornos de ansiedad y depresión debían cumplirse las exigencias establecidas en el capítulo XII del manual de calificación contenido en el Decreto 1507 de 2014, sobre deficiencias de trastornos mentales y de comportamiento, en particular, los numerales 13.3.2, 13.3.3 y 13.4.3, y como no estaba probado que a la promotora del proceso se le efectuó un tratamiento y que «superó el año de mejoría médica máxima» que establece la ley, no era posible la inclusión de esa patología. Por consiguiente, el ad quem concluyó que no era dable dejar sin efectos el dictamen proferido por la JNC, pues la

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Radicación n.° 95480 calificación que realizó ese ente se ajustó a los lineamientos legales y a las pruebas del proceso. Por su parte, la demandante recurrente en el primer cargo radica su inconformidad desde la órbita de lo jurídico,

en que existe un errado entendimiento por parte del Tribunal de las normas denunciadas, al colegir que no se podía calificar «la deficiencia de trastorno de ansiedad-depresión, porque no existía historia clínica», pues tal exégesis resulta contraria al artículo 3 del Decreto 1507 de 2014, que sí permite su valoración. A su vez, en el segundo cargo dirigido por la senda de los hechos, la censura plantea que la historia clínica allegada al proceso da cuenta de que existe un diagnóstico de ansiedad y depresión, recibiendo el correspondiente tratamiento con medicamentos especiales, lo cual también queda en evidencia con la historia clínica del 9 de septiembre de 2021, lo que justifica la inclusión de esa patología para efectos de definir la PCL de la actora. Así las cosas, la controversia que corresponde resolver a la Corte consiste en determinar, tanto desde la esfera jurídica como la fáctica, si el Tribunal incurrió en una equivocación al establecer que los trastornos de ansiedad y depresión no podían ser valorados por la JNC, motivo por el cual no era dable dejar sin efecto el dictamen por ella proferido que establecía una PCL menor al 50%. Por razones metodológicas y para resolver el problema

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Radicación n.° 95480 jurídico planteado se tratarán las siguientes temáticas: i) aspectos preliminares respecto a los dictámenes de calificación de pérdida de capacidad laboral; ii) el factor deficiencia en el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, en particular, los trastornos mentales y del comportamiento, a efectos de resolver los reproches

jurídicos endilgados; y iii) luego se descenderá al aspecto probatorio, concretamente al análisis de las pruebas denunciadas. Ahora bien, pese a que el segundo cargo se orienta por la vía indirecta, no hay discusión respecto a que a la demandante se le realizaron las siguientes calificaciones: Deficien Entidad Fecha Diagnóstico/Deficiencia Origen PCL FE cia -Leucemia aguda, células Seguros de de tipo no especificado 11 sep. 29 julio Vida Alfa Común 23% 43.5% de 2017 2017 S.A. -Deficiencia por leucemia, tabla n.o 1.3 -Leucemia aguda, células de tipo no especificado